Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996
Luis Jorge Garay S
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HACIA LA APERTURA ECONOMICA. 1989-1990

Al iniciarse la década de los noventa la economía colombiana había logrado encontrar un relativo equilibrio de los agregados macroeconómicos. Pese ala ruptura del Pacto Internacional del Café, la situación cambiaria logró estabilizarse manteniendo un nivel de reservas adecuado -equivalente a nueve meses de importaciones(Ocampo, 1997). Los indicadores relativos al grado de inserci6n de la economía colombiana a las corrientes de intercambio comercial arrojaban como resultado una tendencia hacia un enclaustramiento progresivo (Capítulo 1). El país tenía los aranceles más altos dentro del Grupo Andino y era claro que el modelo de desarrollo soportado en la protecci6n ala producci6n interna mostraba signos de agotamiento (Hommes, Montenegro, Roda, 1994).

Debido al ingreso de cuantiosos capitales acorto plazo,-destacándose especialmente el rubro de transferencias que creció en más del 65%-, se logró consolidar un patrón de transferencias de servicios a favor de la economía nacional que garantizaba un equilibrio en la cuenta de servicios de la balanza de pagos. La cuenta corriente de ésta, que había sido negativa durante toda la década de los ochenta (excepto 1986), se tornó positiva a partir de 1990, siendo superavitaria en más de US$ 2.350 millones en 1991. Las reservas internacionales en ese año aumentaron un 40%, al pasar de US$ 4.595 millones en 1990 a US$ 6.500 millones en 1991. Para garantizar la estabilidad macroeconómica, en particular para contrarrestar el nivel de reservas, se tomaron medidas en los frentes monetario, cambiario, comercial y fiscal que constituyeron finalmente el proceso de apertura económica (Capítulo 1). .

En materia de deuda externa era clara la negativa del Banco Mundial para otorgar nuevos créditos de apoyo al proceso de apertura. Dada esta circunstancia, el gobierno Barco decidió avanzar en el proceso de acuerdo con lo previsto en el programa inicial planteado al Banco Mundial en 1989, y retir6 la solicitud de financiamiento del programa de apertura y modernización de la economía, gestionando un crédito de política de libre disponibilidad mas no de  desembolso destinado a apoyar la reforma y modernización del sector público. Debido a la relativa holgura en el nivel de reservas internacionales, el país no requería de un flujo de recursos como los previstos en la iniciativa Brady así como tampoco de préstamos como los previstos en los programas stand by del FMI. No obstante, el , Banco insistió en la necesidad de suscribir un acuerdo con el FMI sujeto al cumplimiento de metas de carácter macroecon6mico y de cuyo seguimiento se encargaría el propio Banco Mundial. Finalmente se acordó la presentación de dos informes de seguimiento al año en el marco de los estatutos del FMI sin compromisos específicos de cumplimiento de metas macroeconómicas. El Banco Mundial aplicó condicionalidades sectoriales relacionadas con el objeto del crédito y, de común acuerdo con el FMI, realizaría las evaluaciones de desempeño requeridas para el desembolso corriente de los créditos.

Pese a la renuencia del Banco Mundial para otorgar desembolsos de crédito de libre disponibilidad, en febrero de 1990 la administración Barco anunci6 un programa de liberación con una orientación gradualista de la apertura que, en consonancia con la orientación del Banco Mundial, modificaba la concepción sobre el modelo de desarrollo vigente en Colombia hasta entonces, centrando la atención en el sector externo como motor del desarrollo (Documento Conpes, 2465 del 22 de febrero de 1990). Aunque se reiteró en el diagnóstico que la estrategia de sustituci6n de importaciones, protección a la industria nacional y promoción de exportaciones desarrollada durante los últimos años había permitido en su momento impulsar la industrializaci6n, se insisti6 en .que la presencia marginal de las exportaciones colombianas en los mercados internacionales era una característica de la economía colombiana que forzaba aun cambio en el modelo de desarrollo.

