Intereses geoestratégicos y sociales en el proceso de la descolonización

La dirección sobre la soberanía nacional que es la condición previa para la terralización del mar, se inició en el Caribe Oriental en los años treinta y cuarenta del presente siglo. Como en todas partes también aquí las consecuencias de la crisis económica mundial afectaron esta región. El bajo estándar de vida de la población provocó desde 1934 en las Antillas Británicas y Puerto Rico protestas de los sindicatos de los trabajadores industriales y de los jornaleros agrícolas (véase Williams 1970). Por causa de éstas, la Comisión MOYNE investigó en 1938 las condiciones generales de vida en las islas británicas. Con base en el informe se publicó en 1940 el «Colonial Development and Welfare Act» para mejorar la situación social de la población (véase Augier et al. 1983; Parry et al.1987).

Pero la iniciación de la Segunda Guerra Mundial desvió el interés de las potencias coloniales de los asuntos sociales hacia los aspectos geoestratégicos. Desde 1942 la guerra submarina alemana hizo ver a los americanos e ingleses cómo era de vulnerable pero también de estratégicamente importante el espacio caribeño. Un convenio de leasing entre Gran Bretaña y Estados Unidos acordó el cambio de 50 destructores antiguos norteamericanos por la instalación de bases militares americanas en las islas de Antigua, St. Lucia y Trinidad. En Puerto Rico y las Islas Vírgenes se encontraban también tropas americanas. Estas bases tenían la tarea de proteger las rutas internacionales de transporte de petróleo y bauxita entre América del Sur y Norteamérica en el Atlántico (véase Kelshall 1988; véase también la contribución de Sandner este tomo).

El tratado de leasing fue acompañado por la creación de una «Anglo American Caribbean Comission», a la cual se asociaron más tarde también Francia y los Países Bajos, la que tenía como propósito atender los problemas sociales más importantes (véase Dookhan 1975; Parris 1986). Sin embargo la comisión no pudo impedir que el movimiento huelguista de los años treinta se transformara en una organización nacionalista de masas que exigió la autodeterminación apoyada por los sindicatos y los partidos políticos (véase Parry et al. 1987; Woehlcke 1982). Ahora ya no se trataba de asuntos sociales únicamente, sino que las élites caribeñas buscaban la solución en la independencia de los «incapaces» países coloniales.

Las madrepatrias como descolonizadoras

Las respuestas de los países colonialistas a las exigencias independentistas fueron muy variables. Principiaron con ella en 1946 los franceses; ellos establecieron los Départements d'Outre-Mer. Esto significó la total integración de las islas caribeñas de Martinica y Guadalupe así como sus Dependencias con Francia. En aquella época esta medida fue aceptada por las elites y sus partidos (por ejemplo el Partido Comunista bajo la dirección de A. Cesaire), los cuales esperaban así la supresión de su discriminación (véase Guerin 1956). Sin embargo tal política de incorporación deja mano libre al gobierno central francés en el trato geoestratégico con las islas y no cumplió así las esperanzas.

En el marco regional la política francesa llevó hacia el aislamiento político de los departamentos. Su estabilidad interna se financia por medio de enormes subsidios desde París. En 1993 se integraron al Mercado Común Europeo por medio del Tratado de Unificación Europea quedando así segregados de los demás territorios (véase Moutossamy 1988).

Como Francia, el gobierno de los Países Bajos también llevó a cabo una política de incorporación. Durante la Segunda Guerra Mundial las colonias caribeñas fueron la única parte del reino que quedó «libre». Los Países Bajos, Surinam y las Antillas Holandesas (entre ellas en el Caribe Oriental St. Eustatius, Saba y la parte septentrional de St. Martin) trataron entonces de ensayar una solución «cooperativa». Ellos se convirtieron en 1954 en miembros con iguales derechos dentro de un reino federativo. Sin embargo, el imperio neerlandés es desde 1975, con la independencia de Surinam y la declaración del «Status Aparte» de Aruba, una organización en disolución (véase Mazerin, 1989). Los Países Bajos ya casi no muestran intereses geoestratégicos nacionales en el Caribe; no obstante actualmente las islas no persiguen una separación definitiva.

