Casi al propio tiempo llegó de Bogotá la noticia, que había mantenido secreta el general Mosquera, de haber sido expulsadas de sus conventos las monjas de las comunidades de Santa Gertrudis (La Enseñanza), Santa Inés, Santa Clara, La Concepción y El Carmen, providencia que se extendía a las de toda la república. Había comunidades en los estados de Boyacá (Villa de Leiva y Tunja), Santander (Pamplona), Panamá (la ciudad de este nombre), Cauca (Popayán) y Antioquia (Medellín), y todas representaban un personal de profesas. Esta medida fue mirada con indignación por el partido independiente de la convención, y en el acto suscrito por trece diputados, fue presentado un proyecto por el cual se ordenaba que se las restituyese a sus residencias habituales y se les pagase una pensión de veinte pesos por cabeza, en atención a que la renta de sus bienes desamortizados no bastaría para su decente sustentación.
No juzgábamos que la vida conventual fuese útil o necesaria a la mujer; pero veíamos que el sexo débil debe ser respetado por el fuerte hasta en sus preocupaciones y aun en sus errores: que esos conventos habían sido, en su origen, un refugio contra la tiranía de los padres o hermanos, un asilo contra las costumbres depravadas de la edad media, y aun, en los tiempos presentes, un retiro para gemir en silencio por los desengaños, las pasiones contrariadas y a veces la soledad y el abandono de familias en decadencia. Pensábamos que había abuso cobarde de la fuerza, y no deseo de proteger a esas desgraciadas, en sacarlas de sus empolvadas mansiones al torbellino del mundo.
Esta medida nos reveló con más claridad el plan del general Mosquera. Era poner al partido liberal entre la espada y la pared: entre la reacción conservadora y la dictadura militar con el nombre de dictadura liberal. Vejamos claro ya el error cometido en 1860 de aceptar como jefe de un partido de ideas pacificas a un caudillo inquieto, que aunque dotado de grandes talentos y deseo verdadero del progreso del país, prefería con frecuencia el empleo de la fuerza al de la libertad y la razón.
El proyecto de improbación a esta medida fue recibido con cólera no disimulada, embarazada su discusión y últimamente enviado junto con las solicitudes de algunos prelados detenidos en lugares malsanos, el de algunos católicos y señoras de Bogotá y otros documentos que hacían relación a la cuestión religiosa, a la comisión de negocios eclesiásticos, compuesta de los señores Bernardo Herrera, Justo Arosemena y Camacho Roldán. A este último fue confiada la tarea de redactar el informe y los proyectos respectivos. En cuanto a ideas sobre estos asuntos los miembros estaban perfectamente de acuerdo en que los conflictos de esta naturaleza no tenían otra solución que las de tolerancia y libertad.
La organización constitucional era, sin embargo, el asunto que llamaba más vivamente la atención. Juzgando que una asamblea en que sólo estaba representado uno de los partidos no era la más a propósito para imponer sus aspiraciones a la nación entera, mi primer concepto fue proponer el restablecimiento puro y simple de la constitución de 1858, expedida con el concurso de ambos partidos: y aunque en su expedición había tenido mayoría de más de tres quintos elconservador, mi opinión era que en ella había elementos necesarios para un funcionamiento liberal, principalmente si algunas leyes reglamentarias cerrasen la puerta a los abusos que se habían notado en su ejecución. Puse esta idea en conocimiento de mis amigos y les mereció su aprobación: pero todos o casi todos agregaron que eran necesarias algunas reformas de poca importancia; mas como cada cual deseaba una de diversa naturaleza a la deseada por los otros, las reformas no serían pocas ni congruentes unas con otras, lo cual equivaldría a una reforma general.
Sabedor de esta situación el general Mosquera, a quien yo ni ninguno de mis compañeros había visitado a nuestra llegada a Ríonegro 3, vino a visitarnos entonces, y la conversación, como era natural, recayó sobre el tema que nos ocupaba. Aquel personaje temía más que todo la organización permanente de un ejecutivo plural y en la adopción del código de 1858 veía él evitado ese peligro. En consecuencia, se mostró también ardoroso partidario de ese plan, agregando que una que otra idea nueva no destruiría las ventajas de adoptarlo. Como viésemos en la comisión que las modificaciones eran inevitables resolvimos presentar un proyecto nuevo calcado sobre la constitución vigente hasta 1861con el menor número posible de reformas, y así lo presentamos como base de discusión.
