LA EXPLOTACIÓN DE LOS INDIOS

 
 

 

1. La encomienda, la esclavitud y los naborías



 

Las primeras relaciones entre españoles e indios ponen en contacto a dos grupos separados, aislados, que apenas se tocan, con mayor o menor violencia, en la periferia de sus formas de vida social. Los españoles comercian con el indio, o se apropian sus riquezas, o lo atacan con la fuerza de las armas y roban sus bienes o sus hombres; en todos estos casos la autonomía de las dos sociedades, momentáneamente puesta en cuestión, se restablece inmediatamente. El rescate, el saqueo y la esclavización constituyen las formas de apropiación de la riqueza indígena durante los años primeros de la conquista; son en general mecanismos que suponen que todavía el grupo indígena es libre, que aún no ha sido realmente conquistado. El indio continúa con su propia vida, sembrando sus productos usuales, creando la riqueza que siempre ha creado. Pero el botín fácil se agota, la esclavización se hace difícil y encuentra trabas morales y legales y los indios son sometidos, entran a formar parte de un grupo político más amplio, dentro del cual ocuparán la posición más baja: serán vasallos de la Corona y sobre todo, pues esto es lo que realmente cambia su situación, estarán obligados a organizar su trabajo de modo que puedan producir un excedente para el pueblo conquistador, para los españoles. Todas las formalidades jurídicas que hacen tan vasallo de la Corona española al conquistador, como al indio, resultan sin peso frente a la diferenciación real establecida por la subordinación económica del indio a los conquistadores, subordinación que expresa el hecho de que fueron éstos los victoriosos y aquéllos los vencidos y que es un eslabón en la cadena de un sistema económico mundial en formación. Por medio de los conquistadores, el trabajo indígena produce excedentes para la economía española y a través de ésta para el naciente mercado capitalista mundial.

 La forma de organización del trabajo indígena dominante durante los primeros años de la sociedad colonial fue la encomienda1 una institución que era en primer lugar un sistema de control y utilización de mano de obra y en segundo término un mecanismo de aculturación de los indios y de defensa militar de los establecimientos españoles contra las rebeliones indígenas.

La encomienda consistía, como ya se ha dicho, en la distribución de un grupo de indígenas, generalmente un "pueblo" indígena, a un conquistador, quien obtenía el derecho a utilizar a los indios en sus diversas empresas económicas y a cobrarles un tributo y se obligaba en cambio a adoctrinar a los indios y a mantener caballo y armas para defender la ciudad española de cualquier ataque. Establecida por vez primera en el Caribe, fue evolucionando lentamente, en respuesta a la disminución de la población y a la presión moral ejercida por religiosos como Bartolomé de las Casas. Así, en 1512-13 fue regulada detalladamente en las Leyes de Burgos, que señalaron las obligaciones de los indígenas en forma muy precisa. El tipo de utilización del indígena entonces deseado puede inferirse de que estas leyes, cuya intención era suavizar la explotación de los indios, señalaran su obligación de trabajar 9 meses al año en servicio de los encomenderos y de ceder a éstos la mayor parte de sus tierras, reservando para su propio cultivo media fanegada por cabeza. Pero la oposición lascasiana y la evidencia creciente del despoblamiento continuaban haciendo dudar de la conveniencia del sistema, y la legislación española refleja en los años siguientes la vacilación entre las pretensiones de los colonos y los intereses de la Corona. En 1521, por ejemplo, se prohibió su establecimiento en Méjico, pero a los pocos años volvió a autorizarse. Y en 1526 una cédula real reformó varios aspectos de la institución, como respuesta a la destrucción de los indios, mencionada explícitamente, pero manteniendo la conveniencia de encomendar los indios a los "cristianos, para que se sirvan de ellos como personas libres"2. Como es claro, la Corona podía tratar de orientar en forma diferente la explotación indígena, pero todo el proceso de conquista dependía de que las nuevas poblaciones asumieran un determinado papel dentro de la división internacional del trabajo, por lo cual la política real es siempre una búsqueda de una forma de explotación de los indios que no entre en demasiado conflicto con otras metas de la monarquía o con los valores religiosos vigentes. Detrás del conquistador o el encomendero, por más que su actuación individual viole ciertas leyes españolas, está siempre el respaldo global del imperio español.

Debe tenerse en cuenta que al lado de la encomienda existían otras formas de utilización de la mano de obra indígena como la esclavitud y la institución de los "naborías". La esclavitud chocaba demasiado con los fines de la conquista española y con sus justificaciones para poder convertirse en una solución general al problema de la fuerza de trabajo en las Indias; convertida en respuesta ocasional a situaciones concretas, con base en leyes que la permitían en ciertos casos, tendía a autolimitarse: en ninguna zona ya conquistada estaban dispuestos los conquistadores a permitir que los indios locales fueran esclavizados por gentes de otra región; esclavizarlos ellos mismos para venderlos en otras gobernaciones disminuía la cantidad de trabajadores disponibles en la región, e implicaba aceptar que no estaba pacificada, lo que iba a veces contra la evidencia o contradecía otros intereses de los conquistadores, como el de demostrar la eficacia de su pacificación de las poblaciones nativas. Y usar los indios locales dentro de un sistema esclavista, aunque posible, chocaba con demasiadas limitaciones. Los sistemas esclavistas se mueven en general dentro de un margen estrecho, limitados por los elevados costos de vigilancia y organización, el alto costo inicial de la mano de obra y la tendencia a una baja productividad de la mano de obra. Esclavizar la población local habría tenido la ventaja de reducir la inversión inicial, al no tener que comprar el esclavo, pero esto estaba más que compensado por las mayores dificultades de control de sociedades enteras habitantes de un medio geográfico conocido, y por los problemas de renovación de la mano de obra, que no se reproduce dentro de los sistemas esclavistas sino en situaciones especiales. Por último, el esclavismo depende usualmente de que se puedan traer continuamente esclavos desde fuera del área de dominación directa, política y económica, de los propietarios; esto se expresaba en el caso indígena en la autorización de esclavizar los indios rebeldes, así como en la prohibición correlativa de esclavizar los ya sometidos; desde el punto de vista del Estado las posibles ventajas de la explotación esclavista de los indios, muy escasas, nunca habrían podido pesar contra la evidente destrucción del recurso esencial de las Indias, la mano de obra indígena, que un sistema generalizado esclavista habría impulsado, y que sin duda habría sido mucho mayor que la destrucción muy drástica provocada por formas menos opresivas de explotación como la encomienda.

En el territorio colombiano, como ya se ha visto, se llevó a cabo un intenso tráfico esclavista en la Costa Atlántica durante las dos primeras décadas del siglo, pero tan pronto como se establecieron las primeras gobernaciones se hizo ilegal la captura de esclavos, con contadas excepciones. Sabemos sin embargo que Bastidas esclavizó en Cartagena, G. Vides en La Ramada y Pedro Vadillo en Santa Marta, con el objeto de vender las piezas en las islas de las Antillas. La Corona prohibió por completo la esclavización de indios en enero de 15313, pero, modificó parcialmente su posición en 1533, cuando autorizó su captura en La Ramada pero sin permitir que se mandaran a las Antillas. En Santa Marta los conquistadores pidieron con frecuencia que se autorizara la esclavización, e incluso protestaron contra el hecho de que no se permitiera capturar mujeres y niños menores de 14 años, como antes se había hecho4. En Cartagena las capitulaciones nunca permitieron, por ningún motivo, la esclavitud, pero hay muchos ejemplos de violación de la norma, sobre todo en la primera década. En Popayán y el Nuevo Reino la situación fue similar: la  Corona había abandonado ya para entonces toda consideración de la esclavitud como un sistema viable de sujeción y explotación de los indios y la encomienda era la alternativa favorecida. Por supuesto, muchos de los conquistadores llegados a estas gobernaciones tenían esclavos, algunos obtenidos legalmente -cuando había sido posible y en sitios donde era lícito, como las islas del Caribe y Nicaragua-. Estos esclavos habían acompañado a sus amos a diversas expediciones y cuando los españoles se asentaron pasaron posiblemente a trabajar en sus minas o haciendas. Estaban marcados al rojo vivo con una señal establecida por la monarquía, para testimoniar que su esclavización había sido legal y que sus propietarios debían tener documentos que acreditaran la licitud de su adquisición. Muchas veces eran víctimas de los ataques de indios locales rebeldes, que los masacraban para atacar en ellos la sociedad española, mejor protegida cuando se trataba de los blancos mismos.

