Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo


 

Alvaro Tirado Mejía


 

Los partidos liberal y conservador en Colombia se nutren con el mito de su origen: derivan éste de los héroes como si la conciencia de mediocridad, de vacilación y de falta de perspectivas de los conductores presentes, tuviera que ser legitimada originariamente por Bolívar y Santander. El mito sirve así para justificar una práctica que se valida  a posteriori, en forma deductiva, con postulados, reales, o supuestos, emanados de los fundadores de la "nacionalidad", de la patria y por lo tanto válidos porque proceden de éstos y se confunden con aquélla.

Con todo, es preciso separar, tanto en los partidos políticos como en los hombres, la práctica real de la representación que de ésta ellos se hacen. Una de esas representaciones es la de la unidad rectilínea, de un hilo teórico conductor que une los orígenes con el momento presente dentro de la base doctrinaria. En la práctica, en Colombia esto no ha sido así, pues con el mismo nombre y con la misma búsqueda de legitimación ideológica, el partido liberal y el partido conservador han modificado su doctrina de acuerdo con las circunstancias coyunturales, nacionales o internacionales, según las tácticas de gobierno u oposición, o al impulso fugaz del movimiento electoral. En el liberalismo, por ejemplo, poco tienen que ver las ideas programáticas presentadas por Ezequiel Rojas en 1848 con las agitadas, en el tercer decenio de este siglo, por Alejandro López, o diez años después por Jorge Eliécer Gaitán. De la misma manera, bien poca es la cercanía entre el pensamiento conservador de Mariano Ospina Rodríguez en 1849 y la prédica fascista del grupo de los Leopardos hacia 1936, o de los principios corporativos que Laureano Gómez quería implantar en el proyecto de Constitución Nacional, en el año de 1953.


 

Las influencias internacionales


 

La formulación doctrinaria y la práctica de los partidos en Colombia, siempre han estado marcadas por el contexto internacional. El hundimiento del imperio español fue continental, y cuando a mediados del siglo XIX se forman los partidos liberal y conservador en Colombia, ambos que en su esencia eran liberales, fueron marcados por los mismos hechos políticos y por los mismos vientos doctrinarios internacionales: la Revolución de 1848 en Francia y las de Italia, Alemania y Hungría; la caída de la monarquía en Francia y la Constitución de la República: la soberanía temporal del Papa y los problemas religiosos de Italia; la caída de Páez en Venezuela, la de Flórez en Ecuador y la de Rosas en Argentina, fueron hechos políticos determinantes en la conformación y debate entre conservadores y liberales, así como en lo doctrinario todos los ideólogos leían y le daban su propia interpretación a Lamartine o se disputaban por los textos de Benthan, Sismondi, Fourier, Saint-Simon o Proudhon. En la Argentina, Sarmiento oponía la "civilización" a la "barbarie", lo europeo a lo americano, que se simbolizaban en el frac y en el poncho. En la Nueva Granada por la misma época, el nombre de los contendientes -burgueses comerciantes, y artesanos- se representaba también por el atuendo "cachacos" y "guaches", los de traje europeo y los de ruana. La secularización del Estado, el conflicto religioso que marca sobre todo a los países católicos en el siglo XIX, fue vivido en América en forma similar: los comerciantes querían secularizar el Estado y abrir sus países al libre cambio y a la inmigración. Sarmiento decía en Argentina: "La cuestión de libertad de cultos es en América una cuestión política y de economía. Quien dice libertad de culto, dice inmigración europea y población"3. En Colombia los radicales también decretaron la libertad de cultos, la separación, entre la Iglesia y el Estado, al mismo tiempo que imponían la libertad de comercio, y en consecuencia de importación, con tanto celo, que hasta la cuarentena sanitaria en los barcos fue suprimida "por considerarla incompatible con los principios de la libertad". La desamortización de bienes eclesiásticos realizada en Méjico por Lerdo de Tejada y Juárez fue precursora de menos de dos lustros de la verificada por Mosquera, y el largo reinado dictatorial de Porfirio Díaz sirvió como modelo a la efímera dictadura de Rafael Reyes.

Durante el siglo XX, en Colombia, la revolución mejicana, la soviética, el manifiesto de los estudiantes de Córdoba y el Aprismo peruano, nutrieron con su inspiración los primeros escarceos de intelectuales socialistas que bien pronto fueron asimilados por el partido liberal. Ya éste en el poder, a partir de 1930, realiza la reforma constitucional de 1936 al influjo de la Constitución Española de 1931, bajo la guía doctrinal de León Duguit y al amparo de los frentes populares, que en España y Francia, se formaron para luchar contra el fascismo y acá contra su caricatura. Maurras, el monarquista francés, sirvió de guía a grupos intelectuales conservadores que como su maestro decretaron la "acción intrépida" y el atentado personal; la lucha de Mussolini, Hitler, y Franco fue seguida con beneplácito y esperanza por un amplio sector de la dirigencia conservadora. Cuando el Peronismo sucumbía en Argentina, Rojas Pinilla trató de copiarlo en algunos de sus aspectos, y el invento típicamente colombiano, el Frente Nacional, como tanto otros inventos nativos, ya estaba funcionando en Austria en momentos en que el Castrismo proyectaba sus luces sobre todo el continente.


 

El bipartidismo


 

En el siglo XIX en Colombia, como en los otros países latinoamericanos se dio el bipartidismo liberal-conservador pero a diferencia de casi todos ellos, en Colombia esta situación se prolongó en el siglo XX y es un hecho actual innegable. Y no es que no se hubieran hecho variados intentos en el presente y el pasado siglo para modificar esta situación: los balbuceos socialistas en 1850, no fueron más que liberalismo romántico inmerso dentro del partido liberal; el partido católico que algunos esbozaron en el siglo XIX no trascendió el deseo piadoso de ciertos conservadores, y la Unión Republicana, que surgió en 1910, no pasó de ser un ave de corto vuelo cuya cabeza estuvo en el partido conservador y cuyas alas, al cabo de un lustro, se reincrustaron en el liberalismo y el conservatismo. Sectores artesanales, pero sobre todo intelectuales, crearon en 1919 un partido socialista que se diluyó en el liberalismo desde 1922, así como los grupos intelectuales del mismo nombre que surgieron en los años veinte, se incrustaron en las altas posiciones burocráticas liberales, tan pronto ese partido llegó al gobierno, en el año de 1930. En 1933 Jorge Eliécer Gaitán fundó la UNIR (Unión Nacional Independiente Revolucionaria), pero ante la posibilidad de una curul senatorial que le ofreció el partido liberal en 1934, el movimiento se liquidó. Los socialistas de los años 40 no tuvieron mejor suerte que sus homólogos de 20 años atrás y la Anapo (Alianza Nacional Popular), que en los años sesenta creó el General Rojas Pinilla, se empecina en seguir a su fundador hacia la tumba. Queda sí el Partido Comunista Colombiano fundado en el año de 1930. Este partido durante la República liberal no deslindó suficientemente sus banderas de las del liberalismo y tras una tenaz resistencia en los años de la violencia, no obstante cierta audiencia en sectores proletarios y campesinos, no ha calado lo suficiente en las masas como para que en la Colombia actual se pueda dejar de registrar el hecho de un bipartidismo liberal-conservador.

Los partidos liberal y conservador son pluriclasistas por su composición pero en ellas la representación de diferentes clases, o fracciones de clase, implica la imposibilidad de los intereses de la clase dominante. Esta característica les ha permitido supervivir y explica en parte el bipartidismo colombiano. Desde el momento de su fundación, ambos partidos han mantenido una constante, cual es la de tener un sector de centro que permite las alianzas; un sector radical o de izquierda en el liberalismo que se mueve para recuperar a los más avanzados, bien sea a los que promovían reformas laicas o civiles en el siglo XIX, o a quienes en el siglo XX han mostrado inclinaciones socialistas o actitudes populares. Por su parte, el partido conservador escogió durante el siglo XIX a civilistas republicanos, a católicos ultramontanos incluso con veleidad monarquista, y en el siglo XX, incluyó, desde las expresiones burguesas de la doctrina social católica hasta las actitudes de los Maurrascistas condenados por el Vaticano; desde los partidarios de las doctrinas y prácticas de Franco y Mussolini hasta los más empecinados amigos de la colaboración con Norteamérica durante la segunda guerra mundial y la guerra fría. El bipartidismo liberal-conservador durante el siglo XIX estaba enmarcado, tanto en Colombia como en los otros países de América Latina, por la misma problemática: grupos de comerciantes, masas de indígenas y de esclavos sin libertad jurídica y sin representación política, artesanos, propietarios medios e intelectuales para los cuales el liberalismo fue o pretendió ser la representación política a través de la implantación de las doctrinas de libre comercio, abolición de la esclavitud, circulación de la propiedad territorial, secularización del Estado, etc. A su vez, el conservatismo que se presentó como el partido del orden, de la defensa de la "civilización" contra la barbarie representada en los cambios, se alineó dentro de un gran debate en el mundo occidental, al lado de la Iglesia Católica detentadora de gran parte del poder político y de la tierra portaestandarte del statu quo.

Lo que sí es más específicamente colombiano, sobre todo, dado su relativo desarrollo industrial durante el siglo XX, es la no presencia de grupos socialistas de magnitud que expresen los intereses de los sectores proletarios, tal como sucedió en otros países, por ejemplo, en los del Cono Sur. Es indudable que para ello incidió la carencia de grupos inmigrantes y socialistas, pero en Colombia, en donde la inmigración no fue de importancia en el siglo XIX, este efecto no se dio.

En Colombia, una circunstancia en su desarrollo político a finales del siglo XIX, tiene un significado especial para la persistencia del bipartidismo y para que en el presente siglo el partido liberal haya logrado recuperar gran parte de las expresiones de descontento popular. Una de las razones puede ser la siguiente: en 1885-1886 una coalición conservadora-liberal, comandada por Rafael Núñez bajo el nombre de Partido Nacional y que bien pronto se convirtió en simplemente conservadora, implantó como más adelante se verá, un régimen autoritario, teocrático y centralista cuyos pilares institucionales fueron la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. Con estas bases el partido conservador gobernó hasta el año de 1930. Esto da a la historia colombiana una dirección contraria a la de otros países del continente, en donde los partidos liberales se tomaron el poder y lo conservan, en muchos casos, a través de dictadores sanguinarios que laicizaron el Estado y cumplieron una función favorable para la penetración del capital y los intereses imperialistas. Tal vez para muchos liberales que sufrieron destierro, confiscaciones y cárceles, la hegemonía conservadora no fue benéfica; pero para la supervivencia política del partido liberal el ostracismo del poder sí fue feliz. El proceso de industrialización en Colombia sólo comenzó en el siglo XX, y fueron los años veinte, los postreros de la hegemonía conservadora, los que presenciaron un rápido desarrollo al impulso del capital extranjero y de la acumulación de la burguesía nacional, debida ésta, fundamentalmente, a las exportaciones de café. En estas circunstancias, desde la oposición, el partido liberal pudo avanzar en sus programas incluyendo algunas reivindicaciones laborales o nacionalistas, incluso a veces con una terminología socializante, con mayor libertad en la medida en que sólo se trataba de programas. Los sectores artesanal y las inexpertas masas proletarias, fueron entonces captados por un partido liberal que programáticamente daba salida a algunas de sus reivindicaciones laborales inmediatas y que no tenía que ejercer, desde el gobierno, la sucia tarea de represión. Luego, ya en el poder a partir de 1930, el gobierno liberal juega victoriosamente a la carta de la institucionalización de salida jurídica a una serie de conflictos agrarios, y dentro de la república burguesa, da cabida al movimiento sindical como la expresión de los intereses proletarios, apoyándose en él para ejecutar la reforma de modernizar y laicizar algunos aspectos del Estado. Las reformas laicas propuestas por el liberalismo durante la hegemonía conservadora y realizadas desde el siglo XIX en casi todos los países del continente, constituyeron una reserva táctica para el liberalismo colombiano que las presentó como revolucionarias en el siglo XX y sobre todo, para obligar a los sectores populares, durante la República liberal (1930-1946) a una alianza contra el enemigo común -el conservatismo- al unir institucionalización agraria y laboral con secularización.


 

El origen de los partidos


 

En Colombia el partido liberal y el partido conservador se conformaron a mediados del siglo XIX. Ezequiel Rojas publicó en 1848 lo que serían las bases programáticas del partido liberal y Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron en 1849 el programa conservador. Es indudable que los partidos venían ya en proceso de formación pero sus orígenes no se remontaron necesariamente a Bolívar y Santander. El caso más claro para refutar la idea de que el conservatismo procede de Bolívar y el liberalismo de Santander, sería el del propio Mariano Ospina Rodríguez, ideólogo y jefe del partido conservador, quien no obstante había participado en un atentado contra la vida de Bolívar en 1828. El mismo Ospina explica esta situación en un artículo que sobre la génesis de los partidos escribió en 1849, en su periódico "La Civilización de Bogotá": Para juzgar lo que son los partidos actuales es indispensable echar una ojeada sobre lo que han sido los partidos en la Nueva Granada... lo que entonces (1810) dividía algún tanto los ánimos de una manera ostensible, era la rivalidad entre europeos y criollos; pero está ojeriza recíproca no constituía dos partidos políticos... El partido de la Independencia tuvo la desgracia de dividirse cuando más necesitaba la unión. La forma de gobierno que debía darse al país fue la causa de la discordia. Quisieron unos la federación, otros el centralismo... (Cuando Bolívar) expuso sus opiniones en un proyecto de constitución para Bolivia, y las recomendó a América, este malhadado proyecto fue la manzana de la discordia; a su vista los granadinos, como el resto de los colombianos quedaron divididos en dos grandes bandos... Ese día los amigos de la independencia se denominaron: Bolivianos y liberales... ¿Los partidos liberal y boliviano eran la continuación de los federalistas y centralistas de la primera época? Evidentemente no... ¿Serían la continuación de los godos y patriotas, o de enemigos y amigos de la independencia? Uno y otro bando pretendía, con notoria injusticia que su contrario era un partido de godos. (A partir de 1832) el partido liberal, que gobernaba sin oposición, se dividió en dos grandes bandos que pudieron haberse denominado: tolerantes y exclusivistas: y que nosotros nos tomamos hoy la libertad de llamar: liberales conservadores y liberales rojos: porque estas denominaciones análogas a las que los mismos partidos llevan en Europa no deben tener nada de odiosas, y harán conocer la índole de los dos bandos... ¿Qué analogías hay entre los realistas y los conservadores? Como partidos políticos, ninguna... Entre bolivianos y conservadores ¿qué relación existe? Como partidos políticos, ninguna... Hoy no puede haber discusión sobre si la Nueva Granada debe estar unida o separada de España: si el gobierno debe ser monárquico o republicano: como no puede haberla sobre si se separan o no los Estados que formaron a Colombia, si viene o no a este país el cólera asiático. Estas son cuestiones decididas y estas decisiones son hechos consumados en que no es posible volver atrás. Tampoco hay cuestión sobre si el Jefe de la República debe ser vitalicio, o periódico; la cuestión es más bien de si debe haber tal Jefe. Los principios que hoy dividen a los Granadinos, las cuestiones que ocupan los ánimos son muy diversos de todo eso; son cuestiones sociales, no son cuestiones políticas; si la política está profundamente afectada por ellas, es porque se quiere el gobierno como instrumento de propagación. De la misma manera los conceptos del ideólogo y jefe liberal Manuel Murillo Toro sobre Santander, no permiten establecer esa procedencia mecánica que algunos pretenden entre el prócer y la creación del partido liberal.

Someramente puede caracterizarse así la situación de Colombia (Nueva Granada) a mediados del siglo XIX: las estructuras sociales del tiempo de la colonia se mantenían en gran parte, se conservaba la esclavitud; inmensas porciones de tierra estaban inmovilizadas en manos de la Iglesia, las tierras comunales aún pertenecían a los indígenas; algunas ramas de la producción, como el tabaco, eran reguladas por el sistema de estanco; el régimen tributario tenía las mismas bases que en el período colonial y gran parte del cuerpo de legislación estaba constituido aún por las leyes del período colonial.

Las altas esferas del Estado eran controladas por un núcleo reducido, incluso familiar, vinculado con los terratenientes esclavistas del sur del país. Los comerciantes tenían poder social, se habían beneficiado con la liberación del comercio subsecuente a la independencia y aspiraban, en aras de sus intereses, a quebrar las trabas coloniales que aún subsistían. Los militares supérstites de la guerra de independencia, cuando pertenecían a los sectores terratenientes y comerciantes, hacían de la milicia algo complementario para su acción política. Cuando su extracción de clases era popular y sus ascensos se debían a servicios prestados dentro del escalafón, tenían en el ejército la única fuente de ocupación. Los artesanos eran un sector importante y organizado en ciertas ciudades del país, y su producción no había sido barrida aún por la competencia extranjera. El "pueblo", es decir, la inmensa mayoría de la población, estaba constituido por indígenas, esclavos y mestizos carentes de representación política aún a nivel electoral, pues las constituciones restringían el derecho al voto y sólo lo otorgaban a personas alfabetas y que tuvieran bienes de fortuna. Como un trasunto de la permanencia colonial, la Iglesia Católica gozaba de gran poder basado en sus bienes materiales, en el prestigio que poseía como institución y en la inmensa audiencia de que gozaba entre las masas.

El liberalismo inicia una serie de reformas con el gobierno del José Hilario López (1849-1853). Algunas de éstas eran más o menos compartidas por los conservadores, pero contaron con su oposición por razones políticas. Gerardo Molina enumera así las reformas propuestas:

"Abolición de la esclavitud;

libertad absoluta de imprenta y de palabra;

libertad religiosa;

libertad de enseñanza;

libertad de industria y comercio, inclusive el de armamentos    y municiones; desafuero eclesiástico;

sufragio universal directo y secreto;

supresión de la pena de muerte, y dulcificación de los castigos;

abolición de la prisión por deuda;

juicio por jurados;

disminución de las funciones del ejecutivo;

fortalecimiento de las provincias;

abolición de los monopolios, de los diezmos y de los censos;

libre cambio;

impuesto único y directo;

abolición del ejército;

expulsión de los jesuitas"4.

A ellas habría que agregar las medidas llevadas a cabo sobre la propiedad territorial: supresión de resguardos y ejidos, y abolición de los bienes de manos muertas efectuada durante el segundo gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, en el año de 1861. Las medidas en su conjunto estaban destinadas a debilitar el estado existente, "el Estado colonial", para sustituirlo por otro más acorde con las nuevas realidades del capitalismo mundial de libre competencia y con los intereses de los sectores comerciantes que pugnaban por el control del poder. La rebaja de los aranceles ligaba los intereses de los comerciantes con los del comercio mundial y al igual que la abolición del estanco y de los diezmos, contribuía a suprimir las fuentes tradicionales de financiación del Estado. Una reforma fiscal en tal sentido, haría que en adelante el Estado dependiera de los impuestos directos y de las nuevas rentas que produjera el comercio acrecido por la suspensión de monopolios.  El Estado se "debilitaba" dentro del nuevo contexto que le atribuía nuevas funciones; se disminuía el poder del ejecutivo; se fortalecían el parlamento y las provincias hasta dar paso al federalismo; se acudía al sufragio universal (Constitución de 1853); se abolía el ejército tradicional compuesto por oficiales de carrera; se suprimía el patronato eclesiástico que prácticamente convertía a los clérigos en funcionarios estatales y se reglaba la relación con la Iglesia por una separación entre ella y el Estado, a la par que se la despojaba del monopolio de la educación.

Las reformas económicas tenían un sentido: ampliar el mercado, volver mercancía la tierra y la fuerza de trabajo; de allí la supresión de trabas, la liquidación de resguardos y ejidos, la expropiación de bienes eclesiásticos para convertir la tierra en libremente negociable. De allí también la abolición de la esclavitud, la liberación a los indígenas de sus tierras y la conversión de toda esta masa en un mercado libre de fuerza de trabajo. Para tal situación lo más adecuado era una ideología igualitaria y utilitarista que convirtiera a los ciudadanos en iguales ante el derecho, aptos para votar, en sujetos libres e iguales como contratantes, bien para la venta de sus tierras y de su fuerza de trabajo o para ejercer la libertad de comprar según las apetencias impuestas por la necesidad. El estado colonial no era ya el adecuado. Era preciso sustituir la legislación casuística que reglamentaba con minucia por leyes de contenido general, encarnación de la voluntad popular, síntesis de los intereses convergentes de todos. El sufragio universal debía ser la forma de expresión del interés general de ciudadanos iguales y libres ante la ley. El autoritarismo personificado en el ejecutivo, el poder central y en el ejército, debía ser ante expresiones más igualitarias: el parlamento, el poder regional y el ejército de ciudadanas. La disminución del poder central -del ejecutivo- corre parejo con la atribución de funciones al parlamento y con el federalismo. Un ejecutivo fuerte en ausencia de una clase hegemónica en el país, podía derivar en el poder de un caudillo que se implantara por encima del "interés general" de las oligarquías regionales. Colombia no ha vivido la situación de otros países latinoamericanos con dictadores que se perpetúen en el poder. Aparte de nueve grandes guerras civiles y de decenas de revoluciones locales, el discurrir republicano de Colombia durante el siglo XIX fue tranquilo e institucional. Los movimientos coetáneos de federalismo y de disminución del poder central -del ejecutivo- fueron medidas sabias de la oligarquía colombiana. Estas le permitieron, sin someterse a la férula de un grupo representado en el caudillo militar y sin entrar en una confrontación de tipo general, repartirse el patrimonio nacional por vía regional. Las constituciones liberales de 1853 y 1863, la primera de las cuales permitió y la segunda consagró el federalismo, redujeron al mínimo el poder del ejecutivo y establecieron formas de representación por elecciones permanentes y la supremacía del parlamento. Ambas fueron dictadas ante el temor producido por dos caudillos militares: Obando y Mosquera. La abolición del ejército regular y su sustitución por milicias dirigidas por ciudadanos pudientes -al amparo de las leyes sobre libertad de comercio de armas- permitió la evicción de sus cargos a los oficiales populares en el momento de la confrontación y el desarrollo de la acción de las oligarquías locales, que contaron con sus propias milicias, ante la ausencia de un poder militar de o nacional.

