Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo

CAPÍTULO 2

Coca, guerrilla y guerra contra las drogas en el Putumayo.

Este capítulo se inicia con la comparación de la legislación que reglamenta la legalidad o ilegalidad del cultivo de coca en Bolivia, Perú y Colombia, los tres países andinos que durante las dos últimas décadas se han turnado la predominancia de dicho cultivo o su procesamiento, y que tradicionalmente se han relacionado con aquel de diferentes maneras. En segundo lugar se analiza cómo ha incidido la política antidrogas de Estados Unidos en el aumento o disminución del cultivo de coca en Bolivia, Perú y Colombia, y en la amazonia occidental, especialmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. Se muestra cómo la intensificación de las fumigaciones aéreas desde 1994 no se ha traducido en la erradicación exitosa sino que, por el contrario, el cultivo de coca ha aumentado en superficie total, disminuyendo en unos países o departamentos, mientras que aumenta en otros.

En tercer lugar se presenta una breve historia de la llegada de las Farc a la región de la amazonia occidental, a raíz de la violencia que tuvo lugar en el interior del país entre 1946 y 1966, su llegada a Putumayo en 1984, y su consolidación como autoridad en una región marginal y excluida del orden central. Las Farc regulan el mercado de la coca en la zona y, por ello, las fuerzas militares se refieren a ellas como el tercer cartel de la droga. Sostengo entonces, que la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contrainsurgente. Finalmente, se traza la historia del cultivo de coca en la amazonía occidental desde la década de 1970 hasta su consolidación como cultivo dominante en la de 1980, la guerra que se desencadenó entre las Farc y los narcotraficantes por el control de su cultivo y mercadeo, y se describen los procesos de cultivo de la hoja de coca, su recolección, su procesamiento como pasta de coca, su transformación en cocaína en los laboratorios y su mercadeo en las diferentes etapas | 1 .

LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL CULTIVO DE COCA EN COLOMBIA, PERÚ Y BOLIVIA

La legislación sobre el cultivo de coca de los tres principales países productores de Latinoamérica -Bolivia, Perú y Colombia- ha PRODUCIDO DIFERENTES RESULTADOS EN EL Contexto de la guerra internacional contra las drogas. Uprimny (1995) señala que la ilegalidad del cultivo de coca no ha sido determinada por cada país sino por un consenso internacional en el cual Estados Unidos ha desempeñado un papel central. Además, los países en los cuales se cultiva la coca y se transforma en una droga ilegal están interrelacionados como resultado de la economía de las drogas. Así, las políticas represivas que se adoptan en un país para erradicar los cultivos de coca, generalmente afectan su producción o distribución en otro:

Una represión eficaz en una región simplemente desplaza la producción y el tráfico a otra zona, siempre y cuando la demanda se mantenga dinámica, puesto que las técnicas de producción son relativamente simples y las posibilidades geográficas de producción demasiado extensas (Uprimny, 1995: 81).

La guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos asume que al erradicar los cultivos de coca y disminuir la cantidad de hojas disponibles, los precios de la cocaína se elevan y, en consecuencia, el consumo disminuye. Sin embargo, durante los años 1970 y a comienzos de la década de 1980, cuando el precio de esta al por mayor era elevado, el consumo aumentó y luego se estabilizó. En contraste, cuando los precios bajaron el consumo no sólo no subió sino que descendió levemente (Uprimny, 1995: 84). Por tanto, la asunción generalizada de que combatir los cultivos de coca disminuye el consumo de cocaína es equivocada.

En Bolivia, Colombia y Perú la coca se ha cultivado desde tiempos prehispánicos y ha sido usada no sólo para |mambear sino como medicina. "Las hojas de coca pueden ser hervidas, molidas, tostadas, o ser usarlas secas; pueden ser usadas solas o mezcladas con otras sustancias; y pueden ser tomadas como té o usadas como ungüento, solución para baño, o en masajes para curar docenas de enfermedades populares" (Zanabria, 1993: 38). La coca ha sido reconocida por estos tres países como un cultivo tradicional indígena y, en cuanto tal, como un cultivo legal. Sin embargo, a diferencia de Bolivia y Perú, donde el té de coca se ha utilizado tradicionalmente y pueden encontrarse otros productos derivados, como ungüentos y soluciones para baño, en Colombia sólo la han usado ciertos grupos indígenas andinos -paeces y arhuacos, entre otros- y amazónicos -huitotos y tukanos orientales- para |mambear y como planta medicinal. Esta diferencia explica, en parte, por qué la penalización de su cultivo es más fuerte en Colombia que en Bolivia y Perú, donde tiene una historia como producto nacional y su declaración como producto ilegal tiene excepciones.

En Bolivia la planta de coca no sólo se percibe como un recurso natural sino como patrimonio cultural. Tradicionalmente, la región de Yungas, al norte de La Paz, era la principal productora, razón por la que en la actualidad es considerada como un área legal de cultivo. La ley 1008 del 22 de julio de 1988, ley del régimen de la coca y sustancias controladas, clasifica las áreas de cultivo (le coca en tres grupos: 1) Las áreas tradicionales o lícitas; 2) Las áreas de cultivo ilícito, de donde debe erradicarse; y 3) El resto de áreas, designadas como de producción excedentaria en transición, en las que se esperaba que el cultivo se redujera entre cinco mil y ocho mil hectáreas anuales, por medio del desarrollo de programas de desarrollo alternativo. El Ministerio del Interior consideraba en doce mil hectáreas la extensión de los cultivos legales.

En 1999, la extensión de cultivos de coca se calculaba en 21.800 hectáreas (Hoja Informativa del Departamento de Estado de Estados Unidos), lo que implicaría que aun cuando se ha reducido en comparación con el año anterior (51 mil hectáreas) en Bolivia el cultivo excedentario se mantiene. Esto indica que la coca sigue siendo rentable y presenta mayor facilidad en el manejo agrícola (Pereira, 1998). En el área en la cual se espera la erradicación, la ley define la reducción del cultivo como un proceso voluntario. En esta medida, los cultivadores pueden negociar la cantidad de cultivos sustituidos por otros productos agrícolas. El gobierno los indemniza y, simultáneamente, facilita programas de desarrollo socioeconómico a través del Plan integral de desarrollo y sustitución -Pidys- (Oporto Castro, 1989: 187) | 2 . En 1988, el Pidys invitó a varias asociaciones campesinas nacionales, regionales y locales a participar en la formulación e implementación del Plan alternativo de desarrollo: "Por primera vez, se proponía una participación activa (sic) con los campesinos productores de coca, además de autoridades provinciales, cantonales, cívicas e instituciones en general" (Pereira, 1998: 49) | 3 .

Los cultivadores bolivianos de coca están organizados en fuertes redes de sindicatos campesinos que han trabajado como asociaciones cívicas para el desarrollo y "dieron al Chapare [un área de selva tropical y subtropical al este de los Andes, que fue la zona de producción de coca más importante durante el boom de los años 1980] una organización social totalmente diferente a sus equivalentes peruanos y colombianos" (Reid, 1989: 162). El gobierno reconoce a estos sindicatos y desde que se promulgó la ley han organizado protestas, han negociado con el gobierno boliviano maneras de adelantar programas de erradicación voluntaria de cultivos de coca y su participación en el Pidys ha sido exitosa (Oporto Castro, 1989: 186). En suma, el gobierno boliviano no sólo permite que exista una pequeña cantidad de cultivos de coca sino que establece una clara distinción entre la coca en su estado natural y la cocaína (Del Olmo, 1989: 298). Así mismo, se ha opuesto a la fumigación con herbicidas tóxicos, promoviendo en su lugar la sustitución voluntaria, logrando erradicar con esta estrategia miles de hectáreas de cultivos de coca, principalmente en el Chapare desde 1984-1985 (Zanabria, 1993). Sin embargo, en un balance hecho después de nueve años de funcionamiento del Pydis, Pereira (1998) insiste en que no se han tomado en cuenta las propuestas campesinas, lo que hubiera permitido lograr una solución real. Además, enfatiza en que la falta de participación campesina es lo que ha ocasionado la mayoría de los problemas en el Chapare.

