CAPITULO XV

EL TRATADO URRUTIA-THOMSON

Elegido el general Reyes, presidente de la república, una de sus principales preocupaciones fue restablecer cordiales relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. La circunstancia de haber dirigido la Comisión que después de Panamá viajó a Washington, a raíz del 3 de noviembre, lo había confirmado en la certidumbre que para el país la normalización de las relaciones, constituía empresa prioritaria.

No que se hubieran calmado los ánimos en Bogotá y que las gentes se conformaran con la farsa de la república panameña, que era la consecuencia directa del asalto yanqui a nuestro país. Concepto global de la política y clara conciencia de la interacción que vinculaba a Colombia con los Estados Unidos, lo llevaron a promover arreglo directo en condiciones que pusieran a salvo la dignidad y el honor nacionales. Al lado del turbión de odios que saturaba el ambiente, la sensatez de Reyes predominó, no sin ignorar los riesgos que tal actitud conllevaba para el prestigio del gobernante.

En el mensaje al congreso de 1905, el presidente Reyes, dijo: "interpretando fielmente el sentimiento nacional, cree el gobierno que es contrario a los intereses de la república aplazar indefinidamente la solución de estas cuestiones". El anuncio del nombramiento de don Diego Mendoza, figura prestante en el mundo intelectual y político, como ministro de Colombia en Washington, indicó el espíritu nacional en el manejo de la política exterior que quiso imprimirle, y el claro propósito de zanjar las diferencias que distanciaban a las dos naciones.

Clímaco Calderón, como ministro de relaciones exteriores, expidió las siguientes instrucciones al plenipotenciario: "El sentimiento general actual de Colombia tiende hacia el fortalecimiento de relaciones entre las dos entidades. Algunos espíritus quisieran que Colombia se mantuviera en condiciones de hostilidad y rencor respecto de Panamá. Esos espíritus protestarán contra todo lo -que se haga en ese sentido. El gobierno, sin embargo, atento a los grandes intereses del país en lo porvenir, no vacila en seguir una política distinta de la aconsejada por aquellos ciudadanos, celosos patriotas, sin duda, pero que no quieren ver la realidad de los hechos cumplidos. Por tanto, el gobierno de Colombia asume ante los contemporáneos y la posteridad la responsabilidad de la política q u e después de maduro examen, sereno e imparcial, ordena seguir; y confía en que el señor ministro, libre de prejuicios y preocupaciones de un patriotismo mal entendido, tendrá el valor civil de asumir a su turno las responsabilidades de tal política, y no vacilará en vincular su nombre a los actos trascendentales de que se ha hablado."

La solicitud de Mendoza formulada en nota de 21 de octubre de 1905, sugirió a los Estados Unidos abrir negociaciones directas para resolver las diferencias entre las dos naciones, y en su defecto, acudir a arbitramento, mecanismo que el propio general Reyes había propuesto en el Memorial de Agravios presentado al término de su breve misión en Washington.

La negativa tajante, formulada a través del Secretario de Estado, Elihu Root, al procedimiento arbitral, le cercenó a Mendoza posibilidades de negociación. A ello se agregó desavenencia personal con el nuevo ministro de relaciones, general Vásquez Cobo. Mendoza regresó a Colombia sin haber cumplido el objetivo de la misión.

El cambio progresivo que experimentaban las relaciones entre la Casa Blanca y las naciones hispanoamericanas, fue moldeando ambiente de mayor comprensión por el desarrollo de las relaciones Colombo-Panameñas. La oposición en los Estados Unidos a la política de los republicanos, y en particular, contra Teodoro Roosevelt, contribuyeron a favorecer el clima de entendimiento.

La visita a Cartagena del secretario Root, fue ocasión para el franco rechazo popular a cualquier arreglo, ya que mientras los funcionarios del gobierno agasajaban al huésped, en las calles de la ciudad, se seguía reclamando la acción militar, y las soluciones drásticas.

A favor de Elihu Root, jugaban las palabras pronunciadas por él en la tercera conferencia panamericana de Río de Janeiro, en el sentido de que la Casa Blanca abandonaba todo intento de política imperialista y reconocía la soberanía e independencia del resto de las naciones hemisféricas. Fue ésta otra, dentro de numerosas oportunidades, en que con elegancia retórica los Estados Unidos escondían los verdaderos propósitos de imposición y predominio. En aquella, como en las subsiguientes ocasiones, América Latina tuvo que aceptar el sentido literal de las palabras, sin indagar los propósitos torticeros que más tarde saldrían a la superficie.

