Modernización, biodiversidad y multietnicidad

Los 49.000 kilómetros cuadrados del departamen­to del Chocó (Losonczy 1991-1992, I: 3) se conside­ran patrimonio de la humani­dad, debido a la enorme diversidad de recursos anima­les y vegetales que albergan, así como a los volúmenes de aire y agua que sus bosques reciclan. Empero, esta riqueza podrá perderse a medida que el litoral se integra con los países de la cuenca del Pacífico. Sus miembros han mostrado interés por formar empresas conjuntas y explotar oro, platino, maderas finas y peces y crustáceos marítimos y ribereños, o por contribuir en la expansión de plantacio­nes y zoocriaderos de alta tecnología (ibid.: 9).

Desde 1982, el Estado colombiano viene propiciando esa tendencia. Cada una de las administraciones presidenciales de ese decenio y del actual concibe el litoral como impulso para el desarrollo de todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas parece haber percibi­do que ese modelo de desarrollo no es enteramente compatible con los programas que también impulsan para la protección de la biover­sidad y de la multietnicidad afroco­lombiana e indígena (Arocha 1998d). Los pueblos negros suman 84% del casi medio millón de habitan­tes del Chocó; los indios, 9% (Losonczy 1991-1992 I: 3). Ambos comparten adaptaciones  polifónicas­­, bajas en capital, intensivas en mano de obra y muy sincro­nizadas con el clima y demás cambios en el entorno (Arocha 1991a).

Los gobiernos de los presidentes César Gaviria y Ernesto Samper han puesto en marcha un agresivo programa de obras públicas, a fin de dotar a la región con las carreteras que conecten a las metrópolis andinas con el sistema portuario que también se está constru­yendo (Arocha 1998a, 1998b). Sin embargo, la última de estas dos administraciones asumió una posición más contundente hacia la región y anunció compromisos internacionales para asociarse en la prolongación de la carretera Panamericana hacia Panamá, por la vía del tapón del Darién, así como en la hechura del canal interoceánico que conecte al Atlántico con el Pacífico por la vía del río Truandó, afluente del Atrato (ibid.)

Como resul­tado de esas transfor­ma­ciones, creció la inmigración de paisas provenien­tes de Risaral­da y Antioquia, y de chilapos, como denominan los chocoanos a los inmigrantes procedentes de los valles de los ríos Sinú y San Jorge, en la llanura Caribe. Ambos han puesto en peligro la territorialidad ancestral de afrodescendientes e indígenas. Sin embargo, desde los primeros meses de 1997, el suceso más dramático ha sido la irrupción de formas de violencia jamás experimentadas en el litoral. Entre ellas, el paramilitarismo ha causado desplazamientos masivos como los del bajo Atrato. Resulta significativo el que esa zona geográfica precisamente fuera el ámbito de los primeros territorios afrochocoanos cuyo dominio colectivo había reconocido el Estado en cumplimiento de la Ley 70 de 1993 (ibid.) Ésta legitima la territorialidad étnica de los afrodescendientes, al desarrollar los principios que delineó el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991.  

No cabe duda, pues, de que hoy la modernización del litoral y la apertura generalizada de fron­teras les da un nuevo hálito al capital y la industria. Infortunadamente, la agresión armada parece ir de la mano de ambas. Así las cosas, la produc­ción polifónica enfrenta amenazas inéditas en la historia nacional.

Un refugio de paz aniquilado

Con otros segmentos de los valles del Atrato y del San Juan, el Baudó formaba un refugio de paz exento de herramientas para matar y de los profesionales en manejarlas, y contrastaba de manera signifi­cativa con otros lugares de Colombia donde la gente se valía de bala y metralla como medios privilegiados de zanjar dispu­tas por tierras o por derechos políticos.

