De este modo, los primeros años de actividad franciscana en el Chocó no se caracterizaron por el proselitismo, sino por repetidos intentos frustrados de realizar congregaciones y trueques para obtener alimentos. El efecto que estas dificultades ejercieron sobre los misioneros fue fácil de predecir. Para 1674, escasamente un año después de su arribo, algunos franciscanos habían llegado a la conclusión de que debían abandonar la región. Juan Tabuena estuvo entre aquellos que abogaban por abandonar la misión. En mayo de 1674 escribió a Castro Rivadeneyra aconsejando retirarse del Chocó; puesto que pensaba que el reconocimiento a los franciscanos sería mayor si se retiraban en ese momento, en vez de esperar a ser obligados a salir años después sin haber cumplido con las metas lijadas en un comienzo ^{| 37} . Otros argumentaban que las reducciones fracasarían a no ser que los frailes recibieran permiso para utilizar métodos más coercitivos en su trato con los citarás; solicitaban específicamente que se les permitiera castigar a los indígenas recalcitrantes. Como insistió Joseph de Córdoba, quien posteriorraente tendría una relación especialmente difícil con los citarás, "los indios si no es por rigor no hacen nada" ^{| 38} . Hasta el jesuita Antonio Marzal, quien para mediados de la década de 1670 tenía más de diez años de experiencia misionera en la Nueva Granada, expresó opiniones similares ^{| 39} . Argumentaba que, debido a que "son bárbaros", no se podía esperar nada bueno de los indígenas, a no ser que se empleara algún tipo de castigo para exigirles obediencia a los misioneros. Era un error, el dijo, "pensar que con bien y por el camino espiritual han de entender la verdad [...] por estar faltos de razón y sobrados de mucha malicia para su negocio" ^{| 40} .

Cargueros en la montaña de Nóvita, provincia del Chocó (tomado de |Album de la Comisión Corográfica, publicación de Hojas de Cultura Popular Colombiana, Bogotá, c 1950, núm. 70).		Camino para Nóvita, en la montaña de Tamaná, provincia del Chocó (tomado de |Álbum de la Comisión Corográfica, publicación de Hojas de Cultura Popular Colombiana, Bogotá, c 1950, núm. 69).

Aunque los franciscanos, apoyados por los funcionarios reales en el Chocó y Popayán, culpaban a los indígenas del fracaso de la evangelización, otros ponían en duda la mismísima competencia de los misioneros. Por ejemplo, en la respuesta a una cédula real del 24 de agosto de 1674, referente a si se requerían misioneros adicionales en el Chocó, la Audiencia de Santafé informó a la corona que las metas originales de la misión permanecían insatisfechas. Pero en vez de culpar a la población por su resistencia a la evangelización, la Audiencia señaló que los franciscanos sufrían de cierta falta de sabiduría en el trato con los indígenas, y que por tanto no se debían enviar misioneros adicionales ^{| 41} . La respuesta de la Audiencia fue tan inquietante que el Consejo de Indias la envió a fray Juan Luengo, jefe de la orden de los franciscanos. Luengo estuvo de acuerdo en que los resultados de la misión en el Chocó eran pobres, y que los jóvenes que se habían enviado para tomar control eran demasiado inexpertos para encargarse de los problemas que enfrentaron: un terreno difícil, hambre e indígenas recalcitrantes. No obstante, también señaló que los franciscanos se habían aventurado en la misión del Chocó contra el buen juicio de la orden en Santafé, que con anterioridad e infructuosamente habían intentado la reducción de los indígenas del área. Argumentó que la razón principal del fracaso de los frailes era su incapacidad para aprovisionarse en esta región estéril habitada por "indios todos cimarrones" que incluso carecían de moradas apropiadas para vivir ^{| 42} .

Mientras los jóvenes frailes pudieron ser demasiado inexpertos para la tarea que se les confió, la resistencia indígena en el Chocó fue el principal obstáculo a la colonización y evangelización españolas. Dicha resistencia no siempre fue violenta. Tampoco estaba limitada a los misioneros, puesto que otros españoles afrontaron dificultades considerables en sus relaciones con la población indígena. Por ejemplo, los mineros también procuraron abastecerse localmente, e igualmente se lamentaron reiteradamente de la inestabilidad de precios y suministros. Al igual que los franciscanos, ocasionalmente soportaron desabastecimientos; en otras ocasiones el suministro de alimentos por los indígenas sólo estaba disponible a precios excesivos y arbitrarios. Por consiguiente, muchos mineros fueron obligados a sacar del Chocó sus cuadrillas de esclavos.

