Efectivamente, al siguiente día de su llegada, antes de tomar posesión del ministerio, representó al Vicepre­sidente, en asocio del general López, pidiendo que los que fueron ministros de Estado en la administración del general Urdaneta, presentasen los documentos en que fundaron su acusación de ser ellos los asesinos "del des­graciado Gran Mariscal de Ayacucho", y que si no lo hacían, se les exigiese que afianzasen la calumnia y se les hiciese responder ante la ley.

El Vicepresidente se indignó al recibir esta represen­tación viendo el lazo que se tendía a un hombre que tan noblemente se le había entregado en Apulo, con quien había convenido en que se olvidaría todo lo pasado, y que por su parte había cumplido cuanto ofreció. Resuel­to a todo antes que consentir en semejante iniquidad, fue en persona en la misma noche a la casa en que estaba retirado el general Urdaneta, a manifestarle el ^{peligro que corría, y aconsejarle que acelerase su salida, pues que ya tenía su pasaporte, porque aunque él era llamado jefe de la Nación, no podía sostener la lucha con los verdaderos dominadores del país, y menos podría salvar­le de una asechanza. En efecto, el ilustre proscrito partió furtivamente en la noche del 28 con el coronel Vicente Vanegas, comandante general del departamento, quien a solicitud amistosa del señor Caicedo se prestó a ello y le acompañó ocho leguas, hasta que lo dejó bajando la cordillera en el camino de Honda. Este acto de genero­sidad del coronel Vanegas le hace tanto más honor, cuan­to que era partidario del general Obando y uno de los concurrentes a las juntas morenistas.}

La señora Dolores Vargas París, hija de uno dé los próceres de la Independencia, que fue fusilado en el pa­tíbulo realista, natural de Bogotá, de extensas relaciones de familia, y esposa del general Urdaneta, tuvo que se­guirle dos días después con sus hijos, aún no salidos de la infancia, y entonces fue que vinieron a saber los perseguidores de su esposo que se les había escapado la pre­sa, con la que ya creían saborearse.

No es cierto qué el general Obando se conformase con reconvenir al señor Caicedo y que éste implorase su generosidad en favor de un desgraciado, y lo niego, con la historia en la mano. El señor Restrepo dice:

"Por el mismo tiempo habían marchado para salir del territorio ciento diez entre oficiales y jefes, unos por Cúcuta y otros por el Magdalena, quitándose por tanto este motivo de alarma para los liberales. Empero, no ha­bían cesado las quejas contra el Vicepresidente porque dejó ir a Urdaneta y a otros militares contra quienes existían reclamaciones judiciales. Decían que Caicedo es­taba empeñado en favorecer a todos los que ejecutaron la revolución de agosto y que no queriendo hacer daño a nadie, promovía la impunidad del crimen. Obando y López estaban acaso más disgustados que- los otros por la partida de Urdaneta; ellos pidieron que se les suspen­diera el viaje, y aunque se les concedió, nunca tuvo efecto".

Y ¿por qué no tuvo efecto? Porque los samarios, principalmente el señor Esteban Díaz Granados, goberna­dor de la provincia, le protegieron para que se embar­cara, pues la requisitoria llegó a Santa Marta estando aún allí.

Todos los amigos del general López vimos con pro­fundo disgusto que hubiera tomado parte en aquella persecución contra un hombre a quien ofreció ante Dios y el mundo olvido de lo pasado; cuya mano había estrecha­do en señal de reconciliación; de quien recibió un re­galo que hablaba, porque en aquellas pistolas que le dio Urdaneta no quiso darle una rica alhaja, sino que quiso decirle al ponerlas en sus manos: "general, confío en vuestra palabra de caballero, y os entrego mis ar­mas quedándome indefenso".

Indudablemente el general López hizo aquello con disgusto. No podía ya resistir a las exigencias de sus copartidarios, y principalmente a las del general Obando, con quien se hallaba tan íntimamente ligado, y temiendo perder enteramente su posición entre ellos, cedió.

El general Urdaneta fue recibido en Venezuela con las consideraciones que merecía para todos los que estima­ban en algo la epopeya de la guerra de la independencia y las glorias de COLOMBIA; se le reconoció en Su alto grado de general en jefe (capitán general); sus antiguos compañeros de armas lo rodearon, orgullosos de tenerle en su compañía; el general Páez, Presidente a la sazón de aquella República, y que había servido bajo sus órdenes como subalterno, le prodigó respetuosas y cordiales atenciones. En fin, el ilustre veterano encontró en su patria nativa un consuelo a las aflicciones que amarga­ron los últimos días de su residencia en su patria adop­tiva.

Nombrado, más tarde, enviado extraordinario y mi­nistro plenipotenciario de la República de Venezuela cerca del Gobierno de España, le cogió la muerte en Eu­ropa, lejos de su esposa y de sus hijos. Era candidato para Presidente de la República aceptado por todos los partidos, cuando llegó a Venezuela la triste nueva, y se le reemplazó con el general Monagas. La suerte que co­rrió aquel país con este cambio es demasiado conocida, y no es de mi incumbencia tratar de ella.

XVIII
 

Con la posesión del general Obando del ministerio de la guerra, "los liberales exaltados -dice el señor Restrepo- esperaban conseguir con su apoyo las medidas reclamadas en las juntas del 16 al 18 de mayo; así re­doblaron sus esfuerzos para vencer la calma y la fuerza de inercia que les oponía Caicedo".

