Gólgotas y Draconianos
Por: Germán Colmenares

1. El tema de las generaciones

Hombres que nacieron casi todos —podemos atribuirlo a una coincidencia— en el momento en que la estrella de Bolívar declinaba y se veía forzado a asumir la dictadura para preservar su obra; que tuvieron por maestro a Ezequiel Rojas, el doctrinario convencido de las teorías de Bentham, y por mentores a Florentino González, uno de los conjurados del 25 de septiembre, y a Manuel Murillo, el hombre más notable de la administración del 7 de marzo; que para expresar su fe republicana no vacilaron en santificar la fecha de la conjuración y fundaron la Escuela Republicana un 25 de septiembre, sin dejar lugar a dudas sobre su identificación con los tiranicidas, los gólgotas presentan una imagen demasiado familiar que se transmite habitualmente entre los historiadores como un ejercicio literario en el que deben abundar los adjetivos cargados de alusiones sicológicas. Según esta imagen su destino hubiera podido ser el mismo del de algún personaje muy conocido de Flaubert o de Stendhal, su pasión igualmente inútil que la de Sorel o su frustración en 1848 muy parecida a la de algunos personajes de La educación sentimental. Pero todavía no habían llegado a la Nueva Granada los modelos literarios del desencanto y a todos los gólgotas los animaba una pasión ingenuamente romántica, segura de sí misma porque se movían bajo los ojos complacientes de una sociedad un poco paternal pero dentro de la cual gozaban de todos los privilegios. Parece, pues, inútil repetir ese ejercicio tentador, a que ellos mismos se entregaban, esforzándose por identificarlos con algún personaje novelesco.

Más importante que su imagen literaria—que no carece de cierta virtualidad explicativa— se impone la interpretación de su papel histórico, íntimamente vinculado al ascenso de la clase comerciante. Si bien las reformas de 1850 y 1851 estaban inscritas en el programa del partido liberal en 1848, su realización sólo podía confiarse a una legislatura completamente liberal puesto que en la existente encontrarían los mismos obstáculos con que ya habían tropezado los proyectos más audaces de Florentino González (reforma monetaria, supresión del diezmo) durante la administración del general Mosquera. Defendiendo tales reformas en el Congreso, y ganando de paso a su causa a hombres más maduros, irrumpe entonces en la vida política de la Nueva Granada la generación gólgota, recién salida de las universidades.

Pasaban por gólgotas Francisco Javier Zaldúa, Antonio María Pradilla, Januario Salgar, Justo Arosemena, Ricardo Vanegas, José María Vergara Tenorio y Victoriano de D. Paredes. Hombres mucho más maduros como Florentino González, Murillo Toro y el general Herrera hacían alternativamente el papel de mentores. Un draconiano en derrota después de 1854, Pedro Neira Acevedo, refiriéndose a la juventud y a la inexperiencia de los nuevos legisladores, nos transmite un testimonio elocuente del fenómeno gólgota, extraña mezcla de vehemencia desorbitada y de cálculo interesado: según él, "una reunión de hombres enteramente desprovistos de experiencia política, llenos de exaltación y la mayor parte sin luces de ninguna especie absorbieron la representación nacional; y como los legisladores no se improvisan ni basta el justo conocimiento de los intereses privados para conducir bien los negocios públicos y facilitar la marcha de la constitución, resultó de allí una asamblea llena de confusión y tumulto".

La pintura, apasionada por lo demás, parece bastante exacta cuando se refiere al conocimiento de los intereses privados. Este rasgo serviría muy bien, entre otros, para caracterizar a los gólgotas frente a sus adversarios, los draconianos. El giro especulativo y declamatorio que imprimieron los gólgotas a su intervención política no puede atribuirse a cuenta de su mera ingenuidad, como tampoco sus manifestaciones perentorias y vehementes sobre la "fuerza de las ideas" se reducen a un puro romanticismo. Todo esto embozaba una verdadera amenaza para el que supiera interpretar su lenguaje a la luz de los hechos políticos. Esgrimir hechos de contenido social y económico no se reducía a una vaga filantropía puesto que con ello se buscaba deliberadamente la alianza —pasajera, debe reconocerse— con clases "hasta ahora proscritas de la concurrencia al gran mercado de las ideas y de la vida moral"4 . Con ello se postulaba un verdadero interés de clase y se negaba la objetividad de estructuras sociales y económicas que le oponían resistencia. Se esgrimía de paso la amenaza de los furores populares si la ocasión llegaba a ser propicia. Nada más revelador en este sentido que el estímulo proporcionado a las democráticas en las provincias del sur y su represión final en Bogotá.