De hecho, sin embargo, la mismísima presencia de los mineros en el Chocó debilitó el trabajo de los misioneros franciscanos. Esto fue debido a que los mineros no sólo estaban interesados en comprarles provisiones a los indígenas para su propio abastecimiento y el de sus esclavos. A mediados de la década de 1670 comenzaron a mostrar más interés en que los indígenas desempeñaran un papel permanente en la economía minera. Como revela una petición hecha por dos mineros españoles en la provincia de Tatamá, los mineros querían que los indígenas fueran asignados, en el futuro inmediato, a la tarea de aprovisionar todos los campos mineros. Como señalaba la petición, "los dichos naturales sólo hacen una sementera al año", un ciclo agrícola que les proporcionaba muy poco para alimentar a los mineros. Los dos mineros solicitaban que en lo sucesivo los indígenas fueran obligados a cultivar dos cosechas de maíz al año, y "que den generalmente maíces a todas las cuadrillas que son y fueren, desgranando los maíces y encanastándolos y llevándolos en sus canoas hasta los reales de minas o bodegas asignadas" ^{| 43} .

A pesar de sus esfuerzos, a mediados de la década de 1670 el control español sobre la población nativa de la provincia de Citará aún permanecía extremadamente débil. Los mineros afrontaron severos problemas y algunos habían sido obligados a retirarse. Los misioneros franciscanos también habían fracasado en alcanzar mucho progreso, tanto en las congregaciones como en la conversión religiosa, y la mayor parte del grupo original había abandonado el proyecto. Pero unos pocos franciscanos, como también varios mineros y unos pocos funcionarios reales, permanecieron. En los años subsiguientes, a pesar de los deseos expresos de la corona en cuanto a que la colonización del Chocó debía llevarse a cabo con medios pacíficos, los misioneros, apoyados por funcionarios de la corona radicados en las provincias, aplicaron métodos más coercitivos para someter a la población, los cuales finalmente parecen haber llevado a algún éxito en el proceso de reducción. Para finales del decenio se habían establecido tres asentamientos permanentes (San Francisco de Atrato, Lloró y Neguá). No obstante, al mismo tiempo, informes sobre el comportamiento de los misioneros, de quienes se afirmaba que estaban maltratando a la población y exigiéndole estipendios ilegales, de los cuales los indígenas estaban exonerados por medio de reiteradas cédulas reales, empezaron a llegar a Antioquia y Santafé con una frecuencia alarmante. A comienzos de 1680 era claro que tanto los franciscanos como los funcionarios nombrados para administrar los nuevos asentamientos habían empezado a utilizar la violencia en el trato con los indígenas. Esto, a su vez, exacerbó las tensiones en la región, conduciendo a mayores conflictos y, eventualmente, a la confrontación.

PROTESTA INDÍGENA DE 1679-1680

En 1679 el conflicto estalló en la provincia de Citará, cuando la población indígena apoyada por un numeroso grupo de españoles, empezaron a quejarse de los franciscanos y de un oficial real nombrado recientemente. Las primeras señales de agitación aparecieron en septiembre, cuando siete u ocho representantes indígenas de los tres asentamientos principales en la provincia (Neguá, Lloró y San Francisco de Atrato) se presentaron ante el gobernador de Antioquia para formular una queja contra los dos franciscanos: Joseph de Córdoba y Pablo Ruiz ^{| 44} . Entre abril y octubre de 1680, el gobernador de Antioquia recibió quejas adicionales, no sólo contra los franciscanos sino también contra el nuevo teniente de gobernador, Lope de Cárdenas ^{| 45} . Si bien los indígenas de Citará rara vez presentaban quejas específicas, habiéndose referido vagamente en el pasado a las "extorsiones" sufridas a mano de Lope de Cárdenas y al maltrato a manos de Joseph de Córdoba, ahora un español, un tal Roque de Espinosa, atestiguó en cuanto a la verdad de reparos hechos por los citarás y declaró que los indígenas responsabilizaban al teniente de haber matado a uno de los suyos ^{| 46} .

Durante 1680 los habitantes de dos de los asentamientos más pequeños de la región, Taita y Guebara, también presentaron quejas específicas contra Cárdenas y Córdoba en cuanto al inminente traslado de su comunidad a un asentamiento más grande a orillas del Atrato, situado a cuatro o cinco días de camino de sus sembrados. Para hacer cumplir la orden de establecerse en un nuevo lugar, los españoles mencionados les habían confiscado las herramientas a los indígenas y habían matado despiadadamente sus animales. Además, Joseph de Córdoba les había amenazado con destruir sus cosechas, lo cual dejaría a los indígenas sin otra opción que establecerse de nuevo en un sitio escogido. También se le acusó de haberlos golpeado con un palo ^{| 47} .