Hacia el occidente de Perú, en cambio, en los años 1990 esta se erradicaba con herbicidas tóxicos (Zanabria, 1993: 238). En la región amazónica colombiana, la fumigación de plantaciones de coca con glifosato, un herbicida tóxico, comenzó en 1994 (Vargas, 1999: 122). Es claro entonces que en los debates políticos bolivianos la coca tiene un estatus diferente, debido a que es principalmente un cultivo indígena, mientras que en Colombia, debido a su asociación con el narcotráfico, está lejos de ser considerada patrimonio nacional.

En Perú y Colombia sucede algo parecido. La ley 21 de febrero de 1978, Ley de represión del tráfico ilícito de drogas, condena la tradición indígena de mambear hojas de coca y prohíbe su cultivo. La ley ordena, además, la expropiación de parcelas de coca para ser utilizadas en la reforma agraria. El estado peruano tiene el monopolio de su producción, por medio de la Compañía Nacional de Coca -Enaco- que autoriza su cultivo y comercialización con fines medicinales e industriales (De Rementería, 1989: 366-367). La Enaco es la única compañía que puede exportar hoja de coca (Del Olmo, 1989: 298), y el Ministerio de Salud está a cargo de regular su uso medicinal o científico (Del Olmo, 1989: 291y 298). Estas excepciones dentro de la política de erradicación, tanto en Bolivia como en Perú, reconocen formalmente los usos tradicionales de la coca y su importancia económica y cultural nacional.

En 1986, en el alto Huallaga, en Perú, había 195 mil hectáreas sembradas | 4 . Durante los años 1980, Perú era considerado la capital mundial de la coca, ya que producía 65% de la cocaína consumida en Estados Unidos. Durante ese periodo, la Enaco no pudo comprar ni un kilo de coca cultivado en Huallaga, debido a que el grupo guerrillero Sendero Luminoso había tomado control del área (Rumrrill, 1998: 82), y organizado a los campesinos para resistir a la policía antinarcóticos y a la DEA - |Drug Enforcement Administration- de Estados Unidos. En otros lugares, como el bajo Huallaga y las selvas del valle de Apurímac -al oriente del departamento de Ayacucho-, el dinero derivado del cultivo de coca se usó para financiar las rondas campesinas que combatieron a Sendero Luminoso; estas patrullas, compuestas por campesinos, cocaleros y representantes de los narcotraficantes, y promovidas por los militares en los inicios de los años 1980, vencieron finalmente a dicho grupo en los años 1990 (Soberón, 1997: 40). Starn (1995: 560) anota que nadie imaginaba que estas patrullas pudieran transformarse en un movimiento masivo caracterizado por una amplia participación popular y una gran autonomía respecto al estado.

Entre 1983 y 1989, Sendero Luminoso asesinó a treinta y un miembros de los cuerpos oficiales que trabajaban en la erradicación en Huallaga. Esta situación obligó a suspender las acciones militares de erradicación, para evitar que los cultivadores de coca fueran influenciados por la guerrilla en su contra. Por otra parte, entre 1990 y 1991 hubo una expansión masiva de las patrullas (Starn, 1995: 567); esa política fue acertada, pues, finalmente, la guerrilla fue expulsada con la aprobación del campesinado.

Cuando Alberto Fujimori se posesionó como presidente, el 28 de julio de 1990, inició una reforma neoliberal de la economía; en un primer momento, estos ajustes no favorecieron la producción de cultivos alternativos como arroz y maíz, lo cual trajo como resultado el colapso de estos cultivos, al dejar de ser rentables o competitivos; esto tuvo como consecuencia el aumento del cultivo de coca (Rumrrill, 1998: 84-85). Al mismo tiempo, en Colombia este se intensificó, por lo que en 1994 su precio en Perú disminuyó; así, empezó a dibujarse un nuevo mapa del cultivo, que analizaremos más adelante.

A través de la ley 30 del 24 de enero de 1986 -conocida como el estatuto de estupefacientes-, el congreso de Colombia creó el Consejo Nacional de Estupefacientes - CNE-, el cual, entre otras, regula las zonas en donde se cultivan plantas que luego serán procesadas para obtener droga | 5 . Desde 1987, el CNE ha promulgado decretos punitivos para controlar el procesamiento de hojas de coca. Este cuerpo legal anti-narcóticos no forma parte del código penal y conforma el estatuto de estupefacientes, un estatuto penal especial que es "esencialmente represivo" (De Roux, 1989: 320) | 6 . La ley 30 contiene dos artículos referentes a la producción de coca en poblaciones indígenas y de colonos. El artículo 7° le permite a los indígenas cultivarla para su propio consumo de acuerdo con sus patrones culturales, y establece que el gobierno nacional debe promover programas de sustitución de cultivos en áreas en las que indígenas y colonos hayan comenzado a cultivarla con propósitos comerciales, antes de que se promulgara la ley. No contiene legislación especial respecto al cultivo o a la comercialización legal de la coca; en cambio, el procedimiento estándar es la fumigación indiscriminada de las plantaciones. A pesar de que los territorios indígenas no deberían ser blanco de las acciones para la erradicación de coca, también pueden ser fumigados.

De otra parte, en 1994 se instaló tina oficina para las comunidades indígenas dentro del Plan Nacional de Sustitución -Plante-, llamada Plante indígena, que ha actuado como mediadora entre el CNE y los indígenas, para impedir la fumigación de sus resguardos o territorios tradicionales.

En el caso de los colonos, los pequeños productores de coca -parcelas hasta tres hectáreas- han peleado contra la fumigación y han buscado programas de sustitución para abandonar su siembra. A pesar de que a los pequeños productores se les han ofrecido planes de sustitución, las exigencias de la guerra internacional contra las drogas, que se ha intensificado en los últimos años, han borrado el límite entre pequeños y grandes productores, definidos los últimos como aquellos que poseen más de diez hectáreas del cultivo.

En conclusión, el curso de la guerra contra las drogas en Bolivia y Perú, en donde las poblaciones indígenas tienen una fuerte presencia nacional, es distinto al que ha tenido en Colombia, en donde las comunidades indígenas son menos numerosas -2% de la población-, mucho más marginales, y donde la coca no tiene un fuerte significado cultural como patrimonio nacional. Como veremos en la siguiente sección, Bolivia y Perú han tenido más éxito que Colombia en sus programas de erradicación y sustitución. En Colombia, la presencia de grupos guerrilleros que regulan la producción y comercialización de la coca ha llevado a la estigmatización y criminalización indiscriminadas de cualquier aspecto de su cultivo y procesamiento. Sin embargo, la internacionalización de los cultivos ha llevado a la intervención extensiva de Estados Unidos en los tres países, a tal punto que su autonomía para tratar el cultivo, procesamiento y comercialización de productos de la coca se haya visto comprometida y deslegitimada:

La deslegitimación está asociada al grado de dependencia social en la fase de producción de la economía de las drogas ilegales, calculada en 470.000 personas en el Perú, 300.000 en Colombia y más de 70.000 familias en el caso de Bolivia aunada a las medidas de fuerza que se toman contra los pequeños cultivadores e indígenas del área andina (Vargas, 1996: 58).

