La Lenta Ruptura con el Pasado Colonial (1810-1850)

Por: Hermes Tovar Pinzón

El desarrollo económico de Colombia después de 1810 osciló entre dos modelos: el que luchaba por reconstruir los fundamentos coloniales de la economía nacional y el que aspiraba a una ruptura con múltiples trabas que se oponían al desarrollo moderno. El segundo, que habría de triunfar hacia 1850, oponía al proteccionismo el libre cambio, a la intervención del Estado en el ordenamiento de la economía la defensa de la empresa privada, y a los esfuerzos de industrialización y protección de los productos nacionales la teoría de que la agricultura y la minería para exportación deberían ser los ejes del desarrollo nacional.

Los años que siguieron a 1820 mostraron los esfuerzos por reorientar la economía hacia uno u otro modelo. Los gobiernos posteriores a 1830 lograron sostener el patrón de desarrollo sobre parámetros de origen colonial. Sin embargo, a partir del primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849) se dieron los primeros pasos tendientes a reorientar la economía colombiana sobre fundamentos liberales. Este movimiento tomó pleno vuelo durante la administración de José Hilario López (1849-1853), en medio de un conflicto social creciente, por la movilización liberal de los sectores populares y la insurrección conservadora de 1851.

LA POBLACIÓN

Hasta 1810 la población de la actual Colombia había sido estratificada por castas: negros, indios, libres de todos los colores y blancos. Entre los blancos y los mestizos, grupos dominantes de la sociedad colonial, existían matices que hacían muy difícil homogeneizar sus intereses. Sin embargo, el desarrollo político de finales del siglo XVIII los había llevado a establecer sistemas de alianzas, allí donde era más importante su unión en torno a la ideología de “lo criollo” que una tajante diferenciación de origen socioeconómico.

La independencia reforzó estos sentimientos de cohesión y una de las primeras decisiones del Estado republicano fue la supresión de las castas, quedando únicamente libres y esclavos como categorías sociales básicas. Además, ya entrado el siglo, hubo un mayor interés por conocer, no tanto los aspectos raciales de la sociedad, sino aquellos que tenían que ver con su edad, estado civil y ocupación. Hasta 1850, los negros esclavos fueron los únicos que continuaron siendo discriminados formalmente, aunque en la práctica los indios también lo fueron.

La población había venido creciendo durante los cien años anteriores a 1810 a tasas que no iban más allá del 1% para el territorio colombiano en su conjunto. No obstante, a comienzos del siglo XIX se hablaba de una superpoblación, y la miseria abrumadora creaba inquietud en los aparatos políticos del Estado. En la primera mitad del siglo XIX se realizaron cuatro censos generales, en 1825, 1835, 1843 y 1851, que muestran importantes cambios demográficos tanto en el plano de la distribución geográfica como en el volumen de la población (véase el cuadro 3.1).


CUADRO 3.1
EVOLUCION DE LA POBLACION COLOMBIANA
1778-1851

 

Porcentajes
Deptos. 1778 1825 1835 1843 1851 1778 1851
Boyacá 289.824 409.969 550.472 638.142 739.839 37% 35%
Cauca 116.651 149.778 210.359 268.607 323.574 15 15
Mag/lena 169.221 117.983 239.269 254.119 273.371 22 13
Cund/marca 211.287 391.444 570.759 651.714 768.847 27 37
Totales 786.983 1.129.174 1.570.859 1.812.582 2.105.622 100 100

FUENTES: El presente cuadro se ha levantado siguiendo la división territorial establecida por la Ley 25 de junio de 1824 que creó para la actual Colombia 4 departamentos y 15 provincias así: Depto. de Boyacá, constituido por las provincias de Tunja, Pamplona, Socorro y Casanare; Depto. del Cauca, por las provincias de Popayán, Pasto, Chocó y Buenaventura; Depto. del Magdalena, por las provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, y Depto. de Cundinamarca, por las provincias de Bogotá, Antioquia, Neiva y Mariquita. El censo de 1778 se hizo siguiendo un resumen general realizado por el autor, que corrige muchos errores sobre los datos hasta ahora conocidos. Para 1825, 35, 43 y 51, cf. A.H.N., Resúmenes Censos Población 1825, 35, 43, 51 y Miguel Urrutia y Mario Arrubla (eds.), Compendio de Estadísticas Históricas de Colombia, U. Nal., Bogotá, 1970, pp. 9-30. En términos de población, las guerras de Independencia (1810-1820) y de los Supremos (1839-42) no afectaron aparentemente la tendencia general del crecimiento demográfico. Los efectos de los conflictos armados deben buscarse, más bien, en las movilizaciones, reclutamientos y desarraigos que creaban en las localidades y regiones un gran desorden coyuntural, haciendo que la estructura de la distribución de la masa global de la población se viera afectada. Cuando los conflictos no eran generalizados, sus secuelas podían dispersarse a nivel nacional, pero el impacto local era significativo y se reflejaba en la merma de la población en la zona afectada, mientras que se recuperaba en otras regiones.

Las guerras, como fenómeno demográfico, no causaban solamente perjuicios físicos que dejaron un rastro de crímenes, vagancia, ruina y bandidaje. Muchas gentes huían y otras se escondían o migraban, contribuyendo a deformar los cálculos y a redistribuir los espacios habitados. En primer lugar, las levas arrancaban fuerza de trabajo de las zonas agrícolas y mineras, impidiendo el normal proceso productivo. Los reclutamientos forzosos llegaron a ser tan desastrosos e inútiles para la población que los peones, indios y aun esclavos terminaban por ocultarse cuando el rumor de que el censo o recuento estaba ligado a una posible movilización. A su vez, los ejércitos en campaña actuaban contra la población civil, que huía de sus centros de habitación e iba a buscar refugio a zonas de paz o de defensa. Los ciudadanos urbanos se marchaban a otros pueblos y los trabajadores rurales monte adentro, donde no fuera posible sufrir los efectos de la devastación. Son conocidos los desarraigos ocurridos en Cúcuta con motivo de la campaña de los españoles contra Bolívar, los atentados contra la población civil durante la reconquista (1815-16) y los ocultamientos de la gente, en 1843, cuando se levantó el censo de la Nueva Granada.

El segundo hecho notable del poblamiento en la primera mitad del siglo XIX fue el desplazamiento de los polos de desarrollo colonial hacia centros más dinámicos. Entre 1778, fecha en que se elaboró, por su cobertura, el censo de la población más importante del período colonial y 1851, la actual República de Colombia tuvo importantes cambios en sus jurisdicciones administrativas, que hacen difícil seguir con cuidado las modificaciones operadas en la estructura de la población. En términos generales, y a pesar de los conflictos, las cifras muestran una tendencia al crecimiento, que se explica no sólo por el mejoramiento de los sistemas de vida, sino por la incorporación de regiones antes aisladas y, obviamente, por los mecanismos de control y cuidado en la elaboración de los padrones.

De tales fenómenos podemos deducir que en las últimas décadas del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX hubo cambios muy importantes en la distribución regional de la población. Tal como se observa en el cuadro 3.1, el departamento de Cundinamarca que, de acuerdo con la Ley 25 de 1824, agrupaba a las provincias de Bogotá, Neiva, Mariquita y Antioquia, pasó de 27 a 37% del total de la población colombiana, mientras que el del Magdalena, que cobijaba las provincias de Riohacha, Santa Marta y Cartagena, pasó de un 22 a un 13%. Los otros dos departamentos, Boyacá y Cauca, mantuvieron una proporción estable de la población. La región del Caribe fue la única que no pudo duplicar su población en el curso de 70 años, lo que supone un crecimiento anual inferior al 1%. En general, se observa un proceso de concentración de la población en las regiones centrales de Colombia y una estabilización en el suroccidente y el oriente del país. El fenómeno estuvo ligado a la función que estas regiones jugaron en la lucha política y militar y en la vida económica en los años posteriores a 1810.

LA AGRICULTURA

A fines del siglo XVIII la agricultura colombiana había vivido un período de auge y expansión, gracias al crecimiento de la demanda de los centros urbanos y mineros y de los mercados intercoloniales por la vía del contrabando. Sin embargo, la expansión de otras economías coloniales había generado competencias comerciales que hicieron entrar en contradicción los intereses de los empresarios agrícolas con las políticas del sistema colonial en su conjunto.

La ilusión de una independencia que habría de adecuar las quejas de estos empresarios a sus expectativas económicas fue un acicate que movilizó sus sentimientos de solidaridad con la causa republicana. Pero el proceso de independencia, que no pudo ser pacífico sino violento, dio al traste con muchos de los anhelos de los empresarios vinculados tanto a la agricultura y a la ganadería como a otras actividades de la economía neogranadina. La independencia, al convertirse en una guerra civil, luego en una guerra nacional contra la reconquista y, finalmente, en una guerra de liberación, arruinó vidas y bienes de importantes empresarios y sectores de la economía colonial durante los años que siguieron a 1810.

Después de 1819 comenzaron a hacerse esfuerzos de reconstrucción y conservación de las estructuras económicas vigentes, aunque las secuelas de la guerra impidieron que en la década del veinte hubiera una total readecuación de la economía. Fue sólo en la década del treinta cuando se reordenó la economía nacional y los viejos herederos del sistema de haciendas, propio del siglo XVIII, se lanzaron a una ofensiva de reconstrucción de los antiguos órdenes. Sin embargo, era muy difícil contener los avances dejados por veinte años de lucha, que habían logrado agrietar el orden colonial en el campo, crear nuevas relaciones de trabajo, buscar nuevas perspectivas de mercado y reorientar la economía agraria hacia aquellos productos que parecían ofrecer mejores perspectivas de desarrollo.