Vásquez Cobo entendió la expresión "sincero deseo de que todas las cuestiones pendientes entre la república de Colombia y los Estados Unidos puedan arreglarse pacíficamente, conforme a un espíritu de amistad, de mutua estima y de acuerdo con el honor de los dos países" 1, fue posible reiniciar el diálogo con la Casa Blanca. A Enrique Cortés se le designó por el gobierno para viajar a Washington con tal objeto.

Como resultado de las conversaciones adelantadas por nuestro plenipotenciario, se suscribieron el 9 de enero de 1909, tres instrumentos: el Tratado entre Colombia y los Estados Unidos, el de Colombia y Panamá y un tercero, entre los Estados Unidos y Panamá. Se pretendía, que gracias a soluciones de conjunto, no sólo se normalizaran las relaciones entre Colombia y Washington, sino que se reconociera la independencia de Panamá por Colombia como hecho cumplido.

El tratado Cortés-Root, restablecía "mutua e inviolable paz y sincera amistad entre los gobiernos y pueblos de las partes contratantes, sin excepción de personas y lugares, bajo sus respectivos dominios". A pesar que en ningún momento se rompieron las relaciones entre los dos países, lo cierto es que difícilmente los colombianos olvidaban la afrenta de que habían sido objeto, por parte de los Estados Unidos.

En la misma fecha, Enrique Cortés y el agente diplomático de Panamá en Washington, señor Carlos Constantino Arosemena, suscribieron el tratado por medio del cual se reconoció al Istmo como nación soberana. En lo referente a los límites entre las dos naciones, debe anotarse, que estos eran imprecisos en la región de Jurado, lo cual debería resolverse por Tribunal de Arbitramento, cuyo tercer miembro sería nombrado por el presidente de Cuba. El artículo concerniente a otorgar los Estados Unidos el derecho al uso de todos los puertos de la república, que estuviesen abiertos al comercio como lugares de refugio, suscitó airada protesta en vastos sectores de la opinión nacional.

Antonio José Uribe, resume las principales cláusulas de los dos convenios: "Colombia convenía en reconocer que la República de Panamá no tenía obligación ni responsabilidad alguna para con los tenedores de las deudas exterior e interior colombianas, ni para con la República de Colombia, la cual asumía la responsabilidad de pagarlas y extinguirlas por sí sola; que Colombia renunciaría en favor de los Estados Unidos de América, a todo derecho o interés proveniente de contratos o concesiones que hubiese hecho para la explotación o para la construcción del canal o del ferrocarril de Panamá. En cambio de todo esto, la República de Panamá traspasaría a la de Colombia, los diez primeros pagos anuales de $250.000 cada uno, que la República de Panamá debe recibir de los Estados Unidos, en virtud del Tratado de 1903, celebrado por dichas entidades, y que asimismo Colombia tendría el derecho de pasar, en condiciones favorables especiales, por el canal interoceánico y por el ferrocarril entre Ancón y Cristóbal sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, los funcionarios públicos, los productos del suelo y la industria y las valijas de correo".2

El doctor Nicolás Esguerra, quien encabezaba el movimiento patriótico de la Unión Republicana, impugnó con argumentos jurídico-políticos irrebatibles, el que se pretendiera aprobar tratados de tal envergadura por la Asamblea Nacional. Su voz fue clara para reclamar que fuese el congreso, constitucionalmente elegido, el que se ocupara de tan importantes materias. Tal actitud sirvió para movilizar las fuerzas políticas, no sólo en contra de la aprobación de los tratados, sino para exigir cambio sustancial en el gobierno. Los acontecimientos del 13 de marzo, donde jugaron papel tan decisivo los estudiantes, unidos a fuerzas sociales y políticas, trajeron como consecuencia el retiro del propio general Reyes de la presidencia de la república, y la llegada al poder del primer designado, don Jorge Holguín.

El carácter dictatorial de Reyes, la desobediencia a preceptos fundamentales de la constitución y de las leyes, el manejo desordenado de la emisión, y particularmente, el rechazo connatural de nuestro pueblo a las dictaduras, constituyeron las causas detonantes de la salida del presidente, quien en forma discreta se marchó a Santa Marta y de allí se embarcó para Europa.

Para la historia, Reyes fue inspirador de la reconciliación nacional, y de un nuevo estilo de gobierno acompasado con las necesidades y urgencias del siglo que comenzaba. Los errores, que los fueron muchos, no llegan a opacar sus méritos como artífice de la concordia, tan profundamente quebrantada a partir de 1886.

