Constitución Política de Colombia 1991

Diversidad étnica y cultural

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En su Propuesta indígena de reforma constitucional, Lorenzo Muelas Hurtado, indígena guambiano que fue delegatario en la Asamblea Nacional Constituyente, hizo una defensa del Derecho Mayor, definiéndolo concisamente como “el derecho de nosotros indios, a seguir formando parte de la historia”. Y su voz fue escuchada. La Constitución de 1991 implicó un rompimiento de la concepción unitaria y excluyente de la Nación que existía en Colombia, y desde su primer artículo quedó consagrado el carácter pluralista de la República, el cual se materializa, entre otras, en el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

En el país existen cerca de 84 etnias o pueblos indígenas, que cuentan con una población de 1.378.884 personas, equivalente al 3,3% de la población, según el Censo de 2005. Esta diversidad, que se refleja también en las 68 lenguas diferentes que se hablan en Colombia, es la que los constituyentes de 1991 quisieron proteger, con una serie de normas tendientes a garantizar la identidad especial de las comunidades indígenas, concediéndoles un fuero jurisdiccional para que ellas mismas resuelvan sus conflictos, otorgándoles la propiedad colectiva de sus resguardos y permitiéndoles que se autogobiernen según sus propios usos y costumbres, siempre y cuando no desborden la Constitución y la leyes.

Con la nueva Carta Política, se produce también un incremento acelerado de normas y decisiones judiciales tendientes a proteger los derechos de las comunidades indígenas y las negritudes. De este modo, la Constitución logró romper con el menosprecio y la invisibilidad de los que eran víctimas las minorías étnicas, y puso el Derecho Mayor de estas mismas al mismo nivel que las demás normas y reglas del ordenamiento jurídico.

El principio de protección de la diversidad étnica y cultural es una manifestación directa del pluralismo, que a su vez se inspira en la tolerancia y el respeto activo, y que abre un espacio de inclusión y participación a grupos tradicionalmente discriminados, como lo son las minorías culturales, raciales, ideológicas, sexuales, religiosas y de cualquier otra índole. En desarrollo de estos principios, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente: “La diversidad cultural hace relación a formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política. Los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo y protección de las minorías” (Sentencia T-605/92).