Hasta 1850 persistió el carácter desigual de nuestro desarrollo agrícola-ganadero, sin que los primeros intentos de desarrollo agrícola modernos hubieran podido romper la vigencia de formas de explotación profundamente enraizadas en las estructuras regionales de origen colonial. El tabaco, en el Tolima y el Valle, no fue capaz de sustituir la vieja hacienda colonial, que luchó por preservar su unidad, por modernizarse y por tecnificarse. Los sistemas de tenencia familiar se conservaron en muchas regiones de Colombia y más bien se consolidaron con las políticas agrarias posteriores a la Independencia. El esfuerzo por liberar mano de obra esclava e india condujo a la consolidación de pequeños tenedores, como proyección del espíritu de seguridad personal que había venido desarrollándose desde finales del siglo XVIII.

1. Destrucción de la hacienda por la guerra

La Independencia, que asumió un carácter de guerra civil en los primeros años de su declaratoria, desató entre la sociedad instintos de revancha, defensa y venganza. Para lograr sus objetivos, los sectores dirigentes no vacilaron en invitar a las castas a solidarizarse con su causa, sin prever que éstas podrían ejercer su propio derecho a la retaliación, movidas por un mayor resentimiento, al haber sido víctimas, durante siglos, de maltratos, opresiones e injusticias. Así, la guerra fue envolviendo en su loca carrera a cuanto hombre, mujer y niño fue encontrando a su paso, que se afiliaron a banderas reivindicatorias tachonadas de promesas de igualdad, justicia y libertad.

Los negros esclavos, los indios, los mestizos y los libertos marcharon con los ejércitos en contienda o recibieron el apoyo para que pudieran levantar las banderas de la rebelión y la resistencia armada. Atendieron las voces que los llamaban a castigar por sus propios medios a los enemigos de turno y cuando se lanzaron a defender las causas en contienda, su grito libertario expresó el afán de libertad absoluta y la necesidad de cobrar con violencia las deudas de la injusticia institucionalizada. Así surgió el deseo de robar lo que siempre había parecido un sueño poseer: unas vacas, unos animales de carga, unos bienes. Este fue el patrimonio de esos años. Al saqueo personal se unía el saqueo oficial, es decir, aquel que practicaban los ejércitos para beneficio de sus causas.

Como la guerra no se decidía en las ciudades sino en los campos, las haciendas se convirtieron en un factor muy importante para el abasto de alimentos, reclutas y semovientes. Fue igualmente el cuartel y la base de la intendencia militar. Así, pues, debemos decir que la economía rural, en sus haciendas, en sus grandes y medianas propiedades, sufrió políticas de secuestro total, embargo de bienes y saqueo de ejércitos y organizaciones paramilitares.

En efecto, uno de los mecanismos más comunes empleados durante la guerra de Independencia fue el secuestro ordenado contra los enemigos de turno, tanto en las guerras civiles como en la operación de reconquista. En la guerra civil entre Cartagena y Santa Marta, como aquélla entre Santa Fe y Tunja, antes de 1815, los ejércitos en contienda practicaban los secuestros de los bienes de los españoles o de quienes emigraban temerosos de las posibles represalias. Esta migración, como el abandono de importantes haciendas y empresas económicas, fue lo que obligó a los comisionados políticos del gobierno general de las provincias unidas a nombrar, en 1814, al coronel José Acevedo y Gómez como subpresidente y jefe superior político de la Villa de Zipaquirá y Nemocón para que regulara el abasto de los pueblos y mantuviera el orden político y económico, con el fin de lograr que los bienes de los enemigos estuvieran a buen recaudo1. Era evidente que la guerra había creado una especie de pánico que llevó a muchos individuos a vender ganados, esclavos y semovientes antes que fuera tarde. Una buena administración de estas unidades de producción aseguraba, por lo menos, el sustento de los ejércitos en campaña y servía de base a la intendencia militar.

CUADRO 3.2
HACIENDAS EMBARGADAS DURANTE LA RECONQUISTA
(1815-16)

 

 

 

 

CUADRO 3.2
HACIENDAS EMBARGADAS DURANTE LA RECONQUISTA
(1815-16)

 

 

 

 

 

 

Propietario  Hacienda     Jurisdicción Año  
José Nicolás de Rivas La Chamicera Santa Fe 1816  
Domingo Bastidas La Laguna Usme 1816  
 Casablanca  Usme 1816  
Josef María López Matarredonda  Neiva 1816  
Francisco López Buenavista Neiva  1816  
Emigdio José Troyano Cayundá  Anolaima 1816  
Camilo Torres Comerciante Santa Fe 1816  
Agustín del Valle Comerciante  Barranquilla 1816  
Bartolomé Molinares Comerciante Barranquilla 1816  
José G. Gómez Cura   Lorica 1815  
José M. Torres Cura S. Nicolás 1815  
Fco. de la Cruz González Hda. Corito  Serrezuela 1816  
Mariano Grillo Potr. Garzón Serrezuela 1816  
Antonio Rumbao Minero Zaragoza 1816 Gregorio San Germán
Minero    Zaragoza 1816  
Diego Lobón Minero Zaragoza 1816  
     
Propietario  Hacienda     Jurisdicción Año  
Manuel Cobo Comerciante Zaragoza 1816  
Francisco Pradilla Hda. La Peña Suratá  1816  
Ignacio Amaya  Hacendado Fontibón    1816  
José Acevedo Hacendado Santa Fe 1816  
José Madrid Domínguez R Hacendado Espinal 1816  
Nicolás Manuel Tanco  Honda 1816  
José María Castillo  Santa Fe 1816  
Manuel García      Santa Fe    1816  
Estanislao Gutiérrez    Santa Fe 1816  
Pantaleón Gutiérrez Techo - La Herrera Fontibón 1816 Serrezuela-Zanquino
Juan Agustín Torres Hda. El Volcán Faca-Anolaima 1816  
Ignacio Días H. Mana Blanca Faca 1816  
Luis Dionisio Caycedo H. Saldaña y Contreras La Mesa 1816  
José Sta. María Hacienda  Fontibón 1816  
Pedro Groot Bermeo Santa Fe 1816  
Mariano Grillo Potr. Garzón Santa Fe   1816  
Francisco Díaz Las Monjas Santa Fe 1816  
Pedro Felipe Valencia  Santa Fe 1816  
Francisco García Hevia Casas Pamplona 1816  
Joaquín Sarmiento Cura (Hdas.) Socorro  1816  
Jorge Tadeo Lozano Chinauta (Hda.) Tibacuy 1816  
Jorge Tadeo Lozano S. Fortunato (Hda.)  Soacha 1816  

FUENTE: A.H.N. (Bogotá), Secuestros.

Sería interminable el volumen de testimonios sobre extracción de ganados, esclavos, alimentos y, en fin, cuanto pudiera ser utilizado por militares, saqueadores y herederos, dispuestos a sobrevivir con cuanto pudieran subrepticiamente vender. La guerra no sólo se limitó al saqueo de los factores productivos, sino que también preservó y acrecentó los bienes de quienes fueron fieles a la causa.

Cuando Pablo Morillo invadió la Nueva Granada recibió múltiples quejas de muchos españoles que habían sido perseguidos por los patriotas antes de 1816. Sus bienes, secuestrados por los gobiernos de la primera república (1810-1815), se les deberían restituir. Como recompensa a sus sacrificios, Morillo dispuso que las tierras, bienes y haciendas de los criollos derrotados les fueran entregadas para paliar sus dificultades económicas (véase el cuadro 3.2). Otros españoles o criollos que permanecieron neutrales durante los años de independencia, cuando notaron que las tropas del rey avanzaban por los diferentes costados de nuestras cordilleras, procedieron a entregar víveres y alimentos, contribuyendo a solidificar la intendencia de los invasores, quienes luego les premiaron sus servicios al rey. Los secuestros de bienes no fueron patrimonio de la reconquista sino de la primera y aún de la segunda república, ya que después de 1819 muchos españoles y defensores de la causa real perdieron todo su patrimonio, a más de que muchos de ellos, en la huida, fueron perseguidos por ciudadanos corrientes que hacían cacerías de españoles para fusilarlos después del triunfo de agosto de 1819. En 1819, muchas de las haciendas de los españoles regresaron a manos de los patriotas, cerrándose el ciclo de revanchas políticas que afectaron a un gran número de propietarios. La destrucción de las haciendas conllevó una ruptura del sistema de créditos y abastos y de los circuitos comerciales que tuvieron que buscar nuevas fuentes de vida.

2. La hacienda colonial en la primera mitad del siglo XIX

Es indudable que muchas haciendas entraron en decadencia, ya sea porque sus dueños tuvieron que dejar definitivamente el país o porque estaban ubicadas en aquellas regiones donde la guerra fue permanente. Otras lograron defenderse del conflicto o lo superaron manteniendo su vocación productiva hasta bien avanzado el siglo XIX. Así, algunas de las viejas familias coloniales se proyectaron sobre el siglo XIX como legítimos herederos de viejos sistemas de organización económica, mientras que otras tierras fueron adquiridas por modernos comerciantes deseosos de convertirlas en renovadas unidades de producción. Paralelamente, el Estado promovió la ocupación de tierras nuevas, aprovechando tierras públicas inexplotadas, medida que de todas formas pretendía resolver en forma marginal la demanda de los nuevos sectores de trabajadores liberados por la guerra.