Para vincular los intereses de clases con el surgimiento de los partidos políticos -liberal y conservador- se ha tenido como cierta una explicación: el liberalismo propugnaba el cambio y encarnaba los intereses de comerciantes, artesanos, esclavos y pueblo en general. Por el contrario, el conservatismo se aferraba al statu quo como expresión de los intereses de los terratenientes esclavistas y en consecuencia del mayor terrateniente del país -la Iglesia Católica-. Este esquema es parcialmente cierto, pero es preciso hacer algunas observaciones sobre contradicciones inexistentes, sobre situaciones regionales y sobre el momento preciso al que se podría aplicar.

Con las reformas propuestas, los gobiernos liberales lograron que vastos sectores populares apoyaran su proyecto, aunque a la larga, muchas de las medidas tomadas se volvieran contra ellos. En lo inmediato, algunas de las reformas adelantadas podían corresponder a intereses económicos específicos. Así: la abolición de los resguardos estaba dentro del interés de los comerciantes, en la medida en que agrandaba el mercado de la fuerza de trabajo y de la tierra.  Lo primero, porque al desposeer de sus tierras a los indígenas, obligaban a un sector de éstos a vender su fuerza de trabajo, a proletizarse a entrar a la economía monetaria y a constituirse en demanda ampliada de mercancías, aunque lo que sucedió con más frecuencia fue la conversión de los indígenas en arrendatarios, colonos o aparceros.  Lo segundo, porque la tierra se volvió libremente negociable y económicamente más apta para cumplir funciones de producción con destino al mercado interno y a la exportación. Esto último podía decirse también de la liquidación de ejidos y de la desamortización de bienes eclesiásticos. La abolición de la esclavitud convenía a comerciantes y artesanos por las mismas razones de ampliación del mercado y convenía obviamente a los mismos esclavos. Las medidas de libre cambio y de abolición de los estancos estaban dentro del interés de los comerciantes, pero no así el libre cambio respecto a los artesanos. La abolición de los diezmos eclesiásticos disminuía cargas a los agricultores y aligeraba el comercio.

Algunas de las medidas enunciadas eran contrarias a los intereses de los terratenientes, pero otras les eran indiferentes e incluso benéficas. Es claro que para los esclavistas la abolición de esta institución les perjudicaba. Por esta razón, en las regiones donde la esclavitud era muy fuerte, hubo una estrecha ligazón entre el partido conservador y los terratenientes esclavistas que defendían, además de sus intereses materiales, el statu quo representado en una concepción jerarquizada de la sociedad que los colocaba en la cúspide y asignaba las más bajas esferas para los otros sectores raciales. A nombre de la religión y del partido conservador, el sector esclavista se lanzó a la guerra en 1851 contra el gobierno liberal que proponía la abolición de la esclavitud. La supresión de resguardos y ejidos no pugnaba con los intereses de los terratenientes e incluso les favoreció, puesto que con los comerciantes, fueron los beneficiados por la adquisición de las tierras comunales. La abolición de los diezmos eclesiásticos, aunque a algunos les creara problemas de conciencia dada su afiliación religiosa, económicamente les favorecía. Lo propio puede decirse de la desamortización de bienes eclesiásticos, pues aunque fueron liberales los que más se los hicieron adjudicar, muchos conservadores hicieron caso omiso de escrúpulos doctrinarios o partidistas con tal de ensanchar su patrimonio. En cuanto a la abolición de las tarifas proteccionistas y la implantación del libre cambio, la contradicción económica se presentó entre comerciantes y artesanos y no entre los primeros y los terratenientes. La medida en nada perjudicaba a estos últimos; antes por el contrario, ella abría posibilidades a la exportación de productos agrícolas y a la rebaja de los aranceles de importación para los bienes de lujo, que en gran parte eran consumidos por los terratenientes. No deja de ser interesante recordar que el dirigente conservador Julio Arboleda -sanguinario terrateniente esclavista del sur del país- en el discurso que pronunció para dar posesión al presidente Manuel María Mallarino (1855-1857), tras la derrota y masacre afligida a los artesanos por liberales y conservadores, recomendaba el libre cambio con la misma vehemencia que cualquier furibundo liberal. El asunto del libre cambio no sirve de línea ideológica demarcatoria entre el liberalismo y el conservatismo colombiano, pues ambos lo aceptaron o rechazaron según las circunstancias del momento. En cuanto a ciertas medidas de carácter político como federalismo o centralismo, a mediados del siglo XIX, no hubo entre ellos discrepancias fundamentales. Ambos partidos acataron el federalismo (Constitución conservadora de 1858, Constitución liberal de 1863) porque, en ausencia de una clase dominante homogénea y de ámbito nacional, el federalismo era la mejor manera de resolver los problemas de apropiación según las características regionales, sin entrar en una confrontación de tipo nacional.

La aplicación de la oposición: liberalismo progresista, expresión de los intereses de la burguesía comerciante o industrial, y conservatismo retardatario, expresión de los latifundistas, es en gran parte una transposición mecánica de la situación europea de los siglos XVIII y XIX. La persistencia, en la aplicación para el análisis de este esquema, ha tenido consecuencias políticas que es preciso destacar. Ni por las relaciones de dominación, ni por su poderío económico y social, puede asimilarse a los latifundistas granadinos con los aristócratas europeos del siglo XVIII o XIX. El contexto social era diferente y en muchos casos, en la Nueva Granada, los intereses económicos de la clase dominante eran múltiples: terratenientes, comerciantes, burócratas. Tal vez el sector que más podría asimilarse a la aristocracia, guardando eso sí las debidas diferencias y proporciones, fue el de los "aristócratas" esclavistas del sur del país que, como ya se dijo, en términos generales militaron en el conservatismo. Respecto a la "burguesía comerciante liberal", es de tener en cuenta que con la apropiación que hizo de los resguardos, ejidos y bienes de la Iglesia, a partir de mediados del siglo XIX, toda oposición antagónica entre comerciantes y terratenientes, perdió razón de ser. Gran parte de los latifundios cafeteros del país fueron montados por comerciantes liberales y lo que Colombia presenció en la segunda mitad del siglo XIX, fue la conformación de una clase dominante a la vez terrateniente, comerciante, burocrática y especuladora empotrada en dos partidos, el liberal y el conservador.

El esquema explicativo de liberalismo como sinónimo de burguesía progresista, aparte de que olvida la composición pluriclasista de esta agrupación, ha permitido a este partido jugar el papel de catalizador de los movimientos populares. El partido liberal se ha aprovechado de esta representación ideológica y en el siglo XX, a veces la ha sabido utilizar, con una jerga socializante, que no es más que intervencionismo de Estado, para proclamar que en Colombia están de más los partidos de izquierda, pues el liberal puede cubrir sus inquietudes. En lo que toca a la izquierda, ciertas ideas que hicieron curso internacional en el movimiento obrero llevando a los partidos proletarios a buscar un aliado democrático y progresista, facilitaron la tarea captadora del liberalismo. La República Liberal (1930-1946) domesticó al movimiento obrero, que en los años veinte insurgió beligerantemente. El frente popular durante el primer gobierno de Alfonso López (1934-1938), influyó para que en el decenio siguiente el naciente partido comunista quedara prácticamente integrado en el liberalismo. En la actualidad, el fracaso de ciertos grupos no es ajeno a esa búsqueda del amado ideal, la burguesía progresista, que no aparece y que con su actitud esquiva sólo aumenta el deseo de políticos platónicos.

Sin negar las oposiciones inmediatas por razones eco-nómicas, que en el caso colombiano es necesario precisar, en la formación de los partidos liberal y conservador obraron además otros elementos: ideológicos, históricos, de clase. A mediados del siglo, el aparato de Estado en Colombia estaba constituido por un núcleo reducido de miembros de unas pocas familias: Mosqueras, Herranes, Caicedos, Arboledas, acaparaban las más altas dignidades políticos, eclesiásticas y militares. En 1849, una generación de hijos de comerciantes burócratas y abogados que terminaban sus estudios universitarios y que sabía que con el control estatal ejercido por ese grupo sus carreras políticas no avanzarían sino hasta los escalones intermedios, adoptó las ideas que la burguesía europea proponía en el momento. Estas, por lo demás, no pugnaban con sus intereses materiales y les servían de ariete para golpear la cerrada estructura estatal. La prolongación de la sociedad colonial con sus jerarquías raciales, había dado lugar a fuertes conflictos como la guerra de 1841 en la que indígenas y esclavos habían participado contra sus amos. Las prédicas de igualdad servían entonces a los jóvenes tribunos para lograr el apoyo de los sectores populares en la lucha contra los "aristócratas" que controlaban el Estado, así en la concepción de los ideólogos la igualdad no fuera sino para los iguales, es decir, para ellos que aspiraban a ser iguales en el mando a quienes en este momento lo detentaban. La ideología que hizo explícita el partido liberal, basada en gran parte en los textos de Bentham que ya eran difundidos de tiempo atrás, encuadró entonces con los intereses de los comerciantes criollos: desarrollo del comercio igual progreso, libre cambio, división internacional del trabajo. Un país de hombres libres gobernado por ellos, de ciudadanos iguales para contratar, comprar y vender, era lo más adecuado a esa aspiración. A la sociedad jerarquizada controlada por las grandes familias, el liberalismo opuso la de
 

1 Miguel Samper, La miseria en Bogotá y otros escritos (Bogotá, 1969), p. 236.
 
2  Junta Nacional Socialista, Programa Socialista (Bogotá, 1922).
 
3  Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo o civilización y barbarie. Buenos Aires, Ed. Sopena, 1955, p. 91.
 
4.Molina, Gerardo, Las ideas liberales en Colombia 1849-1914. Tomo I. Bogotá, Universidad Nacional, 1970, p. 26.
 
4 Molina, Gerardo, Las ideas liberales en Colombia 1849-1914.  Tomo I. Bogotá, Universidad Nacional, 1970, p. 26.
 
9 Tobar, Hermes. El movimiento campesino en Colombia. Bogotá, Ed. Libres, 1975.
 
6 Lleras Camargo, Alberto en El Almanaque, Medellín, 1926.
 
5 Torres Giraldo, Ignacio. Los Inconformes. Tomo III. Bogotá, Ed. Margen Izquierda, 1973, p. 9.
 

 

 

 

 

ciudadanos ante la ley sin jerarquías ni trabas, y regida por el grupo que irrumpía sin más autoridad que las leyes del mercado.

 

Contra este proyecto de cambio el conservatismo propuso el statu quo, la conservación de lo existente con leves modificaciones que se darían progresivamente sin conmover las estructuras sociales y dentro de un terreno de conservación de las jerarquías y del orden. No obstante, a la postre los sectores dominantes del conservatismo se aprovecharon de los cambios obtenidos. La Iglesia Católica, poder dominante y tradicionalista se opuso a los cambios, sobre todo, a los que le vulneraban prerrogativas económicas y de poder. Su unción al partido conservador creó el motivo de verdadera división entre los partidos, con lo que vino a llamarse el "problema religioso", como adelante se verá. En su periódico La Civilización de Bogotá, Mariano Ospina Rodríguez escribía en 1849: "Los conservadores forman un partido sosegado y reflexivo, que estima en más los resultados de la experiencia que las conclusiones especulativas de la teoría; es esencialmente práctico, y por consiguiente poco o nada dispuesto a los arranques de entusiasmo, si no es contra los excesos del crimen y la maldad".
 

 

Gólgotas y draconianos: El golpe de Melo


 

El liberalismo logró captar y dirigir vastos sectores populares. Su prédica igualitaria le granjeó el apoyo de esclavos, mestizos y artesanos; pero la igualdad representada en el libre cambio bien pronto planteó una contradicción entre comerciantes y artesanos, entre "cachacos" y "guaches", entre quienes vestían el traje europeo y los que utilizaban el atuendo nacional. Para los comerciantes, el libre cambio implicaba la ampliación del mercado; por el contrario, para los artesanos la permanencia de las tarifas proteccionistas era vital. Dentro del agitado ambiente político de mediados de siglo, los "cachacos" liberales fundaron clubes políticos llamados "Sociedades Republicanas" en donde se exponían las ideas recién llegadas de Europa, producto de la coyuntura revolucionaria de 1848. Allí se hablaba de Proudhon, Saint-Simon, Fourier y se seguía el pensamiento expuesto por Lamartine, Víctor Hugo y Eugenio Sué. La perorata se hacía a nombre de un socialismo vacuo y mal digerido, y al grupo político que representaban como liberales radicales se le motejó con el nombre de "Gólgota", porque gran parte de su inspiración se basaba en un cristianismo igualitario de origen primitivo y porque alguien en una de sus intervenciones propuso como paradigma, a los sectores populares, la figura de Jesucristo sacrificado en el Gólgota. A su vez los artesanos crearon sus círculos. Estos en un principio, bajo la dirección de los "cachacos", tuvieron funciones didácticas y de mutuo auxilio, pero pronto se convirtieron en asociaciones políticos beligerantes, bajo el nombre de Sociedades Democráticas, base y apoyo del partido liberal. El partido conservador, con la ayuda de los Jesuitas, trató sin éxito de organizar sociedades de artesanos en su favor. Una de ellas tuvo el nombre de Filotémica y adoptó el piadoso nombre de Sociedad del Niño Dios. El gobierno liberal de José Hilario López, no obstante que debía su elección al apoyo beligerante de las barras de artesanos del Congreso, abolió las tarifas proteccionistas de la producción artesanal con lo cual precipitó la ruina de ésta dentro de un proceso ya en marcha de competencia internacional. Con ello el partido liberal se dividió, en este caso, por intereses económicos inmediatos y muy concretos. El sector en que se alinearon desde ese momento los artesanos, por lo drástico de su proceder, fue llamado por sus enemigos "Liberalismo Draconiano" en alusión al legislador griego Dracón.

Ya se ha dicho que en el ejército la alta oficialidad tenía intereses diferentes, según su procedencia y vinculaciones de clase. Los altos grados militares estaban ocupados por antiguos soldados de la independencia que habían escalado esas posiciones por acciones de guerra o que habían sido colocados en ellas por su elevado origen familiar. Los primeros, muchos de los cuales vivían desde niños en los cuarteles, no tenían otra ocupación posible que el ajetreo militar. Para los segundos, la milicia era una ocupación esporádica y complementaria que les facilitaba su acción como terratenientes y comerciantes y que les servía como base para la obtención de elevados cargos políticos. Además, las guerras de 1841 y 1851 con la activa participación de negros, mulatos y mestizos y la subsecuente represión que se produjo, habían dejado un profundo malestar en los sectores populares.

En el año de 1853, fue elegido presidente el General José María Obando, liberal draconiano. En él cifraban sus anhelos de reivindicación los sectores populares. Tan pronto se posesionó, los conservadores y los liberales gólgotas se dedicaron a entorpecer su gestión. En el parlamento en donde eran mayoría dictaron una nueva constitución (1853), que debilitaba el poder presidencial, privaba al presidente de la facultad de nombrar a los altos empleados y abría las puertas al federalismo. Para contrarrestar el poder presidencial, el de los artesanos organizados y el de los militares populares, se decretó el libre comercio de armas, se redujo el pie de fuerza del ejército nacional, y se suprimieron los grados en el ejército. El sentido de las medidas era claro: proveer de armas a los ciudadanos ricos que las podían comprar y sacar de la milicia a los oficiales vinculados con los sectores populares. La respuesta no tardó y como Obando vacilase, José María Melo, militar de carrera dio un golpe de Estado en 1854 con el apoyo de los artesanos, de sectores populares y de los oficiales a quienes en esa forma se pretendía sustituir.

En el lustro anterior la disputa entre liberales y conservadores había sido de una rara intensidad. En 1851, incluso, se había dado entre ellos una guerra civil. Pero ante el peligro de clase, conservadores y liberales gólgotas se unieron en "defensa de la legalidad". En los cuatro costados de la República se crearon ejércitos de generales liberales y conservadores que convergieron sobre el centro del país hasta tomarse a Bogotá. La masacre fue en forma y los artesanos supervivientes fueron a morir desterrados a orillas del río Changres en Panamá. Fue este el inicio de una práctica reiterada de Frente Nacional expresada en la unión de oligarquías liberales y conservadoras contra las acciones populares. Así mismo, y desde los comienzos de su existencia, el liberalismo se escindió conservando una aparente unidad y haciendo valer siempre, de grado o por la fuerza, los intereses de los sectores dominantes.


 

El problema religioso


 

El llamado problema religioso fue el real punto de separación entre el liberalismo y el conservatismo. Por él se disputaron ambas agrupaciones y en las guerras civiles este asunto estuvo siempre presente. Sin embargo, tras del "problema religioso", que de por si debiera tener un simple carácter metafísico, se escondían intereses de propiedad y de poder. La Iglesia Católica fue una institución poderosa durante el período colonial. A ella estaba encomendada la evangelización, es decir, la aculturación e introyección de la dominación a los indígenas. Además, por legados y donaciones de fieles piadosos, la iglesia había llegado a poseer una inmensa fortuna territorial, que estaba inmovilizada para la circulación económica, debido a la legislación que favorecía la adquisición pero que entrababa la enajenación. Las relaciones entre la Corona y la Iglesia habían estado reguladas por el Patronato eclesiástico, que era un conjunto de prerrogativas cedido por los Papas a los Reyes. Según el Patronato, el Estado Español daba los nombres de los prelados que el Papa debía nombrar, designaba los curas párrocos, percibía los diezmos eclesiásticos, autorizaba la fundación de Iglesias y la demarcación de diócesis y parroquias y pagaba a prelados y curas, los cuales, por la procedencia de su nombramiento, por las leyes vigentes y por el origen de su estipendio, eran prácticamente funcionarios estatales con un cierto grado de subordinación. En el período colonial la Iglesia Católica monopolizaba la enseñanza.

Al producirse la emancipación, las autoridades republicanas, como sucesoras del poder de los Reyes de España, reivindicaron el ejercicio del Patronato. La Santa Sede implícitamente autorizó esta situación y entre los hombres públicos de la Nueva Granada prácticamente hubo unanimidad sobre el ejercicio de esta prerrogativa estatal, hasta mediados del siglo XIX, cuando ya en pleno funcionamiento de los partidos, el "problema religioso" se convirtió en elemento de diferenciación y en asunto de manipulación. A partir de ese momento la Iglesia, y en general el clero católico, militaron beligerantemente en el partido conservador.

En desarrollo de su programa destinado a debilitar el Estado Colonial y a transformarlo en otro más acorde con las estructuras del capitalismo, el liberalismo emprendió su acción para laicizarlo y contrarrestar el poderío de la Iglesia, aliada de los sostenedores del statu quo. Para ello procedió, a su manera, contra el poder ideológico, político y económico de la Iglesia.

Tradicionalmente la educación había estado en manos de comunidades religiosas. En el año de 1826, bajo el gobierno de Santander, se había elaborado un plan de estudios que había dejado de lado el Tomismo, introducía la enseñanza de autores como Bentham, Traisy, Juan Bautista Say y hacía obligatorios el estudio del inglés y del francés, en lugar de la tradicional enseñanza del latín. El plan de estudios fue suspendido por Bolívar tras el atentado contra su vida, y no obstante el agnosticismo del Libertador, se dio primacía a la enseñanza de la religión y de la moral. Vuelto al gobierno Santander (1832), su plan fue reimplantado, pero con la represión subsecuente a la revolución de 1841, Mariano Ospina Rodríguez estableció un plan autoritario en el que se enseñaba a Balmes en lugar de Bentham. Como complemento fueron traídos de nuevo al país los Jesuitas que habían sido expulsados de los dominios coloniales desde el Reinado de Carlos III, en el año de 1767. En su ataque contra el monopolio educativo de la Iglesia, el parlamento liberal dictó la Ley 15 de mayo de 1850, por la cual se hacía libre el ejercicio de cualquier profesión u oficio, se suprimían las universidades y los títulos universitarios. Al ser suprimidas las comunidades religiosas en 1861, cesó de hecho la prerrogativa que tenían de enseñar. Una vez producido el desmonte, el gobierno liberal creó en 1868 la Universidad Nacional con características laicas y contrató misiones de pedagogos alemanes para que enseñaran artes y oficios e inculcaran a los educandos el "amor al trabajo".

En el año de 1853, el legislador renunció al Patronato eclesiástico al decretar la separación entre la Iglesia y el Estado. Con ello el Estado perdió el control que podía ejercer sobre los clérigos y ya sin trabas, la Iglesia entró beligerantemente a intervenir en la política. El registro de la vida civil de los ciudadanos estaba en manos de la Iglesia y esto le confería un especial poder. Para contrarrestar esta situación y dentro de su propósito de laicizar el Estado, el liberalismo en el poder dictó una serie de disposiciones por las cuales se autorizaban los cementerios laicos (ellos estaban controlados por la Iglesia y sólo podían ser enterrados allí los que a su juicio fueran católicos y hubieran muerto conforme a los cánones de dicha religión). La validez del registro de nacimientos, matrimonios y muertes se traspasó a los funcionarios oficiales y se reglamentaron el matrimonio civil y el divorcio.

