Estas interdependencias que cruzan fronteras internacionales refuerzan, en términos generales, la necesidad de una política de seguridad, la cual, sin embargo, por causa de formas de movilización como el transporte aéreo, ya no se dejan limitar a espacios fronterizos terrestres o marítimos. Ellas exigen acciones concertadas a nivel internacional, las cuales se ven afectadas por incapacidad estatal o intereses propios, complementada por los conflictos vigentes entre países vecinos por causa de problemas fronterizos no aclarados.

 En los casos más importantes de conflictos fronterizos marítimos se trata de la prolongación de antiguos conflictos fronterizos terrestres y la continuación de reclamos territoriales hacia el mar adentro. Esto es válido por ejemplo para el espacio fronterizo Belize-Guatemala-Honduras, en el cual tenían un efecto de bloqueo la negativa de Guatemala de reconocer la existencia de Belize (vigente hasta 1991) y los reclamos de Honduras y Belize sobre islas en la región fronteriza. Guatemala trató de evitar así la pérdida de una posible zona económica exclusiva en el Mar Caribe por causa de los reclamos hondureños, además tienen un papel importante en las prospecciones de petróleo en dicha zona marítima.         

Con el reconocimiento oficial de la completa soberanía de Belize por parte de Guatemala el 14 de agosto de 1991, se hicieron posibles relaciones diplomáticas entre Guatemala y Belize, a pesar de los revuelos políticos internos contra la decisión del Presidente Jorge Serrano. Junto al permiso del derecho de tránsito para  Guatemala, el permiso de usar instalaciones portuarias caribeñas y la declaración de explotar conjuntamente los recursos marinos en el golfo, el contrato contenía ante todo, la renuncia de Belize sobre una posible expansión del mar costero de 3 a 12 millas marinas. De esta manera se aclaró, por lo menos inicialmente, una disputa de larga duración. La realización y aplicación práctica de este convenio, entre otros la fijación de las fronteras está por hacer. No obstante Belize mientras tanto fijó por ley un mar costero de 12 millas marítimas de ancho y una zona económica exclusiva de 200 millas. Sin embargo, la ley del mes de enero de 1992, remite a una solución conjunta de los problemas de delimitación  y reclama en el espacio fronterizo con Guatemala solamente un mar costero con una anchura de 3 millas marinas.          

En la región de los promontorios submarinos de Jamaica (también denominados la dorsal nicaragüense) enfrente de Honduras se reflejan conflictos fronterizos territoriales de principios del siglo XIX. En el fondo se trata aquí, como en el caso de la Isla Aves de Venezuela en el oriente del Mar Caribe, de una protesta contra los reclamos territoriales sobre islas que se deducen históricamente. Nicaragua declaró el 4 de febrero de 1980, después de largas disputas, como no válido el convenio firmado en 1928 con Colombia, y reclama amplias partes del dorso jamaiquino y de los bancos y pequeñas islas situados sobre éste, como «prolongación natural» de su territorio nacional en el espacio marino sobre la plataforma continental (véase mapa en Sandner/Ratter 1991). De las largas disputas entre Colombia y Venezuela en el Golfo de Venezuela que llegaron a tener amenazas militares como también sobre los reclamos territoriales de Venezuela sobre la parte occidental de Guayana tratará una contribución especial en este mismo libro.

En estos casos también se trata de antiguos conflictos territoriales, que ahora se extienden al espacio marítimo, y que perjudican las relaciones políticas entre los países vecinos.

Otros conflictos fronterizos resultan directamente  del uso de espacio marítimos. esto es valido para el espacio fronterizo marítimo entre Haití y la República Dominicana, el espacio entre la República Dominicana y las  islas inglesas de Turks & Caicos con sus recursos pesqueros, el Paso de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico, y para delimitaciones del derecho marítimo entre las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses como también en el espacio Antigua/Barbuda-Montserrat-Guadalupe.

