El uso de las recursos terrestres

Mientras que hasta aquí solamente se habló del desarrollo histórico y la subsiguiente historia jurídica, se investigarán a continuación las consecuencias prácticas, tal como los habitantes de Barbuda las experimentan en el uso de sus recursos terrestres y marinos. Para esto son característicos una serie de acontecimientos que no solamente aparecen en las fuentes oficiales, sino que también, como es costumbre en el Caribe, son propagados oralmente en la población.

La venta de tierra a extranjeros en Antigua & Barbuda sólo es posible para fines comerciales. Encargado de este asunto es el gobierno a través de su «Lands Division». El 70% de la superficie terrestre de Antigua y el 100% de Barbuda son "Crown Land", es decir tierra estatal. En el caso de Antigua es una consecuencia de la compra de tierras después del fracaso de la economía azucarera, en el caso de Barbuda es la continuación de una situación que ya existe hace 350 años. Como en otras islas caribeñas (por ejemplo: St. Lucia y Martinica) hay en la actualidad una fuerte presión sobre los recursos terrestres, la cual el gobierno trata de suavizar con la venta de tierras. Entre 1979 y 1988 se vendieron en Antigua cerca de 3.000 acres, de los cuales 87.1% estaban destinadas para la construcción de vivienda, 120 acres para áreas comerciales y 165 acres para el turismo. En este tiempo, la superficie construida creció en un 3.2% (véase Zachariah 1988). No hay cifras para Barbuda.

La posición jurídica del gobierno referente a Barbuda, ha llevado a numerosos conflictos. En cuanto a la venta de tierras, el "Barbuda Council" no tiene ni voz ni voto, pero sí respecto al cambio del uso. Frecuentemente el gobierno central no informa al Council o solamente lo hace de manera incompleta. El gobierno central está caracterizado en su estructura por formas autoritarias de mando, las cuales se manifiestan en numerosas relaciones clientelistas. La población de Barbuda generalmente es excluida de estas relaciones.

Por ejemplo en 1976, el Council no supo nada del arrendamiento a una empresa canadiense de una parcela de aproximadamente 20 acres en la cercanía del único hotel, «Coco Point Lodge», con el fin de construir allí un complejo turístico. Curiosamente nunca se empezó con la construcción de este complejo. En 1986, inversionistas italianos se hicieron cargo del terreno y otra vez sin conocimiento y consentimiento del Council, después de protestas presentaron al Council los planos de construcción, pero sin interrumpir los trabajos ya iniciados. Para sorpresa de los habitantes de la isla, los trabajos de construcción crecieron mucho más allá de lo que indicaban los planos y después de muchas preguntas los inversionistas informaron que el gobierno Bird puso a su disposición cerca de 250 acres. Generalmente el Council tiene que aprobar los contratos de arrendamiento con extranjeros, pero todas las protestas y la creación de un «Land Right Defense Commitee» no sirvieron de nada. La construcción avanzó rápidamente y los italianos se atrevieron incluso a desviar la carretera norte-sur de la isla. Hasta la fecha nadie en la isla saca provecho de este proyecto de turismo que interviene generalmente en el derecho de costumbre de los barbudanos, ya que el pago de arriendo no se efectúa y hasta los trabajadores vienen de Italia. Solamente la arena se "produce" en la isla y al mismo tiempo sirve como tema para otra historia sorprendente.

En los años 70, igualmente sin informar suficientemente al Council, la empresa norteamericana Red Jacket Mines Ltd. empezó labores en Barbuda, excavando arena cerca de Palmetto Point. Poco más tarde estaba en quiebra. Su representante local, el norteamericano D. Strickland, fundó mientras tanto una empresa de materiales de construcción con algunos miembros de la familia Bird, la Antigua Aggregates Ltd. Esta empresa apoyó en 1983 a tres jóvenes barbadanos en la formación de una compañía propia, SANDCO LTD. que se dedicó a la explotación de los recursos areneros locales y la vendió a la Antigua Aggregates Ltd. (véase Barbuda Voice, agosto de 1983). Como no se pagó arriendo al Council, y además se destruyó un cementerio Arawak, el Council y la población protestaron. La protesta fue ignorada. Fue precisamente el mencionado D. Strickland, conocido en la isla también como «Mr. Sandman», el que suministró la arena a los italianos como única contribución económica de Barbuda.