El ataque frontal contra el poder material de los bienes de la Iglesia lo hizo Tomás Cipriano de Mosquera, por decreto del 9 de septiembre de 1861 por el cual se dispuso la desamortización de bienes de manos muertas. Estos eran civiles o eclesiásticos pero los que pertenecían a la Iglesia tenían mayor significación económica. Se calcula, tal vez con un poco de exageración, que al producirse la desamortización, la Iglesia poseía la tercera parte de los bienes raíces del país. La medida que tenía por objeto hacer entrar en la circulación económica esa enorme masa de bienes, dio lugar a la especulación, pues los sectores dominantes que tenían acaparados los bonos de la deuda pública se hicieron adjudicar por ellos, a menor precio, inmensas extensiones de terreno, produciendo como resultado un simple cambio de dueño y trocando el latifundio clerical por un latifundio laico. Los comerciantes, generales y burócratas liberales, fueron los que en mayor medida acudieron a hacerse adjudicar los bienes eclesiásticos consolidando así la unión de intereses entre el latifundio y el comercio y borrando la posible y momentánea expresión de intereses de liberalismo como simple expresión de comerciantes. Por su parte la oligarquía conservadora, aunque no en forma tan explícita, y cuidando su imagen a través de testaferros, procedió también a apropiarse de los bienes eclesiásticos, pues transacción tan benéfica borraba, todo escrúpulo doctrinario o moral. Es significativo que el programa conservador de 1879 en su punto IX consagrara: "Siendo un hecho irreversible la desamortización, el partido conservador lo reconoce como tal; pero exige el reconocimiento en favor de la Iglesia Católica, de sus acreencias injustamente canceladas, y la devolución de los bienes de que ha sido despojada, o una justa y completa indemnización por el valor de los desamortizados". Ya se verá cómo una vez que el conservatismo estuvo en el poder, esa indemnización corrió a cargo del Estado y cómo a los remanentes, herejes o creyentes, se les respetaron sus propiedades "legítimamente adquiridas" conforme a la ley.

El "problema religioso" sirvió como principal bandera divisoria de los partidos en el siglo pasado. Incluso en la guerra de 1876 este asunto se hizo explícito y las tropas conservadoras enarbolaron como estandarte la bandera de los estados pontificios. En la propaganda política de los partidos se motejaba a los conservadores de ultramontanos y estos presentaban a los liberales como "matacuras", ateos y enemigos de la religión. El pueblo en general era fanático católico y el asunto teórico de debate era promovido por una pequeña élite que sabía convertir la controversia sobre el asunto espiritual, en algo más concreto representado en poder político, burocracia y apropiación de tierras. Debido a la simbiosis entre la Iglesia y el partido conservador, en la lucha política los intelectuales liberales ciñeron como divisa el anticlericalismo, lo que no obstaba para que la mayoría de ellos fueran religiosos, e incluso algunos radicales, hasta fervorosos católicos. En general, los liberales no adelantaron su ataque contra la Iglesia y sus ministros, en nombre del ateísmo o contra la religión, sino contra la intervención política del clero -porque militaba en el bando contrario- y a nombre de un cristianismo primitivo, por una Iglesia sin lujos y sin pompa y exaltando el culto privado que hacía superfluos a los ministros eclesiásticos, sus enemigos políticos.


 

El período liberal radical

 

La interpretación constitucionalista de la historia de Colombia ha hecho que el período radical se asimile al comprendido entre la Constitución de Rionegro en 1863 y la Constitución de 1886. Sin embargo, los gobiernos liberales y la implantación de la doctrina radical comenzaron antes, en 1849, -Gobiernos de José Hilario López y José María Obando-.

El ejercicio del liberalismo tiene una corta interrupción durante la presidencia de Manuel María Mallarino que fue apoyada por liberales y conservadores y durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861), derrocado por Mosquera. A partir de ésta el liberalismo continúa en el poder hasta la revolución de 1885, en la que se establece el tránsito hacia la república conservadora que durará hasta 1930.

Como ya se anotó, gran parte de las medidas liberales fueron adoptadas durante el gobierno de José Hilario. En 1863, el liberalismo victorioso en una revolución, procedió a dictar la célebre Constitución de Rionegro en la que encarnaba su pensamiento de gobierno. Para comenzar, consagró la soberanía popular desde el preámbulo de la única de las constituciones colombianas en la que no se hace mención de Dios como fuente de autoridad. Consagró el Federalismo a ultranza con los nuevos Estados Soberanos que estaban autorizados para hacerse la guerra y concertar la paz debiendo el Estado central permanecer neutral; quedó al arbitrio de los Estados establecer su propia legislación; se redujeron al mínimo las atribuciones del poder ejecutivo cuyo período se fijó en dos años y se estableció una serie de derechos individuales que iban desde la absoluta libertad de prensa hasta el libre comercio de armas y municiones.

Los constituyentes explicaron que el sentido de la constitución era el de frenar las ambiciones de Mosquera como caudillo militar. Como ya se ha dicho, el federalismo fue la forma de "descentralizar las guerras", de impedir una confrontación de tipo nacional y la manera más efectiva para que en ausencia de una clase dominante de ámbito nacional, las oligarquías regionales pudieran resolver a su favor el problema agrario y apropiarse de los bienes nacionales según las peculiaridades de cada región. Durante la vigencia de la Constitución de Rionegro sólo hubo una guerra de tipo nacional, la de 1876, pero por el contrario hubo decenas de levantamientos y revoluciones de tipo regional. La ausencia de un poder centralizado y la proliferación de rebeliones hizo exclamar a alguien que la constitución había consagrado "la anarquía organizada". Con todo, las frecuentes rebeliones regionales no eran más que la lucha de las oligarquías, en el ámbito de los estados, para controlar en su favor el aparato estatal con su secuela burocrática y con la posibilidad de obtener monopolios y contratos de obras públicas, así como la apropiación de la tierra. Para los sectores dominantes el federalismo cumplió esta función, sin embargo, hubo un momento en el que se hizo necesario un poder central unificador, pues el país iba hacia la desmembración al impulso de fuerzas centrífugas expresadas en intereses internacionales y locales. En esas circunstancias, Rafael Núñez, el futuro "regenerador" repetía en sus escritos periodísticos: "A otro ministro americano le hemos oído recientemente estas otras palabras: En Colombia sólo hay dos cosas organizadas: el ejército y el clero".

El período radical presenció un aumento del comercio exterior y un tremendo auge en las exportaciones. Hasta 1850 éstas estuvieron constituidas fundamentalmente por oro, pero a partir de allí, comenzó la exportación de productos agrícolas: tabaco, quina, añil, algodón, café. Durante el período, en Antioquia se aceleró el proceso de colonización y en el occidente del país, sobre todo en la variante cundinamarquesa hacia el Magdalena, los comerciantes invirtieron capital en el montaje de inmensas haciendas cafeteras. El crecimiento de las importaciones que tenía que ser suplido con numerario de oro, contribuyó a la falta de moneda circulante; proliferaron los bandos que se aprovechaban de la escasez de circulante y de las altas tasas de interés propiciadas por éstas. Cuando al fin del período las exportaciones bajan aceleradamente y crece la penuria fiscal, está ya en proceso de consolidación una clase dominante de ámbito nacional cuyos multiformes intereses se expresan en la tierra, el comercio y la banca, y a cuyos antecedentes doctrinales, liberales o conservadores, se impone la necesidad de consolidar un poder autoritario central, que en lo político cumpla la función de crear un mercado y una entidad nacional. En estas circunstancias surge la Regeneración.


 

La regeneración


 

Las exportaciones colombianas que en 1875 habían sido de US29.9 millones bajaron a US7.3 millones en 1885. Entre 1879 y 1881, el precio de la quina de exportación cayó en un 80%. Para suplir las necesidades de importación se fundieron los objetos de oro que fueron convertidos en numerario, y la escasez de éste aceleró el aumento del tipo de interés, lo cual a su vez facilitó la especulación bancaria, pero al mismo tiempo obró como elemento depresivo de las actividades económicas. La decadencia de ciertas exportaciones como la quina, había dejado cesante a gran número de trabajadores y esto se manifestaba en malestar social con expresiones violentas como las insurrecciones urbanas de Bucaramanga y Pasto. Los levantamientos regionales proliferaban ante la mirada impotente del poder central. En 1875-1876 el régimen comienza a fisurarse con la violenta difusión del partido de gobierno entre liberales parristas y nuñistas y con la cruenta guerra a la que se lanzó el partido conservador en nombre de la religión y los Estados Soberanos. El federalismo había cumplido su función: las tierras de indígenas y de la Iglesia, así como gran cantidad de tierras baldías, habían sido repartidas. Ante las dificultades económicas, la quiebra de las exportaciones y las insurrecciones repetidas, el poder fraccionado del Estado no era ya el adecuado. Para las necesidades políticas y económicas de una clase dominante que se consolidaba a nivel nacional era preciso otro proyecto de gobierno. Este se encarnó en la Regeneración.

Rafael Núñez, político liberal, que a nombre de su partido había sido gobernador del Estado de Bolivia y Presidente de la República entre 1880 y 1882, encarnó el viraje. Muchos imputaron éste a traición pero él no era más que la encarnación de las nuevas necesidades de los sectores dominantes. Para el logro de su empresa iniciada en su segunda presidencia (1884-1886), Núñez contó con el apoyo conservador y con el de un sector del liberalismo al que debía su elección presidencial. La unión de estas dos fuerzas tomó el nombre de partido nacional pero bien pronto se convirtió en conservador.

La política de la Regeneración se plasmó en un proyecto económico, en un proyecto administrativo que a nombre del orden consolidó la represión, y en la utilización de la ideología y la reorganización de los aparatos ideológicos del Estado, que fueron entregados a la Iglesia Católica para su manipulación.

El proyecto económico tuvo como pilar el Banco Nacional. Al crearse éste, al hacerse obligatorios los depósitos estatales en él y no en los bancos privados, el Estado concentró recursos para conjurar el crónico déficit fiscal. La imposición de una moneda estatal de tipo nacional, el papel moneda, cuando hasta ese momento los bancos privados tenían el derecho de emisión, llevaba como propósito conjurar la escasez de dinero motivada por la fuga de numerario metálico y contribuyó a rebajar el tipo de interés y a dinamizar la actividad económica en el sector agrario y en la construcción. Al mismo tiempo, la política de devaluación con su secuela de disminución de salarios reales, favoreció a los propietarios de haciendas cafeteras e impulsó la exportación de café. Entre 1887 y 1897 se sembraron treinta millones de árboles de café. De allí en adelante este producto se implantó como principal artículo de exportación.

La tradición política de libre cambio comenzó a revisarse, y a través del manejo fiscal se activó una política proteccionista de la manufactura nacional. El control de la banca y el manejo monetario crearon fricciones momentáneas entre el Estado y el sector bancario que vio limitadas algunas de sus prerrogativas; esto dio lugar a los más fuertes ataques contra la Regeneración. Con todo, como los propietarios de banco tenían intereses vinculados a otros sectores de la economía tales como la producción y exportación de café, la política económica de la Regeneración en su conjunto los benefició. En el sector bancario, a la larga, el resultado fue la concentración y consolidación de unos pocos bancos a costa de la quiebra de bancos más pequeños.

El proyecto administrativo quedó plasmado en la Constitución de 1886. Como justificación de su papel redentor, Núñez había hecho circular el lema de: "Regeneración o catástrofe" y acuñado la frase de: "Centralización política y descentralización administrativa". Como respuesta a las nuevas necesidades, la Constitución dio paso a un estado centralizado, en el que se abolían los estados federales y se les sustituía por unidades administrativas denominadas departamentos, al frente de los cuales se designaban funcionarios de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. La soberanía se hacía residir unitariamente en la Nación y al ejecutivo, representante ya de clases con ámbito nacional y no de oligarquías regionales, se le fortificaba otorgándole un gran poder. Se unificaba la legislación para todo el país y se establecían mecanismos intervencionistas, que dejaban de lado la antigua concepción liberal, para que el Estado contara con herramientas legales para intervenir en la vida económica y regular el ejercicio de la propiedad, en aras del "bien común". Claro está que lo que se manifestaba como asunto técnico, de "descentralización administrativa", tenía un hondo contenido político pues era el asentamiento de un poder central, expresión del "interés general", encarnado en la clase dominante para mejor regular las condiciones de explotación de las masas populares e imponerse, en aras de ese interés general, sobre los intereses parciales de las oligarquías regionales o de las fracciones de clase. Por esa razón y para poder mantener ese propósito, era necesaria una fuerza representativa que garantizara la Constitución. De allí la centralización del poder armado, la supresión de los ejércitos regionales y la creación de un ejército y de una política nacional. Si en el período federal las revueltas tenían un ámbito regional, durante la Regeneración el desarrollo del poder central amplió los conflictos al ámbito nacional. En el período se reafirma la divisa del escudo nacional: "Libertad y orden", pero la implantación de ese orden, que relegó la libertad al símbolo emblemático implicó la guerra de 1885-1886, la de 1895, y la más cruenta de todas las del siglo XIX: la guerra de los Mil Días (1899-1902). Esta dejó como secuela cien mil muertos y fue causa importante de un efecto descentralizador: la separación de Panamá.

A la ideología religiosa se le asignó el papel de amalgama para solidificar el proyecto económico y el administrativo de represión. Si la Constitución de 1863 se dictó en nombre del pueblo, los constituyentes de 1886 se erigieron en voceros de Dios, "fuente suprema de toda autoridad", en cuyo nombre fue dictado el estatuto constitucional. Núñez era un escéptico religioso, que durante su larga estadía burocrática en Europa, había comprendido la función que podía jugar la manipulación de la ideología religiosa para la preservación del statu quo entre las masas. Como hábil político captó también que en el país había dos fuerzas organizadas en las que podía basar su proyecto administrativo de denominación: el ejército y el clero, y en ellos se apoyó. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se regularon por el Concordato de 1887, adicionado en 1891, y a la Iglesia se le otorgó inmenso poder. De nuevo se puso en sus manos el destino civil de las personas y a ella quedó encomendado el registro de nacimientos, matrimonio y muertes. Las cementerios quedaron bajo su control, el divorcio se suprimió y el matrimonio civil se dificultó y se convirtió en elemento de escarnio para quienes lo contrajeron. Se autorizó de nuevo la constitución de órdenes religiosas dentro del territorio nacional y a ellas se confirió la educación. Sobre la educación se estableció en el concordato:

"Artículo 12. En las universidades y en los colegios, en las escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizará y dirigirá de conformidad con los dogmas y la moral de la Religión Católica. La enseñanza religiosa será obligatoria en tales centros, y se observarán en ellos las prácticas piadosas de la religión Católica".

El artículo 13 después de reglamentar lo relacionado con la educación religiosa en los centros de educación del país, estableció: "el gobierno impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en general, de todos los ramos de la instrucción, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia". Para salvar la conciencia y preservar la bolsa de quienes -liberales o conservadores-, habían rematado los bienes eclesiásticos, el gobierno asumió la deuda y el Concordato estableció en su artículo 22 la obligación, por parte del Tesoro Nacional, de reconocer a perpetuidad en forma de deuda consolidada el valor de los bienes desamortizados y sus intereses.

A su vez el artículo 29 estableció que "la Santa Sede, a fin de proveer a la pública tranquilidad, declara, por su parte, que las personas que en Colombia, durante las vicisitudes pasadas, hubieran comprado bienes eclesiásticos o desamortizados, o redimido censos en el Tesoro Nacional según las disposiciones de las leyes civiles, a la sazón vigente, no serán molestadas en ningún tiempo ni en manera alguna por la autoridad eclesiástica, gracia que se hace extensiva no sólo a los ejecutores de tales actos sino a cuantos en ejercicio de cualesquiera funciones hayan tomado parte en los mismos, de modo que sus legítimos sucesores y los que hayan redimido censos, disfrutarán segura y pacíficamente de la propiedad de dichos bienes y de sus emolumentos y productos quedando firme sin embargo que en lo por venir no se repetirán semejantes enajenaciones abusivas".

Una vez en manos de la Iglesia el aparato de educación y arreglados los asuntos económicos de expropiación, bajo la hegemonía doctrinaria y política de la Iglesia, el "problema religioso" desapareció y el país quedó adecuado para enfrentar los problemas propios del siglo XX.


 

La república conservadora 1886-1930


 

El movimiento de la Regeneración pronto se convirtió en un gobierno simplemente conservador. Tras de su intento dictatorial (1904-1909) Rafael Reyes dejó el mando y fugazmente se instaló en el poder, el Movimiento Republicano. A su nombre Carlos E. Restrepo gobernó como presidente (1910-1914) pero en la práctica el grupo republicano estuvo compuesto por conservadores y liberales civilistas que pronto regresaron a sus antiguos partidos. Con estos matices puede decirse que durante cuarenta y cuatro años hubo la República conservadora.

El siglo XX se inicia en Colombia con dos hechos determinantes: La guerra de los Mil Días y la separación de Panamá (1903). La Constitución de 1886 había restringido los derechos y garantías individuales consagrados en las constituciones anteriores y los gobiernos de la Regeneración, en la práctica, los hicieron nugatorios. La prensa de oposición fue sancionada o clausurada; hubo destierro y cárcel para los oponentes y el sufragio, ya restringido en la Constitución de 1886 a los alfabetos con patrimonio económico, en la práctica se reservó para el partido de gobierno. Entre 1880 y 1904, el partido liberal sólo logró elegir dos representantes a la Cámara, uno en cada período parlamentario y ni un solo senador. En estas condiciones los sectores belicistas del liberalismo compuestos fundamentalmente por abogados y jóvenes intelectuales, se impusieron sobre el sector pacifista de su partido representado por gentes de mayor edad y capital. La guerra que duró tres años fue la más sangrienta de todas las que se presentaron en el siglo XIX.

La separación de Panamá fue impulsada por los círculos imperialistas de Norteamérica interesados en construir un canal interoceánico. Ante la indiferencia de la oligarquía colombiana se consumó la separación y Norteamérica cobró el servicio expropiándole al pueblo panameño la zona del canal. La intervención norteamericana en Panamá marcó un nuevo rumbo en las relaciones colombianas, pues a pesar de la descarada intervención yankee, los lazos económicos se fortificaron con Norteamérica a medida que se aflojaban con las potencias europeas.

El General Rafael Reyes, participante activo en las guerras civiles como oficial conservador, fue elegido presidente de la República en 1904. Al momento de su elección el país estaba devastado por la guerra recién terminada, la economía desorganizada, la devaluación que se presentaba era la más fuerte de toda la historia de Colombia como que el tipo de cambio del peso con el dólar había llegado al 10.000 por ciento, moralmente el país estaba postrado por la separación de Panamá. Reyes que había observado de cerca el proceso mejicano, trató de implantar un gobierno dictatorial inspirado en Porfirio Díaz. Al igual que otros caudillos latinoamericanos del momento, imbuidos de las ideas del positivismo y del progreso, pretendió abrir el país al capital extranjero y echar por la borda ciertas formas civilistas de gobierno. Al posesionarse rompió la tradición de los gobiernos exclusivistas y nombró dos ministros liberales con el propósito de granjearse el apoyo de los dirigentes de esa colectividad, hasta ese momento excluidos del banquete burocrático. El 13 de diciembre de 1904 cerró el Congreso; por decreto convocó en el año de 1905 una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Esta se inauguró con nutrida participación liberal en el año de 1905. A ciertos políticos conservadores usufructuarios de la hegemonía anterior y descontentos con la participación liberal que se opusieron a su gobierno a nombre de la legalidad, los confinó en regiones apartadas del territorio nacional. La Asamblea Nacional Constituyente, cuyo primer vicepresidente era el prestigioso jefe liberal General Benjamín Herrera, consagró la participación de las minorías, y en ella la representación liberal abrió la brecha para la perpetuación de Reyes en el poder al consagrar: "El período presidencial en curso y solamente mientras esté a la cabeza del gobierno el señor General Rafael Reyes, durará una década que se contará del primero de enero de 1905, al 31 de diciembre de 1914. En caso de que el Poder Ejecutivo deje de ser ejercido definitivamente por el General Reyes, el período presidencial tendrá la duración de cuatro años para el que entre a reemplazarlo de una manera definitiva: esta duración de cuatro años será también la de todos los períodos subsiguientes".

Con el apoyo del liberalismo y de un sector del conservatismo, el gobierno de Reyes se hizo cada vez más autoritario, la prensa de oposición fue silenciada, los oponentes perseguidos, y tras un procedimiento sumario, fusilados los participantes en un atentado contra el dictador. En estas circunstancias el país presenció el espectáculo de partidos, que según las conveniencias burocráticas lanzaban por la borda los principios que habían postulado y a nombre de los cuales habían hecho batir en las guerras a la población colombiana. Se vio entonces al círculo de políticos conservadores desplazados del ejercicio exclusivista del poder, protestando por lo que había sido práctica corriente en los gobiernos anteriores -cierre de parlamento, destierro a la oposición, limitación de la libertad de prensa- y al partido liberal, defensor del juego democrático y de las garantías individuales, apoyando al dictador y prorrogando el ejercicio de su poder. Por lo demás, era lo que acontecía en muchos países latinoamericanos, en los que caudillos militares de procedencia liberal imponían gobiernos dictatoriales que les permitían adecuar el país a las nuevas circunstancias de dominación imperialista ejercida por los Estados Unidos y dirigidas a la apropiación de las riquezas naturales. Reyes dictó algunas disposiciones proteccionistas de la producción manufacturera nacional y al mismo tiempo coadyuvó la penetración del capital norteamericano en el sector bananero. Con las concesiones que en el terreno petrolero hizo a sus válidos dio el primer paso para la subsecuente apropiación de las riquezas por las grandes compañías norteamericanas. En el año de 1909, su ministro liberal de Relaciones Exteriores, firmó con el Secretario de Estado Norteamericano el Tratado Cortés-Root por el cual mediante una irrisoria compensación material se arreglaba el diferendo sobre Panamá. El conocimiento de este hecho, sumado al descontento que su gobierno había suscitado en el país, motivaron un levantamiento en Bogotá. Al poco tiempo el dictador abandonó el poder y se ausentó de Colombia.