 El lanzamiento de esta iniciativa sin el concurso del apoyo externo del Banco Mundial, la realización de reformas al estatuto presupuestal, el ajuste fiscal y el reordenamiento de algunas entidades del Estado entre otras medidas fueron, a juicio del gobierno colombiano, suficientes para soportar la solicitud de crédito con miras a la modernización del sector público colombiano. El Banco Mundial consideró, no obstante, que era conveniente retrasar el crédito, hasta tanto se conocieran los lineamientos de política a seguir por parte de la administraci6n de gobierno entrante que a juicio del Banco debían propender por la modernización y apertura de la economía colombiana. Finalmente este préstamo se firmaría en enero de 1991 por un monto de US$ 600 millones, en una operaci6n de cofinanciaci6n entre el BID y el Banco Mundial.

El programa de apertura de la economía colombiana se presentó durante los últimos meses de la administración Barco. Se planteó introducir competencia gradual y progresiva ala producción nacional en dos etapas: la primera etapa se estimó en dos años contados a partir de febrero de 1990, período en el cual se debían reducir progresivamente las restricciones cuantitativas mediante un mecanismo de asignación de cupos de importación para ítem bajo el régimen de licencia previa, compensando esta mayor exposición de la producci6n doméstica con protección arancelaria y sobre todo con una devaluaci6n favorable de la tasa real de cambio. Durante los dos primeros años se eliminarían las licencias de importación sustituyéndolas por aranceles y aumentándolos en aquellos sectores que así lo necesitaran, desmontándose gradualmente la discrecionalidad que tradicionalmente tenía el Incomex en su manejo. Estas medidas se adelantaban con la idea de permitir la adecuación de la industria a las nuevas condiciones de competencia que afrontaría a mediano plazo.

En una segunda etapa se buscaría reducir aranceles de forma tal que se alcanzara en un período de tres años el nivel de protección deseable que, de acuerdo con los documentos oficiales, oscilaba en torno aun arancel promedio, incluida la sobretasa, del 25% (Cámara de Comercio de Bogotá, 1993). Paralelamente, la devaluación nominal en 1990 se aceleraría, alcanzando el 31 %, con el fin de evitar que la liberalización comercial indujera una excesiva demanda de importaciones que pudiera atentar contra la estabilidad cambiaria y, por ende, pusiera en riesgo la profundización del propio proceso de apertura. Sin embargo, desde enero de 1991 se inici6 un proceso de revaluación real, tendencia que se mantendría prácticamente invariable hasta 1996.

Se reiter6 además el papel nocivo que jugaban los mecanismos de protección en los precios relativos y la incidencia que el aislamiento de la economía tenía sobre el cambio técnico y, por lo tanto, en el crecimiento económico. Adicionalmente, se le atribuyó al modelo vigente una inadecuada asignación de recursos productivos. Todo ello se traducía en un lento crecimiento del producto, ya que pese a la dinámica positiva que las exportaciones menores experimentaron a finales de la década de los ochenta, aún continuaban siendo relativamente bajas como proporción del producto nacional. No obstante, se consideró indispensable mantener cierto grado de protecci6n con el objeto de que los sectores productivos se adecuaran al proceso de apertura. Adicionalmente se buscaba evitar como objetivo a mediano plazo, descalabros en la balanza de pagos. Se hacía necesario entonces propender por la modernización del aparato productivo aprovechando la relativa solidez macroeconómica.

Se mencionaba la necesidad de adelantar el proceso de apertura entendiéndolo no como uno de liberalización de.  importaciones, sino como un proceso de adecuadión de la estructura productiva y de costos de la economía doméstica para enfrentar las nuevas condiciones de la competencia externa y sustentar una progresiva inserción de los productos nacionales en el mercado internacional.

Las dos etapas planteadas para el proceso deberían ser diferenciadas en cuanto que la primera consistía en la racionalización de los mecanismos de protección con el reemplazo de los mecanismos de regulación de índole administrativa hacia mecanismos vía precios exclusivamente -en particular el arancel ad valorem-; mientras que en la segunda etapa se debía avanzar en el proceso real de apertura y exposición de la producción doméstica a la competencia externa para desmontar el sesgo antiexportador y eliminar los criterios discrecionales de protección prevalecientes hasta entonces. Un propósito central de la política de apertura era la implantación de unos niveles de protección deseables que no desestimularan la modernización del aparato productivo y contribuyeran a avanzar en la reconversión industrial ya la vez permitieran alcanzar mayores niveles de eficiencia.

