Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo

CAPITULO 3

Los movimientos cívicos y su transformación en movimientos sociales y políticos en el Putumayo

El argumento central de este capítulo es que el movimiento cocalero que tuvo lugar en el Putumayo en 1996 no puede comprenderse si se analiza desligado de otros movimientos cívicos anteriores, los cuales, desde una perspectiva de larga duración, han sido manifestaciones coyunturales de un movimiento social y centrado alrededor de una demanda central: que el estado-nación colombiano reconozca su ciudadanía y sus derechos como ciudadanos y como habitantes de la región durante décadas, si no como oriundos de la región amazónica. Se ilustrará cómo, en principio, estos movimientos cívicos fueron reiterativos en reivindicar necesidades básicas como infraestructura física, vías, servicios públicos, salud, vivienda y educación. El capítulo muestra también que la realización de estos paros cívicos, seguidos por la instalación de mesas de negociación, no puede leerse sólo como la demanda que formulan los habitantes de la región de mejores condiciones de vida; al realizar un paro cívico demandan, además, la atención del estado local -gobernadores y alcaldes-, y central -presidente y ministros- y reiteran y recuerdan a la clase dirigente local y nacional, la condición histórica que ha tenido el Putumayo de población y espacio marginal, |abandonada, donde el |desarrollo no llega desde el centro ya sea por la falta de voluntad política del nivel central, por su representación como una región |vacía, receptora de población migrante y desplazada del interior del país, por la corrupción administrativa local o por la aplicación de programas que desconocen la realidad de la amazonia, entre otras causas.

Estamos frente a movimientos sociales cuya estrategia | 1 son los paros cívicos, los cuales ponen en evidencia el ejercicio de la política del reconocimiento por medio de la reivindicación del "derecho a tener derechos" (Dagnino, 1998); según un líder político y funcionario de la región, los paros cívicos que ha habido en el Putumayo desde la década de 1970:

Son fenómenos de tipo social que se gestan, fundamentalmente, por el vacío de la dirigencia política tradicional que, la verdad sea dicha, busca el beneficio individual, de grupo o partido. Con contadas excepciones, en el congreso ni en la gobernación o las alcaldías, ha habido líderes que cumplan la función de ser gestores del desarrollo del departamento. Ante ese vacío y por los innumerables problemas que tiene, la gente se reúne, se organiza en movimientos sociales y cívicos que han terminado en paros muy largos, de pronto costosos para la región, porque debilitan la frágil economía de los distintos municipios del departamento -más que todo comercial- y también en vidas, por los ambientes de conflicto que generan por profundizar los conflictos de larga duración (entrevista a un líder político local en Mocoa,1999).

Los paros cívicos constantes son el resultado de la organización realizada por los líderes cívicos de acciones estratégicas para hacerse |visibles, para hacerse |sentir y para confrontar las visiones que el estado tiene sobre esta región.

En este capítulo se analizan, en primer lugar, eventos, momentos coyunturales y problemas estructurales de la amazonia que sirven de marco de referencia para entender el movimiento |cocalero de 1996, como los paros cívicos que tuvieron lugar desde la década de 1980, y las reformas estatales en el marco de la descentralización administrativa, política y fiscal, entre las que sobresale la elección popular de alcaldes que se efectúa a partir de 1988.

En segundo lugar, se muestra cómo esos movimientos sociales -visibles también en las elecciones- tienden a convertirse en movimientos políticos, autónomos de los partidos tradicionales, con representación local y nacional. Se verá cómo es evidente que esta autonomía no puede mantenerse siempre y que las alianzas con los partidos políticos tradicionales se vuelven otra práctica constante en la región, lo cual transforma los movimientos iniciales que, en algunos casos, pierden credibilidad entre los habitantes. El caso del representante del Movimiento Cívico Regional del Putumayo elegido alcalde de Orito en las elecciones de 1994 permitirá analizar el comportamiento de un alcalde que se consideraba ajeno a las prácticas políticas de los representantes de los partidos tradicionales en una zona de conflicto armado. A través de la creación de la Asociación de Municipios del Putumayo, se examina la relación que establecen los alcaldes del departamento con el gobernador, lo cual permite iniciar el análisis del proceso de descentralización en una región de frontera y la formación del estado en la localidad y su relación con el estado central.

En tercer lugar, se pasa revista a la persecución política de que han sido y son objeto los líderes de los movimientos cívicos y políticos alternativos, y la dificultad que existe para mantener esos partidos alternativos, cuyos discursos contrahegemónicos son señalados como propios de los grupos insurgentes y, por consiguiente, deslegitimados y perseguidos. Resistir a la exclusión y a la persecución de los partidos tradicionales y del estado central se ha convertido en una práctica cotidiana en la región, volviéndose lo político una práctica social: con el fin de continuar, el movimiento social y político crea textos escondidos y formas de resistencia. Por otra parte, se ilustra cómo la presencia guerrillera en la zona agudiza este problema, por cuanto las fuerzas militares señalan a los campesinos como aliados de la guerrilla, lo cual legitima la presencia de un estado represivo en la zona.

Finalmente, se analiza el Movimiento Cívico de diciembre de 1995 y enero de 1996, cuando se inició la discusión frontal sobre la forma en que se estaba desarrollando el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo de la Presidencia -Plante-, que empezó a funcionar en 1994 como respuesta a la consolidación de la economía de la coca en la amazonia occidental, y la discusión abierta sobre el problema del cultivo de coca en el Putumayo.

LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS QUE ANTECEDIERON EL MOVIMIENTO SOCIAL DE LOS |COCALEROS DE 1996

En la memoria social de los habitantes del Putumayo, y en especial de los de Puerto Asís, se recuerdan dos movimientos cívicos que tuvieron lugar en la década de 1970, los cuales terminaron en el incendio de la alcaldía y en el desalojo de la comunidad por parte del ejército. Dichos paros cívicos ocurrieron en enero y diciembre de 1974, y en ellos se exigía acueducto, alcantarillado y vías de comunicación. En el segundo, las comunidades impidieron el transporte intermunicipal y departamental, y cerraron el comercio durante quince días; además, hubo una torna de tierras para la construcción de viviendas, de la que surgió el barrio Salvador Allende, uno de los más grandes de Puerto Asís en la actualidad. "La represión contra estos paros cívicos fue violenta", tal como lo señala la Comisión Andina de Juristas:

El alcalde militar, coronel Rojas, siguiendo instrucciones de la intendencia, le dio a la protesta un tratamiento de insurrección y, de acuerdo con versiones suministradas por participantes en esta jornada, fueron asesinados cinco habitantes en ese municipio. El paro cívico terminó el 13 de diciembre, día en el cual, en una emisora de Bogotá se reseñó la situación de la siguiente manera: |Completa calma en Puerto Asís, cinco muertos, el palacio municipal devorado por las llamas y la autoridad escondida (Comisión Andina de Juristas, 1993: 25).

En la forma como se presenta la noticia en el centro del país es evidente la percepción que el centro tiene de la frontera amazónica como periferia: cualquier protesta se considera subversiva y, por consiguiente, es |normal y legítimo que estos acontecimientos violentos se den en el marco de un paro cívico. Tal como lo señaló el líder político entrevistado, los paros cívicos son costosos en vidas y en la profundización de conflictos estructurales a la región. La nota de radio retorna la idea de la identidad |bárbara e incivilizada de sus habitantes, punto de vista recurrente a lo largo de la historia en la conformación de la relación entre el estado central y estas regiones periféricas. Vale la pena señalar cómo la clase dominante perfila una sociedad incivilizada | 2 en la amazonia, que requiere ser civilizada para que se convierta en una verdadera sociedad civil. Este viene a ser el discurso subyacente que tiene el estado central para abordar las manifestaciones populares o, en palabras de los militares, |la alteración del orden público en la zona. Bajo esta perspectiva, pacificar la vida cotidiana de estos desfavorecidos colonos dominados por la guerrilla, por medio de la represión, es decir, del ejercicio de la violencia estatal, se torna en un acto legítimo (véase el capítulo 4).

Sin embargo, en el mundo entero están surgiendo en la actualidad manifestaciones y denuncias de la sociedad civil en contra de la arbitrariedad de esta violencia estatal, fenómeno que Keane (1998:134) denomina una |política civilizadora. Como se verá más adelante, este tipo de denuncias se han venido constituyendo en ejes reivindicativos de los movimientos sociales que tienen lugar en esas regiones periféricas a partir de la década de 1990. Ya en la década de 1980, en la base de datos de luchas campesinas e indígenas y éxodos (1980-997) del Centro de Investigación de Educación Popular -Cinep-, están registrados varios paros cívicos y marchas campesinas, que dan lugar a la emergencia de movimientos sociales y políticos (véase el cuadro 6)

De los paros cívicos recopilados en el cuadro 1 es importante resaltar los que incidieron en la emergencia del Movimiento Cívico Regional del Putumayo y contribuyeron al aprendizaje de los líderes. El 1 de junio de 1980 tuvo lugar en Puerto Asís un paro cívico en contra del gobierno nacional en demanda de servicios públicos, vías y salud; el 8 de octubre de 1981 se presentó una movilización de los municipios de Sibundoy, Colón y Santiago -alto Putumayo-, en la cual se exigían servicios públicos al gobierno departamental. El 3 de octubre de 1982 se realizó un paro cívico regional que comprometió a todo el departamento y duró veinte días; este paro es recordado en la región por cuanto marcharon todos los sectores sociales, la Iglesia, los educadores, el comercio, los estudiantes y la población en general, así como los trabajadores de Ecopetrol por medio del sindicato de la Unión Sindical Obrera -USO-, por reivindicaciones como la carretera de Mocoa-Pitalito, servicios de salud -hospitales-, servicios públicos -como la electrificación de los municipios-, créditos, vivienda y, en general, mejores condiciones de vida. Se logró que el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -Icel-concediera dos plantas eléctricas y se inició el proyecto de interconexión hidroeléctrica del Putumayo (entrevista a un líder político local en Mocoa, 1999). Durante ese paro empezó a hacerse evidente el liderazgo del Movimiento Cívico.

|CUADRO 6
PUTUMAYO: PAROS CÍVICOS, PAROS CÍVICOS CON PARTICIPACIÓN CAMPESINA, AMENAZAS DE PARO, MOVILIZACIONES CAMPESINAS Y CÍVICAS, TOMAS CÍVICAS Y PETITORIOS, JUNIO DE 1980 A ENERO DE 1996

|FECHA |ACCIÓN |MUNICIPIOS |ENTIDAD EN CONTRA |MOTIVOS |PARTICIPANTES
1-junio, 1980* Paro cívico con participación campesina Puerto Asís  Gobierno nacional Servicios públicos, vías, salud  Campesinos
 08-oct,1981* Movilización campesina Sibundoy, Colón, Santiago Gobierno departamental Servicios públicos Campesinos
03-oct, 1982* Paro cívico con participación campesina   Gobierno departamental Servicios públicos y sociales, vías, crédito, vivienda Campesinos
28-mayo, 1983* Petitorio Puerto Asís Gobierno municipal Derechos humanos, presencia paramilitar Campesinos
21-enero, 1984* Movilización campesina Puerto Asís Gobierno departamental Crédito, comercialización, vías, servicios públicos, educación Campesinos
1-ago, 1984* Petitorio Puerto Asís Gobierno nacional Comercialización, tierra, vías, servicios públicos y sociales     Campesinos
1-mayo, 1986* Petitorio   Gobierno nacional Vías, servicios sociales Campesinos Campesinos
25 enero, 1992** Movilización cívica Mocoa   Asesinato de siete personas, acusadas por el ejército de pertenecer a las Farc    Habitantes
26-sept, 1992* Petitorio Resguardo indígenas huitoto

 

Gobierno nacional Derechos de etnias Campesinos
18-ago, 1993**  Toma cívica Orito Gobierno municipal Agua, alcantarillado Habitantes
02-sept, 1993* Movilización cívica Mocoa Gobierno municipal Energía Cívicos  y habitantes
19-enero, 1994** Paro cívico Leguízamo Puerto Gobierno municipal Agua, energía maestros Concejales, cívicos y habitantes
12- febr, 1994** Toma cívica Puerto Leguízamo  Gobierno departamental Contra destitución alcalde  
18-abril, 1994**  Paro cívico Puerto Leguízamo Gobierno municipal Contra gestión administrativa, servicios públicos Concejales, maestros y habitantes
18-nov, 1994*** Movilización campesina Puerto Asís Gobierno nacional Ambientales, glifosato Campesinos y habitantes
19-dic, 19943  Paro cívico con participación campesina Puerto Asís 
(El Tigre,
La Dorada)
Orito
La Hormiga
(San Miguel),
Puerto Leguízamo
Gobierno nacional
Ecopetrol
Ambientales, glifosato, desarrollo regional
vías, por la paz, regalías, diálogos regionales
Campesinos y habitantes
20-nov, 1995**  Paro cívico La Hormiga Gobierno nacional Incumplimiento acuerdos del paro cívico de 1994 Habitantes
4-enero, 1996* Amenaza paro campesino Gobierno nacional   Incumplimiento acuerdos, glifosato, desarrollo regional Campesinos
 

 

Nota: las bases de datos del Cinep diferencian entre paros cívicos con participación campesina y paros cívicos realizados en localidades urbanas. Las series de tiempo de las bases son distintas, por lo que no se cuenta con información sobre paros cívicos para el periodo 1980-1989.

|Fuentes:
* Cinep. Banco de datos de acciones campesinas e indígenas.
** Cinep. Banco de datos luchas cívicas.
*** Banco de datos de acciones campesinas e indígenas y banco de datos luchas cívicas.

El 21 de enero de 1984, en el municipio de Puerto Asís hubo una movilización en contra del gobierno departamental y se reiteraron las demandas de crédito, comercialización, vías, servicios públicos y educación. El 21 de agosto de 1984 se presentó un pliego petitorio en el cual se retomaron los puntos del paro cívico anterior. Ese año el frente 32 de las Farc irrumpió en el Putumayo para quedarse (Comisión de Superación de la Violencia, 1993: 102). El 28 de mayo de 1984 se suscribieron los Acuerdos de Uribe entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), consistentes en cese al fuego, tregua y paz, lo cual llevó a la creación, en marzo de 1985, de un nuevo movimiento político, la Unión Patriótica. Esta fue creada por las Farc en unión con otros partidos y movimientos democráticos y de izquierda, buscando una "apertura democrática que garantizara el libre ejercicio de la oposición", para "la participación popular en las gestiones del Estado" (Farc-EP 30 años de lucha, 1998c) | 3 .