Dado que las autoridades españolas, tanto seculares como religiosas, claramente admitían su meta de congregar a la población dispersa por el Chocó, en su réplica a la pesquisa del gobernador, Lope de Cárdenas no vio la necesidad de negar que había intentado obligar a los indígenas a establecerse en un nuevo lugar. En su defensa argumentó que estas comunidades, así como tres o cuatro otros sitios en el área, de hecho tan solo consistían en un par de moradas. Por consiguiente, añadió, era necesario trasladar sus habitantes a asentamientos más grandes. No obstante, negó el resto de las acusaciones en su contra, y le recomendó al gobernador que estos alegatos no fueran tomados en serio, por cuanto él nunca había "hecho molestia ni agraviado" a la población. Lejos de haber maltratado a los indígenas, incluso afirmó que había vacilado con la esperanza de que los indios aceptarían un nuevo lugar voluntariamente ^{| 48} . Cristóbal de Artiaga, fraile franciscano que residía en la provincia, negó las acusaciones contra los frailes de su comunidad y alegó que todos los informes sobre su conducta eran "siniestros" y "falsos". Pero los incidentes que se sucedieron indican que los misioneros y el teniente efectivamente habían adoptado nuevos métodos para someter a los indígenas, entre ellos el castigo corporal.

Interior de las habitaciones de los indios, provincia del Chocó (tomado de Álbum de la Comisión Corográfica, publicación de Hojas de Cultura Popular Colombiana, Bogotá, c 1950, núm. 59).

La prueba más firme de que las autoridades habían adoptado métodos más coercitivos en su trato con los indígenas a su cargo no provino de estos mismos sino de otros españoles residentes en el Chocó. Durante 1680 al menos veinte españoles escribieron cartas, firmaron peticiones o viajaron personalmente a Antioquia para apoyar a los indígenas en su disputa contra Cárdenas y Córdoba. Uno de ellos, un tal Francisco de Borja, incluso le notificó al gobernador Radillo de Arce que, a no ser que se reemplazara a Lope de Cárdenas, todos los españoles abandonarían sus actividades en el Chocó ^{| 49} . Los informes escritos nunca especificaron las razones para que los españoles se opusieran al teniente, y por ello es difícil establecerlas. Pero sus peticiones al gobernador indican que, por encima de todo, temían que la tensión y el descontento creados por la conducta de Lope de Cárdenas y los misioneros franciscanos pondrían en peligro su propia seguridad y las actividades de otros colonizadores en la región.

Después de julio de 1680 la situación en el Chocó se hizo más explosiva y violenta. El conflicto -que al comienzo se había desarrollado a través de cartas y peticiones para la destitución de Cárdenas y Córdoba- se tornó en confrontación. En julio y agosto de 1680, se presentaron dos incidentes que obligaron a Lope de Cárdenas a solicitarle a Santiago de Arce Camargo, el correspondiente teniente de gobernador en la provincia de Noanama, que actuara contra sus enemigos, tanto indígenas como españoles. Los franciscanos se vieron comprometidos en la primera confrontación. Tras la salida de fray Joseph de Córdoba, al parecer para buscar ayuda en Popayán, un grupo de capitanes indígenas decidieron, después de extensas consultas, impedir su retorno a Neguá, el asentamiento en que estaba su base de operaciones. Asimismo, los capitanes advirtieron que matarían a Córdoba si intentaba regresar a Neguá. Los españoles que apoyaban a los citarás reconocieron que tanto ellos como sus esclavos estaban en una posición vulnerable, dado que la mayoría de los citarás estaban armados y se sabía que muchos "iban de guerra". Para evitar la confrontación, persuadieron a Córdoba para que abandonara la provincia, a lo cual él y sus compañeros accedieron ^{| 50} . Lope de Cárdenas se vio involucrado en el segundo incidente, pues ahora, nuevamente de acuerdo con los testimonios de residentes españoles en el Chocó, había intentado dar garrote a un indio, supuestamente sin justificación. Convencidos de que este acto comprometía todo el progreso logrado entre el pueblo citará y ponía sus propias vidas en peligro, los españoles decidieron despojar a Lope de Cárdenas de su bastón, un símbolo de su cargo y autoridad. Además, justificaron el haber despojado al teniente del bastón porque "así lo aclamaron y pidieron los dichos indios", a quienes los españoles temían ^{| 51} . Fue principalmente debido a este incidente que Cárdenas buscó la ayuda de Arce Camargo.