En febrero de 1990 el Conpes (Documento 2465, febrero, 1990) estableció la programación, criterios e instrumentos para llevar a cabo el programa de apertura económica.

Se tomaron en su primera etapa medidas que mantenían la filosofía del desmonte gradual de la protección a la industria en la búsqueda de permitirle al sector productivo una adaptación a los cambios en el escenario de competencia para garantizar la sostenibilidad del proceso, así como el mantenimiento de una adecuada situación de balanza de pagos.

Entre finales de 1989 y febrero de 1990 unas 861 posiciones arancelarias fueron trasladadas al régimen de libre importación (Cuadro 9.14). Esta decisión modificó la proporción de la lista de licencia previa del 60% al 46% del universo arancelario. Se trataba fundamentalmente de insumos y bienes de capital cuyas solicitudes estaban siendo aprobabas por la Junta de Importaciones. La mayoría de las mercancías que conformaban esta lista pertenecían al grupo de bienes incorporados en las etapas primarias de la producción ya los no producidos en el país. Para un subconjunto de 122 ítem de producción nacional se consideró deseable posponer la liberación, incluso aumentando provisionalmente los aranceles.

Dentro del grupo de bienes trasladados a libre importación se encontraban 71 posiciones a las que simultáneamente se redujo el arancel, que correspondían a bienes para los cuales no existía producción doméstica o se trataba de insumos y materias primas de necesaria importación. En el régimen de libre importación quedaron 2.850 posiciones de las 5.143 que conforman el universo arancelario.

El resto del universo (2.229 ítem) permanecería en licencia previa, estableciéndose un desmonte gradual que buscaba reducir el riesgo en la transición: Un primer grupo, denominado previa-Iibre, correspondía a posiciones que recibían aprobación automática. Un segundo tipo correspondió a bienes finales de los que no había importaciones en el pasado por la negación de las licencias ante la existencia de producción nacional, para el que se establecieron cupos de importación y cuyos aranceles se fijaban siguiendo el mecanismo de encuesta arancelaria subasta de cupos de importación-.

Desde febrero de 1990 se inició el proceso de tránsito a la libre importación mediante la introducción de mecanismos que flexibilizaran el régimen de licencias previas. Fue así como se clasificaron los bienes en cuatro grupos: Licencia previa-encuesta: 744 posiciones a las que se les asignó un cupo de US$ 150 millones para 1990. Se trataba de bienes de consumo final e insumos con carácter de bienes terminados que en el pasado no se podían importar por, ser producidos nacional mente. Se estableció para cada posición un cupo de importación no superior al 3% de la producción nacional, cuya asignación se efectuaba mediante una encuesta que permitía seleccionar los mejores postores para acceder al cupo con base en el pago de un sobrearancel por encima del arancel vigente.

Licencia previa-Iibre: 781 posiciones. Se trataba de insumos y bienes de capital de carácter industrial sin producción en el país, o con producción doméstica siempre que hubieran contado hasta 1989 con protección natural alta. Su aprobación era automática.

Licencia previa-cupo: 350 posiciones arancelarias. Bienes intermedios y partes y piezas para bienes de capital que eran producidos en el país, cuya importación había sido restringida total o parcialmente. Se estableció para cada posición un cupo de importación no superior al 3% de la producción nacional. Licencia previa-previa: 354 posiciones correspondientes a bienes agropecuarios, químicos, farmacéuticos cuya importación era restringida por política agrícola, o de la industria militar o de uso bélico. Su importación era restringida por razones de seguridad nacional.