La política de Gran Bretaña afecta la mayoría de las islas del oriente del Caribe (25 de las 40). El Reino Unido permitió después de primeros ensayos de una auto administración interna de las islas su salida colectiva a la independencia. Sin embargo, la "West Indian Federation" creada en 1958, fracasó, después de apenas tres años y medio de vida por causa de los intereses opuestos de los políticos (véase Williams 1970; Clarke 1991). A ese respecto influyeron ante todo el tamaño diferente de las islas, las distancias entre ellas, su base de recursos variable y a veces también de competencia entre sí, sus estructuras económicas, y sus historias desarrolladas a veces de manera muy distinta. De no poca importancia eran las rivalidades entre las islas grandes por el papel de liderazgo como también el miedo de los «pequeños» ante los «grandes» (véase Parry et al. 1987). Hasta hoy en día el fracaso de la federación constituye un trauma para el proceso de integración en el área oriental del Caribe. Por esta razón, el primer Ministro de St. Vincent, J. Mitchell, pidió todavía en 1987 no usar la palabra «federación» en relación con la discusión sobre la «integración» del Caribe Oriental (véase Mitchell 1989). Después del fracaso de la federación, Gran Bretaña decidió entregar la independencia a cada isla por separado. En principio lo hicieron los cuatro «grandes»: Jamaica (1962), Trinidad Tobago (1962), Guayana como único territorio continental (1966) y Barbados (1966). Las Windwards y algunas de las islas Leeward pasaron a formar en 1967 un «Associated Statehood». Entre 1974 y 1983 lograron su independencia Grenada, Dominica, St. Lucia, St. Vincent, Antigua & Barbuda y St. Kitts & Nevis. La dificultad del proceso de emancipación se manifestó en la salida de Anguilla de la federación con St. Kitts & Nevis. Esta salida provocó una intervención militar de la Gran Bretaña que permitió a Anguilla por solicitud propia volver como colonia de la Corona al seno de la Madre Patria (véase Clarke 1971; Thorndyke 1989).

Con Anguilla, Montserrat y las Islas Vírgenes británicas existen hoy en total tres territorios del Caribe Oriental con el estatus de colonias de la Corona. Sus buenas situaciones económicas, determinadas por auxilios de Gran Bretaña y su administración interna autónoma, evitaron intenciones de independencia.

Los estados del Caribe Oriental frecuentemente se obstaculizan entre sí en el desarrollo de su soberanía. Así que problemas políticos internos llevaron frecuentemente a intervenciones entre ellos. En 1979 por ejemplo, tropas de Barbados pusieron fin sobre Carriacou a una rebelión contra el gobierno central de St. Vincent (véase Erisman 1989). La revolución grenadiense también fue terminada violentamente después de un golpe de Estado por tropas del Caribe Oriental y de los Estados Unidos. No obstante, una intervención de tipo militar se pudo evitar durante los disturbios en Dominica en 1980 (véase Honychurch 1984) y en la huelga general en St. Lucia en 1982 (véase Wayne 1986). En todos los conflictos estaban comprometidas con intensidad diferentes potencias no caribeñas.

El camino de Puerto Rico terminó en un callejón constitucional sin salida. No se pudo lograr la independencia total ya que la política exterior y de seguridad del «Estado Libre» están bajo la soberanía norteamericana, pero tampoco se logró integrar a la isla como Estado con plenos derechos a los Estados Unidos (véase Parry et al. 1987). Por lo tanto, la población sufre desde 1954 por una solución la cual ni significa la incorporación total, como en el caso de las Antillas Francesas, ni la total independencia, como en el caso de las Antillas Británicas.

Las Islas Vírgenes Estadounidenses tienen solamente el estatus de territorio federal norteamericano. Esto significa para sus habitantes que no son ciudadanos norteamericanos. Ellos tienen autonomía interna pero no pueden ejercer una política exterior democráticamente orientada. Su estatus es parecido al de las colonias inglesas de la Corona (véase Nohlen 1992).

El proceso de la independencia está hoy en día más avanzado en el sur del Caribe Oriental que en el norte. Allá todas las islas disponen de su propia soberanía, a excepción de los Départements franceses, y pueden por lo mismo actuar también como socios independientes en negociaciones sobre el Derecho del Mar. En el norte la división espacial natural y la influencia poderosa de los Estados Unidos impiden soluciones soberanas aunque de tal manera que aquí se negocia más bien sobre las islas que por parte de ellas mismas.

El Caribe Oriental en la época de las integraciones políticas

Después del fracaso de la «West Indian Federation» los estados independientes del Caribe actuaron muy cuidadosamente en cuanto a la creación de organizaciones supranacionales. Sin embargo, en una región tan segmentada y constituida por países cuya soberanía es limitada por su «viabilidad», estas asociaciones son especialmente importantes.

La creación de una zona caribeña de libre comercio (CARIFTA) en el año 1968 abrió el camino para la construcción de un mercado común. En 1973 se firmó el protocolo de creación del CARICOM. Sin embargo, dos años más tarde esta organización entró en una primera crisis debido a las rivalidades personales de algunos Primeros Ministros (véase Parris 1986; Woehlcke 1982). No obstante se intensificó el comercio regional considerablemente entre 1973 y 1982. Todos los ocho estados de habla inglesa del Caribe Oriental son miembros del Mercado Común.

Dentro del grupo de la CARICOM se fundó en 1981 la «Organization of Eastern Caribbean States» (OECS). A ella pertenecen Grenada, St. Vincent, St. Lucia, Dominica, Antigua & Barbuda y St. Kitts & Nevis. Es interesante observar que con Montserrat también entró a la organización una colonia de la Corona británica. La OECS se encarga de la cooperación económica, social y política. Esta abarca, entre otras, una política monetaria común con un banco central, la liberalización del comercio interno y un sistema judicial común con una Corte Suprema de Justicia. La OECS se entiende como un instrumento de integración dentro de la CARICOM (véase Lewis 1988a).