Un caso que nos ayuda a ilustrar los esfuerzos de conservación, reordenación y readaptación de la hacienda colonial en la primera mitad del siglo XIX lo presenta la hacienda de Coconuco, que durante el siglo XVIII fue propiedad de la Compañía de Jesús y, después de 1767, pasó a manos de dos de las familias más ilustres de Popayán, los Arboleda y los Mosquera. Coconuco logró proyectarse hasta el siglo XX como una importante hacienda que fue capaz de adaptarse a las vicisitudes de los tiempos de agitación social y política que siguieron a 18202.

Como en otras haciendas de origen colonial, se introdujeron algunos cambios importantes en la producción y en los sistemas de trabajo. De un lado, el general Tomás Cipriano de Mosquera mostró un gran interés por la adquisición de semillas especializadas, tanto de trigo como de maíz. En sus instrucciones de 1842 decía: “Voy a remitir de Chile una cantidad de trigo para semilla siempre que calcule que puede estar en un potrero en Popayán y al efecto debe tenerse preparado un buen terreno. Si no llegare debe aprovecharse con otros trigos de los mejores de la hacienda”. La instrucción dada en 1842 por Mosquera refleja una gran preocupación por la organización productiva de la hacienda, no sólo en el aspecto de la agricultura sino de los ganados, especialmente en la preservación de las ovejas merinas y bogotanas.

Al mismo tiempo surgía también el problema de las relaciones con los indios y los esclavos convertidos ahora en terrajeros o peones. Se advertía que “los negros de Coconuco quizás será conveniente cambiarlos por otros dejando solamente a Miguel por viejo”. Igualmente se pedía que “los manumitidos que se quieran contratar los contratará particularmente en las minas y les dará algún aliciente por tener peones de mina en cambio de los esclavos cuando falten y de modo que queden utilidades”. Mientras Mosquera pensaba en la transición del esclavo al liberto, instruía con precisión a su administrador sobre las formas de pago dentro de la hacienda y sobre la política general que debería primar en la entrega de tierras en arrendamiento. Sobre los indios, a más de pedir que se les cancelaran las cuentas, establecía que: “Hay que cargar a los indios el arrendamiento de las tierras conforme al cobro, a saber: Por cada res dos reales al año. Por cada oveja un real y tres pesos por la casa y sementeras. A aquellos más pobres que siembran, peso menos.” Es decir, que los terrajes no sólo dependían del área cultivada por los indios sino del número de ganados que tuvieran en ellas. Aunque no conocemos detalles de esta relación contractual con los indígenas de la hacienda, es posible que muchas de las normas establecidas en los arrendamientos de los esclavos estuvieran también en vigencia para los indios. Lo cierto del caso es que era tradición de la hacienda, según se constata en la instrucción de Mosquera, en 1823, dar a los esclavos el día sábado “para que con él trabajen para vestirse y también el primer viernes cuando no haya ración de carne”. Esta costumbre de dejar los sábados y domingos a los esclavos era una tradición del siglo XVIII y fue común en las haciendas de los jesuitas. Con ello los esclavos generaban sus propios alientos y, de paso, contribuían a que el hacendado pudiera disminuir los costos de manutención. Dicha actitud, por tanto, no provenía sólo de la presión que la Iglesia podía ejercer sobre los amos para que sus esclavos santificaran domingos y días festivos, sino que respondía a fines propiamente económicos.
Frente a la irremediable liberación de los esclavos, las disposiciones que restringían las áreas de cultivo y los productos que se permitía cosechar fueron delimitados así por el mismo Mosquera en 1842: “Ningún esclavo puede sembrar trigo, ni hacer rocería en los montes de la hacienda que son todos los de Hispala, los del Rincón de Sachaquio, San Andrés y los montes de enfrente de la casa hasta el Sachaquio y los rastrojos del Vinagre y en el potrero de Usiquitra entre el Vinagre y Cauca y los rastrojos de Chiliglo, y la Agua Tibia y San Bartolo. Los esclavos deben solamente sembrar en Cauca desde el puente para arriba hasta los límites con los indios y luego desde el Tablo hasta la orilla del Cauca donde está la cerradura del potrero.” No había permiso para criar sino cinco cabezas de ganado por familia y estaba prohibido efectuar operaciones de compraventa sin conocimiento del administrador. ¿Cuáles eran las razones por las que los hacendados restringían la producción de alimentos básicos producidos por la hacienda? Parece ser que, en primer lugar, todos los arrendatarios debían producir alimentos complementarios al consumo interno de la hacienda y a los mercados locales para evitar fenómenos de competencia por parte de indios y negros. La hacienda imponía una especie de división forzosa del trabajo al obligar a los arrendatarios sembrar alimentos que a la hacienda no le interesaba producir. Por ejemplo, la hacienda restringía la producción de maíz y papa. Del maíz se podía cultivar sólo el indispensable para las raciones y para los animales y, de las papas, sólo las que a las criadas de la casa les fuera posible cosechar.

Aunque representativo de los intentos por adaptar la estructura de la hacienda colonial a las nuevas condiciones creadas por la independencia, el caso de Coconuco no fue ciertamente único. En el Tolima, la familia Barrios logró mantener la unidad de su hacienda San Juan de la Vega incorporando nuevos pastos y técnicas y luchando por definir los linderos3.

Aunque representativo de los intentos por adaptar la estructura de la hacienda colonial a las nuevas condiciones creadas por la independencia, el caso de Coconuco no fue ciertamente único. En el Tolima, la familia Barrios logró mantener la unidad de su hacienda San Juan de la Vega incorporando nuevos pastos y técnicas y luchando por definir los linderos3. En algunas haciendas del Valle del Cauca ocurrió un proceso similar, aunque las grandes propiedades sufrieron un proceso de fragmentación generado por la herencia y por la necesidad de recursos líquidos de los hacendados, en medio de una economía en estancamiento y de la competencia creciente de propiedades medianas

4.

En otros casos, la transición al régimen republicano fue mucho más traumática. La historia de las haciendas de Santa Rosa del Arenal, San Bartolomé de Honda y Barrancas, en Mompox, que también fueron de la Compañía de Jesús y luego de la familia Mier y sus herederos, ilustran tal proceso. Tal vez el golpe más rudo sufrido por estas haciendas fue la actitud hostil de los esclavos después de la independencia. Como cerca de la mitad del valor de propiedades de este tipo estaba representado por esclavos, su rebelión constituía una pérdida irreparable. Los acreedores, preocupados por su decadencia, concurrían entonces a rematar lo que aún podían salvar de sus capitales5.

El último fenómeno fue mucho más común, ya que no se restringió únicamente a las haciendas esclavistas en decadencia. En efecto, había sido costumbre en la Colonia imponer capitales a censo sobre bienes rurales o urbanos. Esta imposición era de diferente naturaleza. Las grandes haciendas lo hicieron apelando a la fundación de obras pías o capellanías, reconociendo la renta del capital donado para tal fin. Otras propiedades medianas y pequeñas adquirieron capitales a censo (hipotecas) de la Iglesia, que garantizaron con sus propias tierras. En una economía en estancamiento y sujeta a periódicos conflictos armados, porciones crecientes de los productos líquidos de las haciendas debieron destinarse a dichos pagos. Muchos deudores tuvieron que entregar sus bienes a los prestamistas por la imposibilidad de atender las deudas correspondientes. La ruina condujo a los prestamistas a solicitar remates que acabaron por sumir en profundas crisis a muchas haciendas.

Irónicamente, la ruina de tales unidades les abrió perspectivas de inversión a aquellos empresarios que buscaban orientar la explotación del suelo hacia nuevos horizontes económicos. Sin embargo, sólo fue después de mitad de siglo cuando los nuevos artículos de exportación y la producción de ganado, azúcar y otros alimentos para el mercado interno les crearon a estos empresarios una serie de oportunidades en escala apreciable. Hasta mediados del siglo, las posibilidades fueron muy escasas. Algunas haciendas de la región de Ambalema pudieron entrar en el negocio del tabaco, apoyados en los primeros ensayos de exportación y en la desorganización del monopolio estatal. Al mismo tiempo algunos comerciantes, enriquecidos por la explotación de los nuevos circuitos comerciales abiertos con las colonias inglesas en las Antillas, pudieron tener acceso a algunas propiedades territoriales. Pero éstos fueron procesos marginales que sólo incidieron en pequeños espacios de la economía nacional.

Por consiguiente, hasta las reformas de mediados del siglo las fuerzas empresariales de carácter privado, tanto nacionales como extranjeras, no lograron destruir los sistemas coloniales. La economía agraria del país siguió viviendo básicamente en función de sus mercados y productos tradicionales, como el trigo en Bogotá o la caña de azúcar en el Socorro y Guaduas6.

3. La frontera agraria

Desde la Colonia el Estado había entregado a grandes empresarios extensiones ilimitadas de tierras baldías para su uso y colonización. El Estado republicano continuó con esta práctica después de 1820, llevado por el criterio de que tal política abría las perspectivas de nuevos recursos económicos.

La novedad en la entrega de baldíos durante el período anterior a 1850 radica en el intento de integrar la política de adjudicación de tierras con la inmigración de extranjeros a Colombia, para generar nuevas posibilidades de desarrollo agrícola. La creación de la Compañía Nacional de Colonización de Colombia, entre otras, refleja hasta cierto punto los objetivos de quienes buscaron asociarse con empresas extranjeras con el propósito de desarrollar cultivos de demanda en Europa. Esta compañía dispuso de un capital de $400.000 y se proponía colonizar tierras baldías y adelantar con el gobierno y con los particulares toda clase de operaciones. Dentro de dichos contratos con el Estado, la compañía se posesionaría de 500.000 fanegadas de tierras baldías de buena fertilidad, para ofrecerlas a los extranjeros que desearan poblarlas7.

