Testimonio de un Pueblo
Otto Morales Benítez

© Derechos Reservados de Autor

 

CAPITULO IX
LA REVOLUCION QUE SE DEBE
Breves Notas sobre la República

No fue la sangre abono fecundo. Ni detuvo la inquietud popular. Tampoco con ella se logró que se aceptaran los principios legalistas y las transacciones. De suerte que la desazón del común crecía todos los días. Y se desparramaba por veredas y rastrojos; iba de rancho en rancho predicando la rebeldía. El episodio sangriento fue una advertencia, casi una sentencia. De todas maneras era el desenlace novelesco y trágico en que culminaba esa densa y apretada aventura del colono.

  Este había comprendido el mensaje de la Independencia, como algo vital para su liberación. Porque la prédica por la libertad no fue un simple enunciado. Existían razones económicas, que se expusieron en su tiempo con claridad, para movilizar las montoneras. El Estado español había extendido una política succionista, montada sobre la necesidad de oro, y lo que éste no producía, lo compensaba con impuestos. Con una ambiciosa y progresiva tasa fiscal. Los puestos, además, eran ocupados en forma hegemónica por personas llegadas de ultramar. Era lógico, porque así se entrelazaba toda la vigilancia para el buen recaudo. Pero, también no se puede ocultar que las capitulaciones, las encomiendas, las reducciones, los corregimientos, es decir, todo lo que se relacionaba con la tierra, apenas era privilegio para los mismos españoles.

En el criollo naturalmente brotó el interés de lograr un cambio favorable. Por ello se confundió con la revolución. Así el campesino confiaba en que la Independencia le daría la oportunidad de reivindicarse. En el fondo de la colonización hay ese sentimiento, ese pensamiento soterrado o expuesto. Pero ello ayuda a movilizar la inmigración y a desplazarla hacia nuevos nortes. Los hombres del campo habían escuchado la gritería permanente de que ya todo sería nuestro, y al recibir la noticia del triunfo creyeron entender que podían entrar a los baldíos a imponer su voluntad de trabajo.

  Pero desgraciadamente la Independencia se detuvo en las primeras consecuencias. Desde el punto de vista económico su cumplimiento fue muy lento. Siguiendo los estudios de Luis E. Nieto Arteta y de Augusto Espinosa Valderrama, “Economía y Cultura en la Historia de Colombia” y “El pensamiento económico y político en Colombia (apuntes sobre su evolución) ”, comprendemos la verdad de ese desarrollo. Apenas quedó constituída la Nueva Granada, principiaron a presentarse los bandos ideológicamente irreconciliables en cuanto a los aspectos económicos. Unos decían la urgencia de revocar totalmente lo que dejó España, pero no alcanzaban eco dentro de los grupos dirigentes. Y otros, que fueron llamados los de la Reacción, se empeñaban en sostener que solo apoyados en lo que dejó la metrópoli se podía desenvolver el país. Entre todos los alegatos, iba naufragando la revolución. Habíamos cambiado de guía en el estado pero éste continuaba apoyado en todos los prejuicios, contra los cuales se habían lanzado las prédicas libertadoras.

  El general Santander enunciaba de manera extraordinaria el desarrollo que debía cumplirse en materias fiscales. Pero tampoco logró aplicar la totalidad de su pensamiento. Sus palabras revelan conocimiento de la situación, y ellas se vuelven fiel reflejo de esa desazón: “Es preciso establecer primero un sistema general de rentas y sobre estas bases dictar las leyes creadoras de la hacienda pública, y proceder después a organizar y uniformar el modo de administrarlas. De un lado no podéis olvidar que de las fortunas de los ciudadanos y de sus empresas debe crearse el tesoro común para ocurrir a los indispensables gastos de la República, y del otro debéis tener presente, que los ciudadanos no pueden crear su fortuna ni entregarse al espíritu de empresa, si no cuentan con leyes que les protejan y estimulen de manera eficaz. Así es que uno de vuestros primeros deberes y aun de vuestros principales cuidados es poner en armonía las leyes protectoras de la riqueza individual con las contribuciones públicas”.