El golgotismo, al uncir a su cargo las reivindicaciones de otros sectores, alcanza un grado más elevado de conciencia de clase. Los draconianos, revolucionarios en 1840 contra un régimen conservador, llevan el lastre de su concepción estrecha y burocrática del Estado. Ellos jamás podrían concebir, como Murillo Toro6 que "las naciones, especialmente las de América, regidas por instituciones republicanas, no se consideran sino como vastos talleres o compañías de comercio, en que el gobierno es el encargado de la firma y gestión de los negocios sobre los que gira toda la sociedad". Es una generación a la que se atribuye cansancio y un deseo invencible de reposo. Los representantes de la nueva generación la declaran en quiebra porque, según ellos, sus resortes morales están agotados y son incapaces de aspirar el soplo renovador que se advierte por todas partes: incapaces de asimilar las nuevas ideas o de tolerar el desquiciamiento aparente y momentáneo de las clases sociales; incapaces de propiciar un orden nuevo o de hallar un punto de reposo a la inestabilidad reinante: deberían mostrarse razonables y retirarse a descansar.

2. La república civil y el soplo heroico

Cuando la Escuela Republicana avanzó principios que excedían el programa inicial del liberalismo, éstos se convirtieron muy pronto en manzana de la discordia entre las dos generaciones. Si con la supresión del ejército y la elección popular de los gobernadores se quería sacudir toda tutela que aminorara el impulso ascensional de una clase, los draconianos tenían que oponerse porque ellos "estaban acostumbrados a ver en la organización militar la más segura garantía del orden y el mejor apoyo a las nuevas instituciones". Obstáculo chocante: ¿quién podía ignorar en esa época, "acunada por la ciencia", que el mejor Estado es aquel que no gobierna? Sobre la naciente burguesía no se ejercía ninguna presión ni existía una oposición organizada de clases que aminorara su influencia, a no ser ese imprevisible Estado y ese aparato militar que no se amoldaban del todo a sus exigencias. Los hechos, sin embargo, iban a desvirtuar la teoría. Mucho más tarde, en efecto, en 1854, vamos a presenciar un acontecimiento que constituye una paradoja: las masas populares, en las que los detractores del Estado y del ejército confiaban para apoyarse, tampoco van a prestarse a los experimentos "civilistas". Es un hecho que la guardia nacional (galicismo previsible), es decir, los artesanos organizados en milicias para substituir al ejército, constituyó el puntal más firme del gobierno provisorio del general Melo. En cambio "los temidos sayones de la espada", generales cuya carrera se había iniciado durante la época de la independencia y que en rigor constituían ellos solos el ejército que se atacaba, tales como Mosquera, López, Herrán, Herrera y Franco, permanecieron fieles al lado de los notables del gobierno de Ibagué.

En los ataques de la juventud gólgota al ejército no se disimulaba el temor por el caudillismo. En su espíritu, tan desorbitado y romántico por las luchas incruentas, no asomaba siquiera la más leve nostalgia por una edad heroica. Hombres de acción, no cultivaban la indecisa ensoñación de Julián Sorel. ¡Tal vez si todos los hombres que se batieron en las guerras de la Independencia hubieran estado muertos! Entonces su memoria habría significado un estímulo y habrían merecido la reverencia. Pero no.

Estaban vivos y su influencia "se hace sentir fuertemente en nuestra sociedad". Ellos, que habían estado "acostumbrados a imponer su yugo en la guerra de independencia, a mandar despóticamente a nuestros pueblos y a marchar en una carrera brillante de triunfos y de glorias", no han querido después "sujetarse al régimen legal [ni] obedecer a los magistrados".

Ni una brizna de envidia por la gesta heroica y sí una prosaica adhesión a la República Civil. Sin duda los gólgotas se reservaban lo mejor de la tarea puesto que la revolución de la Independencia, al fin y al cabo, no había sido gran cosa como revolución. Así por lo menos lo sugiere José María Samper, para quien la emancipación había fundado una República "apoyada en los cimientos de un trono".

