La ocupación del espacio y el ordenamiento territorial

El tema de la ocupación de las fronteras corresponde, esencialmente, a la ocupación del espacio y más específicamente, al establecimiento, en áreas determinadas, de asentamientos con nuevos sistemas de poblamiento. Esta definición básica contiene varias implicaciones que se examinan a continuación.

Al hablar de “establecimiento” se hace referencia a un proceso de alguna duración temporal, durante el cual se desarrollan actividades dirigidas a posibilitar la subsistencia de un colectivo humano, en este caso, a partir del aprovechamiento de recursos disponibles en ese espacio. Tales actividades se cumplen a partir de la existencia efectiva de los recursos disponibles, cuya utilización requiere él conocimiento de su esencia, sus atributos, formas de empleo y acceso a los mismos.

La ocupación de espacios dentro de esta dinámica tiene otras implicacioness. De una parte, conlleva el desplazamiento de las poblaciones que acceden a los mismos a partir de sus lugares de origen, motivado por razones de distinta índole, como pueden ser el agotamiento de los recursos que garantizaban su existencia previamente, el crecimiento demográfico que desborda la capacidad de su espacio nativo para sustentar a los nuevos miembros, o las presiones efectivas de otras comunidades para apropiar los recursos que sustentaban a la población original.

El territorio y los recursos naturales

Ahora bien, al hacer referencia a un territorio como “continente de un determinado proceso de asentamiento humano se contemplan como parte del mismo y comprendidos como sistema, a todos sus componentes bióticos y abióticos: el suelo y sus elementos químicos, el relieve y sus accidentes, las aguas, el clima, la fauna y la flora. Estos componentes del medio se convierten en recursos (renovables o no renovables) según el significado que tengan para las comunidades asentadas en ese espacio o para otras comunidades con intereses y acceso a los mismos.

La transformación en recurso de estos componentes del espacio está asociada con el conocimiento que tenga de ellos el grupo humano, del valor que represente para su supervivencia y de las capacidades que desarrolle, por observación y experimentación o por adquisición de conocimientos, para su aprovechamiento. A más de estos procesos, que se convierten en la base de la apropiación del recurso, se generan las capacidades de transformarlo (técnicas y tecnologías) y de representarlo dentro del sistema de relaciones con el medio circundante. En esta esfera se ubican los conocimientos, sacralizados o científicos, de los recursos y las formas de desarrollarlos y transmitirlos.

Por otra parte, la valoración de los recursos naturales y del territorio en general por parte de la sociedad, conduce á la búsqueda del control y apropiación por parte de ella misma o de los sectores que, dentro de ella, cuenten con los medios para ejercer este control y apropiación, lo cual plantea conflictos, potenciales o reales, con otros sectores de la sociedad u con otras sociedades. En uno u otro caso, la definición del control de estos recursos conlleva la utilización de medios de distinto tipo (políticos, jurídicos militares, etc.) para hacer efectiva la voluntad de exclusión del acceso.

Una parte fundamental del desarrollo histórico de cualquier sociedad es la definición de su territorio. En ella participan: la identidad de las poblaciones que conforman el conglomerado nacional (¿quiénes conforman esa nación?); la definición del espacio necesario para su preservación y desarrollo (¿qué espacio requiere?) y, por último, las capacidades de ese conglomerado social para logra, el reconocimiento su territorio (¿cuál es “su” espacio?). En cada uno de estos componentes participan, a su vez, otros elementos çomo son la historia, la cultura y las relaciones políticas como parte de la identidad, los conocimientos científicos y técnicos del territorio y de los recursos (el desarrollo de los conocimientos geográficos, geológicos y mineralógicos, hidrológicos, botánicos, etnográficos, etc.), como bases para el reconocimiento y valoración del territorio y, por último, la capacidad política, técnica y militar de la sociedad para proteger, preservar y ordenar su espacio, que bien puede ser el nacional.

El reconocimiento del territorio (y sus recursos) y la valoración del mismo en términos de las necesidades presentes y futuras de la preservación y desarrollo de la nación, se expresa en una jerarquización de los espacios que lo componen, a fin de establecer y aplicar criterios y prioridades en su ocupación, aprovechamiento, protección y defensa. De alguna manera podría decirse que la capacidad para valorar el territorio se expresa en su protección efectiva.