El furor por ejercer las altas funciones del legislador se mostró desde el artículo 1°, que fue objeto de catorce modificaciones y últimamente aprobado el original, salvo el calificativo de soberanos dado a los estados, en cuya palabra se quería envolver la idea de que estos grupos de reciente creación gozaban de un derecho que podía ser en ciertos casos superior al de la nacionalidad. Idea falsa que eL espíritu de imitación del general Mosquera tomaba de la secesión de los estados del sur de los Estados Unidos del Norte, entonces en toda su fuerza y aun con esperanzas de triunfo.
De esta suerte él agregaba una cuerda más a su arco: la de separación de los estados de Antioquia y del sur, en el caso de que sus pretensiones no tuviesen apoyo en los del norte; idea que parecía alimentar desde que en 1857 y 1858, en la discusión de la forma federal, había propuesto y sostenido dar al Cauca la mitad o más del territorio de Colombia, y de la que tomó a hablarse en relación con él, en 1865, con ocasión de la famosa conferencia de los gobernadores del Cauca y Antioquia.
La discusión de las garantías individuales fue asunto de combate encarnizado. Algunos, como el general Mosquera y el doctor Ramón Gómez no querían que se consignasen en la constitución, sino en ley separada expuesta a todos los vientos de reacción. Otros como el doctor Lorenzo Lleras, deseaban que entre las facultades extraordinarias de que debía revestirse el ejecutivo en caso de guerra interior o exterior, se comprendiese la de suspender las garantías individuales o parte de ellas a imitación de la Gran Bretaña, en donde la suspensión del Habeas Corpus es la medida que precede a los conflictos y al empleo de la fuerza. No faltaba quien era de concepto que las garantías no debían ser absolutas ni muy definidas sino conceptos generales cuyos límites debían trazar leyes adjetivas. Cada uno de los incisos del artículo 15de la constitución fue una batalla parlamentaria, en sostenimiento del concepto de que la asociación política tiene por objeto principal interponer la fuerza de la colectividad para atemperar la lucha por la vida, proteger a los más débiles y resolver por medio de jueces imparciales y no por el empleo de la fuerza brutal las diferencias que se suscitan entre los hombres; en consagración de que la idea independencia proclamada contra la metrópoli española envuelve el pensamiento, todavía no realizado por completo, de corregir los abusos, suprimir la arbitrariedad de los poderosos, entre los cuales no son los menos temibles los funcionarios públicos. En una palabra, en defensa de la teoría de que el objeto de una constitución al crear autoridades, dictar leyes, cobrar contribuciones, es proteger y no oprimir a los hombres, principalmente al pueblo sumiso y degradado durante la conquista, a quien se desea elevar a la condición de ciudadano, para realizar esa aspiración suprema de la igualdad, de que todavía estamos tan distantes. Pero es tal la influencia del pasado, la herencia fisiológica de las ideas políticas de otros tiempos, la desconfianza de la naturaleza humana, a la que se juzga feroz e inhumana, que sólo con temor se resuelven los hombres, aun los más benévolos, a conceder derechos a sus semejantes.
Durante ella el general Mosquera, cada día más altanero y amenazador, insultó en una sesión nocturna al general López (José Hilario): éste soportó en silencio su injuria mientras duró la sesión, pero hizo traer su espada y al terminar los trabajos, en voz alta exclamó: "general Mosquera, usted me ha insultado: usted es un miserable: saque usted su espada y bátase conmigo aquí mismo si es hombre de honor." El provocado se sintió sorprendido con este desafío inesperado, y al acercarse a él con la espada desnuda el provocador, se escudó con mi cuerpo. Otros y yo contuvimos y calmamos al general López, cuya cólera era muy grande, y entre tanto otros diputados rodearon y sacaron al general Mosquera. No sé que esta disputa tuviese otra consecuencia.
A los dos o tres días de este incidente paseaban en los corredores el general Mosquera y el doctor Bernardo Herrera sosteniendo una conversación muy animada que, según mis recuerdos, versaba sobre la cuestión religiosa. De repente el primero se volvió indignado hacia el segundo diciéndole: "Vaya, usted es un badulaque." "El badulaque es usted, replicó éste, yo he pertenecido siempre al partido liberal, y usted a todos los partidos." Quiso lanzarse entonces el general Mosquera sobre su contendiente, pero yo me interpuse entre los dos y tomando a aquél procuré llamarlo a la razón. Otros diputados intervinieron entonces y el incidente terminó.