La asociación sólo pudo proteger limitadamente la soberanía de los estados de la OECS. Los acontecimientos alrededor de la invasión de Grenada aumentaron la presión norteamericana sobre la OECS. Esta presión no solamente provocó la caída del gobierno de un país de la OECS. Sino también una crisis política entre la CARICOM y Trinidad por un lado y Barbados y los estados de la OECS por el otro lado. Esta crisis se pudo superar más tarde por medio de la creación de un sistema regional de seguridad. A este sistema de seguridad pertenecen los estados de la OECS, Barbados, Trinidad y Jamaica (véase Braveboy-Wagner 1988).

La CARICOM intentó empezar de nuevo durante su cuarta reunión cumbre en Nassau. Sin embargo, hasta la fecha los entrelazamientos económicos internos son escasos. Los bajos precios para los productos en el mercado mundial, el creciente proteccionismo de los países del primer mundo y un nivel bajo de los salario impiden fuerzas estimulantes para el mercado. Por lo tanto, el volumen del comercio entre los estados de la CARICOM alcanza solamente al 10%, considerando que Trinidad con sus productos petroleros, contribuye con el 50%. (véase Griffith 1990).

Tanto en la CARICOM como también dentro de la OECS se puede observar en los últimos años una tendencia de convertir la integración económica en una política. En 1988 acordaron las islas Windward de St. Lucia, St. Vincent, Dominica y Grenada una unión política, a la cual más tarde deberían adherir las Leeward Islands (véase Regional Reports 89-06). A principios del año 1991 se realizó bajo protesta de los partidos de oposición la primera reunión de una asamblea constitucional en St. Vincent. También la CARICOM intenta ensayar una coordinación política. Así se llegó a un acuerdo referente a una política exterior común frente a los Estados Unidos, Venezuela, Colombia y el Brasil, como también a la introducción de un pasaporte común (véase Regional Reports 90-08). Con la introducción de un controvertido régimen aduanero común (Common Extern Tariffs) se continúa forzando también la integración económica.

Todas las integraciones caribeñas llevan automáticamente hacia el abandono de las posiciones nacionales en favor de una soberanía regional. Las entretejidas e intensas relaciones económicas y políticas, se pueden aprovechar también en las negociaciones en cuanto al derecho del mar. Sin embargo, el diferente grado de desarrollo y los particularismos de algunas élites producen un mosaico muy diferenciado en cuanto a la cooperación política en la región, de manera que este potencial no se puede explotar en su totalidad. No obstante, la dificultad hay que buscarla ante todo en la influencia de poderes ajenos a la región.

Influencias externas sobre el Caribe

Las relaciones con los países madrepatria de antaño o actuales, recibieron una nueva dimensión por causa de la unificación europea. Mientras que los Départements d'OutreMer son parte integrante de la Unión Europea, las colonias de los Países Bajos y británicas no tienen posibilidad de colaboración directa con la Comunidad. Ellas siguen dependiendo de sus metrópolis, mientras que los estados independientes de la región son sin excepción miembros del Tratado de Lomé, sacando un provecho económico considerable de este hecho: precios protegidos para el azúcar protección para los bananos, exportación libre de gravamen para varios productos hacia el territorio de la Comunidad Europea, un sistema de estabilización del ingreso por exportación (STABEX) como también una amplia ayuda para el desarrollo por medio del European Development Fund (EDF) y el European Investment Bank (EIB), llevan hacia interdependencias muy estrechas (véase González 1989). De esta manera las tradicionales relaciones coloniales fueron transformadas en una relación relativamente buena de los países del Caribe Oriental con la CE. Llama la atención que por regla general esta cooperación es multilateral y se realiza entre socios soberanos.

La política exterior de los Estados Unidos se interesó por los jóvenes estados soberanos del oriente caribeño en mayor grado apenas desde la revolución de Grenada. En aquella época no solamente se establecieron gobiernos izquierdistas en la isla de las nueces moscadas sino también en St. Lucia y Dominica, de manera que los Estados Unidos pensó en una limpieza de su patio de atrás. La ayuda de los Estados Unidos se dedicó primero a la construcción de un Sistema Regional de Seguridad, del cual sacaron provecho especialmente la protección contra catástrofes y la lucha antidroga complementado por ayuda militar a mediano plazo (véase Erisman 1989; García-Muñiz 1988). Pero el ensayo de una ayuda económica por medio de la «Caribbean Basin Initiative» (CBI), unos programa de liberación aduanera selectiva de productos caribeños en el mercado norteamericano fue un fracaso. Un fuerte lobbying de productos que también se producen en Estados Unidos, logró numerosos reglamentos excepcionales, de tal manera que incluso el volumen comercial de los Estados Unidos con el Caribe disminuyó (véase Gonzales 1989). También el CBI II, aprobado en 1990, quedó sin efectos destacables.

