La Violencia Y SUS HORRORES

El 9 de abril de 1948 desencadenó un nuevo período de resistencia y violencia. En el Tolima los acontecimientos tuvieron una mayor cobertura. 

Expresiones de venganza por el asesinato de Gaitán se vivieron desde Ibagué, capital del departamento del Tolima, hasta los pueblos mas apartados. Hubo saqueos, incendios, fuga de presos y encarcelamiento de conservadores. También se constituyeron en varias localidades Juntas Revolucionarias que eligieron autoridades propias y crearon formas de vigilancia y policías cívicas para evitar el pillaje. 

En Ibagué el pueblo saqueó los almacenes, incendió los talleres de los periódicos El Derecho y El Comercio, asaltó el Panóptico Municipal cuyos presos quedaron en libertad. Se organizó la junta Revolucionaria del Tolima y bajo su orientación se crearon comités revolucionarios, encargados del almacenamiento de víveres y la organización de las milicias populares. 

Igualmente, se constituyeron Juntas Revolucionarias en otras poblaciones: en Armero, la muchedumbre enardecida asesinó al sacerdote Pedro María Ramírez, como consecuencia de la sospecha que tenían de que los conservadores estaban atrincherados en la Iglesia y que allí mismo se encontraba un depósito de armas. En El Líbano, fortín liberal gaitanista, se formó una Junta Revolucionaria que procedió a nombrar autoridades locales y organizar el cuartel general. En Chaparral, los gaitanistas nombraron alcalde civil y militar, apresaron a los conservadores para salvarles la vida, liberaron los presos, y los notables maniobraron para conciliar con los adversarios políticos. En Cunday, el levantamiento popular se dirigió contra los terratenientes conservadores y el clero. En Andalucía —hoy Villarrica—, se organizó la junta Revolucionaria a la espera de órdenes de los jefes de Bogotá. La desmovilización de las juntas se produjo por órdenes impartidas por los liberales de Bogotá ante el acuerdo logrado con los conservadores de constituir un gabinete de Unión Nacional.  

 

GUERRILLAS CAMPESINAS  

Al levantamiento popular siguió la retaliación oficial contra las poblaciones que se habían alzado contra el orden establecido. Para ello, el gobierno envió a la provincia la policía chulavita y con ella se generalizó la violencia. De hecho, la chulavita trajo al Tolima y al Huila el terror oficial, el sectarismo partidista, la intimidación a poblaciones enteras, el asesinato y la tortura. 

Ante la represión oficial, liberales y comunistas iniciaron la organización para la resistencia de los campesinos del sur del Tolima. La resistencia liberal fue objeto de la arremetida de grupos conservadores armados que obligó a fortalecer la resistencia encabezada por Gerardo Loaiza y sus cuatro hijos Punto Fijo, Agarre, Calvario y Veneno. 

La acción militar emprendida contra las autodefensas del sur llevó a más de 200 campesinos de Chaparral y El Limón a evacuar la zona hacia El Davis, para unirse al comando liberal de los Loaiza. Como respuesta a la agresión oficial en el sur y oriente del Tolima y Sumapaz, el movimiento agrario se transformó en guerrilla de resistencia. Los dos grupos, liberales y comunistas, unificaron sus comandos y constituyeron el Estado Mayor Unificado del Sur que realizó acciones conjuntas durante un año. 

Luego los conflictos entre ambos bandos condujeron a la guerra entre limpios y comunes o sucios, que llevó a la pérdida de áreas de refugio para los comunistas y a la búsqueda de nuevas regiones. 

El golpe militar del 13 de junio de 1953 acentuó más la guerra entre los dos grupos debido, entre otras causas, al efecto disolvente de la amnistía ofrecida por Rojas Pinilla, que llevó a la ruptura total del Comando del Sur. En efecto, los comandos guerrilleros fueron inundados con volantes que les prometían Paz, Justicia y Libertad. En el Tolima, el general Alfredo Duarte Gil y el gobernador de departamento, coronel César Augusto Cuellar Velandia, explicaron a los mandos guerrilleros los alcances de la política de pacificación. 

Los Loaiza que comandaban las guerrillas liberales de Chaparral y Rioblanco se acogieron a los términos de la entrega convenidos con el gobierno militar. Los comunistas, ante la falta de garantías para sus vidas decidieron no entregarse en el sur y continuaron en busca de nuevos territorios en el Huila, El Pato y Guayabero. 

En el Huila, operaron guerrillas liberales y comunistas; así mismo, diversas bandas de origen conservador disputaron muchos de estos espacios con liberales y comunistas. 

En el norte del Tolima, la violencia tuvo su más clara expresión en la conformación de bandas liberales que vengaron sus muertos mediante el terror, el asesinato, el boleteo y el secuestro.

 

La región BUSCA OTRAS FORMAS

 

Son varios los factores de los actuales cambios. Estos están lejos de ser realidades definitivas  

Una vez culminó hacia 1952 la construcción de los distritos de riego de Saldaña y Coello con el uso de crédito externo, el desarrollo de la modernización en el Tolima continuó siendo iniciativa del gobierno nacional. En efecto, durante la dictadura del general Rojas la construcción de grandes obras públicas (puentes sobre el río Magdalena, edificios para el gobierno seccional) e incluso la creación de la Universidad del Tolima fueron un aporte sustantivo a la economía, el gobierno y la educación regional. Entre tanto se reiniciaba la Violencia con el fulminante bombardeo a Villarrica (1955) que suscitó el éxodo de 5 mil campesinos.  

