Capítulo XIV. La intervención del Estado en el Banco de emisión

Parte D. Creación y organización de la junta monetaria 

La Junta Monetaria fue creada por la Ley 21 de 1963 y su organización y funciones las señaló el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 2206 del mismo año.

La Ley 21 de 1963 

En 1963, el Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Sanz de Santamaría, presentó a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se solicitaron facultades extraordinarias para crear y organizar un organismo técnico y autónomo denominado Comité Monetario, encargado de estudiar y adoptar las medidas monetarias, cambiarias y de crédito del país que, conforme a las disposiciones vigentes en esa época, correspondían al Banco de la República y para que ejerciera las demás funciones complementarias que le adscribiera el Gobierno Nacional 29.

El Congreso de la República se abstuvo de conceder las facultades solicitadas para crear el Comité Monetario pero, después de muchas consideraciones, estimó que era mejor crearlo directamente con el nombre de "Junta Monetaria". Sus funciones primordiales serían las de "estudiar y adoptar las medidas monetarias, cambiarias y de crédito que sean la triple base de la economía y del fisco. El Gobierno la organizará y le señalará más funciones complementarias, cosa que hará también el Congreso" 30.

La finalidad de la iniciativa fue resumida así por el doctor Hernando Durán Dusán en la Ponencia para - Primer Debate del proyecto que presentó a consideración del H. Senado de la República:

"La primordial es, sin lugar a dudas, la de independizar del interés privado las medidas monetarias, camb¡arias y de crédito que el país necesita tomar para el desarrollo de su economía. Pero hay otras finalidades de extraordinaria importancia también, que pueden llegar a significar un gran avance social en el campo monetario y crediticio; por ejemplo: señalar tasas máximas de interés o descuento que las instituciones de crédito puedan cobrar a su clientela sobre todas las operaciones activas, descontables o no descontables. Señalar el monto de las cuotas iniciales, los plazos y otras condiciones aplicables a operaciones de crédito comercial de consumo por instalamentos otorgado por establecimientos de crédito o por casas comerciales, almacenes, etc."...

"Por otro aspecto, parece indiscutible que no pueda haber una política monetaria definida y concreta sí no se poseen instrumentos eficaces de control sobre el crédito y el control de crédito, público o privado, supone necesariamente control sobré el monto de intereses y plazos de amortización...

"La solución propuesta no es la radical de nacionalización del Banco de la República, ni el retiro de la Junta Directiva de los representantes de los accionistas particulares. No. La Junta Directiva del Banco continuará con sus funciones administrativas corrientes y la Junta Monetaria que se desea crear, estaría encargada de las medidas monetarias, cambiarias y crediticias que requieran la economía nacional 31.

Igualmente, el entonces Ministro de Hacienda, doctor Carlos Sanz de Santamaría, señaló entre las finalidades de la creación de la Junta Monetaria "la de eliminar la concentración del crédito bancario en pocas manos, demostrando con estadísticas fidedignas que grupos reducidos de personas, naturales y jurídicas, en pocas ciudades, detentaban partes muy apreciables del mismo; y que era conveniente procurar su democratización y especialmente su distribución a sectores a los cuales no llegaba la cantidad adecuada, como el agrícola, el pecuario, el de la pequeña industria. Indicó también que era necesario dar a los bancos de fomento condiciones diferentes a las de la banca comercial, por ejemplo en el crecimiento de sus activos; fijar topes específicos a los préstamos, de carácter obligatorio, pues hasta entonces y dada la ineficacia parcial de los instrumentos sobre descuento y redescuento, hubo que apelar, al efecto, a los topes voluntarios de cartera, como acuerdo de caballeros; y agregaba que si la persuasión es buena, no es muy propio del Estado reposar sólo sobre ella, en materias de suyo tan trascendentes. De igual manera, hasta entonces la limitación de la tasa de crecimiento de los activos bancarios apenas operaba a través de acuerdos con el Banco Emisor. En cuanto a tasas de interés, expuso el Ministro que había un crecimiento desordenado de las mismas y que muchas actividades productivas estaban en incapacidad de pagarlas, con lo cual se retardaba el crecimiento de la actividad económica o sólo era posible con altos costos, requiriéndose un instrumento que las hiciera compatibles con el desarrollo económico. Señaló también que conforme a las disposiciones sobre bancos, las limitaciones para préstamos individuales, establecidas en relación, por ejemplo, con activos y reservas, resultaban obsoletas y había bancos en capacidad de prestar a una sola persona hasta cuarenta millones de pesos, operaciones de evidente riesgo que era necesario regular de nuevo" 32.

