La tierra en la América Equinoccial
Víctor Manuel Patiño
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Capítulo XVI

TIERRAS DE LA CORONA ESPAÑOLA

 

Separadas las tierras de usufructo por los indios, mediante el reconocimiento del derecho de ocupación tradicional o por el señalamiento de resguardos, todas las tierras restantes de las posesiones españolas en América —por el hecho y el derecho de conquista— pasaron a poder de la Corona. Pero ésta no siempre necesitaba las tierras como tales para explotarlas por sí misma, aunque lo hizo en algunos casos. En una época en que la riqueza se estimaba por el signo metálico, de preferencia interesaba aquello que pudiera convertirse en ingreso para la real hacienda. Así, el rey repartió o vendió las tierras, reservándose naturalmente el derecho sobre algunas y sobre el subsuelo, las llamadas regalías.  

Haciendas reales  

A lo largo del hemisferio americano, primero en las Antillas y luego en el continente, los reyes españoles se asignaron por conducto de sus representantes (conquistadores, adelantados, gobernadores, presidentes, audiencias, virreyes) ciertas comunidades indígenas con el territorio que ocupaban (indios y tierras de la Corona), unidades que eran manejadas por las autoridades locales o por administradores nombrados al efecto. Los productos de esas haciendas o estancias, una vez deducidos los gastos, ingresaban al erario.

Pocas fueron las ventajas obtenidas de tales explotaciones, casi siempre a causa de las personas encargadas de administrarlas, que estando su patrón al otro lado del océano, derivaban hacia la defraudación; solían tratar mal a los indios; no rendían oportunamente las cuentas o se alcanzaban, y maniobraban con los bienes públicos en su propio provecho.

Varias fueron vendidas a particulares, como lo hicieron los padres jerónimos con algunas de la isla Española.  

 

Asignación a particulares  

Fue lo más común. Dentro de la tendencia que se impuso desde el principio, de que la conquista americana fue actividad financiada y realizada por particulares y no una empresa oficial, la única manera como la Corona española podía retribuir a sus súbditos dominadores del ecúmene americano, preservando de paso su dominio eminente sobre aquéllos, consistió en otorgarles mercedes de tierras y de indios, o sea dos de los tres elementos de la producción agropecuaria y minera: tierra y trabajo. El proceso de asignación de indios para atender a todas las labores imaginables se estudió aparte (Patiño, 1993, VIII, 87-237).

En cuanto a la tierra, se aplicaron los fundamentos básicos de la legislación castellana, que consagraba tanto la propiedad individual como la colectiva, representada aquélla en las haciendas, estancias, cortijos, etc., y ésta en los ejidos, pastos comunes, tierras de propios, montes, aguas y otras de uso público.

Durante las primeras décadas a partir del Descubrimiento, los reyes hacían mercedes gratuitas de tierras, con el fin de estimular la ocupación efectiva del territorio, y asignar a los conquistadores, fundadores o colonos un medio de vida que les permitiera sostenerse en él y actuar como soldados para la defensa contra acometidas de los indígenas o contra los intentos de invasión de potencias enemigas. Al regreso de Colón el 31 de agosto de 1498 a América, trajo la Carta Patente de 22 de julio de 1497 para dar tierras a los españoles. La primera repartición se configuró e institucionalizó cuando el rebelde Francisco Roldán en Xaraguá asignó a los hombres revoltosos que lo seguían parte de las tierras que se le habían señalado. A Diego Colón, que llegó en 1508, se le autorizó para otorgar nuevos repartimientos. Esto se debía hacer de acuerdo con la categoría social del recibiente, más a los grandes, menos a los simples colonos (Moya Pons, 1987, 23; 25; 58; 72; Sauer, 1969, 96: Salazar, Mardonio, 1948, 210-211; Cárdenas Acosta, 1947, 71-72).

Así ocurrió entre otros casos con Ojeda, Ponce de León, etc., para que tuvieran dónde producir lo necesario en sus expediciones y en el comercio [Ramos (Pérez), 1970, 128-129].

Fuera de las tierras asignadas a cada adelantado o conquistador, se les autorizó a muchos de ellos para distribuirlas entre los pobladores de los lugares que fundasen. Esto se verá más adelante en el acápite 1, Repartimiento por adelantados y conquistadores . Posteriormente, ya asegurada la propiedad territorial a la mayor parte de los súbditos, las tierras fueron objeto de venta (véase el acápite Composición).