Las dimensiones de los conflictos actualización y aplicación práctica de este convenio,  les sobre recursos naturales en el espacio caribeño están influenciados por un gran déficit en cuanto a conocimientos sobre los recursos existentes. No existen inventarios detallados, estadísticas y mapas que abarquen el espacio total, sus recursos y los daños y problemas del sistema ecológico. Es probable que intentos que se hacen desde hace algunos años para mejorar esta situación lleven más bien hacia un aumento de los conflictos en vez de su disminución, sobre todo en vista de que todavía se sobrestima considerablemente el potencial de los recursos.

En el sector de la pesca, los problemas principales están en la combinación de esta sobreestimación de los recursos con un uso no adecuado. Los peces coralinos, a causa de un excesivo y mal uso en los últimos decenios ya fueron reducidos o exterminados en zonas importantes (Bahamas, Jamaica, Haití, Puerto Rico). También en los mares costeros y en las áreas de pesca de cangrejos, langostas, y otros crustáceos la pesca    excesiva llevó al fracaso de la misma, o a una   exhaustiva de los recursos de pez volador por reducción drástica del trabajo tradicional de la misma sobre la base artesanal. La existencia de muchas comunidades pesqueras está amenazada por los conflictos entre ellas y frente a empresas comerciales del mismo país (por ej: Haití-República Dominicana, Turks & Caicos - República Dominicana, US Virgin Islands-British Virgin Islands, Antigua/Barbados-Guadalupe, Venezuela-Trinidad/Tobago, Trinidad/Tobago-Barbados) se toman cada vez más frecuentes y bélicas. En muchos casos estos conflictos se agudizan por medio de delimitaciones marítimas en el marco de tratados bilaterales, ya que los límites cortan las interrelaciones tradicionales en la economía regional pesquera.        

Dentro del marco de delimitaciones, según el derecho del mar y de potenciales conflictos marítimos "territoriales", los recursos pesqueros tienen su mayor importancia fuera de los mares costeros, o sea en la zona semipelágica. Sin embargo hasta la fecha existen muy pocos casos donde se ha hecho uso de la herramienta de la declaración sobre zonas de pesca conjuntas. (Por ej: Venezuela-Trinidad/Tobago, Colombia-USA, Colombia- República Dominicana). El problema de los cardúmenes de peces migrantes acentúa la disputa por las áreas de pesca, aquí también se enfrentan las costumbres tradicionales de pesca y la delimitación marítima moderna. La fijación de zonas económicas exclusivas y  el reclamo de la plataforma continental impiden el uso por parte de pescadores extranjeros no legitimados por medio de contrato o   concesiones. Sin embargo todo depende de la fuerza de la imposición estatal en cada caso. Mientras que por ejemplo las muy importantes existencias de langosta sobre el Banco Pedro son reclamadas estatalmente por Jamaica, la capacidad de los botes de control estatales es insuficiente para evitar la decimación de los recursos por los pesqueros hondureños y otros. Trinidad no dispone de medios suficientes para impedir, con embarcaciones competentes o de policía, la sobre explotación de los recursos pesqueros por medio de flotillas que trabajan industrialmente procedentes de Asia y Norte América o para dirigir de forma ordenada la explotación exhaustiva de los recursos de pez volador por  parte de Barbuda.

Este problema de las flotas de pesca industriales que trabajan a nivel global y que vienen de afuera del espacio caribeño es especialmente grave en la región de las Pequeñas Antillas. A estas flotas las favorece especialmente la escasa capacidad de la actividad pesquera artesanal, aprovechándose detener las concesiones necesarias y de no pagar las cuotas correspondientes.

