El giro de la política agropecuaria
José Antonio Ocampo y Santiago Perry
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Aunque las medidas mencionadas facilitaron la normalización de las condiciones crediticias a numerosos productores, el peso de los pasivos acumulados durante el período de crisis siguió siendo un lastre para la reactivación sectorial. De hecho, muchos deudores, especialmente de la Caja Agraria, no se acogieron a los diferentes mecanismos de refinanciación que se diseñaron. Dadas las regulaciones cada vez más estrictas sobre provisión de cartera de las entidades financieras, el mantenimiento de una cartera vencida elevada y el peso de los pasivos pensionales impidieron que la recuperación de las captaciones y de los márgenes financieros y la reducción de los gastos administrativos de la entidad se reflejaran plenamente sobre sus estados financieros (ver, al respecto, el Cuadro 2.4 del capítulo segundo). Ello llevaría a la nueva Administración a adoptar medidas de refinanciación aún más radicales en 1995 y a capitalizar de nuevo a la entidad.
Aún más importante, el cúmulo de decisiones en materia crediticia poco avanzó en el terreno de ampliar la cobertura del crédito institucional a un mayor número de te pequeños productores. Aunque se fortaleció el Fondo Agropecuario de Garantías y se discutió extensamente la posibilidad de fomentar en forma agresiva la participación de las cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades del sector solidario en la financiación sectorial, el despegue al del primero siguió siendo lento y poco se avanzó en el segundo por limitaciones legales, en especial por la incapacidad legal de las entidades mencionadas para acceder directamente a los recursos de redescuento de FINAGRO. Este tema ha sido posteriormente objeto de algunas iniciativas gubernamentales y parlamentarias y es, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas a resolver en el futuro cercano por parte de los responsables de la política sectorial 13 .
En el caso del arroz, otro de los cultivos duramente afectados por la crisis, se promovieron sucesivos acuerdos entre el Ministerio, Fedearroz, y los industriales para el manejo de las cosechas, los cuales incluían la fijación de precios mínimos de intervención y el establecimiento de cupos para las compras de arroz blanco del IDEMA, y se celebró un convenio con Venezuela para el adecuado manejo del comercio binacional de este producto 16 .
La morera-seda fue objeto de un plan de salvamento global, del cual hicieron parte la capitalización de Cocosilk y el aporte de nuevos recursos por parte del IFI a esta empresa, única compradora del capullo; la refinanciación de las deudas de los productores; la intervención temporal del IDEMA en este mercado; la participación del Plan Nacional de Rehabilitación en la financiación de la extensión técnica en el Cauca y en Risaralda, y el combate a los problemas fitosanitarios existentes en este subsector.
El sector tabacalero atravesaba una profunda crisis. Al problema recurrente de la disminución de la demanda interna y externa por tabaco negro, ocasionado por cambios en los hábitos de los fumadores, se agregaba el enorme incremento del contrabando de cigarrillos, que había llevado a las compañías colombianas a reducir sus compras y que, de continuar, las iba a poner a las puertas de un cierre d sus operaciones. Cigarrillos de todas las marcas y las procedencias, en especial venezolanos, se habían tomado más de la mitad del mercado doméstico, mientras los nacionales perdían terreno agobiados por una carga impositiva de 124%, que determinaba que tuvieran precios al público no competitivos. Con el fin de resolver esta dificultad, la Ley Agraria concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para revisar el régimen tributario aplicable a los cigarrillos y para crear el Fondo de Compensación, cuyo objetivo era neutralizar los efectos que esa revisión pudiera tener sobre las finanzas departamentales 17 . Tras una ardua negociación entre los gobiernos nacional y seccionales, que incluyó a la industria de cigarrillos, finalmente se llegó a un acuerdo para reglamentar esta disposición, rebajar los impuestos al 45% y aliviar, así, la delicada situación de los cultivadores de la hoja. Desafortunadamente, esta rebaja fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a mediados de 1995, por lo cual deberá ser objeto de una nueva ley.