Durante la sesión que siguió a este suceso, irritado en general Mosquera con la negativa de una proposición hecha por él, lanzó palabras amenazantes a toda la convención. Entonces el general Santos Gutiérrez dio al secretario para que leyera en voz alta una carta que hacía poco había recibido de Pasto y copia de una manifestación dirigida al general Mosquera por el general Gabriel Reyes, comandante en jefe del ejército y por los generales y oficiales superiores de las divisiones allí acantonadas. En este último documento se decía que el ejército no reconocía autoridad superior a la convención, y que sabedores de que el general; Mosquera restringía la libertad de las deliberaciones y amenazaba a sus miembros, se veían en el deber de expresar que harían responsable a éste del menor ataque a esa corporación o a cualquiera de los diputados. Comentó estos documentos el mismo bizarro jefe expresando que, por penosa que fuese la publicidad de ellos, tenía el deber de hacerlo para que llegase a término la situación vergonzosa en que se encontraban no solamente los representantes sino todo el pueblo colombiano; porque la convención no era una farsa sino una corporación augusta a la que se le debía todo respeto y toda obediencia. El trueno de aplausos con que el acto republicano del general Reyes y. sus compañeros de armas, y las sencillas palabras del general Gutiérrez fueron acogidas por la barra numerosa y por la mayoría de los diputados, ahogó el sentimiento de vergüenza y temor con que por otros fueron recibidas. El general Mosquera no ensayó siquiera balbucear una excusa y en silencio y solo se retiró del local y en ocho días no volvió a presentarse en público. Este acto de severo patriotismo del general Reyes no ha recibido toda la publicidad ni todo el aplauso de que es merecedor. La posteridad le hará justicia. Siento no tener una copia de esa manifestación, cujas primeras firmas eran además de la del general Reyes, la de los generales Rudesindo López, Solón Wilches y Pedro Arnedo. Si mi recuerdo no me engaña, también se notaban las firmas de los comandantes entonces, Daniel Delgado, José Maria Vesga y Pedro Forero, que fueron actores principales cuatro años después en otro movimiento de represión de los arbitrarios arranques de aquel personaje singular.
Aprovechando la momentánea separación de ese grande estorbo siguió con alguna más rapidez la discusión de las garantías individuales. Llegada la del inciso que consagraba la inviolabilidad de la vida humana contra los actos de la autoridad pública, se pidió la votación nominal; el general Acosta pidió entonces la secreta, que conforme al reglamento era preferible a todas. Hízose así, resultando aprobado el inciso, sin discusión, por la unanimidad de 57 miembros presentes; resultado que no se esperaba y que causó viva satisfacción.
Al relativo a la libertad absoluta de imprenta y circulación de lo impreso, agregó el doctor José Araújo la libertad de lo escrito y de su circulación por los correos o por otro conducto; modificación que fue aprobada a pesar de algunos murmullos. Evidentemente se quiso elevar a garantía constitucional el sagrado de la correspondencia privada en los correos sostenidos por el gobierno, antes y después objeto de cobardes y vergonzosas violaciones.
Se recordará que la libertad absoluta de imprenta, adoptada en 1851, a proposición del señor Rojas Garrido, confirmada en la constitución de 1858, a pesar de mayoría conservadora, era considerada entonces por todos los partidos como un canon esencial de la vida republicana. El primer enemigo de ella, de la libertad sujeta a restricciones y aun de la imprenta misma, fue el doctor Rafael Núñez, entonces partidario de ella.
La libertad de la palabra se debe también a proposición del señor Rojas Garrido. Antes de proponerla en Rionegro se acercó a consultar conmigo la idea: díjele que eso necesitaba meditarse un poco, porque según el dicho de Franklin la libertad de la palabra implicaba la libertad de garrote; que la revelación de los secretos no era un uso inocente de la palabra; y en fin, que él, tan partidario de la represión del clero, principalmente por el abuso del púlpito y del confesionario, quedaría en contradicción si después consideraba como delito los excesos demagógicos de los predicadores.
-A los clérigos siempre tenemos que reprimirlos, de suerte que puede agregársele esa excepción a la garantía.
-No, le repliqué, las libertades con excepciones son semejantes a las murallas con brechas: por ellas puede penetrar el enemigo.
Ofreció pensarlo y darme al siguiente día su resolución. Como en efecto, insistiese en presentar la proposición, yo le avisé que lo interpelaría públicamente acerca del alcance de ella en lo relativo a las predicaciones del púlpito.
-Considero, le agregué, tan importante la libertad religiosa, que estoy dispuesto a sacrificar a ella mis escrúpulos acerca de los resultados de esta nueva libertad.