En cuanto a los recursos minerales, hay muy pocas regiones que tienen importancia  económica y política en el Mar Caribe. Estas excepciones se refieren a la existencia local de petróleo y de gas natural en la plataforma  continental. En el Golfo de Venezuela, estos  depósitos submarinos provocaron una intensificación de los conflictos fronterizos, disminuyendo, sin embargo, esta presión en el tiempo cuando en el mercado mundial bajaron los precios. Entre Venezuela y Trinidad /Tobago un acuerdo en cuanto a los derecho de prospección y explotación, dentro del marco del convenio bilateral de 1991, disminuyó el potencial conflictivo generado por el petróleo. En la Bahía de Honduras se entregaron, por parte de Guatemala y Belize, licencias de explotación que se sobreponían parcialmente antes de que se llegara a un acuerdo fronterizo. Sin embargo, desde 1991 se observa aquí, como ya fue mencionado, una solución que considera un uso conjunto de los recursos marinos.

Las amenazas al medio ambiente marino  y al sistema ecológico, hasta la fecha no juegan un papel considerable como asunto conflictivo, no obstante que el peligro y la destrucción aumentan rápidamente y cada vez son más visibles. Esto es válido especialmente para la contaminación del mar por causa de los considerables transportes de petróleo, especialmente desde el Golfo de Venezuela y el Golfo de Paria, para las consecuencias de la transferencia de petróleo al estilo off-shore frente a las costas de las Islas Cayman, para las destrucciones de los arrecifes coralinos por parte del creciente turismo y ante todo, para la contaminación del mar procedente de la tierra firme. Intentos nacionales de una política de protección del medio ambiente en la mayoría de los casos aceptos opuestos sobre el uso de los recursos no van más allá de declaraciones y proyectos marinos de leyes. Solamente en la República Dominicana hay más de 100 leyes y regulaciones para la protección del medio ambiente, de animales y plantas marinas y terrestres, pero sin ninguna implementación, imposición o control. Iniciativas de un trabajo común regional en favor del sistema ecológico marino se desarrollan lentamente, ante todo por parte de la oficina regional del United Nations Environmental Programme (UNEP) con sede en Kingston (Jamaica), del Center for Resource Management and Environmental Studies  (CERMES) en Cave Hill (Barbuda) o de la Caribbean Conservation Association (CCA) igualmente en Barbados. Sin embargo el trabajo coordinado de estas instituciones se ve perjudicado debido a intereses nacionales y razones por la dependencia legal-jurídica de los diferentes estados.

Tan heterogéneos como los tipos de conflictos arriba mencionados, son también los conflictos internos de los estados dentro del marco de las delimitaciones marítimas y los problemas territoriales. En la figura 3 solamente se mencionan tres casos que van más allá de las formas más frecuentes y variadas de los campos de conflictos políticos y sociales. En el caso de San Andrés y Providencia no se trata de un conflicto entre partidos comparables, sino la presión por parte del Estado colombiano hacia la población de las islas, en el sentido de una colombianización, hispanización y comprometimiento con los «intereses político-económicos estatales» (véase Albuquerque/Stinner 1978/1979; Ratter 1992 .b). En Antigua/Barbuda se trata igualmente, en primer lugar, de la dimensión socio-cultural y de la identidad insular y la autodeterminación, en este caso entre la pequeñas Barbuda y Antigua que es dominante en la asociación estatal de ambas islas (véase Lowenthal/Clark 1982; contribución Horx/Sahr en el presente tomo). En Puerto Rico se concentra la problemática sobre el estatus de la  isla como «Estado Libre y Asociado» o «Commonwealth of Puerto Rico» dentro del marco federal con los Estados Unidos (véase Ratter 1992 a). En todos los tres casos están relacionados asuntos del derecho del mar y conceptos opuestos sobre el uso de los recursos marinos.

Portadores, características e intentos de solución de conflictos sobre derechos del mar en el espacio caribeño

ya al principio fue señalado que dentro del marco de la delimitaciòn según el derecho del mar y los intereses opuestos y conflictos se trata casi exclusivamente de la dimensión estatal e interestatal de la acción política. casi no tienen importancia los grupos de intereses económicos que operan independientemente. también el papel vigente de los Estados Unidos como potencia hegemónica, con su política fundamentada en bases militares. Sus acciones motivadas por razones geopolíticas y de seguridad y su penetración económica no tienen peso considerable dentro de este marco. la presencia e influencia de los Estados Unidos no está limitado a fronteras territoriales o ligada a los reclamos de los estados regionales (en relación con los cambios más recientes en cuanto al dominio y la política de los Estados Unidos frente a la América Latina; véase la discusión conjunta de publicaciones recientes por Brysk 1992).

