El conflicto fronterizo en el Golfo de Venezuela

El conflicto de la delimitación marítima entre Colombia y Venezuela en el Golfo de Venezuela, se desarrolló desde 1939 como una ampliación de un antiguo conflicto de frontera terrestre que se inició en tiempos coloniales (véase Sandner 1992b). Este nació debido a la superposición de un límite entre unidades administrativas en el occidente y el oriente con un límite cultural que se extendía en sentido transversal a los primeros lindando con los indígenas "salvajes" de la península de la Guajira, los cuales no pudieron ser conquistados y convertidos en cristianos hasta fines de la época colonial. Después de la independencia de Colombia y Venezuela a principios del siglo XIX, empezaron ambos países con negociaciones sobre una frontera terrestre para dividir la península de la Guajira en dirección longitudinal. Cuando las negociaciones fracasaron reiterativamente por causa de exigencias incompatibles, los interesados solicitaron un fallo de la Corona Española, el cual se hizo público en 1891, pero que no se pudo delimitar en el terreno debido a sus indicaciones geográficas imprecisas. Una larga serie de negociaciones bilaterales, la solicitud de un segundo fallo al Consejo Federal Suizo (1922) y otra ronda de negociaciones llevaron, apenas en 1941, hacia un arreglo frónterizo definitivo, el cual sin embargo ha sido puesto frecuentemente en duda (véase figura la).

La expansión de la problemática fronteriza hacia el espacio marítimo se inició por medio de un decreto venezolano de septiembre de 1939, según el cual una línea recta sale desde el pueblo fronterizo de Castilletes sobre la costa oriental de la península de la Guajira en sentido occidente- oriente y separa las «aguas interiores venezolanas» del Golfo de la zona exterior. Colombia reaccionó a finales de los años cuarenta con la solicitud de calcular una línea media según el derecho del mar (la cual se extiende desde Castilletes en dirección suroriente hasta el centro del Golfo y luego continúa hacia el norte) y con reclamos sobre las Islas Monjes. Se trata de islas rocosas, deshabitadas y sin vegetación en el norte del Golfo, entre las cuales la más grande, con 350 X 600 metros de superficie, se eleva 70 metros sobre el mar. Colombia reconoció la soberanía venezolana sobre estas microislas en 1953, pero no obstante el problema de una línea que marque el límite exterior del Golfo y la fijación del mar territorial, ante todo en la región fronteriza de Castilletes, como también entre las Islas Monjes y la península de la Guajira, continúa en la discusión política.

En los años 60 se agregó un nuevo componente por causa de concesiones para prospección petrolera adjudicadas por Colombia directamente frente a Castilletes. Después de largas negociaciones los presidentes de ambos países acordaron en 1975 delimitación marítima y un uso conjunto de las zonas fronterizas potencialmente ricas en petróleo (véase figura 1b). En Venezuela este plan provocó un fuerte rechazo, generando en 1980 la tesis de la «Costa Seca», es decir de una restricción a solo la tierra firme del territorio colombiano entre Castilletes y la punta más oriental (véase figura lc y Nikken 1980). En el mismo año la Comisión Fronteriza Bilateral presentó la propuesta conocida como «Hipótesis de Caraballeda» para una delimitación en la región del Golfo (véase figura 1d). En Venezuela esta propuesta provocó fuertes protestas por parte de los partidos políticos, militares y grupos económicos, sociales, religiosos y científicos. Al mismo tiempo creció la avalancha de libros de autores más o menos competentes en ambos países que en muchos casos no hicieron más que publicar sus convicciones e interpretaciones de tendencia nacionalista. Como excepciones se destacan las obras de Area y Nieschultz de Stockhausen 1984, Morales Paúl 1983 y Vázquez Carrizosa 1987, entre los cuales los dos últimos fueron ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Colombia.