En adición a las nuevas reglas del comercio internacio­nal, la Consti­tu­ción de 1991 amenazó el porvenir de ese reducto de diálogo. Este efecto contrariaba el espíritu de la nueva carta, y se debió a la asime­tría que creó entre los dere­chos étnicos de indígenas y afrocolombianos. En efecto, su séptimo artículo le reconoce a la nación colom­biana carácter multicultu­ral y pluriétnico, en vez del monocultural y biétnico que deli­neaba la Carta de 1886 (Arocha 1992b: 27, 28). En conse­cuencia, con ese  título los artículos 286(1). "Artículo 286. Son entidades territoriales, los departa­mentos, los distritos, los municipios y los territorios indíge­nas.  La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley" (Repú­blica de Colombia 1991: 108) (2) y 287 (3) equipararon la autonomía de los resguardos y cabil­dos de los indígenas con la de los munici­pios y departamentos. Como es lógico, esta innova­ción aceleró la expansión territorial y el saneamiento de resguardos de indios, procesos que en el Chocó databan de finales del decenio de 1970 y que respon­dían a la presión que las organizaciones comenzaron a ejercer desde que se unificaron en la Orga­niza­ción Nacional Indígena de Colombia.

No obstante las ventajas para los embe­raes y wauna­naes, en la cuenca del Pacífico esta expansión, en parte, comenzó a realizarse a costa de paisajes que agricultores y mineros negros habían creado, cuida­do y cultivado. Una distorsión de la estruc­tura legislativa colom­biana explica el suceso: después de obtener la libertad por rebelión, automanumisión o como consecuencia de la aboli­ción, los antiguos esclavos abando­naron minas y plantaciones y se instala­ron en zonas aisla­das. Años más tarde, la legislación republicana, pero en especial la Ley 2 de 1959, los consi­deró como invaso­res de áreas que pertenecían al Estado o a los resguardos indígenas y se les catalogó como colonos en tierras baldías (Villa 1998). De ese modo, no se les percibió con derechos ancestrales legítimos sobre sus terri­torios.

Se esperaba que con su énfasis en la democracia parti­ci­pa­tiva la nueva constitución echara pie atrás en esta tradi­ción, pero no fue así. Tan sólo les garantizó derechos étnicos parciales a los afrocolombia­nos. El artículo 55 transitorio abrió la posibilidad de que a las llamadas comunidades negras de las zonas ribere­ñas del litoral Pacífico se les otorgara titula­ción colectiva sobre sus territorios y, por esa vía, accedieran a derechos autonómicos comparables con los de los pueblos indios. Sin embargo, la nueva carta ató este logro a los esfuerzos de la Comisión Especial para las Comunidades Negras. Instalada con un año de atraso, en julio de 1992, tuvo plazo hasta abril de 1993 para remitirle al Congreso de la República el proyecto de ley referente a los derechos territoriales colecti­vos. Esa ley pudo ser sancionada en septiembre de 1993, pero su reglamentación aún no termina debido tanto a la falta de voluntad política de los dos gobiernos que han tenido que ver con ella, como al burocratismo de la Comisión de Alto Nivel responsable de ese proceso.

Inquisición, silencio y no violencia

Esta última limitación podría descartarse en términos de la persistencia de prácticas nepotistas y clientelares. Sin embargo, sus antecedentes quizás hayan sido más complejos. En la introducción hice referencia al posible emparentamiento entre la astucia, insumisión y aparente insolidaridad de los adalides afrocolombianos con los atributos antiesclavistas de la deidad mitológica Ananse. En esta sección me interesa resaltar que ante la reforma constitucional de 1991, los afrodescendientes han estado en desventaja. Ello se debe a que, al ligar la inclusión nacional con el ejercicio de la diversidad cultural, la Carta constitucional exaltó un modo de comunicación política ajeno para los afrocolombianos: el discurso basado en el esencialismo étnico.

En ámbitos como el de la Comisión de Comunidades Negras, a la cual le correspondió la preparación de lo que hoy se conoce como Ley 70 de 1993, de los adalides afrocolombianos se esperaba que hicieran explícitos manifiestos étnico-políticos como el que divulgó el Consejo regional indígena del Cauca durante el decenio de 1970 (4). Como esos líderes actuaron en registros poco ortodoxos para los círculos de agenciamiento étnico, miembros del Instituto Colombiano de Antropología, responsable de la secretaría técnica de la Comisión, argumentaron que los negros carecían de identidad étnica y que se la estaban inventando, de manera oportunista con la reforma constitucional (Arocha y Friedemann 1993).