Estas modalidades deberían entenderse como un paso previo a la liberación con el traslado de las posiciones de previa-Iibre a libre importación, de previa cupo al de previa-Iibre y de ésta al de libre y con la liberación de las posiciones sujetas a encuestas una vez se fijasen los niveles de protección adecuados de acuerdo con los resultados de los sobrearanceles fijados en las encuestas. Para las importaciones que aún se encontraban en el régimen de prohibida importación, 54 posiciones, se estableció su flexibilización trasladándolas al régimen de licencia previa con un cupo de divisas asignado.

Por otra parte, se decidió mantener los mecanismos de agilización de trámites, como los programas especiales de importación de insumos -Pempis-, el tratamiento especial de las importaciones bajo Plan Vallejo y la automaticidad para la aprobación de las importación de posiciones liberadas bajo convenios bilaterales 0 multilaterales. Se trataba de impulsar los convenios de integración como el del Grupo Andino (Capítulo 11).

LA APERTURA ECONÓMICA. 1990-1994

En agosto de 1990 inició su gobierno la administración Gaviria. En octubre de 1990 a tres meses de inaugurada ésta, el Conpes estableció un nuevo cronograma de ejecución de las reformas del régimen de importaciones y de la desgravación arancelaria para el período 1990-1994 (Documento Conpes 2494, octubre 29 de 1990). Se establecieron los siguientes lineamientos:

1. Se eliminaron las licencias previas de importación durante el último trimestre de 1990. Sólo se mantendrían en este régimen los bienes bajo el mecanismo de franjas de precios, bienes amparados por razones de seguridad nacional y otros productos agropecuarios.

2.  Se mantendrían los niveles de protección, incluso aceptándose subir los aranceles para los bienes que así lo requiriesen.

3.  Se disminuirían de 14 a 7 los niveles arancelarios, con el ánimo de simplificar la estructura tarifaria. Se deseaba llegar a tres niveles antes de tres años.

4. Se reduciría de manera gradual el nivel promedio de aranceles y la sobretasa. La desgravación arancelaria se iniciaría en 1991, con rebajas al final del año. El programa, buscaba eliminar el sesgo antiexportador:

Se estableció que el arancel máximo, que en ese momento era del 50% con una sobretasa del 13%, debía llegar a un máximo del 15% con una sobre tasa del 8% en 1993 y que en diciembre de 1993 el gravamen consolidado promedio que a finales de 1990 se encontraba en un 34.6%, debía haber llegado aun nivel promedio del 15% con cuatro niveles arancelarios. La estructura arancelaria vigente fijada el 6 de noviembre de 1990 perduraría hasta septiembre de 1991. Este cronograma de liberación fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Aduanera -Conpa- en diciembre de 1990.

En 1990 el régimen arancelario fue objeto de tres reformas (Cuadro 9.15). La primera se efectuó en el mes de marzo (decreto 686) y sus principales componentes fueron la reducción de 23 a 13 niveles arancelarios, la definición de un arancel igual para bienes semejantes, la corrección de protecciones negativas, la disminución de costos al aplicar menores tasas arancelarias a insumos que no eran producidos nacionalmente y el estímulo ala inversión mediante la aplicación de menores tasas a bienes de capital. A esto se sumó la reducción de la tasa arancelaria promedio del 26.6% al 23.5% y la promedio (ponderado por las importaciones efectivamente realizadas en 1989) pasó del 23.2% al 18.0%. Se establecieron aranceles del 20% y 30% para los bienes de capital y materias primas e insumos consumidos por la industria y producidos internamente, del 50% para los bienes finales producidos nacionalmente y del 0.1% para los bienes de capital y materias primas para la agricultura. La disminución de las tasas arancelarias estuvo acompañada de una reducción de la sobretasa generalizada a las importaciones del 18% al 16%.

