CAPITULO II

LAS HACIENDAS DE CALI EN EL S. XVIII

1. La formación de las haciendas

A partir de las dos últimas décadas del siglo XVIII, con la apertura de la frontera del Chocó, la tendencia a la fragmentación de tierras parece detenerse. De entonces data la formación de verdaderas haciendas que, a partir de un núcleo inicial, van reconstruyendo antiguos latifundios mediante la compra sucesiva de derechos que habían permanecido mucho tiempo indivisos en cabeza de herederos de los antiguos propietarios.

La fragmentación misma de los latifundios originales fue favorable a este proceso puesto que daba lugar a una comercialización de las tierras y a un movimiento mayor, impensable dentro de la estructura rígida de latifundios inexplotados y compuestos de tierras desiguales. La reacomodación de "potreros" y "derechos de tierras" en nuevas unidades concentraba las mejores tierras en las nuevas haciendas y casi todas las compras se acompañaban de la intención en el adquiriente de realizar mejoras. En muchos casos se trataba de personas que poseían algún capital (mineros o comerciantes) y que por lo tanto representaban un elemento nuevo frente a la capa social que hasta ese momento había monopolizado la tierra.

La formación de un nuevo tipo de latifundio, esta vez bajo la forma de una unidad productiva, la hacienda, vuelve a plantear de nuevo el problema de su estabilidad. Según las evidencias que arrojan los protocolos de escribanos, muchas de estas propiedades cambiaron de manos en el siglo XVIII (v. apéndice). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que muchas enajenaciones por vía sucesoral pueden pasar inadvertidas. Es posible, inclusive, que algunas propiedades se hayan conservado intactas en el seno de una antigua familia de terratenientes, aunque el cuadro general sea de una gradual liquidación del sistema latifundista anterior y, por tanto, de una mayor movilidad. Mineros y comerciantes se sustituyeron como propietarios a una capa más antigua de terratenientes, los cuales buscaron su acomodo mediante alianzas matrimoniales con los nuevos hacendados.

Aquí debe abrirse un paréntesis para tratar de precisar el concepto de hacienda que se ha incorporado a la discusión, frente al de simple latifundio.

.Latifundio, tal como se ha empleado al describir la apropiación de tierras en el Valle del Cauca en el curso del siglo XVI, designa la acumulación de tierras en cabeza de una persona sin una función económica aparente o con el objeto de apropiarse ganados que pastaban libremente en ellas. Su función prima faciae era la de catalizador social, aunque este efecto sólo pueda percibirse en el transcurso de varias generaciones. El latifundio identificaba un sector social y mantenía una cohesión que remedaba los linajes europeos. Todavía en el siglo XVIII, al desprenderse de un derecho inmueble, el vendedor usaba la fórmula medieval que indicaba la continuidad del linaje: lo hacía "en su nombre y en el de sus hijos y descendientes" ¹.

Por el contrario, hacienda es una unidad económica cuyo significado y amplitud conviene precisar. En el uso cotidiano en Colombia la palabra sirve para subrayar la importancia de una propiedad, su extensión o su uso productivo, y se distingue de una simple "finca" o heredad familiar. Aunque de una manera no explícita, en ocasiones se alude con ella a una verdadera empresa, en contraposición a la mera unidad familiar.

En el lenguaje de la historiografía americana el concepto tiene contornos más precisos, sobre todo en relación a la evolución agraria mexicana. Allí la hacienda surgió cuando comenzó a desintegrarse el sistema de la encomienda y los propietarios optaron por incorporar indígenas de manera permanente dentro de sus dominios, dando lugar así al nacimiento de la institución del peonaje ². Esta evolución, hasta donde ha sido estudiada, tiene un ámbito histórico muy concreto y está acompañada de ciertos rasgos de la estructura cultural y demográfica del pueblo mexicano que la hacen casi única. Las características más aparentes de la hacienda mexicana, desde el siglo XVII, podrían resumirse así:

1. La existencia de la institución del peonaje. Al debilitarse la encomienda como sistema de trabajo y la exacción de excedentes agrícolas, por un lado, y por otro debido a la presión de propietarios no encomenderos, se estableció un sistema de "conciertos" periódicos con los indígenas. Los propietarios buscaron, sin embargo, fijar los trabajadores a la tierra y lo lograron mediante adelantos salariales u otras ocasiones de endeudamiento para los indígenas como la "tienda de raya"

2 La administración por medio de capataces, que explotaban el trabajo de los peones con la complicidad de propietarios ausentistas.

3. El propietario tenía una figuración política (sobre todo en el siglo XIX) para la cual la clientela de la hacienda le servía de base.

4. De la existencia del peonaje se desprende que las haciendas funcionaban con un mínimo de gastos y que, correlativamente, su rendimiento era muy bajo. La producción se encauzaba hacia un mercado local muy limitado y podía llegar a contraerse hasta adquirir un carácter autosuficiente. La autarquía o economía cerrada de estas unidades, con el desarrollo de actividades artesanales en su interior, les daba una autonomía de tipo político inclusive frente a los centros urbanos. Pero de todas maneras la hacienda se diferenciaba del simple latifundio en que era capaz de producir un excedente que se destinaba a un mercado.

Si se tiene en cuenta este modelo, las diferencias son notorias con respecto a las haciendas del Valle del Cauca en el siglo XVIII. Ante todo, por la naturaleza del trabajo empleado. Por el empleo de esclavos negros las propiedades del Valle se asemejan más a "plantaciones", aunque sería un error designarlas así. Sólo hasta el siglo XX, con el acceso a mercados internacionales y dentro de formas de producción capitalista, las primitivas haciendas del valle dieron paso a una economía de plantación. Bien es cierto que, como lo señala Magnus Mörner en su síntesis reciente sobre este problema ³ los contornos conceptuales de hacienda y plantación son todavía lo suficientemente vagos como para situar las dos formaciones en los extremos de una misma cadena cuyos eslabones están constituidos por una gran variedad de tipos. Muy a grosso modo se reconoce una primera distinción en el hecho de que la plantación requiere una mayor inversión de capital y mayores rendimientos dado que sus productos se colocan en un mercado más vasto. La presencia de un mercado meramente local o el hecho de que, como en el presente caso, se incorporan capitales en forma de esclavos excedentarios de la minería, no es suficiente para caracterizar estas propiedades como plantaciones.