-No tengo inconveniente en contestar con toda franqueza esa interpelación, declarando que en mi concepto el púlpito debe ser inmune.
En efecto, hecha la proposición, yo le hice la interpelación, a la que dio respuesta conforme a su promesa.
Como la consagración de la libertad de la palabra de los sacerdotes me parecía un paso muy avanzado en el sentido de la solución de las cuestiones religiosas pendientes, yo también sostuve en este terreno la nueva idea. Y fue aprobada. Juzgo, sin embargo, que esta libertad debe quedar mejor definida y que se requiere una meditación mayor de todos los aspectos por los. cuales debe ser considerada.
A muchos les parece muy larga la enumeración de los derechos individuales consagrados en el artículo 15 de la constitución de 1863; mas no se reflexiona que en nuestra vida colonial, el rey era todo y los pueblos. nada: la raza conquistadora compuesta de opresores y la raza conquistada de viles esclavos, no reputados durante algún tiempo como pertenecientes siquiera. a la especie humana. No se piensa en que quince años de guerra de independencia dejaron implantadas muchas costumbres de arbitrariedad militar y de terror pánico a las vueltas coloradas. Contra todas esas influencias de lo pasado se necesita reaccionar vigorosamente a fin de formar un pueblo viril, sin el cual tampoco hay nacionalidad. Es preciso conceder derechos, es decir, energía vital a la multitud desposeída, porque ése es el objeto de la asociación civil; no el de mantener la felicidad de los pocos y la miseria envilecida de los muchos. Hay que considerar la verdadera significación de la risa sardónica que provoca en las gentes que se titulan cristianos verdaderos, la palabra fraternidad del cristianismo. Todavía está muy distante el día en que los mansos poseerán la tierra, pero hay que caminar sin descanso en esa dirección.
Hay dos puntos esenciales, primarios, en la vida republicana, que aún no han sido abordados francamente en nuestras instituciones y que será preciso agregar a esa lista de garantías. El uno es abrir la puerta a la propiedad territorial de los paisanos, cerrando la posibilidad de esas vastas adquisiciones de tierras baldías que con los más fútiles pretextos (caminos que no se abren ni se mantienen, puentes que si no se pagan con un pontazgo moderado debieran ser construidos a expensas únicas de la persona a quien favorecen, ferrocarriles, canales, etc.) conducen a la creación de una nueva feudalidad y a la destrucción de la república. El otro es introducir un nuevo sistema de formación de los ejércitos que ponga término al reclutamiento arbitrario de nuestras costumbres. La forma usada desde la independencia hasta nuestros días, bajo la inspiración del carácter impaciente y dominador del general Bolívar, e imitada después como una muestra de actividad y energía por mandatarios destituidos de todo respeto por la persona humana, es la mancha más negra en nuestras costumbres políticas.
El reclutamiento se hace sacando repentinamente partidas armadas que, en las calles y plazas de las poblaciones, en los días de más concurso, toman a cuantos hombres encuentran y los arrastran con violencia a los cuarteles. Este procedimiento se extiende luego a los campos, primero en los caminos públicos, después en las hosterías y lugares de expendio de bebidas fermentadas, más tarde en las chozas mismas y en los bosques, en donde los infelices son cazados como fieras, a veces con el empleo de perros, y en otras con el de disparos de pistola y de fusil a los fugitivos. El terror se difunde entonces por las poblaciones y los campos los negocios se suspenden, cesan los trabajos agrícolas, se cierran los talleres y la angustia penetra en el corazón de las esposas y de las madres. Para este oficio se emplea a los caracteres más duros y altaneros, auxiliados por los más cobardes y viles que compran su propia seguridad con la delación de sus amigos y compañeros. El servicio de conducción y expendio de los víveres se hace en los caminos exclusivamente por las mujeres y los niños de cinco 4 a doce años, y con frecuencia los niños de dos y tres años, y aun los que todavía viven al pecho de la madre quedan abandona. dos en las cabañas, expuestos a peligros y privaciones por horas enteras. La salida de los pueblos campestres hacia los centros de organización militar, en traíllas de hombres amarrados e incesantemente golpeados con varas de rosa, es acompañado por una procesión de mujeres y niños, cuyos lamentos desgarradores hieren todos los corazones sensibles, pero no el de sus inhumanos conductores.
