Causas de la independencia y dificultades iniciales de la república

No siempre se acentúa con el énfasis necesario que una de las coyunturas que hizo posible la desmembración de las colonias ultramarinas de la Corona española fue, no solo el hecho de la invasión napoleónica al territorio español, sino el muy diciente de la bancarrota de la metrópoli, a la que había llegado en primer lugar por la inflación provocada por el torrente de oro y plata sacado de América e incorporado al flujo de una economía como la suya de poca solvencia para resistirlo. En el reinado de Felipe V de Borbón, la Hacienda Real ya se encuentra arruinada. En 1718 todavía el derecho de amonedación, por ejemplo, es una regalía que se concede a ciertos personajes "por servicios a la Corona", y tal privilegio se discierne hasta 1749. A la muerte de Felipe V, su hijo Fernando VI reincorpora a la Corona el control directo de la amonedación. La Casa de Moneda, ya oficializada, se inició en Santafé el 12 de julio de 1753, por Ordenanza de 1751 (diciembre 13). La de Popayán, debido a una serie de alternativas que dan principio en 1729 solo entra en funciones en 1770.

Estas vicisitudes de la moneda dan buena cuenta de los asfixiantes problemas por los que estaba atravesando la Corona española. Y en esta situación la ley de la moneda se presta a un descenso de su calidad, que va de los 22 kilates en 1751 hasta su disminución en 1771 a 21 kilates y 2 1/2 gramos, para la moneda de oro. Esta rebaja de la representatividad monetaria se mantuvo en secreto, bajo juramento Una nueva disminución llego en 1786 a los 21 kilates, con el mismo sigilo y la misma prevención juramentada Esta política turbia de relajación de la moneda se llamó "Del extraordinario", falta de honorabilidad de la que se dieron cuenta los países extranjeros, por los ensayes a que sometieron este oro amonedado.

Una de las razones aducidas por España para la implantación de esta política se refería a la disminución de la ley de la moneda practicada por otros países, entre ellos Francia, pese al casi nulo comercio que con ella se mantenía (con referencia a las colonias, se entiende).

La razón de traer a cuento en la presente historia estos fenómenos es la de poner de presente la crisis española en el albor mismo de la independencia de sus colonias, la actitud inmodificable suya en la política económica sobre estas, a pesar de que los acontecimientos revolucionarios se veían venir con meridiana claridad, y, sobre todo, la herencia de penuria que la metrópoli deja a la naciente república.

No es posible desentenderse de que, pese a la situación española y a la de sus reinos ultramarinos, subsiste tenazmente el monopolio del comercio, consistente en la fijación del lugar y el número de almacenes o tiendas que podían tener los comerciantes granadinos para que no compitieran con los españoles, que eran la casta privilegiada, de lo que ya protestaron los Comuneros en 1781 ⁽⁸⁾.

En 1810, en el Manifiesto sobre los motivos que obligaron al Nuevo Reino de Granada a reasumir su soberanía, después de la reconquista española ⁽⁹⁾, aparece lo siguiente: "Nada se permitía hacer a los americanos. El doctor Lazo plantó lino en Bogotá: el gobierno reprobó aquel plantío. El doctor Leyva puso algunas cepas en Sutatenza: el gobierno las arrancó. Girón costeó la fábrica de paños de Quito: el gobierno dio en tierra con la fábrica y Girón. En Santafé puso don Juan de Y llanes un batan: el gobierno se lo impidió y quiso desterrarle. Pierri estableció una fábrica de sombreros: el gobierno puso mil trabas a su proyecto, y si aún subsiste es a la sombra del nuevo gobierno"^(lO).

En la agricultura ocurría otro tanto: se encontraba entrabada en su desarrollo; e igual obstrucción sufrían la industria y el comercio, a lo que debe agregarse el celo porque las colonias fuesen a comerciar con terceros, esto es, con otros países, lo que llegó a erigirse en pecado. Es este el fondo económico sobre el cual reposa la necesidad de la emancipación granadina ⁽¹¹⁾. Son inútiles las campanadas de advertencia que se hacen a la Corona. En el Memorial de Agravios, Camilo Torres demuestra inútilmente que "la riqueza del reino no está en las explotaciones mineras sino en el cultivo de la tierra y la expansión del comercio" (Abel Cruz Santos, en Economía y Hacienda Pública).