De acuerdo con lo anterior, las políticas dirigidas hacia el ordenamiento territorial y ambiental y hacia la administración del espacio, expresan tanto el conocimiento de sus componentes y dinámicas como la apreciación que de ellos ha logrado la sociedad en función de su supervivencia y desarrollo, así como la capacidad real para preservarlo y protegerlo. Este es el sentido de una política de doblamiento, dentro de la cual se estimula o desestimula la ocupación de determinados espacios mediante la asignación de recursos para infraestructuras y producción, apoyos fiscales, etc., o se penaliza el uso de determinados recursos o el simple asentamiento.               

“Puerto” o finca a orillas del río Güejar, cerca de la Sierra de la Macarena Foto-Fernando Urbina

Por otra parte, con respecto al diseño y aplicación de las políticas públicas, su efectividad descansa en el reconocimiento que se haga en ellos de los interlocutores, sus intereses y la concertación que se adelante en función del bien público. Este componente político incorpora otro ángulo estratégico en las relaciones “territorio recursos naturales-sociedad”, cual es el acceso real de los miembros de las colectividades a los recursos que brinda ese espacio.

En efecto, el desarrollo de cada sociedad lleva aparejados procesos de diferenciación entre sus miembros en razón de su poder físico, económico, político, destrezas adquiridas, etc.; lo cual se expresa en el control efectivo que cada grupo, dentro de ella, ejerce sobre el acceso a sus recursos: tierras, territorios y lugares estratégicos, aguas, minerales y otros bienes valorados por la sociedad. Puede afirmarse que los conflictos internos y externos de cualquier conglomerado humano ocurren en tomo al control de sus recursos; alrededor de el se organiza cada colectividad y también en tomo a su aprovechamiento y desarrollo se transforman las capacidades espirituales, científicas y técnicas de cada sociedad.

De esta manera, la realidad de cualquier ordenamiento del territorio y de sus recursos ordenamientos territoriales y ambientales) expresa, no solamente el conocimiento y valoración que la respectiva sociedad logre de ellos, sino también las relaciones de poder existentes en su interior y, en una u otra forma las relaciones que puedan existir entre esa sociedad y otras que compitan por sus bienes.

Ahora bien: la historia de las sociedades, al girar en tomo al manejo de sus territorios y recursos, es así mismo la historia de las formas como esas sociedades se han apropiado de ellos, los han transformado y desarrollado. La valoración que hoy se ha generalizado sobre los llamados “conocimientos o saberes tradicionales” en torno al aprovechamiento’ humano de los recursos naturales (etnobotánica, etnozoología, medicinas étnicas, etc.), no es cosa distinta que el reconocimiento de la validez que tienen estos conocimientos como resultado de la observación, la experimentación y la generalización sobre las propiedades de esos recursos.

La cantina es prácticamente la única diversión urbana del colono y su maldición. Allí deja los pocos lucros que haya podido sacarle a sus cosechas Foto-Fernando Urbina

En este mismo orden de ideas, la ocupación sostenida de un espacio por una sociedad conlleva el desarrollo de conjuntos de conocimientos que podrían definirse como la “interpretación de la capacidad resistencial de ese espacio”: es el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones, de los medios técnicos para aprovecharlas y la capacidad de transmitir ese conocimiento (ver Utria, 1992). La sucesión de poblaciones en un espacio implica entonces, la permanencia de una determinada tradición, en manos de un continuo social (etnia, etc.) o su suplantación por otro conglomerado social, con la consecuente apropiación de esos saberes o su desconocimiento. La mayor valoración de los recursos y de las sociedades que los han descubierto y transformado conduce necesariamente a la valoración de estos conocimientos.

Dentro de esta lógica se ubica la aceptación cada vez más generalizada en la actualidad, de los saberes obtenidos por las comunidades indígenas, campesinas o raizales en el manejo de los recursos naturales y más específicamente, de la biodiversidad.