Otro producto cultivado por indígenas y campesinos de regiones muy pobres, que sufría una severa crisis, era el fique. El desarrollo del mercadeo a granel, la creciente utilización de empaques de polipropileno y la competencia de fibras duras importadas, venían agudizando las dificultades de este cultivo, ya afectado por problemas tecnológicos, fitosanitarios y de pobreza de suelos y aguas en las zonas productoras. La reciente tendencia a revitalizar su uso por razones ecológicas no había logrado contrarrestar la caída en su consumo. La Ley Agraria consagró un mecanismo orientado a promoverlo, al establecer que quienes no empleen empaques elaborados con este producto en el porcentaje que determine el Ministerio de Agricultura, no podrán acceder a ciertos beneficios fiscales. Además, el IDEMA inició la adquisición de un millón cien mil empaques de fique para sustituir los costales con algún grado deterioro, con el fin de coadyuvar a superar la negativa coyuntura del mercado.
Obviamente que productos como el tabaco negro y fique requieren de soluciones mucho más completas, complejas y de largo plazo, las cuales son el objeto del programa de modernización y diversificación diseñado algunos productos de economía campesina por el Ministerio de Agricultura, cuya descripción se hace en el sexto de este escrito.
El inicio de la reactivación sectorial
Las medidas anteriores sentaron las bases para que el agro empezara a mostrar signos positivos. Pese a la fuerte caída de la producción cafetera, el Producto Interno Bruto sectorial experimentó un crecimiento del 2.7% en 1993. Si se excluye el grano, el PIB agropecuario se incrementó en un 5.7%, el segundo mayor aumento de los últimos diez años. La agricultura no cafetera creció en un 3.3%, mientras el subsector pecuario lo hizo en un 7.9%. El valor de la producción agrícola no cafetera aumentó en 2.2% —1.8% los transitorios y 2.4% los permanentes— y la superficie cosechada detuvo su tendencia descendente (Véanse Cuadro 4.4 y Gráfico 2.3 del Capítulo 2). Excepto el algodón, el arroz y el sorgo, los demás cultivos transitorios expandieron sus áreas cultivadas en 1993. Todos los cultivos perennes también incrementaron sus superficies, con la excepción de arracacha y ñame, que registraron contracciones moderadas.
En 1994, por su parte, la superficie cultivada con transitorios aumentó en un 1.1%, el primer incremento después de tres años seguidos de contracción. Por segundo año consecutivo, el valor de la producción de los dos grupos de productos de la agricultura no cafetera registró un incremento: 1.1% en el caso de los transitorios y 3.4% en el de los permanentes. En su conjunto, el sector agropecuario no cafetero creció un 3.7%, tasa que, aunque inferior a la de 1993, supera el promedio de las dos últimas décadas. Debido a la contracción de la producción cafetera, el resultado global del sector fue, sin embargo, mucho más modesto (un crecimiento del 1.9%).
Vale la pena resaltar que este incremento de la producción coincidió con una recuperación de la menguada rentabilidad de la agricultura no cafetera, especialmente de cultivos semestrales. En efecto, gracias a las medidas de política y a otras circunstancias, tales como el mejoramiento de los precios internacionales y el más normal comportamiento de las lluvias, la rentabilidad de una gran parte de los renglones de la producción sectorial se incrementó en 1993 y 1994. En el primero de estos años aumentó la rentabilidad de todos los cultivos transitorios, excepto arroz y algodón, que continuaron su descenso. Especialmente significativo fue el incremento en la rentabilidad de los cultivos transitorios importables. En los permanentes continuó aumentando la del azúcar y se logró una recuperación de la del tabaco negro, la palma africana y el plátano. En 1994 se mantuvo la tendencia a la recuperación de la rentabilidad de los cultivos transitorios. En especial se mantuvo, con una pequeña pérdida, la que se había logrado en los importables y se inició la de los exportables en crisis (arroz y, más tímidamente, algodón). En el de los permanentes, la historia fue un tanto más compleja, pues la recuperación de la rentabilidad del cacao coincidió con la reversión de las ganancias que se habían logrado en otros cultivos en 1993 (ver, al respecto, el Cuadro 2.1 y el Gráfico 2.5 del capítulo segundo).
