MEMORIA RACIOCINADA DE LAS SALINAS DE ZIPAQUIRÁ
ALEJANDRO DE HUMBOLDT 
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EL ARCHIVO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

 

El Banco de la República inicia hoy la reproducción de una serie de viejos escritos —muchos de los cuales se desconocen por completo— relacionados con todo aquello que integra la riqueza de Colombia, para dar a los términos economía nacional su acepción simple en el lenguaje corriente.

El instituto emisor, que bajo la rectoría de su ilustre gerente general don Julio Caro organizó a partir de 1932 una biblioteca, juzgada por peritos como la segunda del país, posee un extenso material, de evidente provecho para las investigaciones económicas pero que, por razones obvias, sólo está al alcance de un público muy limitado.

No pretendemos estimar en exceso la utilidad de algunas de las monografías que se incluirán en la colección. Varias de ellas tendrán apenas el valor de una reminiscencia y se publican por tratarse de ejemplares casi únicos, en inminente peligro de perderse. Las deficiencias o equivocaciones de otras habrán sido rectificadas en el transcurso de los años.

Es oportuno destacar la importancia que pueblos de avanzada cultura asignan al estudio de doctrinas económicas desaparecidas y de comentarios relativos a ellas, carentes de actualidad en apariencia, pero que en su día ejercieron influjo sobre la estructura de los organismos estatales y en el destino de la actividad privada.

No hemos vacilado en ceder el primer puesto a la Memoria Raciocinada de las Salinas de Zipaquirá, que escribió en Bogotá el Barón de Humboldt en los últimos días de agosto de 1801. De una parte, como es bien sabido, el Banco de la República, en la calidad de delegatario del gobierno, administra hace más de cuatro lustros aquellos valiosos bienes nacionales. Por otro lado, coincide esta labor de divulgación con el funcionamiento de la Planta Colombiana de Soda, construida por el Banco a inmediaciones de las citadas minas. Finalmente, el opúsculo en referencia es un ejemplo claro de cómo a través de largos períodos —ciento cincuenta años en el presente caso— determinados problemas subsisten con características de similitud impresionante.

Nosotros hemos venido preconizando que es necesario obtener todo el provecho posible de las explotaciones marítimas, con el objeto de reservar las minas terrestres para los próximos descubrimientos de la química industrial.

Alguna vez, comparando unas y otras salinas, afirmábamos que su diferencia es análoga a la que existe entre la electricidad producida en plantas térmicas —independientemente considerada de la utilización del vapor— y la que desarrolla la fuerza hidráulica. En el primer caso se destruye el combustible, que es una riqueza, mientras en el otro la impulsión del agua en caída sobre un turbogenerador transforma la energía mecánica en eléctrica.

Siguiendo ese criterio, el Banco ha modernizado las instalaciones de las salinas marítimas de Galerazamba,- entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Sus puntos de vista, sin embargo, encuentran una vasta resistencia, cuya génesis quizás pudiera, hallarse en intereses locales y en la participación de las entidades de derecho público beneficiadas con el producto de los yacimientos terrestres. En el aludido escrito, el sabio alemán expresaba esta opinión:

Es mucha imprudencia no economizar una mina bajo la esperanza de que no se agotará jamás. Minas mucho más abundantes que la de Zipaquirá nos presentan tristes ejemplos por falta de conducta en el uso que de ellas se ha hecho.

En el día —observó el Barón— se hace aún en Zipaquirá la sal como el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada la vio hacer en Nemocón el año 1537, cuando pasó viniendo de Lenguazaque. Se hace por el mismo método que el Obispo Piedrahita describe largamente en su Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada.

Recomendaba Humboldt el cambio de las cazuelas por calderos en los hornos de sal. Los indios deberían abandonar la fabricación de las primeras, para dedicarse a tejer sacos de fique, “como los que se hacen en Machetá”, pero temía por el porvenir de esas pobres gentes, poco dispuestas a variar una ocupación hereditaria. Y al formular el plan, con un hondo sentido social, consignaba estas palabras:

El Gobierno no dejará de hallar, medio de indemnizarlos, ya sea en tributo o haciéndoles alguna asignación sobre las salinas. Yo quisiera, en medio de mi modo de pensar, no haber escrito estos cortos renglones, si pudiera recelar que tales hombres habían de ser sacrificados u olvidados en la transformación que propongo.

Nosotros debemos reconocer que el proceso de elaboración empleado en 1952, no difiere notablemente del que contempló Humboldt en 1801.