Los esclavos propiamente dichos se confundían casi por completo con los naborías, siervos de por vida, que llevaban una vida igual a la de aquéllos. La única diferencia real estaba en la ausencia de marca; en teoría se diferenciaban en que sus hijos serían libres, pero esto probablemente carecía de importancia en casi todos los casos; la inmensa mayoría de esclavos y naborías eran varones; las esclavas y naborías eran usualmente concubinas de los españoles y sus hijos seguirían el ambiguo status de los mestizos. En todo caso, los conquistadores del territorio colombiano fueron también acompañados por multitudes de naborías, que acompañaron a sus amos del mismo modo que los esclavos. Contra todas las normas, algunos habían sido apropiados y esclavizados en zonas donde nunca se autorizó la esclavización de los indios, y a veces se encuentra en la documentación el caso de esclavos y naborías nacidos en la región de Santa Marta, Popayán o Cali, por ejemplo.

Algunas de las expediciones hechas por los españoles se hicieron con la ayuda de millares de indios. Cuando Hernán Pérez de Quesada salió en busca del Dorado en 1541 llevó más de 5.000 indios de servicio -y quizás hasta 8.000-; una cantidad similar fue traída de Quito por Sebastián de Belalcázar en su viaje al Nuevo Reino. Pero aunque no siempre se reunieran grupos tan grandes, esta era la práctica usual: toda expedición de españoles debía llevar un número suficiente de indios para transportar las cargas, preparar los alimentos y prestar todos los demás servicios que el español solicitara. Todo conquistador, por lo tanto, salía con un grupo de indios de servicio, que debía ser más grande cuanto más lejana y peligrosa la entrada, pues estos indios tenían la peculiaridad de morir con demasiada facilidad: de los que llevó Pérez de Quesada, por ejemplo, no quedó ninguno5. Por lo que parece, estos indios de servicio no formaban un grupo homogéneo desde el punto de vista de las normas legales españolas. Algunos eran probablemente esclavos, otros naborías y la gran mayoría se extraían, por fuerza de las reglas propias del sistema, de la encomienda de cada español. Su posición no era envidiable: obligados a realizar difíciles entradas y expediciones, en las que a las grandes dificultades y hambres que padecían los españoles debía añadirse que el indio era el primero en sufrirlas, era el que iba cargado en los pasos difíciles y era el primero en morir; cuando los alimentos se agotaban por completo era también el primero que se comían los españoles, en los casos insólitos en los que la desesperación los llevaba al canibalismo.

 

2. La distribución de las encomiendas


 

No parece que en Santa María la Antigua se hubieran hecho adjudicaciones de encomiendas en sentido estricto. Allí se hicieron esclavos y se obtuvieron naborías, pero quizás sólo hacia 1524, durante la alcaldía de Gonzalo Fernández de Oviedo, se repartieron algunos indios en forma que legalmente equivalía a una concesión de encomienda. Pero la primera distribución formal fue hecha por García de Lerma en 1529, en Santa Marta. No sabemos cuántos indios fueron distribuidos (el mismo gobernador se asignó 26 caciques) ni cuántos españoles recibieron encomiendas, pero es evidente que durante los primeros años el usufructo de éstas no estuvo sometido a regulaciones muy precisas6. Incluso es probable que los indios de encomienda no hubieran sido utilizados en forma habitual para cultivar tierras del encomendero y atender sus ganados, y que la concesión de la encomienda equivaliera más bien, en una zona donde todavía la sujeción de los indios era muy tenue, a la asignación a los españoles beneficiados de un pueblo o tribu del cual podían tratar de obtener oro, alimentos y mantenimientos, en cantidad fijada teóricamente por el gobernador pero dependiente en la práctica de la capacidad del conquistador para presionar u obligar, a sus indios.

En los años siguientes se hicieron distribuciones de encomiendas en la región, y a medida que se fundaron nuevas ciudades (Tenerife, Tamalameque, Ciudad de los Reyes, etc.) los indios fueron repartidos a los colonos, pero nunca fue esta zona una donde la encomienda adquiriera importancia fundamental. Los indios resultaron demasiado violentos y su número se redujo con rapidez. Para 1560 las cifras sobre encomiendas dadas por López de Velasco7, omiten el número de encomendados de Santa Marta y de Valledupar y apenas señalan un corto número de habitantes en las demás ciudades.

 

ENCOMIENDAS Y ENCOMENDEROS HACIA 1560,
EN SANTA MARTA

                                     Encomenderos    Indígenas
                                                                         tributarios

Santa Marta                                25         "muchos"

Tenerife                                       7                1.500

Tamalameque                             10                  500

Ciudad de los Reyes                    30                    -

La Ramada                                 -                  400

Riohacha                                      1                    -

 

 TOTAL                                     73                2.400

 

Las cifras sobre encomenderos revelan ya cierta disminución en relación con la situación anterior, pues para Tenerife y Tamalameque se habían reportado unos 40 repartimientos en 15468, reducidos a algo menos de la mitad para la época a la que se refieren las cifras de López de Velasco. El número de pueblos indígenas repartidos, sin duda alguna, fue superior al que resulta del cuadro anterior: basta recordar que García de Lerma se autoasignó 26 encomiendas en Santa Marta.

En Cartagena la distribución de encomiendas fue más tardía: sólo 7 años después del desembarco del grupo de Heredia, en 1540, comenzó a realizarse un reparto de la población local, primero en Mompox y luego en Cartagena y Santiago de Catarapa (Tolú); los indios de San Sebastián fueron distribuidos, sin visitarlos, en 1542 y antes de 1548 se repartió la región de la Villa de María. La primera columna del cuadro siguiente representa el número de encomiendas distribuidas inicialmente por Heredia y López de Ayala; los tributarios y las encomiendas en 1560 corresponden a las cifras de López de Velasco y las encomiendas hasta 1610 son según Juan de Ocariz.

Heredia, al distribuir los indios -excluyendo zonas ya bastante despobladas o aún no sometidas, como la llamada culata de Urabá, el Darién, la zona del San Jorge y e1 Alto Sinú- estuvo sometido a normas mas restrictivas que las que tuvo que aplicar García de Lerma. Durante los años 30 la legislación insistió en que el gobernador, al dar los indios, debía fijar el tributo conjuntamente con el obispo, para lo cual debía tener en cuenta las posibilidades de producción de los indios y la cantidad de tributo que hubieran pagado antes a sus propios caciques; se ordenaba que nunca se fijara un tributo superior a éste. La última orden, por supuesto, resultaba imposible de cumplir, pues casi todos los indios de la región, si no todos, habían desconocido el tributo. Pero Heredia se atuvo a las demás formalidades y al repartir los indios de Mompox precisó lo que debían pagar en oro y señaló diversas obligaciones de servicio personal y trabajo. A los encomenderos les impuso la obligación de enseñar religión a los indios y mantener casa en Mompox, caballo y armas, y los autorizó para criar ganados, aves y tener otras granjerías en sus encomiendas. Además, cada encomendero recibía el derecho exclusivo de comerciar con sus indios, lo que lo colocaba indudablemente en una posición muy ventajosa para apropiarse del oro que aún les quedara .11  

 

ENCOMIENDAS Y TRIBUTARIOS EN CARTAGENA

                                      Encomiendas   Encomiendas  Tributarios   Encomiendas
                                      en 1540-489       en 1560*        en 1560      hasta 161010

Mompox                               70                    26               2.000               45

Cartagena                            -           29 (35)               2.000               70

Santiago de Catarapa
y Tolú                                                  26 (48)               1.700               89

San Sebastián de Urabá      6                    -                   -             -

Villa de María                      26                    11               1.800               58

TOTALES                          102                    92               7.500             262

* Entre paréntesis, el número de pueblos indígenas repartidos

 

 

Las demás asignaciones de encomienda de Cartagena fueron probablemente similares a la anterior, en su inclusión de tributos precisos de oro y de imprecisas obligaciones de servicio personal y en su atribución al encomendero de obligaciones esencialmente militares, sin que se insistiera en ese aspecto de la cristianización del indio al que han dado tanto énfasis historiadores posteriores y que recibió mucho menos entonces. Por otra parte, el que se pudieran tener ganados y realizar otras actividades productivas de cuenta del encomendero introducía ambigüedad en la posesión de la tierra y abría así el camino no tanto a la apropiación de la tierra de los indios, para lo que no hacía falta ninguna autorización, como a su posterior legalización por las autoridades españolas.