Aprobado el proyecto, se convirtió en la Ley 21 de 1963 la cual, en su artículo 5 dispuso crear la Junta Monetaria, encargada de estudiar y adoptar las medidas monetarias, cambiarias y de crédito que, conforme a las disposiciones vigentes en ese año, correspondían a la Junta Directiva del Banco de la República, lo mismo que ejercer las demás funciones complementarias que le adscribiera el Gobierno Nacional, y en el futuro, la Ley.

La Ley otorgó facultades extraordinarias al Gobierno con el objeto de que procediera a su organización, determinara su estructura y conviniera con el Banco de la República las modificaciones de los contratos que tenla celebrados y de esa manera se pusiera en vigencia dicho mandato.

 

Precisión de las funciones monetarias y crediticias según el Decreto Ley 2206 de 1963

En ejercicio de tales facultades, con el Decreto Ley 2206 del mismo año, el Gobierno Nacional organizó la Junta Monetaria y le fijó sus principales atribuciones; se operó de esa manera el tránsito del manejo monetario por la Junta Directiva del Banco de la República hacia la Junta Monetaria, con el objeto de hacer obligatorio y general dicho manejo.

A juicio de la Corte Suprema de Justicia, la variación introducida por el Decreto Ley 2206 de 1963, en comparación con el Decreto Ley 756 de 1951, consistió "esencialmente en hacer obligatoria y general para la banca privada regulaciones de tipo monetario y especialmente crediticio que estaban antes previstas, pero sin carácter compulsivo las más de las veces, cuya efectividad radicaba en que fuera necesario apelar a las facilidades del Banco Emisor" 33.

Este organismo quedó entonces facultado principalmente para: fijar periódicamente un cupo ordinario de crédito a los bancos afiliados al Banco de la República para operaciones de préstamos y descuento, señalar un cupo especial de crédito que sólo se utilizaría en el descuento de operaciones destinadas a determinadas actividades económicas, de acuerdo con las necesidades del desarrollo agrícola, industrial y comercial del país y fijar cupos extraordinarios de crédito en casos de emergencia y con carácter temporal.

El acceso al cupo ordinario de crédito en el Banco de la República tiene el propósito de solucionar desequilibrios transitorios de liquidez. Su utilización, por parte de los bancos, tiene por objeto suministrar a tales entidades la liquidez necesaria para atender la reducción efectiva e imprevisible en las exigibilidades correspondientes a depósitos en cuenta corriente, certificados de depósito a término, depósitos de ahorro comunes, certificados de depósito de ahorro a término y créditos interbancarios. También puede ser utilizado cuando se dan hechos excepcionales, previamente calificados por el Banco de la República, originados en pérdidas imprevisibles de liquidez 34.

Las corporaciones financieras legalmente establecidas en el país, tienen acceso a un cupo ordinario de crédito en el Banco de la República, con el fin de suministrarles la liquidez necesaria para su normal funcionamiento y satisfacción de sus obligaciones contractuales y legales, cuando tengan disminuciones acentuadas en sus captaciones del público 35. Igualmente, el Banco de la República está facultado para que con cargo al Fondo de Ahorro y Vivienda FAVI, asigne un cupo de crédito en favor de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda destinado a atender bajas de depósitos que registren dichas entidades 36.

El cupo extraordinario de crédito está previsto para casos de emergencia, con el fin de asegurar la liquidez de los bancos, corporaciones financieras y corporaciones de ahorro y vivienda legalmente establecidos en el país, en el caso de que llegaran a presentar situaciones de desequilibrio fundamental en su estructura financiera 37.

Los cupos especiales de crédito tienen por objeto responder "a la adopción de políticas monetarias, circunstanciales y particulares para determinados sectores y actividades de la economía, a fin de facilitarles recursos financieros en condiciones favorables cuando quiera que presentan situaciones críticas de liquidez, emergencia o necesidad de especial promoción" 38.