Esta argumentación no tiene en cuenta que los descendientes de los esclavizados han carecido de los apoyos que sí han recibido los indígenas para enfrentar la represión ejercida por los aparatos colonial y republicano, y para desarrollar prédicas apologéticas de sus historias y culturas. Entre esos soportes están, en primer lugar, las legislaciones colonial y republicana para delimitar y salvaguardar las formas ancestrales de territorialidad y gobierno indígenas (Arocha 1998d: 380-385). En segundo lugar, los corregidores de indios y demás vigilantes del cumplimiento de las respectivas leyes, hoy representados por redes de oenegés apoyadas por la filantropía mundial (ibid.) Un tercer apoyo consiste en la tradición erudita académico-política que desde mediados del siglo XIX viene elaborando documentos  históricos y etnográficos que enaltecen los legados indígenas como parte del americanismo y, de ese modo, facilitan el que las organizaciones de base elaboren discursos étnico-políticos (ibid.: 354-361).

En el caso de los esclavizados y sus descendientes, durante la época colonial fueron perseguidos por los tribunales de la inquisición, con preferencia de otros grupos humanos, porque sus prácticas religiosas ancestrales fueron catalogadas de satánicas, demoníacas y paganas (ibid.: 347-354). Esa forma de represión recibió el complemento de la fuerza militar, para contrarrestar el cimarronaje y otras alternativas de resistencia (ibid.) La impunidad que se fue gestando en este ámbito restrictivo se reforzó por medio de los códigos negros, cuya principal característica consistió en identificar a los esclavizados con bienes muebles, susceptibles de ser torturados por insumisos, sin que el ejercicio de la violencia en su contra necesariamente implicara castigo para los amos (ibid.)

En cuanto a las formas de territorialidad y gobierno  afrodescendientes, durante todos los períodos anteriores a julio de 1991 no hubo instrumentos para legitimarlas y defenderlas (ibid.) Y si se mira la actividad académico-política, se halla que entre el decenio de 1950 y 1990 un número excepcional de científicos sociales trató a los afrocolombianos como sujetos culturales e históricos. A la demanda de profesionales que comenzó a generar la Ley 70 de 1993 correspondió una oferta laboral de facultativos poco inclinados a reconocer el papel de las memorias de africanía en la evolución de las culturas negras.

El efecto combinado de estas fuerzas consistió en la clandestinización de los legados religiosos africanos; la abstención de la militancia étnica; la integración a los sistemas político y de mercado nacionales mediante el blanqueamiento, y un marcado vacío en aquel saber erudito que puede ser traducido como discurso étnico.

Entonces, si la base afrodescendiante no verbaliza con firmeza su conciencia étnica, no quiere decir que la identidad esté por inventarse. Frente a esta coyuntura, al estudioso que interactúa con ella más le compete la observación aguda que el interrogatorio insistente. La metáfora central de este volumen --Los ombligados de Ananse-- no habría llegado a existir si su elaboración se hubiera basado en la pregunta obsesiva y no en la mirada y anotación pacientes.

Otro obstáculo que han enfrentado las comunidades negras ha sido el de la sustitución de la racionalidad del clientelismo por la de la democracia participativa. Esta última también hace parte del nuevo marco constitucional y requiere la formación de nuevos entes organizativos que se hagan responsables de la planeación y ejecución de proyectos de nivel local. Así como la Ley 70 contempla la formación de consejos comunitarios que, entre otras tareas, tracen la cartografía del territorio a ser incluido en el título colectivo, que presenten la historia de la comunidad y reseñen sus sistemas productivos (Vásquez 1993), deben formarse otros comités que respondan por la necesidades comunitarias, de acuerdo con la competencia de las diferentes agencias estatales. Durante la estada del equipo en Boca de Pepé, además del consejo comunitario, se formaron comités de vivienda y de gestión microempresarial. Como punto de partida hacia la participación sin clientelismo, estos grupos locales debían elaborar proyectos que deletrearan sus objetivos, justificaran su existencia, enumeraran, periodizaran y cuantificaran las actividades que realizarían, indicando qué contrapartidas ofrecerían y, por si fuera poco, cómo ejecutarían el gasto. Tanto el trabajo de los consejos comunitarios como el de estos otros comités requerirían habilidades académicas difíciles de imaginar en un pueblo con pocos egresados del sistema de educación superior.

