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(continuación
capítulo Entorno y Derechos...)
¿ES
RACISMO TENER CONCIENCIA HISTÓRICA?
Que
comprendan el sentido de su lucha doña Zulia Mena y los otros comisionados, no
significa que ella esté ganada. Por el contrario, se deberá enfrentar otra
faceta de la oposición sindical, expresada también dentro del comunicado que
se repartió el 27 de agosto:
“Los
trabajadores chocoanos en su inmensa mayoría somos negros, pero consideramos a
los trabajadores del resto del país como nuestros hermanos de clase. En nuestra
confederación [...] rechazamos todo tipo de discriminación racial. Contrario a
crear un guetto (sic) o apartheid en el Chocó, luchamos por evitar todo tipo de
discordia racial [...]”
Es
más bien difundida la noción referente a que quien toma conciencia de sus raíces
históricas y culturales y las reivindica, practica el racismo. El raciocinio
que fundamenta esta idea, confunde la igualdad de derechos, con la igualdad de
conductas y, de paso, niega la esencia de la democracia. Así suene obvio, el
sello distintivo de este tipo de régimen consiste, en el caso que nos ocupa, en
garantizarle los mismos derechos a quienes son distintos porque tienen una
proveniencia particular, forzada desde África, y un pasado también particular:
el desarrollo de la existencia dentro de los márgenes estrechos de la
esclavitud y la rebelión contra ella, escapando con violencia o comprando la
libertad. De no respetar las conductas que se derivan de esa historia y proponer
que lleguen a subsumirse en la uniformidad, resulta impensable cualquier opción
para la disidencia y para la democracia.
Pero
el pensamiento expresado por los sindicalistas es además histórico. El
fortalecimiento de los movimientos étnicos obedece a que ni los partidos políticos
ni las organizaciones de clase social, han podido darle respuesta a las
reivindicaciones de quienes no sólo son atípicos, sino que pugnan por serlo.
Por períodos, la izquierda ha mostrado fascinación por lo que durante los años
sesenta el Partido Comunista Colombiano marxista-leninista llamó los comunistas
silvestres, a quienes aproximó con la esperanza de que se convirtieran en
la base de un gran movimiento de masas que se tomara el poder. Sin embargo,
cuando los convocados dieron muestras de su capacidad de autodeterminación y,
por lo tanto, de su autonomía frente a las imposiciones partidistas, fueron
abandonados. El escepticismo en el caso de la gente negra es aun mayor, porque
las particularidades de su situación tan sólo han figurado de manera
excepcional dentro de la agenda izquierdista.
Desarrollo
sostenible ¿EN DERROTA?
La
coyuntura de la comunidad negra y de sus reivindicaciones tiene fondos que la
hacen especial.
S
i
el enfrentamiento entre sindicalistas y adalides étnicos se limitara al
despliegue que tuvo lugar en la plaza quibdoseña, estaríamos ante un problema
más bien intrascendente. El choque es mucho más profundo: involucra dos
nociones de progreso. Así se vio en
las sesiones de la Comisión Especial para las Comunidades Negras que trataron
el proyecto de explotación maderera que la empresa Triplex Pizano le presentó
al gobierno a través de una de sus filiales: Maderas del Darién.
La
concesión Balsa II involucra bosques
de especies en vía de extinción denominados cativales.
El 8 de octubre dc 1992, con base en la información que la empresa maderera
tenía que suministrar para que se adelantara el estudio requerido y el gobierno
autorizara la concesión, Roberto Franco, asesor del comisionado Manuel Rodríguez,
gerente de Inderena, dio las características básicas del proyecto:
[...] 23.640 hectáreas, (delimitadas por los ríos) Perancho [...] Ciego
y Arenal; [...] las estribaciones de la serranía Los Saltos; [...] quebrada
Naya y borde izquierdo de la llanura del Atrato. [De esa extensión] 11.763
[hectáreas] son bosques aprovechables. Y quizás lo más importante desde el
punto de vista humano: “No hay, oficialmente, ningún dato sobre población
asentada” (el resaltado es mío).
La
información cayó como balde de agua fría: quienes precedieron en la palabra a Franco, los
representantes de la Organización Campesina del Bajo Atrato (Ocaba), llegaron
desde Riosucio (Chocó) para exponerle a los comisionados la forma como el
proyecto afectaría de manera directa a, por lo menos, 1.307 familias
distribuidas en 25 comunidades, y que un número mayor de personas sufriría los
efectos indirectos del proceso extractivo.