El banco emisor está empeñado desde 1939 en el montaje de equipos y maquinarias que sustituyan los primitivos métodos de evaporación por calentamiento directo. La insuficiencia de recursos ha impedido ejecutar el proyecto, pero la refinería es una necesidad inaplazable, a fin de aprovechar el vapor de escape de los turbogeneradores de la Planta de Soda.

Surgirá entonces, guardadas proporciones, una dificultad parecida a la que planteaba el profesor berlinés, acerca de sus insinuaciones de principios del siglo pasado. Y como él, quisiéramos ahora nosotros no haber hecho ninguna indicación sobre el particular, si el Estado contemporáneo todopoderoso, fuera a desconocer de plano derechos legítimos de los elaboradores de sal, lo que tal vez han sugerido eminentes compatriotas.

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La Memoria sobre amonedación de oro y plata en la Nueva Granada, del célebre historiador Restrepo, es la segunda entrega de la colección. La insertamos en tal sitio, pues además de relacionarse estrechamente con la Casa de Moneda de Bogotá —otra dependencia oficial que administra hace largos años el Banco de la República— es por sus condiciones admirables la más completa y documentada reseña del sistema monetario de la colonia y de la república hasta el año de 1859. Ningún estudio similar la supera, y quienes con posterioridad han investigado la materia necesariamente hubieron de consultar dicha obra y basarse en ella.

Repasando los signos españoles, evocamos los tiempos de nuestras abuelas de la colonia al simple anuncio de las onzas y el maravedí, pieza esta última cuyo origen se remonta al año de 1172, cuando Alfonso VIII suspendió la acuñación de los dinares almorávides, para organizar un sistema que perfeccionó don Alfonso el Sabio, animado del propósito de estimular las relaciones mercantiles de Castilla con los moros andaluces.

El director de la Casa de Moneda de Bogotá, doctor Antonio María Barriga Villalba, ha penetrado aún más que el señor Restrepo en la génesis del establecimiento a su cuidado. De acuerdo con los datos de que se dispone, Felipe II decretó en 1588 la creación de dicho organismo. Durante el gobierno del Presidente don Juan de Borja y por medio de capitulación celebrada entre Felipe III y el Capitán Alonso Turrillo de Hievra, en abril de 1620, éste se comprometió a construir la Casa de Moneda de Santafé, que se fundó en 1622 y sólo pudo iniciar trabajos de acuñación en abril de 1627.

Reposan en el archivo de la Casa de Moneda de Bogotá, debidamente autenticadas por el Virrey, las cédulas reales de 18 de marzo de 1771 y 25 de febrero de 1786, citadas por el señor Restrepo, en virtud de las cuales se redujo la ley de las piezas de oro de 22 quilates - 916 2/3 milésimos— primero a 888 milésimos y luego a 872. Reales órdenes de 1728, 1730 y 1750 habían autorizado ya una tolerancia de 1/4 de grano en la ley de la moneda.

Las instrucciones de 1771 y 1786 se comunicaron a las colonias de España dentro del más riguroso sigilo, y los fucionarios encargados de cumplirlas estaban obligados a jurar que guardarían estricta reserva. El pueblo, en consecuencia, debería ignorar las bajas decretadas, que se justificaban inicialmente por el hecho de que Francia había disminuido el contenido de oro de sus monedas, lo que perjudicaba el comercio con España si continuaban las suyas a la elevada ley de 22 quilates.

De España venía inclusive la fórmula sacramental del juramento de reserva:

Jura V. S. á Dios y al Rey observar fiel y rigorosamente quanto Su Magd. se digna mandarle por su Real orn de 25 de Febrero de 1786, fecha en el Pardo que acaba de leer V.S. guardando especialmente el mas inviolable sigilo ahora y siempre con arreglo á lo dispuesto por Su Magd. en la materia baxo las penas y responsabilidades que exije por la falta mas minima que se experimente en lo tocante á su dependencia contra la mas puntual practica de la indicada Su Soberana y justificadisima determinación? A lo que deve responder ,,Si juro.” y Su Exa. contextar. ,,Si asi lo hiciere V.S. cumplira con su obligacion, y sino, Dios, y el Rey selo demanden”.

El recuerdo de tales medidas no es extemporáneo, pues el método continúa aplicándose en todas partes, si bien es cierto que con menos temor a la publicidad.