En lo que respecta a los Estados Unidos y Panamá, debemos convenir que los tratados suscritos y llevados a consideración de la Asamblea Nacional, fueron rechazados por la opinión pública, que todavía consideraba abiertas las heridas que se le habían infringido a la república. Fue prematuro pensar en la reconciliación con el usurpador responsable de violación tan flagrante de nuestros derechos. Es posible que la oposición a Reyes hubiese utilizado los tratados como arma política para precipitar la caída del primer mandatario. Ni Reyes escogió el momento mas oportuno, ni la Asamblea Nacional llegó a formarse juicio definitivo sobre las ventajas que los tratados le traían a la república, porque el 13 de marzo, era el jaque mate a la dictadura.

Don Jorge Holguín, retiró de la consideración de la Asamblea Nacional, lo referente a los tratados, con las siguientes palabras: "el gobierno sometió a vuestra consideración los tratados celebrados por nuestra legación en Washington con los Estados Unidos y con Panamá y que han sido resultado de una larga negociación, emprendida y adelantada con el noble proposito de poner fin a las más delicadas cuestiones internacionales, en la forma más favorable para los intereses patrios, considerados a la luz de un criterio sereno y desapasionado que aprecia el presente sin desinteresarse del porvenir.

"El excelentísimo señor general Rafael Reyes, presidente constitucional de la república, que tantas veces ha admirado el país por su patriotismo, por su consagración al servicio de los intereses públicos y por su respeto a la opinión, ante la cual se han inclinado siempre gustosos todos los presidentes de Colombia, considera que habiéndose hecho público el deseo de una parte de la nación de que se conceda a esta mayor plazo para el amplio estudio de los tratados, debe acatarse tal aspiración, aun prescindiendo de altas consideraciones de conveniencia internacional, y cree que debe posponerse la resolución de este grave asunto por el tiempo que vuestra prudencia aconseje, para que la sanción del Cuerpo Soberano dé el prestigio de la ley a esos pactos cuando la nación los haya estudiado suficientemente y obtengan, como es de esperarse, la unánime aprobación pública"

Archivados los tratados Cortés-Root y CortesArosemena, el . restablecimiento de las relaciones amistosas con Estados Unidos y Panamá, no llegaron a alcances positivos, sino hasta el año de 1913, cuando el plenipotenciario Du Bois, acreditado en Bogotá por el gobierno de Washington, y ya para terminar la administración del presidente Taft, entregó un memorando que contenía las bases del posible arreglo.

Antes de ello, se había suscitado en Washington el incidente, con visos teatrales, entre nuestro ministro plenipotenciario, general Pedro Nel Ospina y el Secretario de Estado señor Knox. Este último prospectaba, dentro del itinerario de viaje por suramérica, llegar a Cartagena, lo cual Ospina, motu propio, consideró desaconsejable, dados los antecedentes acaecidos por la separación de Panamá. Aunque el gobierno de Bogotá rectificó a su agente diplomático, lo cierto es que Ospina renunció al cargo, lo cual le acarreó gran prestigio como patriota, abriéndole el camino a la futura candidatura presidencial.

No debe perderse de vista que durante la permanencia al frente de nuestra misión diplomática, el general Ospina, había insistido, una vez más, en la conveniencia de someter a arbitraje los asuntos pendientes entre los dos países. E igual a lo ocurrido con don Diego Mendoza, la Secretaría de Estado, en forma descortés, se había abstenido de contestar la nota, contraviniendo elementales normas de protocolo.

Raimundo Rivas, describe de la siguiente manera el memorando Du Bois: "en ese importante documento el representante de los Estados Unidos, separándose por primera vez de la tesis de la absoluta corrección por parte de su gobierno, declaró que éste y el pueblo norteamericano lamentaban sinceramente los acontecimientos que, en cualquier forma, hubiesen alterado la larga y sincera amistad existente, durante casi un siglo, entre su país y Colombia, y que los Estados Unidos deseaban ardientemente la desaparición del sentimiento adverso producido en Colombia por la separación de Panamá. Agregó que, aún cuando Colombia había insistido ahincadamente en el sometimiento a un arbitramento de la acción de los Estados Unidos, éstos, siguiendo la tradición de las naciones más antiguas del globo, habían rehusado someter sus actos políticos a la consideración de ningún Tribunal de Arbitraje.