El 21 de mayo de 1986 se realizó un paro intendencial | 4 liderado por el mencionado Movimiento Cívico, en el que se exigían servicios sociales y vías. Al hacerle un seguimiento a este Movimiento Cívico, es evidente que se trata de un movimiento social que se había venido gestando como resultado de los anteriores paros cívicos, y al cual se refiere la Comisión Andina de Juristas (1993: 27) al analizar los movimientos políticos existentes en la zona en 1986:

A nivel político en Puerto Asís tomó fuerza el grupo de oposición Unión Patriótica (UP), que había surgido como expresión organizativa legal de militantes del Partido Comunista, combatientes desmovilizados de las Farc y activistas de otros grupos o partidos de izquierda. En Orito y Valle del Guamués (éste último aún no era municipio), actuaba como grupo de oposición el Frente Popular (organización de acción legal cercana políticamente al grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación -EPL-. |Y a nivel departamental era muy importante el trabajo realizado por el Movimiento Cívico, como ente pluralista y suprapartidista que lucha por una adecuada prestación de servicios públicos y por el desarrollo vial de la región (en 1956 se realiza en el Putumayo un paro cívico intendencial exigiendo vías y electrificación. Énfasis mío).

Este Movimiento Cívico, que se gestó como resultado de los diversos paros cívicos, es el que va a agrupar a partidos de izquierda, entidades cívicas y sociales y personas progresistas de los partidos tradicionales, convirtiéndose en una alternativa política de tipo regional. Cabe insistir en que, además de la búsqueda de representación política, los paros cívicos, recurrentes durante las últimas dos décadas, son los espacios donde se van formando los líderes que le darán forma al Movimiento Cívico del Putumayo, que moviliza a la población de la región alrededor de la exigencia por servicios públicos desde la década de 1980, lo que se traduce en la búsqueda de la inclusión de esta región marginada al estado-nación.

LOS MOVIMIENTOS CÍVICOS Y SU CONVERSIÓN EN MOVIMIENTOS POLÍTICOS

En la primera elección popular de alcaldes, en 1988, resultaron elegidos dos alcaldes de partidos alternos, inscritos como "Otros": Alirio Romo Guevara en Puerto Asís, por el Movimiento de Integración Popular, y Servio Tulio Garzón en Orito, por la Alianza Popular Progresista. Estos dos alcaldes representaban fuerzas políticas alternas que surgieron como resultado de los movimientos cívicos anotados. Varios autores (Santana, 1988; Gaitán, 1992), han señalado la importancia de estos movimientos cívicos, que llegaron a tener representación política durante las elecciones, pues se tornaron en fuerzas democráticas alternas que coinciden con zonas periféricas del país donde desde principios de la década de 1970 ha habido permanentes movilizaciones, las que han ampliando la competencia partidista y las reglas de juego. "Esta doble coincidencia podría significar una importante proyección en el tiempo y en el espacio de organizaciones cívicas y comunitarias hacia la participación política y electoral" (Gaitán, 1992: 128). En palabras de Bernardo Jaramillo, dirigente de la Unión Patriótica -asesinado en 1990-:

Yo considero que la elección popular de alcaldes ha sido la más importante conquista democrática del pueblo, porque tiene que ver con este estilo de nueva democracia que estamos planteando (...) la descentralización ha llevado a que la gente haga un vínculo inmediato entre el problema más elemental que está viviendo y los problemas nacionales (Harnecker, 1989: 89-90).

En el caso del Putumayo, es necesario mirar detenidamente cómo se pasó de un movimiento cívico hacia uno político y electoral. Como se verá, la tradición bipartidista en la zona, sumada a la presencia guerrillera, incidieron en la conformación de procesos políticos ambiguos, con avances y retrocesos en cuanto a la autonomía que se logra con respecto a los partidos políticos tradicionales y a la guerrilla. Esta última, dependiendo de su posición frente a las elecciones -que varía con frecuencia-, va a obstaculizar o a promover estos procesos de proyección política.

En el marco de la democracia participativa, los habitantes del Putumayo recurren a la búsqueda de un espacio de representación política local, autónomo, y articulado o no -según la coyuntura- a otras fuerzas regionales y nacionales que impiden o fortalecen estos espacios públicos. Por tanto, es necesario analizar detenidamente las formas locales de hacer política, el discurso, las luchas, el conflicto interno y las coaliciones regionales o nacionales así como las acciones y posiciones de los llamados |líderes naturales o líderes políticos que pueden considerarse intelectuales locales (Mallon, 1995: 323) o intelectuales campesinos (Feierman, 1990), como se discutió en la Introducción.

En 1987, se desató en todo el país una guerra sucia en contra de los miembros de la Unión Patriótica | 5 , persecución que en el Putumayo también se dirigió en contra de miembros del Movimiento Cívico y líderes comunales, a quienes se asociaba con fuerzas de izquierda por sus propuestas alternas a aquellas de los partidos tradicionales | 6 . El 17 de marzo de 1987 fue asesinado el dirigente cívico Horacio Realpe Mavisoy (Comisión Andina de Juristas, 1993: 27). Un ex alcalde comentó sobre lo que significó para los líderes de la Unión Patriótica en el Putumayo esta persecución:

La Unión Patriótica llegó a Puerto Ospina en 1988 y estuvo allí hasta 1991, año en que todavía podíamos representamos como Unión Patriótica; pero a raíz de los asesinatos, los crímenes, pues nos tocó cambiar, no de ideas pero sí de nombre, porque las ideas siguen siendo las mismas. Y eso nos llevó a participar como Convergencia Popular en Puerto Leguízamo y llegar al concejo municipal (entrevista a ex alcalde de Puerto Leguízamo, 1999).

Un líder político de la región hace el siguiente recuento respecto de este Movimiento Cívico y su conversión en movimiento político:

El Movimiento Cívico se conformó para participar en política luego del paro de 1982 -paro en el cual nuestra organización sólo tenía fines cívicos-. Después, el movimiento se organizó y participó en política; incluso, en 1986 ese movimiento cívico logró varios escaños al concejo municipal, y uno en el consejo intendencial. Yo lideré aquí [Mocoa] una lista para el concejo; elegimos a dos concejales y alcancé a ser presidente del concejo municipal de acá por el Movimiento Cívico. Después del paro la gente dijo, 'Hombre, aquí se lucha por las cosas pero cuando llegan las elecciones siempre aparecen los mismos para tomarse las decisiones y las instancias del poder, entonces participemos'. El Movimiento Cívico empezó a crecer desde esa época, pero vimos que tal vez solos no íbamos a crecer mucho; entonces para las elecciones de 1988 surgió una convergencia y logramos un representante ala cámara por esa Convergencia Popular Liberal. A algunos líderes de la Unión Patriótica, que estaban en el Movimiento Cívico, no les gustó la convergencia por haber un sector liberal allí y ellos |se abrieron, no entraron a la convergencia y en 1990 formaron el movimiento político Unidad Campesina. Ellos siguieron trabajando la parte política como Unidad Campesina y lograron varias alcaldías y miembros al concejo. Muchos de esos miembros lideraron ese proceso [se refiere a los movimientos cívicos en contra de las fumigaciones que se iniciaron a finales de 1994 y culminaron con las marchas de 1996] (entrevista a un líder político local en Mocoa, 1998).

La lucha por constituir partidos políticos alternativos a los partidos tradicionales es evidente, pero también se constata que con el fin de participar en las elecciones, en el marco de la primera elección popular de alcaldes de 1988, se establecieron coaliciones con dichos partidos, lo cual transformó el Movimiento Cívico en cuanto a su carácter representativo local. Un líder cívico describe el movimiento como:Un movimiento liderado por profesores y líderes campesinos. Al proyectarse como movimiento político se hicieron coaliciones con los partidos liberal y conservador, lo cual llevó a su desaparición. Se combinó y se desprestigió el movimiento, cuando en un principio era independiente. Perdió su identidad, resultaron elegidos a la asamblea departamental y no hicieron nada. Tenía mayor fuerza en Mocoa. Quedan líderes en La Hormiga, Orito y Puerto Asís (entrevista a un líder cívico en Mocoa, 1999).

Aún más, candidatos a las alcaldías y a los concejos pasaban de ser liberales o conservadores a representar a estos nuevos partidos y después volvían a participar como candidatos de los partidos tradicionales. Tal es el caso de Alirio Romo, quien en las elecciones de octubre de 1997, fue candidato liberal a la asamblea departamental | 7 .

Por otra parte, bajo la dirigencia política de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, en 1990 se creó otro movimiento político local de ascendencia campesina, como forma de resistencia frente a la |guerra sucia desatada en contra de la Unión Patriótica:

Desafortunadamente, el clima de violencia que vive el país es el mismo que vive el Putumayo y eso no ha permitido consolidar un movimiento. Inicialmente lo hicimos como Unión Patriótica en el departamento, con dos concejales en Puerto Leguízamo, a quienes sostuvimos hasta 1991. En 1992 la situación volvió a estar tan asfixiante en cuanto a la represión que era necesario cambiar. Por ejemplo, en Puerto Asís no podíamos participar como Unión Patriótica, entonces en esa parte |de arriba [incluido Puerto Guzmán] se participaba como Movimiento de Unidad Campesina. Tal como nosotros lo pensamos, el Movimiento Cívico [se refiere al Movimiento Cívico que lideró las marchas de 19961 es nuevo, porque antes también habían surgido movimientos cívicos, pero la propuesta nuestra fue de finales de 1994 y principios de 1995. Y la primera alcaldía que logramos fue la de Orito como Movimiento Cívico, que era de la misma ideología que tenía el de Puerto Guzmán, como Movimiento de Unidad Campesina y el de Puerto Leguízamo como Movimiento Nueva Colombia. |Situación que no es ajena para los políticos tradicionales, ellos conocen que a pesar de que el nombre es diferente las ideas son las mismas, por eso ha habido dificultad (entrevista a un ex alcalde de Puerto Leguízamo,1999. |Énfasis mío).

Es así como en las elecciones del 3o de junio de 1996, fue elegido alcalde de Orito Luis Alfredo Urbano, representante del Movimiento Cívico, en reemplazo de Wilson Antonio Robles, del partido conservador, quien estaba inhabilitado para ejercer el cargo. En las elecciones de octubre de 1994, en Puerto Guzmán fue elegido como alcalde Jairo de Jesús Casanova, representante del Movimiento de Unidad Campesina y Popular, movimiento que también eligió un diputado, oriundo de Puerto Guzmán, a la asamblea departamental; por su parte, Miguel Ángel Rubio resultó elegido por el Movimiento Nueva Colombia en Puerto Leguízamo. Es evidente cómo, frente a las prácticas políticas de los partidos tradicionales tales como la exclusión de otros partidos, el clientelismo y la maquinaria política, los líderes locales contraponen una cultura política de resistencia, que a la vez responde y es moldeada por estas prácticas dominantes y se convierte en un discurso contrahegemónico que, como tal, es perseguido y censurado por las elites. Esta política de resistencia es evidente cuando el entrevistado concluye:

Creo que el Putumayo tiene una dinámica nueva; es esperanzador el hecho de que los movimientos cívicos, el Movimiento Unidad Campesina, o los movimientos nuevos que han surgido, si no han podido continuar hacia el futuro, se hayan tenido que mudar pero siguen, continúan (entrevista a un ex alcalde de Puerto Leguízamo, 1999).

Por su parte, y para participar en las elecciones de concejales en 1994, en Mocoa se constituyó el partido político Bloque Comunitario Putumayense. Una de las banderas de este movimiento fue la hidroeléctrica del Putumayo. Se dirigió al presidente Ernesto Samper con un comunicado titulado, "Putumayo: 431 años de oscuridad", en el cual sostenían que, "desde que llegaron los españoles este departamento ha permanecido en completa oscuridad. Sólo en 1982, el presidente Belisario Betancur aprobó la iniciación del proyecto, logro obtenido por el pueblo a través de un paro" ( |El Tiempo, 22 de diciembre de 1994: 7A). Una vez resultó elegido un concejal, con 1.200 votos, el movimiento político perdió fuerza, y en 1997 cuando se presentó para la asamblea departamental no salió elegido. Este puede definirse como un movimiento político coyuntural, que después terminó haciendo coaliciones con los partidos tradicionales, que se impusieron (entrevista a un líder cívico en Mocoa, 1999). Mocoa se ha caracterizado como un municipio en donde predominan los partidos tradicionales y con ellos, la |politiquería a la cual se refieren los líderes como un mal endémico que corrompe cualquier intento de conformar un partido independiente.

En sus reflexiones sobre representación política, Bourdieu (1994: 171 y 189) define el campo político como un campo de luchas, cuyo objetivo es cambiar la relación de fuerzas; este campo lo definen las relaciones que se establecen entre los representados, distanciados de los instrumentos de producción política, y quienes los representan, por medio de la relación que estos últimos establezcan con sus organizaciones. De esta manera, Bourdieu llama la atención sobre cómo los representantes políticos no dudan en ampliar su base y atraer clientela de otros partidos, lo cual puede traer como resultado el fortalecimiento del partido en detrimento de su |originalidad, es decir, del abandono de sus posiciones distintivas y originales, realmente representativas de las bases.

En el Putumayo, esta tensión entre mantener o incluso crear un partido político autónomo e independiente de los partidos tradicionales, que represente los intereses de los pobladores de la región, y la tendencia a establecer coaliciones con el fin de ampliar el número de votantes en el momento de las elecciones, se convierte en una práctica política estructural. Las lealtades heredadas hacia los partidos tradicionales, sumadas a las prácticas clientelistas que han dominado la cultura política en la zona, aquello que se conoce como el ejercicio de la |politiquería, forman parte de una disposición estructural a la cual siempre se regresa. Este condiciona miento se refuerza por medio de la persecución de la que son objeto los líderes políticos que se definen como representantes políticos de una alternativa más representativa y, por consiguiente, asociada de inmediato por las elites dominantes con el Partido Comunista y con las Farc. Sostener en el tiempo un partido alternativo, un discurso contrahegemónico, se ha convertido en una forma de resistencia local frente al estado. Se construye así un |texto escondido | 8 , un discurso político que tiene lugar fuera del alcance de la elite política tradicional dominante, cuyo significado está adscrito al sentimiento de exclusión, marginalidad y persecución. Warren (1993) llama la atención sobre cómo en medio de la violencia, y en respuesta a ella, se construyen nuevas redes de significados. Tal es el caso de la búsqueda de la redefinición del ejercicio de la política en medio de la violencia. En Colombia, el campo político de lucha entre diferentes fuerzas ideológicas se desdibuja al ser excluidos, violentamente, los partidos que representen otros intereses diferentes a los del |statu quo.