Pronto se agrega a la crueldad la avaricia de los agentes de reclutamiento, y las exacciones a las familias pobres empiezan: la vaca, el buey, las gallinas, los depósitos del granero, todo pasa a las manos de esos especuladores en carne humana para comprar la libertad de un miembro de la familia. Odios terribles y concentrados se ocultan bajo la paz aparente de las cabañas, y más de una vez esos cazadores de hombres pagan con la vida en la oscuridad de la noche o en la soledad de un camino el servilismo a los gamonales de quienes dependen. Las pasiones políticas que en lo alto son opiniones confusas, pero furiosamente intolerantes, en la capa intermedia antipatías y odios personales, a los últimos estratos de la sociedad llegan en la forma de crímenes.
La falta de respeto a la persona del hombre dirige luego sus
tiros contra la propiedad. Las requisas de caballos y mulas para el
ejército, de ganados para las carnicerías oficiales, de sillas,
frenos y aperos de montar para las caballerías, de frazadas y telas
para el vestuario, de armas y municiones, los empréstitos forzosos,
en fin, llegan al punto de abolición completa de la propiedad, y se
llevan a cabo de una manera brutal más ofensiva a la dignidad
personal que a los derechos civiles salvajemente conculcados. El
Habeas corpus, institución inglesa que tanto trabajo costó
aclimatar en la Gran Bretaña, es también una aspiración que hoy
vemos a distancia, a mucha distancia, pero que es una de las
ilusiones patrióticas que nos es permitido esperar.
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El paso regular que llevaban las discusiones constitucionales llenó de alarma al general Mosquera y lo decidió a abandonar sus tiendas para volver al campo parlamentario; pero ya su actitud fue enteramente distinta. Era un liberal desaforado que sobrepujaba a los más ardientes en sus opiniones, y ya parecía fundar en el descrédito de un gobierno muy débil en sus medios de acción la esperanza de retrogradar al absolutismo. Su prestigio, con todo, había bajado muchos grados y casi todas sus proposiciones eran negadas, a veces sin discusión; tanto que un día se quejó amargamente, en la sesión misma, de la soledad que se había formado a su derredor. Muy pocos o casi ninguno, dijo, lo visitaban, sus proposiciones eran negadas, y se le miraba con desprecio. Lloró, y llorando salió de la sesión para su casa. Nadie salió a acompañarlo. En tres días no volvió a las sesiones.
Este espíritu de independencia y dignidad que al fin logró formarse entre los miembros de la convención contra las pretensiones de dominación altanera, y diré más, insolente, de un caudillo militar produjo efectos muy favorables; pero no desalentó en sus planes de ejercicio del poder arbitrario, como luego se verá, a este carácter enérgico y dominado por la ambición.
Se llegaba en el proyecto de constitución a las atribuciones del presidente de la república, y entre ellas a la conservación del orden público, materia difícil y complicada entonces por la manera como la interpretación de la constitución de 1858 por parte del poder ejecutivo había contribuido a la insurrección de 1860. En primer lugar debía dividirse esta cuestión en varias. partes: había el orden general de toda la nación, y el orden local de los Estados. En segundo lugar, cuando. el gobierno de éstos era incapaz de conservar el orden local, o cuando una perturbación, local en su origen,. podía amenazar con propagarse a todo el país ¿debía el poder ejecutivo nacional intervenir para restablecer la paz? ¿Esta intervención debía ser obligatoria, o debería dejarse al poder ejecutivo decidir si era o no llegado el caso de hacerla?
En 1857 y 1858, una revolución encabezada en Riohacha por el señor Vieco, empleado nacional, había estallado en el Estado liberal del Magdalena y el poder ejecutivo habla juzgado que siendo puramente local no tenía por qué intervenir.
En 1859, dos revoluciones encabezadas o promovidas por empleados nacionales (los señores Leonardo Canal, intendente de hacienda; y Juan José Márquez y N. Corena, militares al servicio de la confederación granadina) habían conmovido profundamente el de Santander, liberal también, y el poder ejecutivo había llevado lo que juzgaba deber de guardar neutralidad hasta el punto de impedir que de otras partes le fuesen armas al gobierno legítimo del Estado.
Pero en el mismo año de 1859 una insurrección contra el gobierno conservador de Bolívar dio origen a un procedimiento contrario. El ejecutivo nacional creyó que ese movimiento tenía tendencia a propagarse en los demás Estados y tomó providencias para intervenir decididamente en favor del gobierno. Desgraciadamente las providencias fueron tardías y cuando llegó la hora de hacerlas efectivas ya el gobierno local había caído, y el mismo jefe encargado de sostenerlo (el general Pedro A. Herrán) juzgó que valía, más reconocer las autoridades emanadas de la revolución.
