De modo que al décimoquinto día de instalada la Convención, los vencidos en la última guerra que apenas terminaba, entraban en el pleno goce de las garantías individuales. Advertiré que el acto legislativo en referencia tuvo II votos adversos, que fueron los de los diputados Aldana, Barrera, Capella Toledo, Cuéllar Poveda, Cerón Gutiérrez Marcelino, Gutiérrez Santos, Hurtado, Neira, Rodríguez y Villoria; votos que se explican sencillamente por el hecho de no haber terminado el estado de guerra cuando se expidió aquella ley.

Referiré un incidente interesante.

Por simple divergencia de opiniones en uno de los puntos que se discutieron en la sesión del 20 de Febrero, a tiempo de levantarse ésta, el diputado Mosquera trató duramente de palabra al diputado Echeverri, quien soportó por el momento el ultraje que se le infería. En la sesión siguiente, a presencia de su ofensor, pronunció un discurso alusivo al caso, en el cual reivindicó gallardamente su dignidad ofendida, sin dejar de guardar el respeto debido a la Convención, y elevándose, a impulso de tan noble sentimiento, a las regiones de la verdadera elocuencia, en términos de causar honda impresión en el auditorio. Este discurso produjo efecto abrumador en el ánimo del diputado Mosquera; y a consecuencia de ello, uno de sus amigos -el diputado Acosta- haciendo uso de una especie que circuló en esos días contra el buen nombre del diputado Echeverri, hizo a éste en la sesión siguiente fuertes increpaciones y le trató con excesiva aspereza. Mejor informado luego el General Acosta, dio hidalgamente en la sesión nocturna de aquel día, cumplida satisfacción al doctor Echeverri.

El acta de la sesión refiere así la última parte del mencionado incidente, que era la única de que podía tomar nota: El ciudadano Camacho Roldán propuso:

"Se encarga al Presidente de la Convención recibir declaración jurada a José María Cantera, sobre los hechos relacionados con un diputado por el Estado de Antioquia, a que se hizo referencia en la sesión de hoy".

En discusión, el mismo ciudadano modificó:

"Nómbrese por la Presidencia una comisión encargada de investigar todos los hechos relacionados con los cargos de venalidad y proyecto de asesinato, atribuídos a un diputado de la Convención".

Tanto la modificación como la proposición principal fueron negadas, pidiendo que constara su voto afirmativo el ciudadano Díaz Granados.

El ciudadano Parra hizo esta moción:

"La Convención se hace un deber de declarar, como declara, que el cargo de venalidad hecho durante la sesión de hoy al ciudadano diputado Echeverri, es infundado".

La que fue negada, por veinticinco votos contra veintitrés, haciendo constar su voto afirmativo los ciudadanos Bravo, Cortés Holguín, Díaz Granados, Durán, Ferro, Gutiérrez Santos, García, Gómez Santos, Izquierdo, Herrera Manuel y Soto Juan C.

El ciudadano Núñez Rafael propuso:

"La Convención se hace un deber de declarar, como declara, que juzga infundado el cargo de venalidad hecho en la sesión de hoy al diputado Echeverri, sin que, atendidas las explicaciones hechas en el debate, esta declaratoria implique el cargo de falsedad al diputado Acosta".

El ciudadano López modificó:

"La Convención tiene la presunción de que son infundados los cargos que se han hecho al ciudadano diputado Echeverri, sin que, atendidas las explicaciones hechas en el debate, esta declaratoria implique el cargo de falsedad al ciudadano diputado Acosta".

En la discusión de esta modificación el ciudadano Acosta pidió la palabra y dijo, entre otras cosas:

"Juzgo que es innecesaria la aprobación de ésta u otra proposición, pues yo declaro solemnemente y como caballero, que el responsable de todo lo que ha pasado es el señor José María Cantera, que ha desfigurado los hechos y me ha dado un informe falso; y que el ciudadano diputado Echeverri es inocente".

Frases que se insertaron en el acta a petición del ciudadano Silva.

Inmediatamente el ciudadano Camacho Roldán propuso:
"Suspéndase la proposición que se discute para considerar esta otra:
"Satisfecha la Convención con las palabras que acaba de pronunciar el ciudadano General Acosta, resuelve pasar al orden del día".

La proposición de suspensión fue aprobada.

En el acta de la sesión del 24 de Febrero se encuentra el siguiente aparte:

"El ciudadano Mosquera presentó el número 1° del Continental de 1° de Enero del año en curso, periódico de Nueva York, en el que se contienen las notas cruzadas entre el Gabinete de Washington y sus Ministros cerca de las Cortes de Inglaterra y Francia, sobre la intervención que el ex-General Pedro Alcántara Herrán ha solicitado de los Estados Unidos de Norte América, en los negocios internos de la Unión Colombiana, ocupando el Istmo de Panamá con fuerzas norteamericanas, bajo el motivo aparente de mantener libre y seguro el tránsito por aquella vía. Pidió y se verificó la lectura de dichas notas y propuso:

"Pasen estos documentos a la 1a comisión de Relaciones Exteriores, para que proponga las medidas que deba adoptar la- Convención en el particular".

El ciudadano Ancízar modificó:

"Pasen estos documentos y los demás de carácter oficial que haya recibido o reciba en estos días, sobre el mismo asunto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, a la 1a comisión de este ramo, para que proponga las medidas que deba adoptar la Convención en el particular".

La que fue adoptada.

Con profunda pena recojo en estas páginas la breve relación que antecede, por referirse a un adversario político a quien distinguieron, además de sus importantes servicios como hombre público, la benevolencia de carácter, exquisita cultura Y gran respetabilidad personal.

Cabe aquí recordar que fue el mismo General Herrán, asociado a Mosquera, quien entabló en 1840 con el Presidente del Ecuador, General Flórez, negociaciones sobre la cesión al Ecuador de la provincia de Pasto, en cambio de auxilios militares para combatir la revolución liberal encabezada por el General José María Obando.

En la debida oportunidad había dispuesto la Convención que cada una de las nueve Diputaciones de que se componía, designara uno de sus miembros para formar la comisión que debía formular el proyecto de constitución federal; y en la sesión del 4 de Marzo fue presentado este proyecto por los siguientes diputados:

Tomás C. de Mosquera, B. Herrera, José Araujo, Justo Arosemena, José María L. Herrera, Lorenzo María Lleras, Felipe Zapata, Camilo A. Echeverri y Antonio Ferro.

