Problemas en cuanto al derecho de pesca

El Ministerio Francés de Relaciones Exteriores subraya que de su parte las negociaciones en cuanto al derecho del mar no se realizan en combinación con otros convenios internacionales. Sin embargo, para los negociadores caribeños frecuentemente existe una interrelación entre convenios fronterizos y convenios de pesca.

La pesca no juega un papel económico dominante en los territorios caribeños. No obstante por causas socioeconómicas locales sigue siendo importante para la población. Esto refleja también a la pesca artesanal costera en Martinica y Guadalupe. En Guadalupe el número de embarcaciones de pesca inscritas era de 779 en 1986 (véase Institut d' Emission 1987a), en Martinica de 1142 (véase Institut d' Emission 1987b). Cada embarcación está ocupada por dos, tres o cuatro personas. Como el número de pescadores en los Departamentos de Ultramar es cada vez menor, Francia fundó en La Trinité en Martinica una escuela técnica de pesca para vitalizar este sector económico (véase Sufrin 1985). Un programa especial de la CE trata de complementar la ayuda, mejorando el nivel técnico de las pequeñas embarcaciones pesqueras (véase Jarnac 1987).

La pesca artesanal costera vivió un cambio tecnológico, debido a la introducción del motor fuera de borda a principios de los años sesenta, que posibilita al lado de las aguas costeras explorar también áreas pesqueras más lejanas (véase Archimbault 1972; Bonniol 1980). Sin embargo, después de la firma de la Tercera Convención del Derecho del Mar, muchas de estas ya tradicionales áreas de pesca se encuentran en territorio de estados extranjeros. Por esta razón se generan incidentes cada vez mayores entre los pescadores y las patrullas costeras, los cuales afectan las relaciones políticas entre Francia y sus vecinos y de vez en cuando perjudican negociaciones sobre el derecho del mar.

Un ejemplo de esto es la relación entre Guadalupe y Antigua & Barbuda. El obstáculo decisivo para la iniciación de negociaciones son aquí los conflictos sobre los recursos que son causados por pescadores de Guadalupe (véase también la contribución de Horx/Sahr en este tomo). En las Antillas Francesas existe, por causa del turismo, una alta demanda de langosta (Palinurus argus). Mientras que las reservas alrededor de Martinica y Guadalupe, como también al sur de Antigua ya son sobreexplotadas, todavía se encuentran muchas langostas sobre el Banco de Barbuda (véase Appeldorn et al. 1987). Aquí los pescadores de Guadalupe son repetidamente apresados por la guardia costera de Antigua y llevados a St. John's (véase Barbuda Voice, febrero de 1987).

Debido a la declaración del estatus archipielágico de Antigua & Barbuda en 1986, las áreas de pesca entre Redonda y Antigua y también al sur de éstas ya no son oficialmente accesibles para los pescadores de Guadalupe. Aquí ellos pescan con cuerdas de halar atunes y caballas doradas (véase Caradec 1986; Phalente 1983). Cada pescador tiene un área de pesca específica, que en algunos casos llega hasta las costas de Montserrat y de Antigua (véase figura 2). Desde la aprobación de la Convención, los pescadores se oponen a un arreglo internacional, sobre el cual nunca fueron consultados y que de golpe declara como ilegal sus actividades en las áreas tradicionales de pesca (véase Gouye 1985). Su no respeto de la prohibición de pesca genera grandes dificultades para el gobierno francés. Antigua acusa a Francia y la CE de tolerar la pesca ilegal e incluso de apoyarla indirectamente con medidas de mejoramiento técnico. Por lo tanto se niega a iniciar negociaciones sobre el derecho del mar con Francia, antes de que sean aclarados los problemas jurídicos pesqueros por medio de un convenio (véase Joseph 1987). Sin embargo, desde 1983 las negociaciones pesqueras de los estados europeos se llevan a cabo por medio de la CE en Bruselas, de manera que Francia puede afirmar que ya no es competente para atender estos problemas. Semejante separación del derecho del mar de los problemas de la pesca no es aceptada por Antigua & Barbuda.