Desde el punto de vista de la historia patria, hay observaciones de sumo interés. La penuria fiscal originó la moneda de plata del busto de la india —de 583 |1/3 milésimos— que acordó emitir el Colegio Electoral de Cundinamarca, presidido por don Manuel de Bernardo Alvarez, para sostener las tropas que comandaba el General Nariño contra Sámano. De nada valió la encendida protesta de Camilo Torres, quien valerosamente combatió la iniciativa, fecunda en males para la República. Pero los realistas, por iguales motivos de escasez de rentas, tuvieron también que acuñar piezas de plata de baja ley. Entre ellas la conocida caraqueña, emitida en Santa Marta por el Capitán General del Nuevo Reino don Francisco Montalvo, que circuló ampliamente en la Nueva Granada, donde el gobierno tuvo que amortizarla pagándola por su valor nominal.

Sobre las monedas de cobre que el General Mosquera pidió a Londres en 1847 observa que “no tuvieron aceptación en la masa del pueblo para cuya comodidad se destinaban especialmente. Apenas salían de las oficinas, se presentaban los tenedores a cambiar los décimos por monedas de plata”. Situaciones análogas se han presentado más tarde en la vida de la República.

Hace la memoria referencia a las minas de plata de Santa Ana en Mariquita, explotadas hasta la época del Virrey Ezpeleta y que fueron de nuevo trabajadas por una compañía inglesa después de 1825. Como es bien sabido, el país no dispone todavía sino de la plata extraída con el oro, circunstancia que determina las cuantiosas importaciones de aquel metal para amonedación y labores industriales.

El señor Restrepo pondera los esfuerzos del Presidente Mosquera y de su Secretario de Hacienda, don Florentino González, para sanear el sistema monetario retirando la macuquina, que se terminó de recoger en la administración del Presidente José Hilario López. Fue esta la medida previa para decretar la emisión del granadino o peso de 10 reales con 25 gramos de peso, que sigue siendo la base del sistema actual. “Honor bien merecido —dice— a los que promovieron y realizaron tan importante mejora.”

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Vienen a continuación las Memorias de Hacienda de don José María del Castillo y Rada, de 1823, 1826 y 1827, con sus correspondientes anexos.

Este reposado funcionario, de vastos conocimientos en la ciencia de la Hacienda Pública, miembro de los gabinetes del Libertador y del General Santander y en tal carácter testigo discreto de la pugna entre los fundadores de la nacionalidad, dejó huellas estables en el despacho de finanzas. Las expresiones con que inicia y termina el mensaje de 1826, son de una levantada nobleza.

Esta esposicion debe tener una grande influencia en la confianza pública, porque pondrá a todos los ciudadanos en estado de estudiar y seguir los progresos de nuestras rentas, y dará á las cámaras los conocimientos necesarios para el acierto en las deliberaciones sobre un ramo el mas importante, y al cual deben dirijirse todos sus esfuerzos. Ella en fin sujetará al ecsamen público un negocio que á todos interesa, de que todos hablan, en que no hay uno que no se crea instruido, y en el cual, mas que en otro alguno, se emplea el mas ridículo empirismo...

Este es el objeto de la presente esposicion. Si ella satisface las miras de la Lejislatura, viviré persuadido de haber acertado a cumplir la obligacion que me impuso la ley: si mis ideas son aceptadas, tendré la prueba de que fueron exactas; y si por mi desgracia no merecieren aprecio, quedaré consolado con la satisfaccion de haber hecho cuanto pude, y de haber depositado con franca sinceridad en el santuario de las leyes los mas puros sentimientos de mi corazon, y la suma de los limitados alcances de mi entendimiento. De todos modos os toca rectificarlas, ó adoptar las que considereis mas propias para el engrandecimiento de la República, y para la dicha de los colombianos.

Sorprenden los avanzados principios que inspiraban la gestión del Secretario de Hacienda de la Gran Colombia. Una de sus permanentes preocupaciones era la de disminuir el peso de los tributos a las clases económicamente débiles, que soportaron, en desproporción manifiesta, el costo de la guerra emancipadora. Adelantándose a su época, sostuvo una reforma impositiva encaminada a defender la contribución directa. En 1823 hacía la siguiente exposición al congreso acerca de la ley de 30 de septiembre de 1821:

Esta ley habia fijado las esperanzas de los lejisladores y del gobierno, y fue un motivo de consuelo para los hombres que aman sinceramente a su patria, y veian en ella el orijen de su prosperidad. Las indirectas tienen el caracter de las enfermedades ocultas; desconocidas pero mortales. Ellas son insensibles para los contribuyentes; pero estos viven estacionarios en su fortuna, sin prosperar, cuando no retrocedan y corran todos los dias al abismo de la pobreza; y ellas finalmente jamas han alcanzado a cubrir los gastos necesarios de una nacion. Las directas guardan la debida proporcion con las rentas, ganancias y salarios de los contribuyentes; no son vejatorias en su exaccion, ni esta cuesta tanto, ni requiere tantos empleados, y ultimamente no entorpece la accion del interes individual y deja libre la industria de todos. Con estas consideraciones el congreso constituyente despues de estinguir varias contribuciones ruinosas decretó una directa sobre las rentas de ganancias de los ciudadanos.