Para llenar este vacío han surgido oenegés, y también los que Mónica Espinosa (1998) llama empresarios étnicos, quienes ofrecen apoyo en la elaboración de esos proyectos y en gestiones políticas, étnicas y ambientales. El potencial que ellas tienen para dar origen a relaciones de clientelismo basadas en la tecnocracia es tan inocultable como la atomización que las comunidades enfrentan como consecuencia de la infinidad de frentes participativos que contempla el Estado.

A lo largo de estos años de tratar de nivelar asimetrías y generar mecanismos de participación, las relaciones entre los dos pueblos confluyentes en el Baudó continuaron deteriorándose. Si bien es cierto que no se ha registrado el que los unos hayan cometido desafueros y atrocidades contra los otros, y que en las comunidades locales miembros de los dos pueblos continúan participando en muchas de las actividades económicas sociales y religiosas que los habían unido, las organizaciones que los representan y las oenegés que los asesoran hacían poco en pro de una unión estratégica que permitiera aunar aquellas fuerzas que podrían haber construido la muralla que defendiera la territorialidad ancestral de ambas etnias. Cada quien jalaba para su lado o trataba de ocupar los mínimos espacios que el otro dejaba libres, incluso simpatizando con la formación de guerrillas étnicas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas Populares (Farip) o el Benkos Biojó.

Entre tanto, se fue ampliando el callejón que dejaron vacío. Por él entraron con relativa facilidad, primero, una disidencia del Ejército Popular de Liberación y, luego, los frentes ya mencionados, así como los paramilitares (Arocha 1998b). En febrero de 1995 ya era inocultable la presencia de desplazados en Quibdó y en otras ciudades, incluida Bogotá. Esa presencia nueva evidenciaba el que la antigua habituación al arbitraje y al diálogo, como medios de superar desavenencias, no eran antídotos suficientes contra el aparato de terror que iba avanzando al paso de la modernización.

Balas en vez de vergüenza

Parte de tal avance es la sustitución de la vergüenza pública por la fuerza, como medio de castigar infractores. A finales de octubre de 1995, uno de los tenderos de Boca de Pepé viajó a Buenaventura a buscar la remesa mensual para su almacén. En su asusencia, tres jóvenes forzaron los candados de la tienda y se llevaron lastres para redes de pesca, pilas eléctricas y otros artículos. Cuando el dueño regresó, puso la respectiva denuncia. La comunidad identificó a los culpables y el inspector los sentenció a que devolvieran los artículos sustraídos y desyerbaran la cancha de fútbol. Mientras desempeñaban este oficio, fueron objeto de señalamiento y burla por parte de quienes pasaban junto a ellos.

Pese al escarnio público al cual fueron sometidos durante dos días, el tendero opinó que merecían una pena más severa. Un cacharrero paisa que viajaba en su canoa y había hecho la parada usual en el pueblo concordó con el ofendido. Días más tarde, el paisa emprendería su regreso hacia Istmina por el río Pepé. Se ofreció para llevarme en su embarcación. Luego de dos horas de navegación bajo la lluvia, paramos en Veriguadó para desayunar. Allí nos encontramos con un joven en uniforme de fatiga y con su ametralladora. Pertenecía al frente Benkos Biojó. Guardé silencio, mientras el paisa hacía las presentaciones del caso, le hablaba del robo a la tienda de su amigo y le pedía que él y sus compañeros hicieran presencia en la Boca para que le propinaran a los infractores el castigo severo que la comunidad había sido incapaz de imponerles.