Como esto era imposible porque el Vicepresidente es­taba resuelto a ceder hasta cierto punto, pero no consen­tir en fusilamientos, que era lo que se quería, pensaron atropellar por todo y derribarlo.

"Celebran, pues, al efecto otra junta revolucionaria convocada por Moreno -continúa el señor Restrepo-, a la que asisten López, Mantilla, Posada, Montoya, y otras muchas personas militares y civiles. El proyecto de varios era hacer una asonada contra el Vicepresidente, porque no perseguía a los bolivianos, enemigos del siste­ma liberal; porque no les quitaba los empleos que te­nían y los desterraba fuera del país. Moreno y el coman­dante general del departamento de Cundinamarca, Vi­cente Vanegas, se habían avanzado hasta formar lista de los proscritos, que publicaron por la imprenta. De los civiles, los hermanos Azueros, el doctor Joaquín Suá­rez y otros, entre los que había algunos militares, se pro­nunciaron decididamente contra el Gobierno y por las medidas violentas, López, Posada, Montoya y los jefes de los cuerpos se declararon por sostener al Ejecutivo, para que no se le arrancaran por la fuerza providencias indebidas. Por consiguiente los revolucionarios nada pu­dieron adelantar, y salieron  muy disgustados de aquella junta".

Por mi nota de La Plata al general Obando propo­niéndole un armisticio, por las posteriores al general Ur­daneta, y más por el hecho de Fute, había yo adquirido cierta celebridad pasajera, pero que en aquellos mo­mentos obligaba a que se me considerase; por otra parte, mi división estaba fuerte e imponía respeto; los corone­les Espina, Montoya, Acevedo, González y otros jefes formábamos una liga, resueltos a sostener al Gobierno a todo trance. Mientras el general López estuviera con nosotros éramos invencibles, pero aunque lograran se­parárnoslo, éramos respetables. Por eso fui citado a la junta, por primera y única vez.

El general López estuvo en ella incomparablemente digno: guardó mesura en sus palabras, no se exaltó como la primera vez; mas hizo entender en términos po­sitivos que sostendría al Gobierno al frente de la divi­sión Cundinamarca y demás tropas de que podía dispo­ner, al menor amago de que se intentara desconocerlo.

"Sin embargo -continúa el señor Restrepo- consi­guieron ganar prosélitos para dar otro paso indebido. Al día siguiente los generales López, Moreno, Antonio Obando y Mantilla, junto con los coroneles Orta y Juan José Molina, dirigen al Vicepresidente una petición en que solicitan: 1º, que se renueven el Ministerio y el Con­sejo de Estado, y que en estas corporaciones no tengan parte los que hayan pertenecido a las administraciones de Bolívar y Urdaneta; 2º, que haya una reforma de la lista civil en el mismo sentido, disminuyendo también su número; 3º, que iguales reformas se hagan en la

lista militar; 4º, que se juzgue a los individuos, que expresan, que habían sido los más activos sostenedores del Gobierno de Urdaneta, y que se destituya de sus be­neficios a varios curas..."

"Esta petición, que se leyó cuando estaban reunidos los ministros, fue apoyada por Obando, con cuyo acuer­do parece haberse dirigido, e hizo una fuerte sensación en el Consejo. En el acto los ministros Castillo y Men­doza dijeron que siendo dirigida contra ellos, desde aquel mismo instante dejaban el ministerio Caicedo la miró con indignación, y no quiso consentir en el retiro de los dos ministros, que a pesar de esto insistieron en su re­nuncia".

El público en general, y los militares que apoyábamos al general López en su oposición a los enemigos del Gobierno y de su política conciliadora, vimos, con sor­presa y extremo pesar, su firma en un documento que estaba en contradicción con sus manifestaciones hechas en las juntas morenistas, que rompía el convenio de Apu­lo en lo que tenía de más útil y de más sagrado, y que nos hacía temer que se nos separase enteramente. Creo que él plegó por temor a las parlerías de los liberales, que lo tachaban de débil e indeciso, y porque le parecía que caía si perdía su posición con los exaltados, cuando, por el contrario, se realzaba marchando derecho en el camino del honor y del deber que había tomado desde el principio. Esas situaciones ambiguas no se pue­den sostener en política; hay que decidirse por una cosa u otra y partir derecho en la vía que se tome.

Ya habían salido para Venezuela y las Antillas la mayor parte de los jefes y oficiales proscritos; no que­daban sino unos pocos de esos que siempre están en apu­ros pecuniarios, y a quienes no era posible emprender a la ligera un viaje tan largo y dispendioso. No había el menor riesgo de perturbación del orden público por parle de ellos; sin embargo, cuatro días después de Po­sesionado el general Obando del ministerio de la guerra, se expidió un decreto mandándolos salir en el término de setenta y dos horas, "en inteligencia que no habiéndolo verificado en el expresado término -decía el decreto- serán perseguidos y juzgados como conspirado­res y perturbadores de la tranquilidad pública por sus hechos anteriores", es decir, serán fusilados. Los infeli­ces tuvieron que irse cómo pudieron, varios de ellos a pie, con sus maletas al hombro, pidiendo limosna. Este decreto lo llevó redactado el ministro de la guerra, al despacho. El vicepresidente opuso dificultades para fir­marlo como innecesario y violatorio de su palabra tan solemnemente empeñada, pero nada consiguió, y aflojan­do a la presión que se ejercía sobre él, tuvo que ceder, haciendo el sacrificio de socorrer de su peculio a los más necesitados para que pudiesen alimentarse algu­nos días en el tránsito. A cada cosa de estas quería se­pararse y darse por destituido, y entonces tenía que ce­der a otra presión: a las súplicas de los más respetables ciudadanos, aun de aquellos liberales que merecían el título de tales, y no aprobaban las demasías de sus co­partidarios. "Si dejáis el puesto todo será peor, algo impedís en él", le decían, y el señor Caicedo se resignaba, por evitar el desborde que algún tanto contenía.