Esta compañía, como ocurrió con otras solicitudes para ocupar tierras en diferentes regiones del territorio nacional (véase el cuadro 3.3), no cumplieron lo convenido. Al igual que otras empresas que surgieron como producto de las expectativas de altas rentas y ganancias que podían ofrecer las inversiones en Colombia, no encontraron las condiciones para su consolidación. Será después de 1850 cuando los procesos de adjudicación de tierras baldías habrán de acentuarse en Colombia, pero como consecuencia de la expansión del comercio exterior, que aseguró mercados a algunos de los productos tropicales del país.

4. La manumisión

Los esclavos, que habían constituido la base del trabajo en las haciendas cañeras, cacaoteras y ganaderas de las llanuras ardientes de Colombia, y que habían sido importantes en el desarrollo de la minería y en casi todo tipo de actividad económica y en los servicios, se vieron envueltos en la guerra de Independencia por disposición de sus amos o por decisión personal. Los ejércitos americanos y españoles proclamaron su libertad, en un acto más político que humanitario, buscando con ello ganar una importante fuerza para su causa.

Una vez concluida la Independencia, el Congreso de Cúcuta (1821) dictó la ley de manumisión de esclavos o libertad de partos, por medio de la cual todo hijo de esclavo nacido a partir de la promulgación de la ley sería libre. Las reacciones de los amos no se hicieron esperar, pues los esclavos constituían buena parte de su riqueza. Protestando y, sobre todo, dirigiendo las juntas de manumisión, los dueños de esclavos entrabaron el proyecto de libertad, forzando al Estado a moderar su postura. Más aún, la legislación sobre libertad de vientres contradictoriamente restableció la esclavitud, pues con ella se reconoció el derecho de los amos sobre los esclavos que, a pesar de haber luchado por la independencia y asumido posturas libertarias, tuvieron que aceptar su viejo status o sufrir las consecuencias de su insubordinación. La ley reconoció así la propiedad que había cuestionado la guerra.

A partir de entonces, los esclavos podían ser libres por decisión de los amos, ya porque compraran su libertad, ya porque hubieran nacido después de 1821. Normalmente los amos habían practicado desde la colonia el sistema de manumitir esclavos por decisión personal, pero en escala reducida. En la colonia, por otra parte, los esclavos trabajaban en sus charcas o cascajeros de oro, con cuyos ingresos podían acumular el valor de su manumisión. Su uno supone un precio de $150 como valor medio de un esclavo a fines del siglo XVIII y principios del XIX, serían necesarios cinco años completos de concierto para poder pagar la manumisión. Una situación tal era casi imposible. Los esclavos en ocasiones se comprometían durante 10 o 15 años a servirles ilimitadamente a sus amos a cambio de su libertad, al término de dicho período o al morir el amo. En ocasiones los amos o sus herederos no aceptaban estas reglas de juego y entonces los esclavos los demandaban por incumplimiento. Si alguna vez en tales condiciones llegó a otorgarse la libertad, fue gracias a un hecho excepcional.

De todos modos los esclavos nacidos después de 1821 tuvieron que esperar 18 años para obtener la libertad. Los amos reclamaron el costo de la alimentación de tales libertos y debían recibir, en servicios, el pago parcial de sus gastos. Sin embargo, en 1839, cuando los esclavos que tenían edad de ser manumitidos creyeron que había llegado el momento de su liberación, se vieron frente a una gran guerra (1839-42) y a una nueva ley “de aprendizaje”, que en forma compulsiva los obligó a firmar un contrato de trabajo con sus amos por siete años más, es decir, hasta los 25 años, un mecanismo mediante el cual se disimuló la prolongación de la esclavitud.

La decisión general del Estado, antes de la ley de aprendizaje, limitaba la manumisión a la posibilidad de disponer de recursos monetarios recolectados por las juntas encargadas de realizarla. Por eso los esclavos manumitidos fueron tan pocos que se convirtieron, por su escasez, en un símbolo de las buenas intenciones de los padres de la patria. Muy pocos esclavos se manumitieron en los primeros años de la ley, aunque algunos liberales, como José Manuel Restrepo, hablaban de miles (más precisamente, 3.000 entre 1833 y 1845). Sin embargo, luego de las disposiciones de 1842-48, que significaron un retroceso en el proceso de manumisión, el gobierno restituyó las juntas y se encaminó a promover la liberación definitiva de los negros. Esta fue promulgada finalmente el 21 de mayo de 1851 y puesta en vigencia a partir del 1º de enero de 1852. Los esclavos serían avaluados y se pagaría a los amos con bonos de deuda pública. Es decir, los esclavistas evitaron una manumisión sin indemnización, y al final, en 1852, vendieron al Estado sus cuadrillas, ya envejecidas, y aun algunos libertos, cuyas edades fueron alteradas para tal propósito.

Algunas haciendas lograron retener como arrendatarios a sus antiguos esclavos y a sus hijos, consolidando así una tendencia que se venía vislumbrando desde hacía varias décadas, según lo ilustra, entre otras, la evolución de la hacienda Coconuco. En estos casos, sin embargo, las rentas que pudieron establecer los propietarios en las condiciones sociales creadas por la liberación fueron apenas una fracción de las que producían las haciendas en su época de auge, pero ahora sujetas, además, a la inestabilidad creada por las guerras y por la resistencia de los antiguos esclavos a pagarlas. Algunos negros buscaron establecerse sobre una base totalmente independiente en las zonas de frontera cercanas a los viejos núcleos esclavistas. Este proceso fue particularmente exitoso en las antiguas regiones mineras del Chocó y la Costa Pacífica, donde la minería esclavista, en decadencia definitiva, se vio sustituida por una minería independiente relativamente extensa, aunque con una producción mucho más modesta que la característica de esta región del país a comienzos del siglo XIX.

5. La disolución de los resguardos

Siguiendo la tradición colonial, algunas de las primeras medidas de la República estuvieron dirigidas a proteger a los indígenas. En 1820 se ordenó la restitución de las tierras que les habían usurpado y en 1821 se reafirmó la vieja prohibición de emplearlos sin pagarles un salario y se determinó que se conservaría el oficio de Protector de Naturales. Sin embargo, la misma ley que ordenó estas últimas medidas determinó que las tierras de resguardo se repartieran en pleno dominio y propiedad privada a los indígenas. El principio fue reafirmado en 1832, aunque se prohibió entonces la venta de las parcelas adjudicadas durante los diez años posteriores a la entrega. Tal prohibición fue prolongada a veinte años en 1843. El proceso alcanzó su clímax en 1850, cuando se autorizó a las Cámaras de Provincia para “arreglar la medida, repartimiento, adjudicación y libre enajenación de los Resguardos de indígenas, pudiendo, en consecuencia, autorizar a éstos para disponer de sus propiedades del mismo modo y por los propios títulos que los demás granadinos”. Haciendo uso de dicha autorización, las Cámaras adoptaron normas que tendían a la extinción de los resguardos.

Pese a las ideas liberales, que consideraban la existencia de la propiedad colectiva como contraria a la búsqueda del provecho individual y al beneficio de los propios indios, éstos se opusieron en muchos casos, al repartimiento de las tierras y, en regiones como el Cauca y Nariño, muchos resguardos han logrado sobrevivir hasta nuestros días. En la altiplanicie cundiboyacense el proceso de disolución se cumplió cabalmente pero, en contra de lo que se ha argumentado a menudo, no es probable que las tierras de los resguardos disueltos constituyeran una parte importante de la propiedad rural, ni que los indígenas involucrados fueran muchos.

Por otra parte, el efecto inmediato de la disolución de los resguardos no parece haber sido la generación de latifundios; en muchas regiones se desarrolló por el contrario un sistema de propiedad en el que predominaba el minifundio. Sin embargo, en algunos pocos casos se ha documentado la pérdida de propiedad de las tierras por parte de los indios y su conversión en arrendatarios de las haciendas vecinas. Algunos pueden haberse incorporado a las filas de los trabajadores asalariados rurales, aunque ciertamente no en cantidades significativas. LA MINERÍA La guerra de Independencia afectó la producción de oro, desarticulando toda la estructura económica, fiscal, social y monetaria que se erigía sobre el buen funcionamiento de las minas. La fuga de los esclavos o su incorporación a los ejércitos contribuyó al abandono de los centros mineros. Algunos empresarios se vieron precisados a vender sus cuadrillas y otros tuvieron que huir de los centros productivos, como consecuencia del sistema de venganza y retaliaciones prevalecientes en aquellos años. Todo ello generó una gran escasez de oro y una notable disminución en la actividad de las casas de moneda. Además, las expectativas de inestabilidad política hicieron que muchos mineros atesoraran el metal, agravando de hecho la escasez del circulante. Como resultado de tales fenómenos, los patriotas se vieron obligados a emitir monedas de cobre durante la guerra para tratar de subsanar la crisis.

La reorganización de la minería no fue una tarea fácil. De una parte, exigió una inversión considerable de capitales y, de otra, el uso de tecnologías que hicieran rentable su explotación, particularmente en el caso de las minas de veta. Sobre estas bases, Antioquia terminó desplazando al Pacífico como principal productor del metal. Además, la reactivación de la producción comprometió no sólo los esfuerzos de grandes empresas nacionales y extranjeras, sino también a medianos y pequeños productores, que esparcieron a lo largo de las nuevas fronteras agrarias, en las inmediaciones de los viejos centros mineros.