El sistema de distribución fue el de repartimientos, mediante mercedes extraordinarias, que requerían confirmación real después de transcurrido año y medio de otorgadas, y las mercedes ordinarias, concedidas en virtud de las llamadas cédulas de gracia o merced de tierras, algunas de las cuales necesitaban también confirmación (Ots, 1946, SD, 53-54; 54-55).

Pero esto no era suficiente. Para consolidar el dominio sobre una tierra adjudicada, el beneficiado quedaba obligado a cultivarla de modo efectivo y a residir en ella por un período que varió desde cuatro hasta ocho años. Esto sin perjuicio de terceros, sin agravio de los indios, sin facultades jurisdiccionales sobre los habitantes de las tierras adjudicadas y sin derecho de dominio sobre las minas que hubiere en ellas. Las tierras debían comprender porciones de buena, mediana y peor, para que hubiera una justa distribución (Ots, 1957, 39-40).

 

Mercedes para pobladores  

Durante el primer medio siglo de la dominación española se trató de fomentar la formación de pueblos y la creación de actividades económicas estables (cultivos, ganadería, algunas granjerías), para combatir las migraciones debidas a los nuevos descubrimientos, y para ir consolidando las fundaciones consideradas importantes por la situación geográfica, estratégica o por otras causas. De este tipo son las ofrecidas a los labradores profesionales peninsulares que pasaran a las Indias a ejercer su oficio, como las que se concedieron en 1518 para la isla Española, y que al renovarse en 1546 y en otras oportunidades, demostraron su poca eficacia (Ots, 1946, SD, 45-46). Del mismo tipo son las que se dieron a los pobladores de Santa María del Darién; en este caso se estipuló que no se repartieran solares a quienes los tuvieran en otras partes (Medina, 1914,I,111; Serrano y Sanz, 1918, 285; 524-527; Alvarez Rubiano, 1944, 52, 248, 438, 559).

 

 

ORGANOS DE DISTRIBUCION

 

De acuerdo con los órganos que empleó el rey para la distribución de las tierras, éstas fueron efectuadas en sucesión no siempre cronológica, por: 1. Adelantados y conquistadores. 2. Presidentes, virreyes, audiencias. 3. Delegados o jueces especiales, y 4. Cabildos. Esta última modalidad se estudiará en el capítulo XVII.

 

1. Repartimientos por adelantados y conquistadores  

La facultad dada a los descubridores y conquistadores de repartir tierras era uno de los incentivos para nuevos descubrimientos y conquistas, en la mayoría de los cuales la Corona no arriesgaba nada, sino que todos los gastos y trabajo corrían por cuenta de los respectivos interesados. En tales condiciones no se sabía de antemano ni lo que se daba ni lo que se recibía (Ots, 1946, SD, 11).

Pero los conquistadores actuaban como delegatarios de la Corona, lo que complicaba un honor, y fomentaba la creación de una aristocracia americana que igualaba o superaba (por el mayor ámbito geográfico) a la peninsular (ibíd., 12). Los títulos respectivos estaban constituidos por la autorización dada en las capitulaciones a los conquistadores para repartir las tierras; pero tenían algunas limitaciones, como reservarse la Corona la propiedad del subsuelo y de algunas otras producciones (sal, etc.); exigir la presencia del escribano o notario que aseguraba el control estatal; e imponer la ocupación real y efectiva del territorio asignado y la residencia en él por un tiempo dado (Ots, 1946, SD, 13, 31, 14, 42, 43). 

 

Tierra firme

 A Rodrigo de Bastidas se le dio la facultad de repartir “Solares e aguas e tierras de la dicha tierra” o sea Santa Marta (Restrepo Tirado, 1929, I, 27; Cuervo, 1894, IV, 106), en su capitulación del 6 de noviembre de 1524, como poco después a Pedro Fernández de Lugo (Restrepo Tirado, vol. cit., 95). También se le dio, aunque no pudo hacer uso de ella, a Felipe Gutiérrez para Veraguas y costa de Mosquitos (Cuervo, 1894, IV, 120), pero sí aplicó Diego de Artieda la de 1º de diciembre de 1573 (ibíd., 145) en Costa Rica.

Fundado el primitivo Santiago de Sompallón con 40 vecinos en tiempos de Jerónimo Lebrón, se les repartieron tierras (Restrepo Tirado, vol. cit., 128-129).   