En el sur de Colombia los primeros repartimientos los hizo probablemente Belalcázar en 1536, al fundarse Cali, y luego en Popayán, el año siguiente. Aldana hizo un nuevo repartimiento en Popayán en 1539, y ese mismo año se distribuyeron las primeras encomiendas en Timaná. Jorge Robledo asignó los indios de Anserma y Cartago en 1540; los de Antioquia fueron repartidos por primera vez en 1542, cuando la población se trasladó a la región de Frontino, y fueron redistribuidos al menos dos veces en los tres años siguientes, a causa de los cambios de jurisdicción allí ocurridos.

Con el traslado de Cali al sur, las encomiendas quedaron bastante alejadas de la ciudad y fueron redistribuidas en 1539 por orden de Aldana; la fundación de Anserma y Cartago debió sustraer algunas zonas a los encomenderos de Cali y nuevas asignaciones hechas por Andagoya volvieron a barajar la situación. Para 1541 Belalcázar juzgaba que el número de encomenderos de su gobernación era ya de unos 300, aunque la cifra puede estar algo, pero no muy exagerada, por su interés en mostrar la inconveniencia de la fragmentación excesiva de las encomiendas que atribuía a Robledo. Por lo mismo su afirmación de que pocas encomiendas en Cali tenían más de 100 tributarios y la mayoría entre 20 y 30 debe ser una subestimación12. En todo caso, hacía 1558 una enumeración de encomiendas permite contar más de 180, sin incluir a Pasto, Timaná, Madrigal y La Plata; las cifras de López de Velasco, para 1560 aproximadamente señalan cerca de 275 encomiendas, aunque en algunos casos es evidente la disminución de un número anterior más elevado de pueblos. En cuanto al tamaño de la encomienda, en 1544 los vecinos de Anserma cuentan 27 y dicen que tienen 3.000 casas repartidas, algunas de más de una familia, lo que indica allí un promedio superior a 100 tributarios por encomienda13. En Popayán se dice hacia 1546, cuando interesa destacar lo pequeñas que son las encomiendas, que cada una tiene entre 200 y 300 indios14. Y en Almaguer se reparten con ocasión del establecimiento de la villa española unos 8.000 tributarios entre 40 encomiendas, o sea, cerca de 200 por

encomendero15. Para 1560, finalmente, el promedio se acerca a 290 tributarios por repartimiento, cuando sin duda había disminuido, pese a posibles unificaciones de pueblos diversos en una sola encomienda.

 

ENCOMIENDAS Y TRIBUTARIOS
EN LA GOBERNACION DE POPAYAN, 1540-1560

                                           Encomiendas en                     Tributarios

                                  1540-50116             155817            1560s18          en 1560

Antioquia                                                   11-12        5-6.000

Caramanta                               13                11              1.000

Arma                    22/40                            15(26)          1.000

Anserma               27                28                18              5.000

Cartago                                    35              17(39)          4.500

Cali                       33                32+17        24(49)          3.000

Popayán                                   32              19(32)          9.000

Timaná                                                     14(25)          1.500

La Plata                                                      24              4.000

Madrigal                                                     15              1.200

Almaguer              40                26                33              3.600

Pasto                                                        28(66)    23-24.000

Agreda                                                       24              3.000

Iscancé (Trujillo)                                        22           4-5.000

TOTALES           (300)         (183)       175-276        68-71.800

   (Entre paréntesis el número de pueblos repartidos).

En el Nuevo Reino, Jiménez de Quesada hizo la primera asignación de los indios en 1539, cuando se dieron al menos 57 encomiendas en la región de Santa Fe, Tunja y Vélez, la última de las  cuales incluía los propios guanes.

El repartimiento inicial, sin embargo, carecía de bases legales, suficientemente claras, y los conquistadores tuvieron siempre temor de que se reasignara. Quesada, en realidad, apenas había asignado los indios en depósito, sin adjudicar encomiendas en firme, pues su autoridad no era suficiente para esto último. Esta situación de inestabilidad, al mismo tiempo que llevaba a un manejo más explotador de la encomienda misma, para tratar de obtener el máximo de ella antes de que pudiera ser entregada a otro, hacía al grupo encomendero nervioso e inestable, listo a aliarse con quien pareciera garantizar la permanencia de una distribución o, para quienes estaban insatisfechos, con quien pudiera modificarla. Así, en 1541 Jerónimo Lebrón fue acogido en Vélez como gobernador tras declarar que no modificaría la distribución de las encomiendas; los vecinos pidieron en especial que confirmara legalmente la repartición existente. Hernán Pérez de Quesada y Gonzalo Suárez Rendón, quienes ejercieron sucesivamente la tenencia de gobernación, hicieron algunos cambios en las encomiendas, pero la mayor sacudida se produjo con la llegada de Alonso Luis de Lugo, quien utilizó las disensiones existentes entre los antiguos pobladores, los resentimientos de quienes no habían recibido encomienda o la habían recibido más pequeña de lo que creían merecer, para poner todo en movimiento. Lugo se sirvió de una petición, quizás hecha por sugerencia suya, en la que muchos conquistadores solicitaban una modificación del reparto de encomiendas, para cambiar la situación. Muchos encomenderos, presionados o ilusionados con la promesa de recibir una encomienda mejor, hicieron "dejación" de ella; Lugo demoró entonces la nueva asignación durante un largo período, en el cual se apropió de los tributos recibidos, y al hacer la nueva distribución se reservó para sí mismo algunos de los pueblos mayores y distribuyó los demás en la forma que juzgó conveniente, dando por supuesto algunas de las encomiendas a los españoles que habían venido con él. Muchos de los antiguos conquistadores, sobre todo aquellos que se habían ausentado con Hernán Pérez de Quesada en la marcha al Dorado, perdieron sus indios y quedaron a la espera de una nueva vuelta de la rueda de la fortuna.

Lugo respetó poco, por otra parte, las normas sobre la forma de asignar la encomienda, pues además de las obligaciones de tributo y servicio de los indios incluyó en los títulos el derecho de los encomenderos al dominio de las tierras de los indígenas, como lo habían hecho también los títulos expedidos por Hernán Pérez de Quesada. Así, el encomendarse los indios de Bogotá, Fontibón, Guatavita y otros pueblos, señaló que lo hacía "con tierra y la sabana grande y tierras y estancias y labranzas de ellos"19, frase que quizás apuntaba más que a la propiedad de la tierra al establecimiento de un dominio de corte señorial sobre los territorios indígenas. La tasación del tributo, además, se hizo sin las formalidades usuales, sin precisar el monto del tributo en oro o mantas al que tenía derecho el encomendero y sin la presencia de la autoridad eclesiástica o del protector de indios.

El Nuevo Reino fue la zona donde se dio un número más elevado de encomiendas, y también allí el tamaño de cada encomienda fue mayor: en las primeras distribuciones en Santa Fe y Tunja el promedio de tributarios que recibe cada español es de cerca de 1.000, lo que permite asegurar la presencia de encomiendas mucho mayores, que debían dar por lo tanto un ingreso bastante alto a sus beneficiarios. Los sitios distribuidos posteriormente -Tocaima en 1544, Pamplona en 1549, Ibagué en 1550, Villeta y La Plata en 1551, Mariquita en 1552, Victoria en 1557, San Juan de los Llanos en 1556,  Muzo y Remedios en 1560 y La Palma en 1559- no fueron tan ricos en indios, pero la existencia de minas vecinas hacia atractivas encomiendas más pequeñas; así ocurrió en Pamplona, Mariquita, Remedios o La Plata.