Había pues que perfeccionar la obra. Nada más adecuado que suprimir el ejército, esa institución que "es entre nosotros un contrasentido con la República, porque [...] organiza una oligarquía vitalicia que tiene a sus órdenes una multitud armada y obligada a obedecerle ciegamente".

Una crítica como ésta de Samper sólo era posible a raíz de una nueva actitud hacia la independencia y de una revaloración del concepto de libertad. A la base de estas nuevas ideas se encontraba la convicción de que la independencia no había encontrado un eco entre las masas, lo que invalidaba sus resultados, y de allí la necesidad de invitarlas a intervenir activamente en el proceso político.

Así lo reconoce, desde una posición oficial, Victoriano Paredes, para quien

...el absolutismo y las preocupaciones de todo género, procedentes del tiempo colonial, habían echado profundas raíces en estas comarcas: la libertad y las ideas luminosas que ella engendra y fomenta, no aparecieron sino a esfuerzos de unos pocos patriotas, y tan aisladas y faltas de bases suficientes sobre que poder reposar, que era menester buscar en las masas el apoyo necesario para hacer triunfar definitivamente las innovaciones y corolarios inherentes a los nuevos principios proclamados; pero las masas, educadas en la ignorancia y la barbarie, no los apoyaban con decisión porque no los comprendían. Así fue que hasta que no empezaron a ilustrarse y a hacer las comparaciones a que las mismas oscilaciones políticas han dado lugar, no empezaron a apercibirse de la excelencia del nuevo sistema de gobierno y a cooperar con conocimiento de causa y con enérgicos esfuerzos a la conquista de los derechos y la civilización emprendida por los próceres de la independencia.

Al ejército se atribuían en gran parte las oscilaciones políticas puesto que se lo identificaba como un agente de la reacción. Peor que esto, el ejército aparecía como una supervivencia del régimen monárquico. No deja de parecer extraña una idea parecida si se tiene en cuenta que nació de las guerras de Independencia, a menos que se recuerden los proyectos monárquicos atribuidos a los partidarios de Bolívar. Aún más, la expedición de Flores al Ecuador y su presunta connivencia con el presidente Mosquera en 1846 despertaban la sospecha de que los generales de la Independencia no eran ajenos a ambiciones un poco extravagantes. Todavía vivos eran un positivo estorbo y no se apresuraban a morirse para traspasar el umbral mítico de la historia y convertirse en ese cúmulo de virtudes heroicas que son el patrimonio de los manuales escolares. Sobre todo la virtud del desprendimiento: "...he visto —dice un corresponsal de La América — que la mayor parte de los prohombres que proclamaron la independencia, no tuvieron por objeto la libertad, cuyos bienes no conocían y cuyos resultados temían; no tuvieron en cuenta sino la pura independencia, con el exclusivo objeto de sustituir en el gobierno a los españoles; de manera que, puede decirse, no tuvieron otro móvil que el deseo de mandar". Esta irreverencia premeditada no constituía todavía ningún género de audacia. Desvelar los móviles demasiado humanos de hombres que aún vivían era contribuir a corregir sus errores y de ninguna manera atentar contra la solemnidad impotente de algún fetiche histórico.

Los ataques al ejército estaban, pues, dirigidos contra los hombres de la Independencia que se habían permitido sobrevivir. Si se tiene en cuenta la precariedad de los efectivos y su papel secundario, resulta que, en cierto modo, esos hombres eran el ejército, es decir, el blanco de los ataques de la nueva generación. Aquí se insinúa una duda sobre la exactitud de la valoración tradicional del golpe de Estado del general Melo, a quien se identifica con el ejército. En realidad, Melo no hubiera podido hacer nada sin el apoyo de los artesanos. Es cierto que Melo había asumido activamente la defensa de los intereses militares por medio de un periódico y que su carrera había comenzado honora-blemente con servicios prestados a la causa de la independencia. Pero no debe perderse de vista la totalidad del proceso que lo condujo a un golpe de fuerza y que debe atribuirse, en gran parte, a los errores mismos de los sostenedores de la República Civil.