A los granadinos, que no estaban destinados a salir de la República, se les dispersó a varios pueblos en clase de confinados. Respecto de ellos dice el general Obando en su libro:

"La capital estaba plagada de los mismos perjuros, traidores, asesinos y criminales que habían inundado en sangre la República, y en ninguna parte podían perjudi­car tanto como en ella. Consultando el Gobierno las me­didas que deberían tomarse, me ordenó expedir pasapor­te a esos malhechores para diseminarlos a varios puntos a donde no encontrasen los elementos que en la capital".

¿Qué podían hacer, en qué podían perjudicar unos pocos hombres sin crédito, sin influencia, desarmados, abatidos y pobres? ¡No! no era el peligro el que dictaba esas medidas, en cuyo caso la necesidad las habría justificado, era el furor de la persecución.

Todavía esto les pareció poco: el ministro de la gue­rra en el Consejo de Estado y el doctor Azuero, como consejero, querían mas. Después de exagerar peligros que no existían, propuso el segundo, de acuerdo con el primero:

"Que se consulte al Gobierno, declare solemne y formalmente, publicándose en la Gaceta y comunicándose a

rodas las autoridades, que no existe el convenio de Apu­lo por haber sido roto por los mismos facciosos".

El fundamento de esta falsa proposición era que los jefes y oficiales de la división Callao no quisieron salir a unirse al ejército del Gobierno, cuando fueron llama­dos pero no decían el porqué se retardaron en obede­cer aquel llamamiento, lo que cuando más los habría he­cho responsables personalmente de desobediencia, pues cumplido el convenio en todas sus partes por el general Urdaneta, quedó un hecho consumado. También alega­ron de nulidad del convenio diciendo que Briceño había combatido en Cerinza violando el armisticio. Para des­vanecer este miserable sofisma, basta confrontar las fe­chas: cuando se celebraron el armisticio y el convenio, ni Briceño sabía allá sobre Cerinza que se negociaba en el cantón de Tocaima, ni el general Urdaneta sabía que el General Moreno había pasado la cordillera y se com­batía en Cerinza. Esto no lo supo sino en Funza a su re­greso de Apulo, y en el acto lo comunicó al Vicepresi­dente. Es seguro que si como Briceño fue vencido hubie­ra sido vencedor, se habría sostenido la vigencia del convenio por todos los que sostenían, vencedores, su nuli­dad. Otras proposiciones se hicieron sobre destitución de los empleados públicos; declaratoria de nulidad de los grados militares concedidos por el general Urdaneta; acusación de los impresos que llamaron sediciosos, etc.; proposiciones todas en consonancia con la primera. La acusación de los impresos tenía por objeto perseguir a los que habían dicho algo por la imprenta contra los gene­rales Obando y López sobre el asesinato del Mariscal de Ayacucho. El Vicepresidente nada dijo oficialmente acer­ca de esta consulta, pero cuando le habló el ministro de la guerra privadamente para que la resolviera, le contes­tó irritado que jamás rompería un convenio que había jurado sostener, y que sostendría mientras le fuera posi­ble; que demasiadas concesiones había hecho, contra su literal sentido, por no empeorar las cosas; que la Con­vención resolvería lo que a bien tuviese, y que a ella ocu­rrieran los partidarios de proscripciones y más persecu­ciones. Sin embargo, el ministro de la guerra continuó ejerciendo su rigor contra los militares del partido caído que aún estaban a su alcance.

XIX
 

Desde fines de marzo empezaron a moverse los departamentos en el sentido de la restauración del Gobier­no caído en agosto de 1830, y ya en junio todos, excepto el Istmo, que estaba en guerra civil local, habían re­conocido al Vicepresidente en virtud de su decreto de Purificación. Los pormenores del modo como se verificara en ellos este cambio están escritos prolija y exac­tamente por el señor Restrepo, y nada tengo yo que aña­dir, comentar o glosar respecto a lo que este distinguido historiador ha referido sobre ellos. Sin embargo, en ob­sequio de los que no hayan leído aquella historia, si es que leen este pobre libro mío, les diré, más por la sin­gularidad de la cosa que por la importancia que tenga, que los corifeos de la reacción de la provincia de Car­tagena fueron el general Luque, conocido ya de mis lec­tores, y el coronel Vesga, ambos vencedores de los libe­rales que combatieron en Sans Souci; que el general Lu­que fue declarado liberal y protector de los pueblos; que el general Montilla entregó la plaza de Cartagena por capitulación, la que al ocupar el ejército libertador, y el protector Luque la ciudad, fue, violada, haciéndose tanto caso de ella, como por acá del convenio de Apulo; que en Santa Marta lo fue el general Carmona, que había resistido jurar la Constitución del año de 30, y re­conocer a los magistrados nombrados por el Congreso constituyente, y no cedió sino por la intervención del Libertador y por la resolución del general Montilla, co­mandante general, y del señor Defrancisco Martín, pre­fecto del departamento; que el general Portocarrero, aquel del movimiento del batallón Granaderos y el es­cuadrón Húsares de Apure, que, no reconocido como ge­neral en Venezuela, se había ido a Santa Marta, fue el segundo de Carmona. De manera que de los cuatro re­generadores, restauradores, libertadores y protectores de las provincias de Cartagena y Santa Marta, los tres eran venezolanos de los más comprometidos, en sentido con­trario en los trastornos anteriores. "Liberales de nuevo cuño" los llama el señor Restrepo, y aun es suave la ca­lificación si se tiene en cuenta el trato que dieron a sus paisanos y antiguos copartidarios.