En el informe anexo al proyecto se hizo presente que no todos los que lo suscribieron estaban de acuerdo en todas y cada una de sus disposiciones, y que se reservaban, por tanto, el derecho "de modificar, adicionar o alterar sustancial o parcialmente, aquello a lo cual no prestaban su asentimiento." Son de notar desde luego en este proyecto tres disposiciones por las cuales se iniciaba un cambio fundamental en el régimen político establecido en este país desde 1821.

Estas disposiciones consistían:

1° En el establecimiento de una Dieta o Cámara única, en reemplazo de nuestro tradicional Congreso; ⁽¹⁾
2° En la creación de un Ministerio Ejecutivo compuesto de tres Ministros, nombrados anualmente por la Dieta, en sustitución de la presidencia de la República; y
3° En la organización de un Consejo Federal, compuesto de los Ministros del Ejecutivo, de los Magistrados de la Corte y del Procurador Nacional, con atribuciones de carácter mixto, entre ellas las de resolver las cuestiones de competencia entre los Ministros del Ejecutivo y la de suspender las leyes u otros actos de los gobiernos de los Estados, en los casos previstos en la misma Constitución.

Revélase en este proyecto el espíritu innovador que tanto ha distinguido entre nosotros a cierta escuela política, la cual contaba en el seno de la Convención más de un conspicuo representante; espíritu reformador, que empezó a moderarse desde que se cayó en la cuenta de que el malestar político que aquejaba a esta sociedad (me refiero al tiempo anterior a 1886) provenía menos, muchísimo menos de las instituciones que del carácter personal de algunos gobernantes.

Por lo demás me refiero a la nota que se encuentra al pie. ⁽¹⁾

El Diputado Mosquera, que como miembro de la minoría de aquella comisión había salvado su voto en lo relativo al proyecto, lo combatió luego con las siguientes razones, que tomo del informe presentado por él:

"..............................................................................................

y porque el proyecto en cuestión carece de opinión pública para variar en su esencia la organización del país, dándole a la confederación una forma central en la Cámara única dejándola sin Gobierno Ejecutivo, pues un Consejo de tres individuos, carece de la unidad de pensamiento y de acción para dirigir las relaciones Exteriores y la guerra, administrar las rentas nacionales y su tesoro; y no puede conservar la paz pública, desde que no haya armonía en los miembros del Consejo; y si alguno de ellos llegara a tener influencia sobre los otros dos, el hecho sería que el Gobierno era unitario; y si, como es natural, hay discordancia, sería ilusoria la responsabilildad constitucional.

"El ejercicio del Poder Ejecutivo por nueve meses sería ineficaz y la Cámara única sería la que venía a gobernar, y no habría modo de arreglar el sistema tributario, la inversión de las rentas, y todo proyecto de progreso material".

Aprobado dicho proyecto en primer debate, pasó en comisión a los diputados Zaldúa, Camacho Roldán y Villoria, quienes presentaron uno nuevo, que sirvió de base para la discusión.

Tanto en el fondo como en la forma recibió este proyecto numerosas e importantes modificaciones, que indudablemente lo mejoraran. Pero es de lamentarse que no se hubiese conservado intacto el artículo de este proyecto o el de la anterior comisión, que tratan de modo de reformar la misma Constitución. Cualquiera de esas dos disposiciones habría bastado para dar duración indefinida al régimen federativo en Colombia, por cuanto ofrecían relativa facilidad para la reforma de aquel código. ⁽¹⁾

Movidos de un interés patriótico, no sé si bien o mal entendido, y por iniciativa de quien esto escribe, los diputados Echeverri, Silva, Zapata, Gómez Santos y Parra, se presentó un proyecto de ley en que se designaba para capital de los Estados Unidos de Colombia la ciudad de Panamá, proyecto que fue acompañado de una rezonada exposición debida a la pluma del diputado Rafael Núñez, que trascribiré íntegramente, a pesar de su extensión, por tratarse de un asunto que acaso revivirá algún día.

"Ciudadanos Diputados:

Los términos en que habrá de quedar consagrado en la

Constitución el sistema federal, cuyo principio cardinal, como vosotros los sabéis, es la soberanía de los Estados, demandan, en nuestro concepto, algunas disposiciones colaterales que, sin menoscabar dicho principio, ni en lo más insignificante de su esencia, propendan eficazmente a la conservación de la unidad nacional.

A primera vista, y a la luz de las doctrinas empíricas de nuestros adversarios políticos, tales disposiciones deberían consistir en la organización de un poder general provisto de considerables medios físicos de acción y represión, no obstante que lo sucedido recientemente en la lucha del Gobierno de la Confederación Granadina con los Estados, ha sido una demostración elocuente y decisiva de que el sostenimiento de la armonía federativa tiene que buscarse por caminos y por medios de carácter que llamaremos moral para expresar nuestro pensamiento concisamente.

Los diputados abajo suscritos, después de detenidos y desapasionadas reflexiones, hemos concluído que una de las medidas más importantes que puede acordar la Convención, en el sentido indicado, es el establecimiento del Distrito federal en la ciudad de Panamá; y en consecuencia nos atrevemos a proponer esta idea a vuestro ilustrado examen, en el proyecto de ley adjunto.

Os haremos con la precisión posible la enumeración de las razones que nos han traído a este resultado.

Creemos, ante todo, que el punto donde se encuentra hoy el Distrito federal, es el menos a propósito para llenar su objeto. Hé aquí por qué.

La coexistencia de dos poderes públicos -el federal y el de los Estados- exige que uno de ellos, que en el caso presente debe ser el federal, lejos de inspirar recelo al otro, sea su moderador en el sentido filosófico de la palabra, es decir, moderador pacífico y razonado. Si esta exigencia se desatiende, el resultado preciso será la colisión y la lucha en lugar del concierto y la quietud. El Poder federal debe ser árbitro en todo cuanto diga relación a las controversias entre los Estados; y para que llene esta misión debidamente, se hace necesario que por su manera de ser, por la atmósfera en que funcione, ni pretenda nada contrario a la justicia, ni de ocasión a que se ponga en duda su imparcialidad.

Estos principios se tuvieron seguramente en cuenta en las dos únicas federaciones democráticas en que la paz se ha mantenido por largo tiempo -la de Norte-América y la de Suiza- y en virtud de ellos y una y otra han tenido especial cuidado de que el asiento del Gobierno Federal no sea en una población numerosa e influyente, o de que su residencia no sea fija, lo cual importa, más o menos, lo mismo. Al contrario en todas las federaciones hispanoamericanas, en que la paz no se ha sostenido sino transitoriamente -como la de Méjico, la de Centro-América y la Argentina- las capitales escogidas fueron las mismas señaladas en el régimen colonial, esencialmente distinto, en sus tendencias y estructura, del federativo. Estas capitales, como vosotros recordaréis, fueron las ciudades más populosas y ricas de aquellas comarcas, a saber: Méjico, Guatemala y Buenos Aires.