En enero y febrero de 1860 tuvieron lugar dos insurrecciones contra el gobierno local del Cauca, al norte y al sur del territorio, en Cartago y en Pasto, ambas dirigidas por empleados nacionales, el coronal Pedro J. Carrillo, jefe instructor de milicias nacionales en Cartago, y el señor Juan Francisco Zarama, intendente de hacienda, en Pasto, y ninguna de las dos había sido considerada como digna de intervención del ejecutivo nacional.
Estos recuerdos, unidos a la idea que había predominado en la guerra civil de 1860 a 1863, de hacer más firmes los derechos de los Estados contra las invasiones del ejecutivo nacional, por una parte, y los temores que inspiraba la ambición del general Mosquera, por otra, conducían al pensamiento de no fortificar demasiado la acción de las autoridades nacionales contra los peligros de trastorno del orden.
La comisión de constitución había presentado en los artículos referentes a este problema dos disposiciones generales:
1ª. Los Estados no podrán tener fuerza permanente en número de más de trescientos hombres sin permiso del congreso.
2ª. El poder ejecutivo nacional debe velar por la conservación del orden y restablecerlo en caso de que fuese turbado.
Vigorosamente atacadas por la diputación de Santander, por juzgar la primera demasiado restrictiva de la solidez de los Estados, y demasiado general y aun vaga la segunda, fueron también vigorosamente defendidas por su autor, con el razonamiento de que en medio de los escollos que por todas partes rodeaban este problema del orden público, debía a todo trance considerarse como preferente el interés nacional, en el cual quedaban depositados la defensa de la independencia del país, y la protección de ,los derechos individuales de los ciudadanos, que son los objetos preferentes entre todos los de las sociedades políticas.
Los artículos hubieran pasado; pero en estos momentos tomaron la palabra en favor de ellos los señores Gómez (Ramón) y el general Mosquera desarrollando la teoría de que no tanto se trataba de la conservación del orden y de la paz, cuanto de impedir que jamás volviera al poder el partido conservador, para lo cual era necesario quitarle la esperanza de adueñarse y hacerse fuerte en los Estados creando en el gobierno nacional una supremacía y una fuerza capaces de supeditar fácilmente a aquellos. Tan extraña teoría en los labios del hombre que aspiraba a gobernar indefinidamente en el país, que por la ley inexorable de las revoluciones debería ser el primer presidente y el primer ejecutor de la constitución, produjo un efecto contrario al que los oradores se proponían. Esas palabras dejaron comprender que para sojuzgar de un modo permanente la idea conservadora, era preciso también sojuzgar la idea liberal; es decir, fundar Un gobierno absoluto. El autor mismo de los artículos lo declaró así con franqueza, expresando que entre el peligro de la anarquía permanente y el de la tiranía permanentes prefería el primero; que los conservadores eran también colombianos y debía dejárseles libertad para entrar en la lucha pacífica de las ideas y de llegar al poder público el día que el pueblo se sintiese fatigado de la dominación liberal, en cuya situación habría siempre una garantía de moderación en los gobiernos y una competencia de buenos procederes. que son los que a la larga forman las mayorías populares. En consecuencia declaró que votaría, como en efecto votó, negativo a sus propias proposiciones.
Los artículos fueron negados y sólo quedó como atribución del gobierno general: "Velar por la conservación del orden público." Este fue el vacío principal de la constitución de 1863, y el que dio margen para que, adueñándose los conservadores del Estado de Antioquia, reuniesen en él un parque de doce a catorce mil fusiles, quizá superior al del gobierno federal en la capital de la república y se erigiesen, como se erigieron,. en foco de conspiraciones en el Tolima, Cundinamarca y Cauca, en 1865, 1868 y 1876. Sin embargo, no fue ésta la causa de la caída del partido liberal, sino la defección que contra él ejecutaron más tarde el presidente Núñez y los gobernadores de los Estados del Cauca, Cundinamarca, Panamá, Santander y en principio los de Bolívar y Magdalena.