Es bien sabido el papel que jugó en Francia la guardia nacional como sostenedora de la burguesía durante la corta vida de la Segunda República proclamada en 1848. Frente a los ejércitos regulares de la monarquía —y de aquí viene la confusión de Florentino González, para quien el ejército granadino es una supervivencia monárquica—, la burguesía había creado su propio ejército merced a una alianza con las otras clases sociales, arrastradas por su impulso revolucionario. En la Nueva Granada el remedo tuvo sus tropiezos. Suprimido prácticamente el ejército, los comerciantes se apresuraron a armar a sus presuntos sostenedores, los artesanos, a quienes creían haber inflamado lo suficiente con el credo democrático. A las levas rurales las sustituyó la organización de las masas urbanas de artesanos, cuyo adoctrinamiento se había llevado a cabo en las Sociedades Democráticas, creando así un cuerpo armado del que suponían la adhesión. Extraño error que habría que atribuir a la débil forma de conciencia burguesa, como débiles eran sus cimientos puesto que constituía apenas una proyección europea, lo que dio lugar a una permanente comedia de las equivocaciones.

3. Memorables sesiones en que se debatieron la lógica y los principios

Los legisladores de 1850 se apresuraron a publicar para la posteridad un Diario de Debates que registra en detalle las controversias entre gólgotas y draconianos. Según Nieto Arteta, esta escisión del partido liberal tuvo su origen en una pugna entre comerciantes y manufactureros. Este esquema parece demasiado simplificado y sólo puede sostenerse de una manera muy general, es decir, sin insistir demasiado en la identidad, en cuanto hace coincidir los intereses manufactureros con las actuaciones de los draconianos. Las relaciones de un grupo político con un sector económico suelen en efecto ser más complejas que las señaladas por una simple coincidencia o identificación y por eso sólo es legítimo hablar de las tendencias de un grupo político que por otra parte puede actuar de una manera no realista frente a las condiciones económicas, o favorecer a un sector económico por razones no económicas.

En este sentido puede decirse que los draconianos, que representaban los aspectos tradicionales del liberalismo, actuaban frente a los gólgotas por razones de carácter político y pretendían mantener una actividad económica tradicional que ya había entrado en plena decadencia o se apoyaban simplemente en los artesanos, cuyos intereses se veían amenazados por ciertas medidas que tendían a favorecer a los comerciantes. Puede concluirse, no sin razón, que la defensa de los artesanos no significaba en modo alguno un interés concreto de conservar ciertas formas de producción o de preservar una manufactura nacional contra la amenaza de la competencia de artículos extranjeros, sino más bien que los draconianos confiaban en la fuerza política de un sector social o temían desafiarla.

Como tendencia tradicionalista los draconianos confinaban la acción del partido, una vez en el poder, a la función meramente burocrática a la que puede aspirar un político, y este límite había quedado trazado por su presunto fundador, el general Santander. La fidelidad a las pautas del general se pone de manifiesto una vez más en esta controversia entre comerciantes y protectores de los artesanos. Pues ya el general escribía desde Nueva York a su amigo Vicente Azuero el 19 de enero de 1832:

...la ley de aduana es vital en el estado de penuria en que quedó el país. Por Dios, abandonen la teoría del comercio libre, quiero decir, de que todos los productos y manufacturas extranjeras deben ser introducidos sin restricciones ni recargos de derechos. La práctica de todas las naciones maestras en comercio está en oposición a tales teorías [...] protejan, pues, nuestras miserables fábricas y artes, no excluyendo absolutamente sino poniendo restricciones a los artefactos y productos extranjeros que nosotros también producimos o podemos a poca costa producir.

En las sesiones de la Cámara —en 1850— se debatían dos cuestiones que muestran por un lado hasta qué punto predominaban los intereses de la clase comerciante y por otro ilustran suficientemente el antagonismo señalado entre gólgotas y draconianos.

La primera se refería a un proyecto sometido a consideración del Congreso por el secretario de Hacienda Murillo Toro y que estaba destinado a combatir el contrabando. Se calculaba que la renta de aduanas debía producir dos millones de pesos, cuando de hecho producía apenas setecientos mil. La actividad de los contrabandistas era evidente y la enorme diferencia bastaba para justificar la sospecha de que ella cobijaba gran parte del comercio. Murillo, ante la oposición enconada que encontró el proyecto, llegó a afirmar que hasta en la Cámara de Representantes encontraban un asiento los contrabandistas.