La ciudad de Bogotá, donde se halla establecido hoy nuestro Distrito Federal, se encuentra en el mismo caso; y tenemos perfecta convicción de que la circunstancia de que allí residía también el Gobierno de la Confederación Granadina, fue una de las principales causas de la última guerra; porque sin las influencias que obraron sobre el Congreso de 1860, la política de ese Congreso habría sido menos imprudente, antipatriótica y agresiva.

Es que por tradición, por hábito, y aún por necesidad, las ciudades más pobladas y ricas de una nación tienden a ejercer, y ejercen en realidad, predominio sobre las demás localidades, formando en torno de los encargados de ventilar los negocios públicos una especie de coacción de muchos aspectos, más ó menos visibles, á la cual no es fácil sustraerse; y sí, como en el caso presente, la ciudad predominante tiene de atrás ese privilegio con el carácter de antigua capital, la coacción se ejerce como por derecho indisputable e imprescriptible, y casi de buena fe, si esta apreciación nos es permitida.

Las consecuencias, por punto general, se encuentran en la historia de nuestra legislación, en la lista indefinida de pensionados y algunos otros capítulos del presupuesto, y en la crónica de la barra de los Congresos, crónica que, en violencias más ó menos escandalosas, representa todo género de pretensiones, las más contradictorias á veces, para hacer considerar como opinión verdadera del país la opinión de círculos más o menos estrechos.

Así, con frecuencia se ha observado que el Congreso no ha sido en el hecho el representante fiel de la voluntad nacional; porque los Diputados de fuera se han encontrado, a su pesar, fascinados por la atmósfera de la capital, y han incurrido, sin pensarlo, en el error de aceptar por necesidades generales, por opinión nacional, la necesidad y la opinión del círculo, no siquiera del partido, reinante a la sazón en Bogotá.

Además, el programa liberal, en lo que respecta al Gobierno federal y al periodismo directivo y expositor de la doctrina, que siempre funciona cerca de dicho Gobierno, nunca podrá desenvolverse holgadamente en sus elevados propósitos, si no se realiza un cambio radical en su teatro de acción y temperamento; pues es una verdad tangible que las condiciones inherentes al lugar en que se piensa, influyen poderosamente en las ideas, porque así como hay climas físicos hay climas morales, y la naturaleza de éstos como la naturaleza de aquellos, está en íntima y obligada relación con sus productos o manifestaciones. Y Bogotá, asiento de los Virreyes y de los Gobiernos centrales, metrópoli del fanatismo ultramontano, ciudad situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, centro del agio y del monopolio bajo todos aspectos, y cuartel general superior de todas las intrigas y conspiraciones políticas, es, por lo mismo, el último quizá de los lugares de la Unión al que lógicamente puede confiarse la capital de la nueva República.

Por otra parte, reducida en lo fundamental la potestad del Gobierno federal a las relaciones internacionales, nada más congruente con esta concretación de facultades, que señalar como punto de residencia de ese Gobierno, uno que, sin ser excéntrico respecto de los Estados, se encuentre lo más cercano posible de las otras naciones; y tanto más, cuanto que entre esas naciones figuran aquellas a las cuales debemos aproximarnos sin demora, para discutir y realizar lo más pronto el pensamiento salvador de la gran federación colombiana, dándole a esta última palabra toda la expansión que requiere la idea a que intentamos referirnos, de una alianza entre las Repúblicas hispanoamericanas.

Las observaciones procedentes, someras e incompletas como son, explican virtualmente la causa de habernos fijado en la ciudad de Panamá para residencia del Gobierno federal.

Esta ciudad, considerada la rapidez con que puede comunicarse con los pueblos del Sur por el Pacífico, y con los del Norte por el Atlántico, es tanto o más central que la de Bogotá, por una parte; y por otra, es una de las menos influyentes por sí misma, en nuestros negocios públicos, porque tiene cierto carácter de neutralidad, comprobado en muchas páginas de nuestra historia política, carácter especialísimo que la predestina admirablemente para asiento de un Gobierno como el que tratamos de fundar, moderado, razonador, desapasionado y pacífico, para mantener la armonía entre los estados, y noble e infalible iniciador de la fusión de los pueblos hispanoamericanos, bajo el punto de vista de salvar la independencia común.

La proximidad del Gobierno federal a nuestros Estados del Pacífico y del Atlántico, será un acontecimiento que acogerán esos Estados como un deseo de estrechar los lazos, tal vez no muy firmes, de la federación, y permitirá por otro lado a dicho Gobierno hacer un estudio más provechoso de los elementos constitutivos de esos pueblos para prevenir, en lo que de él dependa, conflictos posteriores.

La administración de la renta de aduanas, susceptible de un ensanche indefinido, será más cuidadosa, los procedimientos más uniformes y las reformas mejor apoyadas en los hechos; porque la línea principal de nuestros puertos habilitados puede evidentemente ser más estudiada y vigilada desde Panamá que desde cualquier otro punto.

El ferrocarril que la República debe rescatar para sí, dentro de poco tiempo, es otro interés importante, que convida al Gobierno federal a residir en Panamá.

Pensamos también que mientras más se acerque este Gobierno a la civilización norteamericana y europea, su política será más ilustrada, porque contará con los abundantes elementos intelectuales y científicos que aquella habrá de suministrarle, y los hombres que se encarguen de la dirección general de la cosa pública, vigilados por todo el mundo, no pensarán sino en acreditarse y acreditarnos en el exterior, apartando de sí todo pensamiento mezquino que, por una antítesis moral, es siempre el origen, en nuestro país y quizá en todos los países, de las más grandes calamidades.

La concurrencia anual a Panamá de los miembros del Congreso, procedentes de los Estados internos, además de estrechar las relaciones de pensamiento de estos Estados internos con los pueblos de la Costa, producirá gradualmente el importante beneficio de disipar los temores exagerados que abrigan los moradores de los Andes acerca de la insalubridad de dichos pueblos y de los situados en las orillas del Magdalena, y fomentado por este medio el comercio entre unos y otros, avivadas sus relaciones, el aislamiento recíproco en que hoy se encuentran, en su mayor parte, irá también desapareciendo sucesivamente. Este aislamiento, germen de desconfianza y de rivalidades, es tan sensible respecto de ciertos lugares, que, principalmente entre los grupos menos ilustrados, los hijos de una misma patria se tratan y se consideran mutuamente como extranjeros, sólo por haber nacido bajo climas ó alturas diferentes.