1. La gran minería

El efecto principal de las guerras de la Independencia fue el golpe propiciado a la minería esclavista del Chocó y el Pacífico, que todavía representaba a fines de la Colonia poco más del 60% de la producción de oro en el actual territorio colombiano. Aunque en estas regiones del país se desarrolló una pequeña producción independiente relativamente amplia, la gran minería desapareció por algún tiempo y sólo se recobró con la entrada de grandes empresas extranjeras y el dragado moderno en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX. Además, la producción del metal debió reducirse sustancialmente, en un 40% entre 1801-1810 y 1811-1820, de acuerdo tanto con los registros de las casas de moneda como de los estimativos de Vicente Restrepo. Aunque la producción nacional logró recuperarse parcialmente en las primeras décadas de la República, ello sólo fue posible gracias a un desplazamiento de los centros de producción del metal hacia el Tolima, el Cauca medio y, particularmente, Antioquia, aprovechando en este último caso el gran impulso que había tomado la explotación del metal desde el siglo anterior.

En las dos primeras regiones, los principales esfuerzos estuvieron a cargo de empresas extranjeras, que vieron en la minería de oro su principal oportunidad de inversión en la naciente república. Pese a los capitales invertidos y a las innovaciones técnicas, los esfuerzos iniciales de estas compañías no fueron exitosas.

En las dos primeras regiones, los principales esfuerzos estuvieron a cargo de empresas extranjeras, que vieron en la minería de oro su principal oportunidad de inversión en la naciente república. Pese a los capitales invertidos y a las innovaciones técnicas, los esfuerzos iniciales de estas compañías no fueron exitosas. En la región de Mariquita se repitieron los fracasos de Juan José D’Elhuyar en las últimas décadas del siglo XVIII (véase el capítulo anterior). En efecto, en 1824 el gobierno de Colombia arrendó las minas de Santa Ana y la Manta en esta región del país a la casa inglesa Herring, Graham y Powels, por cuenta de la Asociación Colombiana de Minas. Hasta 1836, la firma había invertido allí más de $1.100.000, sin éxito.

En 1825 la casa Goldschmidt tomó en arrendamiento varias minas de oro y plata en Marmato y Supía. El mismo año llegó al Cauca Medio Juan B. Boussingault, quien compró, por cuenta de la Asociación Colombiana de Minas, varias minas en Marmato, Supía y Quiebralomo. La innovación más importante de Bous-singault fue la instalación de un molino simple de pisones, fabricado casi en su totalidad con madera, que sustituyó los molinos primitivos hasta entonces para triturar las rocas. Además, introdujo definitivamente los molinos de arrastre para amalgamar los metales preciosos con mercurio, un proceso ampliamente conocido en Perú y México desde siglos anteriores, que permitió reducir las pérdidas en el procesamiento de un 80 a un 25%. Pese a tales avances los resultados económicos de esta compañía tampoco fueron satisfactorios.

A diferencia del patrón típico en el Tolima y en Cauca Medio, los esfuerzos más importantes de organización de una nueva minería empresarial en Antioquia corrieron por cuenta de capitalistas de la región que contaron, sin embargo, con la asesoría de algunos técnicos extranjeros. En efecto, en 1824 la mina del Zancudo fue adquirida por José María Restrepo. En 1836 y 1845 la mina empleaba 250 trabajadores y utilizaba ocho molinos de pisones. Hacia 1826, Francisco Montoya y otros capitalistas formaron la Sociedad de Minas de Antioquia para explotar tres minas de veta en Santa Rosa. Para su explotación contrataron a Tyrell Moore, quien trajo a Antioquia el molino de pisones que ya se venía utilizando en Marmato. En la misma región de Santa Rosa, Mariano Toro explotó entre 1836 y 1846 una de las minas más grandes de la región. Algunas de estas empresas, por diversas razones, debieron transferir a nuestros inversionistas las minas que, con innovaciones técnicas, propias de la segunda mitad del siglo XIX, volvieron a ser altamente rentables. Sin embargo, la información disponible nos muestra que en la década de los cuarenta se produjo una nueva racha de descubrimientos y registros que ampliaron las perspectivas de la minería, por lo menos en Antioquia. Si observamos los registros de minas, vemos que en el espacio de diez años (1841-50) fueron registradas 106 minas, la mayoría de ellas de aluvión. De las 106 minas, diez fueron registradas en Anorí, ocho en Remedios, seis en Cáceres, seis en San Andrés y seis en Cañasgordas. Es decir, en los cinco pueblos citados se registró la tercera parte de las nuevas minas. La dirección y el espacio de la frontera minera se desplazó así hacia las zonas bajas del Cauca y del nordeste antioqueño, en una especie de retorno a regiones que habían sido importantes en los siglos anteriores.

Junto al auge minero que vivió Antioquia desde los años veinte, surgió cierto interés del Estado por introducir reformas a las disposiciones vigentes sobre registro y explotación de minas. En tal dirección apuntaban los informes de la época de los cónsules de Río Negro, Antioquia, Nordeste y Medellín. Estos discutían básicamente la necesidad de clasificar las minas de aluvión, señalar sus límites y hacer claridad en torno al uso de las aguas por parte de los propietarios. También se planteaba la necesidad de definir en términos legales las consideraciones que podían colocar a una mina en estado de abandono por parte de un propietario o una sociedad.
Con respecto a la tipología de las minas, el concejo mu-nicipal del cantón del Nordeste encontraba útil dividir las minas altas de aluvión en aventadero, sobresabanas y criadero, mientras que clasificaba las minas de aluvión bajas en tongas y sacas.
Cada municipio hizo su propia tipología a la luz de sus experiencias y se regularon los criterios sobre límites y extensión.

En lo referente a la política de aguas, era necesaria una rápida legislación debido a los complejos problemas que había de por medio. Recordemos que durante la Colonia no hubo una legislación importante sobre aguas para la Nueva Granada, lo que forzó a los legisladores del siglo pasado a buscar algunos antecedentes legales en los acuerdos de minería que regían para la Nueva España con el fin de adecuarlos a la realidad granadina8.

Sobre los aspectos tendientes a dilucidar el abandono de una mina, los alegatos también proliferaron. El consejo de Nordeste consideraba, para que hubiera consenso de que una mina estaba abandonada, que debían tenerse presentes estas reglas: “1a. En las minas altas será necesario que el desamparo sea por lo menos de un período de dos a tres años. 2a. En las bajas el abandono debe ser igual o exceder del término de 6 a años9. A la vez se aclaraba si el abandono era voluntario o de fuerza mayor. El mismo consejo sostenía: “En todo caso, como algunas ocasiones cesan los trabajos en una mina por la escasez de recursos de su dueño, a pesar de su voluntad, debe quedarle entonces a éste el derecho de levantar una información que acredite que no la desampara porque la desecha sino porque le faltan medios para llevar adelante los trabajos, y que tan luego como se halle en posibilidad volverá a emprenderlos, lo que será bastante para ponerse a cubierto su derecho de un nuevo registrador”10. Finalmente, debemos anotar que la tendencia a una distribución de la propiedad minera entre grandes, medianos y pequeños tenedores, nos repite el esfuerzo realizado por los antioqueños de actuar sobre necesidades sociales más amplias de lo ocurrido en otras regiones. Con la excepción de José María Barrientos, que registró dos minas de Anorí y una entre Yarumal y Campamento, la del general Juan María Gómez y socios, dueños de tres minas en San Andrés, y la de don Juan José Mora Berrío, poseedor de tres minas en Yolombó, los demás mineros poseían una o dos minas máximo. Más del 25% de los propietarios conformaba, por lo demás, la base de una sociedad de frontera, de cuyas propias condiciones de vida aún sabemos poco. ¿Quiénes eran estos mineros? ¿Qué recursos de capital poseían? ¿Cómo se vinculaban a los mercados? ¿Qué los indujo a vincularse a la minería del oro? He aquí estos y otros interrogantes para la futura investigación histórica.

2. La pequeña minería

Hemos visto antes que el auge minero en Colombia no comprometió sólo a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, sino que en torno a la expansión de la minería de aluvión se arremolinaron centenares de familias que trabajaban cascajeros y dependían de ingresos muy pequeños. Estos mineros, denominados mazamorreros a fines de la Colonia, crecieron con el siglo XVIII; con la libertad y manumisión de esclavos su número se acrecentó en las zonas mineras. Las dificultades de encontrar oportunidades diferentes hacían que el sector creciera junto a las grandes minas. Su producción fue muy importante en Antioquia, Tolima y Cauca, al igual que en el Chocó, pero es muy poco lo que aún conocemos sobre su actividad económica y social. Por un informe de 1832 sabemos que, al menos en el Cauca, no eran propietarios de suelos y su presencia era vista como factor de destrucción ecológica, constituyéndose de hecho en un problema social para la zona y para aquellos grandes señores cuyas minas limitaban con las de estos modestos trabajadores. Su actividad, descrita por un funcionario, muestra los grandes traumas que causaban en las regiones en su desorbitante esfuerzo por generar un ingreso: “Las dehesas más fecundas para siembras y ganados quedan convertidas en escombros y precipicios por todos lados. (...) Las aguas de fuentes y ríos como destinadas exclusivamente a las labores, se cargan de tanto quijo y arena, que se inutilizan a absolutamente para todos los usos más necesarios a la vida de los hombres y de sus rebaños principalmente en las estaciones secas. Por donde quieran que corran estos viles y mazamorras, se infecundizan los prados y bosques, en términos de no producir sino abrojos y malezas”11.

El informe antes citado trataba de probar la irracionalidad de la pequeña minería, defendiendo de paso las grandes explotaciones. La conclusión lógica era pedir al gobierno un reglamento que sirviera al gran empresario de código para sojuzgar a los precarios individuos movilizadores de la frontera del oro.