La oposición de los interesados, y aun de aquellos que nada tenían que ver con el comercio, se apoyaba en consideraciones muy particulares, pues derivaban del conocimiento minucioso de las condiciones relativas a las mercancías que debían ser transportadas desde la Costa. El secretario de Hacienda pretendía que cada bulto proveniente del exterior fuera examinado por los funcionarios de aduana. Una precaución excesiva, se le objetaba, si se tenía en cuenta el volumen del comercio de importación frente a la exigüidad de los empleados dignos de confianza a los que se asignaba la tarea.

La lectura de los debates deja una impresión bastante curiosa, la de la imposibilidad absoluta en que se encontraba el Estado para reprimir el contrabando. Cualquier medida resultaba impracticable o se consideraba lesiva en sumo grado a los intereses de los comerciantes. Sin tener en cuenta, claro, el escepticismo sobre la probidad de los funcionarios de la aduana, ya que se admitía casi como un axioma que el contrabando más importante se llevaba a cabo con la complicidad de tales funcionarios.

Todos estaban de acuerdo en evitar cualquier perjuicio a los comerciantes. Con ese objeto se aducían toda clase de argumentos: los que se fundaban en la simple lógica como los que recurrían al descrédito de la administración o a la solidaridad con los intereses de una clase. Para los representantes era evidente la oposición entre los intereses del fisco y los del comercio y la prelación de éstos, aun si tenían que someterse a la eventualidad de un riesgo y no a un perjuicio actual y previsible. No había pues la posibilidad de una opción: debía evitarse el riesgo a toda costa.

No se mencionaba en ningún momento la preferencia deliberada o la protección acordada a una clase social sin consideración a las demás. Parecía no percibirse la peculiaridad del comerciante sino que se confundían sus intereses con el interés social y sus conveniencias con la conveniencia general. El comercio constituía, por decirlo así, la actividad social por excelencia. Se juzgaba que el comercio poseía una calidad de la que carecían otras actividades y que consistía en cobijar la totalidad de los intereses sociales. La figura del comerciante como miembro de una clase desaparecía (o se escamoteaba) para dejar en su lugar la entidad social entera que reclamaba garantías en calidad de consumidora. Lo que no ocurría jamás cuando las discusiones versaban sobre la protección que debía acordarse a los agricultores o a los artesanos. Entonces sí saltaba a la vista la particularidad social propia a esas actividades y la inconveniencia teórica de rodearlas de privilegios a que ningún otro granadino tendría acceso.

Recordar este curioso debate puede servir de introducción para analizar uno mucho más importante, en el que ya no estaba en juego la lógica sino los principios (la lógica de la ciencia y los principios alternaban de una manera habitual, según el estado de ánimo de los ciudadanos diputados a la Cámara en 1850).

Los artesanos de Bogotá y Cartagena habían hecho una representación por la cual solicitaban al Congreso que se elevaran los derechos de importación a las mercancías introducidas en el país. El 8 de mayo, sometido a primer debate, la Cámara negó el proyecto. El diputado J. J. Nieto pidió que se reconsiderara esta decisión con el argumento, no muy entusiasta, de que "la práctica no está siempre de acuerdo con los principios". Se refirió enseguida al principio del librecambio, cuya infalibilidad nadie en el recinto de la Cámara hubiera osado poner en duda, pues hacerlo hubiera significado casi una deserción de las banderas liberales, según le constaba al expositor.

Con todo, J. J. Nieto pudo insinuar que la práctica inglesa era diferente y que los ingleses protegían a los artesanos y fabricantes de su país. Parecería entonces, como si "todos esos bellos pensamientos que nos mandan de Europa son para que se practiquen aquí pero no para que se ejecuten allá". Esta maliciosa observación se vio rechazada en el debate por Manuel M. Mallarino, casi con indignación: "...se me dirá que esos principios son buenos en unos casos y no en otros; pues yo rechazo desde ahora y para siempre, rechazo absolutamente la diversidad de climas y de latitudes para los principios de la ciencia, para las verdades eternas que son iguales en todas partes".

La vehemencia de una fe parecida señala una de las actitudes típicas de la nueva generación. La afirmación incondicionada tendía a una coherencia puramente subjetiva y a evitar contradicciones consigo misma, aunque chocara con el medio. Tales actitudes reflejan el impulso ascendente de una clase cuyas afirmaciones se referían exclusivamente a su propio interés. Los demás intereses sociales debían plegarse a exigencias teóricas cuya validez aparecía como absoluta. Lo objetivo exterior sólo podía tener realidad y oponer su pesantez a conciencias más maduras.