  De la Colonia venían los impuestos. Y se conservaban con dañino perjuicio. De esa manera era imposible crear algo duradero en el futuro. Todo estaba gravado. Era lógico, porque lo que había ideado la Corona era impedir el comercio con otros países, y evitar que se obtuviese aquello que España nos podía remitir. Entonces estos nuevos estados continuaban en su estancamiento. Nos quedaban debiendo la Revolución. Pero por la brevedad de este ensayo no podemos detenernos en ese estudio agotador y apasionante. Tenemos que puntualizar realidades respecto de la tierra, que es lo que nos guía en estas páginas. Por ello encontramos tan exacto a don Salvador Camacho Roldán, cuando asevera que: “Todo está gravado: el capital y la renta, la industria y el suelo, la vida y la muerte, el pan y el hambre, la alegría y el duelo. Monstruo multiforme, verdadero Proteo, el fisco lo invade todo, en todas partes se encuentra, y ora toma la forma enruanada del guarda de aguardiente, el rostro colérico del asentista, el tono grosero del cobrador de peaje, la sucia sotana del cura avaro, los anteojos del escribano, la figura impasible del alcalde armado de vara, la insolencia brutal del administrador de aduana”. Y Aníbal Galindo declara: “Impuestos sobre el comercio exterior, derecho de almojarifazgo, de alcabala, de toneladas, de averíos, etc. Impuestos sobre la agricultura, la minería y la industria en general: diezmo, quintos de oro y plata y demás metales, funciones, ensaye y marca de los mismos. Sisa. Impuestos sobre las transacciones: alcabala, papel sellado, herencias transversales, composición de tierras. Rentas estancadas: salinas, tabaco, aguardiente, naipes, pólvora, amonedación. Impuestos personales: tributos de indios, subsidio eclesiástico, medias anatas, espolios, oficios vendibles, vacantes mayores y menores. Impuestos y rentas varias: temporalidades, minas de plata en arrendamiento, bulas de cruzada y de carne, etc.”. “La contribución indirecta —vuelve a decir Camacho Roldán— no solo limita la producción del artículo sobre que recae, sino la de otros muchos, en los que aquel es, por decirlo así materia primera. El estanco del aguardiente hace que los plantíos de caña de azúcar sean menos productivos, por lo que, limitándose esta clase de siembras, sube el precio del azúcar, de la panela y de la miel. El alto precio de la sal monopolizada impide el comercio de carnes saladas que, por ejemplo, podría establecerse entre el Cauca y el Chocó. El diezmo, alzando excesivamente el precio de los artículos alimenticios del interior, no permite que ellos puedan hacer competencias en la costa a los víveres del extranjero, exclusivamente dueños de aquel mercado”.

  Todo esto conduce a un gran desequilibrio. Lleva a un aflojamiento de todas las normas. Entonces empiezan a aparecer los privilegios, los monopolios, la corriente de los especuladores. Haciendo alarde de las nuevas modalidades, logran ventajas que cumplen bajo el signo de la oportunidad, que llevan al mayor rendimiento con el menor esfuerzo, y en el menor tiempo. Eso a la larga conduce a un movimiento singularísimo por su fortaleza, pues los desposeídos, contenidos en su ansia espiritual, y sacrificados en su posibilidad de resarcirse económicamente, acumulan reservas insospechadas de energía, que se desbordan al primer impulso. Pero la sociedad se defiende en forma hábil, porque a pesar de que no disfruta de los elementos del poder, tiene el poder de cohesión, que en ella se desarrolla instintivamente. Eso, precisamente, fue sucediendo en los días siguientes a la independencia. Si los gerentes del estado no modificaban las circunstancias, las multitudes humanas principiaban a crear fenómenos particulares. Uno de esos actos es el de Manizales, producido precisamente cuando se movilizaban los grupos demócratas, que llevarían hacia el poder la generación de 1848.