En los distintos estados y territorios dependientes del espacio caribeño, se pueden encontrar muy diferentes formas de estilo en relación con el derecho del mar, pero son difícilmente ordenables en categorías de validez general. sin embargo se distinguen tres grandes grupos: estados que se ocupan intensivamente con los problemas del derecho del mar (por ej: Colombia, Venezuela, estados miembros del OECS) estados con un descuido benévolo (ej: Nicaragua, Haíti, Suriman) y territorios coloniales, que especialmente en en trato de problemas a nivel internacional dependen de los países a los cuales pertenecen.

Las acciones estatales en el marco de las delimitaciones marítimas y políticas del derecho del mar generalmente dependen de las instituciones gubernamentales más altas. en los países más grandes existen divisiones especiales  para asuntos fronterizos en los Ministerios de Relaciones Exteriores, los cuales también son responsables de las negociaciones bilaterales. Sin embargo, en el ambiente cercano actúan diferentes grupos de intereses. En algunos países las fuerzas armadas, y dentro de ellas la marina, están especialmente interesadas en asuntos fronterizos marítimos, con influencia directa e indirecta sobre la política del Estado. La influencia de los partidos políticos se manifiesta especialmente en casos de una fuerte polarización entre el partido del gobierno y el partido dirigente de la oposición, donde la evaluación de asuntos fronterizos es usada como arma contra el gobierno. En algunos países existen más allá del espectro partidista grupos con mucha influencia política y orientación fuertemente nacionalista, los cuales se activan con un extremismo verbal cuando se presentan indicios de una solución de compromiso en asuntos bilaterales de fronteras (para el ejemplo de Venezuela véase Sandner 1992 b).Además se agregan aquí diferentes grupos de interés económico del interior.

El efecto de estas agrupaciones se expresa fuertemente en períodos de campañas electorales o después de incidentes fronterizos locales en el sentido de una polarización entre intentos de soluciones pragmáticas por medio de compromisos y un nacionalismo exagerado escalando en radicalismo verbal. Términos como «Defensa de la dignidad nacional», «Reparación de injusticias históricas» y «Traición a la patria», llevan frecuentemente a un aplazamiento o disminución de las soluciones o compromisos difícilmente logra dos con el país vecino, en el cual procesos similares tienen los mismos efectos un poco más tarde. La incongruencia temporal ocasiona que frecuentemente queden muy pequeñas «ventanas de tiempo», en las cuales se puedan lograr verdaderos avances en las negociaciones bilaterales.

Un peso especial tiene a este respecto la referencia a «intereses vitales». La política norteamericana no se entiende en el área caribeña sin referencia a este término frecuentemente usado. (Véase Sandner 1991, Pág. 185-190). También en Venezuela y en algunos otros países de la región se señala con esta fórmula la falta de cualquier disposición a compromisos, entendiendo como «vital» dos asuntos diferentes: por un lado la intransferibilidad o integridad del territorio nacional relacionada históricamente, o la tarea secular de restablecer la extensión territorial que existió alguna vez en el pasado, y por el otro lado reclamos relacionados más bien con el futuro, sobre recursos existentes o esperados, sobre el acceso del o al mar en el sentido de zonas económicas exclusivas, sobre rutas del comercio y sobre capacidad de defensa.