En septiembre de 1990, mediante el decreto 2184, se realizó una segunda reforma al régimen arancelario, con carácter más selectivo. Fue así como se redujo el nivel de las tarifas cobradas a las importaciones de bienes de capital y los insumos no producidos nacionalmente y utilizados por la industria, con el propósito de facilitar la reconversión industrial. Adicionalmente se disminuyeron las tasas arancelarias aplicadas a las sustancias básicas utilizadas por la industria farmacéutica y las cobradas a bienes terminados del sector. Con estas modificaciones, la tasa de arancel promedio cayó del 23.5% al 22.1%. De otra parte, se eliminó la exención del pago del arancel del cual gozaba el sector oficial y se redujo la sobretasa general al valor CIF de las importaciones del 16% al 13%. Fue así como la suma promedio del arancel y la sobretasa disminuyó 4.2 puntos porcentuales, al pasar del 38.6% al 34.4%.

En octubre de 1990 (decreto 2755) se llevó acabo una nueva modificación al régimen arancelario con el objetivo de hacer más transparente la política de manejo de las importaciones y disminuir la incertidumbre del sector productivo. Fue así como se simplificó aún más la estructura tarifaria y se redujo de 14 a 9 el número de niveles arancelarios. Como resultado de las modificaciones introducidas con la reforma, el arancel promedio simple disminuyó del 22.1 % al 21.1% y el ponderado con las importaciones de 1989 bajó del 16.5% al 16.4%.

La protección efectiva para todo el universo arancelario pasó del 60.4% al 59.0% y para el caso concreto de los bienes de consumo duradero y no duradero, se incrernentó ligeramente al pasar del 104.3% al 105.6% (7).

En diciembre de 1990, mediante el decreto 3095 se especificaron los niveles arancelarios que regirían a partir del primero de enero de 1992 y se definieron los siguientes criterios de desgravación para los años de 1993 y 1994: a. desgravación gradual (8). b. reducción de los niveles arancelarios. c. protección efectiva positiva. 4. fijación de un arancel mayor en la medida en que un producto entrara a hacer parte de un proceso más avanzado de la cadena productiva.

Con las nuevas modificaciones se pretendía disminuir el nivel conjunto del arancel y la sobretasa del 33.5% vigente en noviembre de 1990 al 27.0% en 1992, al 19.8% en 1993 y al 14.6% en 1994; y la protección efectiva -incluido el arancel y la sobretasa- del 59.0% en 1991 al 47 .2% en 1992, al 32.44% en 1993 y, finalmente, al 24.85% en 1994. 

Los cambios arancelarios ocurridos entre 1989 y 1990 disminuyeron los niveles promedio de protección efectiva de los diferentes sectores industriales (CIIU tres dígitos) pero mantuvieron finalmente la estructura relativa de protección tradicionalmente vigentes en Colombia. Los sectores que mantuvieron niveles de protección nominal promedio más altos con respecto del total industrial fueron: prendas de vestir (47.5%); calzado (46.3%), tabaco (42.5%), plásticos (40.3%). Los sectores con una menor protección nominal fueron refinería de petróleo (11.1% ), construcción de maquinaria (14.9%), bases metálicas de metales no ferrosos (15.0%) y básicas de hierro y acero (15.3%). En cuanto a la protección efectiva otorgada se observó un mayor nivel promedio para los sectores de fabricación de productos alimenticios (137.5%), textiles (82.5%), calzado (82.1 %), tabaco (80.2%). Los sectores con una menor protección efectiva fueron construcción de maquinaria y equipo (16.3%), químicos industriales (21.0%), fabricación de equipo profesional y científico (22.3%) y bases de hierro y acero (24.1 %) (Cuadros 9.3 y 9.4).

Para agosto de 1991 el país se encontraba pasando por un período de alta inflación (Capítulo 1) y el comportamiento del sector externo no era el esperado. Si bien las exportaciones habían crecido ligeramente, especialmente las menores, esta era una tendencia iniciada desde mediados de la década del ochenta. Las importaciones, en cambio, habían caído en términos de dólares corrientes cerca del 11%, incrementándose únicamente las importaciones de bienes de consumo en casi un 10% (Conpes, Documento 2549, agosto 26. 1991). Estos resultados iban en contravía con los objetivos de la apertura que buscaba, por una parte, orientar progresivamente parte de la producción hacia los mercados externos y aumentar sustancialmente la participación de las exportaciones en el PIB, y por otra, facilitar el acceso a insumos y bienes de capital foráneos con el fin de reactivar la economía y elevar la capacidad productiva de la industria doméstica.