La inmigración es una de nuestras más grandes necesidades; pero ella no se realizará en escala considerable mientras que nuestras instituciones, la verdad de nuestro modo de ser, no puedan ser apreciados justamente en el exterior. Y nada más conducente a este fin que la aproximación del Gobierno federal a esa incesante corriente de viajeros, procedentes de todas las partes del mundo a que sirve de entrepuente el Istmo de Panamá.

Todas las cuestiones internacionales tendrán una solución mucho más fácil desde que el teatro de la discusión esté bajo el dominio inmediato de la prensa universal, y desde que nuestro Gobierno sea más conocido, en la realidad, de los otros Gobiernos; porque así podremos apelar con mejor suceso al criterio de los otros países, y será más difícil a los ministros extranjeros calumniar nuestros procedimientos.

Y la garantía sobre la neutralidad del Istmo, estipulada en el tratado con los Estados del Norte, vendrá, si se acepta el proyecto, a colocar la residencia del Gobierno en una condición de inviolabilidad que, aunque de carácter negativo, será una verdadera fuerza que, aparte de ponernos a cubierto de cualquiera eventualidad respecto de agresiones armadas, servirá como un gran recurso para recabar de las naciones más fuertes una mayor suma de justicia en los casos de controversia.

Tal vez se presentará por algunos a la medida que os proponemos la objeción de que, colocado en Panamá el Gobierno general, su tarea de conservar el orden en la Unión será muy difícil; pero nos parece que semejante objeción, derivada quizá de las tradiciones del centralismo, tiene muy satisfactoria respuesta.

Porque, en primer lugar, en materia de orden, creemos que los Estados internos son los que presentan mejor perspectiva, a causa de que la necesidad que ellos tienen de los puertos marítimos, los obliga, por propia conveniencia, a mantenerse unidos a los Estados del litoral, y a emplear, con este fin, todos los esfuerzos posibles.

Porque, en segundo lugar, el Estado cuya situación, en este sentido, es menos lisonjera, que es el del Cauca, queda mucho más cerca de Panamá que de Bogotá.

Porque, en tercer lugar, nuestras grandes guerras civiles han tenido siempre origen en la mala política, en la ambición, o en el espíritu de bandería de nuestros altos gobernantes; y es evidente, a nuestro juicio, que todo lo que tienda a debilitar el Poder de acción material de esos gobernantes, todo lo que tienda a disminuír sus tentaciones antipatrióticas y a infundir confianza en su conducta, sea porque no quieran o porque no puedan salir de su órbita legítima; todo esto, decimos, será el mejor preventivo contra las turbaciones de la paz pública.

Porque, en cuarto lugar, si es que el Gobierno federal queda en la impotencia de conservar el orden, en los muy pocos casos en que tendrá, conforme a la Constitución, que cumplir ese deber, semejante impotencia lo hará más prudente en su política y lo obligará a agotar los recursos de la conciliación, que cuando se emplea de buena fe, rara vez deja de conducir a resultados mejores que la apelación a la fuerza.

Porque, finalmente, el Ejército real de una federación no puede ni debe estar en el estrecho recinto del Distrito federal, sino en los Estados, prescindiendo de la reducida guarnición que allí es indispensable tener; y la traslación de la capital de la Unión, que proponemos, en nada afecta la organización, disciplina, ensanche y movilidad de que hoy son susceptibles las milicias de los Estados, que son las llamadas a apoyar, llegado el caso, la acción represiva del Gobierno federal.

La doctrina contraria, es decir, la aglomeración de la fuerza armada en el lugar de la residencia de este Gobierno, será, en el hecho, la abolición de la soberanía de los Estados cuya sanción seria y eficaz no puede ser otra que la práctica del principio que hemos enunciado.

Resumiendo todo lo expuesto, tendremos:

1° Que las condiciones inherentes a la ciudad de Bogotá no corresponden a las que debe reunir la capital de la Unión;

2° Que para la conservación de la unidad nacional sin esfuerzos materiales, para la mejor administración de las rentas federales de más grande importancia, para el crédito del país en el exterior, para la más conveniente solución de las cuestiones internacionales, para realizar el pensamiento de la alianza hispanoamericana, ningún otro punto debe ser preferido a la ciudad de Panamá en reemplazo del que hoy funciona como Distrito federal de la Unión.

No vaciléis, pues, honorables colegas, en apoyar nuestro proyecto: la idea que él encierra no nos pertenece, porque hace algunos años que ella fue formulada por uno de nuestros más distinguidos amigos que ya no existe; pero nosotros, hoy que su aplicación es mucho más oportuna y aún urgente, la hemos recogido como una rica herencia de verdad y patriotismo, y la sometemos resuelta y concienzudamente a vuestro voto.

Creemos firmemente que, al acogerla, la Convención habrá colocado la última piedra del grande y precioso monumento que representando la victoria de nuestras creencias políticas a costa de sacrificios inmensos, debe contener en sí elementos de estabilidad y porvenir, que, a la manera de los que reunen las obras maestras de arquitectura, consistan únicamente en la exacta e inteligente adopción de la ley providencial de la armonía.

Rionegro, 4 de Mayo de 1863.

CAMILO ANTONIO ECHEVERRI - ESTANISLAO SILVA - AQUILEO PARRA - FELIPE ZAPATA - ALEJANDRO GOMEZ SANTOS.

Aprobado el proyecto en primer debate, pasó en comisión al diputado Mosquera, quien lo volvió acompañado de un extenso informe en que no ahorró esfuerzo para demostrar la conveniencia de él. Los pasajes siguientes son la demostración de tan sincero cuanto vigoroso esfuerzo:

"Señores Diputados:

Encargado de la comisión de revisar el proyecto de ley designando la capital de la Unión Colombiana, he considerado detenidamente el negocio, y lo creo de la más grave y trascendental importancia bajo diferentes puntos de vista.

Los diputados que presentaron el proyecto han expuesto, de un modo digno la cuestión, los fundamentos que tuvieron para serlo; y no deberé repetir las razones con que tan acertadamente se ha justificado la medida.

Cuando en 1811 el Libertador Bolívar envió Ministros Plenipotenciarios a Méjico, Perú, Chile, Buenos Aires y Guatemala, para celebrar tratados de alianza con aquellas repúblicas, señaló a Panamá como el punto importante para la reunión de un Congreso de Plenipotenciarios de las Repúblicas hispanoamericanas. Bolívar consideraba el Istmo de Panamá como la joya más preciosa de Colombia y el asiento natural del Gobierno de una nacionalidad respetable, que trajera por resultado la consolidación de las instituciones republicanas en el Nuevo Mundo.