La efectividad de los aspectos hasta aquí nombrados se efectúa en primer lugar a través de los medios de comunicación, los cuales amplían los frentes políticos, pero también los incidentes locales, de tal manera que debido a esta ampliación y dramatización en relación con la correspondiente situación política, a cada caso lo convierten en un asunto demasiado político (Sandner 1992 b). A pesar de muy diferentes orientaciones políticas y la pertenencia a grupos de intereses, las «batallas de los medios» llevan a que la «opinión pública», producida de esta manera se enfoque como a través de una lupa apenas sobre un solo campo de conflicto nacional, sea debido a la «actitud equivocada» del gobierno o la aparente (amenaza) o preferencia de un país vecino. Para el observador extranjero en el lugar esta situación parece en muchos casos como una represión concertada de los verdaderos problemas de la política interna, sus interrelaciones y sus efectos sociales en vista de una pobreza y miseria general.

También en este aspecto se expresa la tradición clientelista y ésta no verdaderamente de arriba hacia abajo, sino solamente de arriba hasta el estrato medio a través de los modos de influencia y manipulación de los sistemas políticos en América Latina. Desde este punto de vista no se trata de centro y la periferia del poder estatal/ la ciudad capital versus la región/ zonas fronterizas y comunas de pescadores, sino que se trata de arriba/medio versus abajo en la ciudad capital así como en las regiones fronterizas.

Detrás de estas interrelaciones políticas de asuntos del derecho del mar, visibles hacia afuera y presentes en la prensa diaria como también en la televisión local y «nacional»,se    En este contexto se debe mencionar el papel de las organizaciones internacionales, las cuales pueden dar asistencia en asuntos de delimitación y legislación, sobre todo a los estados pequeños que tienen poca dotación personal y técnica. Para los estados del British Commonwealth existe con ese propósito una oficina en el secretariado del Commonwealth en Londres, que da a los pequeños estados una ayuda importante para la imposición de sus intereses frente a estados medianos (véase Commonwealth Secretariat 1991). Aquí no solamente dan asesoría a los estados miembros del Commonwealth sino que también se hace la coordinación de las posiciones de los miembros del OECS. El "UN Secretariat of the Law of the Sea" en Nueva York presta servicios similares a nivel mundial, pero está sobrecargado por causa de un gran número de peticiones.

La apelación ante la Corte Internacional  en La Haya en asuntos de la delimitación del derecho marítimo en el área del Caribe hasta  la fecha carece de efectividad. La apelación ante esta institución sólo se puede efectuar si ambos partidos en conflicto están dispuestos a hacerlo, pero hasta ahora no se ha presentado un acuerdo correspondiente. Sin embargo, después de la entrada en vigor de UNCLOS III se va a empezar a crear una corte marítima especial que debe ocuparse de los problemas en el espacio del mar.

Las estrategias para la solución de conflictos en el área del Caribe se limitan ante este trasfondo hasta la fecha simplemente a negar la existencia de conflictos o en negociaciones bilaterales. Conflictos bélicos o se han presentado hasta la fecha en el Mar Caribe, no obstante que de vez en cuando sonaron los sables y se presentaron amenazas de los militares y hasta una advertencia demostrativa de la marina. Jugando aquí un rol importante el así llamado «interés vital», ante todo de los estados de poder medio (Venezuela, Colombia).

El potencial conflictivo del futuro va a depender, tal como parece, sobre todo del desarrollo económico de los diferentes estados, ya que al parecer la conciencia marítima se concreta en relación con la creciente esperanza a un uso de los recursos marinos. Esto lo indican también las cada vez más grandes actividades de las organizaciones internacionales y el desarrollos en el ámbito económico internacional sobre el área. Durante la cumbre mundial sobre el medio ambiente en Rió de Janeiro, en el mes de junio de 1992, el  acta 21 jugó un papel decisivo del discutido Plan UNECD. Este trata de las dimensiones marítimas de los problemas del uso y del medio ambiente.          

