LA COMISIÓN COROGRAFICA EN CASANARE Y SAN MARTÍN DENTRO
DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL

La definición de Colombia como Estado nacional, surgida a partir de 1821 con la Constitución de Cúcuta y reafirmad a posteriormente en todas y cada una de las cartas constitucionales y sus reformas posteriores, efectuadas en el siglo XIX y hasta 1886, puso de presente la necesidad de contar no sólo con la Carta o el Mapa de la Nación sino, a través de ésta, de incorporar territorios y poblaciones que hasta ese momento estaban muy débilmente articulados al sistema político-institucional, económico y social, de la naciente República. En este sentido, para los gobiernos nacionales de ese entonces se presentaron tres niveles de dificultad que a la postre serían los que mayor incidencia tendrían en el rompimiento del proyecto inicial de Estado nacional, cuya concreción estuvo enmarcada en la creación de la Gran Colombia.

En efecto, la herencia colonial, al centrarse en el proyecto de indianidad y establecer un sistema político, económico y social que sólo servía a los intereses de la metrópoli, dio lugar al surgimiento histórico de fronteras administrativas que estaban al servicio de la transferencia de excedentes, propios de economías extractivas, a España. Para ello creó centros urbanos hegemónicos desde los cuales controlar y administrar los diferentes grupos de población sujetos a la exacción colonial.  Este proceso, cuyo desenvolvimiento requirió aproximadamente trescientos años, propició la consolidación de poderes locales y regionales, en manos de los sectores de elite constituidos, creando tensiones permanentes de toda índole entre éstos y los funcionarios de la Corona, desde la segunda mitad del siglo XVIII. Con el advenimiento de la Independencia el ejercicio del poder político y administrativo, propio del ensamblaje colonial, se desplazó a estos grupos hegemónicos, sin transformar estructuralmente las fronteras administrativas originalmente establecidas. Fue así como, en el momento del surgimiento de la Gran Colombia, el incipiente Estado nacional arrastró consigo problemas derivados de las tensiones de grupos hegemónicos locales y regiones administrativas en competencia, dando lugar a obstáculos de integración funcional de estos territorios entre sí.

El segundo nivel de dificultad, profundamente relacionado con el anterior, se desenvolvió en articulación con la relativa especialización productiva regional que todos y cada uno de los territorios coloniales habían logrado desarrollar a lo largo del período colonial, frente al sistema económico internacional de la época. De acuerdo con esta circunstancia, mientras la Nueva Granada aparecía como “espacio” productor de metales preciosos y posteriormente, en los años finales del siglo XVIII, de quinas, la Capitanía de Venezuela era considerada como productora principalmente de cacao. Lo mismo sucedió con la Audiencia de Quito, cuyos obrajes servían para transferir productos textiles a otras regiones vecinas, especialmente el Virreinato del Perú y la Gobernación de Popayán. En este sentido, la participación mercantil en la esfera internacional para la mayoría de las grandes divisiones administrativas coloniales, sólo estuvo respaldada por ciertas materias primas (los cueros, el palo brasil, quina, cacao) y metales preciosos. Esta débil articulación económica de las antiguas divisiones administrativas coloniales al mercado internacional de principios del siglo XIX, condujo, progresivamente, al afianzamiento de las diferencias políticas y administrativas de los sectores sociales. que habían tenido protagonismo en la separación de estos territorios de los destinos de la metrópoli, y con ellas, a la exacerbación de intereses económicos por enormes extensiones de territorios aún no explotados, que se suponía contenían ingentes riquezas con las cuales participar en el conjunto de la economía capitalista de esta centuria. Lo anterior condujo a incrementar las presiones para controlar, por parte de cada una de las divisiones administrativas heredadas, cuya memoria aún no se había perdido, los “territorios” hasta ese momento “ausentes”, en los términos de sus jurisdicciones tradicionales, y con esto al agrietamiento y posterior ruptura del proyecto consolidador de la Gran Colombia.