En las postrimerías del gobierno de Reyes se formó un grupo de oposición con pretensiones de constituirse en un tercer partido. Fue éste el movimiento Republicano de existencia fugaz. Su concepción política se expresó en la reforma constitucional de 1910 que era una adecuación del aparato estatal a las nuevas necesidades económicas. El café se afianzaba como producto estable de exportación y las medidas proteccionistas del gobierno de Reyes comenzaban a rendir frutos con la aparición de industrias. La guerra había dejado como secuela la devastación y era preciso un clima de entendimiento para que los negocios se desarrollaran. Para impedir la exclusión de un partido y que éste tuviera que acudir a las armas, se consagró la representación de las minorías; se abolió la pena de muerte que había sido autorizada desde 1886; se estableció la elección presidencial por el voto directo de los ciudadanos y se creó un sistema de control constitucional sobre las leyes por medio del cual se encargaba a la Corte Suprema de Justicia para que decidiera sobre su exequibilidad, con lo cual se daba cierta seguridad sobre las leyes al establecer reglas de juego claras para la burguesía en ascenso. Al finalizar el gobierno republicano de Carlos E. Restrepo, su grupo fue disolviéndose y sus adherentes regresaron paulatinamente a sus partidos de origen, el conservador y el liberal.

En el año de 1914, en las postrimerías del gobierno de Carlos E. Restrepo, se firmó entre Colombia y los Estados Unidos el tratado Urrutia-Thompson, por el cual se definía entre las dos partes el problema de Panamá. En él se estipulaba una indemnización pecuniaria por parte de los Estados Unidos y que éstos reconocerían su "sincero pesar" por los acontecimientos. En contraprestación, Colombia daba el asunto por concluido. El parlamento colombiano ratificó inmediatamente el tratado. No sucedió lo mismo en el de Estados Unidos en el cual era influyente aún el círculo de Teodoro Roosevelt y para el cual la cláusula del "sincero pesar" era una afrenta al pueblo norteamericano. Mientras tanto se habían descubierto en Colombia ricos yacimientos de petróleo y los círculos gobernantes norteamericanos se percataron de que con un poco de presión, y ante la avidez de la oligarquía colombiana por recibir la indemnización, podían presionar con éxito en su favor, la modificación de la legislación petrolera colombiana. Marco Fidel Suárez, quien gobernó al país entre 1918 y 1921, era un político conservador ultramontano dedicado a la gramática. Durante su gobierno se dictó una legislación petrolera en un todo favorable a los intereses norteamericanos. Con ello el presidente gramático no hacia más que desarrollar la teoría expuesta en sus escritos, de una estrecha colaboración con los Estados Unidos expresada en el lema "hay que mirar al norte", hacia "la estrella polar". En el año de 1921 el Presidente Harding presentó al Congreso norteamericano el tratado de 1914 y éste lo aprobó fijando una indemnización de US25.000.000 pero exigiendo que la cláusula del "sincero pesar" fuera abolida. El presidente Suárez presentó al Congreso colombiano las modificaciones al tratado para que éste las aprobara y ante la agitación producida por las nuevas circunstancias y los ataques que recibía en el parlamento, y con el fin de facilitar la aprobación del tratado, se retiró de la Presidencia. Su sucesor, el Designado Jorge Holguín, nombró como Ministro de Relaciones Exteriores al liberal Enrique Olaya Herrera quien con su habilidad parlamentaria, logró que el tratado fuera aprobado con las modificaciones propuestas por el parlamento americano. Olaya fue premiado con la legación en Washington de donde volvió al país en el año de 1930, para inaugurar, como presidente, la república liberal. Con su nombramiento y el de otros prestigiosos abogados liberales quedó consagrada la subsecuente política de gobiernos conservadores que consumaron la entrega de los petróleos colombianos con la colaboración de abogados y financistas liberales. El liberal Olaya fue quien como representante diplomático del gobierno conservador, durante la Conferencia Panamericana de La Habana en 1928, apoyó los planteamientos, en el sentido de consagrar la intervención de Norteamérica en los países latinoamericanos.

Entre 1910 y 1919, las exportaciones aumentaron a una tasa promedio anual superior al 11%. Para 1919 el café representaba el 79% de las exportaciones. La burguesía nacional que estaba capitalizando fuertemente en el comercio exterior y que contaba con un mercado interno en ampliación, aprovechó la coyuntura brindada por la primera guerra mundial, y aceleró el ritmo de inversión en el sector industrial. Los años veinte conocieron un auge económico sin precedentes. Al impulso de la acumulación interna, de los dineros provenientes de los Estados Unidos por empréstitos y por la "indemnización" a Panamá, se construyeron carreteras, ferrocarriles, cables aéreos, obras de infraestructura urbana, etc. Se calcula que entre 1923 y 1928 ingresaron al país 128 millones de dólares por empréstitos americanos y por la dicha indemnización. Como es natural, la nueva situación económica transformó las condiciones sociales de dominación en el campo y en la ciudad y dio lugar al surgimiento político beligerante de obreros y campesinos y a las primeras manifestaciones organizadas del movimiento socialista.


 

Movimiento de masas
 

 

El proletariado irrumpe en el siglo XX con la forma más inmediata de lucha: la huelga. En las postrimerías del siglo XIX el investigador de la historia social colombiana puede rastrear un movimiento huelguístico en el ferrocarril del Pacífico en el año de 1878 y otro de más intensidad, por parte de los trabajadores del Canal de Panamá en 1884. Con todo, es en el siglo XX, con un verdadero proletariado en formación cuando se dan las huelgas de magnitud y con sentido gremial y político. La Costa Atlántica, que a causa de su situación geográfica estaba menos aislada que el resto del país y recibía el influjo de marinos e inmigrantes anarquistas y socialistas, fue el escenario de las primeras grandes huelgas: 1910: huelga en Barranquilla; 1918: movimiento huelguístico generalizado en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; 1918: primera huelga de la United Fruit Company en la zona bananera de Santa Marta; 1919: huelga en el ferrocarril de Girardot; marzo de 1919: huelga y manifestación de artesanos en Bogotá reprimida a bala por el gobierno de Marco Fidel Suárez; 1924 y 1927: grandes huelgas en la zona petrolera de Barrancabermeja contra la Tropical Oil Company con un saldo de 1.200 trabajadores despedidos en la primera, y represión y consejo de guerra para los líderes en la segunda; 1928: segunda huelga y gran masacre en la zona bananera de Santa Marta. A los anteriores habría que agregar un número de movimientos huelguísticos más locales pero importantes, en los textiles, en los ferrocarriles y en otras actividades. En general, puede decirse de éstos que los más violentos y que tuvieron un claro contenido antiimperialista, fueron los que se presentaron en los "enclaves coloniales" de las compañías norteamericanas, que los que se desarrollaron en los ferrocarriles por lo regular lograron sus objetivos económicos debido a la organización, la solidaridad de otros sectores y a la capacitación técnica de los participantes que hacía difícil sustituirlos por esquiroles, en cuanto a las huelgas en la naciente industria textil debe destacarse la activa participación de las mujeres, que en estas industrias, eran el sector mayoritario y más explotado. La respuesta de los gobiernos conservadores fue la misma: represión, negación de derechos e incluso apelación a las armas para debelar las huelgas que en casos como el de Barrancabermeja, eran jurídicamente catalogadas como sediciosas.

El notable crecimiento económico que vivió el país en los años veinte, tuvo también su repercusión sobre el sector agrario: se puso en marcha un proceso de migración, la urbanización se aceleró, las obras públicas y los enclaves petroleros crearon nuevas fuentes de trabajo, y los campesinos migraron hacia ellos bajo el incentivo de mejores salarios; el crecimiento de las exportaciones de café amplió el campo de monetización del sector agrícola y la demanda para este tipo de productos se amplió. La estructura agraria fincada en las relaciones de dominación de la gran hacienda y dirigida a producir para el mercado externo y para la subsistencia de peones hacendatarios, hubo de modificarse al impulso de las nuevas realidades económicas y sociales. Con la aparición de formas organizativas del campesinado, producto del nuevo ambiente político, el campo colombiano se convulsionó en muchas regiones. Hacia 1916, el Cauca fue escenario de levantamientos de indígenas caudillados por Quintín Lame; la región del Sinú presenció movilizaciones campesinas hacia 1919, y los años veinte, en las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima, vieron aparecer ligas agrarias que luchaban por mejores condiciones de trabajo y por la modificación de las formas tradicionales de explotación del campesinado.

Ignacio Torres Giraldo, aguerrido luchador de las causas populares en la primera mitad del siglo XX, describe así la situación ideológica de la izquierda colombiana a principios de siglo: "A las mentes avanzadas de Colombia las encontró el siglo XX dilucidando todavía los grandes episodios de la Revolución Francesa de 1789, y en ocasiones leyendo a Keyserling, que había sido leído ya por José Hilario López, unos sesenta años atrás. Y más o menos a este retrasado nivel estuvieron en 1914, si hacemos justas y meritorias excepciones de los poquísimos políticos letrados, que obtenían y a veces difundían, fragmentariamente, informaciones del pensamiento socialista, de índole reformista que circulaba por Europa, sobre todo hacia el occidente y principalmente en Francia. De los políticos letrados a que nos referimos, ocupaba primer sitio el General Uribe... Algunos lectores de periódico, de influencia liberal-uribista y en algunos casos de tendencia obrero-socialista (como el autor de esta obra), sabíamos de la posición pacifista del líder del socialismo francés, Jean Jaurés, frente al cataclismo de la guerra, y nos hicimos yorecistas, es decir, gente que veía la guerra desde un ángulo humano, sentimental, como sacrificio de los pueblos al calor de una falsa propaganda patriótica, denominada por los propios pacifistas franceses como chovinismo"5.

A fines de la primera guerra mundial el panorama ideológico cambió y la intelectualidad viró hacia el socialismo. La Revolución Soviética de 1917, el manifiesto de los estudiantes de Córdoba en 1918, la Revolución Mexicana, el pensamiento del marxista peruano José Carlos Mariátegui y las ideas anti-imperialistas del Apra calaron fuerte, como guía, en el pensamiento intelectual que comenzaba a anudar vínculos con el movimiento popular: campesino, artesano y proletario.


 

Los grupos socialistas


 

En varias ciudades del país, asociaciones obrero-artesanales hablaron de crear, en 1910, el partido "Obrero Colombiano" y en 1913 formaron en Bogotá la "Unión Obrera de Colombia". En 1916 circuló un manifiesto que invitaba a la formación del "partido obrero" y en el mismo año se fundó un semanario que llevaba ese título. En 1919, se realiza la primera conferencia nacional obrera y en el mismo año es creado, y lanza su plataforma, el "Partido Socialista", de composición heterogénea y de confusa ideología. El Partido Socialista, tras de obtener halagadores resultados en ciertas capitales durante las elecciones municipales de 1921, es absorbido por el partido liberal que postula al General Benjamín Herrera como candidato presidencial.

Al impulso de las experiencias soviéticas, un grupo de intelectuales formó en 1924, bajo la tutela ideológica de Vicente Staviky un ruso emigrante, un círculo de estudios de marxismo que se autodenominó partido comunista. Este grupo no trascendió de la experiencia intelectual y la mayoría de sus componentes hizo luego brillante carrera dentro de las toldas del partido liberal, como fue el caso de Gabriel Turbay. Sin una ideología muy clara, pero ligado a las masas populares: campesinos, proletarios y artesanos, funcionaba en 1926 el Partido Socialista Revolucionario, afiliado a la Internacional Comunista. Aunque de nombre socialista y reivindicando la doctrina marxista, este partido mantuvo vínculos muy estrechos con los sectores radicales del liberalismo, sobre todo de aquellos que conservaban la nostalgia de las guerras civiles y preconizaba este medio, o el alzamiento, como método de reconquista del poder para su partido. El Partido Socialista Revolucionario participó activamente en los movimientos huelguísticos y campesinos que contribuyeron a quebrantar la férrea estructura de los gobiernos conservadores y colaboró activamente en el levantamiento que, a nombre del bolchevismo, tuvo lugar en el Municipio de El Líbano, Tolima, en el año de 1929. En ese mismo año, el Partido Socialista Revolucionario se escindió en dos alas; una que se aproximó a los liberales "putchistas" y otra que se constituyó en embrión para la creación del Partido Comunista de Colombia en el año de 1930.

Ante los nuevos hechos, el partido conservador gobernante no tuvo otra actitud que la represión. Con una ideología autoritaria, ligado a los sectores clericales más retrógrados y vencedor por las armas en forma apabullante, a nombre del orden, la familia, la sociedad cristiana, el gobierno conservador anatematizó a sus oponentes y los reprimió por la fuerza. A las nuevas circunstancias del capitalismo y a sus secuelas de organización obrera y descomposición campesina, no supo adecuar el aparato estatal por medio de la legislación con el objeto de captar el movimiento inconforme, como se venía haciendo a través de la "legislación social", en la mayor parte del mundo capitalista. Las huelgas eran duramente reprimidas. Aterrados por el movimiento popular en el que veían siempre una conjura bolchevique, los gobiernos conservadores acudieron a la legislación represiva. En 1925, se propuso de nuevo en el parlamento la implantación de la pena de muerte. La izquierda y los sectores liberales consideraron que el proyecto apuntaba contra ellos dentro de un régimen en el que se asimilaban las acciones políticas al delito común. En 1928, el Senado aprobó un proyecto de ley, llamado "Ley heroica", por medio del cual se prohibían las organizaciones populares de oposición que la ley denominaba bolcheviques.

En diciembre del mismo año 28, el gobierno conservador, por medio del ejército, perpetró la más grande masacre de trabajadores de la historia de Colombia. La matanza tuvo lugar en la zona bananera de Santa Marta, sobre operarios que habían entrado en huelga contra el monopolio bananero de la United Fruit Company. El 8 de junio de 1929, las calles de Bogotá se ensangrentaron con la muerte de un estudiante, y el escándalo producido precipitó la caída del régimen conservador desacreditado ya por sus matanzas, represiones e incapacidad para dar salida al descontento popular. Al desmoronamiento final del régimen, contribuyó la actitud vacilante del Arzobispo de Bogotá para escoger candidato conservador. Sucedía que con el régimen teocrático implantado desde 1886 era el Arzobispo Primado quien decía la última palabra sobre quien debía ser el candidato del partido conservador y en consecuencia, el presidente. En 1930, ante la división conservadora el arzobispo osciló, ora llamando a votar por uno de los candidatos, ora acudiendo en auxilio de otro. En sus pastorales políticas la jerarquía eclesiástica se dividió; cada Obispo insinuaba del candidato ajeno a sus preferencias el terrible pecado de connivencia con la masonería. En ese estado social que refleja muy bien la omnipotencia eclesiástica, el partido liberal unido propuso como opositor del conservatismo desunido a Enrique Olaya Herrera, Embajador en Washington y hombre de confianza de los banqueros y petroleros norteamericanos.


 

El liberalismo en la oposición


 

Con la derrota en los campamentos, durante la Guerra de los Mil Días, el partido liberal quedó destrozado militar, organizativa e ideológicamente. El trueque de cargos burocráticos por principios, durante la dictadura de Reyes, no contribuyó a levantarlo y la reforma Constitucional de 1910, en la que se consagraba la participación de las minorías, le fijó su cuota burocrática y parlamentaria y lo adecuó como socio menor para las componendas entre los grupos conservadores. A principios del siglo, el liberalismo seguía nutriéndose de las mismas fuentes ideológicas que había profesado en el siglo XIX y parecía que su destino iba a ser el mismo de otros partidos liberales latinoamericanos que marchaban hacia la desaparición. Ante las nuevas situaciones sociales la juventud comenzó a abandonarlo y a adherir al pensamiento socialista, así fuera este difuso y literario. En las elecciones de 1921, por ejemplo, en Medellín, el partido que se llamaba Socialista obtuvo el 23 % de los votos mientras que el liberalismo sólo obtuvo el 15%. Intelectuales como Luis Tejada se decían comunistas y entonaban la "Oración para que no muera Lenin", y un joven escritor, Alberto Lleras Camargo, escribía: "Porque el partido liberal es un partido que no tiene una sola idea. Y las que tiene, son de patrimonio común con el partido conservador. Porque el partido liberal, con hombres volubles e inconexos como Antonio José Restrepo y Olaya Herrera, o con hombres desconectados de toda cultura como Bustamante, verbalistas unos y mudos los otros, está tocado con el sello trágico que imprimía la muerte roja a los invitados del cuento de Poe. Un día ha de acabar por dar la voltereta. Y entonces, cuando le veamos el trasero, que por ahora no quiere mostrar sino en frente arcaico y desusado nos convenceremos de que estaba hecho a remiendos, sustituyendo aquí con una idea regresiva la que había pasado a ser lema del conservatismo y poniendo allá toques revolucionarios en donde sólo había fanfarroneado de derrotados"6.

La falta de claridad política sobre ciertos conceptos, contribuyó a facilitar la labor de captación que jugó el partido liberal durante el siglo XX. Desde el siglo XIX se tachó como socialista todo lo que pugnara con el liberalismo económico absoluto o tuviera que ver con el intervencionismo de estado. Así, por ejemplo, los opositores de Núñez llegaron a enrostrarle el término de socialista por sus medidas gubernamentales en cuanto a la banca, la moneda o los aranceles. En el siglo XX, y en forma consciente, ciertos sectores han jugado con el equívoco de intervencionismo de estado como sinónimo de socialismo para recaudar los beneficios políticos que esta confusión acarrea entre masas que creen encontrar expresión a sus intereses, cuando lo que se les propone es una forma más refinada de administrar la explotación. El partido liberal ha mantenido el equívoco en el siglo XX y hasta sectores internos dentro del mismo, los más reaccionarios, han coreado la acusación de socialistas respecto a ciertas políticas de intervención. La ideología del partido liberal colombiano que sigue proclamando lo innecesario de la creación de partidos de clase, pues según ella el liberalismo socializante bien representa y ha representado los intereses de proletarios y campesinos, acude siempre al mito de un liberalismo "nutrido de las canteras del socialismo", como lo expuso desde comienzos del siglo el jefe liberal, General y Doctor Rafael Uribe Uribe. Indudablemente Uribe señalaba para su partido en el siglo XX derroteros distintos. Le proponía el abandono de las doctrinas del "laissez faire" y su sustitución por otras acordes con las nuevas situaciones y la afirmación del poder del Estado para intervenir en la vida económica y en la regulación de las condiciones de producción, que daba la estructura de clase, tenían que ser condiciones de explotación. A su liberalismo lo llamó Uribe, "Socialista". Su pensamiento "socialista" lo expresó así: "Pero ahora quiero ir más lejos: en vez de rechazar acepto la imputación de socialista del Estado y la reivindicaré en adelante como un título. No soy partidario del socialismo de abajo para arriba que niega la propiedad, ataca el capital, denigra la religión, procura subvertir el régimen legal y degenera, con lamentable frecuencia, en la propaganda por el hecho; pero declaro profesar el socialismo de arriba a abajo, por la amplitud de las funciones del Estado".

El liberalismo que desde su caída en 1886 había presentado candidatos presidenciales simbólicos, se preparó para proclamar en las elecciones de 1922 al General Benjamín Herrera. El país estaba viviendo un proceso de urbanización, de industrialización y era preciso contar con las masas urbanas que trataban de expresarse con vida propia a través de las difusas organizaciones socialistas. En las elecciones municipales de 1921, los socialistas cuyas bases tenían un origen liberal, habían tenido bastante éxito electoral. Para atraer a los nuevos sectores populares urbanos, el liberalismo inició entonces un proceso de recuperación incluyendo en su programa algunas reivindicaciones laborales, ante las cuales, y dada la inconsistencia ideológica del Partido Socialista, las bases adhirieron, o mejor, retornaron al partido liberal. En 1920, Benjamín Herrera, jefe del liberalismo, había expresado en una entrevista para un periódico barranquillero: "No veo la razón para, que se funde un tercer partido político en Colombia, cuando dentro del liberalismo caben todas las aspiraciones de los trabajadores porque éste es carne de su carne y hueso de sus huesos". En un discurso de su campaña presidencial el 8 de enero de 1922, Herrera expuso su pensamiento social: "...Quiero que los oradores que me han honrado con sus conceptos benévolos, se sirvan transmitir a las corporaciones por ellos representadas mi anhelo ferviente de que el partido liberal pueda llevar un día a la conquista de realizaciones efectivas todas aquellas legítimas aspiraciones populares que habrían de traducirse en seguros obreros, reglamentación equitativa y humanitaria del trabajo de las mujeres y los niños, consagración del derecho de huelga en prácticas de justicia, higiene de los talleres, habitaciones para obreros, protección del obrero agrícola, sindicatos obreros, contrato del trabajo, ampliación e intensificación de la instrucción pública primaria e industrial, y, en una palabra, todo lo que tienda a mejorar las condiciones de aquellos compatriotas que representando el capital más valioso de la República tienen derecho al amparo especial de una legislación, equitativa y justiciera".

La plataforma de Herrera satisfizo las aspiraciones del Partido Socialista. "En consecuencia este Directorio, gustoso, con el mayor entusiasmo y decisión apoya al candidato del liberalismo y excita a las organizaciones congéneres y a los copartidarios socialistas a trabajar hasta obtener el triunfo de este genuino exponente de la democracia y bien intencionado benefactor del pueblo obrero". (Declaración del Directorio Municipal Socialista de Bogotá). El candidato Herrera no triunfó, en su mayoría las masas volvieron al partido liberal, y el partido socialista se desintegró. Acto seguido el liberalismo convocó una Convención Nacional que se reunió en Ibagué el 29 de marzo de 1922. En ella acogió programáticamente las reivindicaciones laborales esbozadas durante la campaña presidencial.