Los movimientos cívicos que buscan convertirse en organizaciones políticas, representativas de los intereses de los pobladores de la región, ponen en evidencia, además, que "lo político deja de ser un |nivel de lo social y se convierte en una |dimensión que está presente en mayor o menor medida en toda la práctica social. Lo político es una de las posibles formas de existencia de lo social" (Laclau. 1987: 5).

En el Putumayo, estos movimientos cívicos se han constituido en prácticas sociales, en formas organizativas que van delineando diferentes espacios políticos, así: en el área de Puerto Guzmán surgió el Frente de Unidad Campesina, que después se denominó Movimiento de Unidad Campesina y Popular -se le suprimió el "Frente", por cuanto se asociaba a |frente guerrillero-, movimiento que aglutina a diferentes sectores políticos, con influencia de las Farc, con participación de liberales y conservadores -los alcaldes de filiación conservadora tomaron la bandera del Movimiento-. En segundo lugar, en el área de Orito, Valle del Guamués (La Hormiga) y San Miguel (La Dorada) estaba el Movimiento Cívico Regional del Putumayo; en tercer lugar, Puerto Asís (con un alcalde liberal), cuyos líderes campesinos se asocian a la zona de Puerto Leguízamo (partido Nueva Colombia); y, en cuarto lugar, Mocoa como centro de dominio de los partidos políticos tradicionales. Se trata, entonces, de diferentes posiciones subjetivas que se articulan de manera contingente para construir una hegemonía política e ideológica regional, dentro de la ambigüedad y el antagonismo que han caracterizado la práctica social y política en el Putumayo: se es liberal, conservador o independiente, según la coyuntura o las demandas del momento, de manera que un mismo sujeto puede asumir posiciones políticas diferentes en cada nueva elección.

En esta medida es que puede hablarse de la emergencia de nuevos movimientos sociales en la región de la amazonia occidental, movimientos cívicos que abren diversos espacios políticos, generan pluralidad de demandas | 9 y cuestionan a los partidos políticos tradicionales, buscando, sin embargo, ser reconocidos y articularse por medio de la consolidación de movimientos políticos, al discurso hegemónico del estado central | 10 . Este propósito no se ha logrado, pero se ha constituido en un objetivo central de los diferentes movimientos cívicos y políticos que emergieron durante esa década. En su artículo sobre tendencias de los movimientos sociales, Archila (1995: 276-277) reconoce que aun cuando los movimientos cívicos muestran una dinámica "típica de una movilización policlasista de recursos, sus actores cuestionan formas de orientación de la sociedad e incluso participan en política, por lo menos en términos locales". Además, señala como algo |paradigmático que los movimientos cívicos son "la expresión más dinámica de la acción colectiva en el país, tanto que atrae e incorpora a otros movimientos, incluidos los típicos de clase, recomponiendo identidades". El caso de los movimientos cívicos del Putumayo ilustra estos procesos de acción colectiva y permite ahondar en cómo se convierten en movimientos sociales y políticos, así como en el análisis de dicha recomposición de identidades (véase el capítulo 4).

EL MOVIMIENTO CÍVICOS DE DICIEMBRE DE 1994 A ENERO DE 1995

A partir de 1990, en la amazonia occidental se registró un incremento significativo de los cultivos de coca y con ellos se iniciaron las fumigaciones para controlarlos, en el marco de la política de |guerra contra las drogas, impulsada y financiada por Estados Unidos. En enero de 1991, el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó el uso del glifosato, previo permiso del Ministerio de Salud. En 1994, se intensificaron las fumigaciones y en noviembre de ese año estaba en plena ejecución la |operación comején, dirigida por la policía nacional con el fin de erradicar los cultivos ilícitos por medio de fumigaciones aéreas.

Los campesinos de Putumayo y Guaviare habían venido denunciando que el herbicida no sólo afectaba los cultivos ilícitos sino a todos los demás, así como a la población localizada en las zonas de operación. Es así como en un periódico local podía leerse, como noticia de primera página, "Llueve glifosato"; se informaba que se intensificaba "la guerra con glifosato", pues "el gobierno anunció que persistirá en la erradicación de los cultivos ilícitos". Ante la protesta inicial de los campesinos del Guaviare y Putumayo, el comandante de la policía manifestó que, "estas campañas contra el herbicida sólo favorecen a los narcotraficantes" ( |La Nación, 22 de noviembre de 1994: I y 15). Es decir, se hacía caso omiso a las protestas de los habitantes de la región. La discusión alrededor de las fumigaciones continuó y el único control que proponía el Ministerio del Medio Ambiente, era "el establecimiento de veedurías ambientales en todas las regiones del país afectadas con narco-cultivos para controlar que la aplicación del herbicida se haga de acuerdo con los parámetros técnicos y las condiciones ambientales que se han definido para la realización de estas actividades" ( |La Nación, 30 de noviembre de 1994: 15); además, se anunciaban programas de desarrollo alternativo.

El 12 de octubre de 1994, el Consejo de Política Económica y Social -Conpes-aprobó el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo que, "busca complementar las campañas de erradicación forzosa, mediante inversiones de carácter social para prevenir, frenar y eliminar la producción de cultivos ilícitos" (documento Conpes 2734, 1994). Este programa se proponía iniciar labores en 1995, de manera que se anteponía la erradicación a la sustitución gradual de los cultivos. El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo -Plante- nació a la zaga de la política de erradicación forzosa. Las protestas constantes de los campesinos del Guaviare, Putumayo y Caquetá referentes a la fumigación no fueron tenidas en cuenta. Además de denunciar las enfermedades que causa el glifosato -como las hepáticas-, y los daños a los ecosistemas, los campesinos solicitaban que al fumigar se diferenciaran los cultivos menores de tres hectáreas de las grandes plantaciones comerciales, por cuanto las fumigaciones arrasan prácticamente con toda clase de cultivos ( |La Nación, 15 de diciembre de 1994: II). En respuesta a estas demandas contra la fumigación con glifosato, el 18 de noviembre de 1994 tuvo lugar un paro cívico en Puerto Asís. Según lo anunciaba un diario local:

lo que se busca con esta protesta pacífica es crear los espacios y mecanismos para que haya una solución concertada, dialogada, ya que ni la represión ni el uso de venenos químicos de manera indiscriminada, son la solución para el problema de los cultivos de coca (...). El Estado colombiano solamente se acuerda de ellos (los campesinos) para fumigarlos, para reprimirlos, nunca para tratar de ayudarles a buscar un mejor nivel de vida" (Diario del Sur, 17 de noviembre de 1994:10A).

El gobierno central hizo caso omiso de estos propósitos y respondió tal como se le acusa de hacerlo cada vez que se acerca a la región, al declarar "que los paros cívicos realizados en los últimos días en Miraflores y Puerto Asís, fueron preparados conjuntamente por narcotraficantes y guerrilleros", por tratarse de "organizaciones interesadas en evitar que sea atacado uno de los frentes más importantes dentro del tráfico internacional de estupefacientes". Por otra parte, el director de la policía nacional "negó que se pretenda sustituir el glifosato por otra sustancia para erradicar los cultivos ilícitos, agregó que las operaciones de destrucción de esos plantíos no se suspenderán", y anunció que "en el mes de enero se intensificarán las operaciones de destrucción con glifosato de los cultivos de coca en los departamentos de Guaviare y Putumayo ( |El Tiempo, 22 de noviembre de 1994: 1A-3A). Se insistía en la guerra en contra del narcotráfico y la guerrilla, sin detenerse a considerar a los campesinos, quienes insistían en aclarar que protestaban no para que se les permitiera seguir cultivando coca sino para "impedir que con el pretexto de la erradicación de estos cultivos ilícitos se quiera cometer un verdadero atentado contra la integridad física de los seres humanos que viven en el área", refiriéndose a la posibilidad de que no sólo se fumigara con glifosato sino con velpar, un herbicida altamente tóxico para el ser humano ( |Diario del Sur, 22 de noviembre de 1994: 10A).

Aún cuando las fumigaciones no se realizaron en el Putumayo ( |Diario del Sur, 24 de noviembre de 1994: 12A) la política de erradicación forzosa sin sustitución continuó. El 20 de diciembre de 1994 se inició un paro cívico que comprometió a Puerto Asís, Orito, San Miguel y Valle del Guamués y movilizó a más de cinco mil campesinos (Peñaranda, 1996: 27), que esta vez protestaban por las fumigaciones y demandaban la puesta en marcha del Programa Nacional de Desarrollo Alternativo y de la Red de Solidaridad | 11 , vías, electrificación, educación, salud e inversión de las regalías del petróleo en obras priorizadas por los municipios y, sobre todo, exigían iniciar un proceso de paz con la participación de la sociedad civil. Su objetivo central era entonces, poner en evidencia que "el problema de los cultivos ilícitos es social", y que "solamente en la medida en que existan alcantarillados, escuelas, agua potable, luz, buenos caminos, una comercialización agrícola rentable y que los productos agrícolas sean productivos, la gente dejará de ser mano de obra de los cultivos ilícitos" ( |Diario del Sur, 17 de noviembre de 1994: 10A).

El 3 de enero de 1995 el paro continuaba y era noticia nacional. Sin embargo, en contraposición con la prensa local, que insistía en el problema social detrás del cultivo generalizado de la coca en el Putumayo y en el deseo de diálogo y de paz de los marchistas | 12 , un titular del periódico |El Tiempo decía: "Guerrilla, culpable de paro en Putumayo". A continuación explicaba que, "los labriegos" respondían a la presión de la "narcoguerrilla", según informes de los organismos de seguridad. Se insistía en los actos contra el orden público:

igualmente las carreteras se encuentran taponadas por manifestantes que protestan por la injusticia social como el Gobierno Nacional trata a esa sección del país (...) siete baterías fueron tomadas por los habitantes de los municipios de Orito, Valle del Guamués, Puerto Asís y San Miguel, que protestan por el atraso social y económico del bajo Putumayo, situación que se ve agravada con la fumigación con glifosato a los cultivos de coca ( |El Tiempo, 3 de enero de 1995: 12A).

Los dirigentes del paro exigían la presencia de una comisión del gobierno central en La Hormiga, para lo cual concedieron un plazo de cuarenta y ocho horas. El 5 de enero dicha comisión no se había hecho presente, el paro continuaba y se informaba sobre el "Ataque campesino a la planta de Ecopetrol en el Putumayo", artículo en el cual se describía cómo se le prendió fuego a la planta, el bloqueo de las carreteras, la suspensión de recorridos por las carreteras de acceso a Mocoa desde el centro del país por temor a que se afectaran los vehículos, el déficit fiscal del departamento y el paro de maestros; en fin, el caos. El artículo concluye con un acápite sobre "Violencia y narcotráfico" que dice:

Los caminos que hace más de veinte años abrieron los extranjeros en este territorio para buscar petróleo están cubiertos por la maleza. Las comunidades de pequeños poblados que esperaban ser rescatados del olvido con esas trochas continúan esperando su redención. El abandono ha resultado tan familiar a los habitantes del Putumayo, que viven convencidos que son una "gran reserva nacional". Llegar y salir de la región resulta difícil. Muchos desisten de esta idea cuando piensan en los derrumbes que tapan casi todos los días la carretera. A veces se alternan con los paros cívicos y entonces, son los propios campesinos quienes salen a atajar los carros para exigir alguna reivindicación. Los únicos que se mueven de un lado para otro sin mayores complicaciones son los guerrilleros y los narcotraficantes. Sin la infraestructura vial necesaria, la colindancia con los dos países es un factor que no ha sido sino aprovechado por maleantes para evadir en ocasiones y de acuerdo a sus conveniencias, la acción de la justicia. (...) Toda su riqueza, la belleza de sus valles y montañas y el potencial en su subsuelo está por descubrir. Pero el Putumayo es considerado un territorio de miseria, violencia y narcotráfico ( El Tiempo, 5 de enero de 1995: 8A).

El abandono, la miseria, la violencia y el narcotráfico se convierten en los males endémicos del Putumayo, de manera que la prensa sigue nutriendo la imagen de una región esencialmente |incivilizada, donde el narcotráfico y la guerrilla encuentran terreno abonado para sus actividades por fuera de la ley, del orden y de la civilidad. La gente es presentada como si estuviera |acostumbrada al abandono, en una región aislada física y simbólicamente, donde los paros cívicos sólo representan el ahondamiento de una situación de aislamiento, que aumenta aun más ya que "los propios campesinos" obstaculizan la entrada a la zona. De esta manera, se pierde de vista a la gente que sigue pidiendo al gobierno central que se haga presente, que quiere dialogar, concertar sobre sus necesidades, en fin, intervenir en asuntos sobre los cuales se decide sin consultarle.

En otro artículo se comenta que el 6 de enero, día de la fiesta de negros y blancos, el Putumayo madrugó en medio de un paro cívico y se informa que cuando doscientos cincuenta hombres del ejército se acercaban en helicópteros a la planta Churuyaco de Ecopetrol, "los manifestantes sacaron sus pañuelos blancos, cantaron el himno nacional y alguno de ellos lanzó una bomba molotov. Las llamas y el miedo de que explotara el tanque provocaron la estampida de miles de manifestantes" ( |El Tiempo, 8 de enero de 1995: 3B) | 13 . La respuesta pacífica al ataque era imposible y el discurso del terrorismo sigue siendo dominante. ¿Están condenados sus habitantes a vivir bajo la sombra de este estereotipo? La prensa insiste en volver sobre él. ¿Cómo lograr la redefinición del mismo? ¿Cómo hacerse visibles como una sociedad civil que busca construir su espacio de representación política en medio de fuerzas en conflicto? Peñaranda (1996: 27) concluye al respecto de este movimiento:

El carácter cívico y reivindicativo del movimiento terminó siendo suplantado por la militarización del conflicto, luego de que el gobierno enviara un contingente de mil soldados que desalojaron a los manifestantes de las instalaciones petroleras y luego de que la guerrilla derribara un helicóptero de fumigación y asaltara la cárcel de Mocoa dejando en libertad a varios campesinos detenidos en las operaciones de desalojo.