En cuanto al arancel de aduanas, el secretario del Castillo y Rada se anticipaba igualmente muchos años a la concepción técnica de la tarifa y preconizaba los derechos ad valorem para corregir las viejas normas implantadas por un gobierno “codicioso”:

El sistema de arancéles, sujeto a frecuentes variaciones y a equivocaciones continuas, debe ser abandonado por siempre y adoptarse en su lugar otro mas franco, mas espedito, mas justo y admitido como tal en naciones que deben ser nuestro modelo. Tal es el de recaudar los derechos ad valorem, disponiéndose que todas las facturas vengan con los precios del mercado en que se compráron, juradas por los propietarios o sus consignatarios remitentes y certificadas por nuestros cónsules o por los de aquellas naciones, en que los tiene o puede tenerlos la República, esceptuándose los efectos sobre los cuales convenga establecer uno fijo y especial.

La primera memoria de Hacienda trazó el derrotero de las que se han dirigido más tarde a la representación nacional: empréstitos, aduanas, exportaciones, oficinas de recaudación, contrabando, tabaco, salinas, todos los temas del día aparecen allí expuestos inteligentemente y en lenguaje severo.

Con del Castillo y Rada se inició el calvario del déficit para los ministros de Hacienda. Sostenían algunos desde entonces la panacea de las economías para equilibrar el presupuesto. A ellos les dice:

El arbitrio de la reduccion de gastos es inaplicable a nuestra presente situacion. El es sin duda un remedio eficacísimo en las naciones antiguas en que el lujo, la disipacion, la arbitrariedad han recargado a los pueblos con dotaciones escesivas, con multiplicados é inútiles empleos, con pensiones escandalosas, que son el precio de la corrupcion, con obras de puro ornato, alimento del orgullo y de la vanidad de los gobiernos, con guerras injustas y caprichosas y sobre todo en las que los pueblos están oprimidos con impuestos de todo jénero y con deudas enormes, contraidas para sostener aquellos gastos y llenar el vacío de los impuestos. En ellas puede hacerse la reduccion porque hay gastos inútiles que reducir; pero pretender que se aplique este remedio a la República, es querer que se relajen los muelles del gobierno, que Colombia se degrade y que pierda muy pronto el puesto á que se ha elevado.

Como documentos que acreditan la capacidad y disciplinas de los gestores de la Hacienda Nacional desde los primeros días de la República, reúnen las memorias de del Castillo y Rada cualidades excelentes. Su reproducción, por otra parte, es un tributo de admiración al eximio cartagenero, tan discutido en las actuaciones de su vida pública, pero a quien los economistas colombianos deben reclamar como uno de los valores propios del más alto significado intelectual.

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Observaciones sobre el comercio de la Nueva Granada con un apéndice relativo al de Bogotá, es el título de la cuarta publicación de este tomo.

El folleto, de autor anónimo, se editó por la imprenta del gobierno en Bogotá, en 1831. La copia del Banco de la República —una de las rarísimas que se conocen— perteneció a la biblioteca particular del distinguido humanista doctor Laureano García Ortiz, adquirida en años pasados por la institución.

Nos informa el doctor Luis Ospina Vásquez, economista de vasta erudición en cuestiones bibliográficas, qúe según los profesores James J. Parsons y Robert Gilmore, de las universidades de California y Vanderbilt, respectivamente, el ensayo fue preparado por el señor Guillermo Wills, socio de Powles, Illingworth, Wills y Compañía. Dicha firma —que explotó las minas de oro de Supía y Marmato— fue organizada por John D. Powles, quien formó parte de Herring, Graham and Powles, la sociedad que negoció con don Francisco Antonio Zea la consolidación de los empréstitos obtenidos por Colombia hasta 1820. Una de las ventajas que pueden derivarse de la reimpresión de las Observaciones aludidas es la de aclarar con exactitud su procedencia.

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