POLÍTICAS REFERENTES AL CULTIVO DE LA COCA Y A LA LEGITIMACIÓN DE LA CONTRAINSURGENCIA Y EL PARAMILITARISMO

El cultivo de coca con propósitos comerciales comenzó en la región oriental del país alrededor de 1975, promovido por comerciantes de esmeraldas, que desde antes de que terminara el boom de la marihuana | 7 , ya habían establecido lazos con el negocio de la coca, que en ese entonces apenas empezaba en Perú y Bolivia. De su experiencia con la marihuana los comerciantes de esmeraldas conocían los canales de comercialización para la cocaína. Inicialmente, el centro de producción estaba en Iquitos (Perú), desde donde la pasta de coca se exportaba a los llanos orientales colombianos, donde se transformaba en cocaína. La coca era cultivada por los peruanos, transformada en cocaína por los colombianos y comercializada por los estadounidenses. Al final de los años 1970, los narcotraficantes colombianos decidieron cultivar su propia coca (Ramírez C., 1998: 14-15), ya que su cultivo podía adaptarse fácilmente a las selvas húmedas, donde los indígenas la conocían y cultivaban desde tiempos prehispánicos. Los cultivos comerciales se extendieron desde la región del Vaupés hacia el occidente, siguiendo la vertiente del río Vaupés hasta llegar a Miraflores en el departamento del Guaviare; los cultivos familiares y comerciales se expandieron por todas las zonas de colonización de la vertiente amazónica, Meta, Caquetá, Putumayo y en algunas zonas de economía campesina del Cauca y Nariño (Alomía et al., 1997: 7). En 1980, por primera vez se cultivó coca con fines comerciales en Calamar, departamento de Guaviare, así como en el departamento de Putumayo. La cantidad de coca cultivada en cada departamento variaba de acuerdo con el tipo de tenencia de la tierra de sus habitantes, resultado de los distintos procesos de colonización que tuvieron lugar en la región amazónica durante el siglo veinte | 8 . En Putumayo, por ejemplo, ha predominado el cultivo de coca en pequeñas parcelas, mientras que en Caquetá y Guaviare se encuentra un número considerable de parcelas medianas y grandes.

Las plantaciones industriales -hasta de trescientas hectáreas-, dirigidas por narcotraficantes, se establecieron en el departamento de Guaviare en los años 1990. En diciembre de 1994, el coronel Leonardo Gallego, jefe de la policía antinarcóticos, afirmó: "el Guaviare es un mar de coca" ( |Semana, 359, 20 de diciembre de 1994: 23) y reportó 23.300 hectáreas sembradas hacia el occidente de Miraflores, que representaban dos terceras partes del total de plantaciones de coca de todo el país y 13% de la producción mundial. Según la policía antinarcóticos, en Colombia había un total de 43 mil hectáreas cultivadas, de las cuales 11.700 estaban en Caquetá y cinco mil en Putumayo. En 1993, Guaviare aumentó su área cultivada a 38.300 hectáreas, Caquetá a 21.600 y Putumayo a siete mil. El total del área cultivada en el país aumentó a 376.200 (Consejo Nacional de Estupefacientes, 1997).

Un artículo de la revista |Semana afirmaba: "a pesar de que se ha logrado un récord en la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, las áreas cultivadas continúan aumentando" ( |Semana, 821, 23 de enero de 1998: 34). En ese mismo artículo, el coronel Gallego decía que en 1997 se habían fumigado 48 mil hectáreas, y manifestaba que, "ningún otro país involucrado en la lucha antinarcóticos podía mostrarle al mundo unas cantidades tan convincentes". Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos anunció que durante ese año los cultivos de coca en Colombia habían aumentado 3.920 hectáreas ( |Semana, 821, 23 de enero de 1998). Mientras la policía antinarcóticos centró sus actividades de fumigación en el Caquetá y Guaviare, los cultivos se intensificaron en otros lugares de la región amazónica, como el Putumayo, y también en otras zonas del país, como el departamento de Bolívar -Serranía de San Lucas, con tres mil hectáreas-, la costa atlántica, el departamento de Norte de Santander -La Gabarra, con cinco mil hectáreas- y el noreste del país ( |Semana, 821, 23 de enero de 1998: 35).

En 1999, en el Putumayo había 33.600 hectáreas sembradas con coca y en Caquetá 23.500, mientras que en Guaviare el área había disminuido a 2.500. El total nacional continuó aumentando, y ese año se estimó en 72.350 hectáreas ( |El Espectador, 12 de septiembre de 1999). Colombia se había convertido en "el productor más grande de cocaína en el mundo" (Johnson, |Miami Herald, 15 de marzo de 1999) | 9 . Como resultado, el gobierno estadounidense desertificó | 10 a Colombia dos años seguidos -1993 y 1997-, argumentando que los esfuerzos para combatir la producción y tráfico ilegal de droga no eran suficientemente vigorosos. De 1998 a 1999, el cultivo de coca en Colombia aumentó 28%, llegando a representar 53% de la producción mundial ( |El Espectador, 9 de febrero de 1999) (véase el cuadro 1).

Es evidente que el programa de erradicación de cultivos ilícitos, implementado desde 1994 por el gobierno colombiano y financiado por el de Estado Unidos | 11 -enfocado en la fumigación aérea con herbicidas-, ha fallado. En lugar de acabar con el cultivo de coca, esta política ha acelerado la deforestación de selva tropical, para abrir campos de cultivo, causando graves daños ambientales. Además, como ha anotado Vargas (1999), haber centrado la política de la guerra contra las drogas en los campesinos cultivadores de coca ha aumentado el control territorial y el nivel de legitimidad de la guerrilla.

|CUADRO 3
ÁREA SEMBRADA DE COCA EN LA AMAZONIA OCCIDENTAL COLOMBIANA, 1994-19999 (EN HECTÁREAS)

|DEPARTAMENTO |1994 |1996 |1999
Putumayo 5.000 7.000 33.600
Guaviare 26.300 38.600 2.500
Caquetá 11.700 21.600 23.500
Subtotal 43.000 67.200 59.600
Total Colombia 45.000 67.200 72.530
 

 

 

|Fuente: Consejo Nacional de Estupefacientes.