Respecto del departamento, hoy Estado de Antio­quia, tengo que decir algo más.

El coronel Salvador Córdoba, que era boliviano, co­mo consta por su propia confesión, guardó silencio sobre los acontecimientos de agosto de 1330 y se mantuvo tranquilo mientras vivió el Libertador. Muerto éste, y ha­biendo llegado a su noticia el estado de la República en marzo de 1831, empezó a dar pasos por algunos pueblos, que inquietaron al coronel Castelli, comandante general del departamento por el Gobierno del general Urdaneta, quien lo hizo prender, junto con algunos otros a quienes calificaba de perturbadores del orden, les puso gri­llos y los mandó para Cartagena. En Nare fueron entre­gados los presos al capitán Bibiano Robledo, antioque­ño, para que con el destacamento que estaba a sus ór­denes en dicho pueblo, compuesto también de antioque­ños, los condujese a su destino. Para que su escolta se convirtiese en su guardia de honor, no tuvo Córdoba más que dirigirles la palabra. Castelli había cometido algunas tropelías de esas que enajenan. las voluntades y se pagan tarde o temprano a la menor ocasión. Así fue que Córdoba, que con su guardia volvió a internarse en el departamento por los pueblos del norte, no encontró sino amigos por todas partes. El antioqueño tiene una cuali­dad que muchos le censuran y que yo aplaudo: antes que todo es antioqueño, y para todo antioqueño el proverbio de "a los nuestros con razón o sin ella" es un undécimo mandamiento añadido al Decálogo. Ojalá los cartageneros fueran lo mismo. Castelli, piamontés, de ca­rácter agrio, y mandando antioqueños, no podía luchar en Antioquia con Córdoba, querido de sus paisanos, y aunque demasiado bueno, valiente y activo. Así fue que en pocos días, ayudado por todos y dirigido por el joven doctor Mariano Ospina Rodríguez, triunfó a muy poca costa de su adversario que cayó en sus manos. Como Salvador Córdoba no era hombre de matanzas, impidió que Castelli fuese fusilado, como querían los enérgicos, que piensan que si no se fusila no se hace nada bueno, y siguiendo el consejo del joven Ospina, se apresuró a mandarlo preso a esta ciudad por evitar que sin su conocimiento, alguno lo asesinase. Eso sí, trajo el correspondiente sumario, cosa de que no se olvidan los abogados. Vamos a ver porqué he hecho esta relación.

Inmediatamente que llegó Castelli se le redujo a un calabozo; se le pusieron grillos; en tres días fue juzgado por el comandante general del departamento, condenado a muerte con el dictamen del auditor de guerra, y puesto en capilla para ser ejecutado al día siguiente, ¡todo en virtud del decreto sobre conspiradores por el que fueron juzgados los conjurados del 25 de septiembre! Tal escán­dalo causó la mayor sensación en Bogotá; se vio el prin­cipio de una serie de ejecuciones semejantes que conster­nó a muchas familias; el Vicepresidente se indignó pero se le negó la facultad de interrumpir el curso de la jus­ticia. El doctor Azuero voló al ministerio de la guerra y reclamó del general Obando aquel procedimiento, mani­festándole que el decreto en que se fundaba estaba dero­gado, y aconsejándole que mandase juzgar al reo en con­sejo de guerra de oficiales generales. El consejo del doc­tor Azuero suponía el juicio seguido por todos sus trá­mites, conforme al formulario de procesos militares. Pero esto era muy tardío, y así lo que se hizo fue mandar sacar al acusado de capilla y convocar en el acto un con­sejo de guerra, que se reunió de carrera, y que debía fallar por lo actuado por el comandante general del de­partamento, conforme al decreto derogado: de manera que la cuestión quedó reducida a que en lugar del co­mandante general fuese una comisión militar, nombrada ad hoc, la que dictase la orden del asesinato en forma de sentencia.

Yo me hallaba en el ministerio de la guerra despidiéndome del general Obando -José María- para irme unos quince días a Guaduas, en uso de una licencia que había obtenido para reponer mi salud. Ya me levantaba para salir, cuando entró apresurado el teniente coronel Vicente Anaya, que vive, y me dijo:

-Mi coronel, el señor general Antonio Obando llama a usía a casa del auditor de guerra.

-¿Sabe usted para qué? pregunté a Anaya.

-Es porque el coronel Castelli ha nombrado a usía su defensor, y el consejo de guerra que está reunido se ha suspendido esperando a usía, me contestó.