Le corresponde igualmente a la Junta Monetaria fijar y variar las tasas de interés y descuento para las operaciones de préstamo, descuento y redescuento a los bancos afiliados al Banco de la República o para señalar las tasas máximas de interés o descuento que tales bancos pueden cobrar sobre operaciones descontabas, redescontables o admisibles en garantía de préstamos en el Banco de la República. Fijar y variar el encaje legal de los bancos y cajas de ahorro. Señalar encajes marginales. Determinar los requisitos de las obligaciones redescontables. Fijar y variar el encaje de los billetes en circulación y en los depósitos del Banco de la República. Fijar límites específicos al volumen total de los préstamos o inversiones de las instituciones de crédito. Señalar la tasa de crecimiento de activos. Señalar las tasas máximas de interés o descuento que los establecimientos de crédito pueden cobrar sobre todas sus operaciones activas. Fijar los plazos de los préstamos y descuentos. Prohibir a los establecimientos de crédito la ejecución de ciertas clases de préstamos e inversiones. Facultar al Banco de la República para realizar operaciones de mercado abierto. Reglamentar las operaciones de crédito comercial de consumos por instalamentos. Disponer el traslado de 'depósitos de entidades públicas.

Creada la Junta Monetaria por la Ley 21 de 1963 y asignadas las funciones correspondientes de conformidad con el Decreto Ley 2206 del mismo año, el Estado asumió plenamente el derecho de manejar la moneda.

"Es una nueva experiencia que va a hacer el país; es una etapa también nueva. Si los Gobiernos son malos, habrá mal manejo monetario, habrá mala situación en el país y habrá dificultades. Si los gobiernos son buenos mejorará la situación del país. Pero es el Estado, representado por el Gobierno el que debe dirigir la moneda".

"La Junta Monetaria tal y como fue creada, es un ensayo, ensayo que el Gobierno confía en que pueda resultar satisfactorio y que sea útil. es un ensayo para tener un control mejor de la moneda y del crédito que el que hemos tenido hasta ahora" 39.

Con la Junta Monetaria se creó un nuevo órgano del Estado encargado de regular la cuestión monetaria, distinto del Congreso. Ya desde 1923 se habla separado el manejo monetario del manejo fiscal y el Gobierno, al contribuir en la creación del Banco de la República, se obligó a no ejercer funciones monetarias, salvo en aquellos casos en los cuales estuviera investido de facultades legislativas y siempre que estas no afectaran las estipulaciones del contrato que le dio origen al instituto emisor.

En 1963, el Legislador aceptó delegar en el Gobierno la facultad de regular estas materias, puesto que técnicamente no debía intervenir en ellas. Al respecto, el Dr. Carlos Sanz de Santamaría señalaba que el Estado, representado por el Gobierno, era el que debería dirigir la moneda.

"No puede ser el Parlamento. El Parlamento en ocasiones, como la que estamos viendo ahora, recibe proyectos curiosos. Como uno en el cual se ordena la descongelación de los depósitos porque optó la Junta Directiva del Banco de la República. Y bien saben ustedes que la moneda no se puede manejar por leyes; que el movimiento y la dinámica del desarrollo de un país tiene que seguir el curso diario de la moneda, del crédito y de las operaciones internacionales" 40.

La banca, por conducto de su organismo gremial, la Asociación Bancaria, manifestó su "acatamiento a la decisión de¡ Congreso" de poner fin a la delegación de funciones en materias monetarias, cambiarias y crediticias que el Estado había hecho en la Junta Directiva del Banco de la República. Sin embargo, apoyada en la opinión de varios juristas destacados, expresó sus dudas acerca de la constitucionalidad del artículo 6o. del Decreto Ley 2206 de 1963, que consagró las facultades complementarias de la Junta Monetaria 41.

Solicitada la declaratoria de inexequibilidad de las normas que le dieron origen y le señalaron sus principales atribuciones, la Corte Suprema de Justicia las encontró ajustadas a la Constitución Política, mediante Sentencia de su Sala Plena, proferida el 12 de junio de 1969 con la ponencia del Magistrado Dr. Hernán Toro Agudelo, en la cual sostuvo:

"De tiempo atrás, en diversos estatutos, se había consagrado en el país que la política monetaria, cambiaria y de crédito, que reconoce su origen en el Congreso y su dirección inmediata en el Gobierno, se cumpliera a través de las determinaciones de la Junta Directiva del Banco de la República, con la obvia participación decisoria del Ministro de Hacienda en representación del Gobierno. Así, por ejemplo, fue establecido mediante el Decreto Legislativo 756 de 1951, que tiene categoría de Ley permanente por virtud de la número 141 de 1961. El artículo 5 de la Ley 21 de 1963, en su ordinal a) creó la Junta Monetaria, le trasladó directamente las funciones Monetarias, cambiarias y crediticias que tenía la Junta Directiva del Banco Emisor, con tácita referencia al citado Decreto 756 de 1951 demás y normas vigentes; por el literal b) facultó al Gobierno para adscribirle funciones complementarias y por el inciso final para organizar la Junta y determinar otras cuestiones conexas, hasta el 31 de diciembre de 1963."...