 

La república liberal 1930-1946


 

El régimen conservador se derrumbó y el partido liberal llegó al Gobierno discretamente, a través de un movimiento denominado "Concentración Nacional", de composición bipartidista, que lentamente derivó hacia la hegemonía liberal. El Gobierno de transición lo presidió Olaya Herrera (1930-1934), quien gerenció la crisis y consumó la entrega de los petróleos colombianos. Fue en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), durante la "Revolución en Marcha" cuando el partido liberal emprendió una serie de reformas para adecuar el estado a las nuevas situaciones económicas y sociales. La política emprendida por este Gobierno marcó la fisonomía del liberalismo y le permitió captar el movimiento inconforme: intelectual, agrario y sindical. El papel de captación fue jugado por medio de la "institucionalización", es decir, a través de modificaciones constitucionales y legales que encuadraron la nueva problemática dentro de un marco jurídico. La vértebra fue la reforma Constitucional de 1936, uno de los pilares operativos, la reforma tributaria, y los medios de captación fueron, para los intelectuales inconformes, la posibilidad de perorar en los sillones burocráticos, y para los campesinos y obreros, la intervención estatal y una tímida legislación.

La economía del país había dado un vuelco en los tres primeros decenios del siglo XX. La estructura agraria había sufrido fuertes transformaciones y la legislación tradicional no contemplaba instrumentalmente las nuevas situaciones conflictivas que por esta causa derivaban en un tratamiento de Código Penal y de Policía. Al presentarse la crisis de 1929, el país contaba con una industria liviana básicamente ya instalada y el Estado requería de instrumentos de intervención para regular la nueva situación económica derivada de la industrialización y de herramientas legales para encausar los conflictos obrero-patronales, impidiendo que éstos tomaran un giro subversivo.

Cuando vino la avalancha de dinero norteamericano, durante el gobierno conservador del General Pedro Nel Ospina (1922-1926), se dieron algunos pasos de adecuación del Estado para el manejo económico. Bajo las instrucciones de unos enviados norteamericanos, la Misión Kemmerer, se habían regulado los sistemas bancarios y monetarios por medio de la fundación de un banco estatal, el Banco de la República. Pero aún faltaba una adecuación más amplia que permitiera al Estado intervenir, sobre todo en favor del desarrollo industrial que ya se esbozaba, y que le suministrará los medios económicos para intervenir. El Estado estaba financiado casi exclusivamente por impuestos indirectos y su presupuesto era magro. En 1914, el 98.7% de los impuestos era de ese origen, y todavía en 1928 el 92% de los ingresos estatales tenía esa procedencia. Si el Estado quería actuar en la vida económica y no simplemente limitarse a las funciones represivas, tenía que buscar fuentes más amplias de financiación. Esto lo habían percibido ya los Ministros de Hacienda de los últimos gobiernos conservadores, pero una modificación en la estructura tributaria significaba entrar en pugna con sectores dominantes, sobre todo terratenientes, y el partido conservador por razones de su misma base social y de poder no estaba dispuesto a dar el paso.

Dentro de un caldeado ambiente político, el parlamento homogéneamente liberal, ya que el conservatismo había decretado la abstención electoral, emprendió la reforma constitucional de 1936. La oposición tachó al intento de socialista y bolchevique, y los liberales, muchos de ellos untados todavía de los gestos socialistas del decenio anterior, se solazaron empleando una jerga socializante, prestada del tratadista francés León Duguit y de las discusiones de la República española, para expresar lo que en el fondo no era más que intervencionismo de estado. Otra vez el equívoco funcionó: la reacción tachó de socialista lo que no era más que liberalismo modernizante y las masas sin formación política cerraron filas alrededor del "socialismo liberal" que se presentaba como expresión de sus intereses y vestía con frases atrevidas lo que era papel de simple adaptación.

Ante la reforma, el partido liberal tomó diferentes posiciones. Un sector radical propugnaba la expedición de una nueva constitución como expresión de una nueva sociedad. Gerardo Molina, brillante representante de esta pequeña fracción, decía durante el debate constitucional: "Estimo, por consiguiente, que cuando una nueva fuerza política ha llegado al Poder, tiene que expedir un nuevo estatuto, porque entonces no habría ocurrido nada, no habría pasado nada. A qué vendría esta movilización de las masas colombianas, si al llegar al poder decimos ¿está todo perfectamente bien? Basta retocar esta Constitución, todo lo demás está bien. No toquemos los temas doctrinarios, como proponía ayer el señor Ministro de Gobierno, un poco atemorizado. "Por su parte, uno de los más caracterizados voceros de la "izquierda liberal", a quien la reacción hacía aparecer como bolchevique, el Ministro Darío Echandía, era partidario de la modificación parcial y durante el debate expresó así su pensamiento: "Todas las Constituciones modernas están inspiradas en el principio de que si el interés público o social exige que una ley vulnere los derechos privados, éstos deben subordinarse a aquél. Y este principio está admirablemente expresado en el artículo pertinente de la Constitución del 86, que por este aspecto es socialista...".

Más realista el Presidente López quien por su experiencia de banquero era dado a lo pragmático y que tenía claro que la función del liberalismo era de simple adecuación, sin equívocos socialistas respecto a la Constitución, simplemente propuso la reforma de algunos de sus aspectos. Años después, durante su segunda presidencia (1942-1945), en el mensaje que dirigió al Congreso durante la inauguración de las sesiones extraordinarias de 1945, fijó el alcance que había tenido la modificación constitucional de 1936: "Mi primer Gobierno tomó la iniciativa de proponer al Congreso Liberal la enmienda constitucional, y entonces se vio, fácilmente, cómo no era cierto que los voceros del liberalismo estuvieran tan distanciados filosófica y jurídicamente del pensamiento original de 1886, como parecían estarlo o creerlo. La Reforma de 1936, fue una refriega indecisa entre la audacia y la cautela. Solamente en lo relativo a la libertad de enseñanza y de conciencia, rompió, como se dijo con frase afortunada, una vértebra al estatuto. Sin embargo, se promovió desde fuera del Congreso una reacción amenazante y se habló de desconocer el imperio de la legislación. Se le tachó de comunista, de disolvente de la sociedad colombiana, de atea, de corruptora... Lo cierto es que en el Congreso homogéneo se fue descubriendo, a medida que avanzaba el estudio, que no había ningún anhelo popular representado en las Cámaras, ni fuera de ellas, exigiendo imperativamente que la conformación política y la organización del Estado se sustituya por otra...".

En medio de una tormenta oratoria y de una violenta oposición, las discusiones sobre la reforma constitucional, en síntesis, confluyeron en lo siguiente: en retocar la Constitución de 1886 en lo referente al derecho de propiedad, en autorizar al Estado para intervenir en la empresa pública o privada "con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo", y en suprimir ciertos artículos confesionales del estatuto de 1886, es decir, lo que anotaba el Presidente López, laicizar un poco el Estado. Para lograr ésto, el liberalismo logró concitar el apoyo popular y de las organizaciones de izquierda, las que en un marco declarado de Frente Popular, y bajo el lema gubernamental de "Revolución en Marcha", se lanzaron a las calles a manifestar su apoyo al "Gobierno revolucionario liberal".

La Constitución de 1886 reconocía la propiedad privada y establecía que por motivos de "utilidad pública", el interés privado debería ceder al interés público y decía también que cuando por motivos de "utilidad pública" hubiera lugar a enajenación forzosa "se indemnizará el valor de la propiedad, antes de verificar la expropiación" La reforma consistía en equiparar el concepto de utilidad pública con el de interés social, en establecer que la ley podía autorizar la enajenación forzosa no sólo por motivos de utilidad pública sino de interés social y en facultar al legislador para que determinara cómo debía hacerse la indemnización. Por estas modificaciones los enemigos de la reforma la llamaron bolchevique y socialista.

En conexión con el anterior se introdujo un artículo que facultaba al Estado para intervenir en la vida económica y en los conflictos obrero patronales. Decía éste: "El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho". Para que no quedara duda del sentido de la norma constitucional se insertó en el acta la exposición que un Senador hizo sobre el concepto de racionalización: "Hubo una vez un industrial angloamericano que fue un gran observador. Vivió casi incomprendido, murió en 1915 y se llamó Taylor. Sus observaciones fueron un conjunto de experiencias y deducciones sagaces, que han merecido el nombre de taylorismo, o sea: ciencia de la organización del trabajo. Desde el cálculo del peso de la herramienta que proporciona menos fatiga y da más rendimiento, y la medida del período de descanso del obrero que ha de aumentar su producción, se ha remontado la aplicación de estos principios, hasta el funcionamiento de los órganos del Estado y ha constituido ya un motivo de preocupación internacional... Ved, pues, Honorables Senadores, que no podemos negar al Gobierno este precioso instrumento de lucha para casos imprevistos. Ahora, en cuanto establece el artículo la protección al trabajo, creo que no sobra como ratificación de la plataforma liberal, si bien uno de los fines de la racionalización es cambiar la mentalidad del patrón, en relación con sus subordinados, a quienes debe considerar como sus colaboradores". La introducción de este artículo fue otro de los caballos de batalla contra la reforma constitucional que por ello fue motejada de bolchevique y socialista.

El aspecto laicizante de la reforma se concretó en la supresión del artículo que en la Constitución de 1886 establecía que "La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación" ; en eliminar la exención de impuestos para los bienes eclesiásticos, en sustituir el contenido de un artículo que en la Constitución de 1886 decía "es permitido el ejercicio de todos los cultos", por otro en que se decía: "se garantiza la libertad de todos los cultos". Esta modificación fue violentamente atacada porque reemplazaba el concepto de "tolerancia" por el nocivo de "libertad" de cultos; y en cambiar la frase "La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica" por la que dice "se garantiza la libertad de enseñanza". Por todo ello, la reforma fue tachada de bolchevique, socialista y atea, no obstante que la Constitución se expedía "En nombre de Dios, Fuente Suprema de toda autoridad" y que para evitar al máximo toda confrontación de tipo religioso el constituyente liberal negó en el Senado, por 33 votos contra 3, la implantación del divorcio y el matrimonio civil.

Alfonso López, hijo del mayor banquero y de uno de los mayores capitalistas del país, recibió su educación académica en Londres y la práctica en el mundo de los negocios. En los años veinte gerenció un banco norteamericano en Bogotá, El Banco Mercantil Americano, con tan buen éxito que el Vicepresidente del Banco Central de New York afirmaba: "El es probablemente el mejor banquero latinoamericano que haya tenido el privilegio de tratar... es muy bien conocido en New York y aparentemente conoce nuestro país tan bien como los del Sur y Centro América". La magnitud de su vinculación con el mundo de los negocios y con el capital extranjero está muy bien descrita por uno de sus amigos y biógrafo: "Basta anotar que cuando el país esperaba ansiosamente que el congreso americano aprobara, como indemnización por la separación de Panamá, la suma de veinticinco millones de dólares, pagaderos en cinco cuotas anuales, López trajo a Colombia en menos tiempo, una cantidad aproximadamente igual para vigorizar la economía nacional"7.

López inició en su primera administración los gobiernos hegemónicos liberales y al suyo le dio el nombre de la "Revolución en Marcha". En él, con su espíritu pragmático y con su perspectiva desde el gran capital, se inició una transformación estatal y un proceso de captación de la inconformidad popular. Su empresa, que conscientemente iba dirigida a la modernización del país para mejor funcionamiento del capital, fue tildada de subversiva y bolchevique.

López desarrolló su gestión modernizante en un contexto internacional que políticamente le era propicio. Para conjurar la crisis y con miras a los enfrentamientos imperialistas que ya se preludiaban, Franklin D. Roosevelt inauguró en su país una nueva política. En lo interno puso en práctica el New Deal, política intervencionista que también fue motejada de socialista, y para América Latina, enunció la "Política del Buen Vecino" como réplica a la del "Gran Garrote" preconizada por  Teodoro Roosevelt. Ante el vendaval que se avecinaba, ante la próxima confrontación con la Alemania nazi, era conveniente tener aliados en el patio trasero del imperio y ser buen vecino de las repúblicas latinoamericanas. La situación europea había llevado a comunistas, socialistas y demócratas a cerrar filas contra el nazismo y el fascismo dentro de los Frentes Populares. La directriz dada por la internacional comunista a sus partidos adherentes, de apoyar a las burguesías progresistas en el poder, facilitó a López su gestión de captación del movimiento obrero. En América Latina se respiraba un aire nacionalista y por la misma época un gobernante como Lázaro Cárdenas en México impulsaba la reforma agraria y nacionalizaba los petróleos. En ese contexto, López llevó a cabo la función liberal de modernización del Estado y de captación del movimiento inconforme intelectual, del movimiento campesino y del sector obrero.

Con los intelectuales el asunto fue fácil. Estudiantes en los veintes, profesionales en los treintas, el partido liberal se ofreció generoso a ellos desde el gobierno y les otorgó el parlamento, las embajadas y los ministerios, garantizándoles de contera, que en el ámbito de la "revolución en marcha" no había necesidad de abandonar el lenguaje socializante y que como funcionarios, podían acudir a congresos y manifestaciones populares contribuyendo así a la domesticación del movimiento inconforme. En el primer gabinete ministerial de López todos los ministros eran menores de 38 años y Alberto Lleras, el mismo que unos pocos años atrás no le veía futuro al partido liberal, comenzaba su futuro, como ministro, a la edad de 29 años.

Con el movimiento campesino, el Gobierno liberal procedió así: en los años veinte, los campesinos reunidos en ligas agrarias, lucharon fundamentalmente por mejores condiciones de trabajo sin cuestionar, en general, la propiedad de la tierra. Ante la posibilidad de encontrar más altos salarios en las obras públicas u otros frentes de trabajo, presionaron mejores salarios por medio de huelgas. Muchas haciendas, principalmente las cafeteras, conservaban la mano de obra que necesitaban por medio de "arrendatarios". Estos funcionaban así: el propietario les adjudicaba un lote de terreno para que cultivaran lo que requerían para su sustento. En contraprestación los arrendatarios laboraban durante cierto número de días en la hacienda con lo cual ésta contaba con mano de obra suficiente para sus labores. La petición inicial de los arrendatarios fue la de que se les permitiera el cultivo de productos de venta en el mercado. Los propietarios se negaban aduciendo para ello que tales cultivos eran de larga duración y que con ellos los arrendatarios podrían reclamar mejoras y a través de éstas reivindicar la propiedad.

Al sobrevenir la crisis de los años treinta y el desempleo que ella generó, muchos trabajadores de obras públicas que quedaron cesantes regresaron al campo llevando consigo un espíritu de lucha y organización y la experiencia del trabajo salarial. Entre 1930 y 1931 se registraron en la Oficina General del Trabajo 58 conflictos agrarios y se calcula que entre 1928 y 1937, en sólo 18 sitios de la República, participaron en las luchas agrarias cerca de 20.000 campesinos, de los cuales cerca de 11.000 correspondían a municipios de Cundinamarca8.

Las ligas campesinas dirigidas por el Partido Comunista la UNIR lanzan a partir de 1932 la consigna de que los colonos deben sembrar café, plátano y caña de azúcar. En el conflicto que se venía expresando como "problema laboral" relativo a los salarios, o a los contratos de arrendamiento, se cuestiona ahora la propiedad misma. En su lucha por la tierra, durante los años treinta, el movimiento campesino se sobrepone aún al movimiento obrero.

La legislación existente estaba en retraso respecto a las nuevas situaciones. Cuando los trabajadores agrícolas reclamaban colectivamente mejoras en las condiciones de trabajo, los propietarios les respondían que ellos eran más que arrendatarios, que no estaban ligados por contratos de trabajo, que por lo tanto, podían ser arrojados del predio, "lanzados", y así se procedía comúnmente. En estas condiciones un problema salarial terminaba con el desalojo de los arrendatarios, y a éstos no les quedaba otra opción que declararse colonos, con lo cual cuestionaban ya directamente la propiedad territorial.

Una ley de 1905 estableció que el ocupante de un predio debía exhibir el título de propiedad, o el contrato de arrendamiento, o en caso contrario, las autoridades verificarían el lanzamiento en 48 horas. Como el contrato entre terratenientes y campesinos casi siempre era verbal, estos últimos no podían exhibirlo y se procedía al desahucio. Así las cosas, al campesino no le quedaba otro camino que resistir por la fuerza dentro de un régimen jurídico que no contemplaba determinadas situaciones con figuras propias y las remitía al tratamiento penal o policivo.

El Gobierno liberal inició entonces una acción para crear un régimen jurídico que diera cabida a esa variedad de situaciones, permitiéndoles una salida institucional, y llevó a cabo también una política de repartición de tierra que al mismo tiempo salvaba a los terratenientes al comprarles sus haciendas. Así, por ejemplo, la hacienda el Soche, en donde había 6.000 colonos, es comprada por el gobierno, quien en febrero de 1934 había adjudicado 2.888 fanegadas a 277 familias. La hacienda Tolima, en donde se desató un combate que dejó un saldo de 13 arrendatarios y dos policías muertos, es comprada por el Gobierno quien la vende a los arrendatarios9.

La salida jurídica se dio a través de la Ley 200 de 1936, tímido estatuto que presumía como propietario de un predio a quien le diera destinación económica, establecía ciertas trabas para el lanzamiento de los ocupantes y declaraba reversibles al dominio del Estado los predios mayores de 300 hectáreas que no fueran cultivados. La industrialización que se adelantaba requería alta productividad en materias primas y alimentos y ampliación del mercado. De allí el incentivo de la productividad, que de paso abría una puerta probatoria para el propietario que no tuviera sus títulos en regla. En cuanto a la reversión a dominio público de los predios incultos, la aplicación de la norma se pospuso por 10 años y luego, de plazo en plazo, no ha tenido aplicación.

En su mensaje al Congreso de 1936 el Presidente López expresó lo siguiente: "El Gobierno... que tiene el deber de intervenir en la sindicalización, que estudia las peticiones obreras sin excitación ni indignación, que ve los fenómenos sociales tranquilamente, no como anticipos de una edad comunista sino como brotes retrasados de una historia de luchas que es vieja ya en el mundo, es mirado con desconfianza por los patrones como un instituto izquierdista de agitación, cuando no, hace sino representar un sentimiento democrático y liberal". La acción liberal sobre los sindicatos se realizó fundamentalmente con el papel de mediador por parte del Estado, como árbitro, más que por un conglomerado de leyes favorable a los trabajadores o a los sindicatos. En efecto, la legislación laboral durante el período liberal fue parca y sólo en las postrimerías del régimen se expidió un conjunto de normas que pudieran considerarse un código laboral. La Ley 78 de 1919 había permitido la huelga desde el momento en que eliminaba las sanciones penales existentes para los trabajadores que abandonaran el trabajo. Sin embargo, autorizaba legalmente al esquirolaje y determinaba que las autoridades debían proteger a los trabajadores que quisieran laborar durante el paro. En estas circunstancias, los patronos enganchaban nuevo personal durante las huelgas y los huelguistas perdían las posibilidades de presión. La Ley 21 de 1920 prohibió expresamente la huelga en los servicios públicos, y en las actividades en donde ella era permitida, estableció un período previo y obligatorio de conciliación. Ya durante el régimen laboral se dictó la Ley 83 de 1931 que consagraba el derecho de asociación pero dejaba vigente la posibilidad de esquirolaje. En materia de prestaciones sociales fue poco lo que se estableció durante el período liberal. Solamente en sus postrimerías, el Gobierno de López, para compensar el apoyo dado por las masas cuando el intento de golpe de estado en 1944, estableció una serie de derechos individuales, y colectivos, para los trabajadores. El Decreto 2350 de 1944, que en forma diluida se convirtió en la Ley 6ª de 1945, dispuso el derecho de cesantías, el pago de dominicales no laborados, un salario mínimo legal, nuevas normas sobre accidentes de trabajo, el pago de dos semanas de vacaciones y el reconocimiento de un pago especial por horas extras laboradas y por el trabajo nocturno. Respecto a los derechos colectivos dispuso el fuero sindical para los dirigentes de sindicatos y la prohibición del esquirolaje al establecer que el patrono no podía contratar personal durante el período de huelga.

Los gobiernos liberales, especialmente los de López, trataron de ganarse el respaldo sindical y de constituir a las centrales obreras en uno de los pilares de apoyo del Gobierno. Esto era un cambio de estilo respecto a los gobiernos conservadores. La iniciativa de creación de sindicatos en muchos casos partió de funcionarios estatales, y el tratamiento que se le dio a las huelgas fue de intervencionismo estatal, pero no con un carácter policivo, sino como mediador. Así, por ejemplo, cuando estalló una huelga en la zona bananera, la orden de López a su Ministro de Guerra fue la de que dispusiera un avión para que se trasladase a Bogotá a la Directiva obrera, con el objeto de que allí se hiciera la negociación con intervención presidencial. El conflicto terminó sin muertos y los obreros obtuvieron aumento en los salarios hasta en un 50%; además, se les reconocieron prestaciones relacionadas con alojamiento, sanidad, asistencia médica, etc., y en general, se aceptaron los puntos del pliego de reclamos.