Se confirma de nuevo la respuesta represiva del estado, legitimada por las acciones violentas que se suceden en la zona y, sobre todo, por la presencia guerrillera, a la cual, se le acusa de realizar el paro y contra la que se lanza la ofensiva, atacando a la población civil sin distinción alguna. La toma de la cárcel de Mocoa, un hecho aislado que ocurrió en el contexto del paro cívico, llevó a que las fuerzas armadas reafirmaran su tesis de que los campesinos estaban aliados con la insurgencia y justificó la movilización a la zona de tropas entrenadas en la lucha contra-insurgente y el consecuente tratamiento represivo al paro cívico. Entretanto, para mandar la comisión de representantes a negociar el pliego de peticiones, el gobierno nacional exigía el retorno a la |normalidad. Sin embargo, la presencia militar impedía lograr la normalidad exigida, tal como se deduce de las noticias. El 8 de enero se desplazó la comisión gubernamental al municipio de La Hormiga, en donde sesionó durante cuatro días con la comisión del paro para concluir, el u de enero de 1995 en un acta de acuerdo, "que permitió el pleno retorno a la normalidad" (Ríos, 1997: 29). La llegada de la comisión negociadora fue la que permitió evitar más enfrentamientos. José Noé Ríos, quien presidió dicha comisión, comentaba antes de viajar a la zona:

El paro del Putumayo fue un conflicto difícil (...). Los noticieros del sábado en la noche mostraron una situación absolutamente crítica en la región y era posible deducir que el ambiente se había deteriorado nuevamente. Llamó al ministro -Horacio Serpa, ministro del Interior-y comentamos la información de última hora. ¿Qué hacemos? Viajamos mañana o no. Le dije al ministro: me parece que es conveniente no aplazar más este viaje. Si no llegamos mañana, la situación se puede poner peor. Hay que evitar la posibilidad de que haya muertos. El ministro me dijo: "Pero es que la condición para autorizar el viaje es que haya normalidad". Y reflexionó: "Claro que inmediatamente llegue usted ganamos esa normalidad". "En cinco minutos lo llamo". Al cabo de cinco minutos me llamó y me autorizó a viajar. Cuando llegamos a La Hormiga tuvimos conocimiento de que fuerzas oscuras le habían hecho saber al alcalde del municipio que si a las dos de la tarde no había llegado la comisión debería abandonar la zona. Igualmente nos informaron que |por inteligencia habían detectado acciones terroristas, ajenas a los dirigentes del paro, para el mismo día. Nuestra llegada distensionó de manera inmediata la situación. Creo que fuimos capaces y oportunos ( |Énfasis mío).

Sigue presentándose la imagen del terrorismo, de las |fuerzas oscuras, aquellas causantes del malestar, de la incivilidad, y la comisión negociadora aparece como la salvadora del inminente colapso gubernamental: llega la |civilidad a la zona y se evita el levantamiento generalizado.

Ríos diferencia el paro cívico de otras negociaciones, pues aun cuando parte de que es "normalmente inducido y frecuentemente tiene penetración de fuerzas insurgentes y radicales (...) cuenta con el apoyo de la comunidad organizada (...) tiene apoyo popular" (Ríos, 1997: 81). Esta comunidad organizada es la que se pierde de vista cuando se insiste en aquellas fuerzas ajenas a los habitantes y cuando se responde con la represión militar. El ministro Horacio Serpa insistía en que "los movimientos campesinos hacen parte de un plan de desestabilización de la guerrilla" (El Tiempo, 8 de enero de 1995: 3B) y exhortaba a los ciudadanos a que "no se dejen manipular ni sacar de lo cívico y no le cedan espacio a los narcotraficantes ni a los subversivos ( |El Tiempo, II de enero de 1995: 6B)". La guerrilla y el narcotráfico parecen dominando la escena, lo cual no permite que el movimiento cívico se valide como tal. En palabras de uno de los líderes del movimiento:

Actualmente el habitante del Putumayo es visto por el gobierno como un subversivo y esto nos distancia, permite que los partidos tradicionales nos desprestigien y quieran sacar provecho. Eso me preocupa mucho, porque nuestro propósito no es destruir sino construir una nueva sociedad, como lo concibe un verdadero cristiano que desea construir el reino de Dios aquí en la tierra (...). Tal vez por entender la realidad nos han tildado de subversivos por no defender intereses partidistas y personalistas. Cuando lo único que nuestro Movimiento Cívico de Orito busca es un mejor bienestar para quienes vivimos en la región (entrevista al alcalde de Orito, en |Así es, 1998).

El mismo alcalde de Orito comentaba que el movimiento estaba organizado por medio de un coordinador en cada vereda, a los cuales se sumaba "un grupo de apoyo para respaldar los programas propuestos por todos y luego ser explicados a la comunidad para que se sumaran a los deseos de las mayorías" (entrevista al alcalde de Orito, en |Así es, 1998).

El acta de acuerdo que se firmó buscaba el compromiso del gobierno con la ejecución de las obras de infraestructura exigidas en paros anteriores, tales como la interconexión eléctrica Pasto-Mocoa y la distribución del servicio de energía a los municipios de La Hormiga, Orito y San Miguel. Se concertó un estudio sobre la viabilidad ambiental de la carretera Orito-Monopamba, con el fin de acceder a Pasto en sólo seis horas | 14 -la necesidad de carreteras para comercializar otros productos y tener acceso a mercados regionales con mayor rapidez ha sido una demanda fundamental y permanente de los pobladores de la región-. En educación se acordó elaborar los planes municipales de educación, ampliar la cobertura y mejorar la calidad en los municipios comprometidos en el paro, así como los servicios de salud. Se aseguró el pago de las regalías por parte de Ecopetrol, su participación en programas de desarrollo comunitario y su concurso en el mantenimiento de la carretera San Miguel-La Hormiga-Yarumo.

Además de estos puntos, en esta negociación fue central el debate alrededor de las fumigaciones y los programas de desarrollo alternativo; se acordó que la erradicación de cultivos ilícitos se haría de conformidad con las políticas de la resolución 0001 del II de febrero de 1994, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, según la cual:

1. Se determinará con precisión la ubicación, extensión, medio circundante, características, riesgos potenciales, aprovechamiento y existencia de cultivos tradicionales y su localización. Esta fase de reconocimiento se llevará a cabo en coordinación con funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, el ICA, el Inderena y el Ministerio de Salud.

2. Cuando se trate de extensiones amplias de terreno que excedan las dos (2) hectáreas y el cultivo ilícito sea único, tomando en cuenta consideraciones topográficas y la cercanía de asentamientos humanos se procederá a aspersión aérea controlada del agente químico glifosato. Este método de erradicación será experimental y estará sujeto a monitoreo y evaluación permanente.

3. La erradicación de los cultivos ilícitos será responsabilidad de la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos.

4. Para asegurar la correcta ejecución de las operaciones de destrucción de los cultivos ilícitos, la acción estará coordinada con las autoridades militares, administrativas y judiciales de la respectiva jurisdicción y con la presencia permanente de un delegado del Ministerio Público, Procuraduría Provincial y de la Fiscalía General de la Nación. Los denominados cultivos ilícitos de subsistencia aislados, de que trata el numeral 2 de la mencionada Resolución, continuarán siendo objeto de erradicación a través de sistemas manuales y mecánicos (resolución 0001 del II de febrero de 1994).

Quedaba implícito, entonces, que los cultivos de menos de tres hectáreas, considerados de subsistencia, no serían objeto de fumigación. Aunque el gobierno lo aceptó, no pudo mantener este compromiso en el marco de la guerra contra las drogas y debido a la deslegitimación en que estaba por haber recibido dineros de los narcotraficantes para su campaña presidencial. En la región se recuerda cómo, en su discurso de posesión, el presidente Samper afirmó que al terminar su gobierno no habría ni una sola mata de coca en el territorio nacional. Es así como en ese momento se encontraba en ejecución la |operación resplandor impuesta por el gobierno de Estados Unidos a Colombia, para erradicar los cultivos ilícitos por medio de la fumigación con sustancias químicas, política que recae sobre los cultivadores y no sobre las grandes redes de comercialización (Ilsa, Cinep y revista |Colombia Informa. Actualidad Colombiana, 1994-1995). El gobierno de Ernesto Samper debía mostrarle a Estados Unidos su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y, por tanto, no podía permitirse excepciones en cuanto a áreas fumigadas o al tamaño de los cultivos. Es así como 1995 se considera el año en el cual se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia, puesto que se registraron un total de 30.512 hectáreas rociadas (Dirección Nacional de Estupefacientes, 1997). De acuerdo con un líder agrario nacional:

Como primer año de gobierno, 1995 fue en el que el gobierno se dedicó, de manera indiscriminada a fumigar y a tratar de cumplir por la vía de la represión más que por la vía de la concertación o de la sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, a la gente no le quedó otra alternativa y se movilizó; porque al ejército, que antes no había participado en labores de erradicación masivas, sí esporádicas pero no tan masivas, le dieron esta tarea también. Ya no se trataba solamente de buscar a la guerrilla, sino que por donde pasaba arrancaba cultivos, quemaba ranchos y de todo y violaba los derechos humanos. Eso fue lo que hizo que la gente empezara a ver qué hacía, porque si aquí se acaba la coca en la práctica se acaba la vida (entrevista a un líder agrario nacional, 1998).

En cuanto al Plan de Desarrollo Alternativo, los firmantes se acogieron a lo establecido en el Documento Conpes 2734 de octubre de 1994 en cual se establecía que:

Este programa se limita a zonas de economía campesina donde, con base en la participación comunitaria, se formularán y ejecutarán proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de ingresos, elevar la calidad de vida, conservar el medio ambiente y fomentar los valores éticos y culturales para la convivencia pacífica con el fin de reducir las sustancias psicotrópicas. Así, el concepto de Desarrollo Alternativo orienta una política integral que fomenta el retorno de los valores éticos y culturales del ciudadano, incrementa la presencia institucional del Estado y crea fuentes alternativas de ingresos (documento Conpes 2734, 1994).

Este documento establecía una diferencia entre los cultivos de subsistencia, realizados por los campesinos, indígenas y colonos como parte de sus sistemas de producción y como medio de subsistencia, con extensiones inferiores a tres hectáreas y los cultivos comerciales, financiados por los narcotraficantes y organizados empresarialmente. Las acciones a desarrollar se planteaban "sin perjuicio de las acciones de erradicación previstas en la resolución 0001 del II de febrero de 1994, del Consejo Nacional de Estupefacientes", y comprendían: participación y organización comunitaria, fortalecimiento institucional, dotación de infraestructura productiva, comercial vial y de transporte, fomento productivo, crédito e incentivos, desarrollo social, protección, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y comunicación social con el fin de cambiar la actitud de la población frente a la problemática de la droga. Como puede concluirse, los objetivos así planteados coincidían con aquellos por los cuales luchaba la gente en la región.

Por otra parte, tanto en la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes como en el documento Conpes se distinguía entre los cultivos de subsistencia y los otros, proponiéndose un tratamiento diferente, lo cual era fundamental para la población campesina. Se pone en evidencia cómo los términos en que estaba concebida la política del Plan de Desarrollo Alternativo hacían que la gente en la región la respaldara, pero en el momento de aplicarla esta se encontraba sujeta a otros intereses y momentos coyunturales que desvirtuaban su propósito.

Finalmente, el acta de acuerdo contemplaba un punto sobre diálogos de paz, en el cual se buscaba que el gobierno iniciara negociaciones con la guerrilla pero, sobre todo, se insistía en que "la paz se debe lograr a través de cambios concretos en los aspectos sociales, políticos y con la participación de la sociedad civil (...) la guerrilla sobra cuando el Gobierno llegue con inversión social, las armas se conviertan en herramientas de trabajo y la paz se traduzca en bienestar y desarrollo". Además, se hacía un llamado al gobierno para que comprendiera "la difícil situación del campesino frente a los requerimientos de información por parte de las Fuerzas Armadas y la subversión", y la necesidad de "acabar con los grupos paramilitares" (Acta de acuerdo, 1995).

En consecuencia, se solicitaba que los gobiernos nacional, departamental y municipal "no tomarán represalias contra los dirigentes y participantes en el movimiento cívico" (Acta de acuerdo, 1995). En cuanto a los diálogos de paz, el ministro del interior, Horacio Serpa, respondió que la negociación con la insurgencia no se haría local ni regionalmente, sino a nivel nacional. El problema de la negociación se centralizaba, sin reconocer la urgencia de detener el conflicto armado en la región, lugar en donde las Farc tienen una mayor presencia, o sin tener en cuenta a las autoridades locales para la negociación.

EL MOVIMIENTO CÍVICO REGIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS MARCHAS COCALERAS

El acta de acuerdo del II de enero de 1995 contenía una cláusula fundamental para entender cómo se preparó el siguiente movimiento cocalero, que tuvo lugar en agosto de 1996. Se trata de la creación de una comisión de seguimiento de los acuerdos, integrada por cuatro representantes de la comunidad con sus respectivos suplentes, y cuatro representantes del gobierno nacional, la cual debía reunirse en Orito en la segunda quincena del siguiente mes de febrero. A esta comisión se integraron, de hecho, el gobernador del departamento y los alcaldes de los municipios de San Miguel (La Dorada), Orito y Valle del Guamués (La Hormiga).

Como resultado de este paro, surgieron líderes cívicos que continuaron trabajando en la comisión de seguimiento, y el Movimiento Cívico Regional del Putumayo tendió a ampliarse, al iniciar trabajos con líderes campesinos y cívicos de Puerto Asís y Puerto Leguízamo y con el Movimiento de Unidad Campesina de Puerto Guzmán. Al tiempo que se trabajaba en el seguimiento de los acuerdos de La Hormiga, se unían fuerzas para luchar contra la fumigación que continuaba siendo una amenaza.

