CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991

Derechos constitucionales 

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Quienes conocen la Constitución de 1886 saben que, en ella, los derechos ocupaban un lugar secundario, y que lo que más importaba era la organización, separación y coordinación de las ramas del poder público. De hecho, al observar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia –que antes de 1991 realizaba el control de constitucionalidad frente a las leyes– se puede ver que casi todos los análisis se relacionan con cuestiones de tipo formal, como la observancia de las formalidades o el respeto por las competencias, y que la preocupación por los derechos rara vez sale a la luz.

Frente a esta situación, la Constitución de 1991 dio un viraje radical. En ella no sólo se amplió la Carta de Derechos, destinando 3 capítulos y 72 artículos a la consagración expresa de los derechos, sino que hubo una sentida preocupación por que éstos tuvieran una aplicación verdadera. Además de esto, se creó la Corte Constitucional, que se ha preocupado desde el principio por dejar atrás el enfoque formalista y sustentar todas sus decisiones en torno a la protección de los principios y los derechos.

El énfasis de la Constitución del 91 recae en los derechos. Así, cuando el primer artículo establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana está dando a entender que el Estado ha sido creado en función de los derechos individuales, a través de los cuales se hace efectiva la dignidad humana. La propia Corte Constitucional ha afirmado que “el aparato [estatal] no tiene sentido si no se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos” (Sentencia C-406/92). En efecto, el Estado que se creó con la Carta del 91 es un instrumento al servicio de las personas, cuyo fin esencial es “garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución” (CP Art. 2).

La consagración expresa de los derechos es una gran conquista de la humanidad, que se ha dado en diferentes etapas. Los primeros derechos en ser reconocidos fueron aquellos que buscaban proteger la libertad. Se trata de los derechos civiles y políticos, plasmados en las primeras declaraciones universales, y encaminados a evitar que la libertad de los ciudadanos se vea limitada de forma arbitraria. Durante muchos años, las constituciones de nuestro país se limitaron a consagrar estas libertades fundamentales, asumiendo que al imponerle unos límites muy claros a la acción de los gobiernos la sociedad alcanzaría sus principales objetivos.

Pero con la Constitución del 91 esta visión se amplio de varias formas. Primero, porque se asumió que el Estado no debería limitarse a respetar las libertades individuales, sino que debería hacer algo para corregir las desigualdades y garantizar que todos tuvieran acceso a una vida digna. Y para eso se consagraron los derechos económicos, sociales y culturales (también llamados DESC o derechos de segunda generación), que le dan a cada ciudadano la posibilidad de solicitar ciertas prestaciones o servicios sociales al Estado y a la sociedad. Los DESC son garantías sociales, como la educación, la salud o el acceso a la cultura, que buscan garantizar unas condiciones mínimas de bienestar para todos los ciudadanos, y proteger especialmente a los grupos que se encuentran en una circunstancia de desventaja o debilidad manifiesta.

Segundo, porque se garantizó la protección de ciertos bienes jurídicos de orden colectivo que, por no estar radicados en cabeza de individuos determinados, solían verse desprotegidos. Se trata de los derechos colectivos y del medio ambiente (también llamados derechos de tercera generación), que están relacionados con los bienes públicos, las riquezas naturales, la seguridad, el medio ambiente, la salubridad y el espacio público, entre otros.

En síntesis, la Constitución de 1991 acogió una extensa Carta de Derechos que recoge tres preocupaciones principales del Estado. La de garantizar la libertad de los ciudadanos para vivir una vida libre de impedimentos arbitrarios; la de proveer un acceso igualitario a ciertas garantías sociales mínimas, que buscan combatir flagelos como la enfermedad, la ignorancia y la pobreza; y la de proteger intereses colectivos que por ser de todos, corrían el riesgo de que nadie los asumiera como suyos.