La incertidumbre sobre la evolución de la balanza de pagos como resultado del colapso del Pacto Internacional del Café condujo a la administración Gaviria a acelerar la devaluación mientras se adelantaba la apertura gradual de importaciones. Los efectos previsibles de la liberación arancelaria reforzaron la idea de mantener una tasa de cambio competitiva que soportara el proceso de liberación comercial. No obstante, el ritmo de la devaluación condujo a estimular el incremento de los precios internos, hecho que obligó a realizar un programa de ajuste interno en 1991, una de cuyas principales medidas fue la intervención del Banco de la República en las operaciones de mercado abierto -OMA- para contrarrestar los efectos monetarios de la acumulación de reservas. Este programa contempló también la reducción del gasto público así como la decisión de acelerar el programa de liberación de importaciones, que originalmente estaba previsto para tres años.

El desbalance de la cuenta corriente y las expectativas generadas por la gradualidad de la apertura comercial hicieron que a mediados de 1991 se acelerara el programa de desgravación arancelaria, con el fin de impulsar las importaciones (9) y de esta manera disminuir las presiones sobre la tasa de cambio. Además, con esta medida se pretendía eliminar la incertidumbre y se evitaba el aplazamiento de las decisiones de inversión por parte de los agentes económicos. Estas acciones produjeron como resultado un crecimiento de la demanda agregada interna a niveles superiores al 10%, todo lo cual llevó a un significativo crecimiento del PIB hasta alcanzar 5.3% en 1993, 5.7% en 1994 y aún 5.8% en 1995. El programa de estabilización macro debía mantener un estricto control en el gasto público que, sin embargo, no se logró, pues pasó del 11.2% del PIB en 1990 al 16.4% en 1994; todo lo cual configuraba una dinámica expansiva del gasto no sustentable bajo un esquema de estabilidad macroeconómica.

 La administración Gaviria abandonó los conceptos gradualistas dada la postergación de los flujos de importaciones como resultado de la expectativa generada a los importadores frente a futuras liberaciones arancelarias (Documento Conpes 2492, octubre 29,1990). Ello condujo a una acumulación innecesaria y perversa de divisas que a mediano plazo podría producir inestabilidad en la balanza de pagos. Con base en la coyuntura que atravesaba la economía, el gobierno decidió dejar de lado el gradualismo en la apertura comercial.

La ley 9a de 1991 derogó el decreto 444 de 1967 y creó nuevas reglas institucionales de juego en el manejo del comercio exterior. Se eliminó el monopolio del Banco de la República sobre el control de divisas, con lo cual el grueso de las operaciones financieras empezó a realizarse a través de los intermediarios financieros. Se liberalizó el régimen de inversión extranjera, consagrando la igualdad de derechos entre inversionistas nacionales y extranjeros (Capítulo 4). La reglamentación de dicha ley correspondió a la Junta Monetaria del Banco de la República primero y, luego, ante su supresión, a la Junta Directiva del mismo, dada la autonomía del Banco Central estipulada en la Constitución de 1991.

En septiembre de 1991, mediante el decreto 2095 , se redujo el arancel promedio nominal al 18.5% para bienes de consumo, al 9.2% para materias primas y al 9.6% para bienes de capital, en contraste con lo previsto con anterioridad, ya que se había planeado que estas medidas serían desarrolladas en un período de tres años. Con las nuevas modificaciones la protección nominal promedio se ubicó en el 11.7% , la protección efectiva para la producción doméstica se situó en el 26.2% y el número de niveles arancelarios se redujo a cinco. De esta forma, se adelantó en junio la desgravación prevista para 1992 y en agosto la planeada para 1994 (Cuadro 9.16).

En febrero de 1992 se consolidó una nueva estructura arancelaria (promedio nominal del 11.7% y efectiva promedio del 21.5%), se redujo el número de niveles arancelarios a cuatro y la sobretasa a las importaciones fue eliminada. Estas modificaciones al régimen arancelario se realizaron con el propósito de cumplir con las obligaciones que el país adquirió con sus socios del Pacto Andino y, en particular, con el compromiso que se había llevado a cabo con Venezuela para establecer un arancel común entre ambos países.