El
clamor de Ocaba por estas familias —invisibilizadas en los estudios llevados
al gobierno— se venía oyendo desde un mes antes: los dirigentes, ante la
audiencia internacional del Coloquio Contribución de Africa a la Cultura de las Américas, hablaron de
la aspersión aérea de venenos para tumbarle las hojas a los árboles que van a
ser derribados y de ese modo facilitar la tala; de buldóseres que levantan la
capa vegetal a medida que sacan los troncos hasta los caños que conectan los
puntos de tala con el río; de la forma como la tierra levantada y los residuos
que dejan las motosierras taponan los ríos, inundando los cultivos de la gente;
de las trozas que al ser inmunizadas antes de echarlas al agua, matan a los
peces que alimentan a la gente; en fin, de un conjunto de prácticas que
convierten en letra muerta el artículo 80 de la Constitución Nacional:
“El
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución
[...]“
Con
excepción de los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, los
miembros de la Comisión Especial para las Comunidades Negras se adhirieron a la
presentación hecha por Ocaba. Su posición se enmarcaba además en uno de los
acuerdos alcanzados en su primera sesión: mientras el presidente de la república
no hubiera sancionado la ley que reglamentaba el AT 55, las entidades
representadas en el seno de la Comisión —Ministerio de Gobierno, Incora,
Inderena, Planeación Nacional, Instituto Geográfico Agustín Codazzi— se
abstendrían de estudiar y otorgar títulos de propiedad, permisos de explotación
forestal, concesiones mineras, autorizaciones para la construcción de vías o
cualquier visto bueno que pudiera afectar la integridad de los territorios
objeto de los títulos colectivos contemplados por el artículo transitorio.
Esa
postura, casi unánime, quedó consignada en una carta dirigida ese mismo 8 de
octubre a la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó (Codechocó),
entidad encargada de darle a Maderas del Darién la respuesta definitiva. Que
fue positiva y que se obtuvo antes de la navidad de 1992, durante una sesión
dominada por la lectura que empresarios y sindicalistas hacían de la nueva
Constitución en lo referente a los derechos humanos, siendo uno de ellos el de
disfrutar de las condiciones materiales que permitan el progreso individual.
El
debate en torno a Balsa II muestra cómo las afiliaciones laborales, políticas
y de clase social pueden hacer difícil la comprensión y aceptación de una
nacionalidad que intenta crear unidad a partir de una nueva legitimidad para lo
diverso. La fragmentación de obreros y campesinos facilitó la aprobación de
un proyecto que comprometerá el porvenir de los descendientes de ambos. Algo
similar puede pasar con la competencia territorial entre indios y negros.
¿QUIÉN
DIJO RETORNO AL AFRICA?
Pese
a la falta de voluntad política de varios de los funcionarios que representaban
al gobierno en el seno de la Comisión Especial, el Congreso de la República
promulgó, el 18 de junio de 1993, la ley objeto de esta publicación. Sin
embargo, los meses transcurridos desde la firma de la nueva carta dieron pie
para que las respectivas organizaciones tendieran a sectarizarse. Y en algunos
casos a envalentonarse.
En
noviembre del 92, nuestro equipo de investigación etnográfica llevó al Baudó
200 ejemplares de la separata África en América, publicada por El Colombiano,
en cooperación con el Cinep y el Ican. Nos proponíamos usar los materiales
para cooperar en las campañas de fortalecimiento histórico-cultural de la
identidad étnica que adelantaba la Acaba. Sin embargo, muchos de los adultos
que la leían protestaban de manera muy enfática alegando que ellos nada tenían
que ver con África, que eran baudoseños y que tan sólo los sacarían muertos,
no sin antes dar la pelea, incluso armándose, por la tierra legada por sus
antepasados.
Buscando
explicar esta reacción sorpresiva hallamos que en desarrollo de alguna reunión
que convocaba a indios y negros para discutir los efectos de la nueva Constitución,
alguien había bromeado diciendo que los problemas de tierras se resolverían
regresando los negros al África. El chiste se convirtió en un rumor que se
agravó cuando Orewa invitó a un canadiense, afiliado a la Organización de
Naciones Unidas y experto en el traslado de poblaciones, a que le hablara a los
habitantes de San Francisco de Cugucho sobre los cambios que implicaría la
construcción de la carretera Pereira-Tribugá. Deficiencias en la comunicación
llevaron a que los campesinos negros interpretaran la presencia del extranjero
como ratificación de que no sólo serían exportados,
sino que el evento sucedería con la ayuda de especialistas en la materia.
Por fortuna, los vínculos de compadrazgo y amistad que han regido entre ambas
sociedades permitieron limar las asperezas. Y aunque se restauró la calma,
pueden aflorar nuevas rencillas.
Durante
los veinticuatro meses que transcurrieron antes de la sanción de la ley, las
relaciones entre indios y negros se deterioraron. Si bien es cierto que en el
Baudó, los investigadores de la Universidad Nacional no han constatado el
desencadenamiento de hechos de sangre, la situación ambivalente de la gente
negra y los continuos reclamos de los indígenas, contribuyen a subirle la
temperatura a las fricciones Interétnicas del Pacífico.
De
ahí la responsabilidad que les cabe a los asesores y adalides de las
organizaciones de ambos pueblos, y también la insistencia de la Asociación
Campesina del San Juan (Acadesan) en que ambas gentes unifiquen su lucha. De lo
contrario, será más fácil que las dos resulten damnificadas y expulsadas de
su propia casa.
No
es por causalidad entonces que en el alabao que Mercedes Porras le dedicó al
presidente Cesar Gaviria trepidara la verdad del presente:
Negros,
indios
y
raizales
seliaremo
l’unida,
trabajando hombro a hombro
la lucha no va a acabá.
La
emotividad con la cual la multitud coreó Salve,
salve, ¡oh tierra madre! parece indicar que el pasado sí ha legado
lecciones y que los beneficiarios de la ley sancionada al medio día del 27 de
agosto de 1993, no quieren que se repita ni la fragmentación de pueblos, ni la
subsiguiente usurpación territorial que han experimentado desde la Colonia.
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