En el año de 1935 se realiza un Congreso Nacional de Trabajadores impulsado por los operarios del diario El Tiempo. Al final de éste, surgieron dos tendencias: la liberal y la comunista, pero al año siguiente, y en el marco de cooperación de los Frentes Populares, se funda la CSC (Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia), la cual en 1938 adopta el nombre de CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia). La CTC será el escenario de enfrentamiento entre liberales y comunistas que se disputarán su control. El primero de mayo de 1936 se celebra al día del trabajo con una inmensa manifestación en la que hablan el Presidente López y el dirigente comunista Gilberto Vieira. Durante el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942), el Presidente que no tuvo el apoyo electoral del PC, retira muchos de los auxilios gubernamentales a la central obrera y la división vuelve a aparecer; hay momentos de unidad como trasunto de la situación internacional en la lucha contra las potencias del Eje y luego, en las postrimerías del gobierno liberal, y dentro del contexto de la guerra fría, la división vuelve a aparecer.

Dentro de su función modernizante y captadora, el Gobierno de López apoyó al movimiento sindical por razones económicas y políticas. En la instalación del Congreso Sindical de Cali en 1938, el Ministro Lleras Camargo leyó un mensaje gubernamental. En él decía: "Hemos querido levantar el nivel de vida del pueblo no sólo para que sirva mejor a las empresas nacionales que se quieran acometer, con su respaldo, sino para que sea también un consumidor eficaz, es decir, un elemento más seguro del progreso en la producción industrial y agrícola". Políticamente el Gobierno de López logró captar y convertir en base de apoyo al movimiento obrero a través de una política de reconocimiento legal de apoyo económico a las centrales obreras, y de arbitramento. Su papel se vio facilitado por las características del movimiento sindical en formación, que estaba conformado, fundamentalmente, por delegados de los servicios públicos, departamentales o municipales, y por artesanos. Hasta el año de 1945, en el que los sindicatos de las empresas privadas, sobre todo de las textiles, entran a jugar un papel organizado, el movimiento obrero estuvo dominado por los sindicatos ferroviarios, de empresas públicas y los del río Magdalena. El papel mediador del Estado en los conflictos de empresas estatales -servicios públicos, ferrocarriles, etc.- se facilitó porque su intervención podía ser directa como patrono, sin cortapisas legales como las hubiera tenido para intervenir en las empresas privadas. Esta situación, además, le ofrecía al Gobierno una inmensa clientela electoral pues con el crecimiento de las funciones estatales, el Estado se había convertido en un potente empleador. Precisamente, la práctica exclusivista de colocar solamente a sus parciales, se constituyó en un punto central de conflictos entre los partidos. En esa forma había procedido el conservatismo hasta 1930 y así procedió el liberalismo después. Pero en 1946, con un Estado fortalecido en sus funciones, el cambio de gobierno implicaba la sustitución de miles de empleados y esa situación contó muchísimo como causante de la violencia que vivió el país.

Gaitán y la UNIR

El régimen liberal sufrió críticas de izquierda y embates de derecha. Contra él se desencadenaron las furias del partido conservador y de sectores retrógrados del mismo partido liberal pero, para combatirlo, también surgieron nuevos grupos que como la UNIR a la izquierda o los grupúsculos fascistas a la derecha, tuvieron existencia efímera. Al mismo tiempo que el régimen liberal, 1930, se crea el Partido Comunista, única formación política diferente al liberalismo y al conservatismo que ha perdurado en Colombia y se ha mantenido por medio siglo.

Jorge Eliécer Gaitán nació en Bogotá, en un hogar pobre, en el año de 1903. En 1924 se graduó como abogado con una tesis sobre "Las ideas socialistas en Colombia", la cual manifestaba un pensamiento reformista y una estructuración no muy profunda. Luego viajó a Italia a estudiar criminología con el profesor Ferri. Desde el punto de vista político su estadía en Italia, en un momento de ascenso del fascismo, dejó huellas en algunos de sus planteamientos y métodos políticos. A nombre del liberalismo fue elegido al Parlamento y en el año de 1929, inició su brillante carrera de orador con la denuncia que en él hizo de la matanza de trabajadores en la zona bananera. El primer gobierno liberal, el de Olaya Herrera, decepcionó profundamente a muchas gentes de izquierda a causa de su inmovilismo respecto a los asuntos sociales y por su posición de entrega al imperialismo. Las críticas que formulaba Gaitán dentro del mismo partido liberal le valieron la excomunión del influyente periódico El Tiempo, que en 1932 editorializaba contra él clasificando sus ideas como socialistas y fuera de las doctrinas liberales. En el año de 1933, un grupo de intelectuales, estudiantes y miembros de la clase media, llevó a cabo la idea de constituir un nuevo grupo político a la cabeza del cual estuvo desde un comienzo Jorge Eliécer Gaitán, como su jefe. El grupo se llamó UNIR (Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria) que entre otras influencias recibió la del Aprismo y la del PRI mejicano, partidos ambos que se reclamaban antiimperialistas, socializantes, agraristas y diferenciados del marxismo. En el aspecto organizativo, en el partido se dejó sentir la experiencia italiana de Gaitán: la UNIR tenía una especie de disciplina militar, estaba dividida en "legiones" y éstas comprendían "los equipos". Al mando de cada legión y de cada equipo había un "Capitán". La ideología de la UNIR se basaba en un populismo de izquierda y su acción se dirigió a las masas campesinas y al sector sindical. En el campo, el movimiento dio sus más grandes luchas y obtuvo su más amplia base. Sus militantes participaron activamente en la lucha de los colonos por la tierra, fueron duramente perseguidos e incluso, en la población de Fusagasugá, una de sus manifestaciones fue reprimida a bala por autoridades y grupos liberales, con un saldo de cuatro muertos, entre los manifestantes. Como diputado en la Asamblea de Cundinamarca, Gaitán colaboró activamente para que el Gobierno comprara y parcelara la hacienda "El Chocho" en donde había aproximadamente 4.000 arrendatarios. En el campo sindical la acción de la UNIR fue menos resonante y le valió los ataques del Partido Comunista que reprochaba al UNIR la preponderancia de los abogados en la dirección de los conflictos obreros con lo cual introducían un elemento legalista complementario de la política liberal. Gaitán como líder de la UNIR, había reiterado su posición abstencionista en el debate electoral y en este punto de vista era acompañado por un sector de su partido. No obstante lo anterior, en 1935, la organización resolvió ir a elecciones para asambleas departamentales de Cundinamarca, Antioquia y Tolima y obtuvo un pobre resultado electoral. El liberalismo ofreció entonces a Gaitán una curul en el Parlamento y éste, no obstante sus posiciones abstencionistas, la aceptó, marcando desde entonces su lucha futura dentro de los cánones del partido liberal y contribuyendo definitivamente para que la UNIR se disolviera en ese año, como partido independiente.


 

El partido comunista


 

El partido comunista de Colombia fue fundado oficialmente en el año de 1930. Como ya se ha visto, en el año de 1926 se había creado el Partido Socialista Revolucionario, que dirigió la agitación de masas, muchos movimientos huelguísticos y que incluso participó en el levantamiento campesino de El Líbano (Tolima), en el año de 1929. La Internacional Comunista a la cual había adherido el partido socialista revolucionario envió a éste, en el año de 1929, una comunicación en la que le proponía que se transformara en partido comunista, adoptando el Marxismo-Leninismo y organizándose como partido de clase. Con la victoria del partido liberal, un sector del partido socialista revolucionario se unió al liberalismo y el otro sirvió de núcleo para la formación del PC. Desde su fundación el PC tomó arraigo en los sectores sindicales y propició la formación de ligas campesinas que dirigieron la lucha por la tierra y por mejores condiciones de trabajo, entre campesinos e indígenas de Cundinamarca, Tolima y Cauca. El partido comunista se implantó fuertemente en regiones como Viotá cuyo cabildo municipal llegó a controlar, sufrió la represión oficial liberal y se enfrentó también a los grupos Uniristas que trabajaban con los campesinos en las mismas regiones. Sobre ese período el PC hace la siguiente evaluación en el folleto oficial que editó con motivo de sus 30 años de existencia: "Los comunistas considerábamos en ocasiones a los liberales de izquierda, en vez de naturales aliados, como los más peligrosos adversarios porque pensábamos que deliberadamente contribuían a mantener a las masas bajo la influencia ideológica de la burguesía y no tomábamos en cuenta, antes que sus aspectos negativos, la significación verdadera de sus hondas contradicciones con la clase dirigente burguesa. En este terreno los comunistas adelantamos luchas exageradas contra la confusa agrupación de izquierda denominada Unirismo, que intentó formar Gaitán, aunque sin deslindarla consecuentemente como un nuevo partido independiente de los partidos tradicionales"10.

En las elecciones presidenciales de 1934, en las que el partido conservador se abstuvo, fue elegido Alfonso López Pumarejo. El partido comunista le opuso como candidato presidencial al dirigente indígena Eutiquio Timoté, quien obtuvo 4.000 votos. Con ello el PC quería significar la oposición a la política liberal, posición ésta que mantuvo al comienzo de la administración López hasta el momento en que de la Internacional Comunista vino la directriz de colaborar con las "burguesías progresistas" y de formar los Frentes Populares. Ante la reacción agresiva que se desató contra el Gobierno modernizante de López, el PC le dio su apoyo con la consigna "Con López, contra la reacción". López correspondió a ese apoyo alentando y subvencionando al movimiento sindical lo que confluyó en el fortalecimiento de la única y poderosa central obrera, la CTC, en cuya dirección conjunta actuaron comunistas y liberales lopistas. La experiencia de cooperación con el liberalismo fue evaluada así por el PC: "Los dirigentes liberales en general rehuyeron siempre el compromiso concreto para con el pueblo, que hubiera significado una plataforma común de Frente Popular, y los comunistas no insistieron en ella con la errónea idea de no perjudicar la unidad de acción, que era cada día más poderosa en los medios liberales obreros"11.

"Fue posiblemente en este período cuando los camaradas de algunos lugares, cediendo a la presión de la burguesía liberal, se fueron al otro extremo y toleraron una creciente desnaturalización del movimiento de Frente Popular hasta convertirlo en simple apéndice del liberalismo".

El partido liberal no era homogéneo. Un sector combatió duramente al primer Gobierno de López y otro le hizo una resistencia pacífica. Esta última fracción era la que encarnaba Olaya Herrera quien ya había sido postulado para un segundo gobierno, como sucesor de López. Al morir inesperadamente Olaya, fue elegido Presidente el propietario del periódico El Tiempo, Eduardo Santos (1938-1942). El partido conservador se abstuvo en la elección y el PC osciló en cuanto al apoyo electoral a Santos. Este, motivado entre otras razones por la posición electoral del PC frente a su candidatura, llegó a la Presidencia con el decidido propósito de dividir al movimiento sindical y favorecer dentro de él al sector sindicalista liberal. La situación de división se plasmó a nivel de la CTC. Al final de su gobierno, López ya había decretado una pausa en la "revolución en marcha", y el gobierno de Santos tuvo como divisa la pausa, la consolidación de las "aceleradas conquistas revolucionarias" del Gobierno anterior. Al mismo tiempo, la diplomacia colombiana se vertió aun más hacia los Estados Unidos y Colombia fue considerado el país modelo de cooperación con Norteamérica. Bajo la égida santista el Congreso Sindical de Cali se dividió y con el objeto de conservar la unidad el PC dejó en manos de los representantes liberales la dirección de la CTC. Este período es valorado así en el documento oficial del PC. "En el Congreso de Trabajo reunido en Cali, nuestro partido ya penetrado del oportunismo de derecha, llegó hasta renunciar a las posiciones del Partido en la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) dejando bajo el control directo de la burguesía liberal como una demostración graciosa de frentepopulismo y para que en el parlamento liberal homogéneo no se combatiera a los sindicatos de clase"12.

En el año de 1942, López fue elegido Presidente por segunda vez, pero a pesar del apoyo popular a su candidatura, su segunda administración se marcó por el conformismo y su vinculación directa al gran capital. En el ámbito mundial se desarrollaba la lucha de los aliados contra las potencias del Eje, y la Unión Soviética que se defendía victoriosamente de la invasión Nazi a su territorio estaba en el mismo campo militar que los Estados Unidos. El PC Colombiano apoyó incondicionalmente al Gobierno de López que estaba del lado de los aliados, colaboración ésta que tuvo sus implicaciones ideológicas como lo expresa el documento citado: "Nuestro partido difundió intensamente primero los artículos y luego los libros del entonces Secretario General del Partido Comunista de los Estados Unidos, Browder, quien utilizó la gloriosa bandera antifascista para encubrir el contrabando de un revisionismo hábilmente disfrazado de consideraciones tácticas. Browder sostenía que se había abierto una nueva perspectiva histórica, de estrecha colaboración en la guerra y después de ella, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que aseguraría un mundo sin crisis económicas ni conflictos armados; el paso gradual del capitalismo al socialismo; el desarrollo pacífico de los pueblos atrasados con el apoyo financiero norteamericano; la paulatina eliminación de los antagonismos sociales en un proceso en que el Partido Comunista ya no necesitaría ser un destacamento político combatiente sino que podría limitarse a funciones puramente educativas. Como la influencia de Browder fuera en aumento, se formó en nuestro partido y especialmente en su Dirección una especie de escuela para difundir sus tesis revisionistas, haciendo obligatorio su estudio en lugar de los clásicos Marxismo-Leninismo"13.

En las elecciones de 1943, el PC obtuvo 27.000 votos y alcanzó a elegir diez diputados en diferentes asambleas del país, tres Representantes en la Cámara y un Senador. El éxito electoral lo llevó entonces a concebir una modificación a su táctica y un cambio en sus principios para volver la organización un partido de masas e incluso modificar el nombre del partido. En un informe oficial, Gilberto Vieira decía lo siguiente sobre el cambio de nombre: "El nombre de Partido Comunista no responde a la realidad nacional, porque ahora no se lucha por el comunismo en Colombia, porque ahora lo esencial para nosotros es que nuestra patria sea libre y próspera, que nuestra patria supere el atraso económico, que heredamos de la feudalidad". Sobre los tradicionales símbolos comunistas se decía: "En la presentación de su informe, invita además a cambiar el emblema de la hoz y el martillo, 'por el sencillo hecho de que la hoz es un instrumento de trabajo prácticamente desconocido entre nosotros y nada le dice a los campesinos colombianos'. En lugar de la hoz, se debería poner el " 'machete' "14.

En agosto de 1944 se reunió el Segundo Congreso del PC. En él se cambió el nombre por el de "Partido Socialista Democrático" y según el folleto oficial varias veces citado, "la actitud del Partido en la justa defensa de las instituciones democrático-burguesas contra el cuartelazo fue refrendada por el II Congreso, que en su desmedido respaldo al Gobierno de López contra la amenaza golpista, excedió los límites de incondicionalismo y tuvo expresiones de liberalismo crudo. El II Congreso recibió el saludo personal del entonces Ministro de Trabajo Arriaga, en representación del Presidente López....  El II Congreso se ocupó de aprobar formulaciones para 'un entendimiento entre Inglaterra y los Estados Unidos sobre bases realistas, teniendo participación proporcional en los mercados de postguerra', según proponía el informe político del Congreso... El II Congreso aprobó cambiar el nombre del partido por el de Socialista Democrático... El prospecto revisionista así expresado se manisfestó en resoluciones prácticas diversas, tales como la que declaró miembros del partido a todos los ciudadanos que habían votado por los candidatos comunistas en las últimas elecciones, las de cuatro meses atrás, y la que 'estableció como criterio del partido la colaboración obrero-patronal' so pretexto de contribuir al esfuerzo bélico antifascista de la burguesía... En el II Congreso empezó a tomar graves proporciones una forma enteramente artificial del 'culto a la personalidad', mediante la confección de saludos especiales al entonces Secretario General del Partido, llamándolo 'amado camarada', 'Genial estratego', 'Gran dirigente de América' y otras lisonjas de peor gusto"15.


 

Oposición de derecha


 

La oposición de derecha a los gobiernos liberales, y en especial al primero de López, fue violenta. Ella provino de sectores del mismo partido liberal, de grupos fascistas y del conservatismo acaudillado por Laureano Gómez. Las medidas intervencionistas del Gobierno de López a veces chocaron con los gremios económicos. La Federación de Cafeteros, organización híbrida que se dice oficial para obtener prerrogativas y privada para evitar la intervención estatal, y que maneja inmensos capitales producto de la exportación de café, se opuso a López por su intervencionismo al colocar tres ministros en su Junta Directiva y llamó expropiación al manejo que el Estado dio a una parte de los dólares provenientes de la exportación. Los industriales atacaron del gobierno de López, la reforma fiscal y su política social, si bien algunos más clarividentes comprendieron su política modernizante y de captación y lo apoyaron a título individual. Dentro del liberalismo el no apoyo de las altas esferas económicas a la política de López, se plasmó en el ala seguidora del Presidente Santos. Terratenientes liberales y conservadores crearon un movimiento violento de oposición: la APEN (Acción Patronal Económica Nacional), cuyo órgano de expresión era el periódico La Razón orientado por el intelectual liberal Juan Lozano y Lozano. La APEN contó con el apoyo de terratenientes, banqueros e industriales y su decidida oposición a la política de López estuvo dirigida, sobre todo, a atacar su política agraria y la Ley 200 de 1936 a las cuales motejó de bolcheviques y subversivas. Bajo el comando de la APEN, los terratenientes ejercieron violencia sobre los campesinos que reivindicaban la propiedad de la tierra u otros derechos.

La oposición más violenta fue la que ejerció el partido conservador en connivencia con la jerarquía Eclesiástica y con grupos fascistas. Vencido el partido conservador en 1930, su jefe Laureano Gómez decretó la "abstención purificadora" y el conservatismo no participó en las elecciones presidenciales de 1934 y 1938. La política de López y la reforma constitucional de 1936, sirvieron como pretexto para atacar al Gobierno de socialista y de ateo. A pesar de la prudencia liberal, el partido conservador logró revivir el "problema religioso" y ganarse para su política la beligerante participación de la jerarquía católica. Con motivo de la reforma constitucional, el 17 de marzo de 1936, el Arzobispo Primado de Bogotá y todos los demás Obispos del país, nacionales y extranjeros, firmaron una pastoral dirigida al Jefe del Estado. En ella expresaban, entre otras cosas, las siguientes:

"...No es que seamos intransigentes con toda reforma de la Constitución actual. Dejamos abierto el campo a la discusión sobre la oportunidad de tales o cuales reformas parciales... ¿Qué queda en pie de los derechos de la Iglesia y de las instituciones cristianas que consagra la Constitución vigente? En cambio, sobre esa obra demoledora, ved lo que se pretende erigir como principios que nos gobiernan: la libertad de cultos, en vez de una razonable tolerancia; la libertad de cultos, error doctrinario condenado por la Iglesia; la libertad de cultos, en una forma tal, que deja a la Iglesia Católica, la de la totalidad moral de los colombianos, al ras con todas las demás religiones falsas, así sean las más exóticas y extravagantes... En esa forma se cambia la fisonomía de una Constitución netamente cristiana para un pueblo cristiano, por la de una Constitución atea... Hacemos constar que nosotros y nuestro clero no hemos provocado la lucha religiosa sino que hemos procurado mantener la paz de las conciencias aun a costa de grandes sacrificios; pero si el Congreso insiste en plantearnos el problema religioso, lo afrontaremos decididamente y defenderemos nuestra fe y la fe de nuestro pueblo a costa de toda clase de sacrificios, con la gracia de Dios... Llegado el momento de hacer prevalecer la justicia, ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestros fieles permaneceremos inermes y pasivos". Coincidencialmente, el mismo día de la pastoral, los jefes del conservatismo enviaron una carta pública al Presidente en la que hacían las mismas consideraciones del documento de los Obispos.

Se orquestó entonces una campaña, que de la violencia verbal pasó a la exaltación de la violencia, a la "acción intrépida" y a la apología del atentado personal. Dentro del contexto mundial, sectores del partido conservador optaron por las formas fascistas e hicieron la apología de Hitler y Mussolini y desde el periódico El Siglo, en nombre de la Hispanidad, Laureano Gómez se declaró partidario de Franco y enemigo de la República Española. Se crearon grupos de choque como el denominado "Centro de acción conservadora", el cual declaraba: "Constituimos la vanguardia de las derechas colombianas, moral, económica y políticamente amenazadas por la revolución. Somos católicos, conservadores, nacionalistas y reaccionarios". Laureano Gómez caudillo del conservatismo, expresaba pensamientos como éste con motivo del nombramiento de algunos profesores judíos en el ministerio de educación: "Incapaces de deslumbrar o improvisar el aparato de una cultura racionalista, han importado al país elementos hebreos repudiados y expulsados del otro lado de los mares, a quienes se ha confiado la obra sacrílega de destruir las convicciones del alma nacional, sustituyéndolas por las vagas convicciones sensibleras y universales con que el judaísmo disfraza a través del orden su espantosa sed de dominio y su odio contra el espíritu cristiano".

Dentro del partido conservador en la oposición, se destacó un grupo que se denominó "Los Leopardos", compuesto por intelectuales que hicieron suyo el pensamiento de derecha a través del monarquista francés Charles Maurrás. Brillantes oradores, ejercieron desde el Parlamento, la plaza pública y la prensa una violenta oposición a la República liberal y si bien no pudieron desplazar a Laureano Gómez de la jefatura del partido conservador, su prédica violenta y sus ideas fascistas tuvieron mucho que ver con el período siguiente conocido como el de la "violencia en Colombia". Uno de sus ideólogos, Silvio Villegas, expresaba pensamientos como los siguientes en un libro que llevaba el sugestivo título de: "No hay enemigos a la derecha": "Los movimientos de masas no sirven sino para demoler; todo lo grande, útil y justo lo han hecho en la historia las minorías egregias" (página 113). "Predicamos la intransigencia que impone por medio de la palabra y de la acción, y si es necesario fuera con la violencia la ideas que realicen dentro de las normas de orden o autoridad el bienestar colectivo" (página 77). "La nueva Italia es hoy uno de los barrios esenciales de la civilización... Mussolini tuvo que ir hacia el fascismo porque Italia se había colocado en estado de necesidad. Y contra la anarquía liberal y comunista no opera sino la vigorosa afirmación del orden. Quince años de gobierno de Mussolini representan para el engrandecimiento de Italia el esfuerzo de varios siglos" (página 99). "Hitler ha realizado en cinco años de gobierno la tarea de colocar nuevamente a Alemania, despedazada antes por el socialismo, a la cabeza de la cultura de occidente, realizando un proceso de aceleración de la historia, donde las semanas valen por años y los años por siglos" (página 107). "Hitler y Mussolini gobiernan con el pueblo y para el pueblo (página 109)16.