 El total de encomiendas distribuidas en el territorio actual de Colombia es por supuesto imposible de determinar con la documentación actualmente conocida, aunque los datos de López

 
ENCOMIENDAS Y TRIBUTARIOS
EN EL NUEVO REINO 1550-6520

                                    Encomiendas                     Tributarios

                                                  en 1550-60                      en 1562-65

 Santa Fe                                    55                        40.000

 Tunja                                         58 (103)           52-53.000

 Vélez                                        38 (73)                5-6.000

 Tocaima                                    30 (59)                    3.200

 Pamplona                                  59 (117)               20.000

 Ibagué                                    25-30 (40)               2-3.000

 Victoria                                     30

 Remedios                                  30

 Villeta                                       10                           2.500

 Mariquita                                25-30 (35-36)             2.000

 Muzo                                         40                         15.000

 La Palma                                   50                    12-13.000

 San Juan de los Llanos                6

 Neiva                                         6                           2.500

 TOTAL                               456-66               156-160.200

 

de Velasco permiten formarse idea global, para un momento en el que la mayor parte de la población indígena se encontraba sometida ya al dominio español. Pero debe tenerse en cuenta que hacia 1560 ya el proceso de despoblación indígena había avanzado mucho, y en forma muy desigual, de modo que el número de tributarios era sin duda bastante inferior al distribuido originalmente. También muchas encomiendas distribuidas separadamente habían sido unificadas en una sola en ese momento, lo que resulta claro en los cuadros anteriores en las instancias en las que se tienen cifras para fechas anteriores a 1560 y en los casos en los que se tiene la referencia del número de pueblos, que a veces fueron encomiendas separadas en algún momento anterior. En todo caso, el cuadro siguiente resume las cifras presentadas en las páginas anteriores y da una idea vaga de la magnitud de la población sometida a la institución de la encomienda y del número de españoles beneficiados directamente con ella.

ENCOMIENDAS Y TRIBUTARIOS EN EL TERRITORIO

 ACTUAL DE COLOMBIA, 1560, SEGUN LOPEZ
DE VELASCO

                                            Número de                    Número de
  Gobernación                                 encomenderos                 tributarios

   Santa Marta                                73                      2.400

   Cartagena                                   92                      7.500

   Popayán                             275-276               68-71.000

   Nuevo Reino                       456-466                   160.200

   TOTALES                          896-907            238-241.100

 

3. El conflicto de las Leyes Nuevas
 


 

 No cabe duda alguna de que lo que interesaba al español al recibir la encomienda era la posibilidad de apropiarse de una buena porción de la riqueza del grupo indígena que se le entregaba, o de utilizar la mano de obra de los indios para la producción de nueva riqueza. En la primera forma, el conquistador podía estar interesado en el pago de tributos en oro o especie por parte de los indios, en la posibilidad de comerciar exclusivamente con ellos o, muy secundariamente, en los derechos a utilizar la tierra de la tribu local. En el segundo caso, le interesaba que los indios destinaran parte de su labor a producir objetos con los cuales se iba a saldar la obligación tributaria con el español, dentro de la organización tradicional indígena de la producción, o que dieran un cierto número de trabajadores a empresas más o menos orientadas y dirigidas por el español. Qué forma de explotación de la encomienda predominara, dependía del tipo de comunidad que se sujetaba, del momento en el que se realizara la distribución de la encomienda (pues con ese momento variaban tanto la legislación vigente como las urgencias de la comunidad española), de la disponibilidad de determinadas producciones en el área local, etc. Y las encomiendas de una zona siguen un proceso de cambio que va alterando la importancia relativa de cada una de las formas de extraer el producto excedente a la población indígena.

En general, la extracción de un tributo en oro corresponde a la etapa de establecimiento de la encomienda y se confunde un poco con el saqueo practicado antes. Tan pronto se estabiliza la encomienda, la tendencia lógica es a acentuar el esfuerzo por inducir la mano de obra local a la producción continua de un excedente. Esto puede hacerse estableciendo un tributo, que si es en productos usuales de los indios no requiere una intervención estricta de los españoles en los procesos de producción de los indígenas: éstos continúan produciendo su oro, sus mantas o sus alimentos en la forma tradicional, aunque deban modificar la intensidad con la cual trabajan. A veces el tributo se señala en oro sin que la comunidad indígena sea productora de él, lo que la obliga a aumentar la producción de sus artículos tradicionales para intercambiarlos por el oro con el cual pagarán su demora o lleva al arriendo de trabajadores a cambio de dinero que se destina al pago del tributo, aunque esta situación aparece más bien tardíamente.

 La segunda forma de forzar la producción de un excedente y de utilizar el trabajo indígena es subordinándolo directamente, en forma más o menos estrecha, al control español. La tendencia a hacer esto se da continuamente para la prestación de "servicios": transporte, tareas domésticas, servicios sexuales, y para la producción de algunos objetos de consumo directo del encomendero: la construcción de su vivienda, el corte de leña, el acarreo de agua, etc. Pero se da también en actividades en las que esto implica una transformación substancial de las formas de organización económica, en la producción de bienes para un mercado local o mundial. El caso más visible es sin duda el de la producción de oro -único producto para el mercado mundial de esta época-: los españoles, siempre que pudieron, utilizaron a los indios para la extracción y lavado de oro en las minas de aluvión descubiertas, bajo el control de mayordomos y dentro de una organización del trabajo completamente independiente de la comunidad indígena y dictada por el español, aunque la tecnología siguiera siendo en esencia la de los indios. Situación similar, bastante frecuente, si bien con tecnología introducida por los europeos, se dio en las haciendas ganaderas y en los sembrados de cebada y trigo, ya bastante extendidos en la región de Tunja y Santa Fe para 1550. Y en menor escala, por ser productos cuya siembra y recolección podía dejarse a los indios, y bastaba señalar la cantidad a sembrar, ocurrió lo mismo con los cultivos de papa, maíz y yuca.

 Ahora bien, las concesiones de encomienda dadas por los gobernadores se habían hecho en formas más o menos arbitrarias, fijando conjuntamente obligaciones tributarias y de servicio personal en una manera que probablemente reflejaba la estimación hecha por los colonizadores españoles de las posibilidades locales. La Corona española, por su parte había estado sometida durante años a un continuo bombardeo de críticas a la encomienda, y en particular a su función como institución de organización y control directo de la mano de obra. A los duros trabajos a los que los encomenderos sometían a sus indios se atribuía gran parte de la despoblación indígena; se señalaba además la obligación de trabajar en las minas, que separaba a los indios de su clima, de su medio ambiente y de su familia como responsable de una gran mortalidad y de una disminución de la producción indígena. La Corona optó entonces por tratar de eliminar el sistema y utilizarlo temporalmente (para poder continuar dando un premio a los conquistadores por sus acciones militantes y sus servicios a la Corona sin acabar con los indios), pero substancialmente modificado. La idea central era convertir la institución simplemente en un sistema de tributo sobre los indios: éstos debían un tributo a la Corona, como cualquier vasallo, y la Corona cedía ese tributo a los conquistadores en recompensa a sus servicios. Pero el sistema terminaría pronto, pues a la muerte de cada encomendero los indios pasarían directamente a la Corona, que asumiría el cobro de los tributos y las tareas de aculturación y gobierno, mediante el nombramiento de funcionarios reales.

El esfuerzo por eliminar la prestación de servicios laborales como parte de la encomienda se advierte en varias normas de la Corona. Así, por ejemplo, en 1538 se prohibió que los indios encomendados fueran utilizados en las minas, lo que sin embargo no se cumplió, como tampoco la prohibición de que los encomenderos arrendaran los indios a otros españoles. Pero en 1542 un conjunto de normas, conocidas como las Leyes Nuevas, intentó cortar de un tajo la situación en el sentido mencionado: toda clase de servicio personal a los encomenderos quedó prohibido, y éstos deberían limitarse a recibir el tributo que señalaran los gobernadores o las autoridades apropiadas. De este modo las relaciones laborales debían salirse completamente del marco de la encomienda; como era inevitable el uso del trabajo indígena para la conservación de las colonias y la extracción del excedente que justificaba económicamente la conquista, la Corona esperaba que los indígenas se emplearan en forma voluntaria, a cambio de un salario justo. A la larga se confiaba en establecer un mercado que podríamos llamar libre de trabajo, aunque la mentalidad de la Corona y las limitaciones reales de la situación se manifestaron inmediatamente al ordenar la ley que las autoridades españolas debían establecer y fijar tasas adecuadas de salario. En el fondo se pretendía realizar una revolución completa en la forma de organización de la economía colonial, reemplazando el trabajo forzado al cual habían estado sometidos los indios por un trabajo libre, aunque en ciertas áreas, donde se consideraba que el trabajo era demasiado pesado para los indígenas, los esclavos negros debían reemplazar a los indios de encomienda.

 Otros aspectos de las leyes nuevas se orientaban a controlar abusos y a regular las relaciones entre el encomendero y sus indios. Se prohibía a los funcionarios de la Corona y a los eclesiásticos la posesión de encomiendas, se prohibía toda clase de transacción de éstas y se señalaban castigos drásticos para los españoles que maltrataran a los indios o trataran de forzarlos a realizar servicios personales o a pagar tributos no señalados por las Audiencias Reales o los Virreyes. Se les prohibía también a los encomenderos vivir entre los indios. Para suavizar las relaciones con los indios, se prohibía la realización de nuevas entradas y conquistas, a menos que contaran con la autorización de la Audiencia Real21.

