La Economía del Virreinato (1740-1810)

Por: Jaime Jaramillo Uribe

LA MINERÍA

La economía del Nuevo Reino de Granada durante el período colonial reposó básicamente sobre la producción minera, en especial la de oro. Por lo menos hasta 1780 este metal precioso representó casi el 100% de las exportaciones; sólo en las dos últimas décadas del siglo XVIII, cuando la Corona española hizo un esfuerzo para aumentar y diversificar las ventas externas, se redujo levemente su importancia como elemento dinámico del comercio exterior. Aun entonces, siguió representando el 90% de las exportaciones. El 10% restante la constituían productos agrícolas y pecuarios como el algodón, el cacao, el azúcar, el palo de tinte, la quina y los cueros.
La minería del oro fue, pues, el sector inductor de los otros campos del desarrollo económico. El oro no sólo impulsó e hizo posible el comercio interno y externo, sino también el desarrollo agrícola, ganadero y manufacturero, creando en las zonas mineras un mercado para los productos agrícolas y ganaderos de varias provincias y para los lienzos y ropas que se producían en Quito, Pasto y las provincias de Tunja y Socorro. Sin exageración puede decirse que toda la economía del Virreinato estaba vinculada a la producción de oro y que las coyunturas de alza o baja que ésta sufría se traducían en depresiones o bonanzas de la economía general.

1. Los distritos mineros

Quizá no exageraban los informes y leyendas coloniales al afirmar que en todo el territorio del Nuevo Reino de Granada había oro y que éste era el país de Eldorado. Por lo menos así lo indicaban los filones de las Cordilleras Central y Occidental y las arenas y placeres de los ríos que fluían hacia el Pacífico, el Cauca y el Magdalena, no menos que las minas existentes en la región oriental, el llamado Reino en la terminología administrativa colonial. Desde luego, ni la calidad de las minas ni sus posibilidades de explotación eran las mismas en todos los lugares y desde un principio hubo ciertos distritos mineros que fueron el centro de la producción. Tales, en los siglos XVI y XVII, fueron Antioquia, Popayán y Mariquita en el occidente, y Pamplona y Girón en el oriente. Estas últimas villas habían entrado en franca decadencia a comienzos del siglo XVIII y algo semejante ocurrió con las minas de Remedios, Cáceres, Zaragoza, Segovia y Guamoco en Antioquia, lo que obligó a los mineros antioqueños a trasladarse al centro de la provincia, donde se desarrolló un nuevo ciclo de producción alrededor de las ciudades de Santa Rosa de Osos y Rionegro. De esta manera, fueron la pequeña minería antioqueña, localizada en estos últimos distritos, y la colonización del Chocó, las que dieron el gran impulso al crecimiento de la producción aurífera en el siglo XVIII (véase al respecto el cuadro 2.1).

2. Las minas

Hubo en la época colonial varios tipos de minas, las llamadas de veta o filón y las de aluvión. Las primeras estaban localizadas en terrenos rocosos y en ellas existía una veta de oro o plata, o de una mezcla de ambos, que penetraba en la montaña. En las de aluvión el metal estaba contenido en los playones de los ríos o en las terrazas vecinas a éstos. Estos terrenos auríferos eran también llamados “placeres”. Además de estos dos grandes tipos de minas existía también la explotación de los llamados “oros corridos”, que eran los metales que arrastraban en sus aguas ríos y quebradas. La consideración de los dos grandes tipos de veta y aluvión es importante, porque de tales minas se extraía el mayor volumen de la producción minera y porque la tecnología e inversión requeridas para su explotación eran diferentes. Las minas de filón exigían una tecnología más compleja y una inversión mayor por parte del minero. Para extraer el metal era necesario abrir largos túneles o galerías, extraer el mineral, triturarlo y luego separar el oro y la plata de las llamadas “gangas”, fuera por el procedimiento de la amalgamación con el mercurio o azogue o por procedimientos más lentos como el lavado. Robert West y otros historiadores de la minería colonial afirman que los indígenas prehispánicos sólo explotaron minas de filón en forma limitada, pues sus instrumentos de trabajo no les permitieron una explotación amplia de ellas. Los españoles explotaron filones en las minas de Remedios y Buriticá en Antioquia, en los siglos XVI y XVII, pero ya en el XVIII, según el testimonio de Francisco Silvestre, su explotación estaba prácticamente abandonada en todo el territorio del Nuevo Reino. Por excepción se mantenían en actividad algunas minas en el Cauca y Antioquia, en Santa Rosa, Buriticá, Timbiquí y Marmato. Las razones de este hecho fueron varias. Sin embargo, la más importante fue el descubrimiento de los placeres y aluviones del Chocó, de fácil explotación y menores exigencias de tecnología e inversión, que atrajeron los capitales del Cauca y Antioquia.

En estas condiciones, en la época del Virreinato la minería neogranadina llegó a ser casi exclusivamente de aluviones y placeres. Había dos formas de actividad y de mineros; las minas propiamente dichas, donde un empresario minero con capital suficiente para tener una cuadrilla de esclavos explotaba un territorio de su propiedad. Una o varias de ellas constituyeron los llamados Reales de Minas, unidades administrativas creadas por las autoridades españolas para ejercer el control de la producción de oro y hacer efectivos los derechos fiscales de la Corona. La otra forma fue la minería libre practicada por pequeños y medianos mineros de poco capital, generalmente familias dedicadas a la extracción de oros corridos de ríos y quebradas, o a la explotación de placeres y aluviones, llamados “aventaderos”, situados fuera de la zona de las grandes minas, incluso en terrenos antiguamente explotados por los grandes mineros. Estos pequeños mineros o mazamorreros fueron numerosos, especialmente en Antioquia. Su instrumental se reducía a una especie de azada manual llamada almocafre, algún barretón, una pala para remover el material y una batea para separar el oro de sus gangas mediante un movimiento de rotación. Según el historiador Restrepo, en las últimas décadas del siglo XVIIII los mazamorreros producían cerca del 80% del oro que se extraía en Antioquia. En constraste con la empresa minera esclavista predominante en el Cauca, los mazamorreros contribuyeron a la formación de una sociedad más abierta y dinámica en Antioquia, fenómeno que ha sido destacado por varios historiadores de la sociedad antioqueña, especialmente por Alvaro López Toro en su estudio Migración y Cambio Social en Antioquia.

3. Producción

Desde comienzos del siglo XVII la economía neogranadina del oro entró en un período de profunda depresión, que llegó a su punto más bajo de 1620 a 1640. El descenso de la población indígena había creado una crónica penuria de mano de obra en la agricultura y la minería, que no era sustituida con la creciente población mestiza ni con la reducida introducción de esclavos africanos que tendrá su gran impulso en la centuria siguiente. A la situación depresiva no sólo contribuían los factores internos, sino también los externos, pues, como es sabido, el XVII fue también un siglo de crisis para la economía española, en contraste con el XVIII, que será un período de crecimiento y modernización en todos los órdenes de la vida social y económica. Los efectos de este nuevo impulso de las energías nacionales de España, debido en gran medida a las políticas desarrolladas por los monarcas de la nueva dinastía de los Borbones, no dejaron de sentirse en su imperio colonial. El gran esfuerzo español para mantener el carácter de potencia europea y hacer frente al ascenso de Inglaterra, Francia y Holanda, se hizo también presente, con diferentes intensidades y diversos resultados, en los territorios americanos.

Los cálculos de la producción aurífera de la Nueva Granada durante el período colonial siempre se han visto afectados por cierto grado de incertidumbre. La base empleada por los investigadores del tema ha sido el monto del impuesto pagado por los mineros al llevar el metal a las Casas de Moneda de Santa Fe y Popayán para ser fundido, acuñado y quintado, es decir, para fijar el quinto, gravamen fiscal que pesaba sobre la producción minera. En las primeras etapas de la conquista y la colonización el quinto fue lo que literalmente significaba: la quinta parte o el 20% del oro producido por las minas de oro y plata. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVII, como estímulo a la producción y como alivio de la difícil situación financiera de los mineros, la Corona otorgó consecutivas rebajas. En la primera mitad del siglo XVIII se cobró el llamado quinto y cobo que representaba el 6.5%, y a partir de 1777 el gravamen se estabilizó en el 3%.

Aunque las cifras establecidas sobre dicha base representan el dato más cercano a la realidad y constituyen un indicador cierto de la tendencia secular de la producción y de sus efectos sobre el desarrollo económico del período, quedará siempre un margen de duda sobre la producción real, pues sabemos que una parte de ella evadía el pago del quinto valiéndose del contrabando, cuya magnitud es imposible considerar con algún grado de certeza. Se sabe que era considerable el que se hacía a través del río Atrato y los puertos del Pacífico. Para efectuar sus cálculos, algunos autores han atribuido una cifra hipotética al metal que salía ilegalmente. Humboldt lo apreció en $300.000 anuales, el Virrey Ezpeleta lo calculaba en una suma no mayor de $200.000, y William Sharp, en su estudio sobre la rentabilidad de las minas en el Chocó, acepta como realista la hipótesis de que no menos del 50% evadía el impuesto mediante el contrabando y el comercio clandestino. Para las primeras décadas del siglo XIX, informes de los altos funcionarios de la Casa de Moneda de Bogotá le permitían al cónsul británico, señor Henderson, afirmar que el contrabando podía representar hasta otro tanto del oro legalmente registrado y que la producción de la Nueva Granada en las últimas décadas del Virreinato alcanzaba la cifra de 5.000.000, es decir, el doble del monto dado por las cifras oficiales, que fluctuaron durante ese período alrededor de $2.500.000 anuales. El historiador Restrepo, sin embargo, con mejor idea sobre la honestidad de los mineros granadinos, pensaba que los datos de las casas de moneda sobre el oro acuñado y quintado eran confiables y representaban cifras muy cercanas a la realidad (véase el cuadro 2.2).

CUADRO 2.2
AMONEDACION DE ORO EN EL NUEVO REINO
DE GRANADA, 1700-1809
(Miles de pesos; Casas de Santa Fe y Popayán)

 

 

 

 

CUADRO 2.2
AMONEDACION DE ORO EN EL NUEVO REINO
DE GRANADA, 1700-1809
(Miles de pesos; Casas de Santa Fe y Popayán)

 

 

 

 

 

 

 Total Promedio Anual
1700 - 04
1705 - 09
1710 - 14
1715 - 19
1725 - 29
1730 - 34
1735 - 39
1740 - 44
1745 - 49
1750 - 54
1755 - 59
1760 - 64
1765 - 69
1770 - 74
1775 - 79
1780 - 84
1785 - 89
1790 - 94
1795 - 99
1800 - 04
1805 - 09
1452
1855
1958
2938
2806
3573
3267
4676
4790
5322
5799
6824
6161
7334
7450
8894
9134
10389
11835
11441
11644
290
371
382
587
561
715
653
935
958
1064
1160
1365
1232
1467
1480
1779
1827
2079
2367
2288
2329

FUENTE: Jorge Orlando Melo, op. cit. 4. Problemas, limitaciones y rentabilidad

Al examinar el panorama general de la minería neogranadina en las últimas décadas del período colonial se observan ciertos problemas y ciertos obstáculos que retardaban el avance de la producción al ritmo que podría esperarse de los recursos potenciales. Uno de ellos era la falta aparente o real de capital de inversión, especialmente en el recurso que los mineros consideraban decisivo para su desarrollo: el aumento de las cuadrillas de esclavos. Desde comienzos del siglo son constantes las quejas de los mineros de Popayán y el Chocó sobre la falta de brazos, como también las peticiones al Virrey en demanda de apoyo financiero para adquirirlos. A tales solicitudes la Corona respondía con ciertas concesiones, facilitando su importación, rebajando los derechos de aduanas que debían pagar e incluso eliminándolos, en 1791. Pero al parecer los mineros no hicieron uso de estas facilidades, quizá por ser la necesidad poco real, según lo sospechaba el Virrey Ezpeleta al anotar en su Relación de Mando que, una vez libre la importación, sólo se introdujeron 29 piezas para Antioquia y ninguna para Popayán, provincia donde los mineros más bien disminuían las cuadrillas del Chocó para trasladarlas a las minas de Caloto y Barbacoas o a las haciendas cañeras y ganaderas del Valle del Cauca. En cuanto a Antioquia, la explotación de las minas se hacía cada vez más con trabajadores libres y se dependía cada vez menos del trabajo esclavo.

Otro factor de lentitud en el crecimiento era la falta de tecnología apropiada y de conocimientos sobre las minas y su laboreo. En el gremio minero reinaba la rutina, como lo anotó el Virrey Mendinueta, “porque con ella extraen algún oro y plata y así se sostienen o hacen una regular fortuna”. Agregaba que la mayor parte de los mineros que se arruinaban era por carencia de conocimientos; no advertían que si faltos de máquinas, de dirección y de conocimientos conseguían beneficios, con ellos los obtendrían mayores y con menor esfuerzo. En una palabra, que faltaba espíritu empresarial.