Por otra parte, en febrero de 1995 empezó a funcionar el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Plante-, inicialmente centrado en los municipios y veredas "que siembren o no cultivos ilícitos como parte de un sistema de producción y medio de subsistencia. Por lo tanto, se excluyen los cultivadores comerciales de ilícitos" ( |Diario del Sur, 3 de septiembre de 1996: 9A). Para iniciar actividades se consideraron prioritarios los departamentos de Putumayo, Guaviare, Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Cauca, Nariño y sur de Bolívar. El Plante nació inscrito en la política de lucha integral contra la producción y tráfico de narcóticos, de manera que se orientaba a la erradicación como condición fundamental para iniciar los programas alternativos.

Como gerente del Plante se nombró a Flector Moreno Reyes, quien a lo largo de su administración abanderó la penalización del pequeño cultivador de coca, pues sostenía que "no son lícitos los cultivos ilícitos no importa su tamaño", consideraba que aunque "se arguye la pobreza, ese no es el referente fundamental que explique el porqué se dedican los campesinos al cultivo", y añadía que se estaría argumentando y aceptando que "el fin -salir de pobre- justifica los medios -llevar a cabo una actividad ilícita-". En fin, Moreno Reyes opinaba que "el narcotráfico es un problema de codicia, que también toca al campesino". Aunque sostenía que no se penalizaba la producción sino la comercialización y el procesamiento de la coca, aseguraba que "en la política colombiana de desarrollo alternativo no existe el concepto de gradualidad para la erradicación de los cultivos ilícitos", lo cual significa que "sólo es posible acceder a los beneficios del Plante, una vez el campesino, el indígena o el colono han abandonado su participación en la siembra de cultivos". Agregaba, finalmente, que se sataniza el glifosato pero no a los que procesan la coca (conferencia en la Universidad de los Andes, abril de 1997).

Al año de labores del Plante en el Putumayo se desató una aguda controversia entre los miembros del Movimiento Cívico Regional del Putumayo y su gerente, la cual llevó a que el diálogo entre la comisión de seguimiento y la veeduría del paro cívico del Putumayo y el Plante se rompiera, tal como consta en carta dirigida a Héctor Moreno Reyes el 22 de marzo de 1996:

Rompemos el diálogo por unanimidad, desde luego por la actitud e incoherencia por el manejo del programa Plante (sic) y particularmente por Ud. como Gerente del mencionado plan alternativo (...). Consideramos que mientras el gobierno no modifique las estrategias del Plante, el programa seguirá siendo un fracaso. Además, porque no escucha las verdaderas inquietudes, para buscar un verdadero acercamiento entre el campesino y el Plante y no su mal humor del día (sic); dejando inconformidad del Acta de Acuerdo del n de enero de 1995, el documento Conpes 2734, la Resolución No. 01 del Consejo Nacional de Estupefacientes y desde ese punto de vista la presentación por parte del gobierno del estudio de impacto ambiental para realizar la fumigación en la región (carta a Héctor Moreno Reyes, 22 de marzo de 1996).

Hubo varios hechos que llevaron al comité de seguimiento de los acuerdos a tomar esta decisión: en primer lugar, en la reunión realizada en Mocoa el 30 de enero de 1996 con representantes de los ministerios del Interior, Educación y Salud, del Departamento Nacional de Planeación, del Instituto Nacional de Vías y del Icel, durante la cual se hizo un balance de las obras ejecutadas en el departamento del Putumayo al año del paro cívico, se insistió como punto central en la optimización del programa Plante y se solicitó: "una mayor claridad con respecto a sus beneficios, condiciones y monto total económico para cada campesino o colono que decida dejar a un lado los cultivos ilícitos". Además, se informó "que la Caja Agraria no brinda garantías económicas a los campesinos (...) porque a nivel central no les autoriza una ayuda económica a un aceptable porcentaje y unas mínimas condiciones", y se solicitó "que en cada oficina de la Caja Agraria se delegue un funcionario única y exclusivamente para atender solicitudes y ciar información del programa Plante" ( |La Nación, 25 y 31 de enero de 1996: 10). Por otra parte, se insistió en no archivar lo acordado con respecto a obras de infraestructura para la región.

El comité de seguimiento y veeduría se dirigió al gerente del Plante el 28 de febrero de 1996 manifestándole, en primer lugar, que no se habían desembolsándolos créditos solicitados a la Caja Agraria, debido a las múltiples exigencias que se le hacían a los campesinos. Y, en segundo término se refiere a unas declaraciones de Moreno Reyes aparecidas en un artículo publicado en El Tiempo el 5 de enero, titulado "Denuncian oscuros intereses en paro de Putumayo", el cual se refería a la gestación de un nuevo paro en el Putumayo como respuesta a las políticas estatales de erradicación: "Según el director del Plante, Flector Moreno Reyes, `los pequeños productores rurales harían el paro presionados por oscuros intereses de la guerrilla y del narcotráfico"'; se añadía que los representantes de la comisión de veeduría y seguimiento "no son reales voceros de los campesinos ya que `no son campesinos': uno de ellos es abogado y el otro profesor". Por otra parte, aparecía Luis Alfredo Urbano, declarando que "el paro estaba listo y sólo faltaba la hora cero"; Moreno Reyes concluía que, "es inaudito que se desprecie una suma tan gigantesca como son los $45 mil millones de pesos que se están invirtiendo en beneficio de los pequeños productores rurales" ( |El Tiempo, 5 de enero de 1996: 8A).

En sus declaraciones, Moreno Reyes deslegitima a los líderes del Movimiento Cívico Regional por no ser campesinos en esencia. Estos |intelectuales campesinos (Feierman, 1990), un abogado y un profesor, no pueden ser reconocidos como mediadores entre los campesinos y los funcionarios oficiales del nivel central, porque por una parte, se salen del estereotipo que se tiene del colono -campesinos pobres, sin educación- y, por otra, porque evidencian que aunque se hable de mucho dinero, a los pequeños cultivadores no se les está desembolsando y, aún más, a estos se les señala como influenciados por la guerrilla y el narcotráfico, colocándolos en peligro frente al ejército.

En una carta que le dirigieron al presidente Ernesto Samper los dirigentes del Movimiento Cívico Regional del Putumayo el 25 de diciembre de 1995, le informaban que este Movimiento "se encuentra organizando y preparando el segundo paro y por supuesto con solidaridad también con otros departamentos", y agregaban que "a la situación presentada asimismo se han vinculado al segundo paro, el comité departamental del Putumayo, el departamento de Nariño, representado por el municipio de Puerres, puesto que por allí saldría la carretera Orito-Monopamba, en conjunto con la asociación de los trece municipios de la provincia de Obando". En cuanto a las causales de este segundo paro se mencionan: la inconformidad frente al incumplimiento del acta de acuerdo firmada el n de enero de 1995 en el Putumayo; la fumigación en el departamento y el respeto a la soberanía del pueblo; los allanamientos a campesinos; y el atentado contra el medio ambiente amazónico |pulmón del mundo. Además, el rechazo a la política del Plante por no presentar soluciones a los campesinos de acuerdo con el documento Conpes y la resolución 000I del Consejo Nacional de Estupefacientes; y las amenazas de muerte a los líderes del Movimiento. Posteriormente, dos líderes del paro, José Portilla y Colombia Rodríguez, fueron asesinados, el 17 de enero y el 27 de febrero de 1996.

La insatisfacción con el Programa de Desarrollo Alternativo continuó, y el 4 de abril de 1996 el programa debió ser paralizado por orden de la presidencia, porque cerca de setenta millones de pesos no llegaron a su destino, pues los funcionarios estatales los adjudicaron a sectores distintos del rural y de los pequeños cultivadores de coca ( |La Nación, 4 de abril de 1996: 10). Al mismo tiempo, el 30 de marzo, en el noticiero TV Hoy se anunció que el departamento del Putumayo sería fumigado con glifosato. En el periódico local |La Nación, el corresponsal en el Putumayo informaba lo siguiente:

Indignados y en estado de alerta para realizar un paro regional, se mostraron los habitantes y colonos del municipio de San Miguel (...) ante la noticia la Asociación de Juntas de Acción Comunal precisó que no dejarán fumigar una sola hectárea y que estarán dispuestos a conformar un paro regional en el Valle del Guamués pero que esta vez traería mayores pérdidas para el Estado y la comunidad en general. Los cultivadores de la hoja de coca del sur del departamento precisaron que prefieren hablar de sustitución gradual y no de erradicación como propone el gobierno nacional (...). `Aquí nunca venían los duros de la presidencia, esto siempre ha sido abandonado. No habían (sic) calles ni mucho menos carreteras, fue por eso que nos tocó cultivar la coca y ahí estamos, unos ya murieron porque hicieron malos negocios, pero esto es simplemente un reflejo del abandono estatal" indicó a |La Nación un colono que lleva 38 años en la región, 20 de los cuales han cultivado marihuana y coca en las selvas del Putumayo.

Por su parte el personero del municipio de San Miguel, Carlos Virgilio Castro, dijo que un segundo paro regional traería pérdidas irreparables para comerciantes, transportadores, turistas y para la explotación del petróleo, porque las instalaciones de las baterías y pozos de perforación quedan en la mira de las organizaciones del paro, aunque se tenga muy buena custodia de la fuerza pública. La situación de orden público sería más grave aún, si se tiene en cuenta que la acción sería aprovechada por los grupos guerrilleros que tienen asentamiento en la zona.

Virgilio Castro hizo un llamado al estado para que dé pronta solución a los problemas principalmente al acuerdo firmado entre estado, departamento y organizadores del paro cívico (La Nación, 23 de abril de 1996: 9).

De esta noticia local deben resaltarse varios aspectos. En primer lugar, la reiteración por parte de los campesinos de su negativa a la fumigación y la propuesta de una sustitución gradual, previos programas alternativos; segundo, la asociación de juntas de acción comunal, aparece manifestando que no dejará fumigar ni una hectárea. Estas cumplieron un papel fundamental en la organización del paro que se inició tres meses después, como se analizará en el siguiente capítulo. En el Ministerio del Interior había inscritas 614 juntas de acción comunal del Putumayo, con 34.693 afiliados (Ministerio del Interior, 1999). A estas habría que sumarle las que estaban en proceso de constitución y que no se habían inscrito ante el Ministerio. A través de los directivos de dichas juntas se establecieron las redes informales necesarias para desarrollar el paro interdepartamental. En tercer lugar, sobresale el abandono del estado como causante de la expansión de los cultivos de coca en la zona. En cuarto lugar, se insistía en que las políticas de erradicación, antes que la sustitución gradual, iban en contravía de los pequeños cultivadores. Quinto, el procurador del Valle del Guamués, como funcionario público, anteponía las consecuencias que podía traer el paro y hacía un llamado al gobierno central para que pusiera pronto remedio a la situación, mostrando que los funcionarios del nivel central no escuchaban su diagnóstico del problema como representante del gobierno local. Desde la perspectiva de la gente, las causas del segundo paro eran el abandono estatal y la falta de inclusión de sus demandas en las políticas que se ejecutaban en la región. Los campesinos |cocaleros sienten que sólo por medio de un paro lograrán ser escuchados por el gobierno central y podrán demandar políticamente el reconocimiento de su situación.

Por otra parte, puede verse claramente la fragmentación del estado: el procurador regional reconocía al campesino como agente del paro y veía a los guerrilleros como grupos asentados en la zona que "aprovecharán" la situación, mientras que Moreno Reyes sostenía que el paro era presionado por guerrilleros y narcotraficantes. Los funcionarios locales desvían los dineros que se le destinan a la región; ellos responden a una cultura política clientelista y corrupta, de manera que adjudican los préstamos a personas que no están directamente vinculadas con el cultivo de coca, por lo que el balance de cobertura entregado por el Plante no incidía en forma definitiva en la sustitución. Así, mientras el Plante informaba por medio de La Nación (2 de febrero de 1996: 10) que a 31 de diciembre de 1995 la Caja Agraria había desembolsado "366 millones de pesos en créditos de pequeños productores vinculados a la producción agroindustrial así tengan o no cultivos ilícitos", y que "en los 26 primeros días del mes de enero del año en curso, llegaron 500 millones de pesos más para incentivar cultivos legales y otras áreas de fuente de trabajo para 1.762 campesinos, inscritos en el Plante a través de la Umata", el 28 de junio del mismo año La Nación tituló un artículo, "Lo del Plante ... en veremos: campesinos indican que ha sido nulo el apoyo". Los campesinos se quejaban de la |tramitología y papelería exigida por la Caja Agraria y uno de ellos concluía: "parece que al Estado poco o nada le interesa el departamento del Putumayo y la pobreza y necesidades aumentan cada día más" ( |La Nación, 28 de junio de 1996: 9).

Los préstamos que se realizaron llegaron a los sectores de la población que podían cumplir con los papeles exigidos por la Caja Agraria, uno de los cuales era la escritura de propiedad del predio. Muchos campesinos no tenían legalizada su posesión, además de no encontrar fiadores con propiedad titulada. Por otra parte, los créditos individuales que llenaron los requisitos fueron recibidos, en la mayoría de los casos, por personas que no estaban directamente vinculadas con el cultivo de coca. Es así como en noviembre de 1998 en Puerto Asís se comentaba que los préstamos se habían quedado en las áreas urbanas, destinados a la compra de taxis. Según un funcionario del Plante de Puerto Asís, el fracaso de los créditos concedidos por la Caja Agraria se debió "a la falta de concertación con la comunidad". Dicho funcionario sostenía que:

Desde el principio el Plante debió haber hecho las cosas bien, es decir no debió otorgar los créditos a cualquier persona sino canalizarlos por medio de los consejos municipales de desarrollo rural -CMDR- o de las asociaciones de campesinos. Es decir que primero debió obligar a los campesinos a organizarse, a asociarse y a presentar un proyecto productivo para prestarle la plata. Por ejemplo, que la comunidad de la vereda La Comuna dos, hubiera dicho: Hemos decidido asociarnos y vamos a sembrar tantas hectáreas de chontaduro; entonces el Plante les da veinte o treinta millones de pesos, eso hubiera sido bueno, porque no hubiera habido un responsable sino una asociación. O que el CMDR aprobara los proyectos o que se |le prestara ala gente que se sabe que son campesinos que mantienen el proceso de participación ciudadana y comunitaria, que están en los procesos de concertación. De haber sido así, las cosas no hubieran salido como están ahorita (entrevista a un funcionario del Plante, Puerto Asís, 1998. Énfasis mío).