Luego de este impulso a la infraestructura para el desarrollo económico y educativo, la presencia del Estado colombiano a través del gasto público se orientó hacia los aspectos militares sociales y agrarios con motivo de la agudización de la violencia y de la insurgencia guerrillera. Hacia 1965, los efectos de la amnistía decretada por el presidente Alberto Lleras y las campañas militares contra el bandolerismo y la insurgencia de las denominadas repúblicas independientes (Marquetalia, El Pato y Riochiquito) eran parcialmente exitosos. Empero, como resultado de los bombardeos militares se constituyeron ese año las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. 

A la estrategia de pacificación del país contribuyó la progresiva consolidación de las estructuras clientelistas del bipartidismo frentenacionalista. Los jefes políticos de entonces: Rafael Caicedo Espinosa, Alfonso Jaramillo Salazar y Rafael Parga Cortés en el liberalismo del Tolima, Jaime Pava Navarro, Guillermo Angulo Gómez y Maximiliano Neira en el conservatismo representaban distintas zonas y diversos intereses sociales, económicos y políticos así como variadas articulaciones a jefes nacionales de ambos partidos. Sólo hasta 1970 comenzó a producirse un relevo generacional aparatoso en el liberalismo tolimense con la elección de Alberto Santofimio Botero al Congreso. 

Por su parte en la década de 1960 aparecen en el Huila nuevos líderes políticos: Felio Andrade, Rómulo González, Alvaro Sánchez, Guillermo Plazas Alcid y el corajudo Rodrigo Lara Bonilla, aunque en el interior de sus partidos se percibía aún la marcada influencia de jefes veteranos como Rafael Azuero, Max Duque, Misael Pastrana, Alberto Galindo y José Domingo Liévano. 

A diferencia del Huila, a comienzos de la década del 60 e interpretando la necesidad y posibilidad del desarrollo agroindustrial del Tolima, se formó la Asociación para el Desarrollo del Tolima constituida por una élite empresarial incipiente que a la larga consolidaría al sector gremial. 

El partido conservador huilense encontró en la candidatura de Pastrana Borrero a la presidencia de la República, la ocasión de revitalizar los intereses regionales, concretados a la postre en el complejo petrolero y la hidroeléctrica de Betania. En los años 70 fue notorio el trabajo formativo de líderes agrarios hecho por la Iglesia, el Estado y la izquierda. A su vez, se activó la toma de tierras y la intervención del Incora.  

Con probada eficacia los jefes políticos regionales del bipartidismo ampliaron y renovaron el sistema clientelista a tal punto que el Estado y la sociedad quedaron subsumidos en él, profundizando la herencia del manejo de los bienes e intereses del Estado como bienes patrimoniales con un criterio puramente electoral. 

Este estilo alimentó la motivación de la subversión en busca de una efectiva democratización del sistema político y una renovación del Estado. No obstante debe reconocerse que en ocasiones el caciquismo propició decisiones de inversión estatal para satisfacer necesidades de desarrollo regional o conservación de valores históricos principalmente en Ibagué, Neiva y Honda. 

La tragedia que causó el volcán Nevado del Ruiz y la tendencia del gobierno a reducir la inversión del gasto público en el Tolima por debajo de su aporte al Producto Interno Bruto —en 1985 el 48,6% de la población tolimense padecía de necesidades básicas insatisfechas sobre todo en Ibagué, Armero y la zona sur—, han venido a convertirse en motivo y fuente de argumentación para que líderes políticos y gremiales articulen un discurso sobre el desarrollo regional que les permita, a través del Estado y la empresa privada, renovar su hegemonía sobre la base del nuevo molde institucional del país y sobretodo, de la apropiación de las posibilidades abiertas por la Constitución de 1991. 

La construcción de la nueva hegemonía se encuentra en un confuso momento de transición. Es notorio en la evolución reciente de la participación política de la sociedad regional y en el estado actual del problema guerrillero y del narcotráfico. En efecto, en las elecciones generales de este año, cuando se produce una sorpresiva votación de la Anapo, la máxima votación en el Tolima sumó 169 mil 345 votos mientras que en las elecciones de 1991 —para Congreso y gobernaciones— con una abstención histórica del 67.87%, la máxima votación fue de 178 mil 088. 

Es posible que estas cifras muestren más que una resistencia política de la sociedad, cierto desconcierto y sofoco con los reiterados llamados de las fuerzas políticas a manifestarse sobre los cambios institucionales teniendo en cuenta que: 

1. En las elecciones presidenciales de 1986, bajo el impacto del holocausto del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero, los tolimenses aportaron la máxima votación de su historia 309 mil 146 votos, cifra que en las elecciones de 1990 para congreso apenas rebajó un poco. 

2. El estratégico reconocimiento y representatividad político - electoral del M­19, a cuya desmovilización contribuyó con oportunidad el Encuentro Nacional por la Paz convocado por el senador Alberto Santofimio Botero (Ibagué, 1988). 

3. El suspenso de los diálogos de paz con las guerrillas activas (Farc y Eln) y la persistencia de la guerra. 

La situación del Huila presenta algunos rasgos comunes. Sin embargo, el hecho más destacado a partir de la elección popular de alcaldes y de gobernadores ha sido el notorio incremento del electorado liberal y de fuerzas políticas alternativas (M-19 y UP). No obstante, este fenómeno contrasta con la débil unidad entre la clase política y de ésta con los dirigentes económicos y sociales lo cual ha impedido la elaboración de un proyecto integral, ha empobrecido el protagonismo del Huila en la política nacional y ha contribuido a generar un desempleo del 21%. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

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