Gracias a la recuperación de los precios, la rentabilidad de la caficultura también se recuperó parcialmente en el año cafetero 1993/94. Sin embargo, la caída en la productividad, generada por la rápida extensión de la broca y la reducción de los cuidados culturales durante los años anteriores, se tradujo en un aumento significativo en los costos reales, que impidió que el aumento de los precios se tradujese en un incremento firme de la rentabilidad.
CUADRO 4.4: COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIALBLES SECTORIALES
La recuperación estuvo acompañada de un aumento en los niveles de inversión. Este proceso estuvo jalonado por el aumento en las importaciones de maquinaria y las mayores inversiones, públicas y privadas, en adecuación de tierras, ya que las inversiones en nuevas plantaciones de cultivos permanentes se redujeron. Por el contrario, aunque la información disponible es incompleta, hay evidencia de que el consumo de fertilizantes se mantuvo en niveles bajos y que en algunos casos —el más notorio de los cuales es el del arroz—, la recuperación de las siembras coincidió con una reducción en el uso de semillas mejoradas, lo cual afectó los rendimientos por hectárea.
Conviene resaltar que la evolución de la tasa de cambio real no apoyó el proceso de reactivación. En efecto, pese a las medidas de protección, las importaciones siguieron creciendo hasta 1994, particularmente en el caso de los cereales. No obstante, gracias al dinamismo de algunos renglones de exportación, el ritmo de deterioro de la balanza comercial agropecuaria no cafetera se redujo en dicho año —cuando arrojó un superávit de US$ 517 contra US$ 559 millones en 1993—, en tanto que la recuperación de los precios del café permitió una mejoría de dicha balanza para el conjunto del sector (Véase Cuadro 4.4).
Por último, es necesario anotar que, aunque el empleo rural se redujo en 1993, lo hizo a un ritmo muy inferior al de 1992 y se concentró exclusivamente en la región central. En 1994, el empleo rural aumentó un 1.4%, equivalente a cerca de 80.000 empleos, colocándose, así, por encima de los niveles alcanzados en 1992. Este proceso coincidió, además, con un aumento real de los jornales agropecuarios, por primera vez en varios años. Sin embargo, en las regiones Central y, especialmente, Atlántica, los niveles de empleo siguieron siendo inferiores a los de 1992. Además, la tasa de desempleo abierta aumentó tanto en 1993 como en 1994, colocándose en este último año en el 5.6%. Ello indica que el aumento del empleo coincidió en 1994 con una recuperación de la tasa de participación laboral, que había disminuido apreciablemente en los dos años anteriores (Véanse Cuadros 4.4 y 2.7 del Capítulo 2).
Así las cosas, para 1994 se habían logrado avances importantes en el camino de la reactivación. Sin duda se mantenían problemas muy importantes: tanto el empleo como las áreas sembradas seguían siendo inferiores a los característicos antes de la crisis; la rentabilidad de algunos cultivos, incluido el café, seguía siendo baja; faltaba bastante camino por recorrer en materia de reconvertir la agricultura colombiana para adaptarla plenamente al nuevo contexto de apertura; y sobrevivía el lastre del sobre endeudamiento heredado de los años de la crisis. Sin embargo, el sector ya había aumentado la producción por dos años consecutivos y la rentabilidad, particularmente de los cultivos semestrales, los más afectados por la crisis, estaba en recuperación. Lo que es más importante, como lo ilustra el resto de esta obra, se había avanzado considerablemente en el diseño de una nueva política sectorial acorde con la nueva etapa que enfrenta la agricultura colombiana.