Para lograr este objeto fue que se dispuso que se examinara la topografía del Istmo, se determinara su nivelación, Y consiguientemente su altura sobre los dos Océanos. Los ingenieros Lloyd y Former fueron comisionados al efecto; pero antes de realizarse el pensamiento del Libertador sobrevinieron las revoluciones de 26 y 29 en Caracas, 27 y 30 en el Centro, y 30 en el Ecuador, que disolvieron la Gran República, y sumieron esos bellos pensamientos con Bolívar en la tumba. Quedaron solamente el espíritu de partido y las pasiones vulgares adueñadas de la cosa pública, entregada al vaivén de tantas y tan variadas vicisitudes como sufrió, hasta que el triunfo de la filosofía, del derecho y de la libertad, estableció el imperio de la razón y la conducta del país conforme a sus dictados.

Esa misma idea ha ocupado mi pensamiento desde aquella época, en que oía de boca de Bolívar presagiar los destinos futuros de la América española, y la influencia que tendría en la consolidación de sus instituciones el establecimiento de la capital de una gran confederación en Panamá.

En 1842 publiqué en Chile una conversación que tuve con el Libertador Bolívar en Buijo; por el mes de Julio de 1829, en la cual predijo la ocupación de las Californias por los americanos; acontecimiento que se realizó en 1849.

Desde 1821 veía Bolívar que estas naciones necesitaban unirse para resistir las influencias de los Gobiernos absolutos y de la Curia Romana, y por eso deseaba la reunión de un Congreso americano, y previno al señor Tejada, nuestro Ministro en Roma, que no propusiese otro Concordato al Papa que el mismo que obtuvo el Emperador Napoleón I, y mientras él mandó no abandonó este propósito.

Muerto Bolívar, y poseedor de sus pensamientos, he sido un constante defensor de la idea del Congreso americano. Los pasos que he dado en favor de Panamá sosteniendo todas las leyes excepcionales promulgadas en su beneficio y promoviendo la apertura de una vía interoceánica, no han tenido otro objeto que el de llegar al establecimiento de la capital colombiana en el Istmo, como complemento de la obra gigantesca de fundar la Unión entre los pueblos de un mismo origen.

Hago este recuerdo del pasado para no aparecer como autor de aquellos pensamientos, sino como continuador y sostenedor, con el convencimiento íntimo de su importancia. Créome en el deber de llevar adelante la labor, para que la concepción del Genio inmortal de Colombia se realice con vuestra cooperación, digo mal, con vuestra voluntad, porque en vuestras manos está la suerte de la Patria -la de la América entera. He creído necesaria esta digresión antes de entrar en otras consideraciones del momento.

Mucho se insiste por algunos en querer demostrar la necesidad de que la capital de la Unión ocupe un punto central; pero si se examina cuál es el asiento del Gobierno en todas las potencias extranjeras, se verá que aquella pretendida necesidad está contradicha por los hechos que establecen lo contrario.

Las excepciones son: Madrid en España, Méjico en la América Septentrional y Sucre en Bolivia, y de ello ninguna ventaja resulta a esos países. El punto más conveniente para capital es aquel en que las relaciones directas del Gobierno nacional con los de las potencias extranjeras sean más fáciles y prontas, pudiéndose al mismo tiempo atender a aquellos puntos del interior más importantes con respecto a la Administración general, a la política, a la guerra, al comercio y navegación, a la inmigración y a la unidad nacional.

En un Gobierno federal, la acción del Poder Ejecutivo nacional está circunscrita a pocos y bien definidos negocios, como son la paz, la guerra, las negociaciones y el comercio. Los asuntos que interesan a la vida, la libertad y prosperidad, son de competencia de los Estados, y para el buen manejo de estos asuntos suele recomendarse que el Gobierno ocupe un centro geográfico; pero tal centralidad no es siempre conveniente, porque a veces circunstancias sociales aconsejan poner la silla del Gobierno en pueblos pequeños, para evitar la influencia de los ricos propietarios, del clero u otros semejantes.

La acción del Gobierno de Colombia es imperfecta situado en el interior del país, porque no puede ponerse en contacto inmediato con las naciones extranjeras; todo llega tarde, y es más fácil recibir en Lima noticias de Europa que en Bogotá. La administración de la Hacienda federal consiste en las aduanas y salinas. Esta renta no necesita tener cerca al Gobierno general, y las aduanas sí, siendo fácil inspeccionarlas desde Panamá, y combinar con la diplomacia mercantil un sistema certero de percepción. La administración económica de los pueblos marítimos, la seguridad de las bahías para la marina mercantil, y la legislación del importante negociado del comercio, son muy difíciles, y hay riesgo de equivocarse si no se observan de cerca los hechos.

Por eso estamos tan atrasados en estas materias, manteniéndose paralizado nuestro desarrollo mercantil. Panamá está colocada en la más ventajosa posición. Desde Guayana se puede tener correspondencia por vapor en diez días, tocando en Cumaná, Barcelona, la Guaira, Portocabello, Maracaibo, Riohacha, Santamarta y Cartagena. De San Juan de Nicaragua en dos días. De ese modo Venezuela y Nicaragua tendrán prontas comunicaciones con el Gobierno. Los Estados del Magdalena, Santander y Bolívar hallarán una facilidad extraordinaria para sus relaciones mutuas. Para Cundinaniarca, Tolima y Antioquia se retirarán relativamente las comunicaciones con el Gobierno nacional; pero estos Estados y el de Boyacá son cabalmente los que menos necesitan la acción de aquel Gobierno en su apoyo, porque no tienen aduanas ni puertos. Por el Pacífico, la correspondencia desde costa Rica a Guayaquil puede llegar en trece días, tocando en los puertos nacionales de Montijo, Panamá, Buenaventura y Tumaco.

En un mes puede el Gobierno federal entenderse con los de Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica y Buenos Aires. Por el Atlántico en diez días con los Estados Unidos y en veinte con la Europa occidental.

Es, pues, evidente que Panamá forma un centro político en nuestro país, y lo sería también geográfico al unirse el Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela a los Estados Unidos de Colombia, o solamente las dos Repúblicas colombianas.

Este grande acontecimiento determinaría la Unión de la América española mediante una alianza de principios, que al mismo tiempo funde el derecho público marítimo de nuestras repúblicas, basado en la filosofía y los usos internacionales. Los Estados Unidos de América conocerían su interés en hacer parte de la liga de los pueblos contra las pretensiones de los poderes absolutos. Las naciones libres de Bélgica, Gran Bretaña y Holanda, simpatizarían con nosotros al vernos emprender una nueva carrera de civilización y progreso, y nos ayudarían con francas relaciones comerciales a desarrollar nuestros elementos de riqueza nacional.