En 1986 se le arrendó a D. Strickland cerca a la zona de explotación un área de 50 acres para la construcción de un condominio. Después de que fue levantado un primer edificio, supuestamente un hotel, Strickland declaró que se terminaban las actividades de construcción. Su sueño anhelado de vivir en la isla, se había logrado de esta manera, y no le importó haber violado las leyes de la isla, tanto el derecho administrativo, ya que nadie puede vivir fuera del pueblo principal (Codrington), como también el derecho de costumbre, según el cual solamente existe propiedad común de tierras (véase Barbuda Voice, febrero de 1989).

Pero D. Strickland no solamente estaba involucrado en la explotación de los recursos de arena. En abril de 1989, la opinión pública fue alertada por la noticia de que 268 llamas y alpacas "encallaron" en una pequeña isla frente a Antigua y que murieron allí por causa del calor (véase Outlet, 28 de abril de 1989, ps. 1 y 3). ¿Qué había pasado? En el mes de octubre de 1988 el gobierno informó al Council que había autorizado una estación de cuarentena sobre las tierras de D. Strickland. Al mismo tiempo, aludiendo cínicamente a la tradición ganadera de los barbudanos, debería crearse una reserva de caza. En noviembre el Council protestó contra el proyecto y logró que éste fuera retirado. No obstante, cuatro semanas más tarde existía un edificio de cuarentena sobre el terreno (véase Barbuda Voice, febrero de 1989). Cuando en marzo de 1989 arribó una embarcación con las llamas arriba indicadas y atracó en el muelle de arena, la población impidió el desembarque. A pesar de la presencia de la policía de Antigua, el barco regresó a Antigua para "almacenar" los animales en una pequeña isla deshabitada antes de la continuación de su viaje hacia los Estados Unidos. Por causa del violento calor y la falta de árboles de sombra muchos animales murieron (véase EC-News, 19 de mayo de 1989, ps. 10 y 11).

Ejemplos como éste se leen como extractos de una novela moderna de aventuras y podrían prolongarse infinitamente. Frecuentemente los inversionistas de tales proyectos tienen una fama dudosa. Esto rige también para el intento de dos ítaloamericanos, acusados de fraude y de contactos con la mafia de las drogas, los cuales querían instalar en Barbuda la sede de una "Orden de los Caballeros de Nuevo Aragón" con amplia autonomía administrativa. El Council apenas pudo evitar este proyecto. Esto también es válido para otro norteamericano quien edificó una institución bancaria y un hotel, pero luego fue arrestado por las autoridades estadounidenses (Barbuda Voice, junio de 1987).

Acontecimientos de esta índole no quedan sin efectos sobre los habitantes de Barbuda, que así experimentan constantemente la violación de sus derechos escritos y no escritos. Las situaciones casi siempre son parecidas. Extranjeros cuya fama es difícil de evaluar, se presentan ante el gobierno antiguano y proponen un proyecto. Frecuentemente estas propuestas contienen cláusulas, que prevén un poder semiestatal en el territorio del proyecto (véase Orden de Nuevo Aragón). El gobierno, que en Antigua está dominado por la familia Bird, aprueba estos proyectos por razones financieras y trata de imponerlos en Barbuda. Se refiere entonces a su posición jurídica que le permite disponer sobre el "Crown Land". El Council de Barbuda y la población intentan oponerse tanto con recursos jurídicos como también, si es necesario, con la fuerza. Ellos defienden su derecho de costumbre de uso colectivo, el cual por causa de la intervención de los antiguanos y de los extranjeros se debilita en forma creciente.

En la isla principal de Antigua, las constelaciones de conflicto en cuanto a problemas terrestres son totalmente distintas. Aquí existe desde 1834 una fuerte tradición de propiedad privada, que es considerada como buena por una gran parte de la población. El programa de la ALP con su antiguanización, o sea la privatización del "Crown Land", encuentra un amplio apoyo. Por tanto, el problema de la isla vecina es completamente incomprensible para muchos antiguanos. Para ellos, el derecho de costumbre y el derecho estatal se sobreponen ampliamente.