El tema del trasfondo de intereses y los campos conflictivos dentro del marco de las actuaciones estatales se debe ampliar con varios componentes más ante esta situación. Fuera de los asuntos fronterizos y de delimitación, forman parte de esta ampliación todos los componentes que se pueden resumir bajo el lema del manejo de recursos y a las preguntas que se refieren a la relación entre los desarrollos y las estrategias que son económicamente necesarios, socialmente conciliantes y ecológicamente responsables. Para esto se necesita también una más fuerte integración de los espacios costeros y marítimos en el campo de la investigación científica, como también en la política, la planeación estatal y las medidas prácticas. En este sentido son cada vez más importantes los estudios que investigan las estructuras, los problemas y las necesidades del complejo tema del manejo de recursos y que entienden éste como un «coastal and Ocean Management».

Bibliografía

Albuquerque, K. de; Stimmer, W.F. (1977/78): The colombianization of black San Andreans. In: Caribbean Studies 17 (3/4), p. 171-181.

Beauchamp, K.P. (1986): The management function of ocean boundaries. In: San Diego Law Review 23, p. 6 11-660.

Biysk, A. (1992): Beyond hegemony: US-LatinAmerican relations in a «New World Orden>? In: Latin American Research Review 27, p. 165-176.

Buchholz, II .J. (1986): Ozeane als nationale Territorien. In: Geographische Rundschau 38(12), . 6 14-620.

Commonwealth Secretariat (Ed)( 1991): Practical steps in negotiating maritime boundary agreements. A guide to small states. (Technical Assistance Group, prepared by C.Dundas) London: Comrnonwealth Fund for Technical Cooperation.

Cox, K.R. (1991): Redefining «territoiy». In: Political Geography Quarterly 10 (1), p. 5-7.

Fonteyne, J.-P.L. (1976): The Caribbean Sea. Value and options m the light of changing international law. In: V.A. Lewis (Ed.): Size, self-determina tion and international relations: The Caribbean. Mona,Jarnaica: Institute of Social and Economic Research, University of the West Indies, p. 264-284.

Gantzel, K.J.; Meyer-Starner, J. (Ed.)(1986): Die Kriege nach dern Zweiten Weltkrieg bis 1984. Daten und erste Analysen.(Reihe Welt-wirtschaft und internationale Beziehungen, Diskussionsbeitntge 34, Ed. Deutsches Übersee Institut). München/KoIn/London: Weltforurn Verlag.

Grabendorff, W. (1978): Gewalt und AuBenpolitik.:Zum Konfliktverhalten lateinamerikanischer Staaten seit dern Zweiten Weltkrieg. In: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft undGesellschafl Lateinarnerikas 15, p. 397-424.

Hodgson, R.D.; Smith, R.W. (1979): Boundary issues created by extended national marine jurisdiction. In: Geographical Review 69, p. 423-433.

Ihabvala, F. (Ed.)(1983): Maritime issues in the Caribbean. Gainesville: Florida University Press.
Johnston, D.M.; Saunders, P.M. (Ed.)(1988): Ocean boundaiy making: Regional issues and develop ents. London: Croorn Helrn.

Krieger, D. (1973): Caribbean Community for Ocean Development. Pacem in Maribus IV. Malta: Caribbean Study Project.

Lowenthal, D.; Clark, C.W. (1982): Caribbean small islands sovereignty: Chimera or convention? In: U. Fanger et al. (Ed.): Problems of Caribbean de velopment (Beitriigezur Soziologie und Sozialkunde Lateinamerikas 21). München: W. Fink, p. 223-242.

O'Loughlin, J. (1984): Geographical modeis of international conflicts. In: P.Taylor (Ed.): Political geography. Recent advances and future directions. London: Croom Helm, p. 202-226.

O'Loughlin, J.; van der Wusten, FI. (1986): Geography, war and peabe. Notes for a contribution to arevived political geography. In: Progress in Human Geography 10, p. 484- 510.Organization of Eastern Caribbean States (OECS)(1988): Report of the OECS workshop SandnerfRatter on Maritirne Delimitation (Septem ber 21-23, 1987) Secretariat, The Mome, Castries, St. Lucia, unpublished paper.

Prescott, J.R.V. (1975): The political geography of the oceans. Newton Abbot: David and Charles.

Prescott, J.R.V. (1985): The maritime political boundaries of the World. London: Methuen.