"Precisada la necesidad de un arreglo directo, presentó como base las cinco siguientes: 1. Aceptación por Colombia de los tratados Cortes-Root y Cortés -Arosemena; 2. Pago de diez millones de dólares a Colombia por la opción para construir el canal por el Atrato y por el privilegio para establecer carboneras en las islas de San Andrés y Providencia; 3. Intervención favorable de los Estados Unidos en el arreglo de todos los litigios pendientes entre Colombia y Panamá; 4. Sometimiento a arbitraje del reclamo referente a los derechos reversibles de Colombia sobre el ferrocarril de Panamá, y 5. Concesión a la misma de derechos preferenciales extraordinarios en el canal de Panamá".3

El propio presidente de la república, Carlos E. Restrepo y los ministros de relaciones exteriores, Pedro María Carreño y Francisco José Urrutia, fueron tajantes en el rechazo a la propuesta norteamericana, por no corresponder a la equidad y estar dirigida a arrebatarnos otra parte del territorio. El mismo Restrepo, respondió verbalmente al plenipotenciario norteamericano, que "el memorandum contenía cláusula que encubría el propósito de privar a Colombia de las posibilidades del canal del Atrato, únicas que nos quedaban para la comunicación entre los dos mares".

La llegada de Woodrow Wilson, a la presidencia de los Estados Unidos, y el triunfo del partido demócrata sobre el republicano, abrió amplias posibilidades al avenimiento, ya que Teodoro Roosevelt había luchado por todos los medios a su alcance para evitar cualquier reparación a Colombia, que se pudiese interpretar como tacha a su gobierno, o censura por el zarpazo.

A lo anterior, se debe agregar, que la proximidad de la inauguración del canal de Panamá, obligaba a la Casa Blanca a presentar imagen amable frente a los países americanos, para lo cual el arreglo con Colombia se convertía en indispensable. El idealismo del presidente Wilson, que algunos le achacan como falla del carácter, merece no solo la admiración de su pueblo, sino que tiene el mérito de haber colocado a los Estados Unidos en la esfera mundial y regional, con responsabilidades solidarias. El romper el aislacionismo, que en tantas ocasiones ha caracterizado la política norteamericana, marcó rasgo indeleble de su tarea como mandatario.

En el campo latinoamericano, también luchó por desdibujar la presencia imperial, contribuyendo a la organización jurídica hemisférica, propósito en el cual no siempre lo han acompañado sus sucesores. Para Colombia, sin duda, implicó cambio favorable que permitió el arreglo de los asuntos pendientes y la firma del tratado Urrutia-Thomson, el 6 de abril de 1914.

La designación como ministro en Bogotá del señor Thadeus Thomson, amigo personal del presidente Wilson, y militante en el partido demócrata, abrieron clima de negociaciones favorables al diálogo. El nuevo diplomático norteamericano, manifestó a la Cancillería la voluntad del nuevo gobierno de poner término a las diferencias entre los dos países y dar "una reparación moral y material por las pérdidas sufridas por Colombia en el asunto panameño".

La designación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para negociar junto con el ministro, fue la mejor respuesta del gobierno de Bogotá, para alcanzar solución favorable al diferendo. Marco Fidel Suárez, Nicolás Esguerra, José María González Valencia, Rafael Uribe Uribe y Antonio José Uribe, representaban las diversas tendencias partidistas, y por encima de cualquier consideración sectaria, encarnaban las mejores tradiciones de la rectitud y el patriotismo.

El canciller Urrutia, en la memoria de 1914, expresa que fue enfático con el plenipotenciario norteamericano, en el sentido que se aceptaban las negociaciones directas, pero que en el evento de no llegar a un término, Colombia insistiría en la vía del arbitraje. Además, que no habría lugar a ninguna clase de concesiones territoriales, tanto en el dominio continental, como insular de la república.4

El artículo primero del Tratado se refiere al sincero pesar expresado por el gobierno de los Estados Unidos por lo ocurrido en Panamá. Tal punto encabezaba lo solicitado por Colombia en el memorando de 3 de febrero de 1913, y respondía a la aspiración nacional de que Washington reconociera la responsabilidad de los hechos ocurridos en el Istmo.

El artículo segundo enumera los derechos de Colombia respecto al canal interoceánico y al ferrocarril de Panamá:

"lo. La República de Colombia podrá transportar en todo tiempo por el Canal interoceanico sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, aún en caso de guerra entre Colombia y otro país, sin pagar ningún derecho a los Estados Unidos.