Finalmente y como consecuencia de los dos niveles problemáticos y de complejidad anteriores, los desplazamientos de población a los “territorios ausentes efectuados ante la inercia de la voluntad política de los gobernantes del Estado nacional y aún de los sectores hegemónicos regionales, reiniciaron con mayor fuerza los ciclos espasmódicos de economías extractivas y con éstos la redefinición de los componentes étnicos de la nación que pugnaba por surgir. En efecto, se dio lugar a movimientos de colonización territorial enmarcados en concepciones de “barbarie, salvajismo” y “civilización” que comprometieron radicalmente a grupos nativos de selva y llanuras~ que no habían sido articulados definitivamente al proyecto de indianidad originalmente trazado. Surgieron “fronteras” que ya no tenían nada que ver con las divisiones político-administrativas coloniales y mucho menos con aquellas que en los órdenes internos dividían unas provincias de otras. Ello produjo para el Estado nacional colombiano del siglo XIX, nuevos niveles de dificultad en su capacidad de presencia institucional en los territorios de esta manera vinculados y a su vez, la exigencia de revisión y actualización de las demarcaciones internacionales efectuadas a finales del siglo XVIII y en la primera década del XIX.

En este orden de ideas, la Comisión Corográfica dirigida por. Agustín Codazzi se inscribió en el contexto problemático anterior. Como tal, ella no sólo respondía al interés de erigir la Carta de la Nación. La prospección del territorio nacional conformado por los asentamientos humanos con sus diversas formas de poblamiento y economías y por enormes extensiones de cuya composición apenas se tenía noticia, exigió el trazado, en el plano, de los caminos que se debían recorrer y de los itinerarios militares que en su tránsito se debían establecer. A la par de esto, sus miembros estaban en la obligación de atender a las variantes locales y regionales de usos y costumbres, a las diferencias económicas, a las posibilidades de articulación de una región con otra u otras y establecer la existencia de grupos “indígenas” a los cuales someter y adoctrinar.

De allí que sus resultados no sean sólo de orden geográfico y militar. Por el Contrario, y en contravía de la Creencia generalizada de lo que fue esta Comisión, el análisis de sus alcances da lugar a lo que podríamos llamar una visión crítica del camino elegido para la construcción de la nación, tanto en el nivel de sus ejecuciones como en el pensamiento de sus protagonistas.

En otras palabras, el estudio de los materiales de la Comisión Corográfica, al ser ésta. prácticamente la primera propuesta de ordenamiento territorial nacional, permite establecer las regularidades sociales, culturales, económicas y políticas que determinaron el camino de la nación y sus efectos en los órdenes interno e internacional posteriores. Pero así mismo, da pie para comprender el papel reservado para los miembros de los grupos étnicos que poblaban bajo diversas formas de organización social la mayoría de los llamados “territorios ausentes” y aún algunos de los que habían sido vinculados a la integración política y social, desde el período colonial. Dentro de esta perspectiva, el análisis de la Comisión al poner de presente las dinámicas económicas y sociales que gravitaron sobre el conjunto de la población colombiana y sobre su organización política, señala cómo se construyó el “camino de los desencuentros” entre los miembros formales de la nación política y las otras naciones. Da lugar a un “cuadro” dibujado con todos los ingredientes ideológicos que hablaban de una “superioridad moral” de los nacionales hispanizados y “civilizados por la impronta cristiana” frente a los naturales de esas otras naciones. Se enmarca dentro de un movimiento, internacional para la época, de genocidio, etnocidio, esclavización, reserva e ‘internación de naturales que construyeron varias “épicas” como la norteamericana en los territorios del oeste, la mexicana en la frontera con la nación política anglosajona y la colombiana, venezolana y brasileña en la Oninoquia y selva amazónica.

En este sentido, en el siglo XIX no sólo fue importante el movimiento científico internacional que buscaba construir lo más detalladamente las respectivas cartas ciudadanas de las naciones políticas del mundo, sino los procesos de expansión interna de todas y cada una de las repúblicas existentes en este período que dieron lugar a profundas modificaciones en sus ordenamientos internos y en sus fronteras internacionales, con la consecuente generación de conflictos bélicos y diplomáticos muchos de los cuales todavía no han llegado a su fin. La Comisión Corográfica, en estas circunstancias, se desenvolvió en el interior de estas problemáticas, dando lugar a una historia cuyos efectos gravitan en la actualidad.

