HACIA LA APERTURA ECONOMICA. 1989-1990
Al iniciarse la
década de los noventa la economía colombiana había logrado encontrar un relativo
equilibrio de los agregados macroeconómicos. Pese ala ruptura del Pacto Internacional del
Café, la situación cambiaria logró estabilizarse manteniendo un nivel de reservas
adecuado -equivalente a nueve meses de importaciones(Ocampo, 1997). Los indicadores
relativos al grado de inserci6n de la economía colombiana a las corrientes de intercambio
comercial arrojaban como resultado una tendencia hacia un enclaustramiento progresivo
(Capítulo 1). El país tenía los aranceles más altos dentro del Grupo Andino y era
claro que el modelo de desarrollo soportado en la protecci6n ala producci6n interna
mostraba signos de agotamiento (Hommes, Montenegro, Roda, 1994).
Debido al ingreso
de cuantiosos capitales acorto plazo,-destacándose especialmente el rubro de
transferencias que creció en más del 65%-, se logró consolidar un patrón de
transferencias de servicios a favor de la economía nacional que garantizaba un equilibrio
en la cuenta de servicios de la balanza de pagos. La cuenta corriente de ésta, que había
sido negativa durante toda la década de los ochenta (excepto 1986), se tornó positiva a
partir de 1990, siendo superavitaria en más de US$ 2.350 millones en 1991. Las reservas
internacionales en ese año aumentaron un 40%, al pasar de US$ 4.595 millones en 1990 a
US$ 6.500 millones en 1991. Para garantizar la estabilidad macroeconómica, en particular
para contrarrestar el nivel de reservas, se tomaron medidas en los frentes monetario,
cambiario, comercial y fiscal que constituyeron finalmente el proceso de apertura
económica (Capítulo 1). .
En materia de deuda
externa era clara la negativa del Banco Mundial para otorgar nuevos créditos de apoyo al
proceso de apertura. Dada esta circunstancia, el gobierno Barco decidió avanzar en el
proceso de acuerdo con lo previsto en el programa inicial planteado al Banco Mundial en
1989, y retir6 la solicitud de financiamiento del programa de apertura y modernización de
la economía, gestionando un crédito de política de libre disponibilidad mas no de
desembolso destinado a apoyar la reforma y modernización del sector público.
Debido a la relativa holgura en el nivel de reservas internacionales, el país no
requería de un flujo de recursos como los previstos en la iniciativa Brady así como
tampoco de préstamos como los previstos en los programas stand by
del FMI. No obstante, el , Banco insistió en la necesidad de suscribir un
acuerdo con el FMI sujeto al cumplimiento de metas de carácter macroecon6mico y de cuyo
seguimiento se encargaría el propio Banco Mundial. Finalmente se acordó la presentación
de dos informes de seguimiento al año en el marco de los estatutos del FMI sin
compromisos específicos de cumplimiento de metas macroeconómicas. El Banco Mundial
aplicó condicionalidades sectoriales relacionadas con el objeto del crédito y, de común
acuerdo con el FMI, realizaría las evaluaciones de desempeño requeridas para el
desembolso corriente de los créditos.
Pese a la renuencia
del Banco Mundial para otorgar desembolsos de crédito de libre disponibilidad, en febrero
de 1990 la administración Barco anunci6 un programa de liberación con una orientación
gradualista de la apertura que, en consonancia con la orientación del Banco Mundial,
modificaba la concepción sobre el modelo de desarrollo vigente en Colombia hasta
entonces, centrando la atención en el sector externo como motor del desarrollo (Documento
Conpes, 2465 del 22 de febrero de 1990). Aunque se reiteró en el diagnóstico que la
estrategia de sustituci6n de importaciones, protección a la industria nacional y promoción
de exportaciones desarrollada durante los últimos años había permitido en su momento
impulsar la industrializaci6n, se insisti6 en .que la presencia marginal de las
exportaciones colombianas en los mercados internacionales era una característica de la
economía colombiana que forzaba aun cambio en el modelo de desarrollo.