  Lo colonial seguía, entre tanto, vigente. Nieto Arteta señala sus efectos: "la economía colonial es eso: un sistema de trabas al desarrollo de las economías americanas”. Don José Ignacio de Márquez pidió acabar con capellanías, cofradías, obras pías, aniversarios, memoriales de misas, etc., y los fondos de los conventos, monasterios y otras corporaciones civiles y eclesiásticas. Al efecto, declaraba: “soy partidario decidido de la desamortización de los bienes de manos muertas, y acerca de esto lo que siento es que la medida no se haya realizado desde mucho antes" La lucha, por lo tanto, era muy activa. Los comentaristas de ese tiempo se empeñan en mostrar el principio de nuestro desenvolvimiento económico, como algo precario, impreciso, lleno de vacilaciones. Los estadistas no tenían mucha decisión en cumplir las aspiraciones populares. Algo los detenía: o falta de claridad en el sentido y contenido de la revolución que se había iniciado en 1810, o un prudentísimo juicio, para no ir a desencadenar conflictos en nuestra organización interna.

  Lo único cierto es que nadie se sentía seguro en su destino. Francamente el cambio había sido muy poco sensible. Aferrados a lo colonial, la tierra no logró despojarse de sus tremendas ataduras. Todo conspiraba contra ella: los diezmos, los censos, las mayorazgos, alcabala, los estancos, la falta de función social de ella como se puede advertir en la constitución, la esclavitud, el criterio de que no se podía producir demasiado porque se perjudicaba el mercado, el afán de establecer relaciones comerciales con el exterior, aun cuando aquí se perjudicase todo el desarrollo agrícola e industrial. Contra la tierra iban todos. Además, no podemos olvidar que tenían la facultad de imponer tributos las Cámaras de Provincia, los Concejos Municipales, los Cabildos parroquiales. Bastaría mirar, por ejemplo, la lista de Peajes y contribuciones que existían en Antioquia, que hacían gravosísima la vida agrícola. Ya hemos comprobado con citas autorizadas, que todo refluía en una mayor dificultad para arreglo de la cuestión de la tierra.

  En 1840, el Secretario del Tesoro, que era precisamente don Juan de Dios Aranzazu, que ya hemos visto que está vinculado a los latifundios de Manizales, señalaba la opinión del gobierno en la siguiente forma: “Grato fuera para el Ejecutivo proponer en esta ocasión, que se aliviara a los granadinos de algunas de las contribuciones que encadenan su industria y disminuyen sus rentas y sus comodidades; pero sus productos bastan apenas para las exigencias del servicio público, y cuantiosas deudas gravan al tesoro nacional, en cuyo religioso pago, están comprometidos el honor de la República y su propio bienestar...”. Como se ve, ninguna oportunidad de evolución se ofrecía. Se adivierte que hay un afán de permanecer fieles a los conceptos de un tiempo superado. Las dificultades son muy patentes, pero más apremiante era el encerramiento, de lógica consecuencia feudalista, que estaba amenazando dar al traste con nuestro porvenir. Pero nada importaba, porque entre un capricho de un estadista y una petición colectiva, siempre prevalecía el capricho gubernamental, prolongando, una vez más, las amarras anteriores.