Aún más, podemos concluir con Vargas (1999:9) que el objetivo de los militares es, simplemente, atacar a la guerrilla, sin ningún compromiso o creencia real en la efectividad de la erradicación de la coca. Los militares sostienen que los movimientos guerrilleros están reemplazando a los |carteles | 12 de Cali y Medellín, razón que les permite llamarlos |narcoguerrillas, es decir criminales que han perdido su ideología revolucionaria y política y perseguirlos como criminales narcotraficantes | 13 . En el esfuerzo por mantener su posición, la política estadounidense de guerra contra las drogas se ha convertido, en la práctica, en una "guerra contrainsurgente" | 14 . Las consecuencias políticas de esta situación han sido claramente anunciadas por Vargas (1996: 69-70):

El carácter contrainsurgente de esta guerra se vuelve más evidente si se mira de nuevo la producción de coca en Perú y Bolivia. En 1994, Perú tenía el área más extensa cultivada, 108.600 hectáreas, mientras que Colombia y Bolivia reportaron 44.700 y 48.100 respectivamente. En 1996, el área cultivada en Perú había disminuido a 94.400 hectáreas, la colombiana había aumentado a 67.200 y la boliviana se mantenía en 48.100 hectáreas. En 1998, las hectáreas cultivadas en Perú continuaron disminuyendo, a 51 mil, al igual que las bolivianas, que llegaron a 38 mil, mientras que en Colombia se sembraron 101.760 (Cambio, 296, 15 de febrero de 1999). En otras palabras, en dos años Colombia pasó del tercer al primer lugar como país cultivador de coca. En abril de 1998, Rand Beers, director de la |Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, afirmó que "el éxito en la reducción drástica de cultivos de coca en Perú y Bolivia obstaculizó los envíos a Colombia, y la convirtió de una nación que principalmente procesaba y transportaba cocaína a ser el principal productor de hoja de coca" (Schemo, |The New York Times, 1° de abril de 1998). Mientras que en Perú y Bolivia la financiación estadounidense de programas de sustitución de cultivos, en conjunción con políticas de erradicación, ha producido relativamente buenos resultados, en Colombia el control guerrillero de las áreas de coca de la región amazónica ha terminado por amenazar la continuidad de la ayuda estadounidense. Funcionarios de Estados Unidos decían "que la ayuda financiera para el desarrollo alternativo en Colombia sólo iría a áreas donde el gobierno ejerce control" (Schema, The New York Times, 14 de agosto de 1998). Si comparamos la ayuda dada a Perú bajo el Acto de Eliminación de la Droga de 1998 | 15 , con la de Colombia, "el 86% de la ayuda al Perú (US$150 millones) está enfocada a promover programas de desarrollo alternativo. En contraste, sólo el 7% (US$15 millones) de la ayuda a Colombia se destina a programas de desarrollo alternativo. En balance, la ayuda colombiana, aproximadamente DS$200 millones, se otorga en la forma de helicópteros y otros equipos militares" (Grammenos, |Red de apoyo a Colombia, 8 de septiembre de 1998). Como lo ha anotado Vargas (1996: 56) y en contraposición con el gobierno colombiano:

Fujimori previó que las acciones contra los campesinos cocaleros llevarían a afianzar una base social de apoyo a la guerrilla terrorista del Perú, lo que generó un manejo internacional de presentación del problema, con el fin de propiciar las condiciones políticas para lograr una separación temporal de las medidas contra los cultivos de coca. En efecto, con esa diferenciación. Fujimori logró incorporar a los campesinos a su estrategia antisubversiva por medio de los sistemas de rondas campesinas manteniendo una relativa permisividad frente a los cultivos ilegales.

Mapa 6. Departamento del Putumayo: presencia de las fuerzas armadas, 1997.
 

En Colombia, a pesar de que la lucha en contra del cultivo de coca y el tráfico de cocaína continúa siendo la principal política antinarcóticos del gobierno, apoyada y promovida por el de Estados Unidos, en la práctica opera una política contrainsurgente legitimada por la asimilación que se hace de los grupos revolucionarios guerrilleros con el narcotráfico | 16 . Como informó el |Dallas Morning News en marzo de 1998, "Los funcionarios de la administración Clinton reconocen tener dificultades al intentar reconciliar su política actual de no atacar a la insurgencia con su deseo de llevar a cabo una guerra internacional agresiva contra las drogas, que les cuesta US$215 millones anuales" (Robberson, |Dallas Morning News, 18 de marzo de 1998).

La caracterización hecha por los militares de los grupos guerrilleros como narcotraficantes -narco-guerrillas-, en lugar de grupos armados con motivaciones políticas, no sólo legitima la violencia y el terrorismo estatales sino que, además, promueve la intensificación del paramilitarismo | 17 cuyos blancos son los grupos guerrilleros y aquellos que han llamado |auxiliares de la guerrilla o |auxiliares civiles de las actividades guerrilleras. Los militares han permitido y promovido las actividades paramilitares, las que han sido denunciadas por comunidades campesinas desplazadas o víctimas de masacres, las cuales también han denunciado la decisión voluntaria de los militares de ignorar los hechos delictivos de los paramilitares | 18 . Los medios de comunicación han destacado cómo las confrontaciones entre los paramilitares y los guerrilleros están directamente relacionadas con el control sobre el cultivo y tráfico de coca en las regiones productoras del país | 19 . En estas áreas, la guerrilla regula el cultivo y la distribución de coca por medio de la recolección de impuestos, razón por la cual puede afirmarse que la confrontación entre esta y los paramilitares tiene intereses económicos y geopolíticos: para un grupo armado y para el otro, el dinero de la coca representa la posibilidad de mantener una fuerza militar y un control político sobre estos territorios ( |Semana, 904, 30 de agosto de 1999). Además, la población civil allí no sólo se encuentra entre dos fuegos sino que se vuelve un chivo expiatorio: se ve forzada a tomar partido, por las presiones de los guerrilleros, los paramilitares y, además, de los militares.

El citado mayor Villamarín (1996: 15) describe de la siguiente manera lo que llama el nuevo cartel de las Farc:

La infraestructura del cartel de las Farc, tiene todos los elementos de organización y control propios de las bandas de mafiosos que inundan el mundo civilizado con el tráfico ilícito de la cocaína, con el agravante de que amedrentan campesinos, los expropian de sus "fundos" y los obligan a trabajar en el negocio del "oro blanco" a la vez que los vinculan a las acciones terroristas enrolándolos a las "milicias bolivarianas" y al partido comunista clandestino.

Como puede verse, los campesinos que cultivan coca se describen como controlados y aterrorizados por las Farc, y dispuestos a participar en actividades terroristas ordenadas por estas, así como a unirse a las filas del partido comunista. Esta afirmación considera que los civiles participan en la organización de las Farc y, por este motivo, se vuelven objetivo de la llamada guerra contra las drogas. Así, la línea que diferencia entre combatir a narcotraficantes y a rebeldes se borra, y la sociedad civil pasa a desempeñar, al mismo tiempo, un rol pasivo y uno activo en la guerra. Mientras se desarrollaba el debate sobre las cooperativas para la seguridad privada |Convivir, un artículo de opinión se titulaba: "Sin colaboración, se debilitan los militares. ¿Con la guerrilla o con las |Convivir?" (Serrano, |El Tiempo, 20 de julio de 1997: 13A). En este artículo se muestran las diferentes maneras en que los habitantes de áreas controladas por la guerrilla colaboran con esta, estableciendo como principales actividades las de inteligencia, como otorgar información sobre posiciones y movimientos de los militares y sobre los enemigos entre la población. El autor concluye que "este es el apoyo que no tienen las fuerzas de seguridad de la sociedad civil" y continúa explicando que las pérdidas más serias que ha sufrido el ejército en enfrentamientos con la guerrilla | 20 se deben a "la falta de inteligencia militar" o de "información necesaria y precisa". Con este argumento, el autor del artículo buscaba legitimar la existencia de las |Convivir:

Y es precisamente allí donde las |Convivir juegan un papel (sic) de capital importancia. Función que puede llevar a invertir la tendencia en la relación de fuerzas que se está dando. Estas cooperativas las entiendo como la base o la retaguardia al lado de la cual operarán con éxito las fuerzas militares del Estado (Serrano, |El Tiempo, 20 de julio de 1997: 13A).