EL ESTADO NACIONAL Y LOS “TERRITORIOS AUSENTES”

Analizada la distribución territorial y poblacional heredada por la Gran Colombia, fácilmente se descubre un hecho asombroso que comprometió hombres, sociedades y regiones, en los años iniciales del siglo XIX y hasta bien entrada la actual centuria: las fragmentaciones regionales y, con ellas, la insularidad de las estructuras territoriales que sirvieron de asiento a los sistemas económicos y sociales que han caracterizado la sociedad colombiana en su conjunto a lo largo de su vida republicana. En efecto, mientras que algunas regiones lograron crear mecanismos y redes de articulación social y económica entre sus pobladores y con otros pertenecientes a espacios económicos subsidiarios, muchos otros territorios apenas si fueron mencionados y tenidos en cuenta en el marco de las relaciones políticas y sociales instauradas.

Paradójicamente, tal y como lo revelan los cronistas de Indias y luego los diarios e informes de viajeros, las “noticias” que se tenían de muchos territorios enmarcados dentro de la Gran Colombia por los límites internacionales establecidos en las postrimerías del siglo XVIII y posteriormente a lo largo del XIX, al mismo tiempo que “hablaban” de las ingentes riquezas existentes en su interior, mencionaban las “hordas” de tribus “salvajes” que las poblaban y los enormes esfuerzos que había que hacer para integrar estos territorios al concierto de la “economía nacional”. Esta visión contradictoria, preñada de imágenes y representaciones tantas veces repetidas desde el período colonial, a la par que aproximaba estas regiones al “imaginario de lo nacional”, las alejaba en cuanto a sus posibilidades de una efectiva incorporación a la sociedad que se representaba a sí misma como heredera de las tradiciones que hacían de Europa, en el siglo XIX, el lugar y el espacio privilegiados de realización del capital, y con él, de la civilización.

Fernando Urbina

Para el Estado nacional surgido de la épica independentista, los espacios en los que no se había enmarcado el entable colonial eran “territorios ausentes”: de vida social regulada eficazmente por el sistema político e institucional que lo caracterizaba; de actividades económicas que se asemejaran a aquellas que se habían desarrollado a lo largo de trescientos años de dominio colonia[pero que al mismo tiempo estuvieran en capacidad de integrarte a la división internacional del trabajo surgida dentro del sistema económico a que se había dado lugar con la Revolución Industrial y la ampliación de las redes de marcado al nivel mundial; de un sistema religioso y cultural (la religión católica), capaz de modificar las costumbres “bárbaras” de los pueblos y naciones que en su interior se asentaban. La paradoja consistía en que la “ausencia” no era entendida en relación con la debilidad estructural del Estado nacional recién surgido, sino como expresión de la “naturaleza” de los hombres y del medio que habían resistido por más de trescientos años la épica devastadora de hombres, pueblos y culturas, conocida como colonización española.

De allí que, iniciada la fase republicana y no importando las diferencias políticas y sociales que intervendrían en la disolución de la Gran Colombia, se desarrollaran procesos tendientes a colonizar estos territorios, reproduciendo las mismas tecnologías de genocidio, sujeción y subordinación frente a sus “naturales”, que se habían dado en el período colonial, por parte de todos los Estados nacionales surgidos al “calor” de las contiendas políticas del siglo XIX. El desenvolvimiento de estos procesos estuvo caracterizado, históricamente, por la puesta en marcha de dos “modelos” de colonización que claramente respondían a los mecanismos de articulación/desarticulación regional, empleados desde el período colonial.

Lámina de los Llanos de Casanare realizada por la Comisión Corográfica.  Mediados del siglo XIX

El primero de ellos, fue producto de la expansión dinámica de las antiguas economías agrarias y mineras que se habían logrado consolidar desde la segunda mitad del siglo XVIII, en relación con determinados centros urbanos del interior (Santa fe de Bogotá, Cartagena, Santa fe de Antioquia, Ambalema, Popayán, Pasto, etcétera), y a su vez, redistribuyendo los territorios de resguardos indígenas originalmente asignados a estas comunidades por la Corona. Este movimiento, que implicó el desplazamiento de poblaciones indígenas de resguardo a sitios circunvecinos, se efectuó como producto de las relaciones money-commodity surgidas en particular como efecto de la demanda agregada de bienes e insumos para las economías extractivas de metales preciosos y minerales, así como resultado de la ganadería extensiva que se impulsó fundamentalmente desde el siglo XVIII. Los llanos de San Martín y Casanare fueron lentamente poblados e “integrados” de esta manera a la economía virreinal y luego de la República.