No obstante los factores de incertidumbre, las estadísticas y cifras disponibles permiten establecer una tendencia sostenida hacia el crecimiento, al que Melo atribuye una tasa anual del 2%, superior al aumento de la población, que el mismo autor calcula en una tasa del 1%. Pero si las cifras de producción presentan particulares problemas estadísticos, mayores son los relacionados con la rentabilidad de las minas, que podría explicar la magnitud de las bajas sumas de inversión y el lento ritmo de crecimiento de la producción total.

El historiador norteamericano William F. Sharp ha hecho el único estudio sistemático que poseemos sobre la rentabilidad de las minas del Chocó en el período 1724-1804, analizando once casos. Sus conclusiones, desde luego, dependen de las cifras de producción real de las minas, para lo cual formula tres hipótesis: 1. tomando en cuenta sólo el valor de la producción registrada en las casas de moneda, es decir, la producción legal; 2. aceptando la exportación ilegal o de contrabando de un tercio de la producción; y 3. suponiendo que el contrabando podría llegar al 50%. En la primera, la rentabilidad era baja; en algunos períodos negativa y en otros positiva, pero inferior al 5%, en ese entonces la tasa media de interés del dinero. Sólo en el período de 1724 hubo una tasa de rendimiento del 9%. En la segunda hipótesis, aceptando que un tercio de la producción salía como contrabando, las rentabilidades fueron muy irregulares, pero presentaron una tendencia a bajar, con un ligero repunte hacia comienzos del siglo XIX: 1724, 22.04%; 1759, 12.69%; 1778, 7.96%; 1782, 5.16%; y 1804, 9.62%. Según la tercera hipótesis, es decir, suponiendo una exportación ilegal de la mitad de la producción, lo que el autor considera altamente probable, las cifras de rentabilidad serían altas: 1724, 34.32%; 1759, 12.69%; 1778, 7.96%; 1782, 5.16%; y 1804, 18.87%. La conclusión del autor es que la actividad minera en el Chocó fue rentable y también el empleo de mano de obra esclava. Los mayores costos de producción estaban representados por el capital invertido en los esclavos y en su manutención, que tal vez copaba el 75% de la inversión total. Una tercera conclusión sería que dentro de las diferentes alternativas que estaban al alcance, la mejor inversión, quizás con excepción del comercio de importación, eran las minas.

Germán Colmenares considera poco realistas los cálculos de Sharp en algunos casos, y Pedro Fermín de Vargas afirmaba en 1790 que pocas empresas mineras rentaban una suma de 8.000 pesos anuales. Agregaba que la mayoría de los mineros, aunque obtenían muy bajos rendimientos, se mantenían en la actividad “porque una vez se toma esa profesión se contrae una especie de manía que sólo se borra con la muerte”. Por otra parte, numerosos testimonios de funcionarios y mineros hablan de constante crisis, de los altos costos de los alimentos, el hierro y las herramientas; del alto valor de los esclavos —aunque en realidad el precio de éstos decreció en el transcurso del siglo— y de las cargas fiscales. Sin embargo, visto el proceso en su conjunto, es evidente que la actividad minera alimentaba la vida económica del Virreinato y permitía la acumulación de considerables capitales en manos de comerciantes y mineros —comerciantes caucanos y antioqueños— y que, especialmente en el caso de estos últimos, como lo han establecido en forma convincente Alvaro López Toro, Robert Brew y Ann Twinan, entre otros, el oro puso a su disposición los recursos monetarios que les permitieron jugar un papel preponderante en el desarrollo económico de finales del Virreinato y posteriormente en el siglo XIX.

5. Intentos de cambio y políticas de fomento

Puesto que la minería era el nervio de la economía y la “fuente de bienestar del reino”, como reiteradamente lo afirmaban los Virreyes, y puesto que América, y el Nuevo Reino de Granada en particular, estaban destinadas a producir materias primas y metales preciosos, según el modelo económico adoptado por la Metrópoli, la política de fomento minero fue una de las prioridades dentro de las reformas borbónicas adelantadas por España en sus colonias.

En efecto, por medio de inversiones estatales, de alivios fiscales, como las sucesivas rebajas al impuesto del quinto, de la libre importación de esclavos y hasta de una prima de 4 pesos concedida a los mineros por cada pieza importada y, finalmente, por intermedio de lo que hoy llamaríamos asistencia técnica, la Corona desarrolló una actividad política de fomento minero en México, Perú y la Nueva Granada. Con éxito muy relativo y con no pocos fracasos en el caso de Nueva Granada, como veremos luego. Dentro de esos esfuerzos debe incluirse el establecimiento de la Expedición Botánica y las actividades desplegadas por Mutis en las minas de Pamplona y Mariquita, así como la obra administrativa desarrollada por Francisco Silvestre como gobernador de Antioquia y la de Juan Antonio Mon y Velarde en calidad de visitador de la misma provincia en 1785. Mon y Velarde expidió nuevas ordenanzas de minas, siguiendo el modelo de las de México, para establecer orden en el caos jurídico de la propiedad minera que encontró en el territorio antioqueño; organizó la circulación monetaria, ordenando la sustitución del oro en polvo por moneda acuñada como medio de pago, y por medio de su reforma agraria trató de fomentar la agricultura para aliviar el costo de los consumos alimenticios en las zonas mineras.

Pero el mayor esfuerzo de fomento fue el realizado con miras a reconstruir las minas de plata de Mariquita, que habían entrado en definitiva decadencia desde comienzos del siglo. La Corona quiso no sólo recuperar este sector minero, sino establecer un verdadero modelo de lo que debería ser el nuevo curso de la industria minera del Virreinato.

Pero el mayor esfuerzo de fomento fue el realizado con miras a reconstruir las minas de plata de Mariquita, que habían entrado en definitiva decadencia desde comienzos del siglo. La Corona quiso no sólo recuperar este sector minero, sino establecer un verdadero modelo de lo que debería ser el nuevo curso de la industria minera del Virreinato. Para desarrollarlo se trajo a uno de los más renombrados sabios de la España Ilustrada, el ingeniero de minas Juan José D’Eluyar, descubridor del tungsteno, junto con su hermano Fausto. D’Eluyar traía la misión de ensayar en la Nueva Granada la nueva tecnología minera aplicada en Hungría por el barón de Born. El sabio español llegó a Santa Fe en 1785, siendo virrey el arzobispo Caballero y Góngora. Para ayudarlo se trajo una misión de ocho mineros alemanes. Tras cinco años de labores y una cuantiosa inversión estatal de $232.641, los resultados fueron muy precarios, pues las minas sólo habían producido plata por valor de $27.247. La empresa tuvo innumerables vicisitudes. Con pocas excepciones los mineros alemanes resultaron un fracaso, según informaba D’Eluyar al virrey; la mayor parte tenía sólo elementales conocimientos de minería y algunos eran analfabetos. Como eran protestantes, sus ideas religiosas dificultaron sus relaciones con el ambiente y las autoridades, pues hasta el virrey Ezpeleta, hombre ilustrado, recomendaba a D’Eluyar conseguir su reconciliación con la Iglesia como condición para que llegaran a ser productivos. Por otra parte, las relaciones de D’Eluyar con sus colaboradores inmediatos fueron muy conflictivas, al punto de terminar con un atentado contra su vida. En definitiva, el proyecto de Mariquita resultó un completo fracaso. En 1790 las nuevas inversiones solicitadas por D’Eluyar fueron rechazadas por Madrid, el proyecto se suspendió y el virrey Ezpeleta recomendó ofrecer las instalaciones en venta a crédito, lo cual se hizo, sin que se hubieran presentado postores.

LA AGRICULTURA

Si para establecer la situación real de la minería colonial el historiador enfrenta dificultades nacidas en la incertidumbre de los datos sobre la producción, éstas son mayores en el caso de la agricultura, pues aparte de algunos datos indicadores aproximados del valor de la producción, como el gravamen del diezmo que pesaba sobre la producción agrícola y ganadera, carecemos de la posibilidad de adelantar algún tipo de análisis cuantitativo preciso.

No obstante esta limitación, la historiografía colombiana sobre la agricultura colonial se ha enriquecido en los últimos decenios considerablemente, gracias a los estudios de Germán Colmenares sobre las haciendas de la provincia de Popayán y del Valle del Cauca en los siglos XVII y XVIII y sobre las haciendas de los jesuitas, y a los trabajos de Hermes Tovar sobre las empresas agrícolas del siglo XVIII, que abarcan muestras de la Costa Atlántica, la Sabana y el valle del Alto Magdalena. Contamos además con las contribuciones de Adolfo Meisel sobre La historia de las haciendas en la provincia de Cartagena. La historiadora norteamericana Ann Twinan ha dedicado un enjundioso capítulo a la agricultura antioqueña del siglo XVIII en su obra Mineros, comerciantes y labradores, que lleva como subtítulo Las raíces del espíritu empresarial antioqueño, 1763-1810. 1. Zonas regionales de producción

La clasificación más general y sencilla que podemos hacer de la producción agrícola colonial es la que surge de las condiciones geográficas. Hubo desde sus orígenes prehispánicos una agricultura de tierras cálidas, de tierras bajas interandinas y de costas marítimas; otra de tierras de vertiente, en la franja media de las tres cordilleras que cruzan el territorio nacional, y finalmente, una agricultura de tierras frías andinas. El clima y el relieve fueron, pues, los primeros elementos diferenciadores, en cuanto a los productos característicos de cada región o zona. Con la conquista y la colonización españolas, las nuevas formas de la tenencia de la tierra, las relaciones y sistemas de trabajo, las nuevas tecnologías agrícolas y ganaderas, así como los específicos elementos demográficos y étnicos que produjo el mestizaje, introdujeron en el curso del desarrollo histórico otros elementos de diferenciación regional en las características de la agricultura y de la sociedad rural.

Para efectos de una descripción general dividiremos el territorio del Virreinato en cuatro grandes regiones: 1. La Costa Atlántica, que denominaremos por antonomasia la Costa, pues en la época no existió una agricultura de significativo desarrollo en la Costa Pacífica; 2. La provincia de Popayán, que incluía el Valle del Cauca y la provincia de Pasto; esta última política y administrativamente pertenecía a la Audiencia de Quito, eco-nómicamente estaba ligada al Virreinato de la Nueva Granada; 3. El oriente andino formado por la Sabana de Bogotá, Boyacá y los Santanderes, entonces provincias del Socorro y Pamplona; y 4. El centro andino que incluía Antioquia y las provincias de Neiva y Mariquita.

La Costa, cuya unidad de producción fue esencialmente la gran hacienda, era primordialmente ganadera y agrícola. Algunas de sus haciendas llegaron a especializarse en ganado, y cuando eran mixtas, producían generalmente caña de azúcar, destinada a la producción de mieles para la fabricación de aguardiente. Junto a la caña se producía maíz, yuca, plátano y otros productos alimenticios destinados al consumo de su propia población y al mercado de Cartagena, donde estaba también el mercado del ganado y de productos pecuarios como el sebo y el cuero. Este último llegó a ser también un importante producto de exportación. La zona oriental, que incluía las provincias de Santa Marta, Riohacha y La Guajira, y al sureste el Valle de Upar, producía también ganado y algunos productos exportables como algodón, palo de tinte, mulas y caballos para la exportación a territorios antillanos ingleses y holandeses, generalmente por conducto del contrabando.

La provincia de Popayán, que como lo hemos dicho incluía el Valle del Cauca, abastecía los consumos de sus villas y ciudades y enviaba ganado y productos agrícolas a sus propias minas de Almaguer, Caloto y Barbacoas y a los distritos mineros del Chocó y Marmato.
Las provincias andinas de la región oriental, Santa Fe, Tunja, Vélez, el Socorro y Pamplona, tenían un cierto grado de especialización. Santa Fe y la Sabana producían ganado, papa, trigo y harina de trigo para los mercados inmediatos y para el de Cartagena, antes que sus harinas fueran desalojadas por las extranjeras. Este último fenómeno se inició a comienzos del siglo cuando la Corona española suscribió con Inglaterra el tratado de asiento que dio a ésta el monopolio del comercio de esclavos y el privilegio de traer anualmente el llamado “navío de permiso”, en el cual junto con los esclavos, se introducían subrepticiamente mercancías, especialmente harinas de trigo. El desalojo de las harinas del Reino en el mercado de Cartagena se acentuó a partir de 1778 con la aplicación del Estatuto del Comercio Libre y la autorización del intercambio con los países neutrales durante el período de guerra con Inglaterra, en 1779.