En comparación con el acuerdo multilateral de Lomé hecho con la CE, la Caribbean Basin Initiative es una medida unilateral de los Estados Unidos en la cual los estados caribeños no tienen ni voz ni voto. Por lo tanto no pueden presentar sus intereses soberanos en un proceso de negociaciones. En el país en el cual alguna vez fue formulada la Doctrina Monroe con el derecho de la autodeterminación de los pueblos, se ve hoy en día una contradicción grave en cuanto a los antiguos ideales.

Con la iniciativa del presidente Bush "Enterprise for the Americas Initiative" (EAI) se intentó en 1990 crear sobre una base multilateral una zona de libre comercio continental y una reducción colectiva de las deudas (véase Regional Reports 91-03). Pero como se pensó en dar un rol especial a algunos estados caribeños, como Trinidad y Jamaica, esta iniciativa participativa también corre el peligro de fracasar, a pesar de la creación de un «Trade and Investment Councils» entre CARICOM y los Estados Unidos (véase Regional Reports 91-04-07-08).

Para los países caribeños es muy difícil escoger su propio camino entre la Comunidad Europea y el mercado norteamericano. Ellos solamente pueden lograrlo si no se fijan un concepto de soberanía demasiado estrecho y responden a los retos políticos con formas de cooperación regional. A este respecto queda problemático el rol de los territorios dependientes. Ellos en caso de una intensificación de las relaciones americano caribeñas aumentarían su aislamiento. Perdiendo su autonomía cultural y política, se vuelven puestos marginales de la CE en el «Patio Trasero» de los Estados Unidos.

En cuanto a la política exterior los estados pequeños pueden ganar espacio de acción cuando tienen la posibilidad de oscilar independientemente entre socios y extraños. En el Caribe Oriental algunas potencias medianas juegan un papel especial en las «negociaciones políticas» entre potencias mundiales (véase Woehlcke 1982). Ellas empiezan a jugar el papel de «diplomatic brokers» (véase Erisman 1989, pág. 22).

Canadá tiene mucho en común con el Caribe debido a su larga historia colonial bajo el dominio francés e inglés. Como vecino norteño de los Estados Unidos conoce igualmente los numerosos problemas en las relaciones con la superpotencia americana (véase Levitt 1988). En el Caribe aparece el «modelo canadiense» como camino intermedio entre el capitalismo liberal y el «Social Welfare Approach» y goza de un alto prestigio (véase Manigat 1988a). Canadá realiza por medio de su organización para el desarrollo CIDA una política de desarrollo prometedora sin tendencias imperialistas. Instaló en 1988 una oficina regional en Barbados donde en colaboración con técnicos caribeños se desarrollan y coordinan todos los proyectos canadienses. Sin embargo, el programa de impulso al desarrollo económico CARIBCAN, que se inició en 1986, era un fracaso similar al CBI (véase Gonzales 1989; Regional Reports 90-01).

Venezuela juega también un papel sobresaliente en el concierto entre las potencias medianas del Caribe. Con una democracia relativamente estable, una orientación anticomunista y una ideología de «Free Enterprise» constituye un componente importante de compensación y equilibrio frente al predominio hegemónico de los Estados Unidos (véase Manigat 1988a). A través de un instituto cultural de habla española y una atención diplomática intensiva de los estados del oriente caribeño, realiza una política exterior activa, que es bienvenida por parte de los representantes caribeños, como el Secretario General de la OECS, V. Lewis (véase Lewis 1988b). En 1991 se firmó un convenio básico entre CARICOM y Venezuela, que tiene el propósito de preparar la creación de una zona de libre comercio. Especialmente Trinidad espera de ella ventajas económicas.

Otros países latinoamericanos son únicamente activos en algunos puntos del Caribe Oriental, como por ejeplo Brasil (véase Manigat 1988b) que solamente tiene contactos estrechos con Barbados y Trinidad, y México (véase Maira 1983) que se destacó en la creación de una Agencia de Noticias del Caribe (CANA). Después del fracaso del experimento grenadino, y aun más después del derrumbe de la Unión Soviética, Cuba perdió completamente su influencia política en la región.

Casi desconocida en el público es la influencia de los estados del oriente asiático. Especialmente las interdependencias económicas a través la industria electrónica y la exportación de automóviles, llevaron hacia un comercio intensivo con el Japón y Corea del Sur. Sobre todo Corea del Sur se encarga en Trinidad y otros estados de una creciente transferencia tecnológica por medio de empresas «Joint Venture» (riesgo compartido). Taiwan mantiene numerosos contactos políticos de apoyo financiero con St. Lucia y Dominica. La ciudad capital de St. Lucia, Castries, es hasta ciudad hermana de Taipeh. Un interés especial provocan entre las naciones asiáticas orientales las áreas pesqueras del Caribe Oriental (véase Gonzales 1989).