 Para hacer cumplir estas leyes en el territorio de Santa Marta, Cartagena, Popayán y el Nuevo Reino fue escogido, como visitador, Miguel Díaz de Armendáriz, quien llegó a la costa a finales de 1544. En Cartagena y Santa Marta logró poner en ejecución algunas de las normas, como las que quitaban las encomiendas a los funcionarios reales, aunque suavizándolas un poco en la práctica. Sin embargo, el hecho de que no hubiera tenido que enfrentar un esfuerzo coordinado y decidido de los encomenderos contra las nuevas leyes -y buena parte de las objeciones vinieron de oficiales de la Corona- muestra ya la debilidad del grupo encomendero local; en Cartagena ya había pasado probablemente a un segundo término frente a los comerciantes y la mayoría del trabajo de las haciendas vecinas se hacía con esclavos negros; en Santa Marta era muy reducido el número de indios sujetos y, también la ganadería con negros aparecía como alterativa viable a la explotación de trabajo indígena.

 Díaz de Armendáriz envió a Santa Fe a su sobrino Pedro de Orsúa en 1545; apenas llegó a Santa Fe advirtió que el estado de ánimo de los españoles hacía bastante peligroso todo intento de hacer cumplir las leyes nuevas en la región, de modo que decidió aplazar su promulgación hasta la llegada del visitador mismo. Armendáriz, después de realizar las residencias de los gobernadores de Cartagena y Santa Marta, se dirigió a Santa Fe, a donde llegó en noviembre de 1546. Inmediatamente advirtió la oposición local a las leyes nuevas, que resultaban de abierta contraposición con la realidad local. Dada la aversión de los españoles a la realización de cualquier trabajo material y los costos de adquisición de esclavos negros, era evidente que sólo la utilización de mano de obra indígena permitiría mantener la colonia. Y era ingenuo creer que los indígenas, que todavía podían obtener su subsistencia con el trabajo de sus propias tierras, irían a prestar sus servicios a los españoles, como lo decían las leyes "con consentimiento, paga y con moderación". Convertir a una población con posesión de tierras suficientes para la subsistencia en asalariados, iba a resultar una de las más difíciles tareas de todo el período colonial, y que nunca se resolvió satisfactoriamente para quienes consideraban el sistema salarial como más adecuado. Los colonos eran conscientes de ello y el mismo obispo de Santa Marta y Santa Fe, Fray Martín de Calatayud, preocupado por el destino de su grey, escribió en 1545 en defensa de la encomienda: "Porque estas Indias, en cuanto a los naturales de ellas, no podrán sujetarse en obediencia a Su Majestad sin que haya poblaciones de españoles, y éstos no podrán durar ni permanecer sin que los moradores de ellas tengan cuenta con los indios por vía de repartimiento...". Incluso en tareas tan duras como el transporte de carga resultaban, en opinión de Fray Martín, imprescindibles los indios: "porque el servicio de los indios libres... no se puede excusar, por no haber acá españoles de quién servirse, porque estos puestos acá no quieren servir a nadie, aunque en España no hayan sido de otro oficio sino servir ...porque llevar indios cargados de camino tampoco se puede excusar... /pues/ bestias no las hay"22.

 Los colonos comenzaron inmediatamente a hacerle a Armendáriz súplicas y demostraciones repetidas, insistiendo en que era imposible hacer cumplir las leyes nuevas sin destruir las colonias, y en esencia mostrando que era incompatible el mantenimiento de la sociedad colonial con la prohibición del trabajo forzado de los indios en beneficio de los españoles. La posibilidad de obtener mano de obra indígena mediante salarios la consideraban inexistente y pensaban que la simple hostilidad de los indios a los españoles, a quienes consideraban enemigos, hacía descartar toda idea de trabajo voluntario. Por otra parte no había forma de reemplazar a los indios como cargueros, pues casi no había bestias de carga y los caminos eran demasiado malos para ellas. En cuanto a la tasación del tributo,  los colonos la admitían, pero debía incluir la obligación de dar leña y hierba y la de hacer labranzas y sementeras "sin los cuales los españoles en este Reino no se pueden sustentar, sin que se les pague por ello cosa alguna"; igualmente debían apresarse los indios que rehuyeran el tributo, pues los "de este Reino son de tan mala disposición y dan de tan mala gana los tributos que se les piden". Por todo esto, pedían el mantenimiento de la encomienda y además que se dieran a perpetuidad y por mayorazgo, para evitar la división entre los herederos, y de modo que resultaran encomiendas grandes; el argumento tras esto era que encomiendas pequeñas y de duración limitada conducían a un trato más violento de los indios. En cuanto a este aspecto, protestaban contra la norma de que se castigara a los españoles que maltrataran a los indios, pues "si al español que mata un indio, o le hiere, o da un bofetón, o le dice palabras injuriosas le hubiesen de castigar como su Majestad manda, en pocos días no habría españoles en las Indias"23.

 La argumentación anterior fue presentada ante Armendáriz para justificar la petición de que se obedecieran las nuevas leyes pero no se cumplieran. Ante la insistencia de Armendáriz (en parte probablemente formal, pues debía mostrar a la Corona con testimonios ante notarios, que había hecho lo posible por hacerlas cumplir) hicieron amenazas veladas e insistieron en que "no se cumplirán ni guardarán en este Reino... sin que nadie incurra en pena alguna", y asignaron al visitador la responsabilidad por cualquier hecho grave que se presentara si éste insiste en hacerlas cumplir. Finalmente Armendáriz, el 12 de febrero de 1547, aplazó el cumplimiento de las leyes nuevas por dos años, hasta que los colonos tuvieran tiempo para hacer oír sus quejas en España24.

Sin embargo, Armendáriz intentó poner en vigencia al menos parcialmente las disposiciones, y en septiembre del mismo año anunció que procedería a tasar los tributos y ordenó que los encomenderos no vivieran más de dos meses al año en el pueblo de su encomienda25. El cabildo de Santa Fe argumentó contra lo anterior, alegando que si los españoles no podían ir a controlar directamente las labranzas hechas en tierras de los indios éstos les robarían y matarían "los ganados que tienen en los dichos repartimientos"26, lo que indica que era ya habitual el uso de las tierras de los indios para siembras y pastoreo de ganado; apenas podemos imaginar el daño que esto último hacía en los cultivos propios de los indios.

Protestas similares a las presentadas en el Nuevo Reino fueron hechas por los pobladores de Popayán, Cali, Anserma, Cartago y otros sitios; en todas ellas se insistía en la imposibilidad de subsistir sin el trabajo obligatorio de los indios y se añadía en especial, por tratarse de una zona minera, la preocupación por mantener el derecho a usar los indios en las explotaciones de oro. En esta zona el gobernador era Belalcázar, quien se encontraba probablemente más identificado con los intereses locales que Armendáriz, pese a lo cual hizo un esfuerzo aparente más decidido para hacer obedecer la ley, ordenando la prisión de los regidores de Popayán que se negaban a aceptarla. Sin embargo, el 14 de octubre de 1544 Belalcázar sobreseyó el cumplimiento de las leyes, acogiendo los argumentos locales. Al poco tiempo todos los pueblos importantes eligieron procuradores para viajar a España, donde debían tratar de obtener la reforma de las leyes y la concesión de las encomiendas por plazos de tres vidas27.

 Un aspecto que no puede dejarse de lado fue una norma de las leyes nuevas que ordenaba la libertad de todos los indios esclavos para los cuales no pudiera demostrarse en forma clara la licitud de su esclavización. Parece que en Popayán y el Nuevo Reino los conquistadores tenían bastantes esclavos indígenas, traídos de Centroamérica, el Perú o incluso de otras regiones del territorio de la actual Colombia. Los conquistadores se resistieron también firmemente a la observancia de esta disposición, alegando que a pesar de que habían adquirido sus indios en forma lícita no tenían usualmente documentos que lo probaran. Por eso en las solicitudes enviadas a España figura también siempre la de que se les permita conservar sus indios esclavos.