"2o. Los productos del suelo y de la industria colombiana que pasen por el canal, así como los correos colombianos, estarán exentos de todo gravamen o derechos distintos de aquellos a que pueden estar sometidos los productos y correos de los Estados Unidos. Los productos del suelo y de la industria colombiana, tales como ganado, sal y víveres serán admitidos en la zona del canal, así como en las islas y tierra firme ocupadas o que se ocupan por los Estados Unidos como auxiliares y accesorias de la empresa, sin pagar derechos o impuestos que los que deben pagarse por productos similares de los Estados Unidos.

"3o. Los ciudadanos colombianos que atraviesen la zona del canal quedarán exentos de todo peaje, impuesto o derecho a que no estén sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos, con la condición de que presenten la prueba competente de su nacionalidad.

"4o. Durante la construcción del canal interoceánico y después, siempre que esté interrumpido el tráfico por el canal o que por cualquier otra causa sea necesario hacer uso del ferrocarril, las tropas, materiales de guerra, productos o correos de la República de Colombia, arriba mencionados, serán transportados, aún en el caso de guerra entre Colombia y otro país, por el ferrocarril entre Ancón y Cristóbal o por cualquier otro ferrocarril que lo sustituya, pagando solamente los mismos impuestos y derechos a que están sujetos las tropas, materiales de guerra, productos y correos de los Estados Unidos. Los oficiales, agentes y empleados del Gobierno de Colombia, mediante la comprobación de su carácter oficial o de su empleo, tendrán también derecho a ser transportados por dicho ferrocarril en las mismas condiciones de los Oficiales, agentes y empleados del Gobierno de los Estados Unidos. Las disposiciones de este parágrafo no serán aplicables, sin embargo, en caso de guerra entre Colombia y Panamá.

"5o. El carbón, el petróleo y la sal marina que se produzcan en Colombia y pasen de la Costa Atlántica de Colombia a cualquier puerto colombiano en la Costa del Pacífico, y viceversa, se transportarán en el dicho ferrocarril, libres de todo gravamen, excepto el coste efectivo de transporte y de carga y descarga de los trenes, coste que en ningún caso podrá ser superior a la mitad del flete ordinario que se cobre por productos similares de los Estados Unidos que pasen por el ferrocarril en tránsito de un puerto a otro de los Estados Unidos"

En virtud de la disposición anterior, Colombia garantizó la gratuidad del paso por el canal, de sus buques, tropas y materiales de guerra, lo cual tiene significativa importancia en el evento de una guerra internacional, a fin que no queden aisladas las dos costas del territorio, y no puedan alegarse argumentos que estorben la seguridad nacional. Tales prerrogativas eran exclusivas de Colombia y Panamá.

En lo concerniente a otras concesiones diferentes a las enunciadas en el párrafo anterior, es decir, el paso por el canal o por el ferrocarril, quedaba en condiciones iguales a los Estados Unidos con la excepción del carbón, petróleo y sal marina transportada por el ferrocarril, para los cuales se pagaría solo la mitad del flete que se cobrase a los Estados Unidos.

Respecto de la reparación material que Colombia venía reclamando por los perjuicios causados, se fijó la suma de 25 millones de dólares, cuando los Estados Unidos solo ofrecían 20 al iniciarse las negociaciones. Tal disposición, era visiblemente mas justa, no solo por el monto de la misma, sino que con referencia al tratado Cortés-Root, debería efectuarse el desembolso por los Estados Unidos y no a cargo de las finanzas panameñas, como se pactaba en el tratado suscrito durante la administración Reyes.

El reconocimiento de la independencia de Panamá, fue otro de los puntos más controvertidos, de lo cual se dio muestra elocuente en los incidentes ocurridos con motivo de la presentación a la Asamblea Nacional, de los tratados Cortés-Root y Cortes -Arosemena. Finalmente, los límites entre Colombia y Panamá se definieron de la siguiente manera:

"Artículo IV. La República de Colombia reconoce a Panamá como nación independiente, y conviene en que los límites entre los dos Estados sean tomando por base la Ley colombiana de 9 de junio de 1855, los siguientes: del cabo Tiburón a las cabeceras del río de la Miel, y siguiendo la cordillera por el cerro de Gandi a la sierra de Chugargún y de Mali, a bajar por los cerros de Nigue a los Altos de Aspave, y de allí a un punto sobre el Pacífico, equidistante de Cocalito y la Ardita.

"En consideración de este reconocimiento, el Gobierno de los Estados Unidos, tan pronto como sean canjeadas las ratificaciones de este Tratado, dará los pasos necesarios para obtener del Gobierno de Panamá el envío de un Agente, debidamente acreditado, que negocie y concluya con el Gobierno de Colombia un Tratado de paz y amistad que tenga por objeto, tanto el establecimiento de relaciones diplomáticas regulares entre Colombia y Panamá, como el arreglo de todo lo relativo a obligaciones pecuniarias entre los dos países, de acuerdo con precedentes y principios jurídicos reconocidos".