En el caso de un draconiano típico, por ejemplo, la adhesión a los principios y la comprobación empírica generaban un conflicto que el sentido común podía resolver. Así, Lorenzo María Lleras, como liberal, era seguramente partidario de los principios de Say, de Bastiat y de Cobden. Sí admitía que tales principios podían convencerlo, no pretendía en cambio elevarlos al rango de axiomas: "...yo me he puesto a examinar la cuestión, luchando por una parte los principios económicos, por otra la compasión de mis compañeros artesanos". Puede expresarse una duda razonable sobre la sinceridad de este sentimiento de compasión pero no sobre su oportunidad política. Los draconianos sabían con certeza que la suerte de los artesanos dependía del proteccionismo aduanero. Sobre ellos pesaba una amenaza de pauperismo y podía argüirse que su realización sólo serviría para restringir el mercado mismo de artefactos extranjeros. Pero esta prevención aparentemente justa no bastaba para hacer desistir a los comerciantes de sus pretensiones puesto que nadie ignoraba que los géneros importados estaban destinados al consumo casi exclusivo de las clases altas de la sociedad.

Hay un matiz diferente en todos los argumentos aducidos que sería muy útil poder reproducir a cabalidad. Se trataba, casi, de una representación teatral. Las barras se hallaban atestadas de artesanos que expresaban su aprobación o su repulsa y frente a tales manifestaciones resultaba difícil reprimir las buenas intenciones. El diputado Manrique, por ejemplo, es aplaudido cuando expresa el punto de vista de los artesanos con suficiente nitidez: "...¿qué es lo que se sanciona entre nosotros? La tiranía en contra del pobre, el favoritismo en favor del rico: esto es lo que está entronizado en esta tierra".

Contra la exaltación teorizante se traían argumentos destinados a desprestigiar las teorías: "Ya se ha acusado a los economistas europeos —declara A. Acevedo— de haber sido pagados por los gobiernos de sus naciones para generalizar ciertos principios en América, para abrir por todas partes nuestros puertos al torrente, a la inundación de productos extranjeros; ya se los ha acusado y la prueba de que aquello es cierto, es que allí los gobiernos obran de distinta manera". Y al lado de las teorías se pone de relieve la ingenuidad de los teorizantes:

...disculpo, pues, el acaloramiento con que algunos jóvenes abrazan y sostienen las luminosas ideas de los economistas modernos [...] veinte años hace que yo dejé esos estudios y me consagré a los negocios públicos. Veinte años de experiencia y de reflexión han venido a persuadirme de que no es todo oro lo que reluce, y de que es necesario hacer abstracción de los principios escritos cuando ellos no son aplicables, cuando las circunstancias dificultan su adopción.

Pero un proyecto destinado a "proteger a una clase de nuestra sociedad que carece hoy de estímulos y de día en día va siendo más miserable y desgraciada", los artesanos, debía encontrar todavía otro tipo de oposición que no se conformaba a las teorías económicas sino a la suspicacia política. Juan N. Neira declaraba el proyecto "un mal en el fondo", pues se trataba de una maquinación socialista. Según él, el socialismo pretendía "dar la ley al capitalista y al consumidor por medio de una estrecha asociación de obreros". N. Neira podía inferir de allí que no otra cosa perseguía un proyecto encaminado a gravar solamente a los ricos pues eran ellos los únicos consumidores de artículos importados.

4. Reflexiones

Otro rasgo que caracterizaba la controversia era la actitud de las dos fracciones del liberalismo respecto a las relaciones con el exterior. Pedro Neira Acevedo, un draconiano, pensaba que la ayuda financiera de los ingleses durante las guerras de la independencia había dado como resultado que la Gran Bretaña se apoderara de nuestro naciente e insignificante comercio. Los capitales nacionales se habían visto devorados por la ambición del imperio sin reportar ventaja alguna para el país: a cambio de oro y plata los ingleses se habrían limitado a remitir géneros que sólo servían para fomentar el lujo, sin que por otra parte se hubiera fundado un solo establecimiento industrial. Según él, "hay comercio libre para acabar de arruinar con artículos de un lujo costoso y de primera necesidad que echan por tierra (siendo más baratos) los de nuestras nacientes fábricas".