Vélez y el Socorro producían caña para la producción de mieles destinadas a la fabricación de aguardiente, panela y azúcar para el consumo local y para la fabricación de conservas de frutas. Producían también algodón para alimentar las manufacturas de lienzos. Cúcuta y Pamplona, a más de productos de consumo local, producían cacao para la exportación hacia México por la vía de Maracaibo.
Las provincias de Neiva y Mariquita, asientos de las más ricas y productivas haciendas ganaderas y agrícolas de los Jesuitas, producían ganado para el engorde en la Sabana de Bogotá, para el consumo de carnes en los distritos mineros de Popayán, el Chocó e incluso Quito. Producían también cacao, panela, azúcares y mieles para la fabricación de aguardiente, artículos que se comercializaban en el mercado de Honda. Antioquia, cuya economía era esencialmente minera y comerciante, presentaba un desarrollo agrícola limitado al abastecimiento de los mercados locales de Medellín, Rionegro y Santa Fe de Antioquia y de las zonas mineras de su propio contorno.
¿Cuánto valía y cómo evolucionó la producción agrícola en los últimos decenios del régimen colonial? Es algo que hasta el momento no podemos calcular. El único dato que nos permitiría hacer una apreciación aproximada a la realidad sería el producido del impuesto del diezmo. Pero aun en el supuesto de tener series completas del valor de los remates hechos por los recaudadores, siempre quedaría un factor de incertidumbre, puesto que las recaudaciones debieron de ser superiores al valor pagado por los remates —que son la base de las pocas estadísticas de que disponemos hasta ahora— , ya que los rematadores debían obtener una utilidad.

De los pocos estudios de que disponemos actualmente, como el de Jorge Orlando Melo para la provincia de Popayán, podemos deducir que la agricultura participó del crecimiento general de la economía en el período virreinal. Según sus datos, los diezmos de la provincia, que incluía el rico Valle del Cauca, fueron rematados en 1746 por $21.382, y en 1800 por $41.285, lo que indicaría que la producción agropecuaria habría valido en la primera fecha $213.000 y en la segunda $412.850, es decir, que se habría duplicado en el lapso de 54 años. El crecimiento entre las primeras décadas del siglo y 1760 habría tenido una tasa anual de aumento del 2%. Entre 1760 y 1780 se habría presentado un descenso, pero a partir de esta fecha el crecimiento fue constante, y alcanzó una tasa del 3.2% en el Valle del Cauca.

En Antioquia también hubo ascenso en las últimas décadas del siglo. De los $3.843, que valió el remate en 1780, en 1896 ascendió a $12.155. Es decir, la renta había triplicado su rendimiento. Para el Arzobispado de Santa Fe y los distritos de Cartagena, Santa Marta y Popayán, excluido Panamá, el historiador Restrepo suministra la cifra de $408.000 como promedio anual de la renta de diezmos en el período 1800-1810, lo que indicaría una producción agropecuaria de $4.080.000 en la parte del virreinato que correspondía al territorio de la actual Colombia al finalizar el período colonial.

No obstante, algunos avances en la producción, al término de la época virreinal la agricultura neogranadina no parece haber hecho progresos muy significativos. La elemental tecnología, los escasos capitales, las cargas fiscales, la limitación del mercado, los malos y costosos transportes y algunos aspectos de la política española detenían su progreso. Entre éstos pueden citarse dos que ya hemos mencionado y que afectaron gravemente la producción del trigo y la caña: la introducción de harinas extranjeras, en perjuicio de las producidas en Santa Fe y Villa de Leiva, y la de aguardientes españoles, que llevó casi a la ruina a los cultivadores de caña, especialmente en la Costa Atlántica.


2. La propiedad de la tierra

La política sobre tierras del gobierno colonial fue poco coherente y en algunos aspectos contradictoria. Aunque teóricamente estuvo inspirada en principios de justicia y en cierta racionalidad económica, los requerimientos del fisco y la necesidad de mantener el equilibrio entre los intereses contrapuestos de los terratenientes, criollos y españoles, y los de la creciente población de blancos pobres y mestizos que carecía de tierras, o los de los indígenas que veían amenazados sus resguardos, explica las vacilaciones y contradicciones de la política agraria de la Corona.

Un cierto reparto equitativo de las tierras no sólo estaba implícito en numerosas leyes y cédulas reales, sino también en los propósitos de los altos funcionarios gubernamentales, entre ellos los virreyes. Guirior, por ejemplo, denunciaba en su Relación de Mando los perjuicios económicos y sociales que representaba la existencia de “grandes propiedades que por mercedes antiguas o por otros títulos se concedieron a dueños de inmensas tierras que no labran ni para ello tienen recursos, ni permiten a los otros que las labren”. En sentido semejante se expresaba el arzobispo-virrey Caballero y Góngora, y parecidas críticas se hacían a las tierras mantenidas fuera del comercio mediante la institución de las manos muertas, bien por pertenecer a instituciones eclesiásticas, o bien por pesar sobre ella censos y capellanías que las hacían poco atractivas a quienes tenían recursos para explotarlas.

En definitiva, y a pesar de los propósitos de la Corona, lo que primó en los territorios americanos y en la Nueva Granada, en particular, fue la gran propiedad y la concentración de la tierra en manos de grupos restringidos de hacendados y familias terratenientes. Las tierras costeras o de los valles interandinos fueron por excelencia regiones de grandes latifundios. En la Costa Atlántica, provincias de Cartagena, Santa Marta y Valledupar, fueron frecuentes las haciendas de diez, veinte y hasta cincuenta mil hectáreas. Según lo registra Hermes Tovar en su estudio sobre Las Grandes Empresas Agrícolas del Siglo XVIII, tres propietarios, don José Fernando de Mier y Guerra, don Gonzalo José de Hoyos y doña Micaela Lans, poseían 170.000 hectáreas. En el Cauca y en el valle del Alto Magdalena las haciendas fueron también enormes, entre ellas las pertenecientes a la Compañía de Jesús. Las de las zonas andinas, como en la Sabana de Bogotá, fueron menores, pero haciendas de más de diez mil hectáreas fueron frecuentes entre las pertenecientes a la Compañía de Jesús o a personajes como el Marqués de San Jorge, don José María Lozano de Peralta, cuya hacienda El Novillero tuvo quizá una extensión cercana a las 70.000 hectáreas.

Sin embargo, aunque predominó la gran hacienda, no faltaron regiones de pequeña y mediana propiedad. Ese parece haber sido el caso de la provincia del Socorro, de Pasto y de la provincia de Antioquia, no obstante que en esta última el visitador Mon y Velarde encontró en 1785 un cierto acaparamiento de la propiedad, que lo llevó a realizar una redistribución de las tierras. En Pasto, Tovar encontró que en 77 transacciones de propiedad rural efectuadas entre 1759 y 1780, el 60% podía considerarse de pequeña propiedad, pues su costo total, incluidas casas, animales y herramientas, fue inferior a $3.000; 27% de mediana, con costos inferiores a $5.000, y sólo un 22% de grande, pues valieron entre $5.000 y $10.000. Del conjunto, sólo una tuvo un valor superior a esta última suma. Infortunadamente el autor no suministra el dato del costo por hectárea para poder determinar el tamaño de las propiedades. Dados los precios de la tierra en la época es posible que no fueran muy pequeñas, aun en las de los valores inferiores; pero es igualmente cierto que dentro del orden de magnitudes de entonces, haciendas de extensión de los dos primeros grupos no debieron ser grandes latifundios.

El caso de Antioquia parece más claro. Como lo han indicado los estudios de Parsons, Brew, Alvaro López Toro y últimamente con mayor precisión Ann Twinan, la actitud de los antioqueños ante la propiedad de la tierra fue, como lo afirma esta última, “atípica”, en una sociedad donde la propiedad territorial se consideraba la más segura inversión y la fuente de prestigio social y poder político. Antioquia, como se ha afirmado reiteradamente, fue minera y comerciante, aunque no careció de desarrollo agrícola. Sin embargo, la gran hacienda tuvo allí un desarrollo limitado y su producción estuvo destinada a la satisfacción de las necesidades locales y las de los inmediatos distritos mineros. El hecho de que el cabildo de Medellín estuvo siempre controlado por la élite comerciante y minera, y que, con pocas excepciones, aun los propietarios hubieran apoyado la reforma agraria adelantada por Mon y Velarde, demuestra que en la provincia había realmente un concepto diferente sobre la propiedad de la tierra. La gama de medianos y pequeños propietarios era amplia. Según Tovar, en la parroquia de Guarne, 227 familias de labradores tenían propiedades inferiores a diez hectáreas y al estudiar la distribución de la propiedad en los alrededores de Medellín en 1787, Ann Twinan pudo constatar que el 60% de los propietarios poseía lotes de 2.4 hectáreas y que de 176 vecinos, 153 detentaban propiedades de 1.4 hectáreas; 16 entre 2.5 y 8; y solo 7 entre 8 y 32 hectáreas. Desde luego, el precio de la tierra era allí de $100 a $200 la hectárea, de manera que dados los precios de la época, con lo que en la región se adquiría una propiedad de 10 o 20 hectáreas, se podría comprar una de miles en la Costa Atlántica. Incluso en el Cauca, en la periferia de Cali, existía un grupo de medianos propietarios, llamados allí “labradores”, dedicados sobre todo a la ganadería y a la cría de mulas y caballos, como lo ha podido registrar Anthony McFarlane. 3. Las haciendas

La unidad básica de la agricultura neogranadina del siglo XVIII fue la hacienda. La importancia de ésta y del hacendado en la época colonial, sobre todo en sus postrimerías, fue tan considerable —y continuaría siendo así a lo largo de nuestro siglo XIX— , que con buenos fundamentos puede afirmarse que ella constituyó la más importante estructura de la sociedad neogranadina, aunque no de su economía, pues en este campo debía compartir su importancia con los sectores minero y comercial. Con muy pocas excepciones regionales, la hacienda imprimió su sello a las costumbres y valores sociales y fue el soporte del poder político y del prestigio social del hacendado, aunque su función está lejos de suministrar una clave para explicar la totalidad de la historia colombiana, como lo han sostenido algunos autores.

Aunque una a una y según las regiones, las haciendas mostraban gran diversidad, es posible encontrar en ellas elementos comunes de organización y estructura. Dentro de la inversión total el valor de la tierra era bajo. Dependía, desde luego, de la cantidad y sobre todo de la ubicación. En la Costa Atlántica, por ejemplo, una caballería (422 hectáreas) costaba alrededor de $225, cada hectárea a 4.5 reales, o sea, un poco más de medio peso. Al rematarse las haciendas de los jesuitas en 1767, el precio otorgado a las tierras fue bastante variable. En la hacienda de Doima, situada en las cercanías de Ibagué, la tierra fue avaluada en $1.11 la hectárea; en Firabitova, Boyacá, en una estancia de ganado mayor (unas 228.66 hectáreas) se apreciaba en $11.28 la hectárea, y en una de pan coger valía $24.50; en el Caimito, de Labateca, la hectárea llegó a costar $8.75; en la vega de Cúcuta, 4 reales, es decir, medio peso; en las Ceibas de Cartagena se avaluaba en 2 reales la hectárea, pero curiosamente en Hato de Pajaral, de la misma región, en 11.97 pesos.


La mayor inversión estaba representada por el ganado en las haciendas ganaderas o mixtas; en las de caña por el trapiche, las matas y los esclavos, y en las de cacao por el número de árboles plantados. En las haciendas esclavistas del Cauca, la Costa o el valle del Magdalena, los esclavos representaban ordinariamente más de 50% de la inversión.

La mayor inversión estaba representada por el ganado en las haciendas ganaderas o mixtas; en las de caña por el trapiche, las matas y los esclavos, y en las de cacao por el número de árboles plantados. En las haciendas esclavistas del Cauca, la Costa o el valle del Magdalena, los esclavos representaban ordinariamente más de 50% de la inversión. Era muy baja la inversión en viviendas, pues con excepción del Cauca y la Sabana de Bogotá, donde estaban situadas cerca al domicilio de los dueños, los propietarios eran ausentistas. Las habitaciones de los esclavos y peones eran chozas que representaban un costo ínfimo. Excepcionalmente las casas y construcciones llegaban a representar un 10%. Lo mismo ocurría con las herramientas que se limitaban a machetes, azadas, barras y cavadores. Como lo hemos dicho, sólo en las haciendas de caña productoras de miel, panela y azúcar, los trapiches y fondos para la elaboración de la miel representaban inversiones de alguna consideración.