"Dada la extensión de las consideraciones previas de las inmediatamente anteriores hechas por la Corte, no estima que sea necesario entrar de nuevo a repetirlas, para efectos de la decisión, sino que basta reiterar su concepto de que las regulaciones sobre cuestiones monetarias, cambiarias y crediticias, y específicamente sobre depósitos bancarios y el manejo del crédito por la banca privada, no constituyen actos de intervención del Estado en la industria privada, de la clase de intervención que contempla y autoriza el artículo 32 de la Carta, sino ejercicio de atributos de soberanía del Estado, que son de competencia directa del legislador, y lo eran antes de que se introdujera tal concepto de intervención, aparte de que configuran regulación de un servicio público que los particulares prestan solo por concesión temporal del Estado, sometido asía un régimen de derecho público, que para dictarse y expresarse no está sujeto a calificaciones especiales en la Carta, como mayorías y trámites determinados para que sea viable la ley ni a limitaciones como la de que se requiera siempre mandato directo del legislador, sin que pueda investir, al efecto, de facultades extraordinarias al Presidente de la República.

"En consecuencia, bien pudo la Ley 21 de 1963, artículo 5 literal b), autorizar al Gobierno para que adscribiera a la Junta Monetaria funciones complementarias de las que señaló en el literal a) del mismo artículo, que por especificar así su materia u objeto, o sea lo relativo a la moneda, el cambio y el crédito, dichas facultades extraordinarias tienen la precisión que exige el numeral 12 del artículo 76 de la Carta" 42.

De esta forma opera, a partir de 1963, el sistema de banca central en Colombia, constituido por la Junta Monetaria como organismo programador y el Banco de la República como entidad ejecutora

Así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia al revisar la constitucionalidad de la Ley 7a. de 1973, organismo para el cual el control y la ejecución de la política monetaria, se cumplen a través de dos instituciones: la Junta Monetaria y el Banco de. la República 43.

 

Precisión de las funciones de dirección cambiaría 

En desarrollo de las facultades previstas en el artículo 2o. de la Ley 21 de 1963, que autorizó al Gobierno Nacional para introducir modificaciones al sistema cambiario establecido por la Ley la. de 1959, el Gobierno expidió el Decreto Ley 1734 de 1964, mediante el cual le asignaron a la Junta Monetaria precisas facultades en materia de cambios internacionales y comercio exterior, las cuales, a su vez, se adicionaron, con el Decreto Legislativo 2322 de 1965 que también introdujo modificaciones sustanciales, al régimen de cambios internacionales y de comercio exterior.

Todas estas facultades en materia cambiaría y de comercio exterior se recogieron luego en el Estatuto de Cambios Internacionales y de Comercio Exterior, contenido en los Decretos Leyes 444 y 688 de 1967 y al tenor del cual, la Junta Monetaria quedó facultada para: Regular los mercados de cambios al exterior. Elaborar periódicamente los presupuestos de ingresos y egresos de divisas. Señalar los requisitos para obtener licencias de cambio. Reglamentar el mercado de futuros para operaciones de venta a plazo de certificados de cambio y señalar las características de éstos. Reglamentar y limitar el otorgamiento de garantías o avales de obligaciones en moneda extranjera, por entidades sometidas al control de la Superintendencia Bancaria. Autorizar, con carácter general, cuentas corrientes y fondos rotatorios en moneda extranjera. Determinar la cuantía máxima de la posición propia en divisas que pueden poseer los establecimiento de crédito.

Autorizar al Banco de la República para constituir en los establecimientos de crédito, depósitos en moneda extranjera y reglamentarlos. Reglamentar la forma como el Banco de la República debe comprar y pagar el oro de extracción nacional y autorizar o aprobar los sistemas y operaciones de compra y venta de divisas y de financiación de las reservas internacionales. Señalar la tasa de contabilización de las reservas internacionales. Autorizar reintegros anticipados de divisas. Fijar el valor mínimo de reintegro para determinadas exportaciones. Establecer las garantías y el plazo de reintegro de las divisas originadas por todo concepto. Establecer regímenes especiales para los depósitos previos referentes a la importación de bienes de capital. Reglamentar los giros por servicios, entre otras funciones.