Los estudios etnobotánicos y de los sistemas de pro­ducción de estas comunidades (Castaño; 1993; Correa, 1990; Garzón y Macuritofe, 1993; Hetch y Cockburn, 1994; Politis,1996; Schultes,- 1988; etc.) han colocado en el haber científico los aportes de grupos humanos con tradiciones centenarias y aún milenarias de manejo de su hábitat. Junto con ello, se han alcanzado algunos niveles de profundidad en la comprensión de la génesis de determinados paisajes (como construcción antrópica) y, consecuentemente, del significado de la acción humana en la transformación de los ecosistemas y en la configuración de la biodiversidad.

Los adelantos alcanzados en estas líneas del conocimiento han permitido no solamente un mayor entendimiento de la ecología en general, sino también abrir paso a la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los recursos naturales asociados a sus territorios. De las visiones que privilegiaban un conservacionismo excluyente con respecto a las comunidades, se ha llegado a reconocer como ellas han transformado y desarrollado sus ecúmenes (incluyendo, la biodiversidad), lo Gual permite entender que el manejo le las “claves de la capacidad resistencial” de su espacio histórico posibilita a sus comunidades la sostenibilidad de su entidad social, económica, política y cultural.

Esta perspectiva permite también comprender que si las condiciones técnicas de aprovechamiento de los recursos consultan las posibilidades del medio con respecto ala población que debe sustentar, es posible garantizar la permanencia de esa comunidad y su desarrollo en un determinado hábitat; si las presiones ejercidas sobre la oferta ambiental y las tecnologías para su aprovechamiento no consultan estas capacidades, este poblamiento no será sostenible.

Ocupación de ecosistemas estratégicos

Alwin Gentry, en un conocido artículo (1993) formula una pregunta aparentemente simple: “por qué un mundo que tiene más especies es más rico qué uno que no las tiene?”. Este interrogante, puerta de entrada a la valoración económica de la biodiversidad, conduce también a la valoración de los espacios en los cuales ella se desarrolla.

En efecto, la primera característica de la dinámica de los organismos es su ubicación en un espacio dado, dentro del cual se transforma y entra en relación con otras manifestaciones de vida. Es en el espacio en donde actúan las variables climáticas, edáficas, etc. y con respecto a las sociedades humanas, el inventario y el despliegue físico de los organismos y de los demás componentes del medio’son los condicionantes de sus posibilidades de desarrollo.

Anteriormente se ha señalado que la distribución social del territorio y de sus recursos depende del conocimiento y valoración que se tengan de ellos, pero también de las relaciones de poder que configuren a esa determinada sociedad. Por otra parte, la interacción entre el medio y las comunidades humanas induce transformaciones de variados alcances en los ecosistemas, dependiendo de las presiones que se ejerzan sobre esos recursos y de ‘las características técnicas de esas presiones.

Una determinada sociedad puede establecer patrones de aprovechamiento’de su oferta ambiental sostenibles durante períodos prolongados, pero al incrementar sus demandas sin transformar sus tecnologías productivas induce desbalances en’ las dinámicas de esos recursos, con lo cual pone en riesgo su propia sostenibilidad, como lo han demostrado numerosas culturas.

El incremento de estas demandas puede provenir de la ampliación de la base demográfica o de las relaciones de poder, expresadas en formas de apropiación de los recursos en el interior de esa sociedad o de exigencias externas ejercidas sobre ella. Por .estas razones la sostenibilidad es, necesariamente, un resultado del desarrollo histórico de las sociedades, de la evolución de sus conocimientos sobre su entorno y de la capacidad de adecuar sus demandas (incluyendo las derivadas de su configuración tecnológica), a las posibilidades efectivas de su entorno.

La heterogeneidad de los ecosistemas guarda relación con las magnitudes de la biodiversidad: una mayor variedad de espacios geográficos y, por tanto, una mayor variedad ecosistémica conduce, necesariamente, a una mayor biodiversidad, o en palabras de Andrés Etter, a la megadiversidad biológica de especies (1993). Por otra parte, la acción de las comunidades humanas sobre su entorno genera transformaciones de diversos alcances en la biodiversidad desarrollada en cada ecosistema y estos alcances guardan también relación con el conocimiento existente sobre los recursos y su valoración para estas comunidades.