Dentro de las propiedades caleñas, una primera distinción está sugerida por los documentos notariales que mencionan, a veces indistintamente, "haciendas de trapiche" y "estancias" o "haciendas de campo". La diferencia entre lo que designaban estas expresiones no es en modo alguno conceptual sino que obedecía a un desarrollo histórico. Como se ha visto, en el siglo XVI los ganados pastaban libremente en extensiones inconmensurables y de allí se derivó el interés por apropiarse de las tierras que sustentaban los semovientes mucho más valiosos que la tierra misma. Inicialmente, por eso, las otorgaciones de tierra se hacían en "estancias de ganado mayor", una medida que fijaban arbitrariamente los Cabildos y que, dada su magnitud, se acomodaba a esta necesidad. Había igualmente "estancias de ganado menor" y "estancias de pan", medidas que, en líneas generales, buscaban acomodarse a una destinación específica de la tierra.

Esto no quiere decir que quienes recibían "estancias de ganado" se dedicaran a la ganadería y aquellos que recibían "estancias de pan" fueran agricultores. Sino que frente a una disponibilidad de tierras, hasta entonces inaudita para el europeo, el reparto había utilizado una medida que hubiera sido también inaudita en España. Así, ciertas tierras, especialmente aquellas que estaban ubicadas en zonas de frontera, se otorgaban como "estancias de ganado mayor" en tanto que otras se otorgaban con una medida más reducida. Por esta razón también la "estancia de ganado mayor" tendió a desaparecer después de la primera época de la conquista o redujo su tamaño. Pero de todas maneras subsistió la costumbre de designar como "estancia` una propiedad otorgada inicialmente como tal, aún cuando ya ni siquiera se ajustara a la medida original.

De esta manera estancia es una expresión genérica, para designar cualquier propiedad, tanto como hacienda de campo. En cambio hacienda de trapiche introduce una especificación y alude concretamente a un cierto tipo de producción. Fueron estas haciendas de trapiche las propiedades que, en las últimas décadas del siglo XVII incorporaron, al lado de la explotación ganadera, fuertes contingentes de mano de obra esclava destinados a ampliar la producción Como se verá un poco más adelante, las explotaciones mineras -en auge en el Chocó y en el resto de la vertiente del Pacífico- no sólo surtían con excedentes de mano de obra estas haciendas sino que presentaban un mercado y una coyuntura favorables para su formación. Especialmente la producción de mieles para la destilación de aguardiente, de gran consumo entre los esclavos del sector minero, indujo a la organización de las haciendas de trapiche, que al lado de la caña y del ganado diversificaron su producción.

Históricamente es posible seguir con facilidad el curso de estas nuevas propiedades en virtud de su individualización. Un bosquejo descriptivo puede ayudarnos a fijar algunos rasgos de este desarrollo comenzando por las proximidades de Cali, en la banda occidental del río Cauca, hacia el norte hasta Vijes y Yotoco, hacia el sur hasta Jamundi, y luego las grandes propiedades de la "otra banda desde el río Zabaletas hasta el río Bolo.

2. La Banda Occidental

Gran parte de las tierras situadas en la margen izquierda del río Cali pertenecieron, en la primera mitad del siglo XVIII, a Domingo Ramírez Florian y sus descendientes. Ramírez poseía también tierras en Llanogrande y Cañaveralejo. Sin embargo, parece haberse obstinado en conservarlas intactas, a pesar de no tener con qué explotarlas. Cuando testó, en 1733, afirmaba tener más de 110 años. Durante sus últimos años vendió algunos pedazos de tierra y en el testamento autorizó a su mujer a hacer lo mismo, pero sólo para atender al apremio de sus necesidades. Sin embargo, sus hijos Salvador y José se deshicieron de una buena parte de ellas. El pedazo más grande fue adquirido por un minero, Pedro Salinas y Becerra, por 1.100 pts. en 1747.

Las estribaciones de la cordillera inmediatas a la ciudad habían pertenecido, en el siglo XVII, al contador Palacios Alvarado. Como se le comprobaron fraudes contra las Cajas reales, sus bienes se remataron en 1654. Pedro Ordoñez de Lara compró estas tierras, denominadas San Antonio, Potrero de las Nieves, los Aguacatales y Petendé, por 150 pesos oro. En el curso del siglo XVII y primeras décadas del XVIII estas propiedades se dispersaron. Así, las tierras que heredó Antonio Ordoñez (estancia de las Guacas) las vendió su viuda al capitán Pedro de Silva y la viuda de éste a José Pretel y Llanos en 1726. Pretel, que poseía también tierras en Párraga y en 1737 compró la hacienda de Meléndez, siguió comprando tierras en el mismo sitio. En 1733 agregó 50 pts. de tierra sobre la quebrada del Aguacatal, en 1748 otros 30 pts. en las Petacas y, en 1749 200 pts. entre las quebradas de Guacas y el Contador, tierras que habían sido de los Ordoñez de Lara y del contador Palacios Alvarado. Después de su muerte la viuda vendió la mitad de estas tierras llamadas Loma de Santa Rosa, a un minero, Don Vicente Cortés de Palacios por 200 pts. ⁴.

En la otra vertiente de estas montañas, por el camino hacia Dagua y el Reposo, entonces una rica región minera, la familia Caicedo había monopolizado gran parte de las tierras. Así, Nicolás de Caicedo Hinestroza declaraba en su testamento ⁵ las tierras de Tocota, que abarcaban más de una legua, a las que se habían ido agregando las posesiones de Ambichintes, Bitaco, Papagayeros y la Burrera. Estas tierras pasaron a manos de su yerno, José Antonio de la Llera, y a su hijo, Manuel Caicedo Jiménez, quienes vendieron una parte que quedó finalmente en manos de otro minero, Guillermo de Collazos y Ayala.