 

Ampliación de sus atribuciones según la Ley 7a. de 1973.  

La Ley 7a de 1973 amplió las atribuciones de la Junta Monetaria, según los términos previstos en sus artículos 23 y 24, en los siguientes aspectos:

Sanciones por incumplimiento de las normas sobre encaje

Dicha ley confirió a la Junta Monetaria la atribución de "definir las infracciones a las normas sobre encaje,' así como de establecer las sanciones por incumplimiento de las mismas", las cuales deben aplicarse por la Superintendencia Bancaria.

"Antes se carecía de esta facultad, circunstancia que dificultaba enormemente el manejo de la política de encaje y los hacía bastante inoperantes, pues sin sanciones adecuadas, existía tendencia a incumplirlos, ya que los intereses percibidos resultaban inferiores al beneficio económico derivado de préstamos con recursos de desencaje. Esta grave limitación de las funciones de la Junta se advirtió desde sus orígenes y procuró solucionarse con sanciones indirectas, algunas de las cuales fueron declaradas ¡legales por el Consejo de Estado. Está bien que se haya remediado la deficiencia, lo cual evitará desencajes y facilitará la política sobre reservas legales de los bancos " 44.

Precisamente el Consejo de Estado en Sentencia del 19 de junio de 1969 había declarado nula parcialmente la Resolución 17 de 1968 expedida por la Junta Monetaria por establecer sanciones a los bancos cuando éstos se colocaban en situaciones de desencaje. Sobre el particular dijo el Consejo de Estado:

"Es evidente que cuando un Banco se coloca en situación de desencaje viene a incrementar por sí y ante sí su capacidad de préstamo e inversión en forma ilegal y susceptible de sanciones, no puede remitirse a duda que a la Junta corresponde el deber, más que la facultad, de exigirle que recupere la posición de encaje pérdida, como requisito para tener acceso a las fuentes de crédito del Banco de la República, a través de los cupos de crédito y descuento que la misma Junta tiene potestad fijar. De otra parte, si él establecimiento en desencaje gozara de los mismos privilegios y oportunidades en el banco central que le son propios a aquel que conserva su encaje, nadie tendría interés fundamental en mantenerlo y, por ende, ninguna política monetaria y de crédito podría sustentarse en bases sólidas y serias.

"Sin embargo, aunque es indiscutible que los bancos deben cumplir cabalmente las normas que expida la Junta Monetaria, no aparece que hasta el momento el legislador le haya conferido la potestad de establecer sanciones aplicables a esos establecimientos por la transgresión de aquellas normas o de otras que estén obligados a acatar.

"Y como los empleados u organismos oficiales tan sólo pueden ejercer válidamente las funciones que de modo expreso les hayan sido atribuidas, forzoso resulta concluir en este caso que la norma acusada adolece de nulidad, por cuanto la Junta Monetaria no tiene facultad legal para establecer sanciones aplicables a los bancos". 45

 

Acuñación de moneda metálica 

Igualmente, con la expedición de la Ley 7a., el Legislador radicó en cabeza de la Junta Monetaria la competencia para ordenar la acuñación de moneda metálica, tanto fraccionario como divisionaria 46, de conformidad con las aleaciones que establezca por Resolución el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando haya escasez de moneda metálica y hasta concurrencia del monto necesario para satisfacer adecuadamente su demanda.

De esta manera se amplió la facultad de la Junta, señalada por el Decreto Ley 2206, pues era conveniente no restringirla simplemente a ordenar la acuñación de moneda fraccionario, "sino también facilitar la amonedación de otras denominaciones que aconseje la práctica y las necesidades de la circulación" 47.

 

Cartera requerida para fomento 

Así mismo, se facultó a la Junta para determinar el porcentaje de crédito que los bancos deben destinar a operaciones que ese organismo considere convenientes para estimular el desarrollo de la economía, de acuerdo con los objetivos monetarios y ordenar la constitución de depósitos del Banco de la República en las instituciones bancarias, hasta por un monto que no exceda el volumen de los depósitos oficiales en el Banco y convenir con dichas instituciones sobre la inversión de tales depósitos en las oportunidades en que, a su juicio, ello sea apropiado para cumplir los objetivos fijados en los presupuestos monetarios.