El segundo “modelo”, que va a surgir como resultado de la economía capitalista internacional del siglo XIX y posterior, se desarrolló en relación con las economías extractivas de materias primas impulsadas por el Estado nacional colombiano. En su interior, guardadas las diferencias de lugar y época, se reprodujeron los mismos sistemas de principios del período colonial, de sujeción de naturales por medio de su esclavización y explotación. En el siglo XIX fueron comprometidos con su dinámica, el extenso territorio del Caquetá, los llanos de San Martín y Casanare, las llanuras del Magdalena y las selvas del Opón y del Carate, principalmente.

En este orden de ideas, el análisis de los materiales de la Comisión Corográfica dirigida por Agustín Codazzi, más de permitirnos comprender los alances de la misión científica colombiana más importante del siglo XIX y hasta hoy, nos da pie para establecer una reflexión crítica sobre sus logros en los territorios de los llanos de Casanare y San Martín; en los cuales se desarrollaron los dos “modelos” económicos y de’ocupación territorial antes señalados. Es por ello que consideramos de relevancia no solo el levantamiento de los pianos cartográficos, de los itinerarios de los caminos recorridos, y todos los materiales escritos de la Comisión, sino su ubicación en el marco de la organización estatal colombiana existente en ese entonces.

LA SITUACIÓN DE LOS LLANOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

La participación indígena, lo mismo que de mestizos, negros y mulatos de los Llanos en el proceso de independencia, produjo consecuencias sociales y económicas considerables en la región. Las antiguas reducciones indígenas fundadas por los misioneros jesuitas, cuya desintegración se había iniciado, desde la expulsión de la Compañía, terminaron por despoblarse. La incorporación de un gran número de hombres a los ejércitos y la creciente demanda de ganados y productos para el sustento de éstos, se tradujo en el abandono de los conucos y en el agotamiento de los hatos que bien pronto provocaron la “decadencia de tan vasto territorio” (Gobierno Supremo, 1822; folio 592).

Las cifras señalan un drástico declive demográfico regional en el transcurso de los años 1812 y 1822, ‘‘porque mueren los hombres y no son reemplazados”. Según los censos levantados por Salvador Camacho, Gobernador de los Llanos en la época, en el año de 1812 habitaban allí 48.862 almas; en 1821, 19.604, y en 1822, 17.451, es decir, una disminución de.31.411 almas en diez años (Camacho, 1823, fls. 589-596).

Este exterminio de los llaneros y, con ello, los “desiertos campos feraces” configuraron una nueva situación regional. Las tierras sobre las cuales los misioneros jesuitas habían levantado sus haciendas (posteriormente adquiridas por particulares) y aquellas que progresivamente colonos y hacendados incorporaron al contexto colonial; perdieron su importancia económica y, con ello, se inició en la región un período de depresión generalizada. Esta circunstancia permitió el retorno de los miembros indígenas sobrevivientes a sus antiguos territorios étnicos, lo que en conjunto hizo posible su lenta recuperación demográfica y la reanudación de sus desplazamientos estacionales, lo mismo que el ejercicio de sus actividades productivas tradicionales.

La nueva situación que se produjo en los Llanos, en virtud de los efectos de las guerras de independencia, puede apreciarse, por ejemplo, en los informes de la época, como aquel levantado por el Gobernador de Casanare sobre las “tierras baldías y aun desconocidas y habitadas por los indios gentiles y guahibos”. Esa nueva situación regional de crisis y de ruina estuvo expresada, también, por la desaparición de “pueblos demolidos por la guerra” y los que quedaron despoblados: porque “los indios se hallan en los montes” o en “partidas sublevadas de indígenas” que se retiraron a parajes distantes. Según se desprende de las descripciones del mismo informe en referencia, la banda sur del río Meta, que había sido zona de refugio de grupos indígenas durante el siglo XVII y XVIII, seguía siendo una “tierra incógnita” en la primera mitad del siglo XIX:

“Indagando las distancias por jornadas y después reduciendo estas a leguas, he creído que sobre un poco más o menos no faltan de quince a veinte mil leguas cuadradas entre la serranía y la llanura; esta última es inmensa y aún desconocida en las aproximaciones del río Meta. No va incluido en este cálculo el territorio que esta Provincia posee al otro lado del Meta, cuyos términos, según las relaciones de los que han navegado el Orinoco y de él han pasado al río Casiquiare y al Ríó Negro que desemboca ene1 Marañón, se extiende hasta las posesiones del Brasil por las cabeceras de los ríos Caquetá, Putumayo y Napo, que desaguan también en el Marañón (Amazonas)”. (Informe, 1825, fis. 868-873).