Fortalecimiento y reforma del sistema de generación y transferencia de tecnología
En consecuencia, la puesta en marcha de la reforma a las concepciones y a la estructura institucional de la investigación agropecuaria, que se había formulado aprovechando los decretos de modernización del Estado que se expidieron en desarrollo del artículo 20 transitorio de la Constitución de 1991, y el impulso al funcionamiento del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SINTAP), eran fundamentales dentro de la estrategia de mejoramiento de la competitividad sectorial. Con la reforma mencionada se aspiraba superar los problemas que afrontaba la generación de tecnología agropecuaria en el país, puesto que ella contemplaba la renovación de las concepciones que guiaban esta labor —adoptando una visión integral, que tuviera en cuenta los diversos componentes biológicos, económicos, sociales y ambientales que conforman los sistemas productivos presentes en el agro colombiano— y de su organización institucional.
Esto último lo hacía con el establecimiento de una instancia única, técnicamente capacitada para definir las prioridades de investigación y para asignar los recursos públicos destinados a esta actividad y con el montaje de un esquema ágil y competitivo para su ejecución. Gracias a la utilización de la novedosa legislación de ciencia y tecnología que se había expedido en el país en los albores del decenio del noventa 18, se fomentó la creación de entidades mixtas que realizaran la tarea investigativa financiada por el Estado, las cuales debían competir por los recursos presupuestales, y asociar a productores y a universidades para hacer más relevantes los tópicos de investigación y fortalecer la capacidad regional de desarrollo tecnológico. Al basarse en disposiciones del derecho privado, se facilitaba, además, una labor investigativa más eficiente.
La puesta en marcha de este nuevo sistema de generación de tecnología agropecuaria enfrentaba diversas dificultades, cuya solución constituyó prioridad del Ministerio. El fortalecimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria era fundamental para que pudiera actuar como la única instancia de definición de política 19 y de asignación de recursos públicos para la investigación sectorial, por lo que el Ministerio propendió por cambios en su forma de funcionamiento que le permitieran cumplir técnica, estable y objetivamente tal función. El despegue de CORPOICA —la principal entidad de investigación agropecuaria que surgió como resultado del proceso de reforma analizado— y de las demás corporaciones mixtas que se habían creado, o que estaban en proceso de creación, el traslado a ellas del personal y de los equipos e infraestructura requeridos que venían haciendo parte del ICA y, en especial, la delimitación y la precisión de las funciones y actividades que debería adelantar cada entidad 20 , indispensable para el buen funcionamiento del nuevo esquema, ocuparon lugar prominente entre las preocupaciones y esfuerzos del Ministerio.
Por su parte, la transferencia de la tecnología generada y de la adaptada en el país continuaba siendo un cuello de botella para el mejoramiento de la productividad y de la competitividad sectoriales. Desde mediados de los ochentas se identificó este escollo, por lo que en 1987 se dieron los primeros pasos para descentralizar esta función, al trasladarla a los municipios, y para implantar un sistema de apoyo que les permitiera realizarla eficientemente. En 1989, el decreto 1946 creó y reglamentó dicho sistema y, al poco tiempo, el Ministerio inició conversaciones con la banca multilateral con el fin de conseguirle financiación. En el transcurso de las dilatadas negociaciones se fue formulando un completo programa para facilitar el montaje del sistema y para apoyar sus puntos débiles, al cual se motejó PRONATTA (Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria) —enriqueciendo así las innumerables siglas que se manejan en el sector. No obstante, en 1993 la negociación del crédito aún no había terminado, lo que obstaculizaba el adecuado funcionamiento del SINTAP y su aporte a la tecnificación del agro.