Los buenos oficios del gobierno norteamericano, para favorecer la normalización de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Panamá, fue otra de las disposiciones contempladas en el tratado Urrutia-Thomson.

El proceso de las ratificaciones, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, sufrió arremetida, tanto de parte de fuerzas políticas, como de intereses económicos, que pretendieron oponerse a su perfeccionamiento.

El presidente Carlos E. Restrepo, en el mensaje al Congreso durante las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 1º de mayo de 1914, solicitó la aprobación del Tratado Urrutia-Thomson, con las siguientes palabras: "no puede, ni podrá jamás un pacto de la naturaleza del que se os somete, satisfacer los anhelos del patriotismo: su celebración ha implicado para cuantos en ella hemos intervenido, en una u otra forma, el cumplimiento de un alto pero penoso deber. Sin embargo, teniendo en cuenta que sobre todo la dignidad de la república queda incólume, he estimado la conclusión del tratado aludido, no solo oportuna y conveniente, sino necesaria para los intereses y el porvenir de Colombia".5

Sin embargo, en nuestro Congreso, el trámite fue más expedito, y las voces que protestaban, tanto por el reconocimiento de la república panameña, como por la escasa suma reconocida de indemnización a Colombia, fueron dominadas por el buen manejo que le dio el gobierno a los debates parlamentarios. El ministro Francisco José Urrutia, Nicolás Esguerra, Antonio José Uribe, González Valencia y el general Uribe Uribe, supieron defender con patriotismo las cláusulas del tratado, que satisfacía, aunque de manera incompleta, las aspiraciones colombianas. Se pensó más en el país y en su desarrollo, que en el acre sabor del resentimiento, por los hechos acontecidos.

Inclusive, la Corte Suprema de Justicia, guardiana de la integridad constitucional, debió pronunciarse con ocasión de la demanda que el general Carlos José Espinosa presentó contra el Tratado, para reafirmar la tesis que al gobierno correspondía el manejo de las relaciones exteriores y que al congreso, exclusivamente, la aprobación o improbación de los tratados que le sometiera el ejecutivo.

La doctrina que las leyes aprobatorias de tratados públicos, no son susceptibles de control constitucional, porque ello afectaría derechos de terceros, fue argumento que sirvió para descartar el debate sobre la constitucionalidad del tratado, en el cual participó también don Marco Fidel Suárez, quien como miembro de la Comisión Negociadora, buscó rebatir las objeciones referentes a que era necesario modificar la Carta fundamental, antes que aprobar el tratado con los Estados Unidos.

Debe observarse, que otra de las objeciones formuladas, durante los debates del congreso, era el argumento que en el tratado HayPauncefote de 1901, celebrado entre los Estados Unidos e Inglaterra, se había pactado el paso libre por el canal de Panamá para todas las naciones, lo cual se contradecía con la exención de derechos concedida a Colombia. A tal observación, el ministro Urrutia explicó al Senado, que desde el año de 1909, los Estados Unidos habían obtenido de Inglaterra el consentimiento necesario para que Colombia gozara de tales derechos.

En cambio, en el Senado de los Estados Unidos, surgieron grupos de oposición, inspirados en primer lugar, por los senadores republicanos, que luchaban contra cualquier reconocimiento que reparara el ofendido honor de Colombia. Teodoro Roosevelt, inspirador del movimiento de oposición, había dicho: "el propuesto tratado es un crimen contra los Estados Unidos. Es un ataque al honor de los Estados Unidos que, si se justificase, llenaría a los Estados Unidos de infamia". En lo que respecta a su amor propio, lo que el perseguía, era el olvido de los agravios a nuestro país como condonación histórica, y la defensa de la propia gloria, como constructor del canal.

La derrota electoral para el segundo período, fue, en cierta manera, expresión de repudio del pueblo americano a su conducta infamante, privándolo de la satisfacción de ser él el jefe de estado que inaugurara el Canal de Panamá.