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Terminado así este punto importante, siguió el de la duración del período presidencial. El proyecto establecía la usual de cuatro años y parecía que contra ella no había objeción. El doctor Lorenzo María Lleras propuso, sin embargo, la modificación de reducirle a dos. Saltó como un resorte el general Mosquera a combatirla expresando el concepto de que eso sería una presidencia de farsa, y sus amigos mostraron todos el mismo interés. Esto nos hizo sospechar que con ese corto período no sería imposible desinteresar dé la presidencia, en el primer período a lo menos, al general Mosquera, y elegir para ese puesto a un civil. El doctor Murillo que, por su ausencia de Colombia, no había tomado parte en las contiendas con el general Mosquera, parecía el hombre indicado al efecto. Esta rápida observación nos decidió. Sin discutir ni emitir palabra que pudiese agriar el debate, aprovechando el momento en que la ausencia de algunos diputados nos daba mayoría ocasional, votamos favorablemente y la modificación fue aprobada. Este fue, en mi concepto, otro de los errores graves cometidos en la organización constitucional. En períodos de dos años no alcanza a llevarse a cabo ninguna obra ni hay línea de conducta política que pueda fundar precedente, ejercer influencia visible en las opiniones populares ni echar raíces. que aseguren su continuidad. Cada administración viene animada de ideas distintas: en el primer año apenas hay tiempo de tomar conocimiento del estado verdadero de algunos negocios, y en el siguiente el movimiento eleccionario preocupa todos los ánimos, produce una agitación malsana y se olvida todo lo que se ha pensado en el anterior. Sobre todo, las ambiciones se despiertan, se empequeñece la importancia de las funciones de la primera magistratura y se forma en los espíritus débiles la idea de que cualquiera puede aspirar a ese puesto elevado: lo que puede observarse en el gran número de personas que se creen con aptitudes para figurar en el número de candidatos. En un país en que está extendida la civilización, en que hay verdaderamente pueblo y opinión pública, el curso de la administración puede ser dirigido por todos los ciudadanos o por un gran número de ellos; pero en otro pequeño, en que la capa de población educada es muy escasa, la influencia de un hombre superior es más profunda y necesaria. Mi concepto hoy es que esa renovación de las altas magistraturas no debiera tener lugar en períodos de menos de siete u ochos años.
Con esta reforma tampoco se realizó el pensamiento que tuvimos en mira. Verdad es que en el primer período posterior a la expedición de la constitución el general Mosquera pudo prescindir de sus aspiraciones con la idea de descansar durante dos años en un viaje de representación por Europa; pero el mismo doctor Murillo pensó más de lo necesario en prolongar sus funciones presidenciales mediante una reforma parcial de la constitución y que el general Mosquera creyó necesario luego, en 1867, un golpe de Estado para conservarse en el mando. Después el número de candidatos a la presidencia era tal, que al fin esas ambiciones prematuras se coaligaron para destruir la constitución y abrir la puerta a la realización de sus esperanzas.
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Antes de terminar las discusiones constitucionales era preciso dar una solución a los asuntos eclesiásticos para consagrar algún principio en esta materia en la ley fundamental. La comisión nombrada con este objeto habla presentado su informe y sus proyectos legislativos sobre la materia, a tiempo que la semana santa y el deseo de los diputados de conocer a Medellín determinaron la suspensión de las sesiones por cinco días. Esto dio tiempo para que el general Mosquera, impuesto de esas ideas, preparase un contra proyecto y con sus adeptos un ataque a las proposiciones de la comisión.
Para estudiar mejor el aspecto de la cuestión religiosa y darle una solución momentánea, ya que permanente era imposible en el estado de las cosas, yo resolví investigar con todo secreto las disposiciones del clero antioqueño, juzgando que, si se lograba un acuerdo con éste, su ejemplo podía ser imitado por el del resto de la república con lo cual se suprimiría la causa de trastornos e inquietud a que la situación eclesiástica daba lugar. Para este efecto solicité una conferencia con el doctor Ignacio Montoya que a la sazón desempeñaba, por muerte del señor obispo Riaño, las funciones de vicario capitular de la diócesis de Antioquia. Yo había tenido relaciones con el doctor Montoya en 1855 año en que ambos éramos miembros de la cámara de representantes, y había tenido ocasión de apreciar en él un espíritu recto poco sujeto a las inspiraciones de espíritu de partido y a la intolerancia y fanatismo tan común en los hombres que siguen la profesión eclesiástica, Sabía que sus relaciones de amistad con mi amigo el doctor Pedro Antonio Restrepo eran intimas, y por medio de éste busqué la conferencia en los días de vacación de la semana santa.
