(continuación capítulo Política)

EL CUENTO, ¿DE NUNCA ACABAR?

Por muchas alias se prolongó la crisis social de la Violencia. Las décadas posteriores trajeron nuevos actores y una crisis en la que la región cundiboyacense tuvo un protagonismo indeseable.

El país había tenido 300 mil muertos, innumerables heridos, huérfanos y millones de migrantes hacia las regiones de colonización del Magdalena medio, la región de Rionegro, el Garre-Opón y los Llanos orientales. Una de las manifestaciones del desorden resultante era —igual que sucede después de todas las guerras civiles— el bandolerismo endémico. Numerosos bandidos que actuaban desde la década anterior continuaron ofreciendo resistencia en el occidente de Boyacá, en la Provincia de Rionegro en el norte de Cundinamarca, en Santander, el viejo Caldas y el Tolima. Hasta bien avanzado el Frente Nacional.

El de Efraín González fue el caso más notorio. Nacido en Jesús María, Santander, en límites con Boyacá, fue llevado a Quindío por los terratenientes de esa zona y formó parte de la banda de Jairo Giraldo. Lo querían para protegerse de la acciones del liberal Carlos Bernal —oriundo de Puente Nacional— declarado partidario del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, grupo recién fundado por Alfonso López Michelsen.

Rápidamente, González impone su ley. Es llamado por los esmeralderos que mantenían una actividad clandestina en las minas del occidente de Boyacá —administradas por el Banco de la República— y allí se hace fuerte con su banda. Reivindicando su condición de guerrillero conservador construyó un imperio regional con el apoyo de sectores que habían acumulado capitales en forma vertiginosa y que tenían numerosos hombres conformando ejércitos privados. A su muerte, en el más grande operativo militar urbano de esos años, asumió el poder su lugarteniente Humberto El Ganso Ariza. Con Ariza se desarrolló una guerra regional de cerca de 10 años por el control de las minas, y comenzaron sucesivas guaras de las esmeraldas.

La última guerra —desatada en 1983— ve su fin en los pactos de paz firmados en 1990, que hoy se mantienen de manera tenue.

ARMADOS IDEALES

Sobre las ruinas de las regiones que vivieron las formas más agudas de violencia, surgieron, a comienzos de los años sesenta, varias organizaciones armadas reivindicando un cambio revolucionario.

El primer frente guerrillero —que dio origen posteriormente a las FARC— nació a partir del bombardeo a Villa Rica en el Sumapaz: se conoció como la Columna de Marcha que operó en la zona de Marquetalia y era fundamentalmente un movimiento de autodefensas campesinas. Otra guerrilla liberal, que los pobladores recuerdan como las guerrillas de la Rivera, sobrevivió por algunos años en la zona del Magdalena medio —Puerto Boyacá— y a comienzos de los sesenta aparece por la zona el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC, de origen estudiantil, que no logró implantarse.

A partir de 1962 las FARC adoptan la estrategia de guerra de guerrillas en frentes regionales. En el Carare y el occidente de Boyacá y Puerto Boyacá estaba el Frente XXII, y el XI en Yacopí, la Provincia de Rionegro y el área esmeraldífera. Eran las mismas zonas y la mismas bases sociales de Rangel y Saúl Fajardo en los cincuenta. En el Sumapaz se instaló el núcleo más fuerte, sobre las bases de apoyo de Juan de la Cruz Varela, y se convierte en 4 frentes en la zona de protección del Secretariado y el Estado Mayor del grupo guerrillero que, con los pactos de paz de la administración Betancur, se trasladan desde 1984 a la Uribe, Meta.

La agrupación tuvo, hasta 1980, una existencia relativamente marginal, débil apoyo en las principales ciudades y escaso contacto con el movimiento obrero. Su fuerza urbana eran principalmente sectores radicalizados del movimiento estudiantil. La destrucción de un polo popular democrático que ganara espacios de representación política en el estrecho marco del régimen del Frente Nacional —el gran efecto político de la Violencia— explica, de alguna forma, la debilidad. Con ello se frenó la posibilidad de salidas democráticas a los conflictos y se creó un círculo vicioso: no hay ni resolución ni instancias legítimas de mediación en el Estado y rápidamente se transforman en trauma y expresión de violencia.

NUEVOS ACTORES PARA LA NUEVA GUERRA

Irrumpieron en el escenario caras y fenómenos desconocidos. Corrían los años 80. Capitales acumulados provenientes de la economía ilegal de la zona esmeraldífera, se invirtieron fuera de la región a través de alianzas y negocios con el narcotráfico. —Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, nacido en el municipio de Pacho, era esmeraldero y compadre del máximo zar de las esmeraldas, Gilberto Molina. A finales de los setenta se generalizaron los cultivos ilegales en la región de Pacho, Paime, Yacopí, en el oriente de Boyacá y en el piedemonte llanero, en Casanare, Cundinamarca y Meta. Muchos pequeños guaqueros se vincularon al negocio. Pero en 1987 se desarrolla una aguda confrontación entre el Mexicano —uno de los principales miembros de lo que se ha llamado el cartel de Medellín— y Molina, el líder de los esmeralderos, quien para ese entonces estaba en guerra con el sector de las minas de Coscuez. La confrontación divide a los municipios de la zona en dos bandos y ambos líderes mueren en ella: se posibilitó entonces el actual proceso de paz.

En todo ese proceso, los grandes ganaderos de Puerto Boyacá diseñaron —a comienzos de los ochenta— una estrategia antiguerrillera, ocasionada por los abusos y las extorsiones de las FARC. Conformaron un plan anticomunista, respaldado por sectores de las Fuerzas Armadas y que cobijaba numerosos municipios desde La Dorada hasta Barrancabermeja.

El fracaso de los sucesivos procesos nacionales de paz y las estrategias continentales de contrainsurgencia —ideadas por la administración Reagan contra el gobierno sandinista de Nicaragua— facilitan que la experiencia de Puerto Boyacá se extienda a todas las regiones de conflicto guerrillero con el apoyo de sectores vinculados al narcotráfico, dejando en manos de intereses privados locales el control del orden público, situación que afectó muchas regiones del país.

Para 1987 y los años posteriores, se vivía en casi todo el país un ambiente de nuevos conflictos agrarios y sindicales. Muchos dirigentes fueron asesinados selectivamente, con el silencio complaciente de los gobiernos que, coyunturalmente, declaraban guerras al narcotráfico.

En esa guerra informal fueron aniquiladas numerosas organizaciones populares y sindicales y debilitada aún mas la posibilidad de construcción de una sociedad democrática con un sólido polo popular que equilibrara las relaciones entre empresarios, hacendados y capitalistas, y sectores trabajadores, marginados urbanos, indígenas y campesinos. 165 mil colombianos murieron violentamente entre 1980 y 1990. Ministros, exministros, jueces, magistrados, periodistas y candidatos presidenciales son tan sólo una pequeñísima parte de esa cifra. Una crisis en la que la región cundiboyacense tuvo un protagonismo indeseable.

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