Uno de los desarrollos más notables en la banda occidental, al norte de Cali, fue el de la hacienda de Arroyohondo. Esta hacienda fue comprada en enero de 1725 por el comerciante en esclavos español Clemente Jimeno de la Hoz. Pagó 1.812 pts., entre los cuales estaba incluido el valor de mil pts. de tierras que habían sido de Francisca Núñez de Rojas y de Melchor de Saa, miembros de familias terratenientes poderosas en el siglo anterior. Por el parentesco con Doña Francisca Núñez, las tierras habían pertenecido primitivamente a la familia de la esposa de Jimeno. Doña María Rosalía Peláez. Jimeno de la Hoz parece haberse propuesto hacer de estas tierras una gran hacienda, dotándolas de esclavos y de un trapiche. En 1738, cinco años después de la muerte de su marido, la viuda compró todavía más tierras por 500 pts. La proximidad de la hacienda debe haberlas valorizado, pues diez años antes se habían comprado apenas en 300 ⁶.

En 1743 la hacienda había crecido tanto que la señora pudo venderla al comerciante y minero Bernardino Núñez de la Peña nada menos que por 29.025 pts., de los cuales el comprador pagó 20 mil de contado. En 1747 y 1749 Núñez compró todavía más tierras a una familia de terratenientes tradicionales, en el potrero de el Embarcadero por 140 pts. y en la cañada de Juan Muñoz por 400 pts. A su muerte, la hacienda quedó en poder de uno de sus yernos, Dionisio Quintero Ruiz, otro comerciante y minero, quien se comprometió a pagar las legítimas de sus cuñados menores de edad y se hizo cargo de 18 mil pts. de censos con los que sus suegros habían gravado la propiedad. Todavía a finales del siglo la hacienda no había salido de manos de esta familia y aún había adquirido mayor valor. Así, en 1794 la viuda de Manuel Luis Quintero la cedió a otro Núñez, hijo de Bernardino, por 31.911 pts. Por entonces las tierras de la hacienda valían 5.900 pts., una cantidad apreciable en la época.

Las tierras contiguas a Arroyohondo sufrieron un proceso de concentración similar. En febrero de 1759 el comeiciante Juan Agustín López Ramírez compró por 1.137 pts. tierras en Dapa al Maestro Manuel de Caicedo. Este las había adquirido por 400 pts. de Mateo Vivas, en cuya familia se habían conservado hasta ese momento, en 1744. En 1760 el comerciante compró un pedazo colindante de Rosa Vieja por 80 pts. y al año siguiente adquirió parte de la estancia de las Guabinas del Maestro Pedro de Albo Palacio, que había sido igualmente heredada de los Vivas Sedano, por 1.175 pts. ⁷.

Como la ciudad se apiñaba en unas pocas cuadras próximas al río Cali, es fácil imaginar que gran parte de lo que hoy es territorio urbano hacía parte, en el siglo XVIII, de los predios de alguna hacienda. Esto ocurría con las tierras descritas de Ramírez Floriano y las de San Antonio, San Fernando y Loma de Santa Rosa que fueron del contador Palacios Alvarado. Nicolás de Caicedo Hinestroza se había hecho adjudicar por el Cabildo la estancia llamada Barrio Nuevo, prácticamente territorio urbano, por donde la ciudad tenía que extenderse forzosamente.

Más al oriente, hasta el río Cauca. estaba situada la gran hacienda de su hermano, el Sargento Mayor Salvador Caicedo, llamada los Ciruelos. Estas tierras eran prácticamente las dehesas de la ciudad y por eso algunos vecinos tenían contratos con Caicedo para mantener en ellas sus ganados. El mismo Caicedo llegó a tener allí en 1733 y 1736, cuatro y tres mil reses, además de otros ganados. A la muerte del Sargento Mayor, en 1762, lo sucedió su hijo Manuel Caicedo y entonces se avaluó la propiedad en 16.152 pts. Contiguas a las tierras de los Ciruelos, el Sargento Mayor tenía otras que daban al río de Cañaveralejo y que en 1757 valían dos o tres mil pts. ⁸

Al sur de lo que era la ciudad se extendían las propiedades de Cañaveralejo, Meléndez y Cañasgordas. A partir de 1723 y en cuatro años sucesivos el comerciante Juan Francisco Garcés de Aguilar compró tierras en Cañaveralejo y sus cercanías por 515 pts. Esta cantidad debía representar más de 30 hectáreas en tierras, si se tiene en cuenta que Garcés había comprado la cuadra a 10 y 20 pts. ⁹. Garcés, que por esos años iba a Cartagena a comprar lotes de esclavos para comerciar con ellos, llegó a tener en su hacienda entre diez y veinte. En 1744 la amplió todavía más al comprar 200 pts. de tierras en la parte alta (Petendé) a María Ordoñez de Lara, de lo que había sido el latifundio del contador Palacios Alvarado ¹⁰. En enero de 1757 su viuda, Doña Bárbara de Saa, acabó de dar forma a esta propiedad al comprar tierras del Guabal por valor de mil pts. al Sargento Mayor Salvador de Caicedo ¹¹. A la muerte de la señora, en mayo de 1768, las tierras se avaluaron en 1.600 pts. y toda la hacienda, con 19 esclavos, en 8 961 pts. ¹².

Vecinas a las tierras del Sargento Mayor, la familia Vivas Sedano todavía poseía un globo avaluado por 1.500 pts. en 1754 que en ese año compró, junto con ocho esclavos y aperos de un trapiche, Francisco Javier de Fresneda, propietario de Cartago avecindado en Cali, por 4.456 pts. Todo el producto de la venta estaba destinado a mantener capellanías y obras fundadas por diferentes miembros de la familia Vivas.

