(continuación capítulo Política)

EL SOCORRO DE LOS ILUSTRADOS

El cabildo del Socorro redactó en 1809 una Instrucción dirigida a la Junta Gaditana en la cual expresaba un proyecto político bastante liberal y progresista para la época.

L a expedición militar napoleónica en España, un episodio más de la expansión política de la Revolución Francesa, provocó un fenómeno que los analistas han reconocido como la crisis política de 1808. EL vacío de poder que se originó cuando se despojó del trono a sus dos pretendientes legítimos, obligó a un grupo de políticos españoles e hispanoamericanos a comprometerse con la restauración de la legitimidad realenga y con la resistencia al usurpador.

El proyecto político partió de la conformación de una Asamblea Constituyente con capacidad para dirigir los destinos de los reinos hispanos y asumir la defensa de los intereses de la monarquía legítima en ausencia de su titular. Para tal efecto, el cuerpo legislativo que se constituyó con el nombre de Junta Suprema y Central Gubernativa de España e Indias se dispuso traer a su seno no sólo a los representantes de las provincias de la península ibérica, sino también a 105 delegados de los territorios ultramarinos. El efecto de esa apertura política fue el de una verdadera fiebre juntista en los reinos americanos que se tradujo en la adopción del modelo político que emanaba de la Junta de Cádiz.

LA INSTRUCCIÓN SOCORRANA DE 1809

En 1809 se redactó en el Socorro una Instrucción dirigida al diputado que viajaría a España en representación de la Nueva Granada. Ahí se hacían planteamientos que en el decenio de los cincuenta serían conocidos como el paquete de reformas liberales del medio siglo. Por ejemplo, la posibilidad y la necesidad de acabar con el comercio de esclavos en el territorio neogranadino, actividad descrita como una degradación de la naturaleza humana. Esta intención era armonizada con las necesidades de fuerza laboral de los agricultores, hasta entonces satisfechas con la introducción de negros esclavos.

Si bien esta propuesta fue expresada en un lenguaje filantrópico, podemos adivinar en ella la mano del grupo de los comerciantes socorranos, para quienes el monopolio de la tierra y la fuerza de trabajo herían sus más íntimas convicciones liberales. La libertad del trabajo, el comercio y la producción conformaban desde el siglo XVIII el credo de un grupo de comerciantes que en las villas de San Gil y Socorro acopiaban la producción domiciliaria de un campesinado y un artesanado libres.

La recepción del pensamiento ilustrado europeo por el grupo de socorranos que redactó esta Instrucción puede probarse por su reiterada alusión a las leyes de la Economía Política, un término y un saber poco conocido en aquella época pero que identificaba a quien lo usaba o conocía como simpatizante del liberalismo temprano, que para muchos en el Socorro todavía era susceptible de ser confundido con los principios de la soberanía popular reivindicados por los Comuneros casi treinta años antes.

Otra idea de la Instrucción era la de que la principal labor que un Gobierno puede desarrollar en beneficio del pueblo era el estímulo a la agricultura, el comercio y la industria, entendidos como el trabajo en todas sus manifestaciones. Estímulo que se materializaba en la libertad a los agentes de aquellas tres ramas del progreso material, dándole prioridad, en consecuencia, a la protección del interés individual que estaría estorbado política, física o moralmente. Por ello, el cabildo socorrano fue pionero en el planteamiento de la eliminación de los bienes de manos muertas, concebidos como una forma de esclavitud perpetua de las propiedades territoriales porque les impedía su ingreso al mercado inmobiliario libre. El hecho de que dichos bienes territoriales tuviesen patronos celestiales era considerado por los capitulares socorranos como una muestra del abuso inveterado de los eclesiásticos ante la ignorancia generalizada de las gentes. La argumentación contra esos bienes de manos muertas se apoyó en la autoridad intelectual de reconocidos exponentes del pensamiento ilustrado español, como don Gaspar Melchor de Jovellanos y el conde de Campomanes.

Proponía la Instrucción socorrana de 1809 el establecimiento de un nuevo sistema de cobranza de las rentas e impuestos del Estado que resultase menos dispendioso que el hasta entonces utilizado, y con un empleo del menor número posible de agentes.

Las Aduanas fueron definidas como un termómetro capaz de graduar la protección de la industria autóctona y a la vez útil para contrarrestar el efecto de las mercancías extranjeras. Esta era una de las reivindicaciones más populares, ya que si bien había en ella un gremio de comerciantes exportadores poderoso también es cierto que la mayoría de la población pertenecía al gremio de los artesanos: hombres, mujeres y niños estaban de alguna manera vinculados a la producción de lienzos de algodón, sombreros y alpargates.

Como una forma de mejoramiento de esos productos, que dinamizaban el comercio socorrano, se planteó aquí tempranamente el establecimiento del impuesto directo único sobre la riqueza, otra idea recogida de las obras de los ilustrados españoles, especialmente de las de don Miguel de Muzgun. La propuesta prometía eliminar los fraudes a la Hacienda Pública y reducir al mínimo la cantidad de empleados encargados del recaudo de las rentas estatales, quienes saldrían de la burocracia para dedicarse a los oficios productivos en la agricultura y el comercio.