En esta entrevista es palpable la idea generalizada, o mejor aún, la política gubernamental que privilegia las asociaciones para conceder créditos: así mismo, se resalta que los créditos deberían darse a aquellas personas reconocidas como campesinos. Aun cuando estos tradicionalmente han trabajado sus fincas en forma individual (véase el capítulo 8), trabajar asociados, en empresas agrícolas, es una nueva estrategia impulsada por el estado que ha empezado a ser apropiada por ellos, en búsqueda de alternativas a la coca. Sin embargo, lo que nos interesa constatar es que los créditos de la Caja Agraria no se le concedieron a los "verdaderos campesinos" y, podríamos deducir, a los cocaleros. Por otra parte, el funcionario del Plante agrega:

A la gente le faltó información, porque a muchas personas -que incluso no eran campesinos y recibieron créditos-, se les dijo: "Vea, esta plata es del gobierno, usted haga el préstamo que esa plata no hay que pagarla". Muchas personas todavía piensan que esa plata no hay que pagarla y que la cosa quedó así. A veces están emproblemadas porque tienen cobros jurídicos y cerradas las puertas de los créditos (entrevista a un funcionario del Plante, Puerto Asís, 1998).

La forma en que los funcionarios públicos locales y los habitantes de la región se apropian de los recursos del estado está mediada por percepciones y prácticas cotidianas, tal como se desprende de la cita anterior (véase el capítulo 9). El sentimiento generalizado que tiene la gente, de abandono del estado, la lleva a buscar aprovechar cualquier dinero que llegue a la zona, pues se siente con el derecho adquirido de usar el mismo a su antojo, en retaliación con ese estado ausente y, más que eso, que hace caso omiso de sus demandas. La presencia estatal por medio de los funcionarios oficiales tiene sus prácticas clientelistas, de hacerle el favor al amigo y de usar muchas veces el dinero del estado para beneficio personal, pues son pocos los controles que se hacen. La corrupción, aceptada como práctica del estado en la región, sumada a la actitud de la gente frente a un estado al que hay que aprovechar, da como resultado la desviación de los recursos y la redefinición de la política central en la localidad. Esta tensión entre los funcionarios del nivel central y los locales es palpable cuando Moreno Reyes declaraba que una de las causas por las que el Plante no tenía éxito en la zona era, además de la presencia guerrillera y del narcotráfico, que por definición se oponen a las acciones del estado, que "algunos funcionarios del Gobierno, pese a los esfuerzos del presidente de la República, tratan de sacarle el cuerpo a la iniciativa" ( |El Espectador, 2 de agosto de 1996: 6A).

Por su parte, el estado central penaliza estos comportamientos deteniendo la erogación de recursos del Plante, y ante la amenaza de paro decide hacer presencia como un estado represivo como se ha podido ver.

EL MOVIMIENTO CÍVICO REGIONAL DEL PUTUMAYO Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ALCALDES

En las elecciones de octubre de 1994 resulto elegido al consejo municipal de Orito uno de los líderes del paro cívico de diciembre de 1994 a enero de 1995; posteriormente, en junio de 1996, fue elegido alcalde de Orito. Como alcalde electo manifestó: "la administración estará basada en las exigencias al Gobierno Nacional del cumplimiento de los acuerdos pactados en el pasado paro cívico (1994-1995). Argumentó que en eso radica la acción que adelantará para sacar adelante a un municipio como Orito el que ha servido para que otras personas saquen beneficios propios y no hagan verdaderas obras para la comunidad" ( |La Nación, 3 de julio de 1996: 9). En este texto insistía en su compromiso con la gente y hacía explícita su diferencia con los políticos que sacan provecho individual del cargo.

Otro rasgo que lo caracterizaba era su falta de preparación académica; la entrevista que le hizo un periodista se titula "Del campo a la alcaldía: un campesino que sin quererlo llegó a ser el alcalde de Orito", y en ella el entrevistado manifestó: "Yo no quería ser Alcalde porque no he tenido estudio, no tuve la oportunidad de estar en una academia para aprender administración municipal" (entrevista al alcalde de Orito, en |Así es, 1998).

Antes que por su preparación intelectual su elección se hizo sobre la base de su trabajo por la región. Bourdieu (1994: 173-174) ha insistido en que los profesionales son los que detentan el monopolio de la representación política, por cuanto tienen el capital cultural y el tiempo libre para ello, y afirma que el campo de la política es, por tanto, uno de los menos abiertos para otros sectores. En este marco, el partido político se define como una organización permanente que tiene que producir la representación de la continuidad de la clase dominante. Este movimiento cívico, convertido en movimiento político, cuestiona la continuidad partidista y el requisito previo del capital cultural, entendido como la educación formal adquirida para llegar a la dirigencia política; pero cuestiona, sobre todo, la representación política de los partidos tradicionales. Estos líderes cívicos se convierten en representantes políticos porque poseen lo que Bourdieu ha denominado capital político.

El capital político es una forma de capital simbólico, cuyo crédito se funda en la credibilidad, en la fe o en el reconocimiento, o más precisamente en las innumerables operaciones de acreditación por medio de las cuales los agentes confieren a una persona (o a un objeto) los mismos poderes que le reconocen a él (o a éste) (Bourdieu, 1994: 192).

Sin embargo, este capital político que se tiene dentro de la región no se logra por fuera de ella, por falta del capital cultural que se requiere para competir con los profesionales que manejan el mundo de la producción de herramientas políticas y legislativas (véase el capítulo 7). Al respecto, cuando se le preguntó por la posición de los partidos tradicionales frente a su gestión de gobierno el alcalde de Orito comentaba:

El decir es que nosotros no hemos hecho nada porque no contamos con el respaldo de los políticos. Pero siendo sincero yo le digo a Usted y a todos, que nosotros sí hemos avanzado mucho al realizar obras en muchas veredas y eso es bueno para mí y para el Movimiento Cívico de Orito (...). La verdad sea dicha y si esto sirve para que otros aprendan, es el resultado de la disciplina que el Movimiento Cívico de Orito ha logrado infundir en sus seguidores. Como resultado de las promesas y los incumplimientos hemos aprendido que es la comunidad a la que le corresponde ayudar en la realización y supervisión de las obras, también se necesita que quien maneje los recursos los haga rendir y no se los robe. Esto también nos comprueba una vez más que no se necesita tener padrinos políticos para realizar buenas obras (entrevista al alcalde de Orito, en |Así es, 1998).

Al posicionarse como Movimiento Cívico Regional del Putumayo frente a los partidos tradicionales, se insiste en que pueden realizarse obras sin contar con el apoyo de un partido político que tenga representación nacional y, por consiguiente, clientelas bien cimentadas. El respaldo de un partido político consolidado nacionalmente, o para efectos de la gente en la localidad, la falta de una maquinaria política o de un padrinazgo político era algo por lo cual se cuestionaba la eficacia del alcalde. ¿Es factible romper con las tradicionales prácticas clientelistas? Este fue el reto que encontraron el alcalde y el Movimiento Cívico. Es por ello que él se vio en la necesidad de demostrar y hacer entender a la comunidad que era con su colaboración que podían lograrse las obras, no gracias al padrinazgo político. La emergencia de un discurso político alternativo es muy difícil cuando la tradición histórica ha sido reprimir estos discursos, ya sea por medio de la represión o de la práctica del clientelismo político. Un ex alcalde opina lo siguiente sobre la represión a los movimientos políticos de izquierda:

Cuando acaban a la oposición política, la única que puede hacer frente es la oposición armada; y en el país acabaron la oposición política. Los tres mil quinientos asesinados de la Unión Patriótica significaron la muerte del interlocutor político con el que podían debatirse ideas. Cuando en el país se termina con la posibilidad de debatir las ideas, de exponer las ideas políticas, entonces se llega ala vía militar (...). Lo que pasa es que el estado tampoco puede mirar la película desde una sola parte; desde él se dice, que la guerrilla con las armas no deja que las campañas se hagan libremente, pero el estado, con sus armas, tampoco deja que la expresión popular se formule con libertad. porque de todas maneras, así se quiera negar. la relación que hay entre paramilitares y ejército es lógica a todas luces. Independientemente de la posición política que uno tenga, se percibe que eso es así, porque o si no, ¿de qué manera pueden vivir tan tranquilos los unos al pie de los otros? (entrevista a un ex alcalde de Puerto Leguízamo, 1999).

Es interesante contrastar esta perspectiva con la de otro líder político, quien se refiere al clientelismo político como estructura central en la región y que, sin ser la intención, es fomentado por la guerrilla cuando rechaza las elecciones. Este líder señala que como resultado de la tradición clientelista, "aquí la gente vota por el que le puede ofrecer algo", de manera que es bastante difícil que otras propuestas políticas sean aceptadas lo cual, sumado a que "la gente que puede tener otra tendencia no vota porque en ciertas zonas la guerrilla no deja que vote", hace que los que ganen sean "siempre unas personas que tienen poder económico y político" (entrevista a un líder político local en Mocoa, 1998) | 15 .

Para el alcalde elegido en Puerto Asís en 1997, por el partido Alianza Popular con aval del Partido Liberal, el velo que impuso la guerrilla a esas elecciones fue positivo, ya que no tuvo que adquirir compromisos políticos con la clase política tradicional:

El proceso electoral de octubre de 1997 nos ayudó mucho, sobre todo en el bajo Putumayo, porque por presido de la subversión los votantes fueron mínimos. En el caso de Puerto Asís, hubo doscientos siete votos: yo salí elegido con ciento tres; en La Hormiga solamente hubo siete votos: en San Miguel no llegaron a cincuenta; y en Puerto Caicedo hubo doscientos votos. Eso nos ayudó, porque no tenemos ningún compromiso político con la clase política tradicional ni con ningún grupo de presión (entrevista al alcalde de Puerto Asís, 1998).

La guerrilla se introduce aquí. como otro factor que incide en la consolidación o no de otras alternativas políticas. Esta ha antepuesto su objetivo estratégico-militar a cualquier opción política, de manera que aun cuando su discurso marxista habla de apoyar la lucha de las clases oprimidas, en la práctica no apoya alternativas políticas que surjan de la población. Es posible percibir diferentes posiciones frente al veto de la guerrilla, lo cual tiene consecuencias diversas, según las estrategias que sigan los sujetos en cada localidad, como se profundizará en el capítulo 7. Por otra parte, se delinean distintas posiciones frente a la guerrilla, de acuerdo con la experiencia cotidiana que se tenga con esta. Para la gente de Mocoa, por ejemplo. las Farc no forman parte de su vida cotidiana y política, en contraste con el bajo Putumayo.

De otro lado, aun cuando se buscaba consolidar al Movimiento Cívico Regional del Putumayo mediante su reconocimiento local, la falta de preparación académica llevó al alcalde a recurrir a un político liberal como asesor, quien había participado en la comisión de seguimiento a los acuerdos firmados en enero de 995. Este asesor hizo uso de las prácticas políticas corruptas inmersas en el quehacer político colombiano, se aprovechó de la confianza del alcalde, le falsificó la firma y le robé unos dineros del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -Icel- destinados a comprar unas plantas eléctricas. Esta historia se repitió en la baja bola caucana -municipio de Piamonte-. donde los alcaldes han sido líderes de la zona sin preparación académica y los asesores los han hecho caer en malos manejos administrativos, de los cuales no son conscientes hasta que son perseguidos por ello. La preparación académica es deseada v la carencia de la misma se señala constantemente como la causa de dichos malos manejos administrativos. La |capacitación en el manejo del lenguaje administrativo referente al nuevo régimen municipal se solicita permanentemente. El alcalde de Orito, entrevistado por un periódico loca, se describe a sí mismo como "un campesino y víctima de la falta de oportunidades para estudiar" y, por esta razón, afirma que su gobierno lo enfocó hacia la educación, y "no escatimé esfuerzos para que a los profesores no les faltara su pago cumplido y los niños del municipio puedan tener las oportunidades que yo no tuve" (entrevista al alcalde de Orito, en |Así es. 1998).

La guerrilla sanciona los malos manejos administrativos y la corrupción administrativa. El alcalde de Orito fue retenido por las Farc durante veintidós días, junto con su secretario de gobierno. ''Una vez allá retenidos, nos dijeron que teníamos muchas cosas que responder sobre despilfarros y pérdidas de dinero. Yo dije que respondería porque necesitaba aclararlo todo". Para el alcalde, fueron sus enemigos políticos los que hicieron que fuera retenido:

Siempre hemos contado con persones que quieren empañar la imagen de la administración [se refiere a la alcaldía] actuando con doble moral, lanzando juicios para hacerle creer a la guerrilla que somos corruptos y colaboradores de los paramilitares y por otro lado hacerle creer al ejército y al gobierno que somos guerrilleros o sus colaboradores v nada de eso es cierto. Nosotros tenemos nuestro propio pensamiento y sabemos muy bien que el cambio lo hacemos con un verdadero espíritu cristiano y nada más. Esa es la actitud demente de quienes son incapaces de realizar una política de ideas que por igual bendicen al municipio y a todos sus habitantes. Teniendo que recurrir hábilmente a desacreditar con chismes y astucia a unas personas honorables y toda una administración respaldada por un movimiento consciente y responsable como el que hemos formado en Orito (entrevista al alcalde de Orito en |Así es, 1998).