El lanzamiento
de esta iniciativa sin el concurso del apoyo externo del Banco Mundial, la realización de
reformas al estatuto presupuestal, el ajuste fiscal y el reordenamiento de algunas
entidades del Estado entre otras medidas fueron, a juicio del gobierno colombiano,
suficientes para soportar la solicitud de crédito con miras a la modernización del
sector público colombiano. El Banco Mundial consideró, no obstante, que era conveniente
retrasar el crédito, hasta tanto se conocieran los lineamientos de política a seguir por
parte de la administraci6n de gobierno entrante que a juicio del Banco debían propender
por la modernización y apertura de la economía colombiana. Finalmente este préstamo se
firmaría en enero de 1991 por un monto de US$ 600 millones, en una operaci6n de
cofinanciaci6n entre el BID y el Banco Mundial.
El programa de
apertura de la economía colombiana se presentó durante los últimos meses de la
administración Barco. Se planteó introducir competencia gradual y progresiva ala
producción nacional en dos etapas: la primera etapa se estimó en dos años contados a
partir de febrero de 1990, período en el cual se debían reducir progresivamente las
restricciones cuantitativas mediante un mecanismo de asignación de cupos de importación
para ítem bajo el régimen de licencia previa, compensando esta mayor exposición de
la producci6n doméstica con protección arancelaria y sobre todo con una devaluaci6n
favorable de la tasa real de cambio. Durante los dos primeros años se eliminarían las
licencias de importación sustituyéndolas por aranceles y aumentándolos en aquellos
sectores que así lo necesitaran, desmontándose gradualmente la discrecionalidad que
tradicionalmente tenía el Incomex en su manejo. Estas medidas se adelantaban con la idea
de permitir la adecuación de la industria a las nuevas condiciones de competencia
que afrontaría a mediano plazo.
En una segunda
etapa se buscaría reducir aranceles de forma tal que se alcanzara en un período de tres
años el nivel de protección deseable que, de acuerdo con los documentos
oficiales, oscilaba en torno aun arancel promedio, incluida la sobretasa, del 25% (Cámara
de Comercio de Bogotá, 1993). Paralelamente, la devaluación nominal en 1990 se
aceleraría, alcanzando el 31 %, con el fin de evitar que la liberalización comercial
indujera una excesiva demanda de importaciones que pudiera atentar contra la estabilidad
cambiaria y, por ende, pusiera en riesgo la profundización del propio proceso de
apertura. Sin embargo, desde enero de 1991 se inici6 un proceso de revaluación real,
tendencia que se mantendría prácticamente invariable hasta 1996.
Se reiter6 además
el papel nocivo que jugaban los mecanismos de protección en los precios relativos y la
incidencia que el aislamiento de la economía tenía sobre el cambio técnico y, por lo
tanto, en el crecimiento económico. Adicionalmente, se le atribuyó al modelo vigente una
inadecuada asignación de recursos productivos. Todo ello se traducía en un lento
crecimiento del producto, ya que pese a la dinámica positiva que las exportaciones
menores experimentaron a finales de la década de los ochenta, aún continuaban siendo
relativamente bajas como proporción del producto nacional. No obstante, se consideró
indispensable mantener cierto grado de protecci6n con el objeto de que los sectores
productivos se adecuaran al proceso de apertura. Adicionalmente se buscaba evitar como
objetivo a mediano plazo, descalabros en la balanza de pagos. Se hacía necesario entonces
propender por la modernización del aparato productivo aprovechando la relativa solidez
macroeconómica.
Se mencionaba la necesidad de adelantar el proceso de apertura
entendiéndolo no como uno de liberalización de.
importaciones, sino
como un proceso de adecuadión
de la estructura productiva y
de costos de la economía doméstica para enfrentar las nuevas condiciones de la
competencia externa y sustentar una progresiva inserción de los productos nacionales en
el mercado internacional.
Las dos etapas
planteadas para el proceso deberían ser diferenciadas en cuanto que la primera consistía
en la racionalización de los mecanismos de protección con el reemplazo de los mecanismos
de regulación de índole administrativa hacia mecanismos vía precios exclusivamente -en
particular el arancel ad valorem-; mientras que en la segunda etapa se debía
avanzar en el proceso real de apertura y exposición de la producción doméstica a
la competencia externa para desmontar el sesgo antiexportador y eliminar los
criterios discrecionales de protección prevalecientes hasta entonces. Un propósito
central de la política de apertura era la implantación de unos niveles de protección deseables
que no desestimularan la modernización del aparato productivo y contribuyeran a
avanzar en la reconversión industrial ya la vez permitieran alcanzar mayores niveles de
eficiencia.