En Meléndez existían, hacia 1700, dos grandes propiedades. Una era de la familia Vivas Sedano, a la que hemos visto desprenderse en el curso del siglo, uno por uno, de sus derechos de tierras. La otra pertenecía a Doña Manuela de Peláez Sotelo, rica heredera que se había casado con el Maestre de Campo Felipe de Velasco Rivaguero. Esta última propiedad cambió muy a menudo de dueño en el curso del siglo XVIII debido a las excesivas fundaciones de capellanías y obras piar que la gravaban. En 1726 un hijo de Felipe de

Velasco la vendió al minero Francisco de la Asprilla y seis años más tarde pasó a Luis Echeverría y Alderete. Este último la amplió pero vendió una parte a José Pretel y Llanos por 4.357 pts. en tanto que la otra parte quedó en manos de Manuel de la Puente. En su testamento, de 26 de abril de 1772, de la Puente enumera varios derechos de tierras que integraban la propiedad. Estos eran: 1) derecho comprado en el remate de los bienes de Dn. Luis Alderete, 2) 4 cuadras que le había vendido su madre, 3) derecho de Guayabitos comprado a Dn Luis Alderete (bolsa bastante grande contra el estero), 4) otro derecho llamado el Quemado, hasta el río Lile, 5) otro, en el llano de Meléndez, indiviso con la parte que poseía Don José Poveda, 6) derecho en Lile, comprado a las Reales cajas de Popayán, en el cual había estado asentado el pueblo de Lile. En 1754 Manuel de la Puente había denunciado estas tierras como realengas, a lo cual se opusieron los propietarios de Cañasgordas que reivindicaban estas tierras como suyas ¹³, 7) derecho de cuatro cuadras, 8) otro llamado Sabaneta, 9) derecho de la Mojica y 10) derecho de Potrero Grande.

La propiedad que había sido de los Vivas, y que también se llamaba Meléndez, pasó sucesivamente por las manos de cinco propietarios hasta que, en 1763. Isabel de Escobar la vendió a José Poveda y Artieda por 12.091 pts.

La hacienda de Cañasgordas, la heredad de la familia más importante de Cali, gozó de una notable estabilidad. Se transmitió, más o menos íntegra, de generación en generación hasta el fin de la colonia. Por esta razón los protocolos notariales apenas la mencionan en los testamentos, en donde las noticias sobre la hacienda son escasas.

3. La "Otra Banda"

La influencia de los propietarios de Cali sobrepasó siempre los términos acordados a la ciudad. Al margen del problema puramente administrativo de la asignación de jurisdicciones, el hecho más original de la influencia de las ciudades consistió en la gradual ocupación del suelo y, en sus orígenes, la asignación de encomiendas dentro de un territorio dado.

El hecho militar de la conquista daba origen a la reservación de territorios que debían servir de sustento a la ciudad y que se le asignaban como términos. Estas asignaciones provenían del caudillo de una expedición que destacaba una hueste y que de esta manera reconocía los hechos de armas de sus subordinados. Pero la asignación primitiva podia recortarse cuando una parte de la hueste, para la que no había alcanzado el premio de las encomiendas o entre la que había surgido descontento por el reparto del botín de la conquista, buscaba su propia ventura y fundaba una ciudad rival. Estas situaciones dieron lugar a la proliferación de "ciudades" en el siglo XVI, en las cuales se asentaba un puñado de españoles. Y dieron lugar también a pleitos interminables, que nunca se saldaron a satisfacción de ninguna de las partes. Así, entre Cali y Buga se disputó, desde el siglo XVI hasta el XIX, los territorios de la "otra banda" del Cauca, que se conocían entonces con el nombre de Llanogrande ¹⁴.

Según las composiciones de 1637, en ese momento Cali parecía llevar la mejor parte. Pero esta situación parece haberse invertido (o al menos así lo veían los ojos codiciosos de sus vecinos) y en 1778 el procurador de Cali se quejaba de que los de Buga exigían contribuciones a varios hacendados de Cali, siendo que,

" ... aquella su jurisdicción es inmensa y bien poblada de abundante copia de vecinos hacendados y la nuestra, aún extendiéndose hasta donde debe extenderse, corta y escasa de ellos..." ¹⁵

El procurador señalaba el hecho de que muchas tierras asignadas originalmente a Cali estaban en litigio y que sus haciendas se concentraban sobre todo en la banda occidental. Por esta época la observación del procurador era inexacta aunque fuera cierta para los orígenes de la ciudad. Ya se ha dicho cómo la banda occidental, de tierras más pobres pero con mayor concentración de población indígena y más próxima a la ciudad, la abastecía durante los siglos XVI y XVII.

En Llanogrande, la gradual desintegración de los latifundios por efecto de particiones sucesorales dió lugar a la formación de algunas haciendas. Los nuevos lotes, que tenían todavía una extensión considerable, permitían sin embargo una explotación más intensiva con el concurso de mano de obra esclava, la cual iba en aumento.

A diferencia de lo que ocurría con las propiedades de la banda occidental, las que existieron en Llanogrande (o la "otra banda") no atrajeron con la misma frecuencia a los comerciantes. Estos buscaban las proximidades de la ciudad con el ánimo de hacer una inversión que les permitiera mantener ganados y esclavos de servicio, no con el objeto de dedicar toda actividad a la agricultura. Por esta razón el patrón que rige los traspasos de las propiedades en Llanogrande tiene una apariencia más tradicional, en el que sólo se daba acceso a nuevos nombres en virtud de sus alianzas con los primitivos propietarios.

En el sector comprendido entre los ríos Zabaletas y Amaime (lo que hoy es el municipio del Cerrito, con una extensión de 34 mil hectáreas) las tierras que había poseído Antón Niñez de Rojas durante el tránsito del siglo XVII al XVIII quedaron en manos de sus hijas, de los yernos de éstas y de sus nietos.

En 1719 Manuela Peláez de Sotelo adquirió tierras del convento de Nuestra Señora del Carmen de Valladolid entre el zanjón de Trejo y el río Cerrito, con un potrero al otro lado del Cauca, en Vijes, por valor de 274 pts. Estas tierras, que habían sido de su abuelo Antón Núñez, no parecen haber sido excesivas pero sobre ellas había ya una inversión (que hay que atribuir al convento) de ocho mil pts. en ganados y en esclavos ¹⁶. Vecinas a estas se vendieron, en julio de 1727, trescientas cuadras por 600 pts., lo cual indica que, en el caso de la hacienda anterior, los 274 pts. podían representar unas cien hectáreas ¹⁷.