El equipo directivo del Ministerio se propuso culminar la formulación del PRONATTA y la negociación del préstamo con el Banco Mundial, lo que logró en el primer semestre de 1994. En dicho año se inició, además, la financiación de los proyectos prioritarios que formaban parte de dicho programa con recursos del presupuesto nacional y se fortaleció la estructura institucional para su manejo, adscribiendo su funcionamiento directamente al despacho del viceministro y creando una unidad técnica especializada, pequeña y de alto nivel. Comenzó, también, un ambicioso programa de formación de capacitadores que apoyen a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), encargadas de prestar el servicio a los pequeños productores, y se incrementó sustancialmente la partida de cofinanciación del DRI para contar con recursos de asistencia técnica en todas las secretarías departamentales de agricultura y en la gran mayoría de los municipios del país. Gracias a esta activa promoción del Ministerio, la cobertura de las UMATA, que se había estancado en los primeros años de la década, se amplió de 570 a 980 municipios.
Las acciones descritas sentaron las bases para que los procesos de generación, adaptación, transferencia y adopción de tecnología superen las dificultades que afrontaban y puedan hacer un aporte decisivo al mejoramiento de la productividad y de la competitividad sectoriales. La promoción de los nuevos paradigmas de desarrollo tecnológico y la puesta en marcha de una estructura institucional moderna y ágil para los sistemas de generación y de transferencia de tecnología eran indispensables para ello. Se requería, igualmente, incrementar sustancialmente los recursos públicos asignados a estas actividades, ya que han sido históricamente muy bajos, no sólo comparado con los destinados por países desarrollados, sino incluso en relación con los sufragados por naciones con similar grado de desarrollo. Esta prioridad, iniciada en el gobierno anterior, en especial con la negociación del crédito del PRONATTA, va a recibir nuevos aires en el actual gobierno, según se desprende de los diversos documentos CONPES sobre política agropecuaria y política científico - tecnológica 21 .
Más aún, diversas variedades obtenidas en el país eran, después de probadas y difundidas en el mercado nacional, comercializadas en otras naciones, sin que quienes habían realizado el esfuerzo y la inversión en Colombia recibieran alguna retribución. En general, a las entidades públicas de investigación, y a sus científicos, no les estaba reportando ninguna gratificación la labor desarrollada en esta materia, y eran terceros, que ningún esfuerzo habían hecho, los que se beneficiaban económicamente de los resultados.
En consecuencia, se imponía expedir una legislación que protegiera la actividad investigativa. Tras realizar numerosos seminarios y talleres, en los que se asesoró de expertos nacionales e internacionales en la materia, el Ministerio presentó al Congreso un proyecto de ley para proteger las obtenciones vegetales, al tiempo que inició la discusión del tema con sus similares del Grupo Andino. Cabe resaltar que, al promover la adopción de este mecanismo de protección, implícitamente se desechó la fórmula de patentar las innovaciones agrícolas, fórmula que sólo ha sido adoptada por muy pocas naciones. En octubre de 1993, se aprobó finalmente la Decisión 345 del Grupo Andino sobre el tema, la cual contenía sólo modificaciones menores respecto al texto debatido y aprobado en primer debate en la Comisión Quinta del Senado. Por esta razón, y teniendo en cuenta que la norma andina se convirtió de inmediato en legislación colombiana, se suspendió el trámite del proyecto de ley en el Congreso. Mediante el Decreto 533 del 8 de marzo de 1994, el Gobierno colombiano dio plena aplicación a la Decisión 345, encargando al ICA el registro de obtentores 22 . De manera consciente con esta decisión, el país inició en abril de 1994 las gestiones para adherirse a la convención de la Unión de Protección a las Obtenciones Vegetales (UP0V) firmada en 1974 23 .