En febrero de 1990
el Conpes (Documento 2465, febrero, 1990) estableció la programación, criterios e
instrumentos para llevar a cabo el programa de apertura económica.
Se tomaron en su
primera etapa medidas que mantenían la filosofía del desmonte gradual de la protección
a la industria en la búsqueda de permitirle al sector productivo una adaptación a los
cambios en el escenario de competencia para garantizar la sostenibilidad del proceso, así
como el mantenimiento de una adecuada situación de balanza de pagos.
Entre finales de
1989 y febrero de 1990 unas 861 posiciones arancelarias fueron trasladadas al régimen de
libre importación (Cuadro 9.14). Esta decisión modificó la proporción de la lista de
licencia previa del 60% al 46% del universo arancelario. Se trataba fundamentalmente de
insumos y bienes de capital cuyas solicitudes estaban siendo aprobabas por la Junta de
Importaciones. La mayoría de las mercancías que conformaban esta lista pertenecían al
grupo de bienes incorporados en las etapas primarias de la producción ya los no
producidos en el país. Para un subconjunto de 122 ítem de producción nacional se
consideró deseable posponer la liberación, incluso aumentando provisionalmente los
aranceles.
Dentro del grupo de
bienes trasladados a libre importación se encontraban 71 posiciones a las que
simultáneamente se redujo el arancel, que correspondían a bienes para los cuales no
existía producción doméstica o se trataba de insumos y materias primas de necesaria
importación. En el régimen de libre importación quedaron 2.850 posiciones de las 5.143
que conforman el universo arancelario.
El resto del
universo (2.229 ítem) permanecería en licencia previa, estableciéndose un desmonte
gradual que buscaba reducir el riesgo en la transición: Un primer grupo, denominado
previa-Iibre, correspondía a posiciones que recibían aprobación automática. Un segundo
tipo correspondió a bienes finales de los que no había importaciones en el pasado por la
negación de las licencias ante la existencia de producción nacional, para el que se
establecieron cupos de importación y cuyos aranceles se fijaban siguiendo el mecanismo de
encuesta arancelaria subasta de cupos de importación-.
Desde febrero de
1990 se inició el proceso de tránsito a la libre importación mediante la introducción
de mecanismos que flexibilizaran el régimen de licencias previas. Fue así como se
clasificaron los bienes en cuatro grupos: Licencia previa-encuesta: 744 posiciones a las
que se les asignó un cupo de US$ 150 millones para 1990. Se trataba de bienes de consumo
final e insumos con carácter de bienes terminados que en el pasado no se podían importar
por, ser producidos nacional mente. Se estableció para cada posición un cupo de
importación no superior al 3% de la producción nacional, cuya asignación se efectuaba
mediante una encuesta que permitía seleccionar los mejores postores para acceder al cupo
con base en el pago de un sobrearancel por encima del arancel vigente.
Licencia
previa-Iibre: 781 posiciones. Se trataba de insumos y bienes de capital de carácter
industrial sin producción en el país, o con producción doméstica siempre que hubieran
contado hasta 1989 con protección natural alta. Su aprobación era automática.
Licencia previa-cupo:
350 posiciones arancelarias. Bienes intermedios y partes y piezas para bienes de capital
que eran producidos en el país, cuya importación había sido restringida total o
parcialmente. Se estableció para cada posición un cupo de importación no superior al 3%
de la producción nacional. Licencia previa-previa: 354 posiciones correspondientes a
bienes agropecuarios, químicos, farmacéuticos cuya importación era restringida por
política agrícola, o de la industria militar o de uso bélico. Su importación era
restringida por razones de seguridad nacional.