Mateo Castrellón, casado con otra nieta de Antón Núñez, compró del mismo convento las tierras restantes por 500 pts. en 1726. Al precio indicado serían unas 250 hectáreas sobre las cuales había una inversión de esclavos, ganado y acequias por valor de 15.600 pts. Si bien entre 1726 y 1759 esta hacienda aumentó el número de esclavos de 10 a 14, disminuyó en cambio tan radicalmente la cantidad de los ganados que su valor total se redujo a la mitad. ¹⁸.

También había pertenecido a Antón Núñez de Rojas un derecho de 500 pts. de tierras que otro yerno de una de sus hijas, Ignacio de Piedrahita, cedió a una sobrina, Doña Agustina Ruiz Calzado, en 1749, junto con otras tierras avaluadas diez años más tarde en dos mil pts. ¹⁹. Este derecho, llamado el Guarumo, medía media "legua" de ancho por una de largo y constituía la hacienda del Cerrito, con inversiones en esclavos, caña y algún ganado por más de 18 mil pts. en 1758 ²⁰.

Finalmente, otro descendiente de Núñez de Rojas, Don Roque de Escobar Alvarado, poseía un cuarto de legua de tierra en el zanjón de Trejo, avaluada en 560 pts. La hacienda, con ocho esclavos y un valor total de 7.762 pts., fue vendida por su viuda en 1748 al Colegio de la Compañía de Jesús de Quito ²¹.

Las tierras de estas haciendas, cuya formación puede datarse a partir de su desmembramiento entre los sucesores de Núñez de Rojas a comienzos del siglo XVIII, habían estado incluidas en el siglo XVI en los dominios de Gregorio Astigarreta, lo mismo que varios globos de tierra que más al sur, integraron la hacienda de el Alisal.

Las tierras de esta última hacienda tenían origen diverso debido a la desmembración que había experimentado, en el curso del siglo XVII, el primitivo dominio de Astigarreta. En la primera mitad del siglo XVIII Nicolás de Caicedo Hinestroza logró reconstruir una parte del latifundio de Astigarreta, a lo largo de la margen derecha del río Amaime, mediante herencias y compras sucesivas. Uno o dos años antes de su muerte, ocurrida en 1736, había vendido estas tierras a una familia de terratenientes, los Barona Fernández, quienes las agregaron a las suyas de el Callejón ²². En 1766 el cuerpo principal de las tierras de esta hacienda se apreciaban en 4.300 pts. y se vendieron, tres años más tarde en 4.955. A la muerte de Juan Barona, ocurrida en su hacienda a fines de 1755, la hacienda pasó a manos de su viuda, Josefa Ruiz Calzado. En esta forma las hijas del español Antonio Ruiz Calzado llegaron a poseer, entre todas, gran parte de los primitivos latifundios de Cobos y Astigarretas: Agustina la hacienda del Cerrito, Josefa el Alisal y Angela San José de Amaime.

Parte de las tierras de el Alisal quedaron en manos del presbítero José Barona, cura de Llanogrande. Esta parte se apreciaba en 1763 por 1.500 pts. y sobre ella el cura había fundado otra hacienda: la de Santa Bárbara, en la que trabajaban 25 esclavos. Antes de pasar el cuerpo principal de el Alisal a uno de los hermanos del cura, la madre vendió porciones apreciables de tierras: el potrero de la Pórquera a Francisco Vivas y Lasso por 300 pts., otro pedazo de 280 pts. a Don Javier Zapata y la hacienda de las Salinas, avaluada en 2.910 que traspasó a una hija en 1771 ²³. Así, antes de volverse a desmembrar las tierras de el Alisal llegaron a valer más de seis mil pts. que, tratándose de tierras desiguales, podían representar otras tantas hectáreas.

Se conservan tres avalúos de la hacienda principal hechos con diferente propósito. En 1766 valía 25.473 pts., en 1769, 17.581 y en 1770, 20.423, precio este último por el cual la adquirió un vecino de Buga, el Maestre de Campo Manuel Vicente Martínez. Las diferencias tan grandes en avalúos sucesivos obedecían a los movimientos de esclavos y de ganado, que constituían los activos más cuantiosos de las haciendas.

La hacienda de San Jerónimo hacia parte también del primitivo dominio de los Astigarretas. Perteneció, como el Callejón, a la familia Barona que la vendió en 1720 al español Francisco de la Flor Laguno, casado con una de las señoras de la familia. Por esa época Laguno vendía esclavos en Cali, comisionado por comerciantes de Cartagena. Los provechos de este tráfico debieron permitirle incrementar la hacienda,
"...cuyas tierras -declaraba en su testamento- las tengo muy mejoradas, respecto de haberlas limpiado los montes que tenían, en que he gastado mucho tiempo y herramientas con los negros..." ²⁴

La hacienda tenía una capilla de teja que dió lugar más tarde a la fundación de una viceparroquia. A la muerte de Laguno, en 1745, pasó a su yerno, Cristóbal Cobo Figueroa, emparentado con los Caicedos y heredero de otra hacienda llamada Nuestra Señora de la Concepción del Bolo. San Jerónimo tenía todavía en 1752 de cuatro a cinco mil reses y de mil a mil doscientas yeguas.

Como se ha mencionado, la hacienda vecina de San José de Amaime pertenecía a una de las hijas de Antonio Ruiz Calzado a mediados del siglo XVIII. Las tierras de esta hacienda se extendían desde el sitio de Amaime al zanjón del Trejo y desde la boca del zanjón de la Magdalena, tributario del Amaime, hasta la desembocadura del zanjón de Trejo ²⁵. En virtud del matrimonio entre el español Ruiz Calzado y una hermana de Don Ignacio Piedrahita, la hacienda incorporó una parte del potrero de la Torre. Este potrero, que medía dos "leguas", había sido primitivamente del suegro de Piedrahita. Don Juan de Escobar, uno de los nietos de Lázaro Cobo. En 1754 los Baronas, propietarios de las tierras vecinas del Alisal, disputaron los títulos de estas tierras dando lugar a un largo pleito que tuvo repercusiones políticas en el Cabildo de Cali. Por dificultades económicas la propietaria cedió la hacienda a su hermano en 1749 por 15.536 pts., de los cuales 3.300 representaban el valor de las tierras.