Yo sabía todo lo que había pasado hasta que se sacó de capilla a Castelli, y en el momento comprendí lo que estaba sucediendo. Vamos, dije a Anaya, y salimos.

Durante este corto diálogo estuvo el general Obando escribiendo sin levantar la cabeza. Al despedirme lo hi­ce en dos palabras -"Adiós, señor general" -"Adiós, coronel".

En el tránsito del ministerio a la casa del auditor me informó Anaya de lo que yo ignoraba. Al pasar cerca del atrio de la catedral vi al Vicepresidente agitado ha­blando con un gran número de personas que lo rodea­ban, y al coronel Piñeres, que se paseaba. Muchas perso­nas de las que allí había me siguieron. Costó inmenso trabajo entrar a la casa: la sala, el corredor, el balcón, todo estaba lleno de gente de lo más distinguido de la ciudad. La ansiedad era extraordinaria. Se me hizo cam­po, entré, vi sus amigos y compañeros míos sentados y presididos por el general Antonio Obando, segundo jefe del ejército. Castelli, pálido, extenuado, sentado en un banco sin espaldar, tenía un papel en la mano, cuya lectura interrumpió a mi entrada. Un silencio profundo reinó por algunos minutos en la sala, mientras yo, me incorporé y me dirigí al general que presidía.

-Señor general, le dije, he sido llamado en vues­tro nombre, aquí estoy ¿para qué se me ha llamado?

-El coronel Castelli, a quien se está juzgando en consejo de guerra, por orden del Gobierno, ha nom­brado a usía su defensor, y este es el objeto con que se le ha llamado, me contestó el general.

-Y usía y los seis jefes que están aquí ¿con qué carácter están reunidos? pregunté, ya en un estado de irritación que no podía dominar.

-Estamos reunidos en consejo de guerra de ofi­ciales generales, me replicó el general, en extremo al­terado.

-¿Para juzgar a quién? volví a preguntar.

El general se puso de pie y me gritó:

-Al coronel Castellí, se os ha dicho ya, señor co­ronel.

-Pues entrégueseme el proceso por el término que previene la ordenanza, para hacer mi defensa escrita, porque hasta ahora no sé por qué delito se juzga al coronel, repliqué yo en alta voz.

En la numerosa concurrencia apiñada en la sala no se oía ni respirar. El general, que observó el interés que el público manifestaba en la escena, conoció que estaba en una posición falsa, y me dijo en un tono en el que casi no se percibía lo que hablaba:

-Al coronel Castelli se le juzga por conspirador; el consejo está reunido, y vuestra defensa debe ser ver­bal; ya el coronel Castelli ha leído la suya escrita.

-Pues, señor general, repliqué, si es así, yo no me encargo de la defensa del coronel Castelli, porque como conspirador no la tiene. Este acto me prueba que el con­venio de Apulo está roto en lo más sustancial, aunque otros me habían ya probado que no se hacía caso de él.

Castelli me miró suplicante. En el público hubo un rumor de improbación; pero yo continué dirigiéndome a los del consejo:

-No, señores, yo no puedo defender al coronel Castelli pero quiero defenderos a vosotros; esto es, quiero impedir que derraméis sobre vuestras cabezas la sangre de un hombre a quien se os ha llamado a sa­crificar, no porque fuera conspirador, como lo fue el coronel ^{Piñeres, a quien acabo de ver al venir aquí, y como no fui yo. ¡No, señores! lo repito: el Coronel Cas­telli no se encuentra sentado en ese banco por conspi­rador, sino porque publicó un artículo en un periódico en el que acusaba a los generales Obando y López de asesinos del Gran Mariscal de _Ayacucho.}

La casa tembló bajo los aplausos del público.

---Al orden, al orden, gritaron algunos de los miem­bros del consejo.

-Aquí no hay orden que guardar: todo es desorden. Vosotros no estáis constituidos en consejo de gue­rra; sois una junta de hombres escogidos, no para dictar una sentencia con arreglo a las leyes, sino para autorizar con vuestra firma el más odioso de los asesi­natos: el asesinato disfrazado con el ropaje de la justicia.

Los aplausos redoblaron; los gritos de "al orden, al orden" se repitieron. Yo tomé mi sombrero.

-Compañeros y amigos míos, me retiro, les dije. Ya no tengo que hacer aquí; meditad bien mis palabras, salvaos y salvad la patria del oprobio que caerá sobre ella y sobre vosotros si sacrificáis a ese hombre, contra todas las leyes divinas y humanas. Y me salí de la sala y de la casa, seguido por una multitud que se dispersó comentando con exaltación lo que acababa de suceder.