A mediados de la década de 1820, tan sólo en algunos lugares situados en la cordillera persistían reductos de poblaciones y allí había “tierras pertenecientes a particulares”, y en uno que otro espacio en el llano, “pero siempre aproximado a la serranía”. Entre tanto, en el Cantón Oriente “todas las tierras” eran consideradas baldías y muy fértiles, donde los indios “gentiles vivían tan robustos cuanto lo puede estar un hombre bien asistido en Bogotá”. En cuanto al Cantón Norte (Tame), las tierras que se extendían entre el Caño-Negro y el río Casanare también eran consideradas por la época como baldías, no habiendo sido posible obtener noticias de otros “terrenos, a efecto de ser muy remotos y muy revestidos de indios gentiles”. Desde las bocas del río Lipa hacia las bocas del río Aniporo,’ costeando éste hacia arriba, hasta la boca del río Chite y de ésta en línea recta a salir por la parte norte hasta la boca del caño Cuao, se calcularon “120 leguas cuadradas de tierras baldías, compuestas de sabanas remotas, montañas y algunos caños, en donde también subsisten los gentiles Guahibos”. En total se calculó por entonces (1825) que en el Cantón del Norte había 336 leguas de tierras baldías “habiendo quedado excluidos de esta tasación los resguardos de los pueblos de Lipa, Iguanitas, Cuiloto y Cravo, los cuales, con excepción de Cuiloto, no se hallan fundados, pues la guerra los demolió, pero sus habitantes tratan de hacerlo porque aunque al presente se hallan en los montes...”. Entre tanto, las montañas comprendidas desde el río Ele hasta el río Atauquita, estaban “habitadas por los gentiles Tunebos, el lugar de Arauquita [era] habitado por varias partidas sublévadas de indígenas que se [hallaban] reunidas en aquel paraje” (Informe, 1825, fis. 868-873).

Un conjunto de causas, todas ellas estrechamente relacionadas con la depresión y ruina generalizada que se vivió en los Llanos a partir de las guerras de independencia, explican la desestructuración de aquellos pueblos de indios que aún subsistían  que fueran fundados en los siglos XVII y XVIII, lo mismo que el menoscabo de las misiones religiosas. En este sentido, el Corregidor y Juez Político del Departamento de Chita señalaba que los naturales comprendidos en los pueblos de su partido (Chita, Cocuy, Guacamayas, Boavita, Chirca y Güicán), que habían dado prueba de su contribución y servicio a la causa libertadora, estaban reducidos a la miseria, quedándoles cómo único recurso para su Sustento las tierras de sus resguardos (Corregidor, 1820, fi. 86). También, la resistencia de los indios a pagar tributo contribuyó al despoblamiento de vatios de los antiguos pueblos de misiones al huir los “naturales” a los montes:

“Los pueblos de C hisca y G ü icán, que son misiones, se vieron en tiempo anterior e s el mejor aumento por los rápidos progresos que iba haciendo en ellos la conversión de los infieles, al celo y política moral que observaron aquellos ministros evangélicos, pues sólo en el pueblo de Güicán se llegaron a contar ciento y tantos indiecitos de doctrina; pero !qué dolor! luego que se trató de exigirles el tributo a los que ya convertidos y cristianos moraban en el pueblo, detestaron y apostataron de la religión, huyendo a los montes a donde antes era su residencia y en número tan considerable que de los convertidos no quedaría la décima parte, quedando tan escarmentados que en tantos años que han pasado no se ha arrepentido uno de aquellos, pero muchos menos convertirse un infiel, aunque hayan tratado de persuadirlo, siendo la respuesta uniforme de todos, que no quieren nuestra religión, porque los obligan a pagar tributo, y que ellos son libres desde su nacimiento”. (Angarita, 1820, fi. 90. Véase también Moreno, 1820, fis. 65,72-75,77; Montaña, 1821,fls. 80,81).