Considerad, señores Diputados, cuán grandiosa es la medida, cuán importante su pronta realización, cuáles sus circunstancias favorables en los futuros destinos de Colombia, y considerad también que ésta es acaso la única y rara oportunidad de realizarla, y la época precisa en que se puede Y se debe hacerlo. Los temores imaginarios dé ciertas influencias internas nada pesan en el ánimo del hombre público, que eleva su espíritu en solicitud de remedios radicales, Para curar la enfermedad social que tiene abatida a la América española y especialmente a Colombia.

La falta de comunicación de los Estados entre sí, el espíritu centralista fruto de la educación colonial, los celos que existen entre algunas ciudades y aún respecto de la antigua capita] de Nueva Granada, no se pueden desvanecer sino estableciendo un nuevo orden de cosas. Sacudamos las preocupaciones y marchemos con ánimo firme y sereno en la vía del progreso".

Sin embargo, tal proyecto no tuvo otro efecto que la de causar cierta sensación; obraron decisivamente en contra de él estas dos objeciones:

La dificultad que tendría el Gobierno general, situado en Panamá, para atender debidamente a la conservación del orden en el interior de la República; y la insalubridad del clima de aquella ciudad, lo que retraería de concurrir a los Congresos, y aún de aceptar otros puestos oficiales, a muchas de las principales notabilidades del país. El proyecto fracasó, pues, a pesar de haber tenido tan valiosos defensores; y fue al diputado Gutiérrez de Piñeres a quien tocó en suerte darle el golpe de gracia, por medio de un chiste, que fue muy celebrado.

Después de comparar el mapa de Colombia a un gallo cuyo pescuezo fuera el Istmo de Panamá, observó que si se colocaba allí la capital de la República, podía venirle a algún mal vecino la tentación de descabezarla, cortándole el pescuezo al gallo.

En la sesión del 7 de Marzo el diputado Ferro, en asocio de los diputados Uricoechea y Herrera Bernardo, presentó un proyecto de ley "declarando que las monjas tienen ciertos derechos". Ya en una de las anteriores sesiones, el diputado Ancízar había presentado otro proyecto "disponiendo que se auxiliara con cierta suma de dinero a las religiosas exclaustradas que pidieran pasaporte para el extranjero".

Esto indicaba un principio de reacción contra el inesperado golpe de la expulsión violenta de las monjas profesas, ejecutado de orden del Dictador; pero reacción limitada a suavizar en lo posible el rigor de la medida, que había sido generalmente bien recibida en la Convención. Si ella se hubiese limitado a prohibir a las religiosas existentes los votos a perpetuidad, dejar de por vida en los conventos a las que quisiesen permanecer en ellos, y mandarles pagar del Tesoro público una pensión alimenticia, la medida habría sido acogida con gran beneplácito por la Convención.

En la sesión del 18 de Febrero los diputados Soto, Silva, Parra, Camacho Roldán y Gutiérrez A., presentaron un proyecto de ley "sobre desamortización de bienes de manos muertas, en el cual se ratificaba expresamente el decreto sobre la misma materia, expedido por el Supremo Director de la Guerra, con fecha 9 de Septiembre de 1861. Se declaraba comprendidos en tal medida los edificios de habitación de los religiosos profesos; se fijaba el término de seis meses para continuar la venta de dichos bienes, y se introducía otras disposiciones sobre el modo de hacer los remates. Este proyecto fue pasado en comisión al diputado Ramón Gómez, quien lo volvió con un extenso informe, en el cual, después de hacer un pomposo elogio del decreto de 9 de Septiembre, que califica de "galardón y verdadero trofeo de Segovia, Usaquén y Bogotá", y después de manifestar que el entusiasmo que despertó en el informante aquella trascendental medida "no le vino de que la nación se aprovechase de unos millones de pesos para pagar su deuda, sino del golpe económico de innumerables resultados para la riqueza pública, desencadenando esos bienes y haciéndolos entrar en juego en la circulación; y más que todo del golpe político consistente en haberse encarado con el poderoso y único enemigo que en este país tiene la República, que es el elemento fanático"; después de eso, y de pintar con lúgubres colores la formidable reacción armada que vino en pos de aquel decreto, entra a demostrar la conveniencia de excluir de la desamortización los bienes y rentas de los distritos y de las escuelas primarias; recomienda en seguida que se aplique el producto de los bienes desamortizados a la construcción de dos grandes vías de comunicación, y termina con los siguientes conceptos:

"Que nuestro clero se presente pobre y humilde ante nuestras poblaciones, predicando el amor y la caridad, que se deje de atizar la guerra entre la razón y la fe, que busque alivio para el desgraciado, doctrina para el ignorante, que rocíe con agua bendita el árbol de la libertad y cubra con el manto de la religión el dogma de la soberanía popular, y entonces le sobrará para vivir, y será la parte mimada de la sociedad por el partido liberal; porque si este partido en su entusiasmo por la República ha hecho morder el polvo a los fariseos armados con el fusil y el hisopo y atrincherados detrás del altar y el bufete, vencedor hoy, con gusto dará la mano y colocará en puesto distinguido a los que se ocupen en regar las verdaderas semillas del cristianismo, porque el día en que ellas fructifiquen en el corazón del pueblo, la República está salvada y el imperio de la libertad asegurado.

"Rionegro, 7 de Marzo de 1863.

RAMON GOMEZ"

Al discutirse en primer debate el proyecto de decreto "asignando una renta vitalicia al C. General Santos Gutiérrez" éste pidió la palabra y se expresó así:

"Ciudadano Presidente:

Conozco las buenas intenciones que han guiado al ciudadano diputado por Cundinamarca, al presentar el proyecto que está sujeto a discusión; y siento muchísimo tener que manifestar aquí, en el seno de la Convención, que este proyecto es inconveniente, y no debe aprobarse.

El tiene por objeto dos cosas: la 11, señalarme una renta vitalicia, y la 2% indemnizarme por los daños y perjuicios causados por mis enemigos en mis pocos intereses. Yo debo manifestar francamente, con el corazón en los labios, que no acepto ni necesito la pensión que por ese decreto pudiera dárseme.

Creo que en el estado de salud en que me encuentro, mis fuerzas son bastantes para procurarme lo suficiente a las necesidades de mi familia, por más apremiantes que ellas sean.

El proyecto en su calidad de recompensa por los daños Y perjuicios sufridos en mis intereses, en la última guerra, tampoco lo acepto, porque si puedo justificar que mi propiedad ha sido menoscabada de una manera considerable, los decretos expedidos por el ciudadano Presidente provisorio de la Unión, me dejan el camino para poder reclamar los menoscabos que se me hayan causado.