Uno de los hijos de esta señora y por lo tanto descendiente de una vieja familia de terratenientes, compró a su pariente Ignacio de Piedrahita una parte del potrero de la Torre y otras tierras por valor de 940 pts. en 1748. En ellas fundó una modesta hacienda, la Magdalena, cuyo valor total era de 3.394 pts. Dos años más tarde vendió una parte a un comerciante pero la venta se deshizo. Finalmente logró venderla en 1751 a Francisco José de la Asprilla miembro de una familia de mineros. Cobo se dedicó a llevar géneros al Chocó y la Asprilla se comprometió a pagarle parte del valor de la hacienda de carne, tabaco, azúcar, quesos, jabón y conserva de guayaba que sin duda eran los géneros que pensaba producir en la hacienda ²⁶.

Entre el río Amaime y el río Bolo, lo que hoy es el territorio del municipio de Palmira y que entonces se disputaban las ciudades de Cali y Buga estaban ubicados los latifundios más considerables. Todavía dentro de la jurisdicción de Cali, es decir, arrimadas hacia el Cauca, se encontraban las haciendas de Malibú y Abrojal y las tierras de la Herradura y Piles que servían de potreros o se habían fragmentado entre varias propiedades.

Las tierras de Malibú estaban comprendidas entre los zanjones de Malibú y Coronado y valían 900 pts. Sobre ellas edificó una hacienda el alférez Luis José Garcia, la cual poseyó hasta su muerte, en 1743. Pasó sucesivamente a dos de sus hijos pero la división de la herencia entre varios hermanos y otros gravámenes impusieron su venta en 1755. En 1761 volvió a venderse, esta vez aun comerciante, Don Antonio de la Lastra. Este contrajo deudas que no pudo pagar con un tratante de esclavos y poco después enloqueció. El comerciante hizo rematar la hacienda en 1769 pero no se sacó de ella sino cuatro mil pts. cuando en 1755 había sido vendida por doce mil y en 1761 por catorce mil.

Contiguas, quedaban las tierras de el Abrojal, entre los zanjones de Malibú y Aguaclara y entre este último el río Amaime. Estas tierras, junto con otras, habían constituido un gran latifundio de Lorenzo Lasso de la Espada, con el nombre de Aguaclara, en el siglo anterior, Lasso no tuvo hijos varones y de sus cinco hijas tres se casaron, una profesó de monja y otra permaneció soltera. Las tierras quedaron finalmente en manos de dos de los yernos miembros de familias tradicionales de terratenientes, Felipe Cobo Figueroa y Feliciano de Escobar Alvarado, quienes compraron a las otras hermanas. A mediados del siglo XVIII. José de Escobar y Lasso, un hijo de Feliciano, poseía la hacienda de el Abrojal, llamada también Santa Rita de Aguaclara. Cuando la vendió, en 1755, valía 7.388 pts. ²⁷

La otra mitad de las tierras quedó en manos de Petrona Cobo, heredera de Felipe. Sin embargo, en manos de los herederos los remanentes del latifundio original no se conservaron intactos. Por ejemplo, en 1733 el capitán Felipe Cobo vendió un derecho de 100 pts. en 1748 José de Escobar y Lasso cedió dos pedazos en Coronado por 300 pts. y al año siguiente Doña Petrona Cobo compró un derecho de 160 pts., el cual había estado incorporado primitivamente al latifundio. Finalmente, en 1752, Escobar y Lasso trocó el valor de 200 pts. de tierras de su hacienda por otras situadas en la Herradura. Como se ha visto, Escobar vendió la hacienda en 1755 pero sólo en 1759 se desprendió del último pedazo de tierra que vendió por 200 pts. ²⁸

El derecho de Doña Petrona dió lugar a la hacienda que llevó el nombre de la Herradura. La hacienda fue manejada por su hijo, Gregorio de Abenía, quien en 1768 vendió un derecho entre los zanjones de Coronado y Mirriñao ²⁹. A la muerte de Abenía la hacienda se fragmentó entre los nietos de Doña Petrona. Una nieta, por ejemplo, recibió cuatro cuadras de 25 pts. cada una (unas tres hectáreas) mientras otra heredó un globo de cuatro cuadras por diez y ocho (unas 50 has.) de tierras de menor calidad. ³⁰

En contraste con esta imagen de decadencia de lo que había sido un gran latifundio en el siglo XVII, Pedro Rodriguez Guerrao, propietario de la hacienda. vecina de el Limonar se mostraba orgulloso de su actividad en 1776. Las solas tierras,

"...por las muchas mejoras que tengo puestas, por los muchos desmontes hechos, excede su valor de mil patacones..." ³¹

La hacienda mantenía entonces 18 esclavos, 200 reses y otros ganados y tenía un trapiche que se abastecía de la sembradura de dos hanegas de caña, lo mismo que platanares para el alimento de los esclavos.

Las tierras de Cabuyal y la Herradura habían pertenecido originalmente a la familia Lasso, descendientes de Gregorio Astigarreta. La hacienda de Cabuyal había pertenecido a la primera mitad del siglo XVIII al Maestro Miguel Vivas. Pasó a su albacea, Doña Mariana Pérez Serrano, quien en 1780 la arrendó por un término de 15 años mediante el pago de un canon equivalente al 3 %del avalúo de la hacienda. En uno de los raros casos en que aparece protocolizado este tipo de operaciones.

Las tierras de la Herradura se dividieron entre Valentin Manzano y Nicolás Pérez Serrano, un comerciante y un minero. En 1763 los dos pedazos fueron adquiridos por Francisco Lourido Romay, yerno del Alférez real y propietario también en Cañaveralejo. Las tierras, que habían sido vendidas en 1748 por 1.250 pts. valían ahora 2.065 aunque sus inversiones no llegaban a los cuatro mil pesos.

Las tierras entre el zanjón de Piles y el río Bolo habían sido también de Lorenzo Lasso de la Espada. En ellas se distinguía un globo de terreno con el nombre de Hato de Mora, debido al apellido de su fundador, Don José de Mora. A mediados del siglo las tierras pertenecían a su mujer. Doña Ana Torrijano y a dos de sus nietos y valían más de dos mil patacones.