 

Depósitos del Fondo Nacional del Café 

También la Junta quedó facultada para disponer el traslado al Banco de la República o a otras entidades determinadas, de la totalidad o parte de los depósitos de los establecimientos y empresas públicas del orden nacional, así como del Fondo Nacional del Café.

 

Institucionalización de los presupuestos monetarios 

Con la Ley 7a. de 1973 se precisó la obligación para la Junta Monetaria de elaborar, para vigencias anuales, revisables periódicamente, los presupuestos monetarios, de acuerdo con las necesidades de desarrollo del país y con base en los reglamentos que dicte la misma Junta.

A juicio de los doctores Hernando Gómez Otálora, Francisco J. Ortega y Patricia Sanclemente, esta facultad no requería disposición legal, puesto que la Junta Monetaria "por la misma naturaleza de sus funciones, tiene que proyectar la expansión monetaria y su distribución, por grandes sectores, según prioridades" 48.

 

Fijación de la relación entre capital pagado y reserva legal 

Con el objeto de disminuir riesgos para las instituciones bancarias y obtener una menor concentración de los recursos de crédito en el país, se facultó también a la Junta para que por vía general fijara, la relación que debería existir entre capital pagado y reserva legal de un banco y el total de sus obligaciones para con el público.

 

Funciones de Asesoría  

Por virtud de la Ley 7a. se le atribuyo a la Junta Monetaria la función de dar concepto al Gobierno y a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, sobre los efectos monetarios de los empréstitos externos que proyecten contratar el Gobierno y todas las entidades de derecho público, y en general, sobre los contratos en moneda extranjera que comprometan a la Nación directamente o como garante, así como de dar concepto al Gobierno sobre las operaciones de crédito interno, para cuya obtención se solicite autorización al Congreso.

Solicitada la declaratoria de inexequibilidad de las normas que contenían estas atribuciones, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de diciembre de 1973, resolvió declarar las ajustadas a la Constitución Nacional:

"El control y la ejecución de la política monetaria, se cumplen a través de dos organismos administrativos, cuyos orígenes y funciones es útil explicar: la Junta Monetaria y el Banco de la República."...

"De acuerdo con este régimen legal es forzoso concluir que la adopción y dirección de la política monetaria del Estado, sin reservas está encomendada a la Junta Monetaria por decisión soberana y privativa del Congreso y como una expresión democrática de la voluntad popular,- la cual se refuerza con el hecho probado de que de la misma ley impugnada, 7 de 1973, hacen parte los artículos 23 y 24 que amplían tal competencia ".

A juicio de la Corte, estos artículos "se relacionan con las funciones propias de la Junta Monetaria, y por consiguiente, de acuerdo con los razonamientos hechos es de la competencia exclusiva del Congreso expedir las por medio de ley. La constitucionalidad no ofrece duda o reparo, y así habrá de afirmarse , como en efecto se declaró por la Corte en dicha sentencia 49.

 

Naturaleza 

La Junta fue creada como el órgano del Estado a través del cual éste cumple la función soberana de regular la política monetaria, cambiaría y crediticio del país, mediante normas de carácter general.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de diciembre de 1973 señaló que "la adopción y dirección de la política monetaria del Estado, sin reserva, está encomendada a la Junta Monetaria por decisión soberana y privativa del Congreso, y como una expresión democrática de la voluntad popular".

Igualmente, el Consejo de Estado, en sentencia de mayo 26 de 1977 concluyó que por voluntad expresa del Legislador, el control de la política monetaria se cumple a través de la Junta Monetaria en virtud de lo dispuesto en la ley 21 de 1963 y además, que en materia de cambios internacionales y de comercio exterior, la Junta desempeña un papel de dirección y control, que también es parte de la política monetaria del país, en virtud de las normas del Decreto Ley 444 de 1967.

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de los dos máximos órganos de la Rama Jurisdiccional del poder público, la Junta Monetaria es un órgano del Estado de creación legal, al cual se le otorgó capacidad especial de regulación general para el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, para la formación y expresión de su voluntad administrativa no requiere del concurso de un ente distinto ni de la aprobación de sus actos por parte de otros órganos de las demás Ramas del Poder Público.

No forma parte de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Poder Público como organismo propio del sector central o dependiente de un Ministerio o de un Departamento Administrativo. Tampoco es un ente propio del sector descentralizado, vinculado o adscrito a uno del sector central, pues no reúne los atributos exigidos por la ley para que se le considere establecimiento público, ni mucho menos empresa comercial o industrial del Estado o sociedad de economía mixta.