Estas modalidades deberían entenderse como un paso previo a la liberación con el
traslado de las posiciones de previa-Iibre a libre importación, de previa cupo al de
previa-Iibre y de ésta al de libre y con la liberación de las posiciones sujetas a
encuestas una vez se fijasen los niveles de protección adecuados de acuerdo con los
resultados de los sobrearanceles fijados en las encuestas. Para las importaciones que aún
se encontraban en el régimen de prohibida importación, 54 posiciones, se estableció su
flexibilización trasladándolas al régimen de licencia previa con un cupo de divisas
asignado.
Por otra parte, se
decidió mantener los mecanismos de agilización de trámites, como los programas
especiales de importación de insumos -Pempis-, el tratamiento especial de las
importaciones bajo Plan Vallejo y la automaticidad para la aprobación de las importación
de posiciones liberadas bajo convenios bilaterales 0 multilaterales. Se trataba de
impulsar los convenios de integración como el del Grupo Andino (Capítulo 11).
LA APERTURA ECONÓMICA. 1990-1994
En agosto de 1990
inició su gobierno la administración Gaviria. En octubre de 1990 a tres meses de
inaugurada ésta, el Conpes estableció un nuevo cronograma de ejecución de las reformas
del régimen de importaciones y de la desgravación arancelaria para el período 1990-1994
(Documento Conpes 2494, octubre 29 de 1990). Se establecieron los siguientes lineamientos:
1. Se eliminaron las
licencias previas de importación durante el último trimestre de 1990. Sólo se
mantendrían en este régimen los bienes bajo el mecanismo de franjas de precios, bienes
amparados por razones de seguridad nacional y otros productos agropecuarios.
2. Se mantendrían los niveles de
protección, incluso aceptándose subir los aranceles para los bienes que así lo
requiriesen.
3. Se disminuirían de 14 a 7 los
niveles arancelarios, con el ánimo de simplificar la estructura tarifaria. Se deseaba
llegar a tres niveles antes de tres años.
4. Se reduciría de
manera gradual el nivel promedio de aranceles y la sobretasa. La desgravación arancelaria
se iniciaría en 1991, con rebajas al final del año. El programa, buscaba eliminar el sesgo
antiexportador:
Se estableció que el
arancel máximo, que en ese momento era del 50% con una sobretasa del 13%, debía llegar a
un máximo del 15% con una sobre tasa del 8% en 1993 y que en diciembre de 1993 el
gravamen consolidado promedio que a finales de 1990 se encontraba en un 34.6%, debía
haber llegado aun nivel promedio del 15% con cuatro niveles arancelarios. La estructura
arancelaria vigente fijada el 6 de noviembre de 1990 perduraría hasta septiembre de 1991.
Este cronograma de liberación fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Aduanera
-Conpa- en diciembre de 1990.
En 1990 el régimen
arancelario fue objeto de tres reformas (Cuadro 9.15). La primera se efectuó en el mes de
marzo (decreto 686) y sus principales componentes fueron la reducción de 23 a 13 niveles
arancelarios, la definición de un arancel igual para bienes semejantes, la corrección de
protecciones negativas, la disminución de costos al aplicar menores tasas arancelarias a
insumos que no eran producidos nacionalmente y el estímulo ala inversión mediante la
aplicación de menores tasas a bienes de capital. A esto se sumó la reducción de la tasa
arancelaria promedio del 26.6% al 23.5% y la promedio (ponderado por las importaciones
efectivamente realizadas en 1989) pasó del 23.2% al 18.0%. Se establecieron aranceles del
20% y 30% para los bienes de capital y materias primas e insumos consumidos por la
industria y producidos internamente, del 50% para los bienes finales producidos
nacionalmente y del 0.1% para los bienes de capital y materias primas para la agricultura.
La disminución de las tasas arancelarias estuvo acompañada de una reducción de la
sobretasa generalizada a las importaciones del 18% al 16%.
En septiembre de
1990, mediante el decreto 2184, se realizó una segunda reforma al régimen arancelario,
con carácter más selectivo. Fue así como se redujo el nivel de las tarifas cobradas a
las importaciones de bienes de capital y los insumos no producidos nacionalmente y
utilizados por la industria, con el propósito de facilitar la reconversión industrial.
Adicionalmente se disminuyeron las tasas arancelarias aplicadas a las sustancias básicas
utilizadas por la industria farmacéutica y las cobradas a bienes terminados del sector.
