Para justificar el desconocimiento del Consejo de Regencia, que los vocales juraron acatar en los días 20 y 21, se utilizaron variadas explicaciones y entre ellas vale la pena mencionar el empleo acomodaticio que se hizo de las diferencias establecidas, por Aristóteles y Santo Tomás, entre los conceptos de sustancia y accidente. En el periódico "Aviso al Publico" se resume, de la siguiente manera, la doctrina empleada por la Junta Suprema para desconocer sus compromisos anteriores: « El juramento que hemos hecho - dice - es el de reconocer al señor don Fernando VII por nuestro Rey: a éste estamos obligados y daremos por él la vida; esta es la sustancia de nuestra promesa y la sostendremos hasta la muerte. El reconocimiento del Consejo de Regencia es un puro accidente; a éste no estamos obligados, según dice Santo Tomás... ¿Quién no ve que el Consejo de Regencia y su reconocimiento son un puro accidente respecto de Fernando VII y del Juramento de fidelidad que le prestamos? El tal Consejo tiene dependencia de su autoridad (la ley del Rey Fernando); la autoridad soberana puede existir y existe sin el tal Consejo de Regencia ».
En los días siguientes la Junta consiguió mantener, con relativa normalidad el control del orden público, gracias a la vigilancia de la Caballería y a las actividades de tipo religioso que se ordenaron en todas las iglesias, con la evidente intención de frenar la dinámica revolucionaria de la inconformidad popular. Los destacados eclesiásticos que pertenecían a la Junta y particularmente el Arcediano Juan Bautista Pey, hermano del Vicepresidente, lograron que el clero de la Capital prestara su apoyo a la clase gobernante, de manera que los sermones de los párrocos, los oficios religiosos y hasta las procesiones, llegaron a convertirse en instrumentos políticos de los notables, los que retornaron tan oportunos servicios con despliegues de sumisión ante los altos prelados, a quienes fue imposible dejar de advertir el contraste que existía entre la conducta de los antiguos funcionarios de la Corona, defensores celosos de las prerrogativas del Patronato Real, y el comportamiento dócil de las nuevas autoridades, cuyos personeros, comenzando por el Vicepresidente Pey y don Camilo Torres, no perdían ocasión de postrarse ante los jerarcas, para besarles la mano o el anillo simbólico de su dignidad eclesiástica.
Así consiguieron los notables criollos, valiéndose de la vanidad de algunos sacerdotes mundanos, altamente situados en la Jerarquía eclesiástica, empujar a la Iglesia granadina al campo de los privilegiados, con notable perjuicio para su altísima misión de defensora de oficio de los humildes. Resumiendo las actividades de la Junta en este sentido, dice el historiador José Manuel Groot: «El 29 de julio la Suprema Junta y el Gobierno Eclesiástico celebraron una solemne fiesta de acción de gracias en la Iglesia Catedral Metropolitana, por el feliz éxito de la transformación política. El Arcediano doctor don Juan Bautista Pey cantó la Misa, y el doctor don Santiago Torres y Peña pronunció la oración gratulatoria. La Junta se presentó de gran etiqueta, con el Cabildo de la ciudad, Tribunales, comunidades religiosas y colegios; lo mismo que la clase militar que contaba ya con más oficiales que soldados, porque todos los jóvenes querían serlo, por andar con vueltas coloradas y sable al cinto».
El 6 de agosto puede considerarse como un día clave en el proceso que venimos relatando, porque en esta fecha ordenó la Junta una extraña ceremonia. « Ese día - refiere el "Diario Político" - que es el aniversario de la Conquista, se solemnizó con la asistencia, en cuerpo, de la Suprema Junta. Toda nuestra caballería y la de la Guardia de honor que fue de los Virreyes, se dejó ver armada en la carrera. La ceremonia fue de las más solemnes y lucidas». La conmemoración del "aniversario de la Conquista", a los quince días del 2 de julio, explica el sentido profundo de la política criolla, muy poco liberal y nada generoso. ¿Puede alguien imaginarse, por ejemplo, al pueblo francés celebrando con regocijo, a los quince días de la toma de la Bastilla, la fundación de la dinastía de los Capetos? Pero en Santafé era necesario conmemorar la Conquista, porque el estamento criollo, cuya capa dirigente se apoderó del Poder el 20 de julio, se inspiraba en la filosofía de la casta que don Camilo Torres resumió, en los siguientes términos, en el mal llamado Memorial de Agravios: «Los naturales (los indios), conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada en comparación de los hijos de europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones... Así, no hay que engañarnos en esta parte; tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación española, como los que, salidos de las montañas, expelieron a los moros». Lo que separaba fundamentalmente a los patricios criollos de los peninsulares eran las distinciones, privilegios y prerrogativas" que la Metrópoli se resistió a otorgar a los primeros con suficiente largueza. Por eso, la revolución terminó para ellos cuando constituyeron su Junta de Notables y desde entonces su única preocupación fue impedir que el pueblo, que "los guarnetas", amenazaran su hegemonía política o pusieran en tela de juicio las preeminencias sociales a que se juzgaban acreedores, en su calidad de herederos de los conquistadores y encomenderos. Explicablemente celebraban, con festejos extraordinarios, la Conquista y en esos días la Junta encargaba a don Miguel de Pombo el estudio del problema de los Resguardos y este estudio desembocaría, como lo veremos en el próximo Capítulo, en la práctica de una política de despojo de las tierras de los indios, política cuyas abusivas características habrían hecho sonrojar al Oidor Moreno y Escandón o a los déspotas de la dinastía borbónica.