El complicado entrelazamiento de las estructuras del poder, el cual se parece a un «patchwork», le dificulta a los países llevar a cabo una política consecuente basada en la soberanía nacional. La política de derecho del mar, que es en primer lugar una política territorial y de relaciones exteriores, también sufre estas limitaciones. Frecuentemente son demasiado débiles los espacios de acción soberana para defenderse contra el dominio post-colonial de las potencias grandes y medianas.

Líneas de conflicto en el espacio oriental del Caribe

Algunos tipos de conflictos, los cuales también se reprodujeron durante las recientes negociaciones sobre el derecho del mar se presentan frecuentemente. Ellos se pueden ordenar en tres grandes grupos:

Tipo de Conflicto No. 1: Conflictos que surgen por causa de una descolonización no terminada. Una serie de conflictos resulta del deseo de las potencias hegemónicas de mantener puestos estratégicos en el Caribe Oriental. Esto impide a varios territorios practicar una política exterior propia. Los estados independientes a su vez frecuentemente están libres de la influencia de la madre patria Inglaterra, pero caen cada vez más bajo la presión de la nueva potencia hegemonial EE.UU.

Tipo de Conflicto No. II: Conflictos que resultan de las tensiones internas entre los vecinos caribeños. Especialmente entre los miembros de la CARICOM existe una serie de tensiones que resultan de las experiencias históricas con la política del «divide et impera» de los británicos. Estos conflictos emocionan de manera especial a las poblaciones insulares. Entre ellos hay que mencionar ante todo el miedo de los estados de la OECS frente a los grandes países de la CARICOM, como Jamaica, Trinidad, Barbados y Guayana. Dentro de la OECS se reproduce actualmente un conflicto parecido entre la isla Windward, económicamente más fuerte, y las islas Leeward, económicamente más débiles. También dentro de los estados bi-insulares se presentan repetidamente tensiones entre la isla grande y la(s) isla(s) pequeña(s). Esto rige para Tobago (Trinidad), Union Island y Carriacou (St. Vincent), Barbuda (Antigua) (véase también la contribución de Horx/Sahr en este tomo) y Nevis (St. Kitts). Anguilla decidió incluso debido a ese miedo, regresar a la madre patria. A estos conflictos pertenecen también de modo creciente los problemas entre Venezuela y la OECS.

Los dos tipos de conflictos se movilizan frecuentemente de manera recíproca. Así, el intento de los Estados Unidos de entablar negociaciones bilaterales con Jamaica con respecto a la EAI y así asegurar la influencia hegemónica americana, provocó una crítica fuerte de los estados del oriente caribeño. Estos últimos reforzaron entonces sus intentos de unificación interna. Efecto semejante provocó entre 1979-1983 la salida de Grenada del sistema constitucional británico sobre los demás estados de la OECS. La incorporación de las Islas Aves a territorio nacional por parte de Venezuela provocó de igual manera una contraposición colectiva de la OECS.

La creciente integración dentro y fuera del espacio caribeño llevó hacia una coordinación de posiciones contrarias. De esto resultó un tercer y nuevo tipo de conflictos.

Tipo de Conflicto No. III: Conflictos que resultan por pertenecer a ciertos bloques políticos. La creciente integración de los estados del oriente caribeño en CARICOM, OECS y la Windward Political Union demuestran que estos estados están dispuestos a defender su soberanía y su capacidad de acción política de manera coordinada a nivel regional frente al gran desafío de una zona de libre comercio norteamericano y de una «fortaleza europea». Es así como nacen los conflictos entre los bloques caribeños y los bloques de otras regiones.

Los conflictos de bloques son el resultado de una nueva conciencia regional en el Caribe. A través de ellos se puede lograr transformar la lucha contra las viejas potencias hegemónicas por un espacio político más grande, hacia otro nivel. Esto significa la renuncia parcial a una soberanía nacional en favor de una soberanía regional. A continuación hay que explicar cómo se manifiesta en el caso de las negociaciones sobre el derecho del mar este camino de la soberanía nacional hacia la supranacional, el cual fue dibujado hasta aquí de manera detallada para los estados caribeños.

El derecho del mar dentro de la lucha por una soberanía postcolonial

En el Caribe Oriental las negociaciones para la III Convención del Derecho del Mar tienen una importancia especial ante el trasfondo de la estructura del poder explicada hasta ahora. Por primera vez los estados jóvenes pudieron participar aquí en una obra jurídica internacional y confirmar así su soberanía. (Véase Francis 1989).

En el año de 1973, a principios de UNCLOS III, solamente tres países del oriente caribeño estaban sentados sobre la mesa de negociaciones (Trinidad, Barbuda y Venezuela). Además estaban representadas cuatro potencias coloniales y hegemónicas del Caribe Oriental (Gran Bretaña, Países Bajos, Francia y Estados Unidos).