En general, en todas las gobernaciones consideradas, pero en especial en Popayán y Santa Fe, los encomenderos se opusieron en forma prácticamente unánime al cumplimiento de las Leyes Nuevas, contando usualmente para ello con el apoyo de los eclesiásticos y a veces con la simpatía de los mismos funcionarios de la Corona, muchos de los cuales perderían sus encomiendas si se aplicaban las leyes. Para esta resistencia se apeló a la forma, tradicional en el derecho español, del "se obedece pero no se cumple", salvaguardia reconocida para casos en los que la ignorancia de la situación local hubiera podido llevar a la expedición de leyes perjudiciales o dañinas y que en la práctica operaba como un sistema que permitía a grupos locales muy fuertes y que se sentían seriamente amenazados por una disposición determinada objetarla y negarse a cumplirla temporalmente, mientras la Corona se informaba mejor, sin colocarse abiertamente en posición de rebeldía. A los funcionarios locales, además, les daba cierta medida de discreción en la aplicación de la ley, permitiéndoles tener en cuenta el grado de oposición local para decidir si una norma debía entrar en vigencia o no. Así, Armendáriz, que tenía serias razones para buscar un compromiso con los colonos, respondió con suavidad a las peticiones de los encomenderos, pues sabía muy bien que el intento de hacer cumplir las  Nuevas Leyes había provocado una violenta rebelión en el Perú y había producido serios disturbios en otras partes de las Indias. Además, podía necesitarse el apoyo armado de los encomenderos de Santa Fe y Popayán para sujetar a los rebeldes peruanos, de modo que no era prudente hostilizarlos demasiado; por lo mismo dio siempre un trato muy cuidadoso a Sebastián de Belalcázar, potencial dirigente rebelde de Popayán, de quien se sospechaba que estaba en contacto con los peruanos.

 A la larga los resultados del conflicto entre la política real y los intereses de los colonos llevaron a un compromiso. La Corona, enfrentada a una unánime oposición en América, aceptó mantener la encomienda, e incluso prolongar su posesión más allá de la vida del primer conquistador, pero se mantuvo firme en el esfuerzo por regularla estrechamente para eliminarla como forma de control de la mano de obra y dejar al encomendero únicamente el derecho a cobrar un tributo fijo de sus indios: en los años siguientes el rey sostuvo la prohibición de que se dieran encomiendas a los funcionarios de la Corona, lo mismo que a extranjeros, mulatos, mestizos e hijos naturales; insistió en que no podría cobrarse más tributo que el que estuviera tasado por funcionarios reales y mantuvo la proscripción del envío de indios a las minas y de toda clase de servicio personal de los indios. Para esto, se ordenó el 30 de marzo de 1549 que de ninguna manera se tasara a los indios el tributo en servicio, ni se permitiera convertir o conmutar el tributo en especie u oro por trabajo, ni siquiera -para evitar declaraciones obtenidas de modo fraudulento- a petición de los mismos indios28.

 El esfuerzo por convertir la encomienda en pura encomienda de tributo reflejaba la conciencia cada vez más clara de los perniciosos efectos de una explotación ilimitada de los indios; la cédula de 1549 que se acaba de mencionar hacía referencia abierta a la disminución de los indios y señalaba, que todas las medidas que se habían tomado eran importantes para la conservación y aumento de los naturales, finalidad que no podía dejar de tener en cuenta la cristiana monarquía de Carlos V, fuera de que la justificación económica, política y moral de la empresa americana amenazaba con irse a pique a causa de la destrucción de los naturales. En todo caso, las órdenes de 1549 tienen el interés de esbozar el sistema que eventualmente reemplazaría a la encomienda como forma de control de la mano de obra local: la Corona ordenaba que donde no hubiera forma de prescindir del trabajo indígena "se repartan por su tanda personas que se alquilen" por salarios29. En forma utópica todavía se insistía en que el empleo de los indios fuera libre, los salarios se pagaran individualmente a cada trabajador y no al cacique y se tasara un jornal adecuado, que fuera no sólo suficiente para su mantenimiento sino que les quedara algo para ahorrar. Sin embargo, la idea de que se repartieran personas para alquilarse abría el camino para continuar obligando a los indios a trabajar, aunque fuera un tipo de trabajo forzado diferente al establecido dentro de la encomienda.

 A corto plazo, no obstante, la Corona poco podía contra la realidad local. Los conquistadores de Popayán y el Nuevo Reino no estaban dispuestos a abandonar la encomienda, de donde derivaban la mayor parte de sus ingresos y en la que basaban su posición dominante en la jerarquía social. Todavía no existía, fuera de los encomenderos, un grupo suficientemente amplio de hacendados como para forzar el paso a un sistema en el cual el trabajo indígena no estuviera monopolizado por aquéllos, aunque ya comenzaran a plantearse ocasionales conflictos entre hacendados y encomenderos: ya en 1548 el encomendero de Bosa se quejaba de que a sus indios les habían quitado las tierras para usarlas en la cría de ganado y el cultivo de trigo, de modo que en algunas partes "no tienen tierras en qué sembrar"; además, muchos indios estaban fuera del pueblo trabajando para otros españoles, lo cual lo perjudicaba30. Dada esta situación y pese a la letra de la ley, reiterada sin cesar, las autoridades locales -la Real Audiencia,  los visitadores, los presidentes- tasaron una y otra vez los tributos en servicio personal a los encomenderos, y sólo lentamente, en un largo proceso lleno de vacilaciones y retrocesos, fueron imponiendo durante varias décadas a los recalcitrantes encomenderos la legislación española, apoyándose cada vez más en los españoles a quienes no había tocado encomienda, los cuales por efecto lógico de la disminución de la población indígena y del aumento de la española representaban una proporción cada vez mayor de ésta. Los primeros resultados en este camino de regularización de la encomienda se obtuvieron casi inmediatamente, con el paso a la Corona de las encomiendas que estaban antes en manos de funcionarios reales. Con el establecimiento de la Real Audiencia en 1550 las relaciones entre indios y encomenderos estuvieron sometidos a una vigilancia mayor, aunque todavía muy somera. En 1551 se hizo la primera visita por orden de la Audiencia a las encomiendas de Tunja, y en años posteriores éstas se repitieron en casi todo el territorio sujeto a la audiencia. Por otra parte, como se verá más adelante, el tributo comenzó a tasarse en forma regular y más realista, y poco  a poco se fueron acentuando los elementos de encomienda de tributo y limitando los de prestación de servicios. Finalmente la disminución de la inestabilidad en la encomienda pudo disminuir algo la tendencia a agotar la encomienda rápidamente con una explotación ilimitada, sobre todo al reconocerse su carácter hereditario, así fuera limitado.

Sobre este punto, vale la pena señalar que los encomenderos, pese a la escasa incidencia del feudalismo en sentido estricto en España, nunca dejaron de mirar a un pasado feudal, cierto o
imaginario, desde el momento en que el descubrimiento de América les abrió expectativas ilimitadas de ennoblecimiento y riqueza. Para ellos el ideal más elevado, la más clara imagen de éxito en América consistía en la posibilidad de convertirse en señores feudales, con sujetos serviles, con plenitud de señorío y con derecho a dejar en herencia, incluso en mayorazgo, la encomienda a sus descendientes.

La Corona, por su parte, que no en vano había luchado contra la fragmentación feudal del poder, contra todo particularismo político -hubiera estado representado por los señores o por la burguesía española- en pocas cosas mantuvo actitud más coherente que en impedir la formación de un estamento de encomenderos con características feudales en América. Por eso mantuvo siempre el principio de que la encomienda era una concesión gratuita de la Corona, revocable por ésta y limitada por la imposibilidad de venderla, canjearla o dejarla en herencia. A esta última limitación renunció la Corona, dentro del juego de concesiones que siguieron a la expedición de las leyes nuevas. Y en ciertos sentidos la encomienda daba a los encomenderos la sensación de que estaban en posición señorial, con autoridad sobre los indios, que a su vez, en un sentido limitado, adquirían el papel de un grupo de siervos. Pero en conjunto la monarquía logró impedir que la encomienda se consolidara como una institución feudal, y la servidumbre de los indios estuvo siempre ligada a la sujeción a la Corona española y no a la dependencia personal hacia los encomenderos. Y en todo caso la encomienda siguió viéndose apenas -excepto por algunos tratadistas influidos por una visión muy estrechamente jurídica del problema- como una solución temporal, una institución que permitía organizar la prestación de trabajo servil por parte de los indios, mientras se encontraba alguna otra fórmula más adecuada para garantizar la explotación laboral de los nativos.