El ejército sostenía que para controlar a las |Convivir, estas cooperativas de seguridad debían depender, directamente, de las brigadas militares. Este argumento implicaba la alianza entre las fuerzas de seguridad privada y los militares (Molano, |El Espectador, 17 de julio de 1997: 3A). Además, los analistas del ejército concluían que la principal causa de inhabilidad para defender la base militar de Las Delicias (Putumayo) cuando fue tomada por las Farc fue la falta de informantes y de redes de inteligencia en estas áreas de colonización, donde tiene lugar la mayor parte de las confrontaciones contra la guerrilla. Como consecuencia, aconsejaban fortalecer una contrainteligencia, independiente de la inteligencia militar:

Gran parte de la infraestructura burocrática de esta actividad de inteligencia, ubicada en brigadas, estados mayores, batallones y ciudades, imperiosamente tiene que ser desplazada a las zonas donde realmente se requiere de su actividad a favor de las operaciones militares y para evitar este tipo de desastres ( |Semana, 824, 16 de febrero de 1998: 50).

Es claro que las confrontaciones entre la guerrilla y los militares no se conciben como algo separado de las actividades de civiles en las zonas controladas por la guerrilla. La intensificación de la guerra en contra de la insurgencia requiere que los habitantes tomen partido; además, en la guerra la población civil ha resultado blanco de diversas acciones violentas. Las suposiciones sobre la posibilidad de que los pobladores sean |auxiliares de la guerrilla se derivan de la manera en que interactúan los civiles y las Farc. En resumen, en la política de erradicación de los cultivos de coca, la guerrilla, los militares y los paramilitares son las fuerzas que determinan la vida diaria de los habitantes de la región amazónica. Campesinos, indígenas y migrantes que llegan en busca de posibilidades de trabajo tienen que enfrentar y participar en esta situación conflictiva, así como resistir y negociar con los promotores de violencia. ¿Cómo se han configurado históricamente estos |lugares violentos?

LLEGADA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS FARC EN LA REGIÓN AMAZÓNICA

La presencia de las Farc en la región amazónica se remonta a la época de la violencia (véase el capítulo I). Durante los años 1940, cuando los conservadores estaban en el poder, persiguieron a familias liberales, que cansadas de huir de sus hogares comenzaron a formar cuadrillas de grupos armados para defenderse. En 1949, el Partido Comunista organizó grupos armados de autodefensa en la región del Tolima conformados por campesinos que se convirtieron en guerrillas móviles conocidas como columnas de marcha, con el fin de defenderse de la persecución de los conservadores | 21 . Como su nombre lo indica, estas |columnas de marcha comenzaron a marchar, en algunas ocasiones durante meses, no sólo para escapar de sus perseguidores sino para unirse a otros grupos armados. Cuando los grupos de autodefensa liberales y comunistas se unieron, crearon el Comando Unificado del Sur del Tolima. Sin embargo, como resultado del conflicto político e ideológico, ocurrió una ruptura y a finales de 1951 se declaró una guerra interna entre liberales y comunistas. En agosto de 1952, el Partido Comunista convocó a la primera conferencia nacional guerrillera cuyo principal propósito era unificar el movimiento de la guerrilla en Colombia. Estos grupos armados nacieron para convertirse en un movimiento guerrillero de autodefensa (González, 1992: 45).

|Las columnas de marcha reaparecieron como resultado de la persecución militar de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla | 22 . Una vez depuesto el gobierno militar, estas restablecieron grupos campesinos de autodefensa, ubicados en seis lugares principalmente: Marquetalia, Riochiquito, alto Sumapaz-Duda, Ariari, Guayabero y El Pato (véase el mapa 7). Este proceso de colonización ha sido llamado |colonización armada | 23 ; estos colonizadores armados eran campesinos expulsados de sus tierras de origen y, debido a su afiliación al Partido Comunista, habían sido excluidos por la elite política de los partidos tradicionales y perseguidos por los militares. En síntesis, se vieron forzados a armarse para defender sus vidas y sus familias. En 1958, cuando se instauró el Frente Nacional, los comandantes de los grupos campesinos de autodefensa le enviaron una carta al presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962) en la cual pedían la paz y una amnistía, de acuerdo con la política del Frente Nacional, que buscaba la integración de estos grupos armados a la sociedad. Estos grupos esperaban restablecer las comunidades agrarias que habían sido destruidas:

Así, las "columnas de marcha" dan paso a las zonas de autodefensa con base en un amplio y bien configurado movimiento agrario que ejercía la dirección política y militar, administraba justicia, parcelaba y mantenía el control interno de los asentamientos (González, 1992: 63).

Entre 1958 y 1962, en lo que el parlamentario conservador Álvaro Gómez Hurtado llamó las |repúblicas independientes, los nuevos colonizadores se organizaron en comunidades para distribuir parcelas de tierra individuales que les permitieran trabajar y vivir en paz. Sin embargo, su plan falló. Primero, porque el gobierno comenzó a considerarlas una amenaza comunista; y segundo, porque mientras esto sucedía, el Partido Comunista, influenciado por la revolución cubana, inició la política de "combinación de todas las formas de lucha", lo cual quería decir que para oponerse al gobierno se permitían las acciones ilegales -actividades guerrilleras- y las legales - participación en elecciones- (González, 1992; Pizarro Leongómez, 1992). Los lugares donde se ubicaron estas organizaciones de autodefensa y comunidades rurales independientes, se transformaron gradualmente en áreas de refugio que otorgaban apoyo a la guerrilla contra las políticas oligárquicas del Frente Nacional. Además, los programas gubernamentales de rehabilitación, concebidos inicialmente para integrar a estos grupos armados de campesinos a la sociedad, terminaron centrándose en el control político y militar de estas zonas, dando vía libre a la represión y a la violencia: aparecieron grupos armados que actuaban como bandidos y la expulsión de colonizadores por los latifundistas se convirtió en la regla.

La guerra se convirtió en el escenario en el que se desarrollaba la vida cotidiana en estas regiones. En lugar de facilitar la incorporación de estos territorios al estado-nación, el gobierno central definió estas áreas como peligrosas |repúblicas independientes comunistas, continuando el proceso de marginamiento. A pesar de que el Frente Nacional abrió un espacio democrático para los dos partidos tradicionales, cerró cualquier posibilidad de participación de otras expresiones políticas. Así, se apoyó en el estado de sitio y las fuerzas armadas para mantener el orden público dentro del país (Pizarro Leongómez, 1992: 159), y desarrolló mecanismos de represión y terror muy sofisticados (Chernick y Jiménez, 1990: 12).

Al revisar esta historia, en los documentos es evidente que los líderes comunistas siempre manifestaron su deseo de participar como partido en el gobierno. Sin embargo, este interés manifiesto no fue apoyado y mucho menos reconocido por este. Al contrario, entre 1962 y 1965 el gobierno declaró la guerra a estas |repúblicas independientes. En mayo de 1964, se inició la operación Marquetalia | 24 y la región fue tomada por los militares; como consecuencia, se sostuvo la primera conferencia guerrillera del frente del sur. En 1965, después de esta conferencia y de las movilizaciones de Riochiquito y El Pato, se crearon las Farc. Los grupos de autodefensa se volvieron nuevamente guerrillas móviles que intentaban constituir un ejército revolucionario (González, 1992: 67). Los frentes guerrilleros comenzaron a moverse a diferentes regiones del país, convirtiendo un movimiento social regional con objetivos políticos en uno revolucionario armado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los miembros de las Farc eran campesinos, y que como tales se presentaban a sí mismos y eran percibidos por las poblaciones rurales de las áreas en que realizaban sus actividades revolucionarias. Refiriéndose a la |colonización armada, Ramírez Tobón (1982: 205), arguye:

...la personalidad del movimiento campesino aquí tratado no puede reducirse a la ideología ni a los intereses políticos del Partido Comunista, como lo quieren quienes provocadoramente le asignan el simple rango de brazo armado de esta organización. (...) El esquema guerrillero elaborado en las áreas de influencia de las Farc se inscribe más como un novedoso diseño de colonización armada, que como un planteamiento político de sustitución del estado y mucho menos aún de demolición del capitalismo.