Por otra parte, surgió la dificultad, que influyentes sectores financieros de los Estados Unidos, alegaron que el decreto dictado por el gobierno nacional, el 20 de julio de 1919, sobre la propiedad privada del petróleo, constituía atentado contra los intereses de los Estados Unidos en Colombia. La proposición del senador Lodge, orientada a retardar la ratificación del tratado, mientras no se modificara, en el sentido de otorgar garantía especial a las inversiones privadas de ciudadanos norteamericanos, dio origen a amplio debate, durante el cual, mientras algunos se referían al artículo XIII del tratado de 1846, como la garantía exigida, otros afianzaban los argumentos en la propia Constitución, que garantiza los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas. La Corte Suprema de Justicia, se pronunció, declarando inconstitucional el decreto, supuestamente llamado "nacionalización del petróleo", lo cual facilitó la expedición de la ley 120, reglamentaria de la denuncia y adjudicación de hidrocarburos, con garantías suficientes para la inversión extranjera. No cabe duda que la política petrolera de México, había influido en el ánimo de los senadores norteamericanos, quienes pretendían, por aquel entonces, que el propio estado fuese el garante de los intereses extranjeros en nuestro país.

La parte final del informe de la subcomisión del Comité de Relaciones exteriores del senado norteamericano, contiene el siguiente concepto: "Como demostración plena de la altísima estimación que Colombia ha demostrado siempre por sus propias leyes y sus obligaciones adquiridas en tratados públicos, podemos informar que la Corte Suprema de Justicia de aquel país entró a conocer de una acusación de inconstitucionalidad intentada contra el Decreto y la legislación propuesta sobre petróleos. Oída la opinión del Procurador General de la Nación, la Corte sentenció en 19 de noviembre, decidiendo que el Decreto y la legislación propuesta en su desarrollo y en conformidad con el espíritu de aquel, eran inconstitucionales, en cuanto a sus principales disposiciones, nulos y sin ningún valor en lo que se refería a la propiedad del petróleo que se hallase en terrenos de propiedad particular. Inmediatamente después el Congreso Colombiano sancionó leyes sobre petróleo que amparan ampliamente los intereses de los propietarios de bienes no públicos, leyes que son muy liberales, por cuanto invitan al capital de los Estados Unidos y de otras partes a ir desarrollando la industria del petróleo en las tierras nacionales de Colombia.

"En vista de los hechos que acabamos de mencionar, la Comisión desea expresar una vez más, su sincera estimación de la buena fe de Colombia y de su Gobierno y de la confianza plena que tiene la Comisión en que dichos pueblos y Gobierno están firmemente resueltos a respetar siempre los derechos ajenos dentro de su territorio y a cumplir lealmente y sin limitaciones, las obligaciones contraídas en tratados públicos con este país. En consecuencia, recomendamos que se devuelva el Tratado tal como vino a esta Subcomisión, a fin de que pase al Senado para su solución definitiva, advirtiendo que, a nuestro juicio, no hay necesidad por ahora de otras medidas, por vía de enmienda o protocolo, para proteger los derechos de los Estados Unidos a los productos del subsuelo de sus nacionales en sus propiedades en Colombia, por haber dictado ya la Corte Suprema y el Congreso de la República providencias que los protegen ampliamente".6

Con la precaria mayoría de cinco votos, el 20 de abril de 1921, el Senado aprobó el tratado con Colombia, con pliego de modificaciones que deberían ser aceptadas por nuestro Parlamento. Tales enmiendas eran las siguientes:

lo. Supresión del artículo primero que incluía la manifestación de pesar de los Estados Unidos por los sucesos de Panamá.

2o. Estipulación nueva referente al saneamiento por Colombia del título de los Estados Unidos sobre el ferrocarril.

3o. La rebaja de fletes en el ferrocarril, solamente se concederán cuando el tránsito por el canal estuviere interrumpido y siempre que los productos que por allí pasaran, fueran para el consumo colombiano.

4o. Los 25 millones de dólares se pagarían en cinco contados anuales.

El gobierno de Bogotá aceptó las modificaciones y el Congreso, mediante la ley 56 de 22 de diciembre de 1921, dio vía libre al canje de instrumentos de ratificación, en los cuales, se transcribió el tratado, las modificaciones del Senado de los Estados Unidos y la declaración del Secretario de Estado de 3 de octubre de 1921, en lo tocante al paso libre de impuestos por el canal, en caso de guerra.