Ya en 1974 exigió Trinidad, entonces en congruencia de intereses con Gran Bretaña, que respecto a la delimitación del mar territorial y de una zona económica exclusiva no debe haber una diferencia entre territorios independientes y dependientes. Así los dos estados trataron de evitar que después de la independencia de nuevos territorios se repitieran las negociaciones que ya se habían realizado. Ellos trataron así de evitar el conflicto de tipo N° 1.

Al mismo tiempo exigió el Primer Ministro de Trinidad, E. Williams, que los miembros de la CARICOM deberían ejecutar una política de Derecho Marítimo Regional (véase Ballah 1981; Lewis 1981). Desgraciadamente no se logró una posición común, sobre todo debido al miedo de las islas pequeñas ante las grandes. Por ejemplo el joven Estado de Dominica exigió en 1980 que los territorios coloniales tengan una ZEE disminuída, contradiciendo así la posición de Trinidad. Dominica quería evitar que por medio de las colonias de la Corona británica que no quisieran independizarse, grandes partes del espacio marino en el Caribe Oriental pudiesen ser reclamados por Gran Bretaña. En este caso el Tipo de Conflicto No. 1 movilizó al Tipo de Conflicto No. II.

En 1982 los estados orientales del Caribe, Barbados, Trinidad, Grenada, St. Vincent, St. Lucia y Dominica firmaron la nueva Convención del Derecho del Mar. Los Países Bajos y Francia también la firmaron, aunque con reserva. Hasta la fecha, sin embargo, no se asociaron por medio de una ratificación de la convención ni Gran Bretaña ni los Estados Unidos o Venezuela. De esta manera se niegan a reconocer una obra jurídica, que pudiera dar la base común para un nuevo orden territorial del Caribe.

Los resultados de la UNCLOS III representan un compromiso entre la soberanía nacional y las exigencias internacionales. Los arreglos de carácter internacional favorecen generalmente a los estados grandes y las potencias marítimas. A pesar de la concesión, en cuanto a la administración soberana de partes del mar, la cual, especialmente los estados pequeños necesitan para asegurar su soberanía nacional sin embargo ellos sufren bajo el nuevo reglamento.

La Convención de Derecho del Mar provoca dos preguntas en cuanto a los estados del oriente caribeño, las cuales se refieren a su espacio de acción política:
-Cómo se puede asegurar la soberanía sobre el propio territorio hacia afuera considerando el escaso Know-how y los deficientes conocimientos científicos (aspecto de la política exterior)?; y

-Cómo se pueden utilizar los derechos de soberanía para favorecer la Nación (aspecto de la política interna)?

Esto se refiere ante todo a las preguntas sobre el uso de las materias primas, la pesca y la seguridad militar, pero crecientemente también a la protección contra actividades del narcotráfico.

La época de la formación de nuevos bloques próvocó en cuanto a los asuntos sobre derechos del mar un desplazamiento de las competencias de las instituciones nacionales hacia el nivel regional. Por esta razón las viejas potencias hegemónicas tratan de perjudicar a las asociaciones regionales por medio de una política bilateral, tratando de evitar negociaciones regionales (véase Passalacqua Christian 1976, Lewis 1981). La tendencia hacia la bilateralidad se puede observar de igual modo en potencias grandes y medianas. Estas potencias tratan de evitar el Tipo de Conflicto III por medio de los Tipos de Conflictos No. I Y II.

Esto se manifiesta especialmente en la política del derecho del mar de Venezuela, la cual se puede calificar como la más agresiva en la región. Ya durante las negociaciones con la UNCLOS III, este país latinoamericano había negociado numerosos acuerdos, los cuales al declarar la Convención ya estaban listos y firmados (véase Nelson 1988). De esta manera quería evitar que la todavía abierta discusión sobre la inclusión de islas deshabitadas pudiese limitar su territorio marítimo.

Venezuela reclama una isla deshabitada como tal sobre la dorsal de Aves en el Caribe Oriental. La antigua isla de Guano se dejó después de un conflicto con los Estados Unidos en 1859 a los latinoamericanos (véase Nelson 1988). Pero como también los Países Bajos reclamaron entonces un fallo de la Reina Isabel II de España, decidió en 1865 ponerla definitivamente bajo la soberanía de Venezuela.

Ya durante UNCLOS III los venezolanos negociaron en un tiempo vertiginoso con los Estados Unidos sobre un acuerdo con base en el derecho del mar que se presentó el 28 de marzo de 1978. El 20 de julio del mismo año ya era ratificado por ambas partes. Y ya el 18 de octubre de 1978 se instaló un puesto de investigación sobre la isla. De esta manera la isla estaba habitada (véase Nweihed 1980). En el (Aves) se encontraron en forma congruente los intereses de la potencia mediana de Venezuela y los de la potencia grande de los Estados Unidos. Venezuela trató de crear hechos definitivos antes de terminar la conferencia sobre el derecho del mar y los Estados Unidos. Impidieron así que más tarde se pudieran hacer necesarias nuevas negociaciones, debido al problema de estatus de Puerto Rico.