Este análisis ayuda a entender de qué manera los grupos armados campesinos ejercen en la actualidad su autoridad en las zonas marginales a las que huyeron. A pesar de que este modo de entender a las Farc ha sido criticado (Fajardo, 1998; Pizarro, Leongómez, 1999) y de que después de treinta y cinco años sus intereses son otros, este movimiento guerrillero ha adquirido credibilidad dentro de la población rural como resultado de su inserción en la vida cotidiana de los campesinos. Además, y como ya hemos visto, las políticas del gobierno central, que por lo general excluyen estas áreas marginales, permitieron que las Farc se consolidaran en ellas. Parece como si las elites tradicionales no se sintieran amenazadas por una posible toma del estado por parte de las Farc. Además, la represión se ha convertido en la manera en que el estado enfrenta los problemas socioeconómicos y políticos que surgen en los territorios controlados por este grupo guerrillero, lo cual se ha convertido en una estructura de larga duración de promoción de la violencia.

Según la versión que tienen sus miembros, la historia de las Farc considera a la operación Marquetalia como un |evento diagnóstico, como la síntesis del comportamiento político de las elites liberales y conservadoras. |Manuel Marulanda Vélez ( |Tirofijo), comandante de las Farc, fue una de las víctimas de Marquetalia:

Los marquetalianos estábamos dedicados a crear nuestro patrimonio, para bien de nuestras familias y abastecer la población de los pueblos más cercanos como Gaitania, Planadas y Neiva. Pero la política desarrollada por el Frente Nacional (...) y con el beneplácito de algunos parlamentarios, entre los que figuraba Alvaro Gómez Hurtado, quien fue promotor de los grandes debates contra las llamadas "repúblicas independientes", que no existían y que sólo servían para justificar la agresión y darnos el calificativo de bandoleros a los habitantes de la región.

Cuando nosotros fuimos informados por varias fuentes, muy serias, sobre la inminente operación militar de la región, nos dirigimos a todo el pueblo colombiano, a través de los representantes en el parlamento, al gobierno nacional, a los gobernadores, a la Iglesia, a las organizaciones sindicales, a los movimientos cívicos, a los intelectuales franceses, a la Cruz Roja Internacional, en fin, a todas las personalidades democráticas y progresistas. Mejor dicho, golpeamos en todas las puertas para que nos escucharan y así impedir la guerra que a nadie le convenía, más aún, cuando apenas acabábamos de terminar una larga lucha partidista etapa de la Violencia de 1946 a 1953, con un crecido número de muertos y con grandes pérdidas para la economía nacional. La única que intentó visitarnos, atendiendo el llamado, para comprobar que éramos trabajadores, fue la Iglesia, pero los altos mandos se lo impidieron. Y fue así como todos los esfuerzos por evitar la guerra fueron inútiles.

Los campesinos de varias regiones también se movilizaron pidiendo una salida distinta a la confrontación. Con todo ello el gobierno resolvió declarar la guerra oficialmente. Nosotros queríamos evitar esta confrontación, para bien de todo el pueblo colombiano, pero no tuvimos la fuerza necesaria para evitarla. Hoy, los únicos responsables de lo que está pasando son: el alto mando militar, el parlamento, el presidente Guillermo León Valencia; porque estaban enseñoreados con los éxitos en la lucha contra el "bandolerismo". Porque confundir a ex combatientes con bandoleros era carecer de toda responsabilidad y análisis de las verdaderas realidades que estábamos viviendo en la región; cuando combatientes y habitantes de todas las regiones nos confundíamos unos y otros en la lucha por lograr que el gobierno nos facilitara toda clase de créditos y ayudas para mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad. Con los dineros invertidos en la guerra contra los 48 hombres en Marquetalia, el gobierno pudo haber mejorado las condiciones de vida de los habitantes de la región y rehabilitar las poblaciones (Manuel Marulanda Vélez, discurso conmemorativo de los 30 años de las Farc, 1994).

En este recuento se tratan varios puntos: se reitera que los habitantes de Marquetalia querían trabajar y vivir en paz, situación que no pudo alcanzarse al ser calificados como bandoleros y, en esa medida, atacados violentamente; se resiente el rechazo rotundo del gobierno a escucharlos. Los campesinos de Marquetalia se volvieron invisibles para el estado, una entidad a la que demandaban la satisfacción de sus necesidades, al cual veían como proveedor de bienes, así como el único organismo que hubiera podido incluirlos en el orden nacional. En cambio, se promovió la violencia estatal, y la violencia generalizada que desde ese momento existe es vista como el resultado de las actitudes de la elite y de los militares.

De esta manera, cualquier explicación de la violencia política en la región amazónica debe incluir estructuras históricas de larga duración, que contienen construcciones y prácticas culturales cuyos significados sólo pueden entenderse examinando las maneras en que los habitantes locales interpretan la historia.