La indagación científica y los conocimientos tradicionales en torno a la composición de los ecosistemas y a sus dinámicas permite establecer la importancia, interrelaciones y jerarquizaciones de los sistemas naturales, lo cual, en términos de las ciencias y de la gestión ambiental, se traduce en la identificación de los denominados “ecosistemas estratégicos” (Márquez, 1996).

Esta caracterización expresa entonces, el significado de espacios específicos, en los cuales se ha generado una elevada biodiversidad, la cual a su vez, incide en la riqueza natural de espacios circundantes. Según lo expresado acerca del ordenamiento territorial-ambiental, en la medida en que una sociedad conoce su espacio y sus recursos y los valora de acuerdo con sus necesidades del corto, mediano y largo plazo, establece una organización para el uso y destino de cada uno de los componentes de su territorio.

Esta organización del espacio traduce, como lo hemos visto, no solamente los conocimientos disponibles sino también y de manera determinante, las relaciones de poder que estructuran a esa sociedad. Puede existir una elevada valoración de un espacio en términos de su significado ambiental, pero si la sociedad respectiva no tiene condiciones políticas para preservarlo, difícilmente puede haber coherencia en las acciones que incidan en su preservación o destrucción: “Un grupo social que no tiene el poder y la capacidad para comandar sus relaciones sociales no tiene tampoco el poder y ‘la capacidad para ordenar sus relaciones con el medio natural” (Domínguez, 1992, p. 67).

Reflexiones sobre la colonización y los recursos naturales en Colombia

En Colombia, dadas las características de su desarrollo histórico, económico y político, la ocupación del territorio no ha traducido un proyecto estratégico de largo alcance. Ha sido más el resultado de las formas de apropiación privada del territorio, derivadas, en un principio, de la administración colonial española y, posteriormente, del enajenamiento que hiciera el débil estado republicano a favor de los sectores más poderosos de la sociedad de entonces (Le Grand, 1988). En esta secuencia han incidido de manera determinante y, prácticamente desde sus principios, los mercados externos: durante el período colonial español, la búsqueda de los veneros auríferos y de las minas de plata configuré buena parte de los distritos de la administración territorial (Colmenares, 1988). Luego del agotamiento de este recurso ocurrieron los ciclos de las quinas, el añil, el tabaco, la ganadería (en la Costa Atlántica), el café, el caucho, la tagua, las pieles y finalmente los “cultivos, ilícitos”, como dinamizadores de las sucesivas ampliaciones de la frontera agrícola.  

En la retaguardia de esta dinámica han actuado, a su vez, los patrones históricos de tenencia de la tierra, así como también los efectos del modelo de desarrollo acogido por las dirigencias nacionales. Según lo señalan los distintos estudios sobre el tema y lo ratifican las evaluaciones más recientes de la problemática agraria colombiana (Heath & Deininger, 1997), la tenencia de la tierra en el país está caracterizada, definitivamente, por una elevada concentración de la propiedad: baste citar a los mencionados expertos del Banco Mundial, quienes señalan como entre 1960 y 1988 el coeficiente de Ginni solamente se desplazó de 0.867 a 0.840, tendencia confirmada por la recientemente publicada Encuesta Agropecuaria de 1995 (DANE, 1996). A su vez, esta tendencia se ha conjugado con un modesto desarrollo productivo, centrado fundamentalmente en la mediana y pequeña propiedad (Mesa, 1989).

Por otra parte, las condiciones de la política macroeconómica para la producción agrícola y pecuaria, en particular las tasas de interés y cambiarias, y en conjunto, la sobreprotección brindada por el Estado al sector financiero, han confluido con la concentración de la propiedad y las consiguientes rentas monopólicas de la tierra, para generar una agricultura no competitiva, desligada de sistemas eficientes de procesamiento agroindustrial y comercialización.

Con ello, las posibilidades de reasignación a otros sectores productivos de la población expulsada del campo por la concentración de la propiedad y por las formas de violencia asociadas a ella (de lo cual son dicientes las cifras actuales sobre desplazados del campo por los conflictos armados), tal como lo recomendara Lauchlin Curie a comienzos de los años cincuenta, se han hecho particularmente limitadas y traumáticas. El resultado ha sido el incremento de la informalidad y la pobreza urbana, dentro de un panorama de extendido desempleo de carácter estructural.