El informe antes citado trataba de probar la irracionalidad de la pequeña minería, defendiendo de paso las grandes explotaciones. La conclusión lógica era pedir al gobierno un reglamento que sirviera al gran empresario de código para sojuzgar a los precarios individuos movilizadores de la frontera del oro. La legislación debería buscar que “Todo minero esté obligado a pagar al propietario de tierras lo menos un dos por ciento de los oros que respectivamente extrajera por vía de indemnización.”

Proponía además que “Todo minero satisfaga inmediatamente y por separado los perjuicios y daños que ocasionare en cercos, labranzas y posesiones ajenas, por convenio o por sentencia.”

La evolución de la minería de oro en Mompox ilustra otro tipo de desarrollos, asociados al contrabando del metal. Aunque se trataba de un fenómeno corriente, en ésta como en otras regiones productoras se había agudizado bastante como consecuencia de las guerras de independencia y de la supresión de la casa de fundición en aquella ciudad. Entre 1801-05 el derecho de quintos produjo 18.126 castellanos dos tomines de oro (40.743 pesos 6 reales), tendencia que se mantuvo en los años siguientes, lo que indujo al gobernador de la provincia a manifestar hacia 1830 que el Estado había dejado de recibir en los últimos diez años más de $80.000. La ausencia de una casa de fundición y la ley de 1828 que ordenó fundir los oros en otras casas de fundición, puso a Mompox a depender de Medellín, donde se hallaba la casa más cercana.

Debido a las pocas relaciones comerciales existentes entre las provincias de Mompox y Antioquia, tal determinación estimuló el comercio ilegal de oro y mercancías en la primera de estas provincias. A lo anterior se unió la escasez de capital líquido entre la mayoría de los comerciantes de Mompox. El mismo gobernador observaba que todo ello se había traducido en desaliento para muchos empresarios y mineros de la región12. Como alternativa proponía la libre circulación del oro en polvo, al igual que su exportación en barras. La medida revitalizaría el comercio y haría bajar “el precio de los cambios” que afectaba fundamentalmente al consumidor de artículos extranjeros: “En una palabra, saldrá más oro de la tierra y vendría más plata del océano, dejando un cambio ventajoso a la balanza del país.” A pesar de que era imposible evitar el contrabando, por lo menos quedaba la posibilidad de recuperar la economía regional. Con esto ganaría el país, pues se estaban perdiendo no sólo los oros de Mompox, sino todo el que se producía en Simití y Cauca, que tampoco se enviaba a Medellín. LOS PROBLEMAS DEL COMERCIO
1. La visión de los consulados13
La reactivación de la economía y el comercio colombianos después de 1830 fue una de las preocupaciones del Estado y de los sectores que se habían visto comprometidos con la guerra. Interrogados sobre estos temas, los consulados del comercio de las más importantes ciudades colombianas expusieron sus ideas acerca de los principales problemas que afectaban la economía colombiana hacia 1830. A grandes rasgos proponían, como condiciones necesarias para superarlos:

1.    Consolidar la paz y la unión como condiciones mínimas para un progreso económico.

2.    Fomentar la agricultura, teniendo cuidado de estimular el auge de sectores que no estuvieran desarrollados en otras regiones, con lo cual se evitaría la competencia y la posible ruina de los nuevos empresarios.

3.    Impulsar el cultivo del tabaco como producto básico de exportación. Para lograrlo era necesario suprimir el estanco y permitir el libre cultivo.

4.    Estimular la agricultura de origen colonial como el cacao, el trigo y el algodón, que habían decaído como consecuencia de la competencia extranjera y como resultado de la ruptura de viejos circuitos comerciales.

5.    Crear condiciones socioeconómicas que permitieran a los colombianos recuperar el control de los mercados internos, que estaban siendo controlados por los extranjeros, lo que había creado una escasez de circulante monetario entre los comerciantes nacionales.

6.    Finalmente, impulsar las mejoras en las vías de comunicación, tan importantes para la disminución del costo final de las mercancías y los productos de todo género y para la ampliación del espacio mercantil. Entre estas mejoras figuraban no sólo los caminos interprovinciales, sino la navegación por el río Magdalena.

Todos los problemas expuestos por la clase comercial y empresarial de los años treinta indican con claridad el vértice de sus preocupaciones, ante un país compuesto por viejos y nuevos intereses. Al Estado le correspondería hacer un esfuerzo para satisfacer las demandas que en forma realista buscaban conciliar los variados intereses empresariales, sectoriales y regionales.
Durante estos años surge, si pudiéramos decirlo así, una protesta “nacionalista” que expresa un abierto rechazo al libre comercio, no sólo por las secuelas que dejaba sobre la economía sino por la dependencia que se estaba creando con respecto a los mercados extranjeros, con detrimento y ruina del empresariado nacional: “Un pueblo debe tener a la mira no depender de otro en lo que es indispensable para subsistir”, sentenciaba el comercio de Bogotá.

La queja se veía corroborada por hechos tan concretos como la competencia provocada por la introducción de harinas extranjeras, especialmente las provenientes de Estados Unidos, al igual que la competencia a la industria tabacalera, sustituida y castigada por los tabacos de Virginia. La destrucción de viejos mercados, como el de las harinas de trigo entre Ocaña y Mompox, y el del algodón de Girón, que se exportaba, eran atribuidos a concepciones librecambistas que habían permitido la irrupción de productos desde el extranjero, dando al traste con los mercados, redes y flujos antes citados. La disputa en torno a la comercialización del trigo estaba muy enraizada en la conciencia de los criollos, pues durante todo el siglo XVIII la lucha para evitar que se trajeran harinas inglesas había desatado polémicas sin fin. Ahora, en plena república, no eran los ingleses sino otras potencias. Se argumentaba que el trigo cultivado en Ocaña había sido reemplazado por el de Estados Unidos, que venía mezclado con “harinas de habas, garbanzos y otros granos”.

La preocupación fundamental que parece surgir de los informes era la de lograr una gran transformación y un fortalecimiento de la agricultura en las zonas tradicionales de producción mediante la habilitación de nuevas regiones, con el fin de desarrollar mercados de consumo interno más sólidos y crear excedentes susceptibles de ser exportados. El modelo buscaba “sustituir” importaciones agrícolas, abastecer los mercados nacionales y acceder luego al comercio internacional. Este era un viejo modelo colonial, que se oponía al del nuevo empresario interesado en buscar las ventajas del comercio internacional. He aquí dos modelos de desarrollo económico sobre los cuales debatían entre sí los empresarios e inversionistas. Pensar que las economías latinoamericanas de la primera mitad del siglo XIX no tenían opciones o modelos diferentes al que se impuso a mediados del siglo, basado en el librecambio, resulta erróneo, según se deduce de los informes de los cónsules de comercio.

2. Proteccionismo y librecambio

Acorde con los conceptos prevalecientes, las primeras décadas de la república fomentaron un proteccionismo moderado, reflejado ante todo en la defensa de algunos sectores agrícolas afectados por la competencia extranjera, pero también en la promoción de los primeros ensayos de industrialización.

La evolución de los aranceles no es fácil de seguir durante estos años debido a la complejidad de las normas correspondientes. Durante la mayor parte del período se conservó el sistema español de aforo por arancel. De acuerdo con este sistema, la ley determinaba una larga lista de precios oficiales de bienes de importación, sobre los cuales se cobraba una tasa determinada. Como no había ninguna intención de ajustar los valores oficiales a las fluctuaciones frecuentes de los precios de las mercancías, el sistema equivalía a un derecho específico de tantos centavos por vara de tela o por kilogramo de arroz. Por tal motivo, ya desde principios de la década del treinta habían comenzado a introducirse algunos derechos claramente específicos, y en 1844 se reemplazaron en su totalidad los gravámenes existentes por impuestos de esta naturaleza.

Para conocer con exactitud el efecto real de los gravámenes durante aquellos años, sería necesario disponer de una considerable cantidad de información sobre los precios de los bienes importados, de la cual carecemos enteramente. No obstante, algunos trabajos existentes permiten reconstruir parcialmente la evolución de los aranceles14. De acuerdo con dichos estudios, los gravámenes establecidos en 1821 fueron moderados (de un 20% en promedio sobre los valores oficiales), ciertamente inferiores a los que prevalecían a fines de la Colonia (35 a 40%). Sin embargo, como la mayoría de los gravámenes se cobraban antes en la metrópoli, el efecto fiscal de los derechos de importación estipulados por el Congreso de Cúcuta consistió en un aumento de los ingresos de la naciente república. Fuera de los derechos de importación propiamente dichos, se mantuvieron o crearon otros gravámenes que tenían la misma base. El más importante de ellos era la alcabala o impuesto a las ventas, pero también existían otros de menor cuantía (los derechos de consulado, tonelaje, lazareto y consulares, estos últimos diferentes a los primeros).

A partir de 1828 se inició un movimiento proteccionista que tuvo su momento culminante en 1833. Para ese entonces el gravamen conjunto de importación y alcabala más común para las telas se había elevado al 29% sobre los valores oficiales existentes, contra sólo 20% en 1821. Debido, sin embargo, al contrabando inducido por los elevados niveles arancelarios, desde fines de 1834 se redujeron de nuevo los gravámenes, hasta llegar a mediados del año siguiente a un 22%. A comienzos de la década del cuarenta se inició un nuevo proceso proteccionista. En 1842 se elevó en dos puntos el derecho de importación y en 1844 se emprendió una reforma mucho más radical del arancel. Aunque los gravámenes sobre las telas no parecen haber variado mucho, se elevaron considerablemente los derechos de importación de los bienes agrícolas. Tal reforma fue la culminación de la fase proteccionista, ya que los principios liberales se reflejaron en 1847 en una simplificación del régimen arancelario y en una reducción drástica de los gravámenes existentes. Los impuestos de importación a las telas ordinarias de algodón y lana, a los alimentos y al hierro se redujeron a la mitad o menos de los niveles anteriores. En el caso de las telas finas, la disminución fue algo menor (20 a 30%). Curiosamente, la reforma gravó las importaciones de herramientas, que hasta entonces habían permanecido libres de todo derecho.