El pueblo de Santafé intuyó, gradualmente, las amenazas que, para su destino, estaban incubándose en las sesiones de la Junta de Gobierno, y en los días 7 y 8 de agosto comenzó a levantarse de nuevo la marejada de la inconformidad popular, sin que bastaran, para impedirlo, las rondas y el continuo patrullaje de la famosa Guardia de orejones. Refiriéndose a estas dos fechas dice el "Diario Político": « Día siete de agosto. La impetuosidad y energía del pueblo debían sernos sumamente apreciables, porque sin ella, ¿cómo podríamos haber roto las cadenas? ; Cómo se hubieran logrado los prodigios de la noche del 20 y de los días posteriores? Pero esta fuerza popular se aumentaba por grados y su expansión podía ser peligrosa... Día ocho de agosto. La Junta se ocupó en tomar medidas de tranquilidad, valiéndose de los medios que dictaban la prudencia para calmar las turbaciones. Hizo comprender a los sujetos que, según noticias, tenían influjo sobre el pueblo, persuadiéndoles que dirigiesen su patriotismo a calmar la efervescencia y a evitar las reuniones populares que impedían a la Junta entregarse a providenciar sobre los grandes objetos que llamaban su atención. Era preciso tentar todos los caminos de suavidad antes que venir a los medios rigurosos».
Si la Junta Suprema se preparaba para emplear "medios rigurosos", no puede decirse que el Club revolucionario de San Victorino permaneciera inactivo. José María Carbonell y sus amigos trabajaban incansablemente y en la primera semana de agosto de 1810 terminaron la organización de los barrios populares de la Capital, de manera que en cada uno se estableció una Junta, dependiente de la de San Victorino, encargada de mantener el espíritu de rebeldía y de movilizar las gentes al centro de la ciudad, cuando así lo dispusieran los jefes del movimiento. Igualmente se formaron cuadros de artesanos armados, encargados de enfrentarse a los orejones y a las milicias regulares, si la Junta Suprema se decidía a emplear medios coactivos para hacer cumplir el Bando que prohibía las manifestaciones públicas. Refiriéndose a estos críticos días, dicen los redactores del "Diario": « Días 9, 10, 11 12 de agosto. Crecía la inquietud en los ánimos; las voces sordas, partidos y amenazas que se traslucían, hacían temer los sucesos que no tardaron en desenvolverse».