Nuevo Reino  

Quesada distribuyó solares para los pobladores de Santa Fe y “juntamente con eso repartió los naturales” (Aguado, 1916, I,351). Esto lo hizo como delegatario del adelantado Lugo, en virtud de las capitulaciones que con éste se habían celebrado en 1535 (Hernández de Alba: BHA, XXIX, 1942, 1081-1082).

   Así lo ejecutó Suárez Rendón con anuencia del cabildo de Tunja (Cárdenas Acosta, 1947, 206).   

Popayán

 Los títulos para el repartimiento en Quito y en Popayán, como partes integrantes del Perú, o tenidas como tales, procede de la autorización dada en 1539 a Francisco Pizarro con ese objeto (Cappa, 1890, V, 101-102). Pizarro a su vez delegó los poderes en Lorenzo de Aldana, quien al llegar a Popayán usó de ellos y repartió las tierras de Popayán y de Cali. A mediados del siglo XVI el repartimiento hecho por Aldana permanecía (Cieza, 1877, 300; Arroyo, 1907, 153).

Al nombrarse a Belalcázar adelantado de Popayán y la Canela, se le dio igual autorización y usó de ella [Friede, 1960 (1962), VII, 323]. El delegó este poder en Robledo para los nuevos descubrimientos hacia el norte. Así, Robledo repartió las tierras en Cartago en enero de 1541, primero como delegatario de Aldana, y después en abril 20 cuando reconoció a Belalcázar “tornó a reformar e repartir la tierra”, no sin desagrado (Robledo: Cuervo, 1892,II,399,400; Friede: Duque Gómez, 1963,226-228; Peña, 1892, 126-128), por tener que adicionar algunos vecinos más que no estaban incluidos en el primer repartimiento (Robledo, E., 1945, 325-326; Arroyo, 1907, 192). A fines de noviembre del mismo año de 1541, repartió solares y tierras en la recién fundada Santa Fe de Antioquia (Cuervo, 1892,II,422; Arroyo, 1907,210).

Añasco repartió en Timaná (Arroyo, 1907, 155), amparado en la misma autorización de Aldana.   

Quito

  Véase numeral siguiente.   

Perú

  Francisco Pizarro repartió antes de la batalla de Salinas las tierras a los que le acompañaron en la prisión de Atahualpa; después autorizó a los conquistadores de Charcas para hacer lo mismo con los que vinieron acompañando a Almagro y Alvarado, reparto que a su vez confirmó (Garcilaso, 1960, III, 169, 171).

Existe una lista de los solares —cerca de 130— repartidos en Lima por Pizarro a raíz de la cédula de 1536 (Cobo, 1956, II, 303, 305).  

 

2. Repartimientos por gobernadores, audiencias, presidentes y virreyes  

Al gobernador de Cartagena se le autorizó por cédula de 31 de octubre de 1543 para repartir tierras a los vecinos [Friede, 1960 (1962), VII, 94-95].

El presidente Venero de Leiva repartió tierras realengas en el Nuevo Reino de Granada, con miras a aumentar la producción agrícola:  

“Proveyó tierras fértiles baldías, adonde cultivasen los vagantes, de cuyas posesiones hoy resulta abundancia de mieses y ganados...” (Castellanos, 1955, IV, 515).

El mismo presidente dice en 1573 que fundó cinco ciudades y repartió más de 2.000 caballerías (Friede, 1976, VI, 219).

Durante el gobierno del Presidente Juan de Borja (1605-1627) se entregaron para beneficio público casi todas la tierras realengas del territorio que ocupa el actual departamento de Cundinamarca (Hernández de Alba, BHA, XXIX, 1942, 1086).

En tiempos del virrey Guirior se hicieron nuevos repartimientos de tierras realengas (Silvestre, 1950, 97-98).

A la Audiencia de Quito se le autorizó por cédula de 8 de septiembre de 1563, dada a petición de Francisco Atabalipa, para que interviniera en el reparto de tierras y solares, que los ediles, por ser los mismos interesados, habían distribuido caprichosamente (Garcés G., 1935,1,43-44). Pero más adelante, estas disposiciones se atemperaron, y así, en cédula de 4 de octubre del mismo año, se estipuló que el reparto se hiciera previa consulta entre el cabildo y la audiencia para cada caso (ibíd., 64-65).