Las palabras del paisa eran punto de no retorno. Quienes ya las habían pronunciado, invitando a una disidencia del Ejército Popular de Liberación para que ayudara a romper la marginación en la cual se mantenía al alto Baudó, inauguraban un período nuevo en la historia del Chocó. Desde agosto de 1994, los afrobaudoseños habían comenzado a oír de amonestaciones perentorias, entre otras formas de administrar justicia armada. La tesorera de la Asociación Campesina del Baudó tuvo que abandonar su casa en Chigorodó y desplazarse a Quibdó como única manera de defenderse de la acusación por supuesta malversación de fondos que le formulaba un tribunal armado con el cual ella, como otros afrobaudoseños, jamás había tenido contacto. Más abajo, en Pie de Pató, Hermann Palacios creyó que era su deber denunciar por la radio lo que para él habían sido irregularidades reprochables en las elecciones de alcaldes y gobernadores de 1994. Semanas más tarde, se contaría entre las decenas de líderes comunitarios que jamás imaginaron que serían ejecutados sumariamente por ejercer ese disenso tan propio de los ombligados de Ananse. Hasta entonces, el ejercicio del desacuerdo tan sólo había desembocado en la acusación de inveterada desorganización que le achacaban al proceso político que desde 1991 los negros colombianos habían intensificado para ser incluidos dentro de la nación.

El 20 de julio de 1995 la Asociación Campesina del Baudó pudo volver a llevar a cabo la asamblea anual cuya realización en 1994 no había sido posible por la violencia. Los directivos indicaron que informados de las arbitrariedades cometidas por el EPL, los del Benkos Biojó le habían dado a los primeros guerrilleros un plazo perentorio para abandonar la región. Debido a la persecución armada de una máquina de muerte contra la otra, en esa ocasión ya nos podíamos encontrar en Boca de Pepé. Durante la reunión de la organización campesina me estremecieron las intervenciones de sus miembros; una tras otra, comenzaban pidiendo un minuto de silencio y continuaban con denuncias por las ejecuciones, desapariciones y amenazas ocurridas en la respectiva vereda. Un total de 50 familias ya habían sido identificadas como desplazadas a los barrios de Quibdó, pero habría que averiguar por personas que habían salido despavoridas, pero de quienes no se había vuelto a saber nada.

Guerras de diablos

Los adalides de Acaba mostraban mucha indignación porque el más cruel de los guerrilleros del EPL había sido un afrobaudoseño, el subcomandante Palacios. Entre sus conductas extremas figuraban, en primer lugar, el haber golpeado y amenzado al antropólogo William Villa, uno de los expertos más apreciados en todo el Chocó y, en segundo lugar, haber traicionado al propio comandante de esa guerrilla.

Este último incidente era nombrado una y otra vez como definitivo en la salida del grupo: después de que lo visitaran su madre y hermana, el comandante del EPL le ordenó a Palacios escoltarlas en el trayecto fluvial desde Nauca hasta Chigorodó y desde ahí en el ascenso a pie por la serranía hasta El Afirmado, donde tomarían la línea a Quibdó. Al final del camino, Palacios mató a las mujeres y les robó el dinero que les había dado su hijo y hermano. Regresó culpando a un desconocido, pero cuando se supo la verdad, el comandante dispuso su ejecución,  que no fue fácil. Como se sabía que Palacios tenía tratos con el diablo, fue necesario alistar una bala de plata con la marca de la cruz, y una fosa de concreto junto a la cual fue ejecutado por el doble asesinato. A pesar de las precauciones para dominar un hombre investido con el poder del maligno, semanas más tarde sus hermanos constataron que una fuerza descomunal había destrozado la lápida y abierto en dos el sepulcro. El ataúd vacío le indicaba a los libres que el ser diabólico había resucitado para vengar la muerte y seguir extendiéndola.

Y la muerte sí continuó ampliando su dominio. Al lado del Benkos Biojó que había desplazado al EPL, aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas Populares (Farip), y ambas agrupaciones étnicas recibieron las presiones de paramilitares. La presencia de ellos sigue haciendo crecer los barrios de desplazados en Quibdó y le da vuelcos radicales a la política local.