  Respecto de este problema de las tierras, es bueno copiar las afirmaciones de Augusto Espinosa Valderrama, quien cita a Santander y lo comenta: “La colonización y las tierras nacionales que el congreso puso a disposición del gobierno debe empezar a verificarse dentro de muy breve tiempo bajo las reglas y pactos estipulados con los empresarios, de que se ha instituído a la nación por publicaciones que se han hecho: el ejecutivo ha distribuído los tres millones de fanegadas de que trata la ley 11 de junio de 1823 en todas las provincias de la República para que sea común el beneficio, y particularmente en las que por clima y poca población demandaban los preferentes cuidados del gobierno. Los colombianos han formado asociaciones no solo para este fin sino para otros de interés común, y por este medio empiezan a entregarse al espíritu de empresa que en todas partes es el agente de la riqueza nacional e individual”. “Aparece de nuevo el verdadero general  Santander, propulsor de la economía nacional, liberal sin apuros exclusivamente individualistas, estadista egregio. Haciéndose eco del deseo común, intentaba llevar a la práctica lo ordenado por el congreso repartiendo tierras que antes eran o pertenencia efectiva o pertenencia en expectativa de las clases privilegiadas, a todo el pueblo colombiano, sin tener en cuenta sus características de sangre, sino las más positivas de la capacidad para el trabajo y el fomento patrio. Y se solazaba viendo que nacía en ellos el ánimo de empresa, “ajente de la riqueza nacional e individual”, sin aparecer el jacobino que vilipendiaba la asociación; por el contrario, ésta le agradaba y complacía, comoquiera que en ella estaba envuelta la prosperidad general. Tampoco le producía asco dar protección a determinados núcleos más pobres, no suponiendo con don José María del Castillo y Rada, que la preferencia debía brindarse al rico para que no se le despojara, creyendo sí que la unidad nacional solo aparecería por la compensación que el apoyo del gobierno estableciera entre las regiones más afortunadas y las menos favorecidas. Había otra vez en el pensamiento oficial un programa estimulante de la economía colombiana”.

  Pero desgraciadamente esto no tuvo cabal cumplimiento. Había elementos más poderosos, que no dejaban avanzar esos prospectos ambiciosos, los únicos que eran lógicos para salir de ese período. “El espíritu colonial no había abandonado a nuestros próceres”. Seguía lo mismo. A ello debemos agregar que vinieron luego las adjudicaciones a los generales de la independencia, y después a los que participaron en la guerra de 1840, y todas ellas contribuyeron a una mejor concentración de la propiedad. A convertirla en objeto de tabú para las clases pobres. Por lo tanto, ninguna modificación fundamental se advertía. Agréguese a ello que el negocio permanente con los títulos de Estado y el afán de pagar deudas con tierras, la iba llevando a una mayor lejanía de las posibilidades del campesino. Todo conspiraba contra el pueblo y su ambición. Contra el agricultor y su interés.

  Entonces principian a inquietarse varios sectores y hay un malestar colectivo que se manifiesta en organizaciones democráticas. Todo parece tender a una mudanza. Realmente en 1850 se realiza algo importante, como es la substitución de la vida fiscal por un nuevo orden de impuestos, que atentaban menos contra el desarrollo de la riqueza individual y pública. Pero el criterio acerca de lo económico-agrario, muy poco evolucionó. Casi nada, subsisten las mismas trabas para la adquisición de la tierra, e inclusive, en otros aspectos, con más aberrantes exigencias. Claro está que desaparecieron muchos de aquellos tributos que entrababan la propiedad, pero no la libertaron de todas las amarras feudalistas. Entonces las medidas para la pequeña propiedad y para el trabajador no tenían ninguna efectividad. Seguía el mismo fluir y refluír de la tierra, que conducía a que quedase en pocas manos. Porque si algunas cargas fueron suprimidas, sus beneficios, antes que al pueblo, llegaron a favorecer grupos propietarios. La reforma es parcial, porque deja subsistir el latifundio.

  No se puede negar la importancia histórica del movimiento que se efectuó en esos días. Casi todos los sectores eran revolucionarios: en igual grado los comerciantes y los agricultores, los manufactureros y los esclavos. En cada uno subsistía el afán de que se cumplieran las proclamas de las guerras libertadoras. Hasta el momento apenas se manifestaba una ligera libertad política. Persistían los resabios de la metrópoli. Para que esos permaneciesen se unían entonces los “grandes propietarios territoriales y las comunidades y congregaciones religiosas que también poseían extensos latifundios”, de acuerdo con el juicio de Nieto Arteta.