Con esto se inició una «golfización» no solamente en las relaciones bilaterales entre ambos países, sino también en la discusión política interna y las disputas partidistas en Venezuela, que en épocas electorales, especialmente en 1988, adquirió formas histéricas. Entre 1980 y 1990 aparecieron sobre la «disputa del Golfo» 32 libros (solamente en 1987/1988, 11 libros con un total de 3.400 páginas e innumerables mapas) y en la época caliente de la lucha electoral venezolana en septiembre de 1988 aparecieron en los cuatro diarios más importantes de Venezuela más de 190 artículos polémicos o con propuestas de solución (véase Sandner 1992b). Sin embargo, una vez terminado el período electoral, se intentó fuertemente a nivel gubernamental desescalar la situación y comenzar negociaciones bilaterales sobre el complejo integral de la problemática fronteriza, incluyendo los problemas urgentes del comercio de drogas y del contrabando («desgolfización»). No obstante, todo acercamiento hacia un compromiso fue bloqueado en Venezuela por fuertes reacciones nacionalistas hasta llegar a una intervención militar (golpe militar en febrero de 1992 en relación con la problemática del Golfo).

Fig. 1; Variantes de delimitación Marítima en el Golfo de Venezuela

Una solución pacífica de esta disputa amarga se ha impedido hasta hoy, sobre todo porque el lado venezolano ha sido incapaz de imponer políticamente soluciones de compromiso. Aquí tienen gran fuerza corrientes nacionalistas con constante referencia a presuntos perjuicios históricos, con palabras como «intereses vitales» o «integridad nacional» que piensan en dimensiones terrestres (soberanía-territorio-frontera) y con el rechazo absoluto de llevar este diferendo ante la Corte Internacional. Es así como el problema se sobrepone en asuntos tan importantes a largo plazo como el manejo de los espacios costeros y marítimos y el acertado manejo de los recursos del mar (véase Beauchamp 1986).

Frente a tan estrecha visión como es la problemática del Golfo, deberían avaluarse más bien las diferentes alternativas de la delimitación con base en el derecho marítimo y los reclamos más allá del Golfo de las zonas económicas exclusivas en el Mar Caribe. Los convenios bilaterales de ambos países con la República Dominicana fijan el límite externo, ubicado aproximadamente 280 km al norte de las Islas Monjes, al sur del cual solamente un acuerdo bilateral puede dar transparencia y seguridad para el bienestar de ambos países. Una solución se dificulta, porque las delimitaciones oficiales de ambos países con la República Dominicana se superponen.

Mientras que una solución de la frontera marítima en la región del Golfo todavía queda pendiente, ambos países ya tienen hace tiempo fijadas sus fronteras con países marítimos vecinos más lejanos en el Mar Caribe. Colombia fijó sus fronteras marítimas con Panamá (Acuerdo del 20.XI.1976, vigente desde el 30.XI.1977); Costa Rica (Acuerdo del 17.03.1977, ratificado por Colombia pero aún no por Costa Rica); Haití (Acuerdo del 17.II.1978, vigente desde el 16.II.1979); República Dominicana (Acuerdo del 13.I.1978, vigente desde el 15.II.1979) y Honduras (Acuerdo del 2.VIII.1986, ratificado por Colombia pero todavía no por Honduras).

Venezuela acordó fronteras según el derecho del mar con la República Dominicana (Acuerdo del 3.III.1979, vigente desde el 15.I.1982), con los Estados Unidos para el área al sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (Acuerdo del 28.III.1978, vigente desde el 24.XI.1980) y Francia para el área al suroccidente de Guadalupe y al occidente de Martinica (Acuerdo del 17.VII.1980, vigente desde el 28.I.1983). La figura 2, de la contribución Sandner/Ratter en el presente libro, muestra que ambos países con base en estos convenios y gracias a las islas ubicadas en alta mar, se tomaron grandes extensiones del Mar Caribe como zona económica exclusiva. Haciendo una estimación aproximada, debido a la falta de algunas delimitaciones todavía imprecisas, se puede decir que estas áreas abarcan cerca de un 37% del espacio marino, en el cual no menos de 22 estados o territorios participan.

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