El pueblo de Santafé no había dejado de advertir que los notables criollos se empeñaban, a fin de defender sus privilegios, en mantener el aparato y las formas externas del antiguo régimen y ello explica el odio que se despertó entre las multitudes contra el señor Amar, odio que no había existido anteriormente, y que el Virrey, por su temperamento bonachón y su conducta tímida, no merecía. Don Antonio de Amar era, no obstante, un símbolo y contra los símbolos suelen estrellarse las multitudes que empujan el devenir de la historia. El pueblo revolucionario de Francia no sacrificó a Luis XVI y a María Antonieta por puro espíritu de crueldad, sino por que ellos representaban el orden monárquico y tenían la vocería de valores sociales y políticos que era indispensable destruir. El señor Amar no podía, por tanto, escapar a su destino, con mayor razón cuando que el pueblo de Santafé le miraba como el aliado de la oligarquía criolla, como el mandatario que el 20 de julio se negó a permitir el Cabildo Abierto, y concedió, en cambio, el Cabildo Extraordinario, que permitió la formación de un Gobierno de notables. Explicablemente, en los días 10 y 11 de agosto, el pueblo exigió con imperio que el Virrey y la Virreyna fueran conducidos a la cárcel común y a ello respondió la Junta con evasivas, limitándose a hacer circular el rumor de que ya había nombrado a don Pedro de la Lastra comandante de la escolta que debía acompañar al Virrey a Cartagena, donde se embarcaría para España. Este rumor se difundió por la Capital el día 12 y lejos de calmar al pueblo aumentó su alarma, porque el señor de la Lastra era uno de los voceros más destacados de la oligarquía criolla y contaba con escasas simpatías en los estratos populares de la población, lo cual dio motivo para que esa tarde se comenzara a decir en Santafé que los notables tenían el proyecto de sacar al Virrey de la ciudad, a fin de que buscara apoyo militar en otras provincias del Reyno. En la noche hubo grandes tumultos, el estado de la exacerbación de los ánimos llegó a grados críticos y en la Junta Popular se dieron las últimas órdenes para desatar el nudo de aquella prolongada crisis con una vasta movilización de masas el día siguiente. Don José María Carbonell pronunció en el Club Revolucionario de San Victorino, cuyo local se vio colmado de artesanos, una de sus más grandes oraciones, que terminó con la consigna destinada a tener tan decisivas consecuencias: ¡El Virrey a la cárcel! ¡La Virreyna al Divorcio!
En la mañana del día 13 de agosto de 1810 se palpaba en Santafé esa tensión eléctrica que suele preceder a las grandes conmociones revolucionarias. Aunque la Junta tenía fundadas sospechas de que algo muy serio estaba para suceder, no le fue posible tomar oportunamente las medidas preventivas del caso, porque sus miembros no lograron ponerse de acuerdo al discutir la conveniencia de enviar la Caballería a patrullar los barrios o mantener las fuerzas militares concentradas en el centro de la ciudad. Cuando los vocales discutían estas alternativas, se produjo en la plaza un incidente, cuya naturaleza de el cronista Caballero, testigo presencial del suceso. « Este día - dice por unas palabras que dijo el Procurador don Eduardo Pontón, sobre que no convenía que Lastra fuese el conductor para llevar a los ex-virreyes a Cartagena, le respondió Rica (Joaquín) y se tiraron. El pueblo se cargó en favor de Pontón, y aunque la Junta lo mandaba a la cárcel, el pueblo no lo consintió; el tumulto y alboroto fue grande. En esto don José María Carbonell y otros insistieron al pueblo para que pidiese que pusiesen al Virrey en la cárcel y le pusiesen grillos; y a la Virreyna en el Divorcio. Todos lo pedían a gritos, pero es de advertir que los que pedían esto era la gente baja, pues no se advertía que hubiese gente decente ».
Que la Junta Popular había preparado cuidadosamente la vasta conmoción social que estalló ese día en Santafé, lo revela la rapidez con que fue invadido el centro de la ciudad por turbas exaltadas, que partieron de los barrios de Belén, Las Aguas, San Victorino y Las Cruces. Carbonell repitió de nuevo la hazaña política del 20 de julio y hacia el medio día la Plaza estaba colmada por una gigantesca multitud y las tropas se habían visto obligadas a replegarse, a fin de proteger las Casas Consistoriales, los cuarteles, y sobre todo el Tribunal de Cuentas, donde se encontraba el Virrey. « La fuerza revolucionaria - dice el "Diario Político" - tomó el mayor incremento en la mañana de este día. El pueblo ocupaba toda la gran plaza, no se hablaba sino de prisiones y arrestos de las personas que parecían sospechosas; todo se hallaba en la más viva agitación ».