Las sumas con que el proyecto quiere hacerme gracia, pueden aplicarse para las personas que, habiendo prestado importantes servicios, se encuentran verdaderamente necesitadas.

Nosotros, los que hemos tomado una parte más o menos activa en la lucha que acaba de terminar, no lo hemos hecho porque se indemnice nuestra cooperación. En el mismo caso que estoy yo se encuentran miles de ciudadanos que han prestado interesantes servicios, que necesitan esa pensión, y la demandan con sobra de justicia.

Repito que no dudo de las sanas intenciones que animan al ciudadano diputado que ha presentado el proyecto, por eso no creo que lo haya hecho con el fin de ofender mi susceptibilidad o mi amor propio: él es grato a los humildes servicios que yo haya prestado a la Patria, y quiere darme una prueba del aprecio que hace de ellos. Yo le presento mi agradecimiento por esta muestra de consideración personal y de patriotismo.

No acepto ni el honor que por ese derecho pudiera deferírseme, porque no es un decreto el que puede darme honor, sino la gratitud y aprecio de mis conciudadanos por los sacrificios que haya hecho a la causa de la libertad.

Por estas razones estoy en contra del proyecto, y suplico a mis honorables compañeros le den su voto negativo; y que, en lugar de decretar esa pensión a mi favor, la votemos para muchos huérfanos y viudas desvalidas que sí la necesitan y que la merecen. Y de esta manera daremos una prueba a todos nuestros compatriotas, de que siempre buscamos, para recompensarlos, a los servidores que han merecido el reconocimiento nacional, aun cuando no les haya favorecido la fortuna con una alta posición social.

Reitero, muy sincera y cordialmente, la súplica de que se niegue el decreto".

El proyecto pasó sin embargo a segundo debate, por una gran mayoría, y en él se reemplazó la pensión por una guirnalda de oro con piedras preciosas.

Como un acto que honra especialmente a la Convención, haré notar la unanimidad con que fue aprobada en votación secreta la abolición del cadalso, consignada en el capítulo de las garantías individuales. El diputado Mosquera no estuvo presente en esta sesión.

No poco adelantado estaba ya el segundo debate del proyecto de Constitución, cuando fue interrumpido, en la sesión nocturna de 9 de Abril, para tomar en consideración el de ley "sobre derecho de tuición", y el informe correspondiente, presentados uno y otro por las comisiones reunidas de negocios eclesiásticos, a cargo de los diputados Camacho Roldán, Arosemena y Bernardo Herrera.

Por ser ésta una de las más arduas y delicadas cuestiones que debía tratar la Convención, las referidas comisiones, a quienes había pasado el primer proyecto sobre la materia presentado por el diputado Echeverri, hubieron de emplear en el estudio de ella, según lo manifestaron, mucho más tiempo del que les había sido señalado; y a fe que lo emplearon bien, pues el informe rendido por ellas abraza en todos sus puntos el complicado problema, y tanto por el fondo cuanto por la forma, es el más notable documento en su clase de todos los que se presentaron a la Convención. No pudiendo transcribirlo íntegramente, por su considerable extensión, me limitaré a reproducir algunos de sus más importantes períodos, entre ellos los finales, por ser ahí donde están las conclusiones a que llegaron sus autores.

Hélos aquí:

....... "Después de tres años de convulsiones políticas y sociales, de guerra encarnizada y sangrienta, la sociedad ha podido volver a su asiento: los triunfos completos y decisivos de las armas federales, la generosidad de los vencedores, el cansancio y postración de los vencidos, y, más que todo, la honradez política de que tan relevantes pruebas se han dado desde el 4 de Febrero por el caudillo que asumió la dirección de los acontecimientos de la guerra y por vosotros, señores delegados del pueblo, en vuestras actuales deliberaciones, son garantías suficientes de que, salvo tentativas aisladas, el cambio político efectuado se consumará de un modo definitivo en el país.

"Pero no sucede así con las causas de perturbación religiosa, que aún subsisten en toda su fuerza y que son en el día la única amenaza contra la paz pública que aparece en el horizonte. Reformas tan trascendentales como las contenidas en los famosos decretos de Tuición, Desamortización y Abolición de monasterios, no pueden realizarse fácilmente en un país atrasado como el nuestro. La espada de las reformas se abatió sobre las preocupaciones como el hacha del cultivador sobre la selva centenaria: el fuego prendió sobre sus despojos y el huracán levantó su llama hasta los cielos: algún día llegará en que sobre las cenizas del incendio aparezca la verdura de las nuevas plantaciones y en que la mies ostente sus frutos en flor; pero entretanto el fuego arde todavía bajo la ceniza, y las chispas que aún se desprenden de los troncos calcinados amenazan con renovar el incendio. ¿Cuáles son los medios de conjurarlo? ¿Cómo podrá llevarse a esos restos el riego benigno que mitigue el ardor de los campos y asegure la fertilidad del terreno conquistado sobre el bosque bravío?

"Entre las causas de conflagración que aún subsisten, figura en primera línea el ejercicio del derecho de Tuición, que con una energía singular inició y puso en práctica en medio de la guerra el ciudadano Presidente provisorio. Supuesto que la contienda bélica ha cesado, que la paz se ha restablecido en todos los ámbitos del territorio y que es preciso dar al ejercicio de esa facultad una forma compatible con la libertad y respeto para todas las religiones, que es un dogma de la fe republicana ¿cuál debe ser esa forma permanente del derecho de Tuición, en tiempo de paz? Tal es la materia de estudio confiada a vuestra comisión.

"Ella no se lisonjea con la esperanza de encontrar una solución que ponga término al combate que incesantemente se ha sostenido desde el siglo IV hasta el día, entre el espíritu dominador del catolicismo por una parte, y la necesidad de conservar la supremacía del poder civil de los gobiernos por otra. Esa lucha obstinada de quince siglos está todavía muy lejos de su término; y aunque la lógica de la historia no permita abrigar dudas sobre su resultado final, favorable a la causa de la soberanía de las naciones, es forzoso reconocer que el ultramontanismo ha contraído alianzas estrechas con las tiranías que lo apoyan y sostienen, y lo apoyarán y sostendrán por algunos siglos más todavía. El catolicismo, apoyado en la memoria de sus primeros mártires, en la veneración debida a las virtudes de sus piadosos anacoretas de los cuatro primeros siglos, en la gratitud que las generaciones modernas deben a los claustros, que salvaron el precioso depósito de las ciencias debajo de las ruinas del mundo romano; rodeado todavía de una pálida aureola de la gloria que supo conquistar como heredero del trono de Occidente, destruído por la irrupción de los bárbaros, arraigado en el corazón de los pueblos por el recuerdo de la protección desinteresada que les prestara en medio de la edad de hierro en la lucha contra los señores feudales: el catolicismo cuenta todavía en la enumeración de todo, estos recuerdos motivos seductores para extraviar la conciencia de las almas honradas.