Para el desarrollo de las funciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el artículo 3o. del Decreto Ley 080 de 1976, consideró a la Junta como un organismo asesor, pero que no forma parte de la estructura administrativa de ese Ministerio como dependencia u organismo adscrito o vinculado. Es, por tanto, un ente su¡ géneris dentro de la estructura del Estado, de naturaleza especial, sin patrimonio propio, que cumple funciones públicas de regulación general asignadas por la ley, en desarrollo de la soberanía monetaria del Estado.

Ejerce las funciones de regulación mediante actos administrativos de carácter general, las cuales pueden ser y de hecho son objeto de revisión contenciosa, mediante el ejercicio de las acciones pertinentes ante la jurisdicción del ramo. Por lo mismo, los actos que expide en desarrollo de sus funciones, son declaraciones de voluntad administrativa emitidas, conforme al ordenamiento jurídico, por un órgano revestido de competencia para ello y con el cumplimiento de las formas y formalidades propias, que exige la ley.

 

Estructura 

Miembros:

De conformidad con los Decretos Leyes 2206 de 1963 y 151 de 1976, la Junta Monetaria está integrada por: El Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la preside; el Ministro de Desarrollo Económico; el Ministro de Agricultura; el Jefe del Departamento Nacional de Planeación; el Gerente del Banco de la República y el Director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex. Todos ellos tienen las mismas incompatibilidades que la ley señala para ejercer el cargo de Superintendente Bancario50.

Asistentes:

Según el art. 1 del Decreto Ley 3171 de 1968, a las deliberaciones puede y debe concurrir el Secretario Económico de la Presidencia de la República, sin el carácter de miembro de la Junta Monetaria y por tanto sin posibilidad de tomar parte alguna en la adopción de sus decisiones.

Asesores:

Como funcionarios permanentes de la Junta Monetaria de libre nombramiento y remoción por parte de ésta, la ley prevé la existencia de dos expertos, los cuales no tienen voto en las decisiones de la Junta, pero pueden participar en el debate de los distintos temas, con total autonomía de criterio y con una orientación eminentemente técnica.

Tales expertos deben ser personas de reconocida preparación teórica y de experiencia en materias monetaria y cambiaría el uno, y el otro en economía general, producción y comercio exterior.

A cargo de los Asesores quedó la responsabilidad de preparar los documentos que deba considerar la Junta y el estudio previo de los asuntos de competencia de la misma.

 

Asistencia Técnica del Banco de la República 

La Ley 21 autorizó al Gobierno para convenir con la Junta Directiva del Banco de la República las modificaciones de los contratos celebrados con la entidad, con el fin de poner en vigencia el mandato que ordenó la creación de la Junta Monetaria.

El Gobierno y el Banco, "con gran espíritu de mutua cooperación", definieron las bases generales de dicho contrato, el cual tuvo por objeto modificar el vigente desde el 3 de octubre de 1951, con el objeto de determinar las atribuciones y facultades que corresponderían a la Junta Monetaria y las que se mantendrían en la Junta Directiva del Banco, como suprema autoridad de éste, de acuerdo con las normas orgánicas de la entidad.

Igualmente, en dicho convenio se estipuló que el Banco facilitaría a la Junta Monetaria los servicios de asistencia técnica y de secretaría que requiriera y que el costo de tales servicios, así como los demás gastos que exigiera su adecuado funcionamiento, correrían a cargo del Banco 51.

 

Notas de pie de página 

29

Carlos SANZ DE SANTAMARIA. Proyecto de ley "Por la cual se dictan algunas disposiciones en materias fiscales, se dan unas autorizaciones y se inviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias conforme a los ordinales 11 y 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional. Historia de las Leyes. Antecedentes de la Ley 21 de 1963. Archivo Legislativo del Congreso de la República. Documentos originales,

30

Jesús María ARIAS. Ponencia para Primer Debate en la Cámara de Representantes al proyecto de Ley "Por la cual se dictan algunas disposiciones en materias fiscales y se inviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias conforme al ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional. Archivo Legislativo del Congreso de la República. Documentos originales.

31

Hernando DURAN DUSAN. Ponencia para segundo debate en el Senado de la República al proyecto de Ley "por la cual se dictan algunas disposiciones en materias fiscales y se inviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias conforme al ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional. Historia de las Leyes. Archivo Legislativo del Congreso de la República. Documentos originales

32

Carlos SANZ DE SANTAMARIA. Op cit., pág. 216 y s.s.