Entre las propuestas se incluyó también el establecimiento de un régimen de libre comercio entre todos los puertos de América y España con las naciones amigas y neutrales, y la reducción de los días festivos sólo a los domingos y unos pocos más ya consagrados por la iglesia, argumentando que así se potenciaría el trabajo indispensable para el fomento de la agricultura y el comercio.

Este fomento, por otra parte, requería con urgencia la aplicación de un plan de apertura de caminos y construcción de puentes no sólo en la provincia sino en todo el territorio del virreinato. Se pretendía con este proyecto ampliar los estímulos ofrecidos al desarrollo del comercio con todos los pueblos y por otra parte incorporar a la explotación económica los recursos naturales que se suponían perdidos en las inmensos territorios baldíos del medio Magdalena santandereano.

EDUCACIÓN, JUSTICIA Y PACTO SOCIAL

La ejecución de todas las propuestas enunciadas requería de una reforma de las actitudes de los pobladores respecto a los retos de la civilización y el progreso moral e intelectual de los pueblos, y por ello los capitulares del Socorro las completaron con la idea de una reforma del sistema educativo hasta entonces existente. Esta no debería prestar tanta atención a aquellos estudios que tendían a engrosar las clases estériles y gravosas de la sociedad, es decir, los conducentes a títulos de teólogos y abogados, sino a aquellos centrados en las ciencias exactas porque así se predispondría a los hombres al ejercicio de los oficios y las profesiones liberales directamente orientadas por el criterio de la utilidad. En la provincia del Socorro las escuelas introducirían en sus planes el estudio de la filosofía, la aritmética, la geometría y el dibujo, mientras que en las ciudades que contasen con colegios y universidades se añadiría a sus planes el estudio de la Economía Política durante uno o un par de años.

Finalmente, la Instrucción socorrana comisionó al diputado neogranadino para solicitar ante la Suprema Junta de Cádiz la elaboración de un nuevo Código Civil y Penal que simplificara la labor de la administración de justicia, hasta entonces lenta en su aplicación por la gran masa de ordenanzas y reglamentos diversos existentes. El postulado del respeto social ante la ley fue levantado en contra de la arbitrariedad de la autoridad despótica, como un resultado de un libre acuerdo de todos los ciudadanos que conformaban la sociedad política. Así, la idea de un pacto social con notables perfiles rousseaunianos fue proclamada expresamente como fundamento de la legitimidad de la autoridad política, del respeto por la opinión pública y de la abierta participación de los asociados en la formulación de las leyes.

IDEAS Y REALIDADES

Los principios postulados por el Cabildo del Socorro en su Instrucción del 20 de octubre de 1809, a la postre se constituyeron en la base política para la elaboración del Acta de proclamación de la independencia de la provincia socorrana el 10 de julio de 1810. En este texto político todavía se aceptaba la legitimidad de la autoridad de la monarquía española en América, siempre que fuese ejercida por Fernando VII en reemplazo de su padre.

Durante la noche del 9 de julio el corregidor del Socorro y sesenta soldados buscaron refugio en el Convento de los Capuchinos, de donde fueron sacados al día siguiente por un tumulto independentista de miles de socorranos. La Junta Suprema de Gobierno que de inmediato se instaló bajo la dirección de don José Lorenzo Plata los envió hacia la costa en compañía de los capuchinos, para que de allí pasasen a Filadelfia a tomar lecciones de Humanidad.

La constitución de la provincia en Estado libre e independiente el 15 de agosto de 1810 pareció abrirle las puertas a la realización de las tempranas ideas liberales, claramente expresadas en el texto constitucional, pero antes de dos años las tropas enviadas por Antonio Nariño anexaron la provincia a la autoridad del Estado de Cundinamarca. Más tarde, sumada por la reconquista española a la autoridad de los nuevos virreyes, la provincia debió esperar algunas décadas para convertir en realidades políticas su viejo programa liberal de 1809.

Orígenes del bipartidismo:
VICISITUDES RADICALES EN SANTANDER

Con la independencia de la Corona se inauguró la política republicana y las gentes del territorio nacional sufrieron las consecuencias de un grupo humano que aprende a autogobernarse.

A unque se acepta con frecuencia que los dos partidos políticos tradicionales en Colombia tuvieron su origen en la primera década del gobierno no republicano y que el ideario de cada uno de ellos puede hacerse remontar a las inspiraciones de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, la verdad es que la historia política aún no tiene respuestas definitivas al problema del origen de los partidos. Se acepta, no obstante, que los cuerpos doctrinarios de las dos colectividades no surgieron de golpe sino de un largo proceso de racionalización de las experiencias políticas vividas en la década de los años cuarenta del siglo pasado.