Prescott, J.R.V. (1992): Boundaries and ocean managernent. In: P. Fabbri (Ed.): Ocean managernent in global change. London: Elsevier, 5227-246.

Ratter, B. (1992a): Administrative contradictions in complex resource managernent. Experiences from Puerto Rico. In: J.L.Suárez de Vivero (Ed.): The ocean change: Management patterns and the environment. Sevilla: Universidad de Sevilla, p. 107- 118.

Ratter, B. (1 992b): Karibische Netze. San Andrés y Providencia und dic Cayman Islands zwischen weltwirtschaftlicher Integration und regionaikulturelier Autonomie. Hamburg: Wayasbah.

Ratter, B.; Horx, K. (Ed.)(1989): Konfliktfeld Weltmeer. Dic verlinderte Bewertung des Meeres als Ressourcen-, Sicherheits- und EinflulBraurn (Milit Dokumentation 73/75). Frankfurt: Haag und Herchen.

Rurnmel, R.J. (1977)1: Ficld thcory evolving. Beverly Hilis: Sage.

Sack, R.D. (1986): Human territoriality, its theory and history. Carnbridge: Cambridge University Press.

Sandner, G. (1987): Aspectos y problemas de geografia «territorial» del Mar Caribe y de los conflictos limítrofes. In: Geoistmo (San José, Costa Rica) 1(1), p. 9-32.

Sandner, G. (1988): Über den Umgang mit MaBst und Grenzen. Fragen und Antworten der Politischen Geographie. In: H.Becker; W.- D.Hiitteroth (Eds.): 46. Deutscher Geographentag München 1987, Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen. Stuttgart: Franz Steiner, p. 35-54.

Sandner, G. (1991): Geopolitischc Verflechtungen irn zentralamerikanisch-karibischen Konfliktraum. In: G.Kohlhepp (Ed.): Latcinarnerika - Urnwelt und Gese!lschaft zwischen Krise und Floffnung (Tübingcr Geographische Studien 107). Tübingen: Selbst verlag des Geographischen Instituts, p. 183- 205.

Sandner, G. (1992a): Dic Territorialgrenze als Trennlinie und Zusarnmenfassung in Anglound Lateinarnerika. Em Vergleich aus politisch geographischer Sicht. In: W. Reinhard; P.Waldrnann (Ed.): Nord und SUd in Arnerika. Freiburg: Rornbach, p. 78-95.

Sandner, G. (1 992b): Dic Konflikte urn den Golf von Venezuela. Historische Wurzeln, politische Zusarnrnenhiinge, fortwirkende Spannungen. Hamburg: Wayasbah.

Sandner, G.; Ratter, B. (1991): Topographical problem arcas in the delimitation of maritime bound aries and their political relevance: Case studies from the Western Caribbean. In: Ocean and Shore line Management 15, p. 289-308.

Siegelberg, J. (1990): Schritte zu einer Theorie des Krieges. (Arbeitspapiere 42) Harnburg: Institut ifir Politische Wissenschaft, For-schungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung.

Taylor, P.J. (1982): A materialist framework for political geography. In: Transactions of the Institute of British Geographers NS 7, p. 15-34

Uchcbgu, A. (1976): The Law of the Sea and srnall states in the Caribbean. In: V.A.Lcwis (Ed.): Size, self-determination and international relations: The Caribbean. Mona, Jamaica: Institute of Social and Economic Research, University ofthe West Indies, p. 285-306.

United Nations Environmental Programmc UNEP (Ed.) (1982): Development and environment in the Wider Caribbean: A Synthcsis (UINEP Regional Seas Reports and Studies 14). Genf: UNEP.

United Nations (uN) (1983): The Law of the Sea. Official text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with annexcs and mdcx. London / Canberra: Croom Helm.

Vitzthurn, W. (Ed.) (1981): Dic Plünderung der Meere. Em gerneinsarnes Erbe wird zerstückclt. Frankfurt: Fischcr Taschenbuch.