La tecnología agrícola permanecía en el siglo XVIII casi al mismo nivel de comienzos de la conquista y la colonización, y como sabemos éste se hallaba muy cercano al de la época del neolítico. Pedro Fermín de Vargas observaba en 1790 que se desconocían las técnicas de abono, con excepción de los excrementos animales, y que el arado metálico era casi desconocido. El uso del riego era excepcional y se limitaba a unas cuantas acequias en las haciendas cacaoteras y cañeras, especialmente en las propiedades de los jesuitas.

4. Las formas del trabajo y los salarios

Desde la segunda mitad del siglo XVII la población del Nuevo Reino se transformó. El grupo indígena se estabilizó en algunas regiones, en otras continuó descendiendo y en unas pocas creció, como pudo observarlo en el caso de la provincia de Santa Fe el oidor Aróstegui y Escoto en su visita de 1760. Según el censo de 1778 la población total del actual territorio de Colombia se acercaba a una cifra de 750.000 habitantes. El grupo blanco, en 195.315 personas, representaba el 25.60% de la población total; el mestizo, que crecía aceleradamente, con 357.353 personas, el 48.08%; el indígena, con 144.245, el 19.40%, y la población negra esclava, que alcanzaba la cifra de 51.883 almas, representaba el 6.8%.

El aumento de la población mestiza creó una fuerte presión sobre la tierra, especialmente en la región oriental, donde las autoridades españolas intentaron dar solución al problema recortando las tierras de los resguardos indígenas. En el período comprendido entre 1755 y 1780, con el objeto de liberar tierras para venderlas por remates o darlas en arrendamiento, se verificó una traumática operación de traslado de indígenas de unos pueblos a otros. Las autoridades españolas pensaban que debido al descenso de la población indígena, las tierras de res-guardo que les habían sido asignadas en el siglo anterior resultaban ya excesivas y procedieron a restringirlas y a rematar las que consideraban disponibles. En 1780, según informaban las Cajas Reales de Santa Fe, en Boyacá se habían verificado remates y arriendos de tierras por un valor de $365.650. Infortunadamente los documentos no dan el dato de la extensión de las tierras, sino el valor en el caso de ventas o el canon de arrendamiento en el de los arriendos. Si aplicamos un precio de $10.00 por hectárea, que parece realista, la extensión de las tierras rematadas en este caso debió ascender a 36.565 hectáreas. Reducida la tierra de los indígenas en una proporción que Jorge Orlando Melo calcula en 1.5 hectárea por cabeza de familia, el proceso probablemente condujo a que los indígenas, que en general no se adaptaron ni encontraron la tierra prometida en los pueblos en que fueron ubicados, contribuyeran a incrementar el grupo de peones, concertados, aparceros y arrendatarios que formaron la mano de obra de las haciendas en las postrimerías del siglo.

Durante los siglos anteriores al XVIII, los propietarios agrícolas que simultáneamente fueron encomendados dispusieron legal o ilegalmente de gran parte de la mano de obra indígena. Los que no lo eran se beneficiaban con los trabajadores suministrados por la mita o concierto forzoso. Pero eliminadas la encomienda y la mita entre 1720 y 1740, aunque por excepción ambas instituciones perduraron hasta fines del siglo en algunas provincias como el Cauca, los hacendados tuvieron que optar por nuevas formas de empleo de la mano de obra y nuevas de relaciones de trabajo. Tales fueron el peonaje libre, el concierto voluntario, el terraje o el alquiler en la Costa, la aparcería y el arrendamiento. Desde luego, estas formas de trabajo habían comenzado a utilizarse desde la segunda mitad del siglo anterior, pero es en la segunda mitad del XVIII cuando alcanzan su mayor desarrollo.

Los arriendos pagados por arrendatarios y aparceros, o por los llamados terrajeros, fueron muy variados. En la Costa Atlántica, donde los hubo numerosos en tierras del Estado, pagaban $4 anuales por las llamadas rozas nuevas y $2 por las viejas. En algunas haciendas de los jesuitas se les cobraba de $1 a $9 por pequeñas parcelas; y en áreas mayores, que permitían cultivos de cacao y caña y el mantenimiento de algunos ganados, los arriendos llegaban hasta $100 anuales. La producción de estas parcelas apenas alcanzaba para la subsistencia. Sus rentas eran pagadas en dinero, en especie y en días de trabajo en tierras de la hacienda.

El concierto, una forma de las relaciones de trabajo muy generalizada en la región andina oriental, fue minuciosamente reglamentado por las autoridades españolas. Debía hacerse por escrito para una duración de seis meses a un año; el salario debía pagarse en dinero y el propietario suministrar casa y servicios religiosos. Como en tantos otros aspectos, las normas generalmente no se cumplían, como pudo constatarlo el oidor Aróstegui en su minuciosa visita a las haciendas de la provincia de Santa Fe, que ya hemos citado.

Sobre salarios, estabilidad del trabajo, fijación a las haciendas o movilidad de la mano de obra agrícola, en el estado actual de la investigación es difícil hacer generalizaciones. De los estudios existentes podemos sin embargo obtener informaciones que permiten una confiable aproximación a la realidad. Los salarios fueron pagados parte en dinero y parte en especies alimenticias. Para la región andina y en especial para la Sabana de Bogotá, hasta el momento la zona más documentada en este aspecto, los salarios de peones libres y concertados fluctuaron entre $15 y $30 anuales, a más de media arroba de carne y 8 fanegadas de maíz cada dos semanas. Mayordomos y capataces recibían entre $30 y $50. Tovar afirma que había discriminación entre peones indios y mestizos. Estos últimos generalmente recibían el doble del salario indígena. En un estudio hecho sobre casos de la Sabana de Bogotá, René de la Pedraja concluye que las condiciones de vida de los trabajadores rurales sufrió un proceso continuo de deterioro al finalizar la época colonial. Ospina Vásquez, con base en unos pocos casos, cree que fueron superiores a las de la época republicana.

De todas maneras, las descripciones de la época indican que las condiciones de vida a los asalariados rurales eran de extrema miseria. Contestando las quejas de los hacendados sobre la pereza e improductividad de los peones, el virrey Mendinueta afirmaba que, según su información, los salarios eran en su tiempo los mismos de 50 años atrás y que para estimular la productividad no sabía de alguien que hubiera ofrecido un aumento.

En cuanto al problema de la inmovilidad o fijación de los trabajadores en las haciendas, que ha sido uno de los argumentos para atribuirles su carácter feudal, parece que tal situación no fue el caso absoluto. Probablemente una masa considerable de ellos permanecía fijada a las haciendas en condiciones cercanas a la servidumbre, pero hubo situaciones en que se observa algún tipo de movilidad. Registros del movimiento de concertados en las haciendas de los jesuitas muestran que muchos peones no terminaban sus contratos. En Doima, por ejemplo, en 1769, por diversos motivos, entre ellos descontento por el salario, 39 de 45 trabajadores abandonaron la hacienda antes de terminar el año. Sin embargo, aunque situaciones como ésta podrían considerarse una ventaja de los trabajadores frente a una restringida oferta de mano de obra, no deben identificarse con la movilidad propia de un mercado libre de trabajo en el sentido capitalista, sino más bien como la inestabilidad de una masa de trabajadores desarraigados, faltos de domicilio fijo y de organización familiar estable, situación muy parecida a algo que los documentos oficiales de entonces caracterizaban como vagabundaje de indígenas y mestizos.

Sobre aspectos como la rentabilidad de las haciendas, el grado de racionalidad que tenía la empresa agrícola, la movilidad o fijación de la mano de obra, etc., poseemos apenas indicios que tampoco permiten generalizaciones firmes. Germán Colmenares, con base sobre todo en la situación de las haciendas caucanas, cree que dentro del orden de magnitudes de la época la hacienda colonial tenía menos el carácter de “latifundio improductivo” que la del siglo XIX. Tovar en cambio, tomando casos de haciendas del valle del Magdalena, cree que dado el capital invertido en ganados, cultivos de caña y cacao y número de esclavos, la proporción de la tierra utilizada económicamente era baja. En uno de los varios casos analizados, el de la hacienda Santa Bárbara de Luis Caicedo, en cercanías de Ibagué, tomando apenas uno de los hatos de los tres que la formaban, muestra que solo era utilizable el 32% de la tierra, en la hipótesis de atribuir 2 hectáreas de pastaje para cada res. Este hato, que tenía tres mil hectáreas, utilizaba 98 hectáreas (es decir 3% del área total) en cultivos de caña; 1.000 hectáreas para ganado y unas 5 para casas, establos, trapiches, etc. Quedaban pues, sin utilizar, cerca de dos mil hectáreas. Para la utilización de las 98 cultivadas en caña, que eran las que absorbían más mano de obra, la hacienda empleaba esclavos avaluados en $40.000.

¿Fueron rentables las haciendas y explotadas con algún tipo de racionalidad que autorice a denominarlas empresas, en el sentido económico moderno? El estado actual de la investigación no permite afirmaciones debidamente fundadas al respecto. Algunos casos de las haciendas de los jesuitas, examinados por Tovar, permiten establecer que en general producían una tasa de ganancia anual cercana al 5%, que era entonces el interés producido por los capitales dados en préstamo. El examen de sus cuentas muestra también que se llevaba un cierto tipo de contabilidad y que las instrucciones dadas a mayordomos y administradores se orientaban a mejorar los rendimientos y la lucratividad. Pero sabemos que los jesuitas representaban dentro de las comunidades religiosas, aun en comparación con los terratenientes laicos de la época, un tipo de mentalidad económica más cercana al sentido moderno de los negocios. Su caso no puede, pues, considerarse típico y generalizable. A esto habría que agregar otros factores que actuaban en favor no sólo de los jesuitas, sino de las comunidades religiosas en general, como la disposición de capital monetario proveniente de legados e instituciones piadosas como las capellanías, que les permitían no sólo financiar sus propias empresas sino ser acreedores de los terratenientes laicos mediante formas de crédito como los censos. En efecto, casi todas las haciendas del reino estaban gravadas con censos, lo que en su momento estimuló tal vez las inversiones productivas, pero a la postre anquilosó su desarrollo, pues ante la imposibilidad de amortizar las deudas y la perspectiva de ver rematadas las propiedades, ni los propietarios se interesaban en mejorar sus haciendas, ni eventuales compradores en adquirirlas. En una palabra, el endeudamiento crónico de los propietarios del Reino convirtió gran parte de la propiedad rural en bienes de manos muertas.

Otros aspectos limitaban su desarrollo, tales como la estrechez del mercado por las dificultades del transporte y la mentalidad rutinaria de los propietarios, que sólo veían la posibilidad de aumentos de producción ampliando la extensión territorial de las haciendas o adquiriendo más esclavos, pero no mejorando la tecnología.

Otros aspectos limitaban su desarrollo, tales como la estrechez del mercado por las dificultades del transporte y la mentalidad rutinaria de los propietarios, que sólo veían la posibilidad de aumentos de producción ampliando la extensión territorial de las haciendas o adquiriendo más esclavos, pero no mejorando la tecnología. En efecto, el mercado de las haciendas granadinas apenas cubría áreas locales o regionales y únicamente en algunos productos como el ganado, el maíz y el cacao. Nunca la hacienda neogranadina llegó a producir para la exportación, si se excluye el caso de los cueros en la Costa Atlántica y el cacao de la región de Cúcuta, que se enviaba a México por la vía de Maracaibo. La llamada exportación de frutos que se dio en las últimas décadas de la colonia, con excepción del algodón, era el resultado de una actividad depredadora que explotaba productos silvestres, pero no de una agricultura en sentido estricto.

La pregunta que surge cuando se examina la situación del mercado internacional de productos agrícolas es: ¿por qué en la Nueva Granada no se desarrolló una agricultura de plantación como en las Antillas o incluso en la Capitanía General de Venezuela? La respuesta parece estar en factores internos y externos. Entre los externos se ha destacado la política española que especializó la producción de las colonias, asignando a Nueva Granada la producción de oro y reservando la producción de géneros agrícolas como el azúcar a Cuba y Puerto Rico, el cacao a Venezuela, el cuero y la carne al Río de la Plata, el trigo a Chile, la plata a México y el Perú. Entre los factores internos está sin duda la debilidad de los capitales de los propietarios neogranadinos, su mentalidad rutinaria y el poco desarrollo de una actitud capitalista frente a los negocios. La economía de plantaciones requería altas inversiones en esclavos, tierra y equipos y una activa inserción en el mercado internacional que quizá estaba al alcance de los inversionistas españoles, pero no de los capitales criollos. En la Costa Atlántica, donde por localización geográfica era posible el desarrollo de una agricultura de exportación, los más grandes capitales, como los del Marqués de Valdehoyos, Julián de Trespalacios y Mier, o el del Marqués de Pestagua, don Andrés de Madariaga, o el de José Fernando de Mier y Guerra, estaban invertidos en grandes haciendas de agricultura y ganadería extensivas con destino a mercados locales, y ninguno sobrepasaba una cifra superior a los $200.000.