Germán Cavelier, resume de la siguiente manera, lo que alcanzó Colombia en definitiva, en virtud del tratado con los Estados Unidos:

a) El derecho de transportar por el Canal sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, sin pagar derechos, en tiempo de paz, y pagándolos en tiempo de guerra, derecho que subsiste íntegro aún cuando el canal deje de ser libre para todas las naciones en paz o en guerra;

b) Igualdad de derechos con los Estados Unidos para el paso de sus productos y correos por el canal y para su introducción en la zona del canal o a las tierras que los Estados Unidos ocupen como accesorias al canal;

c) La misma igualdad para los colombianos que atraviesen la zona del canal;

d) Uso del ferrocarril para tropas, material de guerra, agentes, empleados, productos y correos, cuando esté interrumpido el canal, en tiempo de paz, en igualdad de derechos con los Estados Unidos.

e) Uso del ferrocarril para el transporte de carbón, petróleo y sal marina producidos en Colombia, que pasen del Atlántico al Pacífico para el consumo colombiano, pagando sólo el costo del transporte, que no podrá ser superior a la mitad del flete ordinario para productos similares de los Estados Unidos en tránsito de un puerto a otro de éste país;

f) Veinticinco millones de dólares; y

g) Un límite con Panamá convenido con los Estados Unidos".7

Del conjunto de modificaciones al texto original, la que dió lugar a mayores incertidumbres, fue la negativa del artículo primero, en el cual se expresaba la declaración solemne, hecha a nombre del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos, por medio de la cual se deploraban sinceramente los acontecimientos cumplidos en Panamá, en noviembre de 1903.

Antonio José Uribe, analizando los antecedentes del tratado, así como las declaraciones oficiales de parte de funcionarios norteamericanos, de distintas administraciones, y de manera particular, del presidente Wilson, exalta el texto original del tratado Urrutia-Thomson con valor de hecho cumplido e irrevocable. Para Uribe, no eran necesarias las palabras 'deplorar sinceramente' porque los efectos morales y para la historia, "aquella cláusula, subsiste, en toda su fuerza, proclamando elocuentemente ante Dios y ante los hombres, ante las generaciones actuales y futuras, ante el mundo entero, la injusticia con que un gobierno, de la gran democracia americana, arrebató a Colombia la mejor porción de su territorio".8

El historiador norteamericano Gerstle Mack, uno de los más consagrados analistas de la realidad panameña, con las siguientes palabras, resume el sentimiento del pueblo de los Estados Unidos hacia Colombia, e interpreta el anhelo de quienes hicieron posible la solución definitiva del diferendo.

"El pueblo de los Estados Unidos tiene mucha razón para alegrarse con el Canal de Panamá, tal como existe hoy, pero tiene poca razón para enorgullecerse de los métodos que usó para adquirirlo hace cuarenta años.

Desde la iniciación de las negociaciones, Theodore Roosevelt adoptó una política arrogante hacia Bogotá que de ningún modo justificaba la situación.

Habiéndose persuadido así mismo de que los colombianos eran bandidos y chantajistas, procedió a tratarlos como tales. En realidad, parece evidente ahora que los obstáculos para llegar a un acuerdo no eran insuperables.

No cabía la menor duda de que las autoridades colombianas eran ineptas y exasperantes, pero prácticamente toda medida tomada por Washington estaba calculada para empeorar sus sospechas en vez de aliviarlas.

Con paciencia, tacto, buena voluntad en transigir en cosas sin importancia, un sincero intento de entender los sentimientos y concepciones colombianas, un acatamiento estricto de la etiqueta hispanoamericana y un mejor arreglo financiero, le hubieran asegurado a los Estados Unidos cualquier concesión que hubieran deseado, sin violencia alguna, rencor posterior y deshonor nacional".9

 

1
ANTONIO JOSÉ URIBE. Op. cit. Pág. 156.
2
Idem. Pág. 187.
3
RAIMUNDO RIVAS. Op. cit. Pág. 617.
4
ANTONIO JOSÉ URIBE. Memoria de 1914 de Francisco José Urrutia, ministro de relaciones exteriores. Anales diplomáticos y consulares. Terno 5. Pág. 322.
5
Memoria de relaciones exteriores de 1914. Vol. 2 Pág. 3 y ss.
6
ANTONIO JOSÉ URIBE. Colombia, Estados Unidos y Panamá 1901-1976. Medellín, 1976. Págs. 197 y 198.
7
GERMAN CAVELIER. Op. cit. Tomo III. 1903-1959. Bogotá, 1959. Págs.102 y 103.
8
ANTONIO JOSÉ URIBE. Op. cit. Pág. 199.
9
GERSTLE MACK. La tierra dividida. Historia del canal de Panamá y otros proyectas del canal ístmico. Editorial Universitaria, Panamá 1978. La primera edición apareció en inglés: The Land Divided. A history of The Panama Canal and other Isthmian projects. Publsher: Alfred A. Knopf. New York, 1944 Pág. 449.
 
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