En los primeros momentos la Junta se negó a considerar la posibilidad de llevar a las cárceles comunes al señor Amar y a la Virreyna y ello determinó una primera ofensiva de la multitud sobre el Tribunal de Cuentas, ofensiva que obligó a la Caballería a efectuar varios simulacros de ataque. para con tener el empuje de las montoneras populares. Entonces comenzaron a llover piedras sobre los orejones y sus oficiales solicitaron, con urgencia nuevas instrucciones para afrontar aquella crítica emergencia. Mientras los vocales deliberaban y el desconcierto se generalizaba en las Casas Consistoriales una porción de la multitud se aproximó al edificio del Ayuntamiento, cuyas puertas custodiaban las tropas con bayoneta calada, y los amotinados comenzaron a lanzar ¡abajos! a los vocales y regidores de Santafé. Hacia las tres de la tarde la situación no podía ser más grave, porque ya varios de los soldados de la Caballería habían sido heridos a piedra y la presión sobre el Tribunal de Cuentas era insostenible, a menos de permitir a la Guardia cargar sobre las turbas. Ante la crítica magnitud de la emergencia, la Junta se vio forzada a ceder por segunda vez y ordenó a la Caballería trasladar al señor Amar y a su esposa a las cárceles comunes. « Sacaron al Virrey - dice Caballero - por una calle formada por un numeroso pueblo y lo condujeron a la cárcel ». La peor suerte correspondió a doña María Francisca de Amar y Borbón, por que ella debía recorrer, desde el Convento de la Enseñanza, un camino más largo para llegar al Divorcio y la multitud consiguió avasallar la escolta. Cerca de seiscientas mujeres del pueblo se apoderaron de la Virreyna y se encargaron de conducirla al Divorcio, la cárcel destinada para las mujeres de la plebe y de vida alegre. La turba que se adueñó de doña María Francisca estaba dirigida por Rosalía Contreras, la Reimunda, Manuela Camero, Rosa Delgadillo, Juana María, mujer de Francisco Reyes, Luisa Neusa, Toribia Muñoz, Bárbara Sánchez, mujer de Pedro Monje, y María, llamada "la cómica". Se sucedieron entonces las dramáticas escenas descritas por los cronistas que la presenciaron: « La infame plebe de mujeres - dice Caballero - se juntaron y pidieron la prisión de la Virreyna en el Divorcio. Formaron éstas una calle desde el convento de la Enseñanza hasta la Plaza, que pasaría de seiscientas mujeres. Como a las cuatro y media la sacaron y aunque la iban custodiando algunos clérigos y personas de autoridad, no le valió, pues por debajo se metían las mujeres, y le rasgaron la saya y el manto, de suerte que se metió en bastante riesgo, porque como las mujeres, y más atumultadas, no guardan ningún respeto, fue milagro que llegase viva al Divorcio. Las insolencias que le decían era para tapar los oidos ». Otro de los testigos presenciales refiere así la escena: «El Virrey y su esposa fueron insultados de una manera baja e indigna principalmente la última, de quien se apoderaron sin respeto por el doctor Rosillo las mujeres más insolentes de la plebe, llevándola a empellones y puñadas hasta la prisión, después de haberla hecho caer en el caño de la calle de la Catedral. Cuando la señora fue encerrada en la prisión, se dio por bien servida, viéndose libre de las garras de aquellas furias, que la dejaron con varias contusiones en la cara y brazos ».
Conseguida la prisión del Virrey y de la Virreyna, el pueblo se dedicó a celebrar en las calles su triunfo, mientras los patricios criollos y los españoles se ocultaban en sus residencias. Hacia el atardecer las manifestaciones comenzaron a disolverse y a las nueve de la noche reinaba en la ciudad un profundo silencio. Sólo en las Casas Consistoriales se trabajaba activamente, porque allí la Junta de Gobierno y los jefes de los distintos cuerpos armados, deliberaban sobre la conducta que debía seguirse después de la amenazadora exhibición de fuerza realizada por el pueblo ese día. Las voces que en ocasiones pasadas abogaron por una conducta prudente, fueron ahogadas entre las protestas y recriminaciones de quienes solicitaban poner término, de una vez por todas, a la "intolerante dictadura de los guarnetas insubordinados" y la Junta resolvió, finalmente, actuar sin contemplaciones. Hasta este momento la oligarquía criolla había disimulado el espíritu de casta que informaba al gobierno constituido el 20 de julio, pero los acontecimientos del 13 de agosto se encargaron de desprestigiar las actitudes contemporizadoras y la Junta decidió llevar a cabo, al día siguiente, una gran manifestación de "la nobleza criolla", a fin de dar respuesta a la inusitada exhibición de poderío realizada por el "populacho". Esta decisión se complementó, naturalmente, con las correspondientes órdenes de reforzar la Guardia y ocupar la Plaza Mayor con las tropas de línea, desde las primeras horas de la mañana siguiente.