Con estas modificaciones, la tasa de arancel promedio cayó del 23.5% al 22.1%. De otra
parte, se eliminó la exención del pago del arancel del cual gozaba el sector oficial y
se redujo la sobretasa general al valor CIF de las importaciones del 16% al 13%. Fue así
como la suma promedio del arancel y la sobretasa disminuyó 4.2 puntos porcentuales, al
pasar del 38.6% al 34.4%.
En octubre de 1990
(decreto 2755) se llevó acabo una nueva modificación al régimen arancelario con el
objetivo de hacer más transparente la política de manejo de las importaciones y
disminuir la incertidumbre del sector productivo. Fue así como se simplificó aún más
la estructura tarifaria y se redujo de 14 a 9 el número de niveles arancelarios. Como
resultado de las modificaciones introducidas con la reforma, el arancel promedio simple
disminuyó del 22.1 % al 21.1% y el ponderado con las importaciones de 1989 bajó del
16.5% al 16.4%.
La protección
efectiva para todo el universo arancelario pasó del 60.4% al 59.0% y para el caso
concreto de los bienes de consumo duradero y no duradero, se incrernentó ligeramente al
pasar del 104.3% al 105.6%
(7).
En diciembre de
1990, mediante el decreto 3095 se especificaron los niveles arancelarios que regirían a
partir del primero de enero de 1992 y se definieron los siguientes criterios de
desgravación para los años de 1993 y 1994: a. desgravación gradual
(8). b. reducción de los niveles arancelarios. c. protección efectiva
positiva. 4. fijación de un arancel mayor en la medida en que un producto entrara a hacer
parte de un proceso más avanzado de la cadena productiva.
Con las nuevas
modificaciones se pretendía disminuir el nivel conjunto del arancel y la sobretasa del
33.5% vigente en noviembre de 1990 al 27.0% en 1992, al 19.8% en 1993 y al 14.6% en 1994;
y la protección efectiva -incluido el arancel y la sobretasa- del 59.0% en 1991 al 47 .2%
en 1992, al 32.44% en 1993 y, finalmente, al 24.85% en 1994.
Los cambios
arancelarios ocurridos entre 1989 y 1990 disminuyeron los niveles promedio de protección
efectiva de los diferentes sectores industriales (CIIU tres dígitos) pero mantuvieron
finalmente la estructura relativa de protección tradicionalmente vigentes en Colombia.
Los sectores que mantuvieron niveles de protección nominal promedio más altos con
respecto del total industrial fueron: prendas de vestir (47.5%); calzado (46.3%), tabaco
(42.5%), plásticos (40.3%). Los sectores con una menor protección nominal fueron
refinería de petróleo (11.1% ), construcción de maquinaria (14.9%), bases metálicas de
metales no ferrosos (15.0%) y básicas de hierro y acero (15.3%). En cuanto a la
protección efectiva otorgada se observó un mayor nivel promedio para los sectores de
fabricación de productos alimenticios (137.5%), textiles (82.5%), calzado (82.1 %),
tabaco (80.2%). Los sectores con una menor protección efectiva fueron construcción de
maquinaria y equipo (16.3%), químicos industriales (21.0%), fabricación de equipo
profesional y científico (22.3%) y bases de hierro y acero (24.1 %) (Cuadros 9.3 y 9.4).
Para agosto de 1991
el país se encontraba pasando por un período de alta inflación (Capítulo 1) y el
comportamiento del sector externo no era el esperado. Si bien las exportaciones habían
crecido ligeramente, especialmente las menores, esta era una tendencia iniciada desde
mediados de la década del ochenta. Las importaciones, en cambio, habían caído en
términos de dólares corrientes cerca del 11%, incrementándose únicamente las
importaciones de bienes de consumo en casi un 10% (Conpes, Documento 2549, agosto 26.
1991). Estos resultados iban en contravía con los objetivos de la apertura que buscaba,
por una parte, orientar progresivamente parte de la producción hacia los mercados
externos y aumentar sustancialmente la participación de las exportaciones en el PIB, y
por otra, facilitar el acceso a insumos y bienes de capital foráneos con el fin de
reactivar la economía y elevar la capacidad productiva de la industria doméstica.