Un acuerdo entre Venezuela y los Países Bajos ya estaba sobre la mesa apenas tres días después de terminado el acuerdo con los Estados Unidos. Se concluyó después de cinco años de conversaciones. Este acuerdo fijó de manera preventiva la frontera entre Venezuela y St. Kitts/Nevis, el cual entonces todavía no era independiente. La aprobación de los Países Bajos para este golpe la compró Venezuela aceptando el reclamo de este país sobre un campo petrolero frente a las Antillas Neozarlandesas (véase Nweihed 1981). Nuevamente se logró un pacto entre una potencia mediana y una potencia colonial.

Un tercer convenio se firmó entre Francia y Venezuela en 1980. Este fijó la línea del meridiano sobre los 62° 48' 50" como frontera entre la Isla Aves y los Départements. Con esto también se fijaron ya los puntos fronterizos occidentales de Dominica (véase Freestone 1989). Una tercera vez, y esta vez con consecuencias graves, los estados pequeños del Caribe Oriental fueron víctimas de una alianza entre potencias medianas y grandes. Pero para una contrarreacción coordinada estos no estaban maduros.

Al contrario: ahora Francia optó por la política de divisiones y firmó ya en 1981 con St. Lucia un convenio con base en la equidistancia (véase Sahr 1991): el pequeño Estado caribeño no disponía entonces de información suficiente respecto de los recursos naturales que se dividieron. Por esta razón se escuchan hoy en día voces que piden una revisión del acuerdo (véase Done 1988).

Hasta la declaración de la Convención del Derecho del Mar Venezuela y Francia, como potencias mediana y grande, lograron la imposición de sus intereses, por medio de la intensificación de los conflictos de Tipo No. 1, y aprovechándose de la deficiente coordinación entre los socios regionales que apenas entonces lograron su independencia (Tipo de Conflicto No. II). La división del Mar Caribe Oriental contradijo así categóricamente a los reclamos soberanos de los estados recién creados.

Apenas con la creación de la OECS empezaron los estados del Caribe Oriental a coordinar su política sobre derecho del mar. En su segunda cumbre , en 1982, acordaron una legislación conjunta sobre un mar territorial de 12 millas marítimas, y una ZEE de 200 millas marítimas. En el año de 1983 se realizó un primer Seminario-Taller sobre la pesca, al cual siguieron otros, para juntar informaciones sobre áreas de pesca en la región (véase Lewis/Challenger 1988). En 1984 todos los estados de la OECS ya tenían su legislación sobre el derecho del mar arreglada y en orden (véase Letalik 1988). En 1985 empezó a funcionar la OECS Fisheries Unit, la cual presta también ayuda técnica en cuanto a la delimitación-marítima (véase Done 1988).

Durante el décimo encuentro de la OECS en 1985 se acordó una posición común frente al problema «Isla Aves». Según esta, la isla no era suficiente para reclamar una ZEE de 200 millas marítimas (véase OECS 1987). En1987 Granada, Antigua & Barbuda y St. Vincent declararon el estatus archipielágico para sus países. En el mismo año los estados de la OECS se pusieron de acuerdo en cuanto a una estrategia común de negociaciones referentes al derecho del mar. Esta previó en primer lugar negociaciones con los «Metropolitan Powers» (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia), luego con estados No-CARICOM (Venezuela), luego con estados CARICOM fuera de 1aOECS (Trinidad/Tobago, Barbados) y por último dentro de la OECS. Parecía como si los estados del oriente caribeño hubiesen logrado vencer los Tipos de Conflicto No. I y II imponiendo los de Tipo III.

Sin embargo, ya en 1989 se rompió el orden acordado para las negociaciones por medio de conversaciones informales entre Antigua/Barbuda y St. Kitts/Nevis, como también en 1990 entre Grenada, Trinidad y Venezuela. El Tipo de Conflicto No. II se convirtió en el dominante.

Especialmente interesante es la actitud más reciente de Venezuela, la cual desde 1992 se acerca periódicamente a Dominica, invitándola a negociaciones bilaterales sobre derecho del mar. La ubicación geográfica desfavorable entre los Départements franceses y los hechos creados por el convenio franco-venezolano convierten a este país en un contrincante especialmente débil. Por esta razón, Dominica trasladó la solicitud venezolana a la OECS, la cual entonces solicitó a Venezuela negociar con ellos como una unidad. Sobre dicha solicitud escrita nunca hubo una reacción, pero las solicitudes constantes del lado venezolano a Dominica para negociar, continuaban. Aquí el país latinoamericano trató de impedir la formación de un bloque y activar a la vez el Tipo de Conflicto No. II.