1
Es importante aclarar que cuando se habla de narcotráfico -y de narcotraficantes- se hace alusión a una sola etapa del negocio, a la del tráfico. Sin embargo, dada la generalización de este término, en este libro se utiliza sin que ello implique olvidar las connotaciones políticas que tiene. Lo mismo puede decirse de los llamados laboratorios, que es muchos casos apenas son unos cambuches en los cuales se realiza alguna parte del proceso.
2
El 26 de julio de 1989 se promulgó el decreto supremo 22270, que define al Pydis como el marco institucional por medio del cual el gobierno nacional ejecuta programas y proyectos de desarrollo regional y de sustitución, tendientes a reducir la producción excedentaria de cultivos de coca (Pereira, 1998: 48).
3
El decreto 22270, promulgado el 26 de julio de 1988, definió el Plan integral de desarrollo y sustitución Pidys, como el marco institucional dentro del cual el gobierno nacional aplicaría programas y proyectos de desarrollo para reducir la producción excedentaria de coca. En el decreto se reconocía "la necesidad de que los productores de coca participaran" por medio de Conadal -Comisión Nacional de Desarrollo Alternativo-, Coredal -Comité Regional de Desarrollo Alternativo-, y Colodal Comités Locales de Desarrollo Alternativo- (Pereira, 1998: 48).
4
Para 1998 se calculó en 51 mil el número de hectáreas cultivadas; para 1999 estas habían disminuido a 38.700 (Hoja Informativa del Departamento de Estado de Estados Unidos).
5
De acuerdo con el artículo 90 de dicha ley, "El Consejo Nacional de Estupefacientes estará integrado por: a) el ministro o viceministro de Justicia que lo preside; b) el ministro o viceministro de Salud: c) el ministro o viceministro de Educación Nacional; d) el ministro o viceministro de Agricultura; e) el procurador general de la Nación o el procurador delegado para la policía judicial; f) el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o el jefe de la división de policía judicial del mismo; g) el director general de la Policía Nacional o el director de policía judicial e investigación (Dijin); h) el director general de aduanas o su delegado: i) el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil o su delegado".
6
De Roux (1989) enfatiza en que el estatuto de estupefacientes no tiene en cuenta la variación en las conductas hacia las drogas, por lo que trata de la misma manera a cualquier individuo que tenga alguna relación con ellas.
7
Tal como lo documenta Thoumi (1996) la marihuana empezó a cultivarse en Colombia a finales de la década de 196o, en respuesta a la declinación de la producción en México, resultado de un programa de erradicación implementado allí y, por tanto, a la necesidad que tenían los traficantes de hallar nuevas fuentes para surtir el mercado de Estados Unidos. El cultivo se inició en la Sierra Nevada de Santa Marta y a mediados de la década de 1970 el |boom de la marihuana era evidente, habiéndose extendido su cultivo a otras partes, como los llanos orientales. En 1978, el presidente Julio César Turbay inició una campaña de erradicación manual y aérea por medio de la fumigación con paraquat. Aunada a esta política, apareció una nueva variedad de marihuana cultivada en Estados Unidos, lo cual hizo que su bonanza declinara. Sin embargo, su producción se recuperó entre 1982 y 1984. A raíz del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, como respuesta de los narcotraficantes a su persecución, el presidente Belisario Betancur inició otra campaña de fumigación, que aunque disminuyó no eliminó el cultivo de marihuana, que volvió a recuperarse entre 5986 y 1987. Sólo en 1989 disminuyó radicalmente el área cultivada, sin que necesariamente se deba a las sucesivas campañas de erradicación sino a su falta de rentabilidad y calidad frente a la producida en Estados Unidos.
8
El Consejo Nacional de Estupefacientes diferencia tres grupos: grandes cultivadores de coca - más de diez hectáreas-, medianos cultivadores -de tres a diez hectáreas-y pequeños cultivadores -menos de tres hectáreas-.
9
Es importante señalar que la información que presenta el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el área cultivada en Colombia muestra un total de 101.800 hectáreas en 1998 y de 122.500 en 1999, lo que significa que el problema del aumento de cultivos de coca se ha venido reconociendo y aceptando oficialmente. De esta manera, puede observarse que el manejo de las cifras corresponde a intereses políticos.
10
La |International Narcotics Act, promulgada por el Congreso de Estados Unidos en 1986, exige que el presidente certifique si los países que producen ilegalmente o son países de tránsito de drogas cooperan efectivamente con los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos. Los que no lo hacen enfrentan sanciones drásticas, que incluyen el retiro de ayuda estadounidense -con la excepción de ayuda antinarcóticos o humanitaria-, la oposición a préstamos para el desarrollo ofrecidos por bancos multilaterales, la suspensión de las garantías para la inversión de dinero de ciudadanos estadounidenses en ese país y posibles sanciones comerciales como la interrupción de tratamientos preferenciales a bienes importados de un país descertificado (De Rementería, 1996: 58).11
11
Como parte de la política del gobierno de Estados Unidos de guerra contra las drogas, Colombia es el país sudamericano que mayor ayuda antinarcóticos recibe, "incluyendo Zoo soldados estacionados principalmente en radares que monitorean actividades sospechosas de tráfico de droga" (Priest, |Washington Post, 28 de marzo de 1998). La ayuda total otorgada a Colombia, incluyendo ayuda militar, fue de US$95 millones en 1997 y el doble en 1998 (Schemo, |The New York Times, 1º de abril de 1998). En 1999, aumentó a US$289 millones, "sobre todo en la forma de armas, helicópteros, aviones de vigilancia que aumentaron drásticamente el poder armamentístico de la policía colombiana" (Schemo, |The New York Times, diciembre 1998). Estados Unidos también ha donado a Colombia aviones, ha entrenado pilotos expertos en fumigación y mantiene un número considerable de agentes de la DEA en el país.
12
El concepto de carteles es otro que ha hecho carrera, a pesar de que, en realidad, los grupos de traficantes no lo son. Según Thoumi (1996): "Debido a los esfuerzos por parte de varios empresarios de las DPSI [drogas psicoactivas] por colaborar en la realización de estas funciones [se refiere a las alianzas para el transporte y contrabando de cocaína], se afirma que han formado un cartel, y es común decir que las organizaciones de exportadores de cocaína están cartelizadas. Sin embargo, el significado de la palabra cartel no es siempre claro en estas referencias. Por ejemplo, la prensa y las fuentes oficiales en Colombia y los Estados Unidos continuamente hacen referencia a los carteles de Medellín, Cali y otras ciudades, lo cual es bastante confuso, por lo menos para un economista, puesto, que esto implica la presencia de dos o más carteles en el mismo mercado, lo cual refuta la existencia de un cartel. No hay duda de que es políticamente útil para muchos grupos referirse a las organizaciones exportadoras de cocaína como carteles, adjetivo que conjura recuerdos desagradables de la OPEP y de una explotación cruda del mercado, y que transmite la imagen de una conspiración en contra de los consumidores. Independientemente de la utilidad y las implicaciones políticas derivadas de referirse a una organización como cartel, cuando se estudia la estructura de la industria de la cocaína es importante determinar si realmente corresponde a la de un cartel, puesto que el impacto de muchas de las políticas hacia la industria depende de si realmente lo es". Como resultado, la aplicación de medidas como la extradición abarcaría también a la cúpula guerrillera lo cual afianzaría un escenario de conflicto internacional en el interior del país.
13
Las siguientes palabras del mayor Villamarín, del ejército, dan una clara idea de este punto de vista: "La alianza narcotráfico-guerrilla surge en la década de los setenta como respuesta a necesidades recíprocas, cuando se sintieron acorralados ante la presión de la Fuerza Pública y la subversión descubrió en el narcotráfico una fuente representativa de ingresos, al acordar con las mafias cuidarles áreas cultivadas, laboratorios de procesamiento, vías de acceso y proporcionarles seguridad desviando las operaciones militares, mediante ardides propios de la guerra irregular, labor que era remunerada por los narcotraficantes con dinero, armas y apoyo logístico, pero que como era de esperarse, indujo a Tirofijo y los demás cabecillas del secretariado a pensar en constituir un cartel propio que les produciría jugosos ingresos monetarios. El maridaje narco-subersivo, varió en dimensión mas no en concepción, porque las Pare organizaron otro cartel de narcotraficantes, amparados en la doble moral leninista "el fin justifica los medios" (Villamarín, 1996: 21-22).