La normatividad aprobada buscó proteger a quienes inviertan en investigación genética, pero sin afectar los derechos de los investigadores, de los agricultores y de las comunidades nativas. Para el primer caso quedó establecido que una variedad obtenida y registrada puede utilizarse en procesos de investigación posteriores tendientes a generar nuevas variedades, sin tener que pagar por ello, las cuales, una vez obtenidas, deberán demostrar sus características propias —y diferentes respecto a las demás— para poder ser incluidas en el registro respectivo. En relación con el segundo, se definió que un agricultor que utilice semillas provenientes de una variedad registrada podrá, sin sufragar nada adicional, seleccionar los mejores frutos para continuar usándolos como semilla en posteriores siembras, de manera indefinida. Respecto a las terceras, la norma no abocó el caso de los recursos genéticos nativos, o de los que han sido conservados, o incluso mejorados, por las comunidades donde ellos se encuentran, sino únicamente el de las variedades que se han obtenido a través de un proceso científico. De acuerdo con la Decisión 345, este tema deberá ser objeto de normatividad andina especial que aún no ha sido expedida.
De esta manera, se garantizó la propiedad intelectual sobre los resultados de la investigación —lo que, a no dudarlo, dará un impulso a la labor pública y privada de fitomejoramiento—, sin generar sobrecostos para los agricultores, ni poner en peligro los principios de protección a los recursos genéticos nativos y los derechos de las comunidades nativas consagrados por la Cumbre de la tierra en 1992.
Impulso a la adecuación de tierras
Con el objeto de superar dichos problemas, el Ministerio promovió una nueva política de adecuación de tierras que buscaba incentivar al sector privado a invertir en este campo, promover la participación de más entidades públicas y, sobre todo, privadas en la ejecución de los proyectos y vincular a los usuarios dé las obras a todo el proceso, desde la identificación y diseño hasta el posterior manejo de los distritos. La base de tales cambios fue la expedición de la Ley 41 de 1993, la cual creó el Consejo Superior de Adecuación de Tierras (CONSUAT) corno instancia de coordinación de la actividad sectorial y órgano consultivo del Ministerio para la definición de la política, en cuyo seno cuentan con vocería los usuarios, los gremios y los campesinos; constituyó el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT), como ente financiador; estableció como organismos ejecutores, además del HIMAT, —transformado posteriormente en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT—, a las entidades públicas o privadas autorizadas por el CONSUAT; reglamentó las asociaciones de usuarios y su forma de participación en todas las etapas de los proyectos, la cual se vuelve obligatoria; señaló los parámetros a tener en cuenta en la determinación de los proyectos prioritarios, y definió los incentivos a otorgar al sector privado para que adecue tierras, desarrollando un sistema de subsidios que, aunque beneficia a todos los productores, tiene una incidencia claramente redistributiva.
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13. Véanse algunas consideraciones adicionales sobre estos temas en el capitulo sexto de este libro.(Regresar)
14. Dadas las dificultades por las que atravesaban los algodoneros, no destruyeron buena parte de las socas de la cosecha en la Costa, lo que amenazaba con crear un problema sanitario de características mucho mayores al ya existente. Para atacar el problema, el gobierno procedió a destruir las socas que quedaban, y a establecer regulaciones, incluida la declaratoria de emergencia sanitaria en la zona.(Regresar)
15. La competitividad del algodón del Cesar, y de otros departamentos, en especial del Caribe seco, se había deteriorado por diversos factores, dentro de los que se contaban la muy escasa utilización de riego -que determinaba la obtención de rendimientos muy inferiores a los reportados con riego- y la virtual inexistencia del control integrado de placas -lo que había conllevado a la necesidad de fumigar hasta veinte y más veces en una misma cosecha, incrementando desmesuradamente los costos de producción. Por eso, el plan establecido para este cultivo hizo énfasis en incentivar la construcción de pozos, opción más económica para regar en la zona, e inició con los algodoneros la discusión relativa al control de las plagas por métodos diferentes a los químicos. Aunque esta línea fue utilizada muy parcialmente, fue el primer ejemplo del incentivo a la capitalización rural, que tendría precisamente su desarrollo inicial más destacado en el caso de inversiones en riego (ver más adelante).(Regresar)