 

Gobiernos conservadores: La violencia


 

El partido liberal nunca fue homogéneo. La fracción lopista contó siempre con un movimiento de oposición dentro del mismo partido y desde su primer gobierno, López tuvo que declarar la pausa de las reformas. La administración de Santos no se destacó por las innovaciones y su gobierno estuvo marcado por el primer aspecto de su lema administrativo: "Sin prisa pero sin pausa". En la elección para su segunda presidencia, López tuvo como contendor a otro liberal, Carlos Arango Vélez, apoyado por el partido conservador, el cual en las elecciones presidenciales anteriores se había abstenido de participar y ahora apoyaba a un candidato liberal de derecha, con el fin de acelerar la división liberal. Arango Vélez, él mismo un oligarca de familia y vinculado como abogado a las compañías extranjeras, propuso como divisa de su campaña: "contra las oligarquías". Dicho lema que ya en el siglo XX había sido utilizado por conservadores y Nuñistas contra el reducido círculo de radicales en el poder, fue luego retomado por Jorge Eliécer Gaitán. Lo que es interesante de destacar, es que en todos los casos en que se utilizó se refería más a la reforma política contra un círculo reducido de personas que controlaban el poder, que a las condiciones económicas en que se basaba ese control. Los oponentes a los radicales como Arango Vélez, eran de extracción "oligárquica", y tanto ellos como luego Gaitán, lo que pretendían era quebrar un círculo político dominante en donde no tenían cabida, sin ir al fondo de las situaciones económicas en las que se basaba la dominación.

El segundo gobierno de López no tuvo el impulso modernizante del primero. López siguió cabalgando en su prestigio sobre las masas pero las realizaciones no se vieron para éstas. El sentido de su segundo gobierno estuvo ya indicado por el tipo de personas que escogió como colaboradores. Si en su primera administración se rodeó de jóvenes intelectuales que venían de la oposición, en la segunda se apoyó en respetables notabilidades del mundo de los negocios. Como muy bien lo expresó la revista Semana: "Los jóvenes intelectuales que antes raciocinaban con él... fueron reemplazados por sólidos financieros, particularmente conscientes de la poesía de las cifras. Los ministros del segundo gobierno de López no se convirtieron en millonarios, pero con frecuencia los millonarios se convirtieron en Ministros. López perdió el apoyo de una gran parte de la opinión liberal".

La guerra impuso condiciones económicas difíciles. Los Estados Unidos aprovecharon la coyuntura para imponer bajos precios a los productos vendidos por Latinoamérica y de la misma manera que el cobre y el estaño, por ser catalogados como materiales estratégicos, tuvieron que ser exportados a precios irrisorios con el consiguiente perjuicio para países como Bolivia, Chile y Perú, así también el café, principal producto de exportación de Colombia, sufrió la imposición de bajos precios en el mercado controlado de Norteamérica. En septiembre de 1940, la libra de café se exportaba a nueve centavos de dólar. La demanda creada por parte del ejército norteamericano, hizo subir la libra a 16 centavos en julio de 1945; en ese momento la oficina reguladora de precios en Estados Unidos, fijó un precio tope que se mantuvo hasta cuando terminó la contienda en 1945. Esta situación de apoyo al esfuerzo bélico mediante la contribución al bienestar del consumidor norteamericano, implicó para Colombia una suma de mil millones de dólares. Colombia declaró la guerra a Alemania y si bien las tropas colombianas no entraron a Berlín ni salieron del territorio nacional, la medida sí tuvo efectos en el mundo de los negocios. Los bienes de los alemanes fueron incautados y por medio de manipulaciones pasaron a manos de capitalistas nacionales. A esas negociaciones se vinculó la familia Presidencial y en medio de un gran debate parlamentario por esos acontecimientos, López se retiró de la Presidencia de la República en el año de 1945. Para sucederlo fue elegido por el Congreso, Alberto Lleras Camargo quien gobernó desde el 7 de agosto de 1945 hasta 17 de agosto de 1946.

Con el fin de conjurar la situación política, López había intentado la participación conservadora a nivel de los Ministerios pero ésta fue desechada oficialmente. Lleras inició su gobierno con el lema de "Unión Nacional" e incluyó en su gabinete a tres Ministros conservadores. Este gesto implicaba ya un proyecto político diferente de aquel que había intentado López: desligar el Gobierno del apoyo de las masas, sobre todo de los sectores sindicales y buscar otras alternativas para basar el poder. El contexto internacional se prestaba para ello y además así lo exigía. La guerra estaba en sus postrimerías y la cooperación militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética iba a ser sustituida por el enfrentamiento, por la guerra fría. En esas condiciones los liberales debían delimitar campos con los comunistas y necesariamente esto tenía su consecuencia inmediata en el sector sindical. La CTC había sido uno de los puntales de los gobiernos de López y en varias ocasiones esta central y las masas populares habían manifestado, o celebrado paros nacionales, en apoyo del Gobierno. Lleras marcó su distancia con la organización gremial hasta llevar la situación a un nivel de enfrentamiento. En 1945 los obreros de la empresa Textiles Monserrate entraron en huelga, pero a diferencia de lo que solía ocurrir con los gobiernos liberales, el de Lleras no medió y la huelga se prolongó durante dos meses. La CTC presionada por sus bases, que además eran fuertemente golpeadas por el aumento en el costo de la vida, decretó un paro de solidaridad con los huelguistas, paro que por primera vez no era de apoyo al Gobierno y que antes por el contrario era una protesta contra su política. El segundo enfrentamiento se produjo en diciembre de 1945 y en enero de 1946. Los trabajadores del río Magdalena -única vía de comunicación hasta ese momento entre la Costa Atlántica y el centro del país agrupados en Fedenal, que era el sindicato más fuerte del país-, decretaron la huelga. A diferencia de las otras ocasiones, el Gobierno liberal no intervino como mediador y por el contrario, se enfrentó a los huelguistas. El Presidente Lleras Camargo, ordenó militarizar la región, autorizó el despido de trabajadores y la contratación de esquiroles, y el movimiento fracasó en medio de una gran división entre los dirigentes sindicales comunistas que mantenían el paro y los dirigentes gremiales liberales que propiciaron una transacción. En las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 1946, el partido liberal se dividió y el conservatismo minoritario nombró presidente, Mariano Ospina Pérez (1946-1950) fue electo con 565.939 votos, seguido del liberal Gabriel Turbay con 441.199 votos y de Jorge Eliécer Gaitán, disidente del liberalismo, quien obtuvo 358.957 votos. Desde el momento de la liquidación de la UNIR Jorge Eliécer Gaitán había retornado al partido liberal en cuyos gobiernos ocupó cargos de importancia: fue Alcalde de Bogotá durante la primera administración de López, Ministro de Educación en la presidencia de Santos y Ministro de Trabajo en el segundo gobierno de López. Su campaña presidencial, que tuvo un fuerte arraigo popular, se basó en la lucha "contra las oligarquías". Los escándalos financiero-políticos del régimen sirvieron para acuñar como frase de combate la de "por la restauración moral de la República". La dirección sindical había estado ligada al régimen liberal y Gaitán supo captar el descontento de las masas, golpeadas por el aumento en el costo de la vida y frustradas por la línea impuesta por López a su segundo Gobierno. Esto explica por qué al momento de la elección presidencial, a pesar de las consignas de la CTC y del partido comunista que ordenaban votar por el candidato oficial del liberalismo, las bases obreras y populares lo hubieran hecho por Gaitán. Este, que había sido promovido tácticamente por la prensa conservadora con el fin de crear la división en el adversario, en 1945 propició una agrupación sindical independiente, el "Comité nacional de acción sindical", utilizando entre otros lemas el de la denuncia de la infiltración comunista en la CTC.

 Dadas las condiciones minoritarias de su partido, lo cual se reflejaba muy claramente en las Cámaras Legislativas, Ospina Pérez no inició un gobierno hegemónico; por lo alto continuó la política de Lleras Camargo llamando a colaborar a los dirigentes del partido contrario. A su gobierno lo llamó de "Unión Nacional" y en su gabinete seis de los Ministros, es decir, la mitad, fueron liberales. La colaboración de la dirección liberal que se mantuvo durante casi todo su gobierno, se vio interrumpida en dos ocasiones: la primera, después de las elecciones de marzo de 1947, en las que los liberales obtuvieron 805.732 votos y los conservadores 653.987. El grupo de Gaitán fue mayoritario dentro del partido liberal y esto lo condujo a la jefatura del mismo. Tras una corta colaboración y en vista de la violencia oficial que arreciaba, Gaitán suprimió la participación liberal en los altos cargos del Gobierno. La segunda fase de la colaboración comenzó el mismo día del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, cuando en momentos en que había insurrección popular en todo el país, la dirección liberal que había ido al Palacio Presidencial a solicitar la renuncia de Ospina, tras la negativa de éste, apuntaló el régimen aceptando de nuevo la participación en los ministerios, seis de los cuales les fueron adjudicados y entre ellos el de Gobierno que lo fue para Darío Echandía. Esta segunda colaboración se prolongó hasta el 21 de mayo de 1949.

 En el Parlamento el partido liberal mayoritario inició la oposición. Al ser declarado el estado de sitio, tras los sucesos del 9 de abril se discutió si durante él las Cámaras podían funcionar. La mayoría liberal sostenía la tesis de que sí podían hacerlo; por el contrario, los conservadores negaban esta posibilidad esgrimiendo como argumento el de que al ser declarado el estado de sitio tras el intento de golpe de estado al Presidente López en 1944, las mismas mayorías parlamentarias liberales se habían opuesto en su momento al funcionamiento del Parlamento por considerarlo incompatible con el régimen de estado de sitio. De todas maneras las Cámaras funcionaron en 1948 porque así lo permitió el señor Presidente de la República y la vigencia de los decretos ejecutivos dictados durante el régimen de estado de sitio, que después se volvió norma en Colombia, fue sustentada por el Ministro de Gobierno, el liberal Darío Echandía. Las elecciones para cuerpos colegiados en 1949 dieron 937.600 votos para los liberales y 806.759 para los conservadores y en estas condiciones ante la violencia oficial que arreciaba, el grupo parlamentario liberal hizo adelantar para noviembre de 1949 las elecciones presidenciales que se debían celebrar en 1950. La interpretación política de la ley se puso de presente; las mayorías liberales sostenían que se trataba de la modificación de una ley y los conservadores decían que se trataba de un código. En el primer caso, la modificación se podía hacer por simple mayoría y los liberales la tenían; en el segundo, se necesitaba una votación mayoritaria de dos terceras partes y este partido carecía de ella. El debate se agravó y la bancada conservadora, comandada para el efecto por Alvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, llevó pitos a las Cámaras para acallar con sus silbidos los argumentos de los contrarios. En una de las sesiones de la Cámara, el 8 de septiembre de 1949, la representación liberal fue atacada a bala y el saldo fue la muerte de un representante liberal y las lesiones, que poco después le produjeron la muerte a otro. De los hechos fue sindicado, entre otros, el general Amadeo Rodríguez, y pocos días después grupos de jóvenes de derecha, manifestaron en Bogotá al grito de: "Viva la pistola de Amadeo". El estatuto electoral fue aprobado como ley, el Presidente la objetó y de nuevo en las Cámaras la representación liberal la aprobó, motivo por el cual y dentro del trámite constitucional el proyecto de ley fue a la Corte Suprema de Justicia, entidad en la que también había mayoría liberal y que la aprobó; al ser declarada constitucional, la ley quedó en vigencia. Con todo, y debido a la violencia oficial, el partido liberal se abstuvo de participar en las elecciones por falta de garantías. Pocos días antes de la elección fue agredido en las calles de Bogotá el candidato liberal quien se salvó del atentado no obstante, que en el mismo murieron su hermano y tres personas más que, inermes, se paseaban con él. Entre tanto y debido a una acusación propuesta por las Cámaras contra el Presidente de la República, para que según la Constitución mientras se ventilaba la acusación se encargara del Poder Ejecutivo al designado que era un liberal, Ospina Pérez cerró el Parlamento el 9 de noviembre de 1949.

 Con el fin de la guerra creció el comercio exterior y se reactivó la economía. Las exportaciones aumentaron, el café cobró un ritmo ascendente de precios; con las divisas obtenidas, el sector industrial en crecimiento, repuso y acreció el parque industrial. Durante el período que conoció un ritmo de crecimiento industrial antes nunca visto: del 11.5% anual como promedio entre 1945 y 1950, los industriales estaban satisfechos. En diciembre 5 de 1949, cuando el país se desangraba en medio de la violencia, el Presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) declaraba para el periódico El Colombiano de Medellín: "La situación de Colombia en este momento es la mejor que se haya contemplado hasta hoy".

 El cambio de gobierno en 1946, de acuerdo con la práctica que habían tenido ambos partidos, significó en este caso, la destitución masiva de miles de empleados liberales para ser sustituidos por conservadores. Las medidas intervencionistas de los años 30 y ciertas políticas estatales en el sector productivo, por ejemplo, a través del IFI (Instituto de Fomento Industrial) creado en 1941, habían convertido al Estado en el primer empleador del país, motivo por el cual la política de despidos golpeaba duramente al sector trabajador. De la misma manera, el crecimiento industrial de la posguerra, fue acompañado por el aumento en el costo de la vida, y por fenómenos de inflación que castigaban duramente a los sectores trabajadores. El movimiento obrero reaccionó sin éxito contra esta situación y la respuesta que recibió fue la violencia, que tenía un sentido distinto a la represión ejercida por el Estado en los años veinte, contra un movimiento de masas apenas en formación. En este caso, se trataba, por parte de la clase dominante y con la colaboración bipartidista de destruir un movimiento obrero organizado y el propósito se cumplió.

Durante la república liberal y especialmente en los gobiernos de López, hubo una relación íntima entre Estado y organización sindical. El Gobierno intervenía como mediador en los conflictos, cedía en ellos como patrono a cambio de adherencia partidista, e incluso propiciaba la fundación de sindicatos. A cambio de ello el gobierno liberal obtenía el apoyo popular para su labor modernizante y políticamente su empeño se facilitaba por el contexto internacional de frentes populares, o de colaboración bélica contra las potencias del Eje. Pero, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el contexto cambió y la cooperación dio lugar a la "guerra fría". En Colombia el cambio se sintió inmediatamente a nivel gubernamental. La posición de Lleras Camargo de enfrentar a los sindicatos y de buscar la colaboración de los dirigentes conservadores, expresaba esa voluntad de deslinde con los obreros y ese ánimo de basar el Gobierno en elementos de poder ligados a la industria y a las altas esferas. Con el advenimiento de un conservador al gobierno, Mariano Ospina Pérez, ligado directamente a los altos círculos económicos de la industria, el café y el latifundio, el enfrentamiento cobró todo su vigor. En el seno de la CTC la Dirección Liberal impuso un enfrentamiento contra los comunistas. El gobierno, con el apoyo de los jesuitas y del sector clerical, impulsó la creación de una nueva central obrera que desde su flanco debilitaba el movimiento obrero, en momentos en los que la central tradicional se desgarraba por la lucha entre liberales y comunistas. La UTC (Unión de Trabajadores de Colombia), fue fundada en 1946 con el apoyo de los patronos del sector textil y con la benevolente actitud estatal que la alentó en sus comienzos y que la reconoció oficialmente en 1949, cuando ya la CTC estaba deshecha y la Dirección Liberal era impelida a terminar su colaboración con el gobierno conservador. En ese mismo año, la UTC llamó a votar por Laureano Gómez para presidente. La quiebra del movimiento sindical dividido y desconcertado por el cambio de actitud del gobierno, que de la complacencia pasó al enfrentamiento, abrió el camino a la reacción que pudo entonces adelantar una política represiva que en lo inmediato se presentó como expresión de conservadores contra liberales y comunistas.

Las cifras electorales muestran que la votación liberal permaneció estacionaria a la par que aumentó la conservadora. El gobierno conservador llevó a cabo el plan de descontar esa ventaja, por la vía violenta, suprimiendo a los adversarios. A pesar de la colaboración que el liberalismo prestaba por lo alto en los ministerios, gobernaciones y embajadas, los trabajadores de ese partido eran arrojados de sus cargos y los militantes masacrados en campos y ciudades. El 7 de febrero de 1948, dos meses antes de su asesinato, Gaitán, ya jefe del partido liberal organizó en Bogotá una manifestación a la que concurrieron 100.000 personas y que concluyó con las siguientes palabras suyas: "Señor Presidente: no estamos aquí para presentar peticiones económicas o políticas. Todo lo que pedimos es que en nuestro país se desista de una línea de conducta que nos avergüenza a nuestros propios ojos y a los ojos de los extranjeros. Pedimos esto en nombre de la misericordia y de la civilización... Pedimos que termine esta persecución por parte de las autoridades... Ponga fin, señor Presidente, a la violencia. Todo lo que pedimos es la garantía de la vida humana, que es lo menos que una nación puede pedir".

Sin contendor liberal, Laureano Gómez fue elegido Presidente en noviembre de 1949. Para celebrar su nominación en un discurso que dirigió al país expresó: "Bendigo a Dios mil y mil veces por haber llenado mi corazón con este ardiente amor por mi patria y por haber logrado que mi mente captara una sublime doctrina... Alabo a Dios porque El me ha permitido transitar por entre los fuegos del odio sin permitir que mi corazón se contaminara de él y por habérmelo conservado feliz, libre de las sombras oscuras de la venganza, puro, sin escorias ni amarguras".

Con un movimiento sindical deshecho, con una persecución que se refinaba a medida que la policía y el ejército se iban conformando con copartidarios y se depuraban de contrarios, Gómez, desde el poder emprendió sus sueños corporativistas tantas veces deseados y prosiguió la persecución y eliminación de sus contrarios a los cuales englobó dentro de una misma categoría: comunistas, masones, o liberales. La idea fue expresada en su periódico El Siglo en forma de alusión a una bestia mitológica: el Basilisco. "En Colombia se habla todavía del partido liberal para designar a una masa amorfa, informe y contradictoria... que, sólo puede compararse o calificarse como la creación imaginaria de épocas pretéritas: el Basilisco. El Basilisco era un monstruo que tenía la cabeza de un animal, el rostro de otro, los brazos de otro más, y los pies de una criatura deforme, formando el conjunto un ser tan espantoso y horroroso que sólo mirarlo causaba la muerte. Nuestro Basilisco se mueve con pies de confusión y estupidez, sobre piernas brutales y violencia que arrastraban su inmensa barriga oligárquica; con pecho de ira, brazos masónicos y una pequeña, diminuta cabeza comunista".

Para congraciarse con los Estados Unidos, Laureano Gómez y su grupo tenían que tapar su pasado de simpatizantes de las potencias del Eje. Para ello, su gobierno inició una adecuada política económica que además favorecía a los capitalistas nacionales y dispuso del ejército colombiano para la "acción de policía" contra el pueblo de Corea. Lo anterior sin perjuicio de tratar de implantar una Constitución totalitaria puesto que el contexto de la guerra fría así lo permitía y Franco y Oliveira Salazar estaban ya aceptados en el terreno de la democracia y dentro del campo del "mundo libre".

A Corea fue enviado el "Batallón Colombia" que luchó al lado del Séptimo Ejército norteamericano y permaneció allí desde mayo de 1951 hasta octubre de 1954. Esta intervención militar que borró culpas anteriores del gobernante, marcó profundamente las tendencias del ejército colombiano, como que en dichas jornadas participaron no menos de 150 oficiales y 800 suboficiales, muchos de los cuales alcanzaron luego altos rangos militares: por lo menos 17 de ellos han llegado a ser comandantes de brigada y uno Ministro de Defensa; 29 por lo menos llegaron o pasaron del grado de Coronel antes de su retiro17.

En lo económico, el gobierno adelantó una política de apertura al capital extranjero y de apoyo a los capitalistas nacionales. El café con sus altos precios internacionales proveía de divisas suficientes a los industriales; el gobierno decretó la liberación de importaciones al abolirse las licencias previas y el certificado de cambio; se creó un Comité de Desarrollo Económico para estudiar el informe de la Misión Currie; se solicitaron y obtuvieron grandes empréstitos del BIRF y del BIRD; se estableció una Corporación Financiera Industrial para canalizar las inversiones extranjeras; se permitió la libre importación del capital extranjero en forma tan amplia que éste podía ser reexportado en cualquier momento y las utilidades obtenidas dentro del país y no redistribuidas podían ser registradas como capital importado. Como complemento, y en el ámbito de violencia oficial que vivía el país, se congelaron los niveles de salario, y por medio de decretos ejecutivos, se echaron atrás muchos de los decretos y garantías de los trabajadores obtenidos de tiempo atrás.

El apoyo a Franco, la solidaridad con las potencias del Eje y la prédica corporativista y fascista habían calado hondo en sectores del partido conservador. Propósito de Gómez, quien se identificaba con ese pensamiento, fue reformar la Constitución y dotar al país de un estatuto jurídico constitucional de corte corporativista. Para él, temperamento jerarquizante, al igual que en Portugal o España, las Cámaras debían tener otra composición y en ellas debían estar representados los gremios patronales y otras instituciones. Lo anterior estaba en un todo de acuerdo con su concepción de la sociedad y con sus ideas sobre el sufragio universal, el cual consideraban inadecuado y nocivo. Sobre el sufragio universal y la sociedad, Gómez expresó: "El sufragio universal inorgánico y generalizado interviniendo en toda la vida social para definir la dirección del Estado es, por antonomasia, obra de la inteligencia. Una observación elemental demuestra que la inteligencia no está repartida en proporciones iguales entre los sujetos de la especie humana. Por este aspecto, la sociedad semeja una pirámide cuyo vértice ocupa el genio, si existe en un país dado, o individuo de calidad destacadísima por sus condiciones intelectuales. Por debajo encuéntranse quienes, con menos capacidades, son más numerosos. Continúa así una especie de estratificación de capas sociales, más abundantes en proporción inversa al brillo de su inteligencia, hasta llegar a la base, la más amplia y nutrida, que soporta toda la pirámide y está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la racionalidad apenas aparece para diferenciar los seres humanos de los brutos. Este es un fenómeno palmario y evidente de la sociedad desde el punto de vista de la inteligencia"18.

En el mensaje que como Presidente de la República Laureano Gómez dirigió a las Cámaras en su instalación de 1951 propuso a ellas la reforma de la Constitución. Esto era necesario porque: "Desde cuando se idearon las bases de la estructura constitucional que hoy nos rige, ha aparecido en el mundo un fenómeno nuevo, antes no presentido, que socava los fundamentos de la organización social y altera radicalmente el sentido de los conceptos políticos. El comunismo impone a las naciones que todavía hoy pertenecen a la civilización Occidental, un sistema de vida y de defensa que los constituyentes no estaban en capacidad de imaginar, pero que los legisladores contemporáneos no pueden desconocer". Según el mismo mensaje presidencial, la representación política debía basarse en formas diferentes a las del sufragio universal puesto que "con la generalización del sufragio universal se ha eliminado el sentido de responsabilidad de los colombianos. En el anonimato de los electores o votantes gregarios tienen disculpa toda gestión equivocada o la ineficacia de cualquier iniciativa. La pluralidad de opiniones no se resuelve por raciocinio sino mediante operaciones aritméticas. Se delega en el dogma de la mitad más uno el compromiso individual de cumplir con el deber".

Por Decreto número 1338 de 1952 se creó una "Comisión de Estudios Constitucionales" para que propusiera las bases de la reforma. Ella estaría compuesta por personas designadas por el Gobierno Nacional y por los Presidentes del Senado y la Cámara. Los designados fueron en su mayoría conservadores y entre los liberales figuraban entre otros Carlos Arango Vélez, Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. Los miembros liberales no concurrieron. Según la constancia dejada en un acta por los miembros conservadores, "la primera manifestación, de los miembros liberales fue la de que todos ellos deseaban asistir a las deliberaciones de la Comisión, pero que les era necesario justificar su presencia en ella ante su partido y ante el Directorio Liberal, aclarando previamente algunos problemas de urgencia inmediata" (Estudios Constitucionales, Tomo I p. 53. Bogotá, Imprenta Nacional, 1953)19.

Alfonso López Michelsen concluía así su carta de no aceptación: "Al hacer votos por el éxito de la Comisión de Estudios Constitucionales renuevo a usted mis agradecimientos personales y me repito como su atento seguro servidor y amigo"20.

Tras sucesivos aplazamientos, la Asamblea Constituyente debía inaugurarse el 15 de junio de 1953. Dos días antes, Rojas Pinilla, dio un golpe de Estado y el cambio constitucional fue pospuesto. El proyecto constitucional que iba a ser aprobado contemplaba entre otras cuestiones la siguientes: La educación volvería a ser "organizada y dirigida en concordancia con los dogmas y la moral de la Religión Católica. Lo anterior para estar de acuerdo con el "Proyecto de Reforma Constitucional presentado a la Comisión por el Ilustrísimo y Reverendísimo doctor Arzobispo Primado de Colombia", a nombre "de la Venerable Conferencia Episcopal"21.

Se estableció que "el colombiano... que de palabra o por escrito atente al prestigio de las autoridades y de las instituciones del país, será juzgado y penado como traidor"; el Congreso no podría decretar expropiaciones sin indemnización por motivos de equidad; y se dispuso que el Senado tendría una composición corporativista. Por enfermedad de Laureano Gómez, quien siguió interviniendo en los asuntos del Gobierno sobre todo en lo referente a la Reforma Constitucional, fue encargado del Poder Ejecutivo Roberto Urdaneta Arbeláez en cuyo mandato arreció aun más la violencia.

Los dirigentes liberales, limitados a supervivir políticamente, en general tuvieron una actitud conciliadora. Ya se vio cómo por lo alto, y a pesar de las destituciones y violencias contra el pueblo liberal, su dirección prestó una colaboración ministerial durante gran parte del gobierno de Ospina Pérez. Luego, al ser elegido Laureano Gómez, sin la participación liberal en las elecciones, dirigentes como Alfonso López expresaron la posibilidad de que se hicieran realidad ciertas palabras conciliadoras de Gómez y a su posición se sumaron columnistas del periódico El Tiempo. Al reunirse la convención liberal en 1951, cuando por todo el país había guerrillas y la persecución arreciaba, ella adoptó el lema de Hernando Agudelo Villa: "Abstención en toda la línea, oposición civil en toda la línea". Con todo, la posición conciliadora no bastó y la represión violenta se ejerció también contra los jefes liberales: el 6 de septiembre de 1952 la policía y grupos de civiles incendiaron los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador  y las residencias de Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López P. Una muestra de la connivencia oficial con tales desmanes se deriva del hecho de que la casa de López era vecina a la del presidente Urdaneta y que la guardia de este último permaneció impasible frente a los acontecimientos.

En condiciones de guerra generalizada, con guerrillas por todo el país, el partido conservador gobernante se dividió profundamente. Un joven caudillo, Gilberto Alzate Avendaño, quien en los años treinta había formado un partido fascista (ANAP, Acción Nacionalista Popular) y quien había vuelto al redil conservador sin abandonar sus ideas, pugnaba por la jefatura del partido. Ella era disputada a su vez entre Laureano Gómez y Ospina Pérez, el último de los cuales aspiraba a la reelección presidencial para el período 1954-1958. El grupo de Alzate, compuesto en gran parte por jóvenes de extrema derecha, comprendió que no había llegado aún su hora y adhirió a Ospina contra Gómez. La persecución que hasta entonces había sido para los comunistas, las gentes de izquierda, los liberales, se volvió, aunque más leve y no violenta, contra Alzate. Por orden del Presidente Urdaneta Arbeláez, se prohibió a los periódicos aun la simple mención de su nombre. Por su parte, Ospina Pérez siguió la misma suerte. El, que había cerrado el Congreso y amordazado la prensa, en un momento tuvo que editar subrepticiamente sus discursos y réplicas. En plena pugna conservadora, el 18 de abril de 1953, Laureano Gómez pronunció por la Radiodifusora Nacional un violento discurso contra Ospina, en el que refiriéndose a él decía: "Los copartidarios lo elegían al Parlamento, e intervenía allí en asuntos económicos y cafeteros con maestría y pericia. Nada más. Cuando me era obligado usar la palabra en aquellos debates ardorosos y decididos que requirió la conquista, como circunstancia obligada e ineludible, me tocó siempre ver la elegante silueta del financiero recogiendo la cartera de los papeles económicos y retirándose del recinto, porque aquella brega repugnaba a sus métodos. Eran los momentos en que podían darse o recibirse heridas, y él no sabía estar allí".

Al señalar a Ospina y su "elegante silueta de financiero", Gómez apuntaba contra los intereses que dentro de su mismo partido ya no lo apoyaban. El sector financiero y los industriales tomaban distancias frente al proyecto corporativista y frente a un Gobierno que en su insania represiva, a pesar de los beneficios económicos para el sector capitalista, perdía cada vez más base de poder y se aislaba. Ante la mirada complacida de los dirigentes liberales, Ospina se dedicó a conspirar con grupos de su partido y con oficiales conservadores que estaban dispuestos a ofrecerse como alternativa. La persona escogida fue el General Gustavo Rojas Pinilla quien dio el golpe de Estado el 13 de junio de 1953, apoyado por ospinistas y alzatistas e inmediatamente prohijados por los dirigentes liberales.

Rojas Pinilla entró al Gobierno como salvador. A su llegada la guerra se había generalizado por el país. En los Llanos Orientales, comandos insurgentes que agrupaban miles de hombres estaban en lucha. En Tolima, Antioquia, Cundinamarca, lo mismo que en otros departamentos, los campesinos habían armado su defensa. La situación de organización armada del campesinado, podía derivar hacia formas clasistas y el Gobierno despedazado por la lucha intestina dentro de su mismo partido, no ofrecía alternativa sólida. El respaldo a medias de los jefes liberales a la lucha campesina, para impulsar una negociación y el hecho de que muchos de ellos estuvieran lejos, en el exilio, no era una garantía para que la lucha se quedara en el ámbito bipartidista y para que no tomara un contenido de clase. Rojas ofrecía la alternativa; un Gobierno fuerte, sin disensiones y con el cual se podría negociar. Por esta razón, Rojas, contó con el apoyo de dirigentes conservadores y liberales. Los primeros, excluido el grupo de Laureano Gómez, entraron a gobernar; los segundos ofrecieron su apoyo para poder negociar. Darío Echandía expresó que no se trataba de un golpe de Estado sino de "un golpe de opinión". La Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) se reunió; el proyecto de reforma constitucional fue pospuesto; los miembros liberales y conservadores votaron por Rojas para concluir el período presidencial que debía terminar el 7 de agosto de 1954. Otra vez en 1954, antes de vencerse el período, miembros conservadores y liberales, sin acudir a la elección popular, votaron por Rojas para el período presidencial 1954-1958. Rojas entre tanto, ofreció una amnistía a los guerrilleros que depusieran las armas (hasta ese momento se los había catalogado como bandoleros) y miles de campesinos en todo el país, especialmente en los Llanos Orientales, se entregaron por sugerencia de la dirección liberal.

Con la entrega de los alzados en armas y con la tranquilidad que retornó a muchas regiones del país, Rojas cumplió su función que era la de apuntalar el régimen conservador minado por las luchas intestinas y desarmar un movimiento campesino potencialmente peligroso para el sistema. Rojas se rodeó de militares y funcionarios conservadores pero trató también de crearse una base política propia. Con su patrocinio se fundó en 1954 la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) como una nueva central sindical que declaró sus simpatías peronistas. En diciembre del mismo año, se creó el MAN (Movimiento de Acción Natural) con pretensiones de constituirse en un nuevo partido de apoyo al régimen. En él formaron conservadores, liberales y "socialistas", y la CNT que le brindó todo su apoyo. Estos intentos de autonomismo frente a las direcciones conservadora y liberal, crearon el primer motivo de fricción. La Iglesia Católica por boca del Cardenal atacó la CNT por su orientación peronista. En esta posición influían las distancias tomadas por la Iglesia frente a Perón en las postrimerías de su gobierno, pero sobre todo el hecho de que la Iglesia tenía un control directo sobre la UTC, la única central que en ese momento existía (la CTC aunque no desapareció jurídicamente, fue prácticamente liquidada), y una nueva corriente sindical, con apoyo oficial, quebraba el monopolio. Los dirigentes liberales y conservadores se opusieron también al MAN, que como tercer partido debilitaba su hegemonía tradicional. Rojas abandonó ambas ideas y en las postrimerías de su gobierno, en junio de 1956, ante el vacío político que lo iba rodeando, trató de crear la "Tercera Fuerza", simbolizada por la unión de los militares con el pueblo, pero el intento fue vano y se acabó con la dictadura militar el 10 de mayo de 1957.

Desde los comienzos de su gobierno, Rojas Pinilla tuvo la oposición de dos sectores: el de Laureano Gómez y sus seguidores, que por razones obvias no aceptaban la presidencia del militar, y la del Partido Comunista. A partir de la "República Liberal" y la colaboración con sus gobiernos, el PC había sido forzado a seguir un rumbo distinto. La campanada de un comunista francés, Jacques Duclos, expresada en una carta sobre las implicaciones del Browderismo en los partidos comunistas de América Latina, despertó a una parte del partido colombiano sobre su propia situación. En 1947 hubo un nuevo Congreso en el que se dejó el nombre de Partido Comunista; así mismo, los seguidores de Browder fueron expulsados. La orden de PC de votar por Turbay y en contra de Gaitán no fue acatada con lo cual la dirección fue desbordada, y las pugnas en la CTC, entre comunistas y liberales, debilitaron aun más la posición del PC dentro de la central obrera que al finalizar el gobierno de Ospina Pérez estaba ya en poder de los liberales. Estos contribuyeron a darle el puntillazo al decretar paros políticos contra el Gobierno, que fracasaron, y a los cuales el Gobierno respondió con represión. Los comunistas fueron atacados en el gobierno de Ospina y en el de Gómez acreció la represión. La oposición de este partido a la participación de tropas colombianas en Corea, le valió fuerte persecución y las regiones campesinas en donde contaba con apoyo fueron atacadas militarmente. Un vasto territorio fue declarado "zona de guerra" y se emprendieron operaciones militares en forma, con aviones y miles de soldados, contra los campesinos de Cunday, Villarrica y otros municipios, lo que obligó a los campesinos a emprender una retirada por entre el monte para ir a refugiarse en el Páramo de Sumapaz. En Viotá, otra región controlada por los comunistas, los campesinos resistieron e implantaron una zona de autodefensa. Rojas ofreció la amistad para los alzados liberales pero, no así para los comunistas. Por el contrario, para las regiones en donde éstos tenían apoyo, la ofensiva se amplió. La represión se legalizó y el comunismo fue declarado fuera de la ley. El 4 de abril de 1955, se publicó un decreto que declaraba "zona de operaciones militares" a los municipios de Villarrica, Cabrera, Cunday, Icononzo, Pandi, Carmen de Apicalá, Ospina Pérez y Melgar. La violencia había hecho crecer el ejército, que pasó de 14.000 hombres en 1948 a 32.000 en 1956.

El 8 de junio de 1954, el Batallón Colombia, el mismo que había participado en Corea, disparó contra una manifestación de estudiantes que en Bogotá conmemoraban la muerte de otro estudiante asesinado en 1929. El saldo fue de varios estudiantes muertos, pero el acontecimiento no distanció a los dirigentes liberales y conservadores del gobierno de Rojas. Antes por el contrario, los directorios políticos de ambos partidos expidieron sendos comunicados en que expresaban su apoyo al gobierno. El dictador hizo uso de estos mensajes y atribuyó los hechos a los provocadores comunistas. Los intentos de Rojas para darse una base de apoyo político propio, crearon las primeras distancias y fueron aumentando por ciertas medidas económicas tomadas por el dictador que chocaban con los intereses sociales de los grandes sectores económicos. Rojas intentó una reforma fiscal por la que se imponía un impuesto a los beneficios industriales, la ANDI y Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) protestaron y hablaron de una "doble tributación". Se impuso un impuesto sobre las exportaciones de café y la Federación Nacional de Cafeteros y Fenalco, se opusieron. La liberación de importaciones que fue además utilizada demagógicamente por un organismo oficial, Sendas, para repartir juguetes y regalos a la población, contó con la oposición de la ANDI que consideró que la introducción de artículos extranjeros quitaba mercado a la industria del país, y la inversión estatal en ciertos sectores muy monopolizados como la banca (creación de los bancos Popular y Cafetero) y los cementos (creación de Cementos Boyacá), desató la oposición de los grupos privados que veían en estas empresas estatales unos competidores. En 1954, el café alcanzó un precio máximo en el mercado mundial que luego comenzó a decaer creando el correspondiente problema de divisas y la deuda pública externa fue creciendo.

Rojas había cumplido su papel. Sus proyectos políticos autónomos, así como los roces a nivel económico, lo hacían ya un acompañante incómodo e innecesario. Poco a poco ambos partidos fueron soltando amarras de su gobierno y Rojas que se basaba cada vez más en el apoyo militar, fue endureciendo su régimen. Vinieron la clausura de periódicos liberales y el hostigamiento a otros conservadores que le eran hostiles. El vacío político quiso contrarrestarlo con la fuerza y a la represión en los campos se sumó la violencia en la ciudad. El 26 de enero de 1956, los sicarios del régimen asesinaron y golpearon al público que en la Plaza de Toros de Bogotá silbaban a la hija del dictador.

Para la clase dominante era necesario buscar una nueva salida y, después de más de un siglo de división plasmada en nueve guerras civiles durante el siglo XIX, con saldo de cientos de miles de muertos, y cuando aún se vivía la violencia que a nombre del partido liberal y el conservador, dejó un saldo de 300.000 muertos entre 1946 y 1958, los dirigentes nacionales se pusieron de acuerdo, "depusieron los odios entre los partidos" y derrocaron al dictador que a ambos, en su momento, les había servido. Alberto Lleras Camargo, quien se había ausentado de Colombia para servir en Washington como Secretario de la OEA, volvió al país y como jefe del partido liberal voló a España en donde estaba exiliado Laureano Gómez. Entre ambos encontraron una forma de entendimiento (en ese momento el otro jefe conservador, Mariano Ospina Pérez, todavía no había roto claramente con Rojas y era Presidente de la ANAC), consistente en que a partir de 1958, y durante 16 años, los cargos públicos se repartirían por mitades entre liberales y conservadores, y que presidentes de ambos partidos se alternarían en el Gobierno cada cuatro años. Esta fórmula se conoció como "Frente Nacional" y bajo su sistema, en este momento atenuado, vive el país desde 1958.


 

Nota bibliográfica


 

MOLINA, Gerardo. Las Ideas Liberales en Colombia. Tres Volúmenes "Universidad Nacional de Colombia", Editorial Tercer Mundo, Bogotá.

El más completo trabajo sobre la evolución de las ideas liberales en Colombia. Abarca desde el origen de los partidos en Colombia hasta el período del Frente Nacional.

Los Programas del Conservatismo. Una Publicación del Directorio Nacional de Unidad Conservadora, Bogotá - 1967, Editorial Renacimiento, Manizales.

Comprende los programas del partido conservador desde 1849 hasta 1949, así como algunos manifiestos y pactos hasta 1963; incluye también algunos artículos sobre la doctrina conservadora en Colombia. A falta de una obra como la de Gerardo Molina para el partido conservador, éste es un texto de interés sobre todo documental.

Treinta Años de Lucha del Partido Comunista de Colombia. Ediciones Los Comuneros, SF.

Es la versión oficial autocrítica del Partido Comunista Colombiano entre 1930 y 1960.

COLMENARES, Germán. Partidos Políticos y Clases Sociales. Bogotá, Universidad de los Andes, 1968.

Interesante trabajo sobre las clases y los grupos sociales en Colombia y sobre la lucha doctrinaria a mediados del Siglo XIX. Un planteamiento sobre las relaciones económicas, regionales, etc., con el origen de los partidos políticos en Colombia puede verse en el artículo de Frank Safford "Aspectos sociales de la política en la Nueva Granada, 1825-1850" , en el libro Aspectos del Siglo XIX en Colombia, del mismo autor, Medellín, Ediciones Hombre Nuevo, 1977.

JARAMILLO URIBE, Jaime. El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX. Bogotá, Temis, 1964.

Es una obra en la que se da cuenta del pensamiento político de los principales pensadores colombianos durante el siglo XIX y sus influencias y peculiaridades respecto a las grandes corrientes del pensamiento universal.

JARAMILLO URIBE, Jaime, Antología del Pensamiento Político Colombiano. Dos Tomos. Talleres gráficos del Banco de la República, Bogotá, 1970.

Incluye textos de los principales ideólogos colombianos durante los siglos XIX y XX y una nota introductoria sobre cada texto y autor.

LIEVANO AGUIRRE, Indalecio. Rafael Núñez. Bogotá, Segundo festival del libro colombiano.

Es la más conocida biografía del artífice de la "regeneración" con un análisis de su obra política vista con un enfoque apologético.

TORRES GIRALDO, Ignacio. Los Inconformes. Cinco volúmenes. Editorial Margen Izquierdo, Bogotá.

Los dos últimos tomos que relatan los acontecimientos políticos a partir de 1920 tienen un especial valor testimonial pues el autor fue un luchador popular y destacado dirigente obrero desde los inicios del sindicalismo en Colombia.

J. CORDEL, Robinson. El Movimiento Gaitanista en Colombia. Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1967.

Algunos capítulos de este libro son de interés para conocer el pensamiento y la actitud política del caudillo popular.

LLERAS RESTREPO, Carlos.  Borradores para una historia de la república liberal. T. I. Editorial Nueva Frontera, Bogotá, octubre de 1975.

Es un relato periodístico de la república liberal (1930-1946) y de sus principales actores.

PECAUT, Daniel. Política y sindicalismo en Colombia. Bogotá, La Carreta, 1973.

Aparte de su objeto central expresado en el título, este libro trae interesantes apuntes sobre el Estado y la política en Colombia durante el tránsito de la república liberal a la hegemonía conservadora.

MARTZ, John D. Colombia, Un Estudio de política contemporánea. Universidad Nacional de Colombia, 1969.

Contiene una amplia narración de la historia política colombiana durante los gobiernos conservadores (1946-1957).

GUZMAN CAMPOS, Germán y otros. La violencia en Colombia. Bogotá, Tercer Mundo, 1962, dos volúmenes.

El mejor trabajo que existe en castellano sobre el período de la violencia, con acopio de materiales.

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