EL COMERCIO 1. El comercio exterior

Durante el Virreinato el comercio de importación y exportación recibió un vigoroso impulso de las reformas borbónicas, sobre todo a partir del reinado de Carlos III (1759-1788). Activar el comercio con las colonias americanas atenuando las prácticas restrictivas y monopolísticas, es decir, liberalizándolo, fue el propósito de una numerosa literatura económica que empezó a producirse en la metrópoli desde comienzos del siglo. Gerónimo de Uztaris, Campillo, Ward y muchos otros se pronunciaron en tal sentido. Esta tendencia de la política económica de la Corona española tuvo su punto culminante en la promulgación del Reglamento de Comercio Libre en 1778, muy poco antes de iniciarse una nueva guerra con Inglaterra. El monopolio del comercio con América de que habían disfrutado los comerciantes de Cádiz y Sevilla comenzó a romperse. Para el comercio con las indias se abrieron once puertos españoles, entre ellos Barcelona, Valencia, Bilbao, Cartagena y muchos otros. También se permitió el comercio entre los distintos territorios americanos, y en este caso fueron acreditados 20 puertos del Atlántico y el Pacífico. El privilegio de que en la Nueva Granada había gozado Cartagena, como puerto mayor para el comercio de importación y exportación llegó a su término y ahora fueron habilitados, como puertos menores, Santa Marta y Riohacha. El nuevo estatuto rebajó los derechos de importación de numerosos artículos como los textiles de algodón, de lana y cáñamo procedentes de España, Canarias y las Islas Baleares, y dio libertad para transportar mercancías en barcos españoles y de propietarios americanos.

Otro aspecto de la nueva política comercial fue el reemplazo del sistema de flotas y galeones por el de los navíos sueltos, lo que agilizó considerablemente el flujo de mercancías importadas en América y el de productos americanos hacia la Península. Durante la vigencia del sistema de flotas, que duró dos centurias, había dos viajes anuales de varios navíos y sus correspondientes escoltas: una en mayo con destino al Golfo de México y el puerto de Veracruz; otra en agosto para Tierra Firme y los puertos de Porto Belo y Cartagena. Los barcos llegaban a los puertos de destino y desde allí, en ferias que duraban varios meses, se hacía la distribución de mercancías a los distintos territorios americanos. Con el nuevo sistema de navíos sueltos quedaban eliminadas las restricciones de fechas de entradas y salidas de todos los puertos del imperio, lo que intensificó considerablemente la llegada de barcos a los puertos neogranadinos, especialmente a Cartagena.

A los impulsos dados a las importaciones y exportaciones por el Estatuto de Comercio Libre se sumaba el crecimiento de la producción minera que ponía en manos de los importadores crecientes capitales, de manera que los núcleos comerciales como Cartagena, Santa Fe, Antioquia, Honda y Popayán vieron ampliar sus operaciones. La relativa prosperidad que vivía el Virreinato en las décadas anteriores a la Independencia probablemente estimuló el consumo de las clases altas urbanas y la demanda de mercancías importadas.

La composición de las importaciones se puede ver en los inventarios de un comerciante importador de Honda en 1739. Domingo Murillo ofrecía en su almacén misceláneo telas inglesas y francesas, angaripolas, paños de Rouan, damasco y demasquino, grana de Inglaterra, bretaña cruda, “cotín diente de perro” y cotín de algodón, holán de París, berfalla, crea, lamparín, fripe, surgas, gante y coleta, medias de hilo, colchas y cintas de Sevilla, tijeras, solimán, limas de platero, acero, clavazón, flores de mano “falsas”, alhucema, bermellón, cuerdas de biguela, sal de Inglaterra y aceite de camime. También ofrecía “sombreros del Reino” y “linos de Vélez”.

Cartagena era el gran centro distribuidor. A ella llegaban a surtirse los comerciantes de Antioquia, Popayán, Honda y Santa Fe que actuaba como centro redistribuidor para el interior del Virreinato.

Sobre el volumen de las importaciones y exportaciones durante el período no hay acuerdo pleno entre los investigadores que se han ocupado del problema. Hasta el momento, salvo el estudio realizado por el historiador inglés Anthony McFarlane para las décadas de finales del siglo, se ha dependido de las cifras globales dadas por los virreyes en sus Relaciones de Mando, o de las suministradas por el barón de Humboldt en su Ensayo sobre el Reino de Nueva España. Lo que enreda las estadísticas en este campo, como en el de la producción de oro, es el contrabando, cuya magnitud no puede calcularse con precisión. Las cifras que se le atribuyen van desde los $200.000 que aceptaba el virrey Ezpeleta, hasta los $360.000 que calculaba el barón de Humboldt y el $1.200.000, para el oro, que Mc Greevey, en su Historia Económica, atribuye a Juan José D’Eluyar.

El contrabando fue un fenómeno constante del comercio exterior de las Indias que no pudo eliminar el gobierno español. Fue especialmente intenso en el siglo XVIII. Al comenzar la centuria y otorgarse a la Compañía Inglesa de los Mares del Sur el privilegio de importar esclavos a las Indias, conforme al tratado de asiento de 1713, y de traer anualmente un navío de permiso con mercancías para vender en los puertos americanos, la compañía utilizó su privilegio para introducir contrabando. Luego, en las décadas posteriores a 1780, cuando España estuvo en guerra con Inglaterra y Francia, la Corona se vio obligada a autorizar el comercio con puertos de naciones neutrales en las Antillas y con Estados Unidos. Este tráfico, según los testimonios de la época, era el vehículo de un activo contrabando que entraba por los puertos de Cartagena, Santa Marta, Riohacha y especialmente por La Guajira, que estaba militarmente menos protegida y donde comerciantes ingleses, franceses y holandeses tenían la complicidad de los indios. Actuaba también en favor del contrabando la corrupción, no sólo de los funcionarios, sino de los mismos comerciantes. Contestando a una queja de los comerciantes de Cartagena, el virrey Ezpeleta les decía:
“Que siendo escandaloso, público y considerable como aseguran vuestras mercedes el contrabando que se practica en esa ciudad, se infiere que concurren a él muchos sujetos de ese comercio, pues los pocos aventureros que por su cuenta van y vienen de colonias extranjeras, no tienen caudales ni arbitrios, ni aun ánimo para emprender negociaciones capaces de contrabalancear el comercio de la Metrópoli, que desde luego es perjudicado por algunos que debían interesarse por su fomento y prosperidad.” Uno de los períodos más intensos del contrabando parece haber sido el que va de 1780 a 1788, cuando el arzobispo-virrey prolongó más allá de 1783 la autorización de comerciar con puertos neutrales, situación que llevó al gobernador militar del puerto, Carrión, a sugerir que el arzobispo toleraba y aun auspiciaba el comercio ilícito.

Hasta una fecha que puede fijarse en 1780 las exportaciones de la Nueva Granada estuvieron compuestas casi exclusivamente de oro. A partir de esa fecha empieza a surtir efecto la política de estímulo a exportaciones agrícolas tales como el algodón, el tabaco, el cacao, el palo de tinte y la quina, es decir, de los llamados frutos en las estadísticas del comercio exterior de entonces. Un informe de la Administración de Rentas de Cartagena daba en 1795 las cifras para dos quinquenios de finales del siglo (véase el cuadro 2.3).

Por lo común, las cifras coinciden con los informes de los Virreyes en sus Relaciones de Mando. Prescindiendo de las restricciones que imponían los períodos de guerra internacional, la tendencia general fue de crecimiento y es muy probable que las exportaciones alcanzaran la suma de $3.500.000 a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX; incluso pudieron ser mayores. Humboldt pensaba que las exportaciones de la Nueva Granada a comienzos del siglo XIX no podrían ser inferiores a 5 millones de pesos, cifra muy cercana a la que en 1828 aceptaba Henderson, cónsul inglés en Bogotá, para las exportaciones de oro.

En vísperas de la Independencia, José Ignacio de Pombo, del comercio de Cartagena, afirmaba que la capacidad exportadora de la Nueva Granada debería de ser mayor de lo que indicaban las cifras oficiales, dada la población y los recursos. Cuba, decía, con 400.000 habitantes, exportaba $7.000.000; Caracas y Guayana, con 800.000, $5.000.000. Concluía que, en comparación, Nueva Granada debería exportar $35.000.000. Para superar esa situación proponía un amplio plan de política comercial que incluía una mayor libertad de comercio con los países neutrales, rebaja de aranceles, eliminación de impuestos como el diezmo, fomento de la preparación técnica de la población, etc. En el mismo sentido se pronunciaba su contemporáneo don Antonio de Narváez y Latorre, quien insistía sobre todo en la introducción de esclavos. A los esclavos, afirmaba, se debe la gran producción de las plantaciones inglesas y francesas en las Antillas. Era la solución propuesta por los mineros y terratenientes al finalizar el período colonial pero la que por muchas razones tenía en esos momentos menos probabilidad de éxito. La trata de esclavos y la institución de la esclavitud habían entrado en crisis y estaban tocando a su fin.

CUADRO 2.3
COMERCIO EXTERIOR 1784-1793
(Pesos)

 

 

 

 

CUADRO 2.3
COMERCIO EXTERIOR 1784-1793
(Pesos)

 

 

 

 

 

 

Primer quinquenio  Exportaciones     
 Oro y Plata  Frutos Importaciones   
1784
1785 

1787
1788

Segundo quinquenio
1789
1790
1791
1792
1793
1.570.217
1.817.098
2.155.797
4.424.081
1.939.462
10.123.015



2.114.290
2.108.328
2.558.245
1.634.037
671.117
9.086.019
80.308
164.635

224.150
135.059
694.095

186.418
203.773
285.273
225.845
248.155
1.149.463
1.543.648
2.584.896

1.644.501
3.363.957
11.292.779


2.593.647
1.233.525
1.677.260
1.462.840
1.296.473
8.263.747

1786
372.156
89.942

Aunque la política comercial puesta en práctica por Carlos III y sus sucesores produjo una considerable expansión del comercio ultramarino tanto en la Metrópoli como en las colonias, para éstas, sobre todo para algunas como la Nueva Granada, no logró todos los resultados esperados. Los efectos positivos del Estatuto de Comercio Libre fueron al parecer aprovechados especialmente por México, el Río de la Plata, e incluso el Perú y Venezuela, pero en menor medida por la Nueva Granada. Al analizar las importaciones que recibieron de América los puertos españoles durante su vigencia, en el período de 1782-1796, el historiador inglés John Fisher, encuentra los siguientes resultados: Veracruz                                  32.1%
Islas del Caribe                      23.2%
Puertos del Pacífico              13.8%
Río de la Plata                        12.2%
Venezuela                                 9.6%
Cartagena y Santa Marta      3.2% A pesar de la relativa liberalización del comercio exportador e importador, España persistía en su propósito de mantener el comercio con las Indias como un monopolio de sus comerciantes y de su marina mercante. Las mercancías que procedían de otros países europeos debían pasar por los puertos españoles para su reexportación a América, pagando derechos en España y luego en América. Los comerciantes españoles que residían en Cartagena o tenían allí sus agentes seguían disfrutando de ciertos privilegios. Según lo afirma Ots Capdequi, en la fijación de los precios de sus mercancías no podían intervenir los cabildos. Seguían gozando también de ciertos fueros especiales, y aunque actuaban en Cartagena continuaban bajo la jurisdicción del Consulado de Cádiz. Cuando fue establecido el de Cartagena se presentaron largas controversias entre los dos tribunales, que finalmente fueron saldadas por el virrey Ezpeleta, quien decidió colocarlos en igualdad de condiciones.

Los grandes núcleos del comercio de importación eran ante todo Cartagena, Santa Marta, Santa Fe y Popayán; Rionegro, Medellín y Marinilla en Antioquia; y el Socorro en el oriente. El gremio de comerciantes estaba compuesto de nacionales y españoles. Estos últimos eran especialmente numerosos en Cartagena, pero los había también en Santa Fe, Popayán y Medellín.

Un hecho indicador del desarrollo comercial en las últimas décadas del período y de la importancia alcanzada por el gremio fue el establecimiento en 1795 del Tribunal del Consulado del Comercio en Cartagena. Era ésta una institución encargada de numerosas funciones relacionadas con la actividad mercantil. Servía como tribunal en los litigios entre comerciantes y tenía también funciones de fomento tales como el mantenimiento de los caminos y el mejoramiento de los transportes. Para sufragar sus gastos le fue asignada una renta equivalente al ½% del valor de las importaciones y exportaciones hechas por el puerto de Cartagena.