Yo estaba tan excitado cuando hablé, que no pensé en las consecuencias que podía acarrearme aquel lance, tan peligroso para mí en las circunstancias en que se hallaba el país; algunos amigos me alarmaron; pero nunca, ni el general Obando ni el general López, me dieron motivo de queja, ni la menor muestra de que guardaban rencor por aquello. Por otra parte, no hay motivo alguno para pensar que el segundo hubiera tenido intervención en aquel procedimiento. Usando de la Ii­cencia que tenía me fui para Guaduas, en la madrugada del día siguiente, y allá supe que el consejo de guerra, como se llamaba, apenas salido yo de la sala, se ocupo en discutir la cuestión promovida por mí, y resolvió suspender la sesión y consultar al Gobierno si el convenio de Apulo estaba vigente, y si en el caso de estarlo se hallaba comprendido Castelli en él. La duda se fundaba en que Castelli había sido derrotado el 14 de abril y hecho prisionero el 15, y habiéndose celebrado el conve­nio el 28 de dicho mes, no estaban en armas, y por consiguiente no le comprendía. ¡Ay del vencido!, dijo Bre­no. Si Castelli hubiera sido vencedor, semejante duda no habría ocurrido. No me son conocidos los términos precisos en que se resolviera esta consulta; pero el he­cho es que se consideró un punto de honor del Gobier­no, o lo que es lo mismo, de la secretaría de guerra, que Castelli fuese juzgado por el mismo consejo y conde­nado; que la sentencia se pasase a la corte marcial que la aprobaría, y que el Gobierno la conmutara en desti­tución y destierro perpetuo del país. Mientras esto se hacía, estaba Castelli, sin hierros, preso en la guardia principal, de muy diferente manera de como lo estuvo al principio, y se le permitía salir a la puerta de la ca­lle. En uno de esos momentos, para asegurarse más, y protegido por el comandante Anaya, corrió al atrio de la catedral, y se paró en la puerta: tomó iglesia. Esto faci­litó la conmutación de la pena y dio a esta resolución un colorido más favorable al Gobierno.

El general Obando en sus Apuntaciones para la histo­ria, refiere este suceso de una manera del todo diferen­te; pero viven miles de personas que saben que las cosas pasaron como yo las digo, y muchos que las presen­ciaron.

Salvo ya Castellí del patíbulo, fue acusado su artículo ante el jurado, y compareció en medio de una escolta, que con bayoneta armada le rodeaba. Por toda defensa dijo que no tenía pruebas con qué sostener lo que había escrito, y efectivamente pruebas legales no había; que la exaltación del espíritu del partido le había precipitado a hacer aquella publicación. El general Obando, que es­taba presente, desistió de la acusación, dice:

"Jamás me vi tan elevado como cuando vencedor comparecí en un tribunal al nivel de un prisionero de guerra, reclamando mis derechos ante la ley".

XX
 

El mismo día de haber tomado posesión del minis­terio de la guerra el general Obando, presentó al Vice­presidente un proyecto de decreto, redactado por el señor Azuero, restableciendo en su empleo y honores al general Santander. El Vicepresidente le expuso que no tenía facultad para alterar una sentencia pronunciada conforme a las disposiciones vigentes cuando se dictó; pero que sin embargo firmaría el decreto si se pres­cindía del segundo de sus fundamentos, que decía:

"Considerando que después de una carrera sembrada toda de merecimientos, y llena de servicios eminentes, fue solamente por la inflexibilidad y denuedo con que, defendió los fueros y libertades del pueblo que se le despojó de los grados y honores adquiridos en premio de sus servicios, y se le condenó a los tormentos de la expatriación", etc.

La aprobación de este "considerando" era la apro­bación explícita de la conjuración del 25 de septiembre de 1828 contra la vida del Libertador, pues por causa de ella fue que se procedía contra el general Santander, y no porque hubiera defendido, con inflexibilidad y denuedo, las libertades y los intereses del pueblo. Decla­rar esto por un Decreto era muy delicado para el jefe de la nación, como lo sería hoy mismo hacerlo de la mis­ma manera. El general Santander negó siempre haber tenido parte en aquel trágico suceso; pero conforme a las disposiciones vigentes, merecía la pena que se le im­puso, porque se comprobó que tuvo noticia anticipada del intento y no lo denunció. Estos hechos no se justi­fican ni se condenan por decretos, ni aun por sentencias: sus jueces son la opinión del mundo y la historia. El ge­neral Santander merecía sin duda por otras razones, y por su mérito anterior, volver a su país, reintegrado en su empleo y honores; pero no por motivo en que se fundaba el decreto, y el Vicepresidente tenía razón en rechazarlo.

También exigió que se reformase el tercer "conside­rando", que decía:

"Todos aquellos ciudadanos que han sido condena­dos a presidio, a la confinación en alguna isla o pro­vincia, o expulsados de la República en castigo de sus opiniones o de sus esfuerzos por la libertad, quedan igualmente restituidos a sus derechos y honores", etc.

Esta era una aprobación más terminante aún del atentado, y no sólo una aprobación sino elogio, no ya de un ciudadano eminente a quien no se probó partici­pación directa en aquel hecho, sino de los conjurados convictos y confesos que lo ejecutaron, dando a unos la muerte y causando la de otros muchos.

Siete días resistió el concienzudo Vicepresidente fir­mar el decreto. De ello se le hacía un crimen en los con­ciliábulos liberales, y al fin se vio forzado a firmarlo, porque no había remedio: o cedía a cuanto se le exi­gía, o tenía que darse por destituido, y este era el peor de los males; pues algunas demasías evitaba, y su sepa­ración del puesto habría traído por consecuencia la ti­ranía sin freno de la demagogia, que es la más terrible de todas las tiranías.

Sin embargo, muchos le censuraban sus condescendencias, y se hacían comparaciones. Los vencedores en El Santuario; se decía, no exigieron antes de lanzarse a las vías de hecho, ni después de su triunfo, tantas cosas como las que los llamados restauradores exigían después.