Algunos investigadores en nuestros días han tomado literalmente este argumento (y los de Lorenzo María Lleras y A. Acevedo que se reproducen más arriba) para enjuiciar los puntos de vista, decididamente librecambistas, de los gólgotas. El juicio resulta parcial si se considera que el argumento proviene del sector draconiano y que la actuación de los gólgotas debe examinarse al menos dentro de su contexto histórico. Pues no hay duda de que ese contexto es muy diferente a aquel en que nos movemos hoy.

Si en la actualidad quisiéramos resucitar la controversia que opuso en este punto a gólgotas y draconianos, no representaría una gran agudeza rebatir los argumentos que sostenían el libre cambio. Actuaríamos sobre la base de una experiencia y a la mera construcción teórica podrían oponerse hechos cuya consistencia ha tenido tiempo para desarrollarse desde entonces.

Un juicio francamente adverso esgrimido ahora contra el librecambio equivale a reprochar a los comerciantes el atenerse a sus propios intereses de clase y, en el fondo, a no ser otra cosa que comerciantes. Si se menciona debe hacerse valer como un punto de vista draconiano, es decir, como uno de los extremos de una controversia histórica. No puede asumirse en cambio criterio de valoración histórica a menos que se pretenda prolongar esa controversia al mismo nivel en que se planteaba para los hombres de la época con el propósito, confesado o no, de deducir responsabilidades partidistas. Y si esto fuera posible no estaríamos intentando una aproximación histórica sino elaborando un manifiesto político, en el que se introduciría el recuento de las distintas fases de un problema todavía actual.

Si bien es cierto que la ausencia de proteccionismo significaba la ruina para muchos artesanos, aquella era por otra parte la condición requerida para configurar una burguesía de comerciantes que sólo podía disponer, como en las primeras etapas del capitalismo, de capital mercantil y aun apelando a cierto tipo de producción agraria. No se requiere una inclinación particular por la apología para reconocer el papel histórico jugado por una clase social, en este caso la naciente burguesía colombiana, que en un momento determinado postulaba su acción y sus intereses con un carácter de universalidad.

Es cierto que con ello se prescinde del examen (que sería en todo caso hipotético) de otros intereses sociales. Se descarta por ejemplo la eventualidad de que los artesanos granadinos hubieran asumido el papel directivo que desempeñaron los comerciantes. Pues desde un punto de vista opuesto quiere imaginarse que en este caso improbable el país habría entrado por las vías de la industrialización, reduciendo el problema a los términos de una preocupación puramente contemporánea. Un proceso de industrialización resulta sin embargo demasiado complejo para contemplar su posibilidad (en el pasado) en términos de una simple evolución del trabajo artesanal. Aun si suponemos la existencia de talleres diseminados no podemos atribuirles la virtualidad de transformarse en establecimientos industriales. Los problemas que implica la acumulación de capital y la acción clasista que favorece la industrialización eliminan la posibilidad de una evolución parecida.

Antes de 1850 podía pensarse seriamente en el valor de los estímulos encaminados a proteger el trabajo de los artesanos porque la expansión industrial europea no había alcanzado el extremo de abolir el artesanado en la misma Europa. Entonces era todavía posible concebir el problema de la producción refiriéndose a artefactos manufacturados, salidos de un taller artesanal. La competencia con Europa residía en la habilidad, o la mera técnica artesanal, y se contaba para hacerla posible con la industriosidad de los habitantes, es decir, su interés para aprender nuevas técnicas que obedecían a tradiciones europeas y que los granadinos envidiaban y hubieran querido igualar. Son muy frecuentes los testimonios de esa índole y las quejas sobre las deficiencias del trabajo artesanal en la Nueva Granada. Pero una previsión de lo que significaba la revolución industrial estaba muy lejos del ánimo de los hombres de la época.

Excepcionalmente, y colocado desde un punto de vista europeo, Florentino González comprendió los efectos políticos del capital financiero. Pero la idea más generalizada sostenía que nuestra economía de subsistencia representaba una ventaja evidente ante el espectáculo de una Europa amenazada por el hambre y la miseria más espantosas.

Nuestro aislamiento nos preservaba de los efectos de las crisis periódicas del capitalismo en desarrollo y los únicos que podían tener una experiencia directa de este fenómeno eran los comerciantes, sometidos como estaban a las restricciones del crédito internacional para sus operaciones cuando una crisis se presentaba.

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