Ser señalado como auxiliar de la guerrilla o de los paramilitares se transforma en una herramienta que puede utilizarse en contra de cualquier persona, pues es evidente el uso que hacen estos grupos armados de los habitantes de la región como informantes, con el fin de mantener el control del área. Aún más, es común que miembros de la comunidad busquen a la guerrilla para informarle sobre problemas cotidianos en los cuales se considera que esta debe intervenir. Es por eso que se habla de chismes y de astucia, va sea porque se le va con |cuentos a la guerrilla o al ejercito, o porque se es astuto y se utiliza esta guerra de información para perjudicar a enemigos personales. El conflicto macro entre paramilitares y guerrilla entra así al circuito cotidiano del chisme y el rumor y se convierte en una práctica social, una práctica de la vida diaria. El ex alcalde de Puerto Leguízamo comenta al respecto:

Considero que el problema del Putumayo no es tanto de la guerrilla o de los paramilitares, sino de la oposición política que trata de sacar al otro cueste lo que cueste. ¿Qué pasa? Cuando el contendiente político no es capaz de derrocar al otro por medio del debate, porque afortunadamente en el caso del Valle del Guamués ven el mío hicimos un buen trabajo, entonces uno de los mecanismos utilizados para hacer daño es por medio de la Contraloría [se refiere a las investigaciones hechas con frecuencia a los alcaldes por malos manejos de dinero] que son politiqueros, o de la Procuraduría, órganos que se prestan para perseguir a la gente. Si ese mecanismo no funciona, tratan de vincularlo a uno con uno de los sectores en conflicto. Puedo decir eso por experiencia: a mí me sindicaron de ser guerrillero y entonces tuve problemas con los paramilitares y al alcalde del Valle del Guamués lo sindicaron de paramilitar y entonces tuvo problemas con la guerrilla y hasta donde yo sé y conozco, en los dos casos eso era falso (entrevista a un ex alcalde de Puerto Leguízamo 1999).

Se reitera entonces cómo en la localidad se generan nuevas prácticas en relación con el conflicto armado, que entran a mediar las relaciones sociales y políticas: conflictos personales se dirimen haciendo uso de los organismos de vigilancia de la administración pública y de los grupos armados que, a la vez, dependen de la información que reciben de los habitantes de la zona. En este sentido, un caso interesante de analizar es el del alcalde de Puerto Asís, Alcibiades Enciso, a quien hombres del frente 48 de las Farc esperaron en el corregimiento de Teteyé, a orillas del río San Miguel, para devolverle 4,7 millones de pesos que él les había enviado y que según ellos "no habíamos solicitado" ( |El Tiempo, 8 de febrero de 1996: 9B): a continuación, a la Fiscalía le fue entregado un video de este encuentro y otro a los medios de comunicación. En unas declaraciones que hizo el alcalde al respecto, lo primero que señalaba era que: "este es un montaje de la oposición que ha desatado una campaña en mi contra, haciendo que se polaricen las gentes: unas a mi favor y otras en contra de la administración, lo cual es supremamente grave" ( |El Tiempo, 8 de febrero de 1996: 913). La guerrilla pasa a ser un instrumento del cual hacen uso terceros con el ánimo de desprestigiar al alcalde frente a la población.

El alcalde de Puerto Asís advertía, además, que "la división de opiniones alrededor de su gestión ha generado una situación bastante grave no sólo por el hecho de que se está atacando al alcalde, sino porque se está amenazando con alterar el orden público" ( |El Tiempo 8 de febrero de 1996: 9B) | 16 . La intervención de la guerrilla no fue la causa de la alteración del orden público; la que amenazaba con alterar el orden era la división de la población, causada por rumores infundados de la oposición política. Al referirse a este evento, algunos habitantes de Puerto Asís señalaban que "a Alcibiades le armaron un montaje y le echaron encima a la guerrilla". Entrar en el ámbito del rumor se torna en una forma de resistencia cotidiana frente al conflicto. A su vez, las Farc castigaron al alcalde por haber utilizado la plata antes de entregarla | 17 , divulgando ante el país la entrega del dinero y su compromiso con ellos, por lo cual de inmediato fue declarado objetivo militar por los paramilitares. Por otra parte, se hizo evidente el recaudo que hace la guerrilla de dineros del estado para su sostenimiento y la presión a la que están sujetos los alcaldes. El 30 de enero de 1998, Enciso, quien acababa de entregar su cargo, fue asesinado en Cali de tres disparos en la cabeza, por un sicario que se movilizaba en moto, muerte que los paramilitares se atribuyeron públicamente.

El 19 de mayo de 1997, la revista Semana publicó un artículo titulado "Los alcaldes de la guerrilla", en el que reprodujo un documento de inteligencia militar que señalaba que 138 alcaldes estaban vinculados directamente con la subversión, entre ellos los de Puerto Guzmán, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo. Además, se decía que otros 462 alcaldes "se encuentran bajo influencia de los terroristas" y que "muchos alcaldes asisten a reuniones clandestinas; que se prestan para colaborar en las pretensiones políticas de los guerrilleros; que tramitan documentos en forma irregular para favorecerlos; que los ocultan de las autoridades y que desvían parte de los presupuestos para inflar las arcas de los delincuentes" (Semana, 19 de mayo de 1997: 28). Esta no era la primera vez que se hacía dicha acusación. Después del paro cívico de 1996, el ejército acusó a los alcaldes del bajo Putumayo de subversivos y narcotraficantes ( |El Tiempo, 6 de agosto de 1996: 8A). Los alcaldes se han presentado varias veces ante la Fiscalía, exigiendo investigación imparcial y poniendo en evidencia cómo se encuentran |Entre la espada y la pared. Al tiempo que supervisa a los alcaldes para evitar la corrupción administrativa, la guerrilla les exige que le entreguen l0% del presupuesto municipal como forma de vacuna; al hacerles esta exigencia, los alcaldes se ven obligados a caer en el delito de peculado y el municipio deja de percibir dineros para obras públicas. Manuel Marulanda Vélez, máximo jefe de las Farc, aclara que el impuesto no se cobra a los recursos municipales sino a las ganancias de los contratistas, porque "muchos de estos son los que han financiado la guerra y si tienen plata para armar autodefensas también deben tener para financiar la paz" (Cambio, 31 de mayo de 1999: 72). De esta manera se evidencia la ambigüedad de las Farc ante las alcaldías y la política de descentralización del gobierno. En un documento de debate, las Farc plantean que:

es precisamente cambiando el sentido de esta administración local como se podrá desmontar, de abajo hacia arriba, esta gigantesca maquinaria del clientelismo y la corrupción cubierta en la impunidad (...) el poder local es el ejercicio de la libertad positiva, que la nueva constitución de 1991 consagra como la participación (...). En otras palabras, que los ciudadanos participen, ejerciendo el poder, en la búsqueda del interés general, en el ideal del bien común, en el manejo de la ciudad, barrio, pueblo, vereda o corregimiento (...). El poder local debe estar acompañado de mecanismos adecuados de elección del personal idóneo y honrado para dirigir la administración en defensa del bien común (Farc-EP, 1998a).

Sin embargo, impedir las elecciones y que el alcalde lleve a cabo su labor entorpece -e impide- el ejercicio de la participación por medio de la elección de personal idóneo, que no puede actuar sin sentirse amenazado. En mayo de 1999, los alcaldes, representados por la Federación Colombiana de Alcaldes, se reunieron en La Machaca con |Manuel Marulanda Vélez para manifestarle cómo se encontraban expuestos a ser acusados por uno u otro bando de ser guerrilleros o paramilitares, y manifestaron su posición neutral ante el conflicto. Marulanda les contestó que "los alcaldes no pueden estar al margen porque el paramilitarismo es un problema de Estado (...). Entonces los alcaldes no pueden ser neutrales ante los asesinatos y las masacres, éstos deben denunciar y perseguir a esos grupos ( |Cambio, 31 de mayo de 1999: 72). Los alcaldes que no se reconocen como parte de los partidos hegemónicos tampoco se sienten comprometidos con el gobierno o identificados como parte del mismo; antes que todo, se sienten comprometidos con los ciudadanos que los eligieron, tal como lo señaló en esa oportunidad el alcalde de San Vicente del Caguán:

En este proceso está en juego la gobernabilidad, el reconocimiento, la representación, la ciudadanía. Cuando un alcalde es amenazado no sólo se afecta como persona sino que se pone en juego la gobernabilidad, la autonomía de un pueblo que lo eligió, que le dio el poder y lo autorizó legítimamente para regir su destino ( |Cambio, 31 de mayo de 1999: 73).

Como se ha señalado, la elección popular de alcaldes permite que al poder local accedan personas del pueblo que representan una cultura popular que se define como excluida por el estado central, de manera que no se sienten identificadas con sus políticas. Aunque hasta cierto punto pueden tener alguna identidad con esta concepción, la guerrilla manda mensajes ambivalentes, pues así como puede considerarlas representantes del pueblo también puede señalarlas como representantes del poder central. Después de su retención, el alcalde de Orito comentaba sobre la guerrilla:

Lo bueno de esa gente y vale la pena destacarlo, es que primero averiguan y no se dejan convencer de todos los chismes que les llegan. Entendieron muy bien que hemos trabajado honestamente, pero que también contamos con una oposición que le hace mucho daño al municipio y no permiten su avance. Ahora que nos soltaron ya están corriendo los chismes que fue un auto secuestro para unos y que fuimos para recibir adiestramiento guerrillero según otros. Yo estoy seguro que si la gente empleara el tiempo que gasta en inventar chismes en cosas útiles, éste Municipio tendría más negocios y habría más trabajos para la gente aumentando el desarrollo regional (entrevista al alcalde de Orito, en |Así es, 1998).

Como lo sintetiza el ex alcalde de Puerto Leguízamo, en el Putumayo los alcaldes tienen un problema muy grave, que es ser considerados enemigos del ejército, de la guerrilla y de los paramilitares.

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PUTUMAYO

Ante la situación descrita y con miras a lograr representación política en el ámbito central, el 20 de marzo de 1996 los alcaldes del periodo 1994-1998, conformaron la Asociación de Municipios del Putumayo, la cual nació con la participación inicial de los trece alcaldes municipales con el fin de gestionar más ante el estado, proyectos de gran envergadura que favorezcan el desarrollo regional, en el aspecto económico y social (...). Según el alcalde de San Francisco, la nueva asociación de municipios es con el único objetivo de desarrollar programas para el territorio, anteriormente olvidados por los mandatarios de turno. Los burgomaestres de las tres zonas (alto, medio y bajo Putumayo), unirán información y elaborarán proyectos que beneficien al mismo tiempo a un número considerable de habitantes de varios municipios ( |La Nación, 22 de marzo de 1996: 10).

Estos alcaldes no se consideraban a sí mismos |mandatarios de turno, pues se definen como no contagiados por las prácticas políticas de los anteriores mandatarios que sólo buscaban su beneficio propio y no el de la región. Esta posición es un reflejo de la elección popular de alcaldes de 1996, elección que implicó el respaldo de la gente de la región. Por otra parte, insistían en "gestionar proyectos ante el estado", lo cual significa establecer una línea directa con las instituciones oficiales en el nivel central, evitando la mediación de los funcionarios locales. En palabras del alcalde de Puerto Leguízamo:

La Asociación nació porque había proyectos regionales que debían ser presentados por alguien, y a los que debía hacérseles seguimiento y gestión (entrevista a un ex alcalde de Puerto Leguízamo, 1999).

Esta primera Asociación no logró funcionar, pues se puso en evidencia que los procesos políticos del alto, medio y bajo Putumayo son diferentes. Es así como en abril de 1998, después de la experiencia de las marchas |cocaleras y del Proyecto Integral de Desarrollo que no se realizó (véase el capítulo 7), se retomó la idea de la asociación de municipios, bajo el liderazgo de los alcaldes del bajo Putumayo -Puerto Leguízamo, Valle del Guamués, Caicedo, Puerto Guzmán- y con la participación del alcalde de Villa Garzón, del medio Putumayo. Aun cuando se invitó a participar a los del alto Putumayo -Santiago, Sibundoy, Colón y San Francisco- no lo hicieron. Cuando hablé con el director de la asociación me explicó que estos municipios no participaban, "porque culturalmente son diferentes" (entrevista a un ex alcalde de Puerto Leguízamo, 1999). Esta afirmación evidencia la diferenciación que se ha establecido históricamente entre alto y bajo Putumayo, que se mencionó en el primer capítulo.

En el proceso de construcción de una identidad regional, en el Putumayo se conforma una identidad cultural diferenciada y emerge también una política de la identidad asociada a espacios o lugares específicos, aquello que Pile (1997) denomina la |política de la ubicación [en un lugar] o |politics of location | 18 . Así mismo, se establecen ambigüedades dentro de esta política de la ubicación [en un lugar], como es el caso de los municipios pertenecientes al medio Putumayo, Mocoa y Villa Garzón. Mientras Villa Garzón se identifica con el bajo Putumayo, Mocoa lo hace con el alto, pero como capital del departamento y sede de la gobernación se identifica a los dirigentes políticos con la tradición política del centro del país. Es así como el alcalde de Mocoa, que inicialmente participó en la Asociación, debió retirarse de la misma pues su práctica fue calificada de politiquera, por cuanto sólo buscaba intereses personales y no correspondía con las políticas trazadas por la Asociación. Por otra parte, los líderes del Movimiento Cívico de Mocoa no han participado en el Movimiento Cívico Regional, por cuanto no se identifican con su lucha central. Es así como la Asociación de Municipios quedó finalmente conformada por ocho municipios: Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Valle del Guamués, Orito y San Miguel, los cuales se identifican en su proyecto político y en cuanto a su identidad cultural, tal como lo han señalado. El cultivo de la coca atraviesa a todos estos municipios, convirtiéndose en un marcador de identidad fundamental tanto a su interior como frente al alto Putumayo y a la región central del país, lo cual no se cumple para el caso de Mocoa y el alto Putumayo. En palabras de un periodista e historiador local de Mocoa:

En Mocoa los funcionarios no se abren al problema de la coca e indirectamente se ha beneficiado esta ciudad. Mocoa no puede sentirse limpia. Es una hipocresía de nuestra ciudad. Su historia lo hace un pueblo chapado a la antigua pero sólo en apariencia. En el fondo, son libertinos y se alimenta todo uso. Existe, sin embargo, un choque con la cultura de Puerto Asís (entrevista a un periodista e historiador local en Mocoa, 1998).