14
Como puede observarse en el mapa 6, en el Putumayo se encuentran presentes la policía antinarcóticos y los grupos de contrainsurgencia del ejército.
 15
El Acto de Eliminación de la Droga del Hemisferio Occidental es un proyecto de ley que pretende dar ayuda a países, principalmente latinoamericanos, para que disminuyan ostensiblemente el flujo de narcóticos a Estados Unidos.
16
En marzo de 1998, al analizar la ayuda de Estados Unidos a los militares y la policía nacional colombiana, que se había triplicado de US$28,5 millones en 1995 a cerca de US$100 millones en 1997, el |Washington Post concluía que, "los esfuerzos para ayudar a las fuerzas armadas colombianas reflejan cambios en las actitudes de Estados Unidos ante la gravedad de la amenaza que representan para el gobierno los rebeldes financiados por el narcotráfico" (Priest, Dana, |Washington Post, 28 de marzo de 1998).
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Los grupos paramilitares o autodefensas han sido pagados, principalmente, por narcotraficantes y latifundistas para combatir a los grupos guerrilleros y mantener ciertas áreas libres de las vacunas de la guerrilla. Estos grupos armados también son promovidos por el estado y los militares y, en esa medida, han sido considerados por académicos (Medina y Téllez, 1994), ONG y líderes populares como un mecanismo para el ejercicio del terrorismo estatal. Cooperativas para la vigilancia y seguridad privada -conocidas como |Convivir- fueron reglamentadas por el decreto 356 de 1994, durante la presidencia de Ernesto Samper, de la siguiente manera: "servicios especiales de vigilancia y seguridad privada que funcionan en áreas de riesgo, para devolverla tranquilidad y para volverse aliados del orden público" (Equipo de |Alternativa, marzo-abril 1997: 91. A través de estas cooperativas, se compró legalmente armamento y desde su creación el paramilitarismo se ha intensificado y extendido a través del país. Desde 1997, ha existido una controversia sobre su rol en la promoción de la violencia en lugar de la paz. En abril de 1997, se hablaba de 507 cooperativas (Equipo de Alternativa, marzo-abril 1997: 8) y a finales del mismo ano se esperaba que existieran 1.200. Sin embargo, el ministro del Interior aceptó no tener un número preciso. Mientras la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tenía un registro de 414 cooperativas constituidas, una |Confederación Nacional tenía un reporte de setecientas asociaciones (Varela, |Cambio 16, 18 de agosto de 1997). En julio de 1997, un grupo de ciudadanos constituido por defensores de los derechos humanos, abogados, representantes indígenas y miembros de la Comisión de Paz y Justicia, llevaran el caso de las |Convivir a la Corte Constitucional con el argumento de que iban en contra de la constitución de 1991 -pues sólo oficiales del estado están autorizados para cargar armas-, así como del Código de Derechos Humanos Internacionales, e intensificaban el desplazamiento forzado ( |El Tiempo, 14 de julio de 1997: 6A). El 7 de noviembre de 1997, la Corte Constitucional aceptó la existencia legal de las Convivir ya que consideraba que de acuerdo con la constitución de 1991 la sociedad civil tiene derecho a formar organizaciones para su defensa colectiva y permanente. También ordenó que "armas de uso restringido" que hubiesen sido vendidas a civiles tenían que ser devueltas en 48 horas ( |El Tiempo, 15 de noviembre de 1997).
18
Algunos militares han sido investigados y declarados culpables de promover, en lugar de actuar en contra del paramilitarismo. Uno de estos casos fue el de la masacre de Mapiripán (Guaviare) que tuvo lugar en julio de 1997, en la cual paramilitares mataron a siete campesinos y desaparecieron cuarenta y uno. Dos años más tarde, el comandante de la séptima brigada, situada en Villavicencio, fue arrestado por no prevenir la masacre a pesar de saber que iba a suceder. La Fiscalía decidió arrestarlo "por haber ejecutado actos tendientes a asegurar un resultado, es decir, la masacre" ( |Semana. 12 de julio de 1999). En mayo de 1998, la brigada 20, una unidad de inteligencia del ejército nacional. fue desmantelada después de haberse descubierto que estaba involucrada en el asesinato de dos activistas de derechos humanos yen amenazas a más de una docena de líderes sindicales y activistas de paz y derechos humanos ( |El Espectador, u y 21 de mayo de 1998).
19
Es el caso de Bolívar (Serranía de San Lucas), Norte de Santander (La Gabarra) y Putumayo ( |Semana, 904, 30 de agosto de 1999), áreas a las que se desplazó el cultivo de coca en respuesta a la fumigación aérea en Caquetá y Guaviare.
20
Desde 1996, los ataques de las Farc a algunas bases militares y a sus grupos móviles antiguerrilla han aumentado en magnitud y han mostrado su poder militar y la debilidad de ejército nacional. El 6 de abril de 1996 fueron asesinados treinta soldados y heridos quince en Puerres (Nariño) donde estaban protegiendo instalaciones petroleras ( |Semana, 827, 9 de marzo de 1998). En Putumayo, el 13 de agosto de 1996, quinientos hombres atacaron la base militar de Las Delicias, con un saldo de treinta y un militares muertos, diecisiete heridos y sesenta retenidos por la guerrilla ( |Semana, 824,16 de febrero de 1998). El 20 de diciembre de 1997, las Farc se tomaron la base militar de Patascoy (Nariño), donde se encontraban las redes de comunicación para el sur del país, dejando como saldo diez soldados muertos y dieciocho retenidos ( |Semana, 819, de enero de 1998). Entre el 2 y 4 de marzo de 1998, en El Billar (Caquetá), se sostuvo una confrontación de tres días entre las Farc y la brigada móvil No. 24, con un resultado de ochenta militares muertos, cuarenta y tres detenidos y treinta heridos. Esta última confrontación ha sido considerada la peor catástrofe del ejército nacional ( |Semana, 832, 20 de abril de 1998. |El Espectador, 7 de marzo de 1998). Los policías y soldados retenidos por las Farc suman 249 ( |Semana, 852, 31 de agosto de 1998). Quinientos guerrilleros de las Farc han sido encarcelados y 2I6 están acusados de rebelión ( |Semana, 864, 23 de noviembre de 1998). El intercambio de prisioneros es uno de los principales puntos que debe resolverse para que puedan continuar las negociaciones de paz con las Farc.
21
La conversión de grupos campesinos de autodefensa en guerrillas móviles se ha vuelto cíclica desde 1946, como afirma Pizarro Leongómez (1989: 7): "En efecto, a partir de 1946, Colombia ha vivido inmersa en el ciclo recurrente de violencia/amnistía/rehabilitación/violencia, ciclo que ha coincidido en sus grandes líneas con las modalidades que ha asumido la acción armada inspirada por el Partido Comunista: autodefensa/guerrilla/autodefensa/ guerrilla".
22
El gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1958) fue impulsado -y apoyado en un principio-por las elites de los partidos políticos tradicionales y depuesto de acuerdo con su decisión de establecer el Frente Nacional.
23
En su artículo, "¿,La guerrilla rural en Colombia: una vía para la colonización armada?", William Ramírez Tobón sostiene que las Farc, más que un grupo armado revolucionario unido al Partido Comunista, era un grupo armado de campesinos colonizadores, que habían sido expulsados de sus territorios. En sus palabras: "Las Farc, no obstante su esquema organizativo de mayor capacidad ofensiva y movilidad o la mayor cobertura de sus frentes, pese a las innovaciones revolucionarias con que se adjetiven muchos de sus planteamientos públicos o a su relación con el Partido Comunista, no son más que la avanzada colonizadora de un campesinado para el que su proyecto de base es la resistencia a los estrujamientos expropiadores del gran capital y el establecimiento de un estatuto democrático sobre la cuestión agraria" (Ramírez Tobón, 1981: 2(4).
24
La operación Marquetalia fue aprobada por el parlamento el 27 de mayo de 1964 y fue firmada por el presidente Guillermo León Valencia. La elite emprendió una operación militar contra las denominadas repúblicas independientes comunistas. El objetivo de los militares era atacar las zonas donde vivían los grupos campesinos de autodefensa y acabar con ellos. En el marco de la guerra fría, el gobierno de Estados Unidos apoyó esta operación militar. Esta agresión se convirtió en el mito fundacional de las Farc.
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