La hacienda de los jesuitas que aparece mencionada en los documentos notariales sólo ocasionalmente como colindante con tierras del Abrojal (o Aguaclara), debió desarrollarse en manos de la Compañía, sin estar sujeta al azar de las particiones. Esta hacienda ya quedaba en jurisdicción de Buga, en tanto que la de Nuestra Señora de Loreto se repartía entre las dos jurisdicciones. Loreto confinaba también con la hacienda de El Palmar cuyo oratorio estuvo en el origen de la parroquia de Llanogrande (Palmira) ³²

En marzo de 7123 el Maestro Francisco Cobo de Figueroa, cura doctrinero del pueblo de San Jerónimo, vendió Nuestra Señora de Loreto a Manuel Crespo Lozano y su esposa, Doña Antonia Renjifo Baca, por 7.768 pts. ³³ Crespo se desprendió de esta hacienda en 1726 para ampliar más bien la hacienda contigua del Yegüerizo, la cual pertenecía a su mujer, descendiente de una poderosa familia de terratenientes. El Yeguerizo compartía con la hacienda de Loreto una acequia que salía del río Nima y llegó a valer 10.322 pts. en 1734, cuando la viuda de Crespo la vendió al presbítero Gregorio de Saa ³⁴.

Los derechos de tierras de una y otra hacienda tenían origen diverso. Nuestra Señora de Loreto, por ejemplo, tenía un cuerpo principal avaluado en 1726 por 600 pts., que habían sido de Nicolás Lasso y antes de su padre. Juan Lasso de los Arcos. También incluía tierras que habían sido del capitán Francisco Renjifo y que dieron origen a un pleito entre sus herederos y los de Crespo a mediados del siglo. En cuanto al Yegüerizo, incluía tres derechos de tierras: uno, llamado "El rincón de Cifuentes" que había heredado Doña Antonia Renjifo, otro que su marido compró a Juan de Silva Saavedra y otro comprado a Don Francisco Renjifo.

Como puede verse a través del proceso de desmembración de antiguos latifundios, las transacciones sobre derechos de tierras tendían a recomponer un nuevo tipo de unidad productiva, la hacienda. Las familias terratenientes tradicionales dejaban operar la inercia de sucesivas participaciones sucesorales y acaban por vender sus derechos a nuevos empresarios. Y aunque resulta imposible seguir con precisión, el desarrollo de sucesivas participaciones y arreglos familiares, puede discernirse, sin embargo, restos de primitivos latifundios y la reconstrucción de heredades para formar haciendas. Estas no se derivan directamente del latifundio sino que representan casi siempre un agregado de derechos dispersos entre varios herederos.

4. La formación social agraria en la segunda mitad del siglo XVIII

En el curso de la segunda mitad del siglo XVIII se advierte ya en varios sitios una ruptura del marco tradicional del latifundio y de la hacienda. Hasta entonces el simple juego de alianzas familiares había permitido mantener el monopolio de la tierra entre unas cuantas familias. La tierra podía representar una base efectiva de sustentación y aún de enriquecimiento con la formación de las haciendas, pero en muchos casos la preocupación por acceder a su propiedad revela su función como fuente de prestigio. Muchas tierras permanecían todavía inexplotadas y resulta impensable que con el mero concurso de los esclavos pudieran ser explotadas todas las tierras disponibles. En estas condiciones, el acaparamiento de tierras por parte de familias tradicionales o por sus competidores, comerciantes y mineros enriquecidos, debía crear una clientela que, no existiendo una estructura social y jurídica de enfeudamiento, no estaba ligada a los poseedores por nexos muy claros de subordinación.

Aún cuando no existe evidencia documental de la presencia de arrendatarios, es indudable que estos existieron y que las haciendas se hicieron a una clientela que iba en aumento en el curso del siglo XVIII. No se trataba de trabajadores asalariados sino de "vecinos" sin tierras que buscaban mantener unas cuantas cabezas de ganado o emplear uno o dos esclavos en las tierras de los vecinos terratenientes. Si mediaba un contrato de arrendamiento éste debía ser verbal pues no hay traza de ellos en la documentación notarial. Apenas en los testamentos se menciona con cierta frecuencia "estancias sin tierra propia" que solían consistir en siembras de plátano, de cacao o de maiz.

La existencia de este tipo de clientela, engrosada por libertos Y descendientes de libertos, se revela en el curso de la segunda mitad del siglo, cuando comenzaron a surgir verdaderos centros urbanos alrededor de las capillas y los oratorios de algunas haciendas. Así, hacia la década del 60 el cura de Saa y Renjifo (a quien hemos visto comprar el Yegüerizo en 1734) donó tierras de su hacienda para cerar una concentración urbana. Las tierras se lotearon y se vendieron en beneficio de una obra pía, dando lugar al nacimiento de la parroquia de Llanogrande. Otras haciendas, como Santa Rita del Abrojal. Concepción de Nima, San Miguel de Cabuyal y San Jerónimo se convirtieron a su vez en viceparroquias. ³⁵

El mismo fenómeno se dió en la banda occidental. Andrés Guillermo de Collazos, un minero, compró 400 pts. de tierras en San José de el Salado que acrecentó con otros cinco derechos adquiridos por 470 pts. En 1791 declaraba en su testamento que, con autorización del obispo de Popayán, había edificado una iglesia viceparroquia a sus expensas en sus tierras ³⁶

Un trabajo reciente y todavía inédito de Beatriz Patiño ³⁷, señala con bastante claridad cómo a partir de la comercialización del tabaco en los centros mineros la clientela de las haciendas se multiplicó con los "cosecheros", arrendatarios forzosos de tierras. Los esfuerzos de algunos personajes en la década del 60 por obtener el arrendamiento del estanco indica la importancia y la extensión no sólo del consumo del tabaco sino también de sus siembras. Cuando lo obtuvieron, en 1773, comenzaron a darse conflictos sociales de de una amplitud hasta entonces desconocida.