Las actividades del Consulado pusieron de presente no sólo la contraposición de intereses entre comerciantes criollos y españoles, sino también entre los distintos núcleos comerciales del Virreinato. Los comerciantes de Santa Fe, encabezados por José de Acevedo y Gómez, insistieron ante la Corona para que fundase en la capital un Consulado independiente y en esta solicitud fueron apoyados por Antioquia y el Socorro.

El aspecto más destacado del comercio de exportación en las últimas tres décadas del siglo fue sin duda el esfuerzo realizado para estimular las exportaciones diferentes al oro a partir de 1780, bajo la administración del arzobispo-virrey Caballero y Góngora. Dentro del concepto, nunca abandonado por las autoridades españolas, de que las economías americanas debían ser dependientes y complementarias de la metropolitana, se trataba de estimular la producción en América de materias primas agrícolas y mineras necesarias para la industria española. Entre las que podía producir la Nueva Granada tuvieron algún desarrollo significativo el algodón, el cacao, el palo de tinte y los cueros. La quina tuvo un fugaz período de exportación gracias al interés de Mutis y del mismo Caballero y Góngora. Desapareció muy pronto, al parecer por la preferencia que España daba a las quinas producidas en Quito.

La política comercial introducida por los Borbones en las últimas décadas del siglo tuvo la virtud de ampliar la actividad mercantil de las colonias americanas, pero a lo largo de todas sus incidencias y desarrollos se vio claro que España no abandonaba la idea de que el comercio con las Indias era monopolio suyo y que, en este aspecto, como en el conjunto de la nueva política económica, estaba implícito el carácter dependiente y complementario que las economías americanas debían mantener con respecto a la metrópoli. En la política de estímulo a la exportación de productos agrícolas y en la actitud de la Corona frente a cualquier promoción de las manufacturas se vio claro aquel propósito. Si había entre los funcionarios de ultramar alguna duda al respecto, el Contador General del Consejo de Indias y uno de los impulsores de la nueva política comercial, Tomás de Landázuri, se encargó de despejarla. En su opinión, el Estatuto del Comercio Libre había ido demasiado lejos al autorizar el cultivo en las Indias de viñedos y olivares; la prohibición que antes había existido, debería de nuevo ponerse en vigencia. Lo mismo cabía hacer con los obrajes de paños. Su concepto terminaba con esta frase: “Pues en teniendo dentro de sus países lo que necesitan, no será fácil mantenerlos dependientes”. Era casi exactamente la opinión que expresaba unos años más tarde Francisco Silvestre, refiriéndose a la posibilidad de fomentar las manufacturas en el Nuevo Reino. 2. Comercio interno

La idea de una colonia que sólo tenía mercados locales, de regiones completamente aisladas y sin nada que se aproximase a un mercado nacional, no se ajusta exactamente a la realidad. El intercambio de mercancías y productos agrícolas y ganaderos entre zonas mineras y regiones manufactureras y agrícolas, por una extensa red de caminos terrestres y vías fluviales, tuvo cierta importancia. Los comerciantes de Cartagena llegaban con sus importaciones hasta Popayán, Santa Fe o Antioquia; los lienzos, cobijas, ruanas y cordelería del Socorro abastecían las regiones mineras de occidente, directamente o por intermedio de los comerciantes de Santa Fe; de Quito se traían paños, lienzos y manufacturas que se negociaban en Popayán y de ahí pasaban al Chocó y Antioquia. Hubo también un abundante tráfico de ganado y productos agropecuarios como el sebo, el cuero y la carne salada, de la provincia de Neiva y Mariquita hacia Popayán y Santa Fe. El cacao de la provincia de Mariquita alimentaba el mercado antioqueño.

Un informe enviado por los oficiales de la Dirección General de Rentas de Cartagena, en 1795, daba un cuadro muy completo de la producción de las diversas provincias del Reino y de lo que constituían sus intercambios: “Santa Fe. Su producción casi toda se consume en ella misma. El trigo que no se consume en ella se manda a Honda, Mariquita, Neiva y aun a Cartagena.

Un informe enviado por los oficiales de la Dirección General de Rentas de Cartagena, en 1795, daba un cuadro muy completo de la producción de las diversas provincias del Reino y de lo que constituían sus intercambios: “Santa Fe. Su producción casi toda se consume en ella misma. El trigo que no se consume en ella se manda a Honda, Mariquita, Neiva y aun a Cartagena. Los cueros se convierten en tenerías para hacer ‘petacas’ para transporte de tabaco y otros efectos. Las lanas se hilan para fabricar sombreros muy ordinarios, ruanas y jergas. Las mieles se convierten en aguardientes y chichas.
Cartagena. El algodón, el palo brasil, las maderas, el carey, el bálsamo de Tolú que se recoge en los pueblos de Barranca, Sabanilla, Sabanagrande, se embarcan para la Península. Las mieles se convierten en aguardiente y azúcar; cueros, maíz, carne, plátano y ganado se envían a la ciudad de Cartagena y al Chocó.
Santa Marta. El palo brasil y el algodón se embarcan para España y las Islas Inglesas con permiso superior. El cacao que produce en las orillas del Magdalena se consume en Cartagena, algo en Santa Fe y parte de Antioquia, a donde llega por el puerto de Nare y por Islitas.
Riohacha. Algodón y palo de tinte se envían, parte para España y una porción para Jamaica. El poco cacao que produce se consume en el interior. Las perlas han decaído porque providencias indiscretas han hostilizado a los indígenas guajiros, únicos que tienen conocimiento de los parajes donde se crían y resolución para bucearlas.
Antioquia. Sus mieles se consumen en el interior. En sus principales ciudades hay sujetos que tienen comercio de ropas de España y lienzos, paños y bayetas de la tierra, lo mismo que carnes y cacao.
Popayán. Sus productos se consumen en la región y en Chocó. Sólo la cera de laurel va a Santa Fe. El tabaco va a Girón en tiempos de mala cosecha en éste. El Chocó recibe de Popayán carne salada, harina de trigo y cerdos en pie; de Santa Fe, embarcados por el calima y el arrastradero de San Pablo.
Tunja. Recibe de Santa Fe ropas de Castilla que satisface con harina, ganados vacunos y lanares, o al contado, y del Socorro recoge lienzos, bayetas, colchas y otras piezas útiles.
El Socorro. Remite a todo el reino algodones en rama ‘con pepita y sin ella’, lienzos, paños de manos, colchas y otras piezas útiles. A Santa Fe y Popayán se envían por tierra, a Cartagena, Antioquia, Santa Marta y Riohacha se conducen en rama y en pacas de cuero por los puertos de Opón y Pedregal. Las mieles se reducen a panela, aguardiente y azúcares, que con los de Vélez y Puente Real hacen giro a Santa Fe y alguna parte a Cartagena. El tabaco se consume en el interior. Los cacaos de Pamplona y Cúcuta se van a Maracaibo, San Bartolomé y Cartagena.
Neiva. El ganado que se cría en Neiva sale por diciembre y julio para las haciendas de Santa Fe y otra parte se vende para el abasto de Popayán, Cali, Cartago y Caloto.
Girón. El tabaco de Girón va a San Faustino, en los límites de Venezuela y se consume en la provincia. El ganado se envía a los Llanos y provee a Tunja.” Una red de caminos naturales, muchos de ellos siguiendo las rutas del comercio indígena prehispánico, cruzaba el territorio nacional y permitía el intercambio entre las diversas regiones. De Pamplona y Cúcuta, en el oriente, en conexión con la Capitanía General de Venezuela, salía un gran camino que pasando por Tunja y Santa Fe conducía a La Plata, en la provincia de Neiva, y de allí seguía a Popayán. En esta provincia entronca con la vía que venía del Perú y Quito y que por el valle formado entre las Cordilleras Occidental y Central conducía al Chocó y Antioquia. Estas grandes vías se intercomunicaban entre sí a través de “pasos” y “vados” como el de Toro, que unía el camino de Popayán con el Chocó, o por caminos transversales como el de Mariquita a Honda y de esta ciudad a Santa Fe; o el de Cartago a Ibagué, que unía el valle del Cauca y el Pacífico con Santa Fe. Tanto para el comercio interno como para el de exportación hubo dos caminos de singular importancia: el de Honda, que comunicaba a Santa Fe con el río Magdalena, y el del Carare, que daba salida hacia el Magdalena a las provincias de Tunja, Vélez y el Socorro. La comunicación de Cartagena con el interior del país se hacía por el río Magdalena y sus afluentes, como el Nare, que era la vía más activa del comercio de importación para Antioquia.

Los caminos eran malos y los costos del transporte altísimos. Muchos de ellos no eran transitables ni por mulas. Las mercancías debían transportarse entonces por cargueros. Todavía a comienzos del siglo XIX, cuando Humboldt visitó a la Nueva Granada, entre Cartago e Ibagué las mercancías y las personas se transportaban a lomo de hombre. Los viajes eran largos, penosos y plenos de riesgos. Entre Cúcuta y Santa Fe se gastaban dos semanas; de Cartagena a Antioquia el viaje duraba entre 30 y 40 días; lo mismo entre Quito y Medellín. La conservación de los caminos fue uno de los grandes problemas de la administración colonial y donde más notoria fue la debilidad fiscal del Estado y su ineficiencia administrativa. Hubo dos casos típicos: el de Honda y el del Carare. Su mejoramiento fue un tema constante de los virreyes, pero al terminar el gobierno colonial sus condiciones eran casi las mismas de los comienzos de la colonización, en el siglo XVI.

Sobre los capitales movidos en el comercio interno, hasta hoy no disponemos de información que nos permita calcularlos. Guillermo Wills, en sus Observaciones sobre el Comercio de la Nueva Granada, afirma que los antioqueños compraban en Santa Fe lienzos y ropas del Socorro por un valor de $200.000 anuales, y los caucanos por $300.000; y el coronel inglés Francis Hall, en sus observaciones de viaje (1824), informaba que el comercio de textiles de Quito y la Nueva Granada representaba una suma de $5.000.000.

En general, tanto el comercio interno como el externo crecieron en el siglo XVIII, sobre todo en el período virreinal, a un ritmo semejante al de la producción minera y agrícola. Así lo indican algunos fenómenos como el aumento de la renta de alcabala, impuesto que gravaba las transacciones comerciales. La de Santa Fe, la zona comercial más activa junto con Cartagena, Popayán y Antioquia, se elevó en forma constante entre 1770 y 1810 (véase el cuadro 2.4). CUADRO 2.4
ALCABALA DE SANTA FE 1776-1802
(Por quinquenios en pesos)

 

 

 

 

 

 

1776 - 80
1781 - 85  
1786 - 90
1791 - 95
1796 - 1800 
92.804.2
272.740.6
427.633.4
432.720.6
531.143.2

 

 

 

FUENTE:     Alcabala de Santa Fe de Bogotá, Archivo General de Indias, Audiencia de Santa Fe, No. 804. Para establecer si estas cifras indican reales incrementos en la producción u obedecen al alza de los precios o a mejoras en el procedimiento administrativo del recaudo, tendríamos que disponer de información sobre el movimiento de los precios, que infortunadamente no existe. Los estudios de Alberto Pardo, en particular, no dan bases para hacer generalizaciones razonables sobre la evolución de los precios internos. En efecto, tal como lo ha hecho ver René de la Pedraja, los datos de este autor adolecen de varias fallas, ya que se refieren únicamente a Santa Fe, y en esta ciudad se toman como base los precios de los víveres pagados en algunos conventos, lo que no parece hacerlos representativos ni para la región ni mucho menos para el conjunto del virreinato.

En cualquier caso, los datos de estos autores y otras informaciones relativamente dispersas que poseemos sobre el movimiento de los precios con posterioridad a la vigencia del Estatuto del Comercio Libre, parecen indicar que los precios ascendieron constantemente al finalizar el período colonial, especialmente en los artículos importados. Mineros y agricultores se quejaban continuamente del alza en las herramientas, el hierro y los víveres. Antonio de Narváez, desde la Costa, informaba al virrey en 1805 que hachas, palas y azadas habían aumentado en un 50% y que las ropas debían pagarse al triple y cuádruple de los precios anteriores. René de la Pedraja suministra algunos datos sobre incrementos en el precio del ganado en pie. En el mercado de Santa Fe, una res que en 1751 valía $4.71, en 1780 costaba $5, y en 1813 $13. Un aumento semejante durante el mismo período se presentó en el precio de la carne por arrobas y en el de los cerdos. Por supuesto, las alzas tenían fuertes movimientos coyunturales. Los períodos de guerra con Inglaterra y Francia, en la segunda mitad de la centuria, fueron siempre épocas de alzas.

Sin embargo, en algunos géneros pudieron presentarse bajas. Ann Twinan indica que en Antioquia, entre 1785 y 1800 se presentaron caídas en los precios de los textiles nacionales. La vara de lienzo ordinario, que en 1785 costaba 1 tomín de oro, en 1800 valía 0.8. La frazada ordinaria pasó en el mismo período de 8 tomines a 4 o 6. También disminuyeron los precios de ciertas mercancías importadas.
Dentro de las condiciones del mercado, los precios estaban sujetos a fenómenos permanentes de especulación y muy relacionados con la regularidad o irregularidad de los suministros. Estos, a su turno, dependían de factores como el arribo de barcos a los puertos, que variaba con los ciclos bélicos de España. También guardaban relación con el grado de aislamiento y con las dificultades de transporte que afectaban a ciertas provincias como Antioquia y el Chocó.

Otras condiciones que estorbaban significativamente el desarrollo del comercio interno eran las cargas fiscales y el costo del préstamo de dinero. Aunque el interés de éste estaba fijado legalmente a una tasa del 5%, el que se pagaba por un crédito mercantil era del 10% o más, al menos en regiones como Antioquia. Quienes disponían de capitales líquidos, como las comunidades religiosas, preferían establecer censos con garantía hipotecaria o depositarlos en las Cajas Reales como préstamo al Estado. En cuanto a los impuestos, a más de la alcabala, pesaban sobre las actividades mercantiles otra multitud de cargas como los honorarios de escribanos, las guías y tornaguías, los pontazgos, fletes de correo, etc. Phelan, en su libro sobre los comuneros, observa que siete de las capitulaciones se referían al comercio interno. Una de ellas aludía a la competencia que les hacía a los comerciantes la hacienda real, absorbiendo los pocos capitales disponibles en el mercado crediticio.
LA ECONOMÍA PÚBLICA 1. La estructura fiscal

El sistema fiscal del Virreinato fue considerado por sus contemporáneos, incluso por funcionarios de la Corona, como oneroso para los diversos sectores productivos, y sabemos que se convirtió en una de las más fuertes motivaciones de la Revolución Comunera de 1781 y luego del movimiento de Independencia. Sin embargo, tuvo que ser conservado por los gobiernos republicanos en sus aspectos esenciales y sólo vino a ser sustituido a partir de 1850.

El sistema se caracterizaba por una compleja red de impuestos indirectos y monopolios fiscales como los de aguardientes, tabaco, sal, naipes, pólvora y, al finalizar la época colonial, otros como el de exportación del palo de tinte y el de la quina, de corta duración. Estos estancos o monopolios, especialmente el de aguardientes y tabaco, fueron el blanco de las mayores críticas, porque restaban campos de actividad a comerciantes y agricultores, que estaban en capacidad de hacer inversiones y explotar por su cuenta la siembra, la producción y el mercadeo. Se los consideraba la mayor restricción a la libertad de comercio, que ya empezaba a ser una de las aspiraciones de hacendados y comerciantes y el más claro ejemplo de la política monopolista del gobierno español.

Pese al abigarrado número de impuestos, el sistema no producía al Estado colonial ingresos adecuados para cumplir muchas de sus obligaciones. En general, el fisco colonial sólo producía para mantener una burocracia mal pagada e ineficiente, para sufragar los cuantiosos gastos militares causados por el constante estado de guerra que España mantenía con Inglaterra y Francia, y finalmente para unos pocos gastos en servicios. La noción de servicio público prácticamente no existía, ni los ingresos públicos eran suficientes para adelantar obras de beneficio común. Un ejemplo clásico fue el de la conservación de los caminos que unían las diversas regiones del Reino con el río Magdalena, o a Santa Fe con las provincias de Antioquia, Popayán y Quito. Otro caso típico fue el del camino del Carare, por donde circulaban y accedían al río Magdalena los productos de importación y exportación de la Sabana de Bogotá y las provincias de Vélez y el Socorro. Hasta finales del período colonial los virreyes se refirieron a la necesidad de mejorar los caminos, que conducían de Cartagena, principal puerto marítimo del Virreinato, al interior del país, o el de Honda, que daba acceso al comercio de importación de la capital, o los que empalmaban el oriente manufacturero y ganadero con el occidente minero a través de los diversos pasos de la cordillera oriental, pero la colonia terminó sin que se hubieran hecho progresos en el deplorable estado de los transportes. Tampoco el fisco colonial contaba con recursos para pagar servicios como el de la educación elemental, que se limitaba al sostenimiento de unas pocas escuelas en la capital y en una que otra villa de provincia, o los más modestos de salud y beneficencia, a no ser el mantenimiento de algún auspicio en Santa Fe y algo que podría llamarse hospital en alguna ciudad como Cartagena.
Había en realidad una multiplicidad de cartas tributarias “engorrosas y complejas”, según lo afirma Ospina Vásquez. Los ingresos fiscales de mayor envergadura, que representaban cerca de la tercera parte del total (31.47%), provenían de los estancos o monopolios del tabaco y el aguardiente (véase el cuadro 2.5). Seguían en importancia los quintos, que pesaban sobre la producción minera y que a pesar de su nombre eran equivalentes a un 3% del oro y la plata que se llevaba a las Casas de Moneda de Popayán y Santa Fe o las de fundición. Comprendían el 9.28%. Los diezmos, que gravaban la producción agropecuaria —4.07% del total—, eran un impuesto que recaudaba la Corona pero que estaba destinado al sostenimiento de la Iglesia. Por acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno español, de la suma percibida por este concepto el Estado retenía 2/9 partes y el resto pasaba a las autoridades eclesiásticas. Del diezmo se hallaban excluidos los productos agrícolas producidos por los indígenas, que éstos vendían en los mercados locales. La renta de aduanas, compuesta por varios impuestos que pesaban sobre el comercio de importación como el almojarifazgo, la avería, la internación, la alcabala de mar, etc., equivalía al 7.78% de los ingresos totales. Otra renta importante era la alcabala, que gravaba todas las transacciones comerciales de bienes muebles e inmuebles y operaciones de crédito como los censos o hipotecas. Los bienes llamados de “la tierra”, es decir, de producción nacional, pagaban el 2% del valor de la venta, y los importados o bienes de Castilla el 4%. De la alcabala estaban exentos, como en el caso de los diezmos, los artículos comercializados por los indígenas.

CUADRO 2.5
RENDIMIENTO ANUAL DE LOS IMPUESTOS
EN LA NUEVA GRANADA
(Año común de los inmediatamente anteriores a 1810)

 

 

 

 

CUADRO 2.5
RENDIMIENTO ANUAL DE LOS IMPUESTOS
EN LA NUEVA GRANADA
(Año común de los inmediatamente anteriores a 1810)

 

 

 

 

 

 

Tabacos 
Aguardiente
Naipes       
Pólvora
Aduanas
Alcabalas
Quintos de metales
Casa de Moneda  
Papel sellado 
Venta de tierras baldías
Tributos de indios 
Derechos sobre la miel   
Derechos de pulperías
Derecho de lanza   
Medias anatas de empleos
Oficios vendibles 
Salinas 
Diezmos y vacantes 
Mesadas y medias anatas eclesiásticas
Anualidades 
Bulas de Cruzadas
Correos
Confiscaciones
Patios de gallos
Pasos de ríos y peajes
Derecho de bodegas
Réditos de bienes de temporalidades 
Masa común de Real Hacienda
Total
$






















470.000
295.000
12.000
11.500
191.000
184.880
78.000
150.000
53.000
4.000
47.000

6.000

15.000
10.000
65.000
100.000
22.000
23.000
30.000
35.000
25.000
700
6.000
3.500
47.500
567.958
2.453.096

FUENTE: Francisco Soto, Memoria de Hacienda de 1837. En la reforma del sistema fiscal intentada por el visitador Gutiérrez de Piñeres en 1780, que provocó la rebelión de los Comuneros, se quiso elevar a 4% la alcabala de la tierra, uniendo el gravamen tradicional con el de Armada de Barlovento, un antiguo impuesto que había caído en desuso, pero la política de apaciguamiento llevada a cabo por el arzobispo-virrey Caballero y Góngora restableció el monto tradicional del 2%.

Las siete rentas mencionadas abarcaban el 59.91% de los ingresos totales del Estado. El 23.15%, correspondiente al ingreso denominado “masa común de la Real Hacienda”, según Aníbal Galindo, era imputable a los diferentes impuestos enumerados en el cuadro. El resto provenía de una larga lista de gravámenes que pesaban sobre las más diversas actividades, como riñas de gallos, peajes por caminos y puentes, bula de cruzada, bula para “comer carne en la quaresma”, oficios vendibles, medias anatas, espolios eclesiásticos, etc. Algunos merecen una explicación. El ramo de los oficios vendibles provenía de la venta al mejor postor de ciertos cargos públicos, tales como el de regidor de los cabildos, las escribanías, alcaldías y otros cargos del gobierno local. Las mesadas, medias anatas y anualidades consistían en el equivalente a un mes, medio año o un año del sueldo devengado que debían pagar los empleados públicos y curas de parroquia al posesionarse de sus cargos. Los espolios eran bienes dejados por miembros del clero que morían sin herederos.

2. Los estancos

Por su importancia en las rentas de la Real Hacienda y por las reacciones contrarias que despertaron entre sus contemporáneos, como símbolos de la política monopolista del Estado español, vale la pena detenerse un poco en los estancos de aguardiente y tabaco.
Desde los comienzos de la colonización y la introducción de la caña de azúcar, el aguardiente fue un producto importante de numerosas haciendas, de amplio consumo en la población del Nuevo Reino. Por razones morales y religiosas su producción y venta fue prohibida a fines del siglo XVII, pero a partir de 1736 las autoridades coloniales, considerando que su consumo era menos perjudicial e inmoral, resolvieron organizar su producción como una renta del Estado. En un principio fue dada en arrendamiento a inversionistas privados, pero en 1760 el virrey Solís estableció el estanco por administración directa. Desde entonces representó no sólo una de las más valiosas entradas de la Hacienda Real, sino uno de los sectores importantes de la economía agrícola del Nuevo Reino. Hasta 1778, cuando se puso en vigencia el Estatuto de Comercio Libre, la renta de aguardiente representó entre el 10% y el 15% de los ingresos fiscales. A partir de esa fecha la introducción de licores españoles produjo una aguda crisis en la producción nacional, especialmente sensible en la Costa Atlántica, donde la agricultura de la caña y la producción de mieles estaba íntimamente ligada a la demanda de las fábricas de aguardiente.

Los virreyes Gil y Lemos y Ezpeleta hicieron ver a la Corona los perjuicios que causaba a la economía del Nuevo Reino la introducción de aguardientes españoles. El mismo Gutiérrez de Piñeres, en larga carta al Consejo de Indias, ponía de presente los efectos negativos de tal importación sobre la agricultura, el comercio y la misma Real Hacienda y proponía estancar también los aguardientes traídos de España. A su propuesta se opusieron los comerciantes de Cádiz y el funcionario sustanciador del Consejo recomendó negar la solicitud del Regente, pues, como lo dice paladinamente, “en caso de conflicto entre los intereses de las colonias y los de España, deben preferirse éstos”.

El estanco o monopolio del tabaco, la “pieza maestra” del sistema fiscal de la colonia, como lo llama Ospina Vásquez, tuvo una historia más estable y conservó sus crecientes niveles de productividad hasta finales del período virreinal. Siguiendo una política que la Corona había ordenado para todo el Imperio al instaurarse el Virreinato, en 1740, el virrey Eslava había recibido instrucciones para organizar como monopolio del Estado la producción y distribución del tabaco, que hasta entonces había sido de libre cultivo y comercialización, pero la idea sólo tuvo realización en 1764 bajo la administración del virrey Messía de la Zerda. En su primera etapa el estanco fue dado en administración a capitales privados mediante el sistema de remates y se limitó a la compra de la hoja producida en la región de Honda y a su distribución en las provincias de Antioquia, Cartagena, Santa Marta y Mompós. El primer rematador de la renta fue el comerciante de Honda, José Mesa Armero, quien pagó por ella la suma de 50.000 pesos anuales. Este sistema de administración privada duró hasta 1774, cuando el virrey Solís estableció la administración directa por las autoridades virreinales y fijó las zonas de cultivo y distribución. Finalmente, el visitador Gutiérrez de Piñeres reorganizó la totalidad del sistema por medio de minuciosas ordenanzas. Estableció cuatro zonas de cultivo: Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira, y seis administraciones y factorías de distribución para todo el Virreinato. A esto se agregaron estrictas normas técnicas para la elaboración y empaque de la hoja y un sistema de resguardos policiales para el control estricto de la comercialización. En consecuencia quedaron excluidos de la producción numerosos pueblos y regiones que antes cultivaban libremente el tabaco, sobre todo en Antioquia y Santander. El precio del producto subió y el resultado fue el descontento general, que tuvo su culminación en la Revolución Comunera de 1781.