Mocoa se representa como una ciudad |limpia no contagiada por el cultivo |ilícito de la coca. Vuelve a hacerse alusión a la existencia de culturas regionales distintas. Para los alcaldes del bajo Putumayo asociarse significaba articular un discurso contra hegemónico que debe negociar, a su vez, su articulación al discurso hegemónico nacional por medio de su negociación directa con los organismos estatales tales como el Plante, sin mediación de los |politiqueros de turno. Es así como se generan enfrentamientos con el gobernador y los representantes a la cámara y al senado que ven cómo la Asociación se sale de su control político; a su vez, esta no los reconoce como sus representantes en la región o ante el poder central. La Asociación de Alcaldes se presenta como interlocutora directa con el gobierno central, de manera que se cuestiona al gobernador no sólo en cuanto a su capacidad de gestión sino también en relación con su compromiso político con la región. Aún más, se le considera como el Otro, aquel con respecto al cual definen una identidad política diferente. Se busca entonces abrir un espacio que permita |legalizar e institucionalizar administraciones públicas señaladas como representantes de la ilegalidad por parte del estado central. En el periódico |El Tiempo del 6 de agosto de 1996, cuando el movimiento cocalero estaba negociando con el gobierno central, se leía el siguiente titular: "No somos subversivos ni narcotraficantes. Alcaldes" y se informaba:

El alcalde de Puerto Asís, Alcibíades Enciso, a la salida de la reunión con el Fiscal afirmó: "Vinimos a decirle al fiscal Valdivieso que no somos subversivos ni narcotraficantes y a solicitarle que los funcionarios de la Fiscalía sean imparciales al momento de recibir los informes de los generales y coroneles del Ejército y la Policía que se encuentran en el Putumayo. La petición la hacemos porque no es cierto que pertenezcamos a la guerrilla. Nosotros estamos entre la espada y la pared" (...) el alcalde de Puerto Leguízamo, al referirse a las afirmaciones del Fiscal General sobre la urgencia en que debe constituirse para el Gobierno la recuperación del orden público en la zona de conflicto dijo: "No vinimos a polemizar ni a calificar o descalificar las declaraciones de Valdivieso. Nuestra posición simplemente es venir a informar sobre la situación del Putumayo y conseguir unos acuerdos que nos permitan solucionar la actual crisis, independientemente de la certeza que tenemos de que la coca es criminalizada" ( |El Tiempo, 6 de agosto de 1996: 8A).

Se palpa el ejercicio de una política de la identidad por parte de este movimiento cívico, cuando se responde a marcadores identitarios impuestos con los cuales ellos no se identifican. Se manifiestan urgidos de recuperar el orden público, frente al desorden y la |alteración al orden público que para el estado se torna en definitorio de una zona donde la |ilegalidad, la delincuencia y la subversión son sus características centrales. Una representación de la región del bajo Putumayo que los alcaldes buscan redefinir.

Por otra parte, frente a una descentralización que ha sido tildada como perversa por cuanto se |descentralizan las responsabilidades mas no los recursos buscando que "la gente tenga como interlocutor y como referencia de poder al alcalde y a los Consejos" (entrevista a un líder agrario nacional, 1998), los alcaldes buscan comprometer a los funcionarios del nivel central en la búsqueda de la solución de un conflicto regional que se produce con participación de fuerzas ajenas a la región.

La imposibilidad de tener continuidad visible como movimiento social en la región no evita que se sigan buscando formas alternas de institucionalidad de estas nuevas ideas políticas. La presencia permanente de los alcaldes en Bogotá se vuelve, simbólicamente, una forma de ser reconocidos. Es así como la Asociación tiene una sede en la capital del país, para hacerse visibles como ciudadanos que buscan de sus derechos como tales y, más aún, como funcionarios públicos elegidos popularmente.

 

1
I En este caso, la |estrategia se entiende como la capacidad de maniobra de los individuos y tiende a estructuras y situaciones definidas, como por ejemplo el abandono del estado. Es decir, me refiero a estrategia en el sentido en que Bourdieu (1977) define este concepto en su teoría de la práctica: él remplaza la regla por |estrategia para introducir la variable tiempo en su análisis de la práctica. Para Bourdieu el comportamiento social no debe explicarse en términos de un código dado -conciente o inconciente- o como una representación estática, sino como un logro continuo de acciones con campo para estrategias en concordancia con la maestría práctica del individuo sobre diversas situaciones. De esta manera, Bourdieu esta en contra de la noción de reglas y del comportamiento gobernado por estas, según el cual el comportamiento social se concibe como conformándose a las normas y determinado por la obediencia a las reglas.
2
En el siglo dieciocho, cuando se empezó a hablar de la moderna sociedad civil, el fantasma de la incivilidad o de la violencia era su peor enemigo. El proceso civilizatorio implicaba transformar el comportamiento incivilizado en civilizado, proceso que estaba en manos de los detentadores del poder, pues eran los carentes de poder quienes reproducían la violencia a su interior (Keane, 1998: II7).
3
En las elecciones de 1986, este movimiento obtuvo una alta representación, un poco menos de 3% de la votación total (Santana,1988: 48). En 1986, "la UP alcanzó un total de 312.494 votos -4,5% del total registrado para corporaciones públicas-, que le permitieron elegir tres senadores, nueve representantes, hacer presencia en 15o consejos municipales y consolidarse como una fuerza decisiva en los antiguos Territorios Nacionales" (Gabán, 1992: 132).
4
El Putumayo era una intendencia hasta que fue elevado a departamento por la constitución de 1991.
5
Como resultado de la |guerra sucia en contra de La Unión Patriótica, en 1986, después de un año de constituido este movimiento político, ya habían sido asesinados trescientos militantes. "Para fines de 1986, las víctimas incluían un senador, un representante, un diputado y veinte concejales. En octubre de 1987 fue asesinado su primer candidato presidencial, Jaime Pardo Leal. Los asesinatos prosiguieron y en marzo de 1990, se produjo el brutal atentado contra su segundo candidato, Bernardo Jaramillo Ossa. Con este asesinato llegaron a 1.044 víctimas de la "guerra sucia" declarada contra esta organización" (Gaitán, 1992: 132). Esta guerra sucia se dirigió también contra dirigentes comunales y campesinos vinculados al movimiento.
6
En una entrevista realizada por Marta Harnecker a Bernardo Jaramillo en 1988, cuando asumió la dirección de la Unión Patriótica, este se refiere a un amplio Movimiento Cívico existente en Colombia: "En Colombia se han hecho grandes paros dirigidos por el movimiento cívico. Es el movimiento más complejo en el país (...j Es un movimiento que se ha organizado en torno a las reivindicaciones de tipo económico, de tipo social, pero que ha ido adquiriendo una dimensión tal que ya se ha estructurado como movimiento nacional. Existe también la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos y Comunales. Lo que ayuda a este movimiento es la existencia de las juntas de acción comunal" (Harnecker, 1989: 21). Teniendo en cuenta la presencia de la UP en la región durante esos años, el Movimiento Cívico que emergía puede estar influenciado ideológicamente por esta, como estrategia de movilización; sin embargo, según los resultados electorales, la Unión Patriótica no tenía fuerza electoral en el Putumayo. Queda la pregunta de qué tan autónomo era este movimiento con respecto al Partido Comunista y a la Unión Patriótica.
7
Alirio Romo fue asesinado el 6 de septiembre de 1997 en la sede del directorio político del partido liberal, por un grupo de hombres armados. Según el banco de datos de derechos humanos y violencia política del Cinep, "Aunque se piensa que el autor puede ser la guerrilla, una fuente militar dijo que en el Putumayo se está desatando una 'guerra sucia' entre los propios candidatos, quienes usando el nombre de la guerrilla se están amenazando entre sí como medio de intimidación y estrategia política" (Cinep y Justicia y Paz. |Noche y Niebla, 5, 1997).
8
Para caracterizar la forma en que emergen las culturas de resistencia James Scott introduce el concepto de textos escondidos ( |hidden transcripts) o discursos que tienen lugar fuera de la mirada de los dominadores. Para este autor se establece una relación dialéctica entre estos textos o discursos escondidos -gestos, prácticas y formas de hablar- y el texto público. La práctica de la dominación es la que crea este texto escondido. Ambos son espacios de poder y de definición de intereses. En palabras de Scott (1992: 62), "si la dominación es muy severa, seguramente produce un texto escondido de una riqueza correspondiente. El texto escondido de los grupos subordinados reacciona contra el texto público al dar cuerpo a una subcultura y al oponer su propia forma de dominación social contra la de la elite". En este texto escondido se guardan las aseveraciones que si se expresaran abiertamente, serían peligrosas. Para Scott (1992: 77), existen también textos escondidos que se generan entre los grupos dominantes.
9
Pedro Santana (1992: 47-48) llama la atención sobre cómo: "En Colombia los movimientos sociales han logrado reivindicar y poner en la agenda nacional y aún en los programas de los partidos aspectos como la descentralización municipal, que fue una reivindicación de los movimientos cívicos, o la autonomía regional y la participación de las regiones en las regalías por la explotación de los recursos naturales; también han reclamado la vigencia de una democracia participativa y una moralización de la actividad pública y del manejo de los recursos estatales; han reclamado el respeto a los derechos humanos y han reivindicado a la ecología, a la mujer, han planteado las reivindicaciones de indígenas y negros, se han ocupado de las provincias, etc. Pero en su conjunto, los movimientos no han logrado convertirse en base sólida de nuevos movimientos políticos".
10
Mauricio Archila (1995: 275) sostiene al respecto que, "sin desconocer el potencial de nuevos candidatos y sus posibilidades de renovación política (...) no creemos que se pueda hablar de un progresivo crecimiento del poder electoral de los movimientos cívicos". Sin embargo, reconoce el potencial de los movimientos cívicos que no siempre se traduce en votantes, puesto que se buscan otras formas de participación en otros espacios públicos en los que pueden ejercer presión -juntas de empresas públicas, cabildos, juntas administradoras locales, etcétera-.
11
Entre los programas de la Red de Solidaridad, caracterizados por su asistencialismo, se encuentran: programas de empleo y de vivienda urbanos y rurales; los de vivienda, en asocio con el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -Inurbe- y la Caja Agraria; el programa revivir para ancianos necesitados escogidos en cada municipio y a quienes se les daba una ayuda mensual de $70.000; el subsidio escolar o ayuda a niños pobres de mujeres solteras; los bonos alimentarios o bono urbano, que apoyaban a hogares de bienestar familiar y el bono rural para niños en edad preescolar que no estaban en bienestar familiar.
12
Tal como lo muestra un titular del |Diario del Sur de Pasto, que dice: "Puerto Asís. La fumigación no podrá erradicar la injusticia" (ir de noviembre de 1994: I0 A).
13
El 5 de enero, fuerzas especiales del ejército trasladadas desde la base militar de Tolemaida, ubicada en Melgar (Tolima), incursionaron violentamente en la batería de Churuyaco de Ecopetrol, ubicada en el municipio de Orito y ocasionaron la muerte del menor de seis años Juan Carlos Gómez, quien murió a causa de los gases lacrimógenos disparados por los militares para desalojar a los manifestantes. En la misma acción resultaron heridos varios campesinos (Boletín Informativo Justicia y Paz, 1995).
14
En enero de 1997, el Ministerio del Medio Ambiente aprobó la viabilidad ambiental para que el Instituto Nacional de Vías -Invías- realizara el estudio de impacto ambiental de esta vía Orito Monopamba ( |El Tiempo, 15 de enero de 1997: 6A).
 15
En su análisis sobre los movimientos sociales y la consolidación de le democracia en el Brasil, Cerdoso 00)2) llama la atención sobre la forma como en la política local se hace evidente el establecimiento de alianzas ola utilización de contactos políticos con el fin de ejercer influencia sobre la burocracia estatal para lograr sus demandas como movimiento social, al mismo tiempo que se adopte una posición ideológica que reafirma la autonomía de los sectores populares tanto de los partidos políticos como del estado. Son alianzas estratégicas para lograr éxito como movimiento popular. Concluye preguntándose: "En le medida en que las asociaciones populares se esfuerzan por mantener una identidad cimentada en una ideología fuertemente participative. los movimientos pueden darse el lujo de tomar parte en un juego al que se refieren en forma despectiva como "clientelista", porque saben cómo resistirlo. ¿Este es un indicador del poder irresistible del clientelismo o se trata de un ejemplo de le hipocresía del discurso democrático de los movimientos populares?". Pienso que es importante considerar estas reflexiones, partiendo de que estos movimientos cívicos tienen como base el discurso de ejercer la participación democratice y, por ello, se definen en contra del clientelismo político. Cabe preguntarse, entonces ataste qué punto se logra utilizar esta estructura y resistirla?
16
Para financiarse, las Farc exigen dineros a los alcaldes, de la misma manera en que imponen impuestos a los habitantes de la región. Esto se traduce en que obligan a los alcaldes a incurrir en malos manejos de fondos oficiales. En general, los alcaldes se han manifestado abiertamente en contra de este procedimiento, tanto en la prensa como ante los comandantes de los frentes.
17
Según |La Nación, el alcalde de Puerto Asís, Alcibiades Enciso, había sido llamado por las Farc para dialogar y, a la vez, para exigirle la entrega de cinco millones de pesos para el sostenimiento de la organización, dinero que Enciso envió con un concejal y que sólo llegó a la guerrilla dos meses después. Un vocero de las Farc indicó que la plata se destinó a comprar cocaína para ser trabajada durante esos dos meses y a ellas sólo les entregaron cuatro millones setecientos mil pesos. Fue entonces cuando la guerrilla aprovechó la visita del alcalde a una población rural y obligó a un camarógrafo a filmar el momento en que le devolvían el dinero. Al camarógrafo se le exigió que enviara el video a un noticiero de televisión. En enero de 1996 este se pasó en un noticiero nacional, comprometiendo al alcalde de Puerto Asís en la devolución de dicha suma por parte del frente 48 de las Farc, dinero que aparecía como entregado a este frente por la administración municipal ( |La Nación, 28 de enero de 1996: 9).
18
La definición de Pile (1997: 28) es la siguiente: "La política de la ubicación [en un lugar] comprende no sólo un sentido de localización en el mundo -obtenido de la experiencia de la historia, de la geografía, la cultura, el ser y la imaginación- mapeado a través de las interconexiones, a la vez espaciales y temporales entre las personas, sino también de la definición política de los lugares en los que van a Librarse las luchas. En este sentido la ubicación tiene que ver más con la constitución activa de los escenarios en los que las luchas políticas se desarrollan y las identidades por medio de las cuales las personas llegan a adoptar posiciones políticas, que con la latitud y longitud de las experiencias de circunscripción, marginamiento y exclusión".
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