La incertidumbre
sobre la evolución de la balanza de pagos como resultado del colapso del Pacto
Internacional del Café condujo a la administración Gaviria a acelerar la devaluación
mientras se adelantaba la apertura gradual de importaciones. Los efectos previsibles de la
liberación arancelaria reforzaron la idea de mantener una tasa de cambio competitiva que
soportara el proceso de liberación comercial. No obstante, el ritmo de la devaluación
condujo a estimular el incremento de los precios internos, hecho que obligó a realizar un
programa de ajuste interno en 1991, una de cuyas principales medidas fue la intervención
del Banco de la República en las operaciones de mercado abierto -OMA- para contrarrestar
los efectos monetarios de la acumulación de reservas. Este programa contempló también
la reducción del gasto público así como la decisión de acelerar el programa de
liberación de importaciones, que originalmente estaba previsto para tres años.
El desbalance de la
cuenta corriente y las expectativas generadas por la gradualidad de la apertura comercial
hicieron que a mediados de 1991 se acelerara el programa de desgravación arancelaria, con
el fin de impulsar las importaciones
(9) y de esta
manera disminuir las presiones sobre la tasa de cambio. Además, con esta medida se
pretendía eliminar la incertidumbre y se evitaba el aplazamiento de las decisiones de
inversión por parte de los agentes económicos. Estas acciones produjeron como resultado
un crecimiento de la demanda agregada interna a niveles superiores al 10%, todo lo cual
llevó a un significativo crecimiento del PIB hasta alcanzar 5.3% en 1993, 5.7% en 1994 y
aún 5.8% en 1995. El programa de estabilización macro debía mantener un estricto
control en el gasto público que, sin embargo, no se logró, pues pasó del 11.2% del PIB
en 1990 al 16.4% en 1994; todo lo cual configuraba una dinámica expansiva del gasto no
sustentable bajo un esquema de estabilidad macroeconómica.
La
administración Gaviria abandonó los conceptos gradualistas dada la postergación de los
flujos de importaciones como resultado de la expectativa generada a los importadores
frente a futuras liberaciones arancelarias (Documento Conpes 2492, octubre 29,1990). Ello
condujo a una acumulación innecesaria y perversa de divisas que a mediano plazo podría
producir inestabilidad en la balanza de pagos. Con base en la coyuntura que atravesaba la
economía, el gobierno decidió dejar de lado el gradualismo en la apertura comercial.
La ley 9a de 1991
derogó el decreto 444 de 1967 y creó nuevas reglas institucionales de juego en el manejo
del comercio exterior. Se eliminó el monopolio del Banco de la República sobre el
control de divisas, con lo cual el grueso de las operaciones financieras empezó a
realizarse a través de los intermediarios financieros. Se liberalizó el régimen de
inversión extranjera, consagrando la igualdad de derechos entre inversionistas nacionales
y extranjeros (Capítulo 4). La reglamentación de dicha ley correspondió a la Junta
Monetaria del Banco de la República primero y, luego, ante su supresión, a la Junta
Directiva del mismo, dada la autonomía del Banco Central estipulada en la Constitución
de 1991.
En septiembre de
1991, mediante el decreto 2095 , se redujo el arancel promedio nominal al 18.5% para
bienes de consumo, al 9.2% para materias primas y al 9.6% para bienes de capital, en
contraste con lo previsto con anterioridad, ya que se había planeado que estas medidas
serían desarrolladas en un período de tres años. Con las nuevas modificaciones la
protección nominal promedio se ubicó en el 11.7% , la protección efectiva para la
producción doméstica se situó en el 26.2% y el número de niveles arancelarios se
redujo a cinco. De esta forma, se adelantó en junio la desgravación prevista para 1992 y
en agosto la planeada para 1994 (Cuadro 9.16).
En febrero de 1992
se consolidó una nueva estructura arancelaria (promedio nominal del 11.7% y efectiva
promedio del 21.5%), se redujo el número de niveles arancelarios a cuatro y la sobretasa
a las importaciones fue eliminada. Estas modificaciones al régimen arancelario se
realizaron con el propósito de cumplir con las obligaciones que el país adquirió con
sus socios del Pacto Andino y, en particular, con el compromiso que se había llevado a
cabo con Venezuela para establecer un arancel común entre ambos países.