"El poder del catolicismo ha sido el más colosal, el más irresistible, el más verdadero que se conozca en la historia de las dominaciones humanas. Las conquistas de Alejandro, la gloria heroica, artística y filosófica de la Grecia; la entonces llamada República universal del mundo romano hasta Constantino; el trono de Carlo Magno, fueron fugaces meteoros comparados con la gloria, el poder y la riqueza del catocilismo desde la época de las Cruzadas hasta el siglo de León X. de Carlos V, de Francisco I, en que por primera vez se embotaron en la coraza de Borbón los rayos hasta entonces irresistibles del Vaticano. Los cataclismos que en esos días memorables cayeron a la vez sobre los tronos, las instituciones y los pueblos, fueron otros tantos triunfos y adquisiciones para los Papas y su clero; las Cruzadas, que empobrecieron a la Europa, hicieron inmensamente rica a la Iglesia; los monasterios heredaban los bienes que las pestes y las hambres dejaban sin dueño; la aproximación que se creía inminente de la hora terrible en que la trompeta del Angel anunciaría el fin del mundo, fue causa de una cesión universal en favor de la Iglesia de las riquezas, inútiles ya para los espantados mortales. El diezmo, la primicia y la venta simoníaca de los sacramentos, encubierta con el nombre de derechos de estola, recibían todos los días nuevas confirmaciones por parte de los príncipes. La legislación civil en materias de matrimonio, la propiedad de los cementerios. cuyas llaves tenían la misma eficacia que las de las puertas del cielo, el fuero eclesiástico en materias civiles y criminales, que hacía imposible la justicia contra los clérigos; el asi1u de las iglesias, el privilegio de la enseñanza; todo, todo hacía irresistible, absorbente y dominador el influjo del clero.

Desde el nacimiento hasta la muerte, la vida del hombre estaba en sus manos. El agua del bautismo daba investidura, no sólo del carácter cristiano, sino también de los derechos civiles y de los escasos derechos políticos que reconocía el feudalismo en los seres humanos. La escasa instrucción que se recibía en esos tiempos caliginosos tenía por objeto imprimir en el espíritu el sello de la dominación absoluta que la iglesia ejercitaba en el mundo físico. Los dulces afectos del amor y la realización de sus ardientes deseos, estaban exclusivamente en las manos del sacerdote; y a la hora de la muerte, éste tenía en su poder y disponía a su voluntad delante del moribundo aterrado, de las recompensas del cielo y de las penas eternas del infierno. El confesonario ponía en su poder los más íntimos secretos del alma de los hombres y les entregaba sin resistencia los más ocultos resortes de su carácter: los hombres debían sentirse débiles delante de los que poseían la noticia de sus faltas, como el reo delante de su juez. El púlpito completaba este ascendiente, poniendo en sus manos el único medio entonces conocido de ejercer una influencia colectiva sobre los hombres, en esas reuniones contraídas a un solo objeto, en que el alma individual se funde y se asimila en el alma de todos, como una sola alma múltiple. La inquisición establecía el espionaje en el hogar de las familias, y perseguía las conciencias con el hierro y con el fuego. Nobles y plebeyos, vasallos y príncipes, todos estaban igualmente sometidos a este poder sin límites, que así disponía de las almas como de los tronos, de las opiniones y de las creencias como de los pueblos y de los territorios. Los Emperadores más poderosos se vieron obligados a deponer su orgullo ante los Papas, y besar de rodillas la sandalia consagrada del siervo de los siervos de Dios.

"El catolicismo es el único poder que ha realizado el sueño de la monarquía universal, uncido los pueblos al anillo del pescador, y colocado la tiara de los Pontífices en la cumbre más alta de todas las nacionalidades reunidas. La tentación de Satanás sobre la montaña, infructuosa contra la mansedumbre del Cristo, había seducido al sacerdocio católico, algunos siglos después: el clero había aceptado el pacto del tentador y éste le había dicho: ‘renegarás de tu doctrina, Profesarás el orgullo, despreciarás la pobreza, codiciarás el mando, olvidarás la ley del amor, y todos los reinos de la tierra serán para ti’.

"La influencia de estas reformas, bien que no pueda apreciarse suficientemente en pocos años, es de carácter inmenso.

"Se comprende perfectamente que el clero católico, acostumbrado a considerarse exento del influjo de las leyes de un país, pues que no las recibía sino de los Concilios y de los Papas, no diese el ejemplo de obediencia a esas leyes el día que por primera vez se quiso someterlo a ellas.

"Se comprende asimismo que el sacerdote privilegiado con jueces especiales de su misma confraternidad, con leyes tolerantes, forjadas a propósito para mantenerlo en una condición superior a la de los demás hombres, rehuse someterse blandamente al principio universal de la igualdad delante de las leyes, comunes en lo sucesivo a ellos y a los que hasta entonces habían sido sus inferiores y dependientes en la escala social.

"Es evidente que un clero rodeado de riquezas, en mucha parte no adquiridas por el trabajo, debía considerar como patrimonio suyo esos bienes y como tributarios suyos por derecho divino a los pueblos que, por costumbre inveterada, pagaban el diezmo, la primicia y la estola, voluntariamente unas veces, compelidos otras por la fuerza del Gobierno; y que el día de la justicia, el día en que se dijera ‘la riqueza procede tan sólo del trabajo productor’, ese clero proteste y se crea despojado y apele a las armas para conservar sus obvenciones.

"Se comprende también que los frailes, acostumbrados a la ociosidad y al regalo, por una excepción única de las leyes eternas de Dios, a virtud de las cuales el trabajo es condición indispensable de la existencia, se crean perseguidos y esclavizados el día de la reparación, el día en que la sociedad destruya esa monstruosa anomalía y proclame la igualdad de todos los hombres ante la ley de Dios: ‘ganarás la vida con el sudor de tu frente’.

"Se comprende, en fin, que los que se reputaban a sí mismos oráculos y dispensadores de la sabiduría divina, apóstoles iluminados de la palabra de Dios, se ofendan con la idea de conceder a todos el derecho de pensar y de creer Y adorar al Omnipotente conforme tan sólo a los dictados de su conciencia.

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