El Presidente La Gasca, quien gastó tres meses confinado en Apurimac en reparto de tierras (Garcilaso, 1965, IV, 9), mandó también visitadores a todas partes a retasar y repartir solares, como después lo hicieron varios virreyes (Calancha, 1639, 771).  

 

3. Repartimientos por visitadores, delegados o jueces especiales  

En realidad estos no fueron repartimientos, sino ventas que hacía la Corona de algunas de sus tierras. Los apuros económicos de los monarcas españoles, por el sostenimiento de guerras ruinosas en Europa y por el desgobierno y la mala administración, llevaron a Felipe II a dictar cédulas en 1589 y 1591, y después a los otros monarcas una serie de ellas para “componer” las tierras de la Corona que sin legítimo título se poseyesen, aceptando la política del hecho cumplido. Las disposiciones sobre la manera como esto debía hacerse se fueron perfilando y definiendo con el tiempo (Escalona Aguero, 1941, 243-257; Cappa, 1890, V, 110-139,111,113; Ots, 1946, SD, 72-73, 74-76). Otra cédula sobre lo mismo se dictó el 27 de mayo de 1631 (Arboleda, 1928, 107-108; Ots, 1946, Bog., 132-133).

Para aplicar estas disposiciones y para acelerar el recaudo de las sumas que se esperaba obtener con la medida, se nombraron visitadores o jueces especiales. El primero que vino a la gobernación de Popayán fue Antonio de San Isidro Manrique, quien llegó a Cali hacia 1637 a aplicar las disposiciones dadas especialmente para el caso desde 1631; como resultado de esta primera visita, sobre la cual hay pocos detalles, aumentó el valor de las tierras y disminuyeron los latifundios (Friede, 1944, 48; Arboleda, 1928, 107-108). Lo mismo ocurrió en Buga en ese mismo año de 1637 (Tascón, 1939, 16-17). Uno de los que había “compuesto” parte de las tierras de la hacienda de Cañasgordas, situada al sur de Cali, fue Nicolás Caicedo Hinestroza, terrateniente que murió en 1735 (Arboleda, 1928,295). En 1668 vino el visitador Diego de Inclán Valdés. En 1692 hubo nueva visita de Pedro Salcedo Fuenmayor, quien por enfermedad delegó en Tomás Rosero Zambrano entre otras cosas “examinar la composición de las tierras y sus límites” (ibíd., 193). En la composición de 1714 no hubo nada que cambiar, por la postración económica de esos años, que había dado como resultado productividad escasa y poco precio de las tierras (ibíd., 232). Un funcionario especial para componer y rematar llegó a Cali en 1736, con jurisdicción sobre ese distrito y sobre Buga, Cartago, Calima, Dagua, Anchicayá y Raposo (ibíd., 300).  

Composición  

Se entiende por tal el proceso de sanear la posesión de tierras que no habían sido legalmente adquiridas sino usurpadas, o reafirmar la propiedad de las que hubieran sido bien habidas. En ambos casos el teniente o propietario debía probar la situación, para que le fueran confirmadas las segundas y para poder adquirir legalmente las primeras.

En el Nuevo Reino también se conoció la composición (Groot, 1889,I, 302-303). Al Presidente González se le ordenó en 1591 hacer revista, y nombró comisionados con el fin de extender títulos a los interesados que se pusieran al día [Plaza, 1850(1984), 229]. Ese funcionario hizo ingresar al erario por dicho concepto más de 200.000 pesos (Calderón, 1911, 364-368). Las tierras que no fueron compuestas o pertenecientes a resguardos se declaraban vacas (ibíd., 367).

Una cédula de 1721 sobre la materia le tocó aplicarla al visitador Diego de Zúñiga; algunos religiosos quisieron eludirlas (Groot, 1890,II, 22).

En Antioquia varios gobernadores estuvieron autorizados para hacerlo. Así, Miguel de Aguinaga compuso algunas tierras de la ciudad de Antioquia a 2 de marzo de 1676 (Restrepo Sáenz, 1944, I, 136) y José de Yarza en 1715 las de Medellín, Rionegro y Marinilla (ibíd., 172).

En el Ecuador ocurrió lo mismo (Garcés G., 1946,II,487-488). El obispo de Quito Fr. Luis López fue uno de los encargados de llevar a cabo la composición (Cappa, 1890, V, 111, 113).

En Venezuela a comienzos del siglo XVII entraron por ese concepto a las cajas reales 96.928 maravedís (Arcila Farías, 1946, 120).

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