3. La administración

La administración colonial era lenta, complicada y arcaica. El eje del sistema de recaudos y control lo constituían las Cajas Reales y el Tribunal de Cuentas, que tenía su sede en Santa Fe. Al frente de las primeras estaban los llamados oficiales reales: un tesorero, un contador y un veedor. Este último ejercía una función fiscalizadora sobre el conjunto de las operaciones, pero generalmente faltó en las provincias, donde sólo había el contador y el tesorero. Según la descripción de Silvestre, funcionaban en la Nueva Granada 13 oficinas de oficiales reales. El Tribunal de Cuentas estaba encargado de revisar y fenecer las cuentas e informes enviados desde las provincias sobre el producto de las rentas seccionales, los ingresos y los gastos.

La operación duraba entre tres y cinco años. Para estos efectos se llevaba una contabilidad muy elemental, puesta en práctica desde comienzos de la colonización. Consistía en un libro donde se anotaban los ingresos con el nombre de Cargo y los gastos y egresos con el de Data. Al finalizar el período colonial, en 1784, dentro de la política de modernización administrativa adelantada por los Borbones, se ordenó llevar una contabilidad por partida doble, en tres libros llamados Manual, Caja y Mayor, pero el sistema no recibió aplicación, pues todavía al terminar el siglo XVIII las cuentas se seguían presentando mediante el antiguo sistema de Cargo y Data, practicado en forma por demás anárquica y deficiente. La denominación de las cuentas variaba de un sitio a otro y de uno a otro año, lo que dificulta cualquier análisis y estudio del sistema rentístico. Los ingresos anotados con alguna regularidad eran los provenientes de los quintos de oro y plata, los diezmos, el producto de los estancos de tabaco y aguardiente, el tributo de indios y la alcabala. Los egresos estaban representados generalmente por los sueldos y el pago de intereses de deudas públicas.

Como cuerpo auxiliar del virrey e instancia suprema para pleitos y litigios relacionados con los asuntos fiscales en las ciudades donde había Cajas matrices funcionaban las Juntas de la Real Hacienda, que en Santa Fe estaba compuesta por el virrey, el oidor más antiguo de la Audiencia, el fiscal y uno de los oficiales reales.

La administración española usó mucho el sistema de venta de cargos públicos y los remates en pública subasta del recaudo de algunas rentas. Dichas funciones se otorgaban al mejor postor a perpetuidad o por períodos fijos. El sistema se aplicó especialmente en la recaudación de impuestos como la alcabala y los diezmos, y en ciertos cargos públicos del gobierno local de villas y ciudades, como los regidores de Cabildo y los llamados oficios consejiles —escribanos y alcaldes mayores y de la hermandad, etc.—. Por este hecho, los cálculos de las rentas públicas no reflejan con exactitud los ingresos reales, sino las sumas pagadas por los rematadores, pero los cambios revelan la tendencia general de su ascenso o descenso.

La reorganización de la Real Hacienda fue una de las preocupaciones centrales de la Corona dentro del marco de las reformas borbónicas. Con la directriz de hacerla más productiva vino a Santa Fe en 1779 el visitador Gutiérrez de Piñeres, con la función de regente. La regencia fue una institución creada para adelantar la reforma general administrativa que en otros virreinatos fue encomendada a los intendentes. Gutiérrez de Piñeres llegó a Santa Fe dotado de amplísimas facultades, casi superiores a las del virrey, y en efecto pronto entró en divergencias con el virrey Flórez, quien de todas maneras tuvo que acogerse a las orientaciones del recién llegado. Funcionario eficiente, muy representativo del nuevo clima de modernización que caracterizó las reformas borbónicas durante el reinado de Carlos III, Gutiérrez de Piñeres se propuso hacer más efectivos los recaudos, combatiendo la evasión fiscal y el contrabando, colocando frente a los cargos a funcionarios más eficientes y mejor pagados, eliminando el nepotismo y reorganizando los estancos. El resultado de sus reformas fue probablemente positivo desde el punto de vista de los intereses fiscales de la Corona, pero el costo político fue demasiado alto, pues, como sabemos, su gestión fue uno de los motivos directos de la rebelión comunera de 1771.

Bibliografía de referencia

Dado el carácter sintético y divulgador de esta obra, para no abrumar al lector se han omitido las rutinarias notas de pie de página.

Bibliografía de referencia

Dado el carácter sintético y divulgador de esta obra, para no abrumar al lector se han omitido las rutinarias notas de pie de página. Para la elaboración del capítulo, el autor se ha basado en los trabajos de los historiadores que se han ocupado de la economía de este período, en obras testimoniales de la época y en documentación de archivo acopiado por él para otros propósitos. Las obras y autores citados en el texto y a los cuales referimos al lector, son los siguientes:

Relaciones de Mando de los Virreyes, editadas por Eduardo Posada y Pedro María Ibáñez, Bogotá, 1910.

Con las limitaciones propias de una obra de esta naturaleza, las Relaciones siguen siendo una fuente necesaria para el estudio del período del Virreinato. También lo son los testimonios y escritos de algunos funcionarios y escritores contemporáneos.

Especialmente valiosos son los informes de Pedro Fermín de Vargas, en sus Pensamientos Políticos y Memoria sobre la Población del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1944;

Descripción del Reino de Santa Fe de Bogotá, de Francisco Silvestre, Bogotá, 1950;

y los informes de José Ignacio de Pombo y Antonio de Narváez y Latorre, editados por Sergio Elías Ortiz con el título Escritos de Dos Economistas Coloniales, Bogotá, 1965:

Esquemas generales de la historia económica colonial encontrará el lector en las obras de Luis Ospina Vásquez, Industria y Protección en Colombia, 1810-1930, Medellín, 1955;

Alvaro Tirado Mejía, Introducción a la Historia de Colombia, Bogotá, 1971; William P. Mc Greevey, Historia Económica de Colombia, 1845-1930, Bogotá, 1975; y Alberto Pardo, Geografía Económica y Humana de Colombia, Bogotá, 1972.

La bibliografía sobre la Economía y la Sociedad Coloniales se ha enriquecido considerablemente en las dos últimas décadas.

Para los sectores tratados en este ensayo, mencionamos las siguientes obras:

Minería: Germán Colmenares, Historia Económica y Social de Colombia, 1537-1719, Cali, 1976;

Popayán: Una sociedad esclavista, 1680-1810, Bogotá, 1981; y Cali: Terratenientes, Mineros y Comerciantes, Siglo XVIII, Cali, 1976.

Jorge Orlando Melo, “Producción de Oro y Desarrollo Económico en el siglo XVIII”, en Sobre Historia y Política, Bogotá, 1979. La obra de Vicente Restrepo, Estudio sobre las Minas de Oro y Plata de Colombia, Bogotá, 1952, sigue siendo de provechosa consulta. Aunque se refiere sobre todo a los primeros años de la colonización, el libro de Robert West, La Minería de Aluvión en Colombia durante el Período Colonial, Bogotá, 1972, tiene gran utilidad para el conocimiento de la historia minera colonial, especialmente en sus aspectos técnicos. La obra de A.M. Barriga Villalba, Historia de la Casa de Moneda, 3 vols. Bogotá, 1969, es un verdadero arsenal de datos sobre el tema.

Para algunos desarrollos regionales como el de Antioquia, mencionamos la obra reciente de la historiadora norteamericana Ann Twinan, Mineros, comerciantes y labradores: Raíces del Espíritu Empresarial Antioqueño, 1763-1810, Medellín, 1985, también esclarecedora de la historia del comercio y la agricultura colonial de Antioquia.

El brillante ensayo de Alvaro López Toro, Migración y Cambio Social en Antioquia durante el Siglo Diez y Nueve, Bogotá, 1970, aporta originales y valiosos análisis sobre la función de la minería en el “caso antioqueño” y, a través de éste, en el desarrollo económico nacional. La obra de Rodolfo Segovia Salas, Crown Policy and Precious Metals in New Granada 1760-1810, Tesis de Máster, Universidad de California, s.f., versa especialmente sobre el Chocó. Agricultura. Obras básicas son las ya mencionadas de Germán Colmenares, a las cuales debe agregarse el estudio del mismo autor sobre Las Haciendas de los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1969. De la Hacienda como estructura celular de la economía agrícola colonial, su organización interna y carácter de la empresa, se ha ocupado Hermes Tovar Pinzón en su libro Grandes Empresas Agrícolas y Ganaderas: Su Desarrollo en el Siglo XVIII, Bogotá, 1980.

Sobre las haciendas de la Costa Atlántica, la tenencia de la tierra y la historia agrícola de esta región han escrito el economista Adolfo Meisel, en su estudio “Esclavos, Mestizos y Hacienda en la Provincia de Cartagena, 1533-1851”, en Sociedad y Desarrollo, No. 4., junio de 1980; y Orlando Fals Borda, en su obra Mompox y Loba: Historia Doble de la Costa, Vol. I, Bogotá, 1979. A la agricultura de la Provincia de Popayán se refiere Jorge Orlando Melo, en su ensayo “La producción agrícola en Popayán en el siglo XVIII según la Cuenta de Diezmos”, publicado en Fedesarrollo, en Ensayos sobre Historia Económica Colombiana, Bogotá, 1980. De las haciendas y algunos problemas de la economía agrícola y la vida rural en la Sabana de Bogotá y Boyacá se ocupa Hermes Tovar Pinzón en la obra citada. La historia anecdótica y de la transmisión del dominio en las haciendas de la Sabana han sido narradas por Camilo Pardo Umaña, en su encantador libro Haciendas de la Sabana, su Historia, sus Leyendas y Tradiciones, Bogotá, 1946.

Un antecedente de las investigaciones sobre la hacienda, su economía y su función social y política, es la tesis doctoral de Juan A. Villamarín, Encomenderos and Indians in the Formation of Colonial Society in the Sabana of Bogotá, 1537-1740, Brandeis University, 1972, aún inédita en español. Para los problemas de la tierra en Boyacá hay abundantes materiales en El Hombre y la Tierra en Boyacá, de Orlando Fals Borda, Bogotá, 1957. De los Resguardos de Indígenas se ocupa Margarita González, en su ensayo El Resguardo en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1970. También Germán Colmenares en La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada, 1539-1800, Bogotá, 1970. El Comercio.

La bibliografía sobre el comercio, tanto interno como de importación y exportación en el siglo XVIII, es muy limitada. Aparte de las consideraciones que al tema dedica Ospina Vásquez en su Industria y Protección en Colombia, y de las referencias de los manuales citados, existen pocos estudios monográficos sobre este aspecto de nuestra historia económica.

El historiador inglés Anthony McFarlane le ha dedicado gran parte de su tesis doctoral Economic and Political Change in Viceroyalty of New Granada with Special Reference to Overseas Trade, 1739-1810, University of London, 1977. René de la Pedraja se ha ocupado del comercio exterior de las últimas décadas del Virreinato en dos estudios monográficos: “El comienzo de la Crisis en el Comercio Colonial, 1796-1801”, y “Aspectos del Comercio de Cartagena en el siglo XVIII”, en Anuario de Historia Social y de la Cultura, No. 8, 1976. Ann Twinan, en su obra citada, Mineros, Comerciantes y Labradores, hace un pormenorizado análisis del comercio de importación de Antioquia en el Siglo XVIII, que arroja mucha luz sobre el comercio exterior del Virreinato en su conjunto. José Antonio Ocampo, en su libro Colombia y la Economía Mundial, 1830-1910, Bogotá, 1984, dedica interesantes consideraciones a la posición de la Nueva Granada en el comercio internacional al finalizar el período colonial.

La historia económica del período colonial de Colombia tiene aún grandes vacíos, en aspectos como los precios, el crédito y la manufactura. Sobre historia de los precios hizo un intento Alberto Pardo en su Geografía Económica y Humana de Colombia, ya citada.

De sus limitaciones se ocupa René de la Pedraja en su Trabajo Los Precios de los Comestibles en la Epoca del Virreinato, 1740-1810, Documento CEDE, No. 047, enero de 1978. En este estudio el autor aporta algunos datos aislados sobre precios en el período. Al crédito dedica Germán Colmenares un capítulo en su obra Cali: Mineros, Terratenientes y Comerciantes. Mario Arango, en su interesante ensayo Judas Tadeo Landínez y la Primera Bancarrota Colombiana, Medellín, 1985, incluye un informativo capítulo sobre el crédito al finalizar el período colonial.

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