 

4. Las primeras tasaciones del tributo31



 

 Antes de las Leyes Nuevas ninguna norma clara fijaba el tributo exigible por los encomenderos a los indígenas, aunque como ya se ha dicho, se  indicaba que no debía ser superior a lo pagado antes por éstos a sus propios jefes. Heredia, al hacer la distribución de los indios de Mompox, nos ofrece la primera instancia documentada de una tasación de tributos; en ese caso señaló a cada pueblo una suma global en oro. Es posible que en otros casos los gobernadores hubieran determinado, al menos sobre el papel, la cuantía del tributo y las obligaciones de los indios, pero toda la documentación originada por el conflicto de las Leyes Nuevas deja ver claramente que hasta entonces los encomenderos gozaron, en la práctica, de un derecho ilimitado a determinar arbitrariamente lo que iban a recibir de los indios. Por supuesto, este derecho resultaba limitado por consideraciones relativas a los efectos que pudiera tener una explotación demasiado violenta sobre la población indígena, pero es evidente que los encomenderos, al comienzo, dominados por la urgencia de un rápido botín y temerosos de que se les arrebatara la encomienda para asignarla a otro conquistador, prefirieron buscar los mayores rendimientos a corto plazo, aún a costa de la rentabilidad futura de la institución. De esto dan testimonio múltiples informes que muestran cómo la explotación de los indios carecía de medida y cómo en el tributo se incluían obligaciones laborales demasiado penosas para los indios. Así, por ejemplo, Castellanos señala que las obligaciones impuestas a los guanes fueron tan duras que los movieron a una larga rebelión; algo similar ocurrió con la revuelta de Duitama, provocada según los cronistas por las incontenibles exigencias del encomendero. Por otro lado la utilización continua de los indios, por medio de la encomienda, en el remo de canoas en el Magdalena y en el transporte de carga, está plenamente documentada. La norma ya señalada de ajustar los tributos a lo que pagaban antes los indios, para que la sujeción  a los nuevos conquistadores no fuera a resultarles más pesada que la antigua, no podía aplicarse en la mayoría de los casos por el simple hecho de que los indios no habían pagado antes regularmente tributos a sus caciques y muchas veces ni siquiera existían caciques permanentes. Pero incluso donde, como era el caso de los chibchas, los indios habían estado sometidos por largo tiempo a un tributo regular, una aplicación rigurosa de la ley habría supuesto un estudio detallado de la sociedad indígena, un buen conocimiento del número de indios aptos para el trabajo y del rendimiento habitual de sus tareas. Alguna información sobre esto se fue recogiendo poco a poco, pero es en general difícil pensar que el tributo cobrado por los encomenderos o fijado por las autoridades tuviera alguna relación estrecha con el pagado antes de la conquista. La afirmación de los encomenderos de Santa Fe de que los indios pagaban menos a ellos que a sus propios jefes antes de la llegada de los españoles debe considerarse como un argumento interesado.

 La información sobre tributos prehistóricos es escasa y todavía no se ha hecho una investigación suficiente del material de archivo tocante con esto, pero la documentación publicada por H. Tovar sobre la tributación en el área chibcha permite destacar algunos elementos del sistema32. En casi todos los casos, los indios declaran en interrogatorios realizados hacia 1600, que antes de la conquista pagaban a sus caciques tributo en trabajo, al realizarles siembras y labranzas, y en especie, mediante el pago de mantas, productos alimenticios y a veces oro. Los llamados "capitanes" pagaban habitualmente más que los demás indios, y éstos en su mayoría parecen haber acostumbrado entregar una manta y una cantidad anual de oro que estiman equivalentes a medio peso de oro fino. En varios casos la comunidad indígena, fuera de dar tributo a su propio cacique, pagaba también al cacique de otro pueblo al cual se encontraba sujeta, generalmente el de Bogotá, Tunja, Sogamoso o Duitama. Es evidente, por lo que sabemos de la sociedad chibcha, que los caciques y sus inmediatos servidores no podían consumir una parte demasiado grande de la producción, sobre todo de la de alimentos. Esto está corroborado por la práctica muchas veces mencionada de realizar grandes fiestas con asistencia de todos los indios de la comunidad en la cual se consumían los alimentos dados por los indios como tributo a sus caciques. Que la tributación era relativamente suave, está también confirmado por la ausencia de indicaciones sobre la existencia de mecanismos coactivos para cobrarla y por textos en los que los indios afirman que daban tributo según las capacidades de cada cual.

 La información existente hasta ahora sobre las tasaciones de tributos hechas antes de las leyes nuevas no permiten juzgar su peso sobre la sociedad indígena, pues se trata de obligaciones globales fijadas para comunidades cuya magnitud desconocemos. Las primeras tasaciones relativamente precisas las hizo Heredia en 1541 en Mompox, pero no es posible saber qué tan grandes eran las comunidades repartidas, que no se visitaron. La tasa fija una obligación total al encomendero. En 1545 encontramos en Tocaima un ejemplo de la vaguedad con la que se señalaban a los encomenderos su derecho a beneficiarse de los indios: un título de encomienda expedido por Hernán Vanegas daba al encomendero autorización para usar los indios "en el servicio de vuestra casa e hacienda e labranza e granjerías e rescates e demoras e sacar oro de minas e de los demás aprovechamientos que los indios os dieren"33. Los intentos de Armendáriz por establecer una tasa fija se frustraron y la Audiencia, establecida en 1550, necesitó 5 años para animarse a fijar un patrón riguroso a la explotación indígena. La tasa fue hecha por el oidor Francisco Briceño y el obispo Juan de los Barrios en 1555,  y debía ser inferior a la que hasta entonces se había aplicado, aunque el hecho de que no haya provocado demasiadas protestas por parte de los encomenderos locales sugiere que tampoco reducía mucho lo cobrado, o que los españoles confiaban en que cualquiera que fuese la tasa, sería posible seguir extrayendo de los indios el mismo tributo que antes. En todo  caso, de esta tasa tenemos varios ejemplos, entre ellos el de Guatavita, reproducido por Pedro Aguado. Los indios quedaron obligados a pagar 2.400 pesos oro al año y 240 mantas cuadradas y a labrar 35 fanegas de maíz, 8 de trigo y 4 de papas para el encomendero. Debían entregar además 15 maderos, 150 maderos pequeños, 300 varas para construcción, llevar diariamente 12 cargas de leña y 10 de hierba y destinar 32 indios al servicio directo del encomendero (20 para servicio diario, 6 para pastores y 5 gañanes). A esto se añadía la obligación de cultivar un cuadrado de 150 pasos de caña de azúcar y de darle al clérigo 10 aves semanales, una cántara diaria de chicha y en época de vigilia, pescado y 12 huevos diarios para su alimentación, fuera de sembrarle 4 fanegas de maíz. Aguado, al incluir en su relato esta tasa insiste en que los encomenderos cobraban usualmente más de lo fijado por ella.

Como no se tienen datos precisos sobre la población indígena de entonces -la  cual sólo conocemos en forma apropiada desde las visitas de 1562 en Tunja y 1593 en Santa Fe- y lo que se sabe sobre salarios, precios de productos agrícolas y rendimientos de trabajo es impreciso e incompleto, no es posible evaluar con alguna precisión el peso de estas obligaciones sobre la comunidad indígena, pero vale la pena tratar de formarse una idea vaga de lo que representaba la carga tributaria para los indios. En el caso de Guatavita el hecho de que no tuvieran minas de oro implicaba que debían producir otros objetos para cambiarlos por oro, con el objeto de conseguir el requerido para el pago de la demora, o emplear algunos hombres como asalariados. Por lo que sabemos del nivel de salarios de la época el pago de los 2.400 pesos representaba el trabajo de unos 100 o 120 trabajadores durante el año34. A éstos deben añadirse entre 100 y 200 indígenas-año para el laboreo de los sembrados fijados en la tasa, los 32 indios de servicio personal y un grupo similar para la recolección de leña, hierba, etc. En total entre 250 y 400 indios debían entonces dedicarse a producir los bienes que iban a darse al encomendero. La población de Guatavita podía estar calculada, si suponemos que se usó aquí el criterio que 10 años más tarde se aplicaría en Tunja de tasar un peso oro por cada tributario, en 2.400 varones entre 17 y 50 años, esto está confirmado por la cifra de 2.000 tributarios dada por Quesada para esta encomienda en la década del 60, posiblemente tomada de la visita de 1562. Así pues, las cifras extremas indican que entre un 10 y un 20% de la población masculina adulta dedicaba su trabajo a pagar tributo al encomendero. Es cierto que nunca podrá calcularse con absoluta precisión la incidencia real del tributo, pero nuevas investigaciones permitirán con seguridad estrechar el abanico de posibilidades y ofrecer aproximaciones más cercanas.