16. A pesar de que el arroz es uno de los cultivos en que el país presenta altas productividades y ventajas comparativas, fue golpeado por la crisis. Fuera una cosecha abundante y de unas importaciones previas del IDEMA de dudosa necesidad, el mercado interno recibió flujos del grano procedentes de Venezuela que contribuyeron a su sobre abastecimiento. Inicialmente los arroceros colombianos demandaron por subsidios al vecino país ante la Junta d Acuerdo de Cartagena, demanda que fue apoyada por el gobierno. No obstante, luego de un informe preliminar que reconocía la existencia de subsidios en ese país cercanos al 10% del valor de la producción, se logró negociar un acuerdo con el gobierno venezolano para administrar el comercio fronterizo, por lo que se desistió de la demanda. Acuerdos similares ya se habían efectuado en el caso de la papa y el azúcar colombiano, aunque en este último no habían participado los gobiernos.(Regresar)
17. Una parte sustancial de los impuestos al consumo de cigarrillos iban a engrosar los fiscos departamentales, razón por la cual los mandatarios territoriales se oponían a la rebaja de ellos. El Gobierno Nacional argumentaba que la rebaja permitiría a la industria colombiana recuperar una porción fundamental del mercado, por lo que el impacto de las finanzas departamentales no debería ser muy grande, pues, aunque disminuía el impuesto pagado por unidad, aumentaba la base gravable. Este argumento no venció, por completo, la resistencia de los gobernadores a la medida, por lo que fue necesario completarla con mecanismos que los compensaban del riesgo de deterioro de dichas finanzas.(Regresar)
18. La Ley 29 de 1990, y los decretos que la desarrollan, tales como el 393 y el 591 de 1991, establecieron un marco normativo y flexible para la labor de investigación y desarrollo tecnológico, el cual fue propuesto por grupos de investigadores como solución a los problemas que enfrentaba la actividad oficial en este campo.(Regresar)
19. En sentido estricto, la definición de la política es potestativa del Presidente de la República y de su respectivo Ministro. No obstante, el Consejo mencionado, que es presidido por el Ministro de Agricultura -o por su delegado, que debe ser un viceministro- y en el cual tiene asiento el Director de Colciencias, debería en la práctica cumplir el papel de definir la política científica y tecnológica para el sector.(Regresar)
20. La complejidad y profundidad de la reforma abocada generó, como es obvio, numerosos problemas durante el período de transición. Estos fueron más graves porque la reforma se basó en una disposición que consagraba facultades muy limitadas para efectuarla, dado que no permitía crear nuevas entidades, ni dividirlas existentes. Por ello, aunque lo que se deseaba era especializar completamente al ICA en labores de prevención y control (sanidad y control de calidad de insumos) y relevarlo de actividades en el campo de investigación y transferencia tecnológica, fue necesario dejarle algunas funciones en este terreno, en particular en la financiación y el seguimiento a las actividades de investigación de las corporaciones mixtas en las que participa como socio. Esta situación hizo aún más compleja la reforma y contribuyó a generar conflictos en el proceso de transición, a los cuales el Ministerio debió dedicar considerable tiempo. El nuevo gobierno decidió culminar este proceso de separación de funciones, como se desprende del documento CONPES "Programa de Modernización Agropecuaria y Rural" (DNP y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1994b), para lo cual tendrá que tramitar un proyecto de ley.(Regresar)
21. Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (1994b y 1995); Departamento Nacional de Planeación y COLCIENCIAS (1994).(Regresar)
22. Cabe anotar, sin embargo, que por demoras administrativas, este registro sólo se abrió en forma definitiva a mediados de 1995.(Regresar)
23. Se prefirió ésta a la convención de 1991, que se acerca más al principio de patentabilidad y que ningún país ha ratificado todavía.(Regresar)
24. Para un análisis de este tema, ver Departamento Nacional de Planeación (1977 y 1985) y Perry (1983 y 1990).(Regresar)