En los primeros era un delito imperdonable el que tratara de imponer su voluntad al Gobierno; en los segundos era meritorio que se la impusieran. Esta comparación se hacía, y se preguntaba: ¿por qué el Vicepresidente no dice: "yo lo quiero, y lo mando", o deja el puesto? No era yo de los que pensaban así, porque ¿hasta dónde hubiera llegado el abuso de la fuerza si el Vicepresidente hubiera dejado de contrarrestar abandonando su puesto? Decir: "yo lo quiero, yo lo mando", le era imposible.

XXI
 

Las elecciones para la Convención se hicieron en las más de las provincias, como se hacen las elecciones cuan­do un partido triunfa del otro. Debía reunirse el 15 de octubre, pero por falta de quórum no pudo hacerlo sino diez días después. El Vicepresidente en persona, acompañado del ministro de la guerra, la instaló en el local (la capilla castrense) en que tuvo sus sesiones el Congreso constituyente del año anterior, y el mismo día le dirigió el mensaje de costumbre, y su renuncia de la Vicepresi­dencia.

En el primero, ya no habla como magistrado colom­biano. Empieza así:

"Bien grato es a mi corazón saludar hoy a los representantes del pueblo granadino. Habiendo llegado este día de esperanza para la Nueva Granada, mis votos han sido satisfechos".

Luego hace una reseña de todos los sucesos ocurri­dos; de su decreto de 14 de abril por el que se declaró en ejercicio del Poder Ejecutivo, y dice:

"Dos pequeñas divisiones a las órdenes de los jefes republicanos, generales Obando y López en Popayán, y coronel Posada, en Neiva, eran el punto de apoyo de las reacciones parciales, y la esperanza de los pueblos. A la destrucción de estas fuerzas se hubiera seguido la más espantosa anarquía y la absoluta desolación del país. Al fin, no lo dudo, habría triunfado la opinión; mas este triunfo debería producir la muerte de millares de hom­bres, se hubiera visto correr su sangre en una batalla y nos hubiera quedado el triste consuelo de ver sacrifica­das centenares de víctimas inocentes".

Sigue manifestando que al dar su decreto menciona­do ignoraba los acontecimientos que tenían lugar en los diferentes puntos de la República, y dice:

"El Gobierno podía obtener los objetos de la reacción y la más brillante victoria, no empañada con una gota de sangre ni con lágrimas.

"Se inclinó, pues, el Gobierno a las medidas de conciliación, y en las Juntas de Apulo tuvieron lugar los convenios que han llevado este nombre.

"Vosotros habéis tenido la complacencia de transitar por los pueblos sin oír los gemidos de la viuda y del huérfano que habrían quedado, si prefiriendo una guerra fratricida a los convenios, sangrientos combates hubie­ran establecido el Gobierno nacional. Este triunfo, a la vez de la justicia y de la razón, designará el grado de civilización del país, no será olvidado en las bellas e in­teresantes páginas de nuestra historia, y marcará la cle­mencia del Gobierno, la humanidad, moderación y virtu­des que dignamente representáis", etc.

No puede hacerse una apología más exacta y vigo­rosa del convenio de Apulo. La parte que tuve en él me enorgullece, y mi firma estampada a su pie no la borra­ría por todo el oro de la tierra.

A pesar de lo que se había hablado contra el Vicepresidente, por los esfuerzos que se hizo para que se tuviera algún respeto por su palabra empeñada en aquel tratado salvador; a pesar de que entre los diputados había muchos de las juntas morenistas, la fuerza de la razón obli­gó a casi todos a reconocer la importancia de los servi­cios prestados por el ínclito varón, que tan ofendido fue­ra, precisamente porque los prestaba.

La respuesta al mensaje, firmada por el Presidente de la Convención, señor José Ignacio de Márquez, fue digna y justa. El Vicepresidente fue vindicado y quedó satis­fecho.

Desde las primeras sesiones se vio una división nota­ble entre los miembros de la Convención: casi la mitad estaba compuesta de liberales moderados, o sea liberales verdaderos, que más tarde vinieron casi en su totalidad a ser conservadores; y la otra mitad, de liberales de la escuela de Dracon. Los cuerpos colegiados homogéneos se dividen más pronto y más profundamente que aquellos amenazado por el partido adversario, se divide de tal manera que cada una de sus fracciones se une más fácil­mente al enemigo común que entre si a menos que éste imprudente e insensato gruña, a la una y a la otra obli­gándolas a compactarse para defenderse. Saber aprove­charse de la división, atrayéndose, o adhiriéndose en ciertos casos, a los mejores, es para un partido caído un recurso más eficaz que sus propios esfuerzos.

El círculo de los exaltados en la Convención volvió a sus hostilidades anteriores contra el Vicepresidente, juz­gando que no aceptaría ni pondría en práctica las leyes de persecución que se proponía hacer pasar, y para des­tituirlo de una manera diferente de como antes lo inten­taran, hablaron de establecer un Gobierno provisorio pa­ra la Nueva Granada. Los moderados frustraron aquella idea, que envolvía un ultraje inmerecido al hombre su­yos servicios reconocía, proponiendo que se considerase la renuncia que había hecho, la que en efecto se admitió el 21 de noviembre. Al siguiente día se procedió a nom­brar la persona que debía sucederle. La elección empezó a las once de la mañana, y a las nueve de la noche, des­pués de diez y siete votaciones, sin interrupción, resultó electo el general Obando. Su competidor era el señor Márquez, jefe del círculo moderado. Estaba, pues, en ma­yoría el partido draconiano.