El dos de enero de 1998 los noticieros de televisión hacían referencia a la revuelta ocurrida un día antes, con motivo de la posesión de Misael Soto Córdoba como alcalde de Pie de Pató. Hablaban de cómo su predecesor Ángel Rubith Rivas Rentería, antes de dejar su cargo, había promovido el alzamiento contra el nuevo alcalde e incinerado documentos de su mandato y, con ellos, incendiado la alcaldía y oficinas aledañas.

Al introducir este capítulo me referí al señor Rivas. El velorio de su hermano y la subsecuente expulsión de quienes asesinaron a esa persona nos habían hablado del compromiso de algunos afrochocoanos con la paz. Sin embargo, esos hechos también evidenciaban la irrupción de la guerra en el Chocó. Una noticia de prensa reiteraba la implacabilidad de las máquinas de la muerte: el 28 de febrero de 1998 fue arrestado en Cali el exalcalde Rivas, cumpliendo «[...] una orden de captura expedida por la Fiscalía Segunda de Quibdó dentro de una investigación que se le [seguía] por doble homicidio» de personas caídas en la revuelta del primero de enero (El Espectador 1998: 14D).

Ese día la alcaldía de Pie de Pató quedaría grabada por las cámaras de televisión como un recinto reducido a muros humeantes, techos desplomados y guayacanes calcinados. Allá, seis años antes, Adriana Maya y Natalia Otero habían rescatado de las inclemencias que se metían por una ventana sin vidrios aquellos expedientes que aún no habían sido devorados por hongos, cucarachas y gorgojos. Dejaron una guía para estudiar los folios que clasificaron. Como otras tareas que figuraban en nuestros planes, la de sistematizar el análisis de esos sumarios abortó por la perturbación del orden público.

Con todo, las dos investigadoras alcanzaron a dibujar una visión general de los casos que revisaron (Maya 1993), señalando tendencias que constataríamos en 1995 mediante documentos comparables de la Inspección de Policía de Boca de Pepé y del Juzgado de Pizarro, cabecera municipal del bajo Baudó: durante los últimos 28 años, los conflictos interétnicos han dado lugar a 3,28% de homicidios (véase tabla 9). Si se tiene en cuanta que Boca de Pepé tiene cerca de 8.000 habitantes, la mitad de la población del municipio del bajo Baudó (Jimeno et al. 1995: 45), la tasa anual promedio de homicidios heteroétnicos por 100.000 habitantes, para el período, sería de 1,92 (5), en tanto que la homicidios entre afrobaudoseños (84% de la población) llegaría a 0,57, y la de indígenas alcanzaría a 49, estimando que ellos equivalen a 9% de la población del municipio.

Tabla 9

Muestra de número y porcentaje de delitos cometidos entre 1966 y 1994 (122 casos, Inspección de Policía de Boca de Pepé y Juzgado Promiscuo de Pizarro)

 


(1) «Artículo 286. Son entidades territoriales, los departa­mentos, los distritos, los municipios y los territorios indíge­nas.  La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley» (Repú­blica de Colombia 1991: 108).

(2) Dentro de esta categoría hay un caso de homicidio doble.

(3)«Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.  En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

        1. Gobernarse por autoridades propias.

        2. Ejercer las competencias que les correspondan.

        3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

        4. Participar en las rentas nacionales» (ibid.: 109).

(4)El programa que el Cric proclamó en 1971 se basaba en los siguientes aspectos: (i) recuperación de las tierras de resguar­do; (ii) ampliación de los resguardos existentes; (iii) fortale­cimiento de los cabildos indígenas; (iv) eliminación del terraje; (v) divulgación de las leyes de indígenas y exigencia de su cumplimiento; (vi) defensa de la historia, la lengua y las costumbres indígenas, y (vii) formación de profesores para educar a los indígenas de acuerdo con su situación y su lengua (Friedemann y Arocha 1985: 223, 224).

(5)Como no se presentan homicidios que involucren paisas, para este cálculo he usado la cifra de 7.440 habitantes, equivalentes a sumar 84% de la población de libres, más 9% de la población de cholos.

 

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