La separación política de las negociaciones del derecho del mar y el manejo de los recursos se ha efectuado con más éxito en las negociaciones con Dominica. A pesar de que en 1988 se ratificó un convenio fronterizo con Francia, todavía continúan las negociaciones pesqueras con la Comunidad Europea. Francia pide la expedición de 230 licencias de pesca para pescadores de Martinica y Guadalupe que quieren pescar hasta en una distancia de 6 millas marinas frente a la costa de Dominica. Como compensación ofrece amplias ayudas infraestructurales. La actitud de Dominica es reservada, ya que todavía no tiene conocimientos exactos sobre sus propios recursos y acordó un manejo conjunto de la pesca con la OECS (véase Joseph l987).
Con la calificación de las negociaciones sobre el derecho del mar como tarea nacional y el manejo de los recursos como tarea europea, Francia inició exitosamente una política caribeña que permite deshacerse de la responsabilidad para con las Antillas Francesas, sin renunciar a sus propios intereses. Esta política perjudica a los estados caribeños vecinos, ya que ellos tienen que ver cómo solucionar separadamente, en diferentes niveles de negociación, los problemas que se deberían solucionar conjuntamente.

Juguete de las potencias mundiales

Aún cuando durante los años ochenta se mostró un mayor interés de Francia en cuanto a una cooperación regional en el Caribe, no se puede ocultar que esta política sigue definida por conceptos geoestratégicos. El nuevo derecho del mar convirtió a Francia, después de los Estados Unidos y conjuntamente con Inglaterra, en la segunda potencia marítima del mundo. Su ZEE global abarca 11.3 millones km2. El imperio mundial francés se extiende sobre los tres océanos Atlántico, Pacífico e Indico (véase Mathieu 1988).

Los intereses estratégicos de Francia son tanto de carácter militar como de carácter económico. Desde el punto de vista militar, Francia se considera como una potencia mundial, con sus áreas de ensayos nucleares en el Pacífico y la base espacial de Kourou (Guayana Francesa) contribuye decisivamente a la conservación de la paz y de los ideales democráticos occidentales (véase Charles 1986). En esta política de militarización están incluidas las Antillas Francesas. Ellas permiten la protección de la muy frecuentada ruta marítima de la Dominica-Passage que garantiza el libre acceso al Canal de Panamá. Por aquí pasan también los materiales para el ensayo de bombas atómicas que se llevan desde Europa al Pacífico Sur. Al mismo tiempo Martinica y Guadalupe sirven como puestos de seguridad militar para la base espacial europea en Kourou, la cual garantiza al sistema europeo de comunicaciones cierta independencia tecnológica de la nación astronáutica de Estados Unidos (véase Moutoussamy 1988a).

Martinica también se ubica en un lugar estratégico sobre las más importantes vías marítimas entre América del Sur y los Estados Unidos. La mayor parte de las importaciones de bauxita y de petróleo de los Estados Unidos son llevadas desde América del Sur y el Caribe por rutas intracaribeñas (véase Serbin 1990).

 

Al lado de su función militar, el Caribe es un espacio de encuentro económico de las potencias económicas norteamericanas y europeas. Por medio del convenio ACP la mayoría del los estados del Caribe Oriental recibieron una posición de preferencia en la Comunidad Europea y al mismo tiempo resulta para estos países a través del programa CBI la posibilidad de una integración limitada al mercado americano (véase World Bank 1988). Las Antillas Francesas constituyen en este espacio de sobreposición un puesto avanzado económico de Francia, el cual también está instrumentalizado de modo creciente por la CE (véase Moutoussamy 1988b).

Un estatus neocolonial

El destino de las Antillas Francesas como juguete de los intereses geoestratégicos ha sido igual a lo largo de los siglos. La política francesa de la postguerra ha creado aquí una sociedad desestructurada que no puede sobrevivir sin la metrópoli francesa, hoy crecientemente dependiente de la metrópoli europea y que siempre ha sido subordinada a estos intereses. El cambio de la política caribeña francesa hacia una apertura regional no puede ocultar que esta situación sigue vigente.

Las negociaciones sobre el derecho del mar y acuerdos pesqueros son aquí un reflejo de la política general francesa y en forma creciente también de la europea. Los problemas de la población local casi no se tienen en cuenta. Ella todavía está buscando un camino que permita una organización autodeterminada de su propia tierra. Un desarrollo en este sentido sólo es imaginable cuando la población de los Departamentos de Ultramar tenga la posibilidad de integrarse más en la región caribeña. Sin embargo, en la actualidad las nuevas fronteras marítimas obstaculizan el intercambio con sus vecinos, con los cuales al menos tienen en común una historia, un idioma, una cultura y hasta una economía informal. A pesar de que Martinica y Guadalupe pueden llamarse Départements de la República Francesa, ellos quedan en lo que siempre han sido: colonias marítimas y estratégicas. Solamente su «Madre Patria» ha cambiado, ya que desde 1992 se llama verdaderamente Europa.

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