33

Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia del 12 de junio de 1969. Magistrado Ponente doctor Hernán TORO AGUDELO. Op. cit., pág. 127.

34

Junta Monetaria. Resolución No. 56 de 1988.

35

Junta Monetaria. Resolución No. 55 de 1984.

36

Junta Monetaria. Resolución No. 56 de 1984.

37

Junta Monetaria. Resoluciones Nos. 49 de 1974, 55 y 56 de 1984.

38

Superintendencia Bancaria. Ver: Concepto OJ-29lA diciembre 8 de 1984.

39

Carlos SANZ DE SANTAMARIA. Ministro de Hacienda y Crédito Público. Op cit., pág. 228.

40

Ibíd.

41

Revista del Banco de la República. Notas editoriales. Volumen XXXVI. No. 432. Bogotá, octubre de 1963, pág. 1275.

42

Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de junio 12 de 1969. M.P. Dr. Hernán TORO AGUDELO. Op. Cit., Debe advertirse que en el momento de la expedición de la Ley 21 de 1963, el entonces vigente Artículo 32 de la Carta prohibía revestir de facultades extraordinarias al Presidente de la República para los efectos interventores en él previstos.

43

Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia del 14 de diciembre de 1973. M.P. Dr. Eustorgio SARRIA. Gaceta Judicial T. CXLIX-CL, pág. 281.

44

Hernando GOMEZ O., Francisco J. ORTEGA, Patricia SANCLEMENTE. "Comentarios sobre la Ley 7a de 1973". Lectura de Coyuntura Económica. Vol. III No. 3 sobre la Ley 7a. En "Lecturas sobre Moneda y Banca en Colombia". Una publicación del Fondo Cultura¡ Cafetero. Fedesarrollo Facultad de Economía Uniandes. Ed. Stella. Bogotá, 1976, págs. 405 a 409.

45

Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de julio de 1969. C.P. Dr. Juan Hernández Sáenz. Anales del Consejo de Estado Tomo LXXVI Nos. 421-422, pág. 145

46

 Se entiende por moneda fraccionaría aquella cuyo valor es inferior a la unidad Monetaria y por moneda divisionaria aquella cuyo valor es igual o superior a la unidad monetaria. Según el artículo lo. de la Ley 90 de 1948 la unidad monetaria es el peso oro.

47

Rodrigo LLORENTE MARTINEZ. Exposición de Motivos al proyecto de ley No. 42 de 1972 "por la cual se Señalan las bases para la prórroga de la duración del Banco de la República, el contrato de emisión entre el Gobierno y aquél y se adicionan las facultades de la Junta Monetaria". Anales del Congreso. Martes 19 de septiembre de 1972, pág. 876.

48

Hernando GOMEZ OTALORA, Francisco J. ORTEGA, Patricia SANCLEMENTE. Comentarios sobre la Ley 7a. de 1973. Op. cit., pág. 407.

49.

Corte Suprema de Justicia Sala Plena. Sentencia del 14 de diciembre de 1973. M. P. Doctor Eustorgio SARRIA. Acción de inconstitucionalidad de los artículos 1 a 24, excepto los apartes b) e) de la ley 7 de 1973. Actores Darío López Ochoa y Raúl Vásquez Vélez. Gaceta Judicial. T. CXLIX-CL No. 2390-2391, págs. 281-282.

50

Esta estructura fue desde su comienzo objeto de algunas críticas. "Opinaban algunos que era inconveniente la presencia en dicha Junta de Ministros del Despacho y del Jefe del Departamento Administrativo de Planeación, por razón de las connotaciones políticas inherentes a esos cargos, su carácter temporal y las muchas y diversas funciones que a cada uno de ellos corresponde. Se juzgó que hubiera sido más acertado haber integrado la Junta en su totalidad, con técnicos o expertos que tuvieran únicamente esa función y ese destino, o con representantes de los diversos Sectores de la actividad privada". Diego CALLE RESTREPO. Memoria de Hacienda (presentada al Congreso Nacional en 1964.) Bogotá, Ud. Imprenta Nacional. 1964, págs. 67.

51

Eduardo ARIAS ROBLEDO. XL Informe Anual del Gerente a la Junta Directiva. 1o. de enero a 31 de diciembre de 1963. Talleres Gráficos del Banco de la República. Bogotá, s.f., pág. 18.

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