Hacia las once de la mañana del 14 de agosto de 1810 « se juntó refiere Caballero - toda la nobleza en la plaza y pidió a la Junta que sacara a los ex-virreyes de la prisión y los llevara a Palacio». Si en el día anterior esa misma plaza se había visto colmada por millares de gentes, hoy la concurrencia era visiblemente escasa, porque las tropas, ésas sí muy numerosas, habían ocupado las esquinas, con instrucciones de no permitir la entrada sino a personas de la alta clase social de Santafé. Los vocales de la Junta recibieron la manifestación de los notables desde los balcones del Ayuntamiento y desde ellos habló el Vicepresidente Pey para aceptar la solicitud de la nobleza y hacer, como lo hizo, un gran elogio del señor Amar y de la Virreyna. Después del discurso del Vicepresidente, los miembros de la Junta descendieron a la Plaza y allí se formaron dos cortejos, como estaba convenido: uno de ellos, encabezado por el señor Pey, don Camilo Torres, los vocales de la Junta y los "caballeros de la nobleza", se dirigió a la cárcel para libertar al Virrey y presentarle las disculpas del Gobierno y de la sociedad de la Capital por el "afrentoso atentado" cometido el día anterior. Mientras tanto las damas distinguidas de Santafé, encabezadas por doña Francisca Prieto Ricaurte de Torres, esposa de don Camilo, doña Rafael Isasi de Lozano, Marquesa de San Jorge, doña Mariana Mendoza de Sanz de Santamaría, doña Antonia Vergara y doña Ventura Quijano y Venegas de Rivas, se dirigieron a la cárcel del Divorcio, portando ramos de flores para la Virreyna y, después de libertarla, acompañaron «ceremoniosamente - dice Abello Salcedo - como en los tiempos de la Corte, a doña María Francisca de Villanova, del Divorcio a Palacio. En el trayecto, la numerosa concurrencia que presenciaba el desfile, batía palmas para acreditar la general complacencia ». Por su parte, el cronista Caballero, testigo presencial del homenaje de desagravio a los Virreyes, lo refiere así: « Fue la Junta a la cárcel y lo sacaron (al Virrey) con una solemnidad no vista; las señoras fueron al Divorcio y sacaron a la Virreyna y la condujeron al mismo Palacio. Todo el día se mantuvo la Plaza cercada de tropas de a pie y a caballo sin dejar entrar a nadie ».
Instalado el señor Amar nuevamente en la residencia de los mandatarios de España, se le hizo objeto de significativos homenajes y los vocales de la Junta le insistieron en que se quedara en Santafé y en Palacio. El Virrey no mostró mucho entusiasmo en cuanto a su posible permanencia en Santafé, puesto que ya había sido relevado de su cargo por el mismo Consejo de Regencia, pero trató, en cambio, de conseguir el desembargo de sus bienes y una declaración que le libertara de todo cargo, para emprender inmediatamente su viaje de regreso a España. Los vocales ofrecieron considerar el asunto próximamente, pero su buena voluntad no tardó en verse expuesta a las más duras pruebas. Esa misma noche hubo graves motines en San Victorino y los barrios altos y la Junta se enteró de que Carbonell había ordenado una gran manifestación para el día 16, a fin de sacar al Virrey y a la Virreyna de Palacio reducirlos nuevamente a prisión. Convencidos los vocales de que la permanencia del señor Amar en Santafé servía a Carbonell de pretexto para mantener la exaltación de los ánimos, decidieron reconocer, aunque de mala gana, los hechos cumplidos e irremediables, y convinieron en la partida del Virrey y de su esposa, compensándoles con una cuantiosa suma de dinero, como se ordenó, la inseguridad en que que daban sus bienes embargados. « Nuestra partida dice el señor Amar en su informe al gobierno español - se promovió antes de las veinticuatro horas de nuestra salida de las cárceles para Palacio, y con reserva particular, y poco antes se nos previno tomásemos este temperamento y las disposiciones de efectuarlo, para evitar una cruel revolución».
El 15 de agosto, mientras se efectuaba la procesión de Nuestra Señora del Tránsito, el señor Amar y doña María Francisca salieron sigilosamente de la Capital y ya libre la Junta de las resistencias que se había ganado por sus visibles vinculaciones con el Virrey, pudo consagrarse a afrontar la gran crisis política que amenazaba la misma estabilidad del gobierno de notables. Las medidas de represalia, en consecuencia, no se hicieron esperar. El local donde funcionaba el Club de San Victorino fue ocupado por la Caballería, su puerta se condenó y el día 16 de agosto, refiere el cronista Caballero, « se pusieron presos a don José María Carbonell, al escribano don Manuel García y a don Joaquín Eduardo Pontón, por haber hablado con imperio y haber sido causa que pusieran al Virrey en la cárcel y a la ex-virreyna en el Divorcio ».