La magnitud de los derechos arancelarios existentes hasta la reforma de 1847 no parece haber sido exagerada. El arancel ad valorem promedio (es decir, la relación entre los recaudos arancelarios y el valor de las importaciones) fue de un 22% durante la década del treinta y aumentó a 27% en la primera mitad de la década del cuarenta. De acuerdo con los conceptos prevalecientes, los gravámenes más elevados recaían sobre los alimentos importados. Hasta 1847 el azúcar fue de prohibida importación. En 1846, antes de las reformas liberales, el arroz pagaba el 173%, la harina el 63% y la manteca de cerdo el 70% de sus precios en puertos norteamericanos. En el caso de las telas ordinarias del algodón, los gravámenes oscilaban en torno a 80%, y en el de las telas finas de la misma fibra en torno a 40%; en ambos casos, sin embargo, los gravámenes típicos duplicaban los de fines de los años veinte ya que la baja en los precios internacionales de los textiles no había sido acompañada de una merma en los derechos correspondientes. Como puede apreciarse, para algunos bienes claves en las concepciones proteccionistas, los gravámenes eran elevados. Sin embargo, mucho más importante que el efecto de los aranceles era entonces la “protección natural” ofrecida por el atraso en el sistema de transportes, que aumentaba considerablemente el precio de un bien traído al interior del país.

Las concepciones proteccionistas no se limitaron al manejo del arancel. Simultáneamente se desarrolló una política de privilegios y estímulos a todo tipo de industrias modernas que quisieran organizarse en el país. Los privilegios establecían un monopolio temporal, no a la fabricación de un bien particular, sino a la técnica utilizada. Esta política era complementada con préstamos nacionales a las nuevas fábricas, con primas especiales y con la exención de impuestos para la maquinaria y herramientas necesarias. Con base en tales privilegios, en la década del treinta tuvo lugar un pequeño ensayo de industrialización en Bogotá y sus cercanías, que incluyó fábricas de loza fina, papel, vidrios, tejidos, paños, sombreros y una ferrería (la de Pacho, establecida desde 1827, pero que se inició en firme sólo en 1838). Las fábricas enfrentaron disponibilidades de todo tipo, asociados al tamaño del mercado, a la calidad o disponibilidad de mano de obra calificada y materias primas, a la guerra de los Supremos y a las maniobras financieras y posterior quiebra de Judas Tadeo Landínez a comienzos de 1842. Algunas de ellas, sin embargo, lograron sobrevivir y continuaron como pioneras de la industrialización colombiana en las décadas posteriores.

3. El comercio exterior

Después de 1820 el gobierno de Colombia inició un proceso de apertura de su comercio exterior con aquellos países que veían en las nuevas repúblicas perspectivas de nuevos mercados. Inglaterra y, en menor medida, Francia y Estados Unidos, sustituyeron a España como principales socios comerciales. Sin embargo, el comercio directo con los países europeos sólo se generalizó a mediados de siglo. Hasta entonces, gran parte de la actividad comercial se realizó con Jamaica y otras colonias inglesas en las Antillas. Allí se llevaba oro y algunas mercancías —“frutos”, para utilizar el término colonial— y se adquirían bienes europeos, en particular textiles ingleses.
Siguiendo el patrón de fines de la Colonia, el oro siguió representando las tres cuartas partes de las exportaciones. De acuerdo con los estimativos de Vicente Restrepo, después de una recuperación en las primeras décadas de la República, la producción del metal llegó a $2.540.000 anuales en los años cuarenta, un nivel todavía inferior al de la primera década del siglo ($3.060.000). Las regulaciones coloniales según las cuales sólo se permitía exportar oro y plata amonedados, para garantizar el pago del quinto y los derechos de amonedación, se conservaron en las primeras décadas de la República. Sin embargo, es evidente, por los registros de las Casas de Moneda, que cerca de un tercio de la producción no cumplía esa norma legal. Toda la producción no amonedada, sin duda, salía del país ilegalmente. Para tratar de cobrar indirectamente los derechos de quinto, en 1828 se estableció un impuesto del 6% a la “exportación presunta” de oro, que se cobraba sobre las importaciones. Dicho tributo fue eliminado en 1833. Más tarde, en 1846, como parte de la reforma monetaria emprendida por la administración Mosquera, que introdujo el sistema decimal y reguló la confusa circulación interna, se autorizó la exportación de oro sin amonedar, sujeta a un derecho único del 6%. Todos los gravámenes al oro fueron posteriormente derogados como parte de las reformas liberales de mediados de siglo.

El proceso de expansión de exportaciones de origen agrícola y ganadero iniciado a fines de la Colonia quiso reconstruirse después de la guerra. Los resultados de tales esfuerzos no fueron muy favorables.

El proceso de expansión de exportaciones de origen agrícola y ganadero iniciado a fines de la Colonia quiso reconstruirse después de la guerra. Los resultados de tales esfuerzos no fueron muy favorables. El principal “fruto” exportado en los primeros años del siglo, el algodón, no pudo sostenerse ante la baja dramática de los precios internacionales generada por la expansión del cultivo en Estados Unidos. Aunque todavía sobrevivía en la década del treinta, desapareció poco después de los registros de exportación. La quina, que también tuvo un corto período de auge a fines de la Colonia, se había eclipsado casi totalmente a comienzos de la República. En cambio, la exportación de cueros y palos de tinte siguió incrementándose. Al lado de estos bienes surgieron, además, nuevos productos. Entre ellos se destaca el tabaco, que comenzó a exportarse desde la década del treinta como resultado del interés conjunto del gobierno y los comerciantes (véase la sección siguiente).

En cualquier caso, antes de mediados de siglo, la apertura al comercio exterior fue muy limitada. Aunque la exportación de frutos creció un poco en relación con los niveles más altos de la Colonia (de $785.000 anuales en 1802-1804 a $849.000 en 1835-39 y $894.000 en 1841-45), la expansión no alcanzó a compensar la caída en la producción y exportación de oro. De esta manera, en la primera mitad del siglo XIX se vivió un estancamiento e incluso un retroceso del comercio de exportación. Como la población aumentó en un 80% aproximadamente, lo anterior indica que, a mediados del siglo, las exportaciones por habitante habían disminuido en más de un 40% en relación con los niveles de fines de la Colonia. El valor de las importaciones se mantuvo también relativamente inalterado. Sin embargo, gracias a la caída dramática de los precios de los textiles en el comercio internacional, las compras reales de estos bienes, que representaban entonces tres cuartas partes de las importaciones colombianas, se elevaron a un ritmo relativamente aceptable (un 3% anual), aun antes de la bonanza exportadora de mediados del siglo. LAS FINANZAS PÚBLICAS Uno de los aspectos más controvertidos durante la constitución y desarrollo del Estado republicano fue el relativo a las rentas. El desorden introducido por la guerra y las medidas adoptadas en los primeros años de la República habían creado traumas en la estructura tributaria. La supresión de algunos impuestos y la desorganización de la administración fiscal abrió un boquete considerable en los recursos del Estado, al tiempo que aumentaban considerablemente las necesidades de gasto.

Las nuevas demandas creadas por la Independencia tenían tres orígenes diferentes. El primero de ellos era la aparición de un ejército nacional, que no solamente debía garantizar el triunfo republicano sino que tuvo que hacer frente a la resistencia irregular que sobrevivió después de 1820. La Nueva Granada tuvo también que financiar los ejércitos que se enviaron al sur de América para luchar por la independencia del Ecuador y el Perú. A esto se unieron los levantamientos, las guerras civiles y las amenazas de reconquista. Se estima que, en 1825-26, cerca de las tres cuartas partes de los egresos del Estado se destinaron a atender gastos militares y, aún en 1826-27, los gastos del ejército y la marina alcanzaron el 62%. Aunque posteriormente dichas erogaciones se redujeron, su proporción volvió a hacerse importante en los años que precedieron a la guerra de los Supremos (1829-42), cuando la hacienda nacional tuvo que disponer de un 44% del presupuesto para guerra y marina. La segunda demanda provenía de la nueva burocracia estatal. A los gastos de los empleados civiles se unían los de la burocracia internacional, que comenzó a recorrer el mundo estableciendo embajadas, consulados y legaciones diplomáticas. Por último, la guerra de independencia y las necesidades generales durante los primeros años de la vida republicana dejaron como legado una deuda externa e interna considerable. En 1839, al ser dividida la deuda de la Gran Colombia, correspondió a nuestro país un 50% del total, que sumaba $31.8 millones con el exterior y $19.9 millones internamente. Ello equivalía a más de veinte veces los ingresos públicos de aquellos años. La imposibilidad de pagar semejante deuda se convirtió desde entonces en una amenaza constante, ya que los intereses no pagados se convertían en nuevo capital, en un permanente círculo vicioso.

Es importante anotar que, pese a que la contabilidad mostró un superávit en algunos años, éste no era más que un espejismo, que ocultaba la postergación de los pagos de la deuda pública y los gastos irrisorios en nuevos proyectos de desarrollo económico. Teniendo en cuenta la población del país, los gastos públicos por habitante, una vez deducidos los costos de recaudación de las rentas, oscilaban en los años treinta en torno a $1 y tendieron a disminuir en la siguiente década. Esta es una señal inequívoca de la absoluta indigencia en que se debatía la sociedad republicana en sus primeros años.