  Todo ayudaba fundamentalmente a la desorganización. De esta manera se estaba prestando un servicio a las guerrillas, a los levantamientos, a los permanentes estados de zozobra. Porque nadie estaba en su sitio, tranquilo, satisfecho de la misión que le había tocado cumplir. Había una constante inquietud, que dependía de que el hombre se sentía traicionado. El grupo rural era el que con mayor ahínco veía incómodo y difícil su porvenir. Y que sus dificultades no tenían ningún desenlace. Porque, al contrario, en ocasiones se acentuaban y en otras, con medidas que trataban de protegerlo, lo llevaban hacia una verdadera anarquía. No es raro ni extraño que en 1850 esos agricultores se movilicen con mucho empuje en favor de la mutación que se cumplía y se enunciaba en esos años, con tan positivos resultados. Desgraciadamente, el interrogante de la tierra no alcanzó a tener una total solución.

  Don Manuel Murillo Toro proponía en 1850 “que los baldíos de más de diez fanegadas que hubieren sido trabajados por veinte años con inversión de capitales, fueran adjudicados gratuitamente, es decir, en razón del trabajo y de la inversión; que los poseídos por más de diez pero menos de veinte años, pudieran venderse en la forma acostumbrada por el comercio; que se declarara propietarios a los poseedores de baldíos de menos de diez fanegadas, con la condición de que tuvieran allí casa y labranza; y que los demás baldíos se vendieran en pública subasta, al mejor postor, por dineros u obligaciones de rentas. No se limitaba la cantidad de fanegadas, en ese proyecto, ni se hablaba de condición resolutoria”. Estas tesis fueron comentadas vivamente así: “Y bien, Murillo Toro, no obstante que anhelaba acabar con los acaparamientos de tierras, los provocaba. No niego que pedía dar el premio al trabajo. Las segunda y tercera categoría de los baldíos de que yo he hablado, estaban para eso. Pero la primera y cuarta, eran para que los adinerados se hiciesen a los grandes latifundios. Si los de la primera se adjudicaban en relación al trabajo, pero también al capital invertido, seguramente privaría el capital. Y si la última era para que los baldíos se vendieran en pública subasta, al mejor postor, sin limitación en cuanto al número de hectáreas, entendemos ya que los capitalistas neogranadinos muy pronto se harían adjudicar cuantos baldíos alcanzasen a comprar”.

  Murillo Toro pertenecía a la generación llamada por Santiago Pérez de “los segundos padres de la patria”. Nunca estuvo enquistado en ideas retardatarias. Su pensamiento se movió dentro de las rutas más altas y creadoras. A él se le debe la orientación mental de visibles hechos en nuestros primeros días republicanos. Gozaba además del privilegio de la claridad, que se extendía hacia la comprensión de las necesidades de transformación en materias sociales y políticas. Pero, mal de su hora, tampoco alcanzó a insinuar el movimiento que realmente debía cumplirse con los baldíos. Ya lo hemos visto con claridad. En 1850 se realiza una tarea que no ha sido suficientemente ponderada, pues en tal año se busca adelantar la revolución que se le debía al pueblo desde 1810. En lo fiscal fueron efectivos. Pero nosotros seguimos insistiendo en la tesis de que no tuvieron un verdadero criterio económico-agrario, que es lo que nos interesa. Desgraciadamente allí radica una de las fallas del proceso económico nuestro. Inclusive las soluciones sobre la tierra adquieren caracteres dramáticos cada vez que se avoca su estudio. Y las que se le han dado, solo parcialmente han interesado. No hemos tenido la resolución total, o la comprensión, o la libertad de los intereses superiores, para cancelar este interrogante. Siempre hay desvíos, leyes truncas, prospectos a medias. En la República ese defecto todavía persistía cuando llegaron nuevos contingentes humanos a Manizales.

                                              

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