En este contexto acompañado por la reconocida debilidad del Estado, es fácil, comprender las tendencias demográficas de la ruralía colombiana, en donde se distingue, de una parte, la continuidad de las migraciones campo-ciudad en las áreas centrales del país y, de otra, la ampliación de los procesos colonizadores de las tierras bajas cálidas de nuestros bosques húmedos (Oninoquia, Amazonia, Andén Pacifico, Valle medio del Magdalena, Urabá).

El afianzamiento de la concentración de la propiedad territorial rural ha ocurrido con fuerza particular en las tierras de mejor vocación agrícola y pecuaria, aun cuando no exclusivamente en ellas, como lo demuestra la Encuesta Agropecuaria mencionada. Al margen de estos espacios han quedado otros territorios (relictos de los páramos y el grueso de los bosques tropicales), los cuales, al tiempo que constituyen santuarios de biodiversidad, por la configuración de sus suelos y sus características climáticas no ofrecen atractivos para la producción agrícola o pecuaria dentro de los patrones tecnológicos dominantes, convirtiéndose así en las áreas marginales propicias para el asentamiento de las poblaciones expulsadas del interior de la frontera agrícola, siguiendo tendencias claramente reconocidas a nivel mundial, de los procesos que han conducido a conflictos económicos y políticos derivados de la concentración. de la propiedad rural y la exclusión de los, pequeños campesinos del acceso a la tierra, (ver Bitiswanger, 1993).

En otros términos, las colonizaciones campesinas tienden a dirigirse hacia espacios que, por sus características edafológicas y climáticas, han generado amplios contenidos de especies biológicas, al tiempo que presentan limitada potencialidad para las prácticas agrícolas y pecuarias dominantes.

Confluyen en este cuadro dos grandes componentes de un ordenamiento territorial: de una parte, la valoración de los territorios y sus recursos, resultante de la difusión; en muchos sectores de la sociedad, de conocimientos y apreciaciones, prácticamente universales, sobre la biodiversidad y la urgencia de su conservación. Por otra parte, el surgimiento de condiciones políticas que, eventualmente, pueden facilitar acuerdos entre los pobladores y el Estado en torno a la organización del territorio y al manejo de sus recursos.

	Foto-Fernando Urbina

El desorden característico de la ocupación previa de estos territorios fije, como ya se señaló, el resultado de una ausencia de Estado, de un vacío en la jerarquización de los componentes del espacio nacional, de la carencia de políticas y orientaciones para el poblamiento, la formación de los asentamientos humanos y el acceso a la tierra, El resultado ha sido, a más del profundo deterioro ambiental y la ampliación de la pobreza, el surgimiento de condiciones que ponen en jaque el modelo social, económico y político vigente. Al mismo tiempo, la Carta Política reconoce la creciente demanda de las comunidades por ampliar sus caminos de decisiones en la gestión del Estado, del territorio y del patrimonio ambiental, con todo lo cual queda en el pasado la pretensión de ordenar la casa desde arribar, de imponer un ordenamiento del espacio nacional desde la cúpula del Estado central, pretensión que demostró con creces, su plena inoperancia..

No obstante, el propósito central de la sociedad en su conjunto de alcanzar un desarrollo sostenible en términos ambientales, económico y políticos, solo podrá ser viable con una gestión participativa pero también técnicamente orientada. Es acá en donde se abren las demandas para desarrollar métodos participativos y eficientes de gestión ambiental.

En este punto es necesario insistir en el reconocimiento de las realidades presentes en las relaciones entre las comunidades y su medio natural. En primer término, la formulación de cualquier proyecto de gestión ambiental ha de partir de clarificar los objetivos y metas del mismo, sustentados en un diagnóstico adecuado de las condiciones ambientales y humanas del espacio definido como escenario del proyecto (ver Etter, op. cit., pp. 58-59).

Al respecto se deberá tener en consideración la génesis de los asentamientos, la cual explica, en buena medida, las características y tazones del manejo ambiental. En segundo lugar, es necesario contar con la valoración de los saberes tradicionales sobre el territorio y sus recursos y, no menos importante aún establecer las bases y contenidos de la concertación en torno a la ocupación y manejo de los espacios previstos como escenarios de los acuerdos.