Todavía, ya proclamado el grito "contra el mal gobierno" el 20 de julio de 1810, el 25 de septiembre de ese mismo año Camilo Torres y Joaquín Gutiérrez increpan a España en el Manifiesto de ser "incapaz de abastecer de manufacturas a la colonia", frase que debe retenerse por cuanto denota el desarrollo de la capacidad de consumo de esta y la nula capacidad de la nación española para satisfacerla, diezmada por la indiscriminada afluencia de oro a la metrópoli y por la desastrosa guerra en la que se traba con Inglaterra, surgida ya como el nuevo sol de la economía (la industrial).

Más adelante, el Manifiesto se expresa así: "... y no obstante, impide que las colonias se provean de otros países", lo que revela que España había permanecido en sus trece, aún a las puertas de la sublevación colonial, sin modificar un punto su política extraña. La Corona continuó demostrando que su único interés en América fue el de la exacción de los recursos humanos y naturales en provecho exclusivo de su economía, entendiendo por naturales el saqueo de las minas de oro y plata.

De esta forma, las vías de comunicación como vehículos para la extensión del comercio interior no estuvieron en mira dentro de los planes de los gobiernos de la colonia, y no solo eso, sino que este se opuso resueltamente a que los particulares emprendieran obras de tal naturaleza, aún por su cuenta. En vísperas del "20 de julio", el 24 de mayo de 1810, el Visitador regio don Antonio de Villavicencio, señala en informe al virrey Antonio Amar y Borbón, que gran parte del descontento radica en las dificultades acarreadas por la falta de comunicaciones, tanto terrestres como fluviales, lo que igualmente es signo del crecimiento de la economía colonial, como resultado del trabajo indio, primero, y luego también del negro.

En páginas anteriores se ha esbozado el marco de los actores interesados en el logro de la independencia. En él figuran, en primer lugar, los terratenientes, forjados bajo el proteccionismo de la Encomienda ⁽¹²⁾, En segundo, los comerciantes, en especial los no españoles. En tercer lugar, los profesionales y, en general, la gente ilustrada, cuyas actividades eran estorbadas cuando no habían nacid6 en España. Y, en cuarto término, la población dependiente de una u otra forma del régimen peninsular español, dentro de la cual la clase trabajadora, de indios, mestizos, negros y mulatos.

De estas clases y capas las superiores habían llegado a un grado de desarrollo económico, político y social, por virtud de la plusvalía acumulada, de suerte que solo les faltaba un gobierno propio para regular el nuevo orden que correspondiera a sus intereses. Pero, de todos modos, tanto estas como las demás clases y capas pudientes se presentaban en un grado de desarrollo comprimido, a causa de los mismos controles ejercidos por la asfixiante política de la Corona. Y en cuanto a las tareas del gobierno, aparecían como gentes bisoñas por haber estado alejadas de ellas, por cuanto el exclusivismo peninsular se transfería también a las funciones de administración de la colonia.

Ahora bien. Si esta era la situación que confrontaban las clases de latifundistas, comerciantes y profesionales no españoles, fácil es entender cuál sería la de las clases descendentes en la escala social, la de las capas, estamentos y trabajadores sometidos a esclavitud, sin descontar a los indios, en su actitud de rebeldía frente a España.

Lo cierto es que no existía una capacidad suficiente para asumir las tareas de gobierno, después de finalizada la contienda. Las vacilaciones toman por entonces carta de naturaleza. Las primeras contiendas intestinas tienen por causas dos polos: centralismo y descentralismo, libre cambio y proteccionismo, esclavitud y libertad, impuestos directos o indirectos, y en torno a estos postulados se hace cada vez más ardorosa la discrepancia entre los dirigentes de la nueva situación.