A partir del establecimiento del estanco por cuenta de la Real Hacienda (en 1778) los sitios de siembra se restringieron a la jurisdicción de Caloto. En 1790 la zona de cultivo se trasladó más al norte, a la jurisdicción de Llanogrande (entre los ríos Fraile y Amaime). Entonces las haciendas de los propietarios de la "otra banda" debieron poblarse de arrendatarios. Su presencia se señala en Buchitolo, Saynera, Chontaduro, el Badeo, el Limonar, Abrojal, Malibú, la Torre, Herradura, Cabuyal, la Burrera, Guabal, Palo Seco. la Honda y Aguaclara.

1)Sobre el concepto de "linaje" y la solidaridad económica del linaje en la Edad Media Cf. MARC BLOCH, "La société féodale ". T. I, 2eme Partie, Cap. 1

.2)CHARLES GIBSON, "Los Aztecas bajo el dominio español 1519-1810. México, 1967, p. 229 ss. 252, 303 y 304

3)Cf. MORNER, art. cit. Mörner cita una definición de hacienda de Eric Wolf y Sidney Mintz, según los cuales una hacienda sería "...una propiedad rural bajo el dominio de un solo propietario, explotada con trabajo dependiente, con un empleo escaso de capital y que produce para un mercado a pequeña escala". En contraste, "...las plantaciones estarían destinadas a un mercado a gran escala, con la presencia de abundante capital".
Los conceptos de hacienda y plantación sólo pueden identificarse así con respecto a su propio contorno histórico, esto es, la relativa amplitud del mercado, las técnicas, la disponibilidad (comparativa con respecto a otros sectores) de capitales o las condiciones sociales del trabajo. Esta relatividad implica por ejemplo, que lo que podría describirse como una hacienda, dentro de un contexto de baja productividad en otro contexto sería apenas un latifundio.

4)MUV r. 8 f. 327. r. f. 340 r. f. 429 v. f. 446 v. r. 16 f. 154 r. r. 14 f. 241 s. r. 32 f. 234 v. r. 31 f. 141 r. r. 28 f. 115 r. r. 44 f. 195 r.

5)En 1736. r. 37 f. 1 r. ss.

6)r. 49 f.59 v.f. 59, v.r. 32f. 272r.

7)r. 7 f. 138 r. r. 80 Nov. 1755 r. 29 f. 320 r.

8)r. 60 f. 14 r. f. 95 v.

9)r. 70 f. 9 v. r. 49 f. 31.v

.10)r. 31.f. 93 v

.11)r. 60 f. 14 r.f.95 v. En el mismo año de 1757 el Sargento Mayor vendió otra estancia contigua, llamada de Isabel Pérez, a Don Francisco Lourido, por mil pts. Lourido se desprendió de esta propiedad en 1758 y 1761. En 1769 la compró el comerciante Manuel Pérez de Montoya, r. 44 f. 278 v.r. 33 f. 164 r.r.76f. 113 v.y 115v

.12)AJ 1o. CCC r. 5

13)ACC. Slgn, 5152

.14)El trabajo que se ha mencionado de ZAMIRA DIAZ es, en gran parte, una reconstrucción cuidadosa de este problema a partir del llamado acuerdo de Ocache en el siglo XVI.

15)r. 27 f. 114 r

16)r. 58 f. 519 v.

17)r. 8 f. 273 v.

18)r. 46 f. 242 r.

19)r. 28 f. 7v.

20)r. 44 f. 110 v.

21)r 30 7 Sept. 1748

22)r. 28 f. 14 v. ss

23)r. 46.f. 330 r. r. 36 f. 35 v.r. 79f. 35 r.

24)r. 3 f. 104 v.

25)r. 28 t. 35 v.

26)r.30, Oct. 1748 r. 5, Sept. 4 de 1750 r.11 f.113 r. y 156 r.

27)AHNB. Tierras Cauca, T.4 f. 660 r. En febrero de 1736 Don José de Escobar recibió la hacienda, a la cual tenían derecho varios herederos, por un acuerdo entre éstos. La hacienda valía entonces 20.666 pts. En Abril de 1755 Escobar vendió una parte al Presbítero Don Juan Ranjel por 7.388 pts. Para liberarse de 7.520 pts. de censos. (r. 80 f. 60 r.). Los jesuitas de Popayán, propietarios de la hacienda contigua de Na. Sra. de la Concepción de Nima, alegaron en 1761 que esta venta los despojaba de sus propios derechos de tierras. Las tierras de la hacienda de los jesuitas habían sido originalmente de Rodrigo Arias, quien las había comprado a los descendientes de Gregorio Astigarreta. También Aguaclara tenía este origen. Sin embargo, en 1729, cuando se deslindaron las tierras de los jesuitas, resultaba imposible saber con precisión qué linderos tenía una y otra hacienda. Según C's instrumentos presentados entonces, la hacienda de la Compañía se comprendía "...entre el acequión de Aguaclara y rio de Amaime, por lo ancho, y por lo largo se deslinda por arriba con el río Nima y por la de abajo con tierras y linderos que fueron de Baltasar de Astigarreta...". En cuanto a Aguaclara, "...pareció en ellos tener la dicha hacienda de Astigarreta una legua en largo, entre los límites de Aguaclara y Amaime por lo ancho, y por su longitud corriendo desde el desagüe o desemboque del zanjón hondo, que de presente llaman de la Porquera, viniendo para arriba a dar con tierras del dicho Rodrigo Arias..." Es decir, que un instrumento remitía al otro y viceversa. Por eso se procedió a medir la legua que tenia cincuenta cuadras antiguas. Y "...Una cuadra de la vara antigua... según la presente compone ciento y diez varas castellanas..." Es decir, la extensión de Aguaclara en 1729 era de casi cinco kilómetros (4.720 mts).

28)r. 30 Julio 4 r.28 f.243 v.r. 56 f. 218 v.

29)r. 17 f. 100 r.

30)r. 22 f, 60r.

31)r. 23 f. 45

32)ARB. II.52.

33)r. 70f. 30v.

34)r. 49 f. 94 v. ó 209 v., f. 87 v. ó 204 v.r. 14 f. 217 v.

35)ARB. III, 37ss.

36)37) El trabajo, una tesis de licenciatura para la Universidad del Valle, trata sobre el estanco del tabaco en el Valle del Cauca durante las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX.