CAPITULO XIX

EL DERRUMBE DE LA AUTORIDAD POLITICA DE ESPAÑA

EL ULTIMO símbolo del Imperio. - La influencia francesa. - Napoleón. - Crisis de la Monarquía española. - Bayona. Los derechos dinásticos de Fernando VII. - Junta Central de Sevilla. - La Constitución napoleónica - Igualdad de derechos entre la Metrópoli y los Dominios. - El "Memorial de Agravios". - Los criollos rechazan la dominación francesa. - Actitud de las autoridades coloniales. - La Independencia se planea contra Francia. - Conflicto entre los criollos y la Audiencia. - Rebelión de los Marqueses. - Desacuerdo del Virrey y la Audiencia. - La Virreyna y Rosillo. - Se aproxima la crisis. - El ejemplo de los Comuneros. -Nariño o la Revolución. - Camilo Torres o la Fronda de los Cabildos. - Los "descendientes de don Pelayo". - La hora decisiva.

LOS AÑOS finales del Siglo XVIII se encargaron de demostrar que España tenía poco que ofrecer, en el campo económico, a los Dominios americanos. Su potencialidad industrial no correspondía ya a las demandas de los mercados de Ultramar y su economía había dejado de operar como un mercado atractivo para la producción exportable de América. Llegó el momento, por lo tanto, en que los hechos económicos dejaron de ser vínculos y se convirtieron en factores separatistas, en que los precios, los mercados, la capacidad de compra y de venta se atravesaron, como grandes soluciones de continuidad, entre la Metrópoli y sus Dominios.

Sobre las fronteras que dibujó la economía sólo pudo perdurar la antigua autoridad política de la Corona, cuyo profundo arraigo en los pueblos hispanoamericanos sirvió para contrarrestar, en aquella hora de crisis, la eficacia aislante de los hechos económicos. Los Borbones fracasaron, es verdad, en su empeño de sujetar el desarrollo de los Dominios a las pautas de la decadente economía metropolitana, pero los vínculos intangibles, personificados en la Corona, continuaron operando como poderosa fuerza de gravedad que anulaba las múltiples tendencias de dispersión. La realidad histórica del pasado de mostraba poseer una consistencia que le permitía disputar el terreno, palmo a palmo a las exigencias no muy precisas del porvenir.

Los hechos brutales de la política mundial se iban a en cargar, sin embargo, de derrumbar este último factor aglutinante, porque la Revolución francesa engendró en Europa un nuevo y formidable poder y la dinámica expansiva del mismo, estaba destinada a destruir las últimas soldaduras simbólicas que prolongaban difícilmente la vida del Imperio Español. Desde el momento en que Bonaparte se convirtió, con todas sus limitaciones, en el vocero de los radicales cambios ocurridos en la Revolución, en España se produjo una nueva distribución de las fuerzas políticas y Napoleón fue mirado como el símbolo de un orden nuevo, como la esperanza de quienes ambicionaban libertarse de las férreas ataduras del pasado. No fue por obra del acaso que un pintor revolucionario, como Goya, sintió tan franca admiración por Bonaparte.

La influencia de Napoleón en España se vio reducida, no obstante, desde el momento en que su conflicto con la burguesía británica la forzó a organizar el bloqueo continental. Como España y muy particularmente Portugal constituían entonces una de las vías principales de penetración del comercio inglés en el Continente, y sus vastos imperios coloniales representaban un factor decisivo en la lucha por la hegemonía mundial, Napoleón se vio precisado a contemplar la necesidad de incorporar estas áreas geopolíticas a la zona de influencia del Imperio francés y las gestiones diplomáticas realizadas en este sentido determinaron profundos cambios en la opinión peninsular. Las generosas ideas de la Revolución Francesa, que anteriormente despertaron grandes simpatías en el pueblo español y en sus intelectuales artistas, perdieron muchos de sus atractivos desde el momento en que se las identificó con la hegemonía política de Francia. La firma del Tratado de Fontainebleau, que autorizó el paso, por territorio español, del ejército francés destinado a ocupar a Portugal, causó grande indignación en le Península y quienes lo negociaron - el Rey Carlos IV y su Ministro Manuel Godoy -, fueron objeto de severas críticas.

Debe reconoeerse, no obstante, que la importancia de la oposición organizada contra la política de la Corona, tuvo mucho que ver con las características individuales de los personajes que actuaron como voceros de esa política. Carlos IV era la personificación exacta de los Déspotas Ilustrados de la Casa de Borbón, tan pródiga en reyes degenerados, vanidosos e ineptos. Como le fastidiaban los negocios del Estado, entregó insensiblemente el gobierno a don Manuel Godoy, hombre de agudo talento pero de escasos escrúpulos, quien se aproximó a las gradas del trono sin otro título que el de ser el amante de la Reina María Luisa, esposa de Carlos IV. Godoy se esforzó por salvar a España de la crisis que presentía cercana, pero su insaciable apetito de honores y su poca delicadeza personal se encargaron de desprestigiar sistemáticamente las soluciones que su talento ideó en los momentos decisivos. Rodeado de la hostilidad y el menosprecio de la nobleza española, detestado por el príncipe Fernando, heredero del trono, Godoy se vio precisado a rodearse de un partido de válidos y parásitos, quienes le apoyaban en la medida que el favorito les permitía enriquecerse a costa del Tesoro Público. Obligado a defender una posición que todo el mundo le discutía, no tuvo manera de atender con regularidad los negocios del Estado, y la eficaz oposición de Fernando, alimentada por el odio que dicho príncipe profesaba a su padre Carlos IV, logró paralizar los esfuerzos realizados por el Ministro para convenir un "modus vivendi" con el Imperio napoleónico, lo mismo que las medidas que éste imaginó, como último recurso, cuando juzgó inevitable la invasión francesa. Godoy pensó en trasladar la Corte española a México y este proyecto sirvió de pretexto a Fernando para estimular una serie de graves perturbaciones del orden público, que obligaron a Carlos IV a destituir a su Ministro y finalmente a abdicar la Corona en favor del Príncipe heredero, quien ascendió al trono con el título de Fernando VII.

Las rencillas y rivalidades de la familia real española, llevaron a Napoleón a formarse una idea errada sobre el carácter del pueblo español y convencido de que las autoridades peninsulares, tal como estaban constituidas, no le ofrecían seguridad bastante de que ellas se opondrían eficazmente a la penetración inglesa en el Continente, decidió deponer a los Borbones y colocar en el trono de España a una persona de su confianza. Contando con la antipatía que se profesaban Carlos IV y su hijo Fernando VII, consiguió convencerlos de que se entrevistaran, bajo su patrocinio, en Bayona y allí se cumplió una de las escenas más vergonzosas de la historia de España. Sólo con trabajo consiguió Bonaparte contener su repugnancia ante los cargos que respectivamente se formularon padre e hijo y ante las sórdidas intimidades familiares que allí se revelaron. El odio mutuo de los dos monarcas permitió a Napoleón obtener que Fernando le devolviera la Corona a su padre, en el entendido de que éste procedería inmediatamente, como lo hizo, a abdicar del trono español en favor del Emperador de Francia. Una vez protocolizadas las abdicaciones, Bonaparte ofreció el trono español a su hermano José, quien lo aceptó en momentos en que los ejércitos franceses completaban la ocupación militar de los principales puntos estratégicos del norte de la Península.

Como Napoleón no ignoraba que la hegemonía francesa sobre España sólo tendría un valor relativo mientras ella no comprendiera el inmenso imperio colonial de América, imperio que Inglaterra miraba con codicia, el 15 de mayo de 1808 ordenó a su Ministro de Negocios Extranjeros, Conde de Champagny, dirigir una comunicación urgente a cada uno de los Virreyes y Capitanes Generales de los dominios americanos, informándoles de los hechos cumplidos en Bayona, ofreciéndoles la seguridad de que continuarían en sus cargos y haciendo hincapié en que la soberanía de España no sufriría mengua por su estrecha alianza dinástica con el Imperio francés. La nota de Champagny, dirigida a las autoridades de América el 17 de mayo, decía: « Señor tengo la honra de enviar a usted el informe de los sucesos que han ocasionado la renuncia de la Corona por S.M. el Rey Carlos IV, el príncipe de Austria y todos los príncipes de la familia real, quienes la han cedido con todos sus derechos a S.M. el Emperador de los franceses, Rey de Italia... La independencia de España, la integridad de su territorio, la unidad de su religión le quedan garantizados... Persiguiendo este fin fue que el Emperador llamó al trono de España a su hermano José Napoleón, Rey de Nápoles y Sicilia, quien por instantes debe llegar a Madrid. El Emperador confía en la lealtad de usted para secundar sus intenciones. El nuevo Soberano confirma a usted en el cargo que desempeña, confiando al mismo tiempo al honor y al patriotismo de usted la seguridad y guardia de la Colonia por Ud. gobernada... La dinastía ha cambiado, pero la monarquía subsiste.

Usted debe considerar a honor y deber defender la parte de este depósito a usted confiada, e impedir que una monarquía tan bella pierda una sola de sus preciosas posesiones... La noticia que comunico a Ud. señor, debe ser conducida por buques españoles, enviados de Cádiz por el actual gobierno de España; pero el Emperador ha considerado conveniente comunicarla al mismo tiempo a Ud. por otras vías, a fin de que usted no se encuentre, por un solo momento, en la incertidumbre de la conducta que debe seguir».

Mientras Napoleón se ocupaba del destino de las posesiones americanas, el pueblo español daba su respuesta inequívoca a los escandalosos hechos ocurridos en Bayona. Desde el día 23 de mayo de 1808 se produjeron levantamientos populares en muchas provincias y el grito de ¡Viva Fernando VII y abajo los franceses! se convirtió en la bandera que enarbolaron las multitudes para defender la Independencia nacional. Espontáneamente se constituyeron, eh las Provincias, Juntas "con servadoras de los derechos de Fernando VII", y en los campos aldeas surgieron ejércitos improvisados, guerrillas de la gleba, armadas de viejos fusiles e instrumentos de labranza. La rebelión se extendió rápidamente por toda la Península, sin que bastaran los regimientos franceses para reducir, a límites manejables, aquel formidable despertar de las energías de un pueblo abandonado por sus Reyes y menospreciado por sus ineptas clases dirigentes.

Napoleón no concedió la importancia debida a la espontánea resistencia que se le ofrecía en España y, el 6 de junio de 1808, reunió, en Bayona, a un numeroso grupo de nobles de burgueses españoles y ante ellos promulgó el Decreto Imperial en el cual otorgaba oficialmente la Corona a su hermano José y ofrecía a España una Constitución de rasgos liberales, en cuyo Título X se declaraba que "los Reves y provincias españolas de América y Asia, tendrán los mismos derechos que las provincias españolas". El texto de dicho Título estaba cuidadosamente calculado para conseguir la simpatía de América y los efectos del mismo no se hicieron esperar. El día 8 de julio de 1808, eminentes personalidades de los dominios firmaron, en la Capital española, el Acta famosa en la que ofrecían su adhesión y acatamiento al Rey José en las ceremonias celebradas ese día participaron activamente varios granadinos, encabezados por el Conde de Casa Valencia y don Francisco Antonio Zea. Para dirigir la palabra al lluevo Monarca fue comisionado el señor Zea y los términos de su discurso revelan el impacto causado, en el ánimo de los americanos residentes en España, por las promesas liberales de Napoleón. «Los representantes de vuestros vastos dominios de América - dijo Zea al Rey José - no contentos con haber tributado a V.M., en unión con la Metrópoli, el homenaje debido a su soberanía, se apresuran a ofrecerle el de su reconocimiento por el aprecio que V.M. ha manifestado hacer de aquellos buenos vasallos en cuya suerte se interesa tan vivamente. de cuyas necesidades se ha informado y cuyas largas desgracias han conmovido su corazón paternal. Olvidados de su gobierno, excluidos de los altos empleos de la Monarquía, privados injustamente de la ciencia y de la ilustración y, por decirlo todo de una vez, compelidos a rehusar los dones que les ofrece la naturaleza con mano liberal, ¿podrían los americanos dejar de proclamar con entusiasmo una Monarquía que los saca del abatimiento y de la desgracia, los adopta por hijos y les promete la felicidad? No, señor. No se puede dudar de los sentimientos de nuestros compatriotas - los americanos - por más que los enemigos de V.M. se lisonjean de reducirlos; nosotros nos haríamos reos a su vista; todos unánimes nos desconocerían por hermanos y nos declararían indignos del nombre americano, si no protestáramos solemnemente a V.M. su fidelidad, su amor y su eterno reconocimiento».

Aunque importantes sectores de la nobleza y de la burguesía españolas no ingresaron en las filas del partido francés, esos sectores se mostraron visiblemente temerosos de que la heroica resistencia del pueblo pudiera desembocar, a la postre, en una revolución social y por ello se apresuraron a constituir autoridades provisionales a fin de impedir que el pueblo, después de pagar su cuota de sangre pudiera reclamar los beneficios de la nacionalidad, por cuya supervivencia había combatido. Así nació el 25 de agosto de 1808, la famosa Junta Central, cuya sede hubo de trasladarse a Sevilla para ponerla fuera del alcance de los ejércitos franceses. En esta Junta se inició una sorda lucha entre el pueblo español y las caducas oligarquías peninsulares y « desde el principio - dice el historiador Vásquez Fraile - se manifestaron en ella dos tendencias: una dirigida por el Conde de Floridablanca, enemiga de reformas y partidaria del antiguo régimen, y otra, inspirada por Jovellanos, que pedía la convocatoria de Cortes. Prevaleció el primer criterio y la Junta se dedicó a publicar proclamas y manifiestos y a dar disposiciones extrañas a la guerra ». Enfrentada la Junta de Sevilla al revolucionario Título X de la Constitución dada por Bonaparte a España, título que reconocía a las Colonias los mismos derechos que a la Metrópoli, no tuvo más remedio que otorgar concesiones semejantes y afirmar en un célebre Manifiesto que los Dominios no son "propiamente colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía española". Con el mismo espíritu defensivo, la Junta dio por canceladas la diferencias entre España e Inglaterra y celebró un Tratado de alianza con la Gran Bretaña, a fin de adelantar conjuntamente la guerra contra Napoleón. Mediante este Tratado se abrieron los puertos de América a la flota de guerra inglesa y se asignó a dicha flota la misión de defender las costas americanas contra cualquier amenaza naval francesa. Desde entonces comenzó Inglaterra a valerse de las dificultades de España para arrancarle concesiones y minar profundamente la influencia de su aliado en tierras americanas. El sentido de la política británica lo definieron las instrucciones enviadas algún tiempo después, por el jefe del Foreign Office, Marqués de Wellesley, al Embajador inglés en España: « Los servicios que Su Majestad - le decía - ha podido prestar a España hasta ahora no tienen otros límites que los recursos del Reyno. Pero es evidente que cesará todo apoyo si no se nos proporcionan recursos adicionales. Estos recursos consistirán, sobre todo, en abrir a los súbditos de Su Majestad los grandes ramos del comercio con las colonias de España. Hacedlo entender así en los términos más claros ».

Sería un error suponer que la Junta de Sevilla obró sinceramente al promulgar a última hora, la doctrina de la igualdad de derechos entre los Dominios y la Metrópoli. Esta doctrina tuvo todas las características de un simple acto de propaganda y así se encargó de demostrarlo la misma Junta en el momento en que se vio compelida a precisar la participación que estaba dispuesta a reconocer a los Dominios en el gobierno de la Metrópoli. Cuando los americanos confiaban en que se les permitiría enviar a la Junta Central un número de representantes equiparable al de las provincias de España, dado que la población de los Dominios era igual o superior a la de la Metrópoli, sólo les reconoció una representación subalterna, que se determinó en el Reglamento promulgado para establecer las circunscripciones electorales de América. De acuerdo con dicho Reglamento, la representación total de los Dominios se redujo a nueve diputados, en momento en que las provincias de España estaban representadas por treinta y seis diputados. « La Junta Central - dice el historiador Restrepo - disponía que cada uno de los Virreynatos y Capitanías Generales independientes nombraran un diputado para la Junta. La injusticia no podía ser más clara; provincias pequeñas de España habían elegido dos diputados, y los vastos Reynos de América, el de México por ejemplo, que tenía la mitad de la población de la Península, solamente enviaría uno ».

A los Cabildos correspondió asumir la personería del descontento que se suscitó en América por el injusto tratamiento otorgado a los Dominios y en Santafé se resolvió, por los Regidores de su Cabildo, conferir instrucciones especiales al Diputarlo electo del Reyno granadino, don Antonio de Narváez, para que solicitara, al llegar a España, la convocatoria de Cortes y diera a conocer a la Junta de Sevilla los términos que, en concepto del Cabildo, debían servir de pauta a las futuras relaciones entre la Metrópoli y sus Dominios. Las instrucciones fueron firmadas por don Gregorio Gutiérrez Moreno, Síndico Procurador del Ayuntamiento, y sus apartes principales decían: « Que siendo el origen funesto de las calamidades que sufre la Monarquía el abuso con que se ha depositado en los Ministros toda la autoridad soberana, que han ejercido tirana y despóticamente en agravio de nuestras antiguas leyes constitucionales que lo prohiben, el Excelentísimo señor Diputado pedirá el cumplimiento de estas mismas leyes, con la protesta de que se reconoce y jura al Soberano (Fernando VII), bajo la precisa condición de que él también jura su obediencia y se sujeta a las variaciones y adiciones que el tiempo y las circunstancias hagan conocer como necesarias a juicio de las Cortes. Que éstas deben quedar permanentemente establecidas con el objeto ya indicado, constituyendo un cuerpo que tenga una verdadera representación nacional y en que se le dé igual parte a la América que a la España. Que debiendo ser una, igual y uniforme representación de ambas, no reconocerá el Señor Diputado de este Reyno superioridad alguna respecto de las de la Península; antes, por el contrario, sostendrá su representación americana con igual decoro al de la española, reclamando al efecto la pluralidad de los votos de ésta respecto de los de aquélla ».

El Cabildo creyó conveniente, también dirigir una "Representación" a la Junta de Sevilla y para redactarla se comisionó a uno de los capitulares, a don Camilo Torres, quien elaboró el famoso documento conocido en nuestra historia con el nombre de "Memorial de Agravios". Por razones que se ignoran, el Cabilclo no acogió dicho escrito cuando se le presentó, y al decir de José María Cárdenas, descendiente del señor Torres, « el Cabildo se intimidó cuando le fue presentado el proyecto de la Representación y resolvió archivarla. Luego que se efectuó la transformación política (de 1810), se pensó más de una vez en imprimirla y dificultades del momento lo impidieron siempre; de lo cual resultó que se conservara inédita en todos los seis años de la primera época ».

Aunque el "Memorial de Agravios" no tuvo efectos políticos de importancia en su época y sólo lo conocieron contadas personas, su texto sirve, mejor que cualquier otro documento, para precisar la profundidad de los cambios que estaban operándose en el clima político de América y la altiva resolución que tenían los criollos de intervenir en el gobierno de los Dominios, alegando sus títulos de descendientes de los conquistadores y de herederos legítimos de la hegemonía que ellos establecieron sobre las poblaciones aborígenes de América, a las que miraban con mayor menosprecio que sus mismos antepasados. «El Ayuntamiento de la Capital del Nuevo Reyno de Granada - dice Torres en el "Memorial" - no ha podido ver sin un profundo dolor que, cuando de las provincias de España, aún las de menos consideración, se han enviado dos vocales a la Junta Suprema Central, para los vastos, ricos y populosos dominios de América, sólo se pida un diputado de cada uno de sus Reynos y Capitanías Generales, de modo que resulte una tan notable diferencia como la que va de nueve a treinta y Seis... América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la Monarquía Española y bajo este principio y el de sus mutuos y comunes intereses jamás podrá haber un amor sincero y fraterno sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos. Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios de la Corona de España, que han extendido sus límites y le han dado en la balanza política de la Europa una representación que por sí sola no podía tener. Los naturales (los indios), conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada, en comparación de los hijos de europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones... Así, no hay que engañarnos en esta parte; tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación española, como los que, salidos de las montañas, expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la Península. Con esta diferencia, si hay alguna: que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas descubrieron, conquistaron y poblaron para España este Nuevo Mundo. Seguramente que no dejarían ellos por herencia a sus hijos una odiosa distinción entre españoles y americanos, sino que, antes bien, creerían que con su sangre habían adquirido un derecho eterno al reconocimiento, o por lo menos, a la perpetua igualdad con sus compatriotas... ¿Diez o doce millones de almas que hoy existen en estas Américas recibirán la ley de otros diez o doce millones que hay en España, sin contar para nada con su voluntad? ¿ Les impondrán un yugo que tal vez no querrán reconocer? ¿Les exigirán contribuciones que no querrán pagar?... ¿Teméis el influjo de la América en el Gobierno?... ¿Y, por qué lo teméis?... Si es un gobierno justo, equitativo y liberal, nuestras manos contribuirán a sostenerlo. El hombre no es enemigo de su felicidad. Si queréis inclinar la balanza al otro lado, entended que diez o doce millones de almas con iguales derechos, pesan otro tanto en el plato que vosotros formáis. Más pesaban sin duda siete millones que constituían la Gran Bretaña europea que tres que apenas formaba la Inglaterra americana; y con todo la justicia cargada de su parte inclinó la balanza ».

La importancia de este tipo de exigencias y reclamos pasó a un segundo plano de interés, no bien comenzaron a conocerse en América los desastres de las fuerzas españolas enfrentadas a los ejércitos de Napoleón. La ocupación de Madrid, la caída de Zaragoza y la pérdida, por las armas españolas, de las decisivas batallas de Ocaña, Alba de Torrens y Tamanes, no pudieron ocultarse a los americanos por mucho tiempo, no obstante que las autoridades coloniales se sirvieron de todos los medios, incluyendo la violación de la correspondencia, la censura y el registro de buques, para evitar que tales desastres se divulgaran. A principio de 1809 se conocía ya en las principales capitales de América - incluyendo Santafé - la desesperada situación de las fuerzas españolas y pocos dudaban que la Península sería sojuzgadá por los franceses y el Rey José se afianzaría sólidamente en el trono de España. Así se planteó en América el problema que tan decisivas repercusiones tendría en el futuro político del Nuevo Mundo. ¿Se someterían los Dominios, en caso de triunfar Napoleón, a la dinastía imperial francesa, representada por el Rey José? ¿Se resignaría América, una vez sojuzgada la nación española, a continuar formando parte de una Metrópoli sometida al Imperio francés? Tales preguntas, que fatalmente debieron formularse tanto los Virreyes y Capitanes Generales como las personalidades más destacadas de la casta criolla, determinaron reacciones opuestas en los dos estamentos. La burocracia española entendió, desde el primer momento, que la vigencia de sus cargos y de su autoridad sobre las Colonias dependía de la sujeción de ellas a la Metrópoli, cualquiera que fuera la dinastía reinante. En esta decisión los acompañaron los peninsulares residentes en América, cuyos privilegios dependían de la intangibilidad de los vínculos de dependencia colonial. Se comprende, por tanto, que el Virrey del Nuevo Reyno de Granada, don Antonio Amar y Borbón, no vacilara en declarar, en sus conversaciones íntimas, que « América seguirá la suerte de la Metrópoli y se sujetará a la dominación de cualquiera que reinase en España».

Tal era la contingencia que no estaban dispuestos a correr los criollos, a cuyas manos pasó entonces la defensa de las tradiciones Ellos no rechazaron la influencia francesa, que América venía padeciendo desde el ascenso de la dinastía Borbónica al trono de España, sino la influencia de la Revolución Francesa, personificada, con todas sus limitaciones, en Napoleón. La propaganda de los ideólogos de la Revolución contra la esclavitud era motivo de visible alarma entre los grandes propietarios criollos del Nuevo Reyno y la Capitanía General de Venezuela, y «entre los negros - dice Carlos Pereira - corría la voz de que esta casta omnipotente (la criolla) había secuestrado una Real Cédula que abolía la esclavitud. Por otra parte, de los salones de los blancos bajaban a las chozas de los negros, libres y esclavos, los rumores de una gran Revolución efectuada en Francia y en Haití. La ley de los franceses, decían, emancipaba al esclavo y daba el poder político al negro ». Parecidos temores sentían los criollos ante la posible influencia de las ideas y prácticas anti-religiosas de la Revolución Francesa, y así se comprende la frecuencia con que acusaban a las autoridades coloniales de poner en peligro "nuestra amada religión", permitiendo la influencia disociadora del ateísmo francés.

Nada tiene, pues, de extraño, que los núcleos dirigentes de la oligarquía granadina, particularmente en Santafé, se hubieran convertido en los defensores apasionados de los derechos dinásticos de Fernando VII y que, dando pruebas de mayor lealtad a la nación española que las propias autoridades coloniales, redujeran sus esfuerzos a exigir de la Monarquía una completa igualdad de derechos con los españoles y la formación en América, de acuerdo con las tradiciones forales de España, de un tipo de gobierno en el que tuvieran plena representación los "patricios" de las sociedades americanas. Tal fue la doctrina que tenazmente sostuvieron don Camilo Torres y los más destacados abogados de Santafé, y ella inspiró la política del estamento criollo durante todo el lapso en que las noticias de Europa permitieron abrigar alguna esperanza de que el pueblo español defendería su independencia.

Esta situación se modificó, explicablemente, cuando se conocieron los desastres de las fuerzas españolas, lo cual obligó a los americanos a reconocer que no estaba lejana la fecha en que José Bonaparte reinaría de manera regular en la Metrópoli. Fue esta indeseable eventualidad, y no el odio a España como suele decirse, la razón que obligó a los patricios criollos a considerar la posibilidad de la Independencia, concebida no como un movimiento para libertarse de España sino de Francia, de la Francia de la Revolución, que simbolizaba Bona parte. « Asegurad vuestros puertos - diría Camilo Torres - y no déis entrada por ahora a los enemigos de Europa. Napoleón no os hará la guerra con soldados franceses. Enemigos españoles serán los que él enviará a sujetaros, no con fusiles y bayonetas sino con seducciones y engaños. La Constitución napoleónica será un contagio funesto, que apestará nuestros pueblos. Perseguidla, quemadla y quemad vivo al que quiera introducirla, o publicarla entre nuestros hermanos. Los más distinguidos oficiales del ejército enemigo vendrán a sorprendernos, disfrazados de hortelanos, peluqueros y aún cocineros. Nada les parece ruín y vil a estas gentes seductoras, como consigan dividir las opiniones, propagar la Constitución napoleónica y engañar a los incautos ». Fue la amenaza de la Francia revolucionaria la que aceleró la crisis, puso término a las indecisiones y dos consignas célebres resumieron, en América, las tendencias de los distintos intereses en juego. Los funcionarios españoles dijeron: « Los franceses antes que la emancipación » y los criollos respondieron: « La emancipación antes que los franceses ».

El Capitán Beaver, enviado por aquellos días a Tierra Firme por el Almirante de la flota británica, con base en las Barbadas, remitió a su superior un informe concebido en los siguientes términos: « Creo poder aventurarme a decir que ellos - los criollos - son en extremo leales y apasionadamente adictos a la raza española y a la Casa de Borbón; y que mientras haya alguna probabilidad de volver Fernando VII a Madrid, permanecerán leales a la madre patria. Pero si tal cosa no sucediera pronto creo afirmar, con igual certidumbre, que se declararán independientes. Esta gente aspira, para uno u otro caso, pero particularmente en el último, a una alianza con Inglaterra... Los franceses son detestados.. ».

En mayo y junio de 1809 llegaron a Santafé, con el acostumbrado retardo, algunas gacetas inglesas y el correo de la Península, y así se supo en la ciudad que los ejércitos españoles estaban empeñados en una desesperada resistencia en las proximidades de Cádiz, último baluarte, al parecer, de la Junta Central. « El 3 de junio aperecieron fijados - dice Monsalve - varios pasquines en las puertas del Palacio Virreynal, en la casa del Oidor de Alba, en los puentes de la ciudad y en otros lugares públicos, en que se pedía la organización de las milicias y medidas de precaución contra un posible tumulto de los franceses residentes en la ciudad ». Los Oidores de la Audiencia comprendieron que estaba próxima la hora en que debían tomar decisiones trascendentales y procedieron a disponer la ejecución de las medidas de seguridad indispensables para conservar el control político y militar del Virreynato, a fin de no correr el riesgo de ser sorprendidos por una rebelión cuando se cumpliera el total sojuzgamiento de la Península por los ejércitos franceses. « Hechuras de Godoy - dice Camilo Torres - tramaban asegurar todas las provincias a su partido. Desconfiados de que los americanos entrasen en sus ideas, arrancaron de los gobiernos y corregimientos a todos los patricios para sustituirlos por europeos de su partido... ».

Como la visible intención de las autoridades coloniales era obligar a los Dominios a correr la suerte de la Metrópoli, cualquiera que ella fuera, uno de los primeros movimientos subversivos en que se comprometieron los criollos, el cumplido en Quito el 10 de agosto de 1809, se adelantó con la con signa de "no dejarse sorprender por el enemigo (los franceses), que se aproximaba ya a los puertos marítimos de España y que de repente podía dar un salto a América". El pronunciamiento de Quito fue un típico golpe de Estado de la aristocracia criolla quiteña, dirigida por el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Solanda, el Marqués de Villa Orellana y el Marqués de Miraflores, quienes consiguieron el apoyo, para deponer a las autoridades, de las escasas fuerzas militares que existían en la ciudad. El Presidente de la Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, fue aprisionado, lo mismo que los Oidores, y el gobierno pasó a manos de los marqueses quiteños, sin efusión de sangre. Se constituyó una Junta Suprema de Gobierno, encabezada por los cuatro marqueses, Junta que juró "obediencia y fidelidad a Fernando VII, no reconocer jamás la dominación de Bonaparte y conservar en su unidad y pureza la Religión Católica".

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