La negativa venezolana hace inaplicable la lista de prioridades de la OECS. Pero como Venezuela está a la cabeza de ella, todas las negociaciones de rango inferior están bloqueadas. Por lo mismo en 1993 los «Jefes de Gobierno» optaron por un manejo más flexible del orden cronológico. Esto, sin embargo, solamente es posible debido a que los esfuerzos hacia un control soberano regional del espacio marino respecto a la fijación de una zona de pesca común («Common Fisheries Surveillance Zone») (véase figura 1) y los sistemas de control conjuntos fueron reforzados.

Dominica no solamente es el «objeto del deseo» de Venezuela sino también un importante socio de la Comunidad Europea. Desde 1988 el gobierno adelanta negociaciones «bilaterales» con la CE (véase Sahr 1991) y abandonó de esta manera también posiciones comunes de la OECS. Dominica intentó, debido a sus escasas posibilidades técnicas, combinar negociaciones sobre pesca y delimitaciones fronterizas a la vez. Sin embargo, fracasó por causa de la posición francesa que hizo alusión al derecho de la CE para evitar cualquier evaluación de los recursos durante las negociaciones. Según el derecho de la CE, negociaciones sobre asuntos pesqueros únicamente se pueden adelantar con la Comunidad, mientras que las fronteras del derecho del mar conciernen a la soberanía nacional. Para muchos países en vía de desarrollo esta división constituye una considerable desventaja. Por esta razón, Dominica solamente pudo terminar exitosamente la delimitación de la frontera estatal con Francia (véase Sahr 1991).

Francia aplicó exitosamente la formación de bloques, no obstante al mismo tiempo activó el Tipo de Conflicto No. II en el Caribe.

Con esta actitud tuvo más éxito que la OECS en una situación semejante.

Las más recientes negociaciones sobre derecho del mar en el espacio marítimo del Caribe Oriental concluyeron exitosamente entre Venezuela y Trinidad. Ya en 1942 la Gran Bretaña se aseguró unas reservas petroleras en un acuerdo sobre áreas costeras (véase Nweidhed 1981). En 1990 después de 14 años de negociaciones se firmó un nuevo tratado entre Trinidad y Venezuela. Durante el procedimiento de ratificación se presentaron protestas nacionalistas en ambos países, que muestran la fuerza de movilización que tiene el derecho del mar con respecto a la política interna.

La disposición de hacer negociaciones en cuanto al derecho del mar entre los estados jóvenes del Caribe Oriental parece ser muy poca. Esto no sorprende después de las experiencias descritas. Las primeras negociaciones dejaron visibles las debilidades tanto en el campo técnico como en el de la política exterior y advirtieron de tener mucho cuidado. La estrategia «divide et impera», para la cual los estados anglófonos son especialmente propensos debido a sus experiencias históricas, los hace impedir inteligentemente en la actualidad todo lo que pudiera llevar a una movilización de tensiones internas. El predominio del Tipo de Conflicto No. II, solamente se puede superar si se logra nuevamente llevar las negociaciones sobre el derecho del mar a un nivel multilateral. Pero precisamente esto es lo que la convención de la ONU no prevee expresamente. Ella es pues, como muchas convenciones anteriores, más bien un instrumento de los estados poderosos que de los débiles.

Una larga lucha por la soberanía

La lucha por la soberanía es un tema eterno en el Caribe. Empezó sobre la base del derecho individual con la liberación de los esclavos, que por ende creó una nueva conciencia de los negros y que contribuyó en gran parte a crear la conciencia individual, que hizo posible los disturbios sociales en los años treinta y cuarenta. Las experiencias durante la Segunda Guerra Mundial motivaron a las potencias coloniales a hacer concesiones en cuanto a la soberanía estatal para enfrentar este desafío social. Aquí se ve claramente una interrelación entre la lucha social y efectos en el ámbito de la política exterior.

La independencia de los estados anglófonos elevó a un nuevo nivel el problema de la soberanía en cuanto al derecho del mar. A este respecto, la actitud de los pequeños estados no se puede entender sin tener en cuenta la posición intermedia de ellos entre el área de influencia norteamericana y europea. La experiencia traumática de una descolonización fracasada, intervenciones imperialistas en asuntos nacionales por parte de los Estados Unidos, y una política de los «hechos cumplidos» en el derecho del mar, hacen reconocer a estos países reiteradamente su debilidad política.

Esto tiene como consecuencia que en el campo de la política exterior solamente se puedan mover con extremo cuidado. No únicamente tienen que luchar con las potencias hegemónicas de la región, sino que sufren además de una convención jurídica que difícilmente es aplicable bajo las condiciones. La constante disputa con las potencias hegemónicas (Tipo de Conflicto No. 1) y la permanente tensión entre las islas (Tipo de Conflicto No. II) les hace difícil elevar la discusión a nivel del Tipo de Conflicto No. III y poder así negociar como bloque unido y por lo tanto de mayor potencial.

Pero los estados caribeños únicamente pueden volverse poderosos si limitan su soberanía nacional a favor de una soberanía regional y para esto el ensayo piloto de la «Windward Political Union» es una primera señal de esperanza.

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