En efecto, el sábado santo o el domingo de pascua pretextando un paseo a los pueblos del valle de Medellín (Belén, Itagüí, Estrella y Envigado) salimos varios amigos, y en Itagüí nos deslizamos secretamente el doctor Restrepo y yo hacia una casa que tenía un cuarto muy escondido. En él encontré al doctor Montoya y a catorce o diez y seis sacerdotes de la vecindad, citados por él. Hacía algunos meses que vivían escondidos huyendo del juramento de sumisión a los decretos de desamortización y tuición dictados por el general Mosquera, y a las penas de prisión, confinamiento o destierro con que se les amenazaba. Para mejor disfrazarse habían dejado crecer su barba y bigotes, de suerte que no pude reprimir una sonrisa a la vista de esos extraños visajes: parecía la reunión un concilio de la edad media formado por obispos y abades militares de esos tiempos simibárbaros.
La conversación, aunque al principio algún tanto desconfiada y aun seca por parte de los eclesiásticos, cedió después al ejemplo del doctor Montoya y al fin quedamos convenidos en los puntos siguientes:
1°En que no tendrían inconveniente en prestar un juramento general de obediencia a la constitución, leyes y órdenes de las autoridades civiles, mas no en la forma humillante en que lo prescribían los decretos sobre tuición, sino como obligación general de todo ciudadano.
2° En que así lo manifestarían por medio de una representación al cuerpo constituyente, firmado por el mayor número posible de sacerdotes de la diócesis. (Rogado por ellos para que yo mismo redactase esa representación, así lo hice en el momento y fue aceptada sin modificación.)
3° En que obtenida de la convención una ley que consagrase los términos convenidos del juramento, inmediatamente volverían a sus parroquias, abrirían las iglesias y continuarían en la administración del culto católico, predicarían la paz y la concordia entre hermanos, aun cuando los sacerdotes de otras diócesis rehusasen someterse.
Por mi parte contraje a nombre de mis amigos, cuyas opiniones conocía, los compromisos siguientes:
1°Que trabajaríamos decididamente porque la amnistía comprendiese a los prelados sometidos a confinamiento.
2° Que asimismo procuraríamos obtener que las. monjas exclaustradas, si no se pudiese volverlas a sus conventos, recibiesen auxilios que les permitiesen vivir con algún desahogo.
La representación de que arriba se habla, firmada por cerca de treinta sacerdotes, fue enviada inmediatamente a Rionegro con un posta, pero por desgracia cayó en manos de uno de los destacamentos que el general Mosquera mantenía en todos los caminos, y éste con conocimiento ya de las disposiciones del clero de Antioquia, dio a sus exigencias términos mucho más humillantes y por consiguiente del todo inaceptables. Esa representación no fue, pues, conocida entonces por los convencionistas; mas al cuarto o quinto día parte de los que la suscribían, que pudieron tener conocimiento de la interceptación, la repitieron y enviaron con más precauciones, de suerte que al fin llegó y me parece que fue publicada en los Anales de la Convención.
Al propio tiempo que el proyecto así convenido, el Dr. Camilo A.
Echeverri, aunque formaba casi siempre en nuestras filas, redactó
otro y rehusó adherirse. al de la Comisión de Negocios
Eclesiásticos; de suerte que la discusión debía recaer sobre éste,
sobre el del señor Echeverri y sobre el del general Mosquera,
habiéndonos ofrecido la comisión de la mesa que no se les pondría
al orden del día hasta que no regresasen de Medellín dos diputados
con cuyo voto contábamos. Estaban las cosas en esta situación,
cuando fui acometido un día de una indisposición que me
imposibilitaba para concurrir a la sesión diaria. Un amigo del
general Mosquera vino a yerme, y permaneció conmigo hasta que a las
ocho de la noche se convenció de que yo no podía asistir a la
sesión nocturna. Con este aviso, no recuerdo si el doctor Rojas
Garrido o el doctor Ancízar, propuso alteración del orden del día
para considerar el informe de la comisión y los proyectos sobre
asuntos eclesiásticos. Leído el informe, ausente su autor y sin más
discusión que un vehemente discurso del doctor Rojas Garrido el
proyecto se negó por empate.
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Era costumbre establecida a nuestra llegada a esa ciudad, el 2 de febrero, visitar inmediatamente al general Mosquera, el cual se creía relevado de la obligación de corresponderlas. El grupo de que ya he hablado dio el ejemplo de omitir esa prueba de respeto especial y de atenerse más bien a la costumbre general del país según la cual el residente debe visitar primero al recién llegado. |
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Sí: niños de cinco años de edad se ven con frecuencia arreando los bueyes o las mulas, y haciendo jornadas por caminos malísimos, de cuatro a cinco leguas. |