El primer triunfo que les dio su mayoría fue una ley reservada, que confería facultades extraordinarias, y pre­venía que fueran expulsados de la República, o confina­dos a diferentes puntos, todos los ciudadanos no milita­res que hubieran tenido parte en la revolución de 1830, o hubiesen servido en altos puestos al Gobierno del gene­ral Urdaneta, todo a juicio del Poder Ejecutivo. Los je­fes y oficiales del ejército y de la milicia debían ser bo­rrados de la lista militar, con solo haber servido a dicho Gobierno, aunque no hubieran tenido parte en la revolu­ción. Se exceptuó a los que hubiesen cooperado activa y eficazmente al restablecimiento del Gobierno legítimo; porque este Gobierno era unas veces legítimo y otras ile­gítimo, según les convenía. La excepción, que me com­prendió a mí, se puso por necesidad, pues todos los protectores y libertadores de las provincias de Cartagena y Santa Marta habían tomado parte en la revolución y com­batido a los liberales; el jefe y los oficiales del batallón Cazadores de Bogotá, después Palmira, habían servido al Gobierno de Urdaneta; el coronel Vicente Vanegas había sido nombrado por el mismo Gobierno ministro de la suprema corte marcial, y ejerció el destino hasta que se fue a Purificación a reunírseme; y algunos otros se ha­lIaban en el mismo caso. El nuevo Vicepresidente sancio­nó la ley sin hacer la menor observación.

Respecto de los militares, ya le quedaba muy poco que hacer, pues en su dictadura como ministro de la guerra se había anticipado a la ley secreta. Pero se dio publicidad al decreto borrándolos de la lista militar. Diez y siete generales, cuarenta y nueve coroneles, cincuenta y ocho tenientes coroneles y ciento cincuenta y ocho sar­gentos mayores, capitanes y oficiales subalternos del ejér­cito, fueron así arrojados ignominiosamente de las filas, contra la Constitución que dijo iba a restablecerse, y con­tra un tratado que quedó consumado de la manera mas solemne, y por lo menos la mitad de ellos eran granadi­nos. De las milicias fueron borrados trece coroneles y ciento cincuenta y un oficiales subalternos, de diferentes grados, todos granadinos. Y así se cumplió el convenio de Apulo.

Muchos de los militares expulsados eran granadinos, sin que se exceptuaran ni esos pobres subalternos que no tienen medios para contrarrestar un poder mayor. Algu­nos extranjeros y venezolanos casados y con hijos en el país, fueron también arrebatados del seno de su familia, con bárbara crueldad y contra todo derecho. Citaré no­minalmente, por una circunstancia dolorosa, al General Luis P. de Lacroix, francés distinguido, antiguo y bene­mérito servidor de la guerra de la Independencia. El ge­neral Lacroix no tuvo parte en la revolución del Callao en 1830. Sirvió después como jefe de estado mayor ge­neral del ejército de Urdaneta. En su calidad de tal comunicó el convenio de Apulo a las tropas que en los departamentos dependían de dicho ejército, y se separo en el acto sin tomar parte en nada después.

En mi segundo viaje a Europa estuve en Paris en 1836, y el mismo día de mi llegada vi anunciado en los

diarios el suicidio de dicho general, ejecutado veinticua­tro horas antes, de un pistoletazo. Habíamos sido amigos, nos estimábamos, y yo apreciaba además en él al anti­guo y buen servidor, en la noble causa, la verdadera noble, la única de memoria inmortal. Inmediatamente fui a verlo, y ya lo habían inhumado. ¿Qué produjo en aquel hombre respetable un acto de tan suprema desespe­ración? El único motivo que puede hacerlo disculpable tal vez: la separación indefinida de su esposa y familia. Yo rogué a Dios con todo el fervor que el hecho mismo me inspiraba, que perdonase aquel extravío de la razón causado por el más intenso de los dolores que pueden afligir al hombre, como esposo y padre.

El general Obando, en el primer puesto, fue muy di­ferente de lo que había sido cuando aspiraba a él. Se se­paró de los más ardientes de sus partidarios, y se entre­gó al señor Castillo Rada, que le inspiró mejores ideas y lo encaminó por el sendero de la moderación. Así fue que de los civiles sólo dos ciudadanos sufrieron la ex­patriación y veinticinco fueron confinados temporalmente a pueblos de benigna temperatura, y algunos a sus haciendas. Esto ha sucedido frecuentemente. Muchos hom­bres se manifiestan de un modo cuando pretendientes y de otro cuando presidentes. Ojalá sucediera siempre así.

Yo hice cuanto estuvo de mi parte por conservar la obra grandiosa de Bolívar, y su poder, y su respetabi­lidad, y su gloria. Ningún remordimiento me queda por su destrucción; cuando me vi forzado a obrar como gra­nadino, ya el mal no tenía remedio: la disolución estaba consumada.

Tomadas estas medidas, la Convención hizo los fu­nerales de la gran COLOMBIA, expidiendo un decreto legislativo que organizaba la nueva administración del GOBIERNO DE LA NUEVA GRANADA, y procedió a discutir la Constitución para la "República de la Nueva Gra­nada". Desde este punto empieza una nueva era, era terriblemente desastrosa, era de patíbulos, era de feroces matanzas, era, en fin, que será el escándalo de la his­toria.