Los movimientos
arancelarios adelantados en 1992 durante la aceleración del proceso de apertura marcaron
un cambio en los niveles de protección otorgados a los diferentes sectores industriales
(CIIU tres dígitos). Los sectores que mantuvieron niveles de protección nominal promedio
más altos respecto del total industrial fueron: prendas de vestir (19,8%), muebles de
madera (19.6%), calzado (19.4%), fabricación de productos alimenticios (17.8%),
plásticos (17.8%), textiles (17.56%). Los sectores con una menor protección nominal
fueron tabaco (5.97%), químicos industriales (8.7%), equipo profesional y científico
(11.0% ), construcción de maquinaria excepto eléctrica (12.7%). En cuanto a la
protección efectiva otorgada se observó un mayor promedio para los sectores de
fabricación de productos alimenticios (58.5%), fabricación de otros productos
alimenticios (38.74% ), muebles de madera (36.5%), textiles (34.8%), plásticos (33.7%) y
calzado (30.6%). Los sectores con una menor protección efectiva fueron tabaco (5.97%),
químicos industriales (8.7%), fabricación de equipo profesional y científico (11.0%)
construcción de maquinaria excepto eléctrica (12.77%) (Cuadros 9.3 y 9.4).
En el frente del
control a las prácticas desleales, se adoptó el sistema de precios de referencia y
oficiales pata las importaciones de textiles, confecciones, algunos productos agrícolas y
automotores. Adicionalmente, se tomaron medidas legales pata atacar el fenómeno del dumping
y los aumentos de importaciones que perjudicaran la producción nacional.
En cuanto al
desempeño de la industria manufacturera durante el período de apertura, se debe
mencionar que creció a ritmos anuales que oscilaron entre el 1.2% en 1990 y el 6.3% en
1993, mientras el PIB registró una tasa promedio de crecimiento del 4.5% anual en el
período 1990-1995. Los sectores productores de bienes de consumo durable vieron
incentivado su crecimiento a partir del impulso dado por la demanda interna. Por su parte,
varios sectores se favorecieron del menor costo relativo de las importaciones -maquinaria
y equipos, materias primas- (Capítulo 12).
Las importaciones
aumentaron al tiempo que las exportaciones cayeron de forma inesperada, como proporción
del PIB. El proceso de revaluación real se mantuvo hasta mediados de 1994, lo cual
afectó negativamente el objetivo de dinamizar y diversificar las exportaciones
nacionales. La misma revaluación, coincidiendo con la disminución de las restricciones
cuantitativas, favoreció el crecimiento de las importaciones y si bien las de bienes de
capital crecieron (19.8% entre 1990 y 1996), se observó un verdadero auge de
importaciones de bienes de consumo crecieron en promedio, entre 1990 y 1996, un 33%, con
un máximo de1100% entre 1992 y 1993-. Es necesario aclarar que las importaciones de
bienes estrictamente clasificados como bienes de capital, en el sentido de una relación
directa con la actividad productiva, fue de apenas en promedio un 31 % del valor de las
importaciones realizadas entre 1991 y 1994 de bienes agrupados bajo el rubro general de
bienes de capital.
Cuadro
9.14
7. Esta medida se tomó con el objetivo de disminuir el impacto de
la liberación de las importaciones a la economía nacional, debido a la alta sensibilidad
de las importaciones de este tipo de bienes a las restricciones administrativas.
Regresa a (7)
8. Estaba programado que en 1992 se pasara de 9 a 7 niveles
arancelarios, a 6 en 1993 ya 5 en 1994. Adicionalmente, el nivel máximo, sin incluir
automóviles, debería reducirse del 50% a140% en 1992, a125% en 1993 y al 15% en 1994. De
otra parte, se proyectaba llevar la sobre tasa general a las importaciones a110% a finales
de 1991 y a18% a partir de 1993.
Regresa a (8)
9. Entre 1990 y 1991 el valor en dólares de las importaciones
cayó casi un 9%.
Regresa a (9)
|