En todo caso las normas de 1555 muestran que todavía entonces, y contra las disposiciones de la Corona, se fijan como obligaciones tributarias deberes laborales bastante elevados: en el ejemplo citado es casi seguro que la parte substancial del tributo está representada en servicios personales. La fuerza de los encomenderos era todavía suficiente para impedir los ocasionales esfuerzos de los funcionarios de la Corona de imponer las normas reales. El último intento de limitar drásticamente los servicios personales había sido hecho por el oidor Juan de Montaño (¿1553?), quien entró en conflicto con los encomenderos, a uno de los cuales condenó a muerte culpándolo por asesinar a unos indios panches. Los españoles del Nuevo Reino lo acusaron eventualmente de intentar una rebelión contra el rey y lograron hacerlo condenar a muerte, sentencia que finalmente fue ejecutada en España. Este triunfo temporal de los encomenderos -con el apoyo de varios funcionarios reales- probablemente constituye la base de la tasación mencionada, con su insistencia en el tributo personal.

  Debe advertirse que esta tasación señalaba un tributo más o menos alto en oro, lo que suponía que los indios continuaban un activo comercio para proveerse de él, pues los chibchas no lo producían. En la práctica esto resultaba muy difícil para varias comunidades, aunque algunas pudieran hacerlo y aunque la presión tributaria ayudara a conservar temporalmente una fuerte actividad comercial por parte de los chibchas, tan extendida que a veces los españoles mismos se sorprendían de la inclinación indígena al comercio. Ante la dificultad de pagar el tributo en oro, pronto se permitió conmutar esa parte por una cantidad adicional de mantas de algodón: en 1557 tenemos el caso de una de esas conmutaciones, en la cual se cambiarán por cada peso oro 3 mantas, lo que sin duda resultaba ventajoso para el encomendero, que podía venderlas en otros sitios a un precio superior (parece que en general el valor de una manta estuvo siempre por encima del medio peso)35. Otros productos, por lo demás, se señalaban a veces como tributo, según las posibilidades productivas de cada región; entre éstos encontramos cabuya, coca, venados, sal, pescados y cal. Igualmente se añadía a veces la obligación de realizar otro cultivo europeo, muy tempranamente introducido al Nuevo Reino, la cebada.

 El uso de los indios como cargueros era general, pero alcanzaba mayor fuerza, como es natural, en las zonas de mucho tráfico o cercanas a los puertos o desembarcaderos. Particularmente onerosas fueron las obligaciones de los indios de Mompox, obligados en sus diversas tasaciones a tripular canoas y otros medios de comunicación fluvial, y de los de Vélez, que subían la carga desde el Magdalena hasta la sabana de Bogotá. Los documentos de la época afirman que estas obligaciones condujeron a la extinción muy rápida de la población local, por lo que varias órdenes reales suspendieron el uso de los indios como cargueros, aunque autorizaron a las audiencias a permitir excepciones en el caso en que fuera inevitable el uso de los indios en tal función. Las audiencias usualmente reconocieron que no existían alterativas prácticas para el transporte y legalizaron el uso de indios. Algo similar ocurrió con la fijación de obligaciones de trabajo en las minas, que fueron defendidas contra ocasionales ataques de eclesiásticos lascasianos como Juan del Valle por los encomenderos y los funcionarios. Como decía uno de estos últimos "poco aprovecha que haya ganados, que [los indios] críen labranzas que con sus manos hagan... Todo es nada, ni vale nada, ni se puede de ello hacer nada, como no haya oro, que es el ánima  de todo lo dicho..."36.

 En la región de Popayán la obligación de trabajo minero era tan amplia que en algunos pueblos los encomenderos no dejaban sino a las mujeres, a los niños y a los ancianos, que difícilmente podían hacer las siembras necesarias. La obligación minera la desempeñaban los indios bajo control de mayordomos, blancos a veces, a veces indios extranjeros (yanaconas, especialmente del Perú), que no tenían escrúpulo alguno para hacer trabajar a los indios hasta el agotamiento. En esta zona los intentos de tasación resultaron igualmente frustrados durante un buen tiempo. En 1553 fue enviado por la Audiencia Pedro Escudero para hacer la tasación, pero los vecinos de Cali se alborotaron y lograron que regresara a Santa Fe sin realizarla, y algo similar ocurrió un año después. Estos esfuerzos se habían hecho en parte ante la insistencia del obispo de Popayán Juan del Valle, quien contaba al parecer con la actitud favorable del oidor Juan de Montaño. El obispo, ante el fracaso de las autoridades civiles, decidió hacer una tasa arbitraria, que sirve como índice indirecto de lo que los encomenderos estaban sacando a los indios y que Del Valle quería disminuir: en la parte plana se fijaba a los indígenas la obligación de cultivar 10 fanegas de tierra por cada 100 indios, fuera de otros tributos menores en cabuya y gallinas; en la parte alta debían pagar dos pesos oro, una gallina y una estera por cabeza, y hacer una recolección periódica de zarzaparrilla. Las tasas son similares a primera vista a las vigentes en Santa Fe, y su ventaja para los indios locales estaba sin duda en que no se les establecían obligaciones mineras ni de carga. Por supuesto, estas medidas que carecían de sanción legal, no debieron cumplirse, a despecho de la excomunión que lanzó el Obispo contra quienes trataran mal a los indios y más bien llevaron a un enfrentamiento cada vez más agudo entre el Obispo y su grey, desarrollado en medio de acusaciones, defensas, amenazas, etc.

 Del Valle logró apoyo oficial, pues obtuvo el respaldo del oidor Juan de Montaño, que como ya se ha visto estuvo en conflicto con los encomenderos. En 1555 esto se expresó en una orden de que se hiciera la tasación de Popayán, con asistencia del obispo, y en la absolución que hizo la Audiencia de las acusaciones hechas por los feligreses contra el obispo. El punto de vista contrario a Del Valle fue sostenido por el oidor Francisco Briceño, favorable a los encomenderos, como lo era también en términos generales el Obispo de Santa Fe, Juan de Barrios. La presión del prelado de Popayán, que se expresó en la orden a los encomenderos de restituir, para poder lograr la absolución en el confesionario, los tributos cobrados por encima de las tasas o sin que éstas existieran, así como el valor de los servicios prestados gratuitamente por ellos, dio finalmente fruto con la tasación hecha en 1558 por el oidor Tomás López. En ésta se consideraron indios útiles, sujetos a tributo, todos los varones  entre 14 y 50 años, y se señaló para un pueblo en el que se encontraron 460 tributarios un tributo de 400 mantas de algodón, 450 gallinas, 15 libras de algodón hilado, 40 pares de alpargatas, 40 piezas de loza, 10 esteras de caña, 30 bateas, 40 arrobas de sal, 5 fanegas de nabos y ajos y 800 cargas de leña. Debían además sembrar en tierras del encomendero 6 fanegas de maíz y en tierras de su mismo pueblo 2 de maíz, 2 de papa, 8 de trigo y 2 de cebada, pero el encomendero debía poner los bueyes para la labor. Como se ve, el tributo era muy similar al establecido en Santa Fe, y seguía incluyendo una buena dosis de servicio personal. Igualmente se admitió que continuara el uso de indios como cargueros, pero se fijaron límites al peso que cada uno podía transportar y se ordenó que estos servicios fueran pagados. Pero esta tasa no logró tampoco la aceptación de los encomenderos, que apelaron de ella y anunciaron que no se ceñirían a ella37.

 Así, a finales del período cubierto en este volumen, la tasación de tributos comenzaba a estabilizarse bajo la influencia de las decisiones de la audiencia, que aunque cercanas en sus puntos de vista a los  intereses de los encomenderos, debían atender a la presión de la Corona española, de la legislación vigente y de sectores del clero alineados en una actitud de protección a los indígenas. El nivel de los tributos representaba una pesada carga para los indios, que debían entregarse a trabajos de una intensidad a la cual estaban desacostumbrados, pues tradicionalmente su economía había utilizado la mano de obra en forma muy ligera, con grandes períodos de ocio intercalados con las épocas de actividad.

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