Durante los años de la primera república, varias juntas de gobierno habían procedido a eliminar algunas de las rentas más odiadas, entre ellas el tributo de indios, el impuesto a los mazamorreros y el monopolio de aguardiente. Dichas medidas, unidas a la desorganización general de la administración fiscal, generaron faltantes cuantiosos, que se cubrieron apelando a los saldos de las cajas reales, a la expropiación de los bienes de los realistas, al uso del papel moneda, en Cartagena, y a las emisiones de moneda de baja ley.

Después de la reorganización del sistema rentístico que emprendieron las autoridades españolas durante la Reconquista, los primeros gobiernos y congresos republicanos adoptaron una actitud más cautelosa. En 1821, el Congreso de Cúcuta abolió algunas rentas menores que eran consideradas particularmente opresivas, entre ellas nuevamente el tributo de indios y el impuesto a los mazamorreros, la alcabala para ventas internas (aunque se mantuvo, con una tasa reducida, para las operaciones de propiedad raíz), el impuesto sobre las ventas de víveres o sisa y la venta de cargos públicos15. Sin embargo, por razones estrictamente rentísticas, se mantuvieron los monopolios estatales sobre el tabaco y la sal, pese a la oposición que existía contra el primero, y se sustituyó el del aguardiente por un gravamen diferente. Además, los diezmos y el quinto también se preservaron, pese a que eran considerados como verdaderos frenos al desarrollo de la agricultura y la minería nacional.

Aunque la renta del tabaco fue reorganizada con bastante éxito en la década del treinta, el interés del gobierno y de los comerciantes en desarrollar nuevas fuentes de exportación y las propias necesidades fiscales del Estado, impulsaron diversos mecanismos mediante los cuales los intereses privados penetraron en el negocio e hicieron finalmente inatajable su privatización. El primero de ellos fue una forma de conciliar los intereses de los comerciantes y del monopolio. Después de un primer ensayo de exportación por cuenta del gobierno, este último decidió realizar subastas periódicas de tabaco entre algunas firmas interesadas en venderlo en el mercado internacional. Además el gobierno contrató algunos empréstitos cuya garantía se estipuló en tabaco; algunos de ellos estaban todavía vigentes al momento de la abolición del monopolio. Debido a la falta de recursos, el gobierno se vio también obligado en diversas ocasiones, en particular durante la guerra de los Supremos, a utilizar los fondos de caja del estanco para pagar sus gastos ordinarios. De esta manera, a la hora de hacer los pagos a los cosecheros, el estanco se encontraba sin fondos. Este hecho obligó al gobierno a contratar las siembras con aquellos hacendados que tuvieran acceso al crédito, permitiendo que éstos se iniciaran en el cultivo, que hasta entonces se reservaba a los pequeños propietarios.

A mediados de la década del cuarenta era creciente el interés de los comerciantes y de algunos hacendados en el negocio del tabaco. Por tal motivo, cuando la administración de Tomás Cipriano de Mosquera decidió entregar al sector privado las factorías de Ambalema, Palmira y Girón y crear algunas destinadas exclusivamente a la exportación, no tuvo dificultad para arrendar ninguna de ellas. La producción y exportación de tabaco se incrementó rápidamente bajo el nuevo sistema. Por eso, la presión para abolir el monopolio se hizo frontal. En 1848 el Congreso —en contra de la opinión del Ejecutivo— decretó la libertad del cultivo, estableciendo al mismo tiempo un impuesto de exportación. Al año siguiente se redujo este gravamen pero se creó un impuesto a las siembras de la hoja. La oposición a los nuevos tributos fue rápida y efectiva y en mayo de 1850 la producción y comercio del tabaco quedaron completamente libres de todo gravamen.

En el caso del aguardiente, las medidas de libertad fueron más tempranas. A ello contribuyó, sin duda, la mayor dispersión de su producción en todo el territorio nacional y la decisión de varias juntas revolucionarias de eliminarlo durante la primera república. La Reconquista consideró, además, que era peligroso en este caso revivir el monopolio y optó por imponer un gravamen de $2 por cántara de aguardiente producido. El Congreso de Cúcuta decretó igualmente la libertad de producción de aguardiente, pero creó un gravamen sobre la destilación y sobre la patente de venta al detal de dicho licor. Aunque en 1828 fue restablecido el monopolio, nuevamente se le sustituyó en 1834 por un sistema de patentes.

El ensayo más interesante en el terreno fiscal en los primeros años de la república fue el establecimiento de un impuesto a la renta. Este nuevo gravamen, creado en 1821 en el Congreso de Cúcuta, tenía dos modalidades. En el caso de los salarios, se trataba de un gravamen levemente progresivo: nulo para rentas inferiores a $150 anuales, del 2% para ingresos de entre $150 y $1.000, y de 3% para rentas superiores. Para los ingresos de capital, el gravamen era de un 10%, sobre una base que era en la práctica una renta presuntiva, pues equivalía al 5% de los capitales invertidos en la agricultura, la minería y la manufactura (incluidos los terrenos), y al 6% de los invertidos en el comercio. El gravamen funcionó en forma muy deficiente en ausencia de un catastro que sirviera para determinar, siquiera imperfectamente, el valor de las propiedades. Su producido resultó ser apenas una ínfima porción de lo estimado inicialmente. Fue suspendido temporalmente en 1823 y, después de una tentativa de mejorarlo, quedó abolido definitivamente en 1826. Sólo revivió como renta provincial a mediados del siglo, según veremos en el capítulo siguiente de este libro.

Bibliografía de referencia

La literatura histórica para los años de 1810 y 1850 es masiva pero orientada a resaltar acontecimientos políticos y vidas de héroes. Los aportes en los campos de la economía y de la sociedad han sido menos sistemáticos, pero se han convertido en una preocupación incipiente de los investigadores llegados a la vida universitaria.

Entre las colecciones de documentos para la época merecen consultarse, en particular, Sergio Elías Ortiz et al., Papeletas bibliográficas para el estudio de la historia de Colombia; separata del Boletín Cultural Bibliográfico, 1961, y Javier Ocampo López, Historiografía y bibliografía de la emancipación del Nuevo Reino de Granada, Tunja, 1969. El mejor estudio sobre la independencia sigue siendo el de José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de Colombia, Bogotá 1942-1950, que debe ser complementado con David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia, Bogotá, 1966; José Escorcia, Desarrollo político, social y económico 1800-1854, Bogotá, 1983; Zamira Díaz de Zuluaga, Guerra y economía en las haciendas, Popayán 1780-1830, Bogotá, 1983; Hermes Tovar P., “Guerras de opinión y represión en Colombia durante la independencia, 1810-1820”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 11, 1983; y Germán Colmenares et al., La independencia, ensayos de historia, Bogotá, 1986.

La minería y agricultura en la primera mitad del siglo XIX no han sido objeto de atención detallada. Sin embargo, hay referencias para la agricultura en las obras de José Escorcia antes citada y en M. Brundgart, Tithe production and patterns of economic change in Central Colombia, 1764-1822, Tesis Doctoral, Universidad de Texas, 1974.

La minería y agricultura en la primera mitad del siglo XIX no han sido objeto de atención detallada. Sin embargo, hay referencias para la agricultura en las obras de José Escorcia antes citada y en M. Brundgart, Tithe production and patterns of economic change in Central Colombia, 1764-1822, Tesis Doctoral, Universidad de Texas, 1974. Sobre la manumisión en Colombia, véanse Antonio Galvis N., “La abolición de la esclavitud en la Nueva Granada, 1820-1832”, en Boletín de Historia y Antigüedades, julio-septiembre 1980, y Jorge Castellanos, La abolición de la esclavitud en Popayán, 1832-1852, Cali, 1980. Sobre el tabaco, véanse John P. Harrison, The Colombian tobacco industry, from government monopoly to free trade, 1778-1876, Tesis Doctoral, Universidad de California, Berkeley, 1951; Luis F. Sierra, El tabaco en la economía colombiana del siglo XIX, Bogotá, 1971; y René de la Pedraja, “Los cosecheros de Ambalema; un esbozo preliminar”, en Anuario Colombiano de la Historia Social y de la Cultura, No. 9, 1979. Sobre la minería pueden consultarse Vicente Restrepo, Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia, Bogotá, 1955; y Roger Brew, El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920, Bogotá, 1977.

Los aspectos relativos al comercio, la industrialización y las finanzas públicas, se discuten en Luis Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia, 1810-1930, Medellín, 1955; Frank Stafford, Commerce and Enterprise in Central Colombia, 1821-1870, Tesis doctoral, Universidad de Columbia, 1965, y The ideal of the practical: Colombia’s struggle to form a technical elite, Austin, 1976; y José Antonio Ocampo, “Libre-cambio y proteccionismo en el siglo XIX”, en Ocampo y Santiago Montenegro, Crisis mundial, protección e industrialización, Bogotá 1984, C. 4.

Los problemas de mitad de siglo han sido tratados especialmente en Indalecio Liévano Aguirre, Rafael Núñez, Bogotá, 1944; Jaime Jaramillo Uribe, “Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social colombiana de 1848”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 8, 1976; y J. León Helguera. The first Mosquera Administration in New Granada, 1845-1849, Tesis Doctoral, Universidad de North Carolina, 1958.

Muchos trabajos sobre el siglo XIX parten esencialmente de 1850 y los que no lo hacen introducen algunas reflexiones marginales sobre la primera mitad del siglo pasado, convirtiéndolo en un apéndice de otros problemas.

 

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