Los movimientos arancelarios adelantados en 1992 durante la aceleración del proceso de apertura marcaron un cambio en los niveles de protección otorgados a los diferentes sectores industriales (CIIU tres dígitos). Los sectores que mantuvieron niveles de protección nominal promedio más altos respecto del total industrial fueron: prendas de vestir (19,8%), muebles de madera (19.6%), calzado (19.4%), fabricación de productos alimenticios (17.8%), plásticos (17.8%), textiles (17.56%). Los sectores con una menor protección nominal fueron tabaco (5.97%), químicos industriales (8.7%), equipo profesional y científico (11.0% ), construcción de maquinaria excepto eléctrica (12.7%). En cuanto a la protección efectiva otorgada se observó un mayor promedio para los sectores de fabricación de productos alimenticios (58.5%), fabricación de otros productos alimenticios (38.74% ), muebles de madera (36.5%), textiles (34.8%), plásticos (33.7%) y calzado (30.6%). Los sectores con una menor protección efectiva fueron tabaco (5.97%), químicos industriales (8.7%), fabricación de equipo profesional y científico (11.0%) construcción de maquinaria excepto eléctrica (12.77%) (Cuadros 9.3 y 9.4).

En el frente del control a las prácticas desleales, se adoptó el sistema de precios de referencia y oficiales pata las importaciones de textiles, confecciones, algunos productos agrícolas y automotores. Adicionalmente, se tomaron medidas legales pata atacar el fenómeno del dumping y los aumentos de importaciones que perjudicaran la producción nacional.

En cuanto al desempeño de la industria manufacturera durante el período de apertura, se debe mencionar que creció a ritmos anuales que oscilaron entre el 1.2% en 1990 y el 6.3% en 1993, mientras el PIB registró una tasa promedio de crecimiento del 4.5% anual en el período 1990-1995. Los sectores productores de bienes de consumo durable vieron incentivado su crecimiento a partir del impulso dado por la demanda interna. Por su parte, varios sectores se favorecieron del menor costo relativo de las importaciones -maquinaria y equipos, materias primas- (Capítulo 12).

Las importaciones aumentaron al tiempo que las exportaciones cayeron de forma inesperada, como proporción del PIB. El proceso de revaluación real se mantuvo hasta mediados de 1994, lo cual afectó negativamente el objetivo de dinamizar y diversificar las exportaciones nacionales. La misma revaluación, coincidiendo con la disminución de las restricciones cuantitativas, favoreció el crecimiento de las importaciones y si bien las de bienes de capital crecieron (19.8% entre 1990 y 1996), se observó un verdadero auge de importaciones de bienes de consumo crecieron en promedio, entre 1990 y 1996, un 33%, con un máximo de1100% entre 1992 y 1993-. Es necesario aclarar que las importaciones de bienes estrictamente clasificados como bienes de capital, en el sentido de una relación directa con la actividad productiva, fue de apenas en promedio un 31 % del valor de las importaciones realizadas entre 1991 y 1994 de bienes agrupados bajo el rubro general de bienes de capital.

Cuadro 9.14

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7. Esta medida se tomó con el objetivo de disminuir el impacto de la liberación de las importaciones a la economía nacional, debido a la alta sensibilidad de las importaciones de este tipo de bienes a las restricciones administrativas.
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8.  Estaba programado que en 1992 se pasara de 9 a 7 niveles arancelarios, a 6 en 1993 ya 5 en 1994. Adicionalmente, el nivel máximo, sin incluir automóviles, debería reducirse del 50% a140% en 1992, a125% en 1993 y al 15% en 1994. De otra parte, se proyectaba llevar la sobre tasa general a las importaciones a110% a finales de 1991 y a18% a partir de 1993.
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9. Entre 1990 y 1991 el valor en dólares de las importaciones cayó casi un 9%.
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