LOS INNOVADORES AZUERO Y SOTO

En el año 1828 fueron presentados ante los asistentes a la Convención de Ocaña dos proyectos constitucionales, uno de ellos elaborado por don José María del Castillo y Rada y el otro por el doctor Vicente Azuero Plata. Si bien  puede hablarse aún en esta época de la existencia de los dos partidos político en cambio puede afirmarse que las ideas expresadas por el doctor Azuero en su proyecto de reforma constitucional de la república sí pertenecían a un clara estirpe liberal, en contraposición a las ideas casi monarquistas de Del Castillo. En su proyecto, el doctor Azuero se distanció de las ideas del Libertador se pasó a las filas de sus opositores junto con sus paisanos el socorrano Diego Fernando Gómez y el cucuteño Francisco Soto.

La reforma propuesta por el doctor Azuero debilitaba el poder centralizado dividir la Gran Colombia en veinte departamentos, cada uno de ellos gobernado por Asambleas Legislativas y con amplios poderes políticos. Uno de los aspectos más destacados del proyecto, motivo de la cerrada oposición de los bolivaristas, era la pretensión de disminuir notablemente las atribuciones del poder ejecutivo y ampliar las de las Asambleas Departamentales.

Aunque el proyecto no pasó a mayores, pues el Libertador proclamaría su dictadura después de dicha Convención, sin embargo marca el inicio de una tradición liberal presente en la mayoría de los pensadores políticos nacidos en Santander Más tarde este legado se enriquecería con los aportes de otras idea políticas y con la propia experiencia regional que sería llamada escuela Radical cuyos postulados aparecen en los textos constitucionales de 1853 y 1858.

En el campo de las innovaciones del pensamiento político, no hay que olvidar que el doctor Vicente Azuero Plata fue, siguiendo los preceptos del general Santander, el introductor en nuestro país de las ideas del pensador utilitarista Jeremías Benthan; y que el doctor Francisco Soto fue quien introdujo el pensamiento del filósofo sensualista Destutt De Tracy. Azuero y Soto, santandereanos ambos, fueron los responsables de la formación intelectual de una generación post-independiente que con el tiempo llegó a regir los destinos políticos del país: en 1848, el profesor Ezequiel Rojas publicó en un periódico santafereño (El Aviso) el primer programa del Partido Liberal en donde aparecía el proyecto político de estos dos personajes.

LOS ARTESANOS DE LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

La cristalización práctica de las ideas liberales que desde la Instrucción socorrana de 1809 maduraban entre los miembros de dos generaciones republicanas, tuvo su primera oportunidad en el ascenso al poder del Partido Liberal durante el año 1849 con el general José Hilario López. En ese mismo año un abogado oriundo de Ocaña, José Eusebio Caro, y en compañía de Mariano Ospina Rodríguez, redactó el primer programa del Partido Conservador en respuesta al programa liberal.

El gran alcance que el gobierno liberal quiso darle a las reformas políticas que tanto tiempo había esperado, entre las cuales se contaban la abolición de la esclavitud y de los monopolios, la reducción del pie de fuerza militar y la intención de entregarle los territorios baldíos del país a los campesinos pobres y sin propiedad, tendió sobre los miembros del grupo gobernante el manto de la radicalidad.

Uno de los principios políticos que quisieron institucionalizarse en esa coyuntura, que la historiografía ha sobrevalorado con el nombre de revolución del medio siglo, fue el intento de ampliación de la base social de la política y la democracia por medio de la extensión de la instrucción pública hacia los grupos sociales de más modestos recursos económicos. Se quería evitar así que la oposición a las reformas políticas pudiese dar al traste con ellas, dado que el partido adversario podía contar con el apoyo de los ministros de la iglesia, una institución con una extensa influencia entre los campesinos y artesanos.

Uno de los espacios políticos que privilegiaron para la educación política de los grupos subordinados urbanos fueron las llamadas Sociedades Democráticas, en las que una parte del clero tuvo la oportunidad de tomar partido por las reformas radicales del medio siglo. José Pascual Afanador, párroco de Pinchote en las cercanías de la villa de San Gil, en 1851 y bajo el auspicio del Partido Liberal constituyó una Sociedad Democrática integrada por los artesanos de las poblaciones aledañas, verdadero centro promotor de la candidatura presidencial del general José María Obando, quien aparecía ante la mirada de los artesanos como una garantía de acción política favorable a sus intereses, por cuanto había prometido en su programa electoral la protección de las producciones manuales nacionales con un incremento de los aranceles de importación sobre las mercancías extranjeras.

Adicionalmente a los intereses electorales inmediatos, la Sociedad Democrática sangileña representó una alternativa de acción política distinta a la tradicionalmente ejercida por el grupo de los comerciantes y hacendados de San Gil, apodado por sus contrincantes con el mote genérico de nobleza sangileña. Los principios básicos que definieron el funcionamiento de la Sociedad Democrática fueron los de la búsqueda de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre sus asociados, así como la ayuda mutua y la instrucción permanente para la formación de una conciencia política ilustrada entre los artesanos, quienes así pensaban contrarrestar el proselitismo político de sus adversarios nobles, fervientes partidarios del conservatismo.

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