Mil doscientas veintiocho masacres con ocho mil muertos

Enterrar y callar.
Las masacres en Colombia, 1980-1993
María Victoria Uribe y Teófilo Vásquez
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Fundación Terre des Hommes,
Santafé de Bogotá, 1995, 2 vols.

Quien pretenda ahondar en la actual tragedia nacional que llamamos las violencias, para distinguirla de esa otra tragedia nacional, la Violencia (c. 1945-1965), debe estudiar este producto de una concienzuda investigación, llevada a cabo en "escasos ocho meses —abril a noviembre de 1993—" por un equipo en el cual también participaron los psicólogos María Solita Quijano y Omer Calderón, y contó con recursos de las instituciones que lo publican. Los prólogos, de Alfredo Vázquez Carrizosa y del historiador Fernán González, S. J., subrayan los propósitos, aspectos y conclusiones más importantes de la investigación.

"En Colombia —nos recuerdan los autores— un proyecto de vida, una familia e incluso una comunidad veredal pueden desaparecer y casi siempre lo hacen después de una masacre" (pág. 60). La masacre es definida como "el acto de liquidación física violenta, simultánea o cuasisimultánea, de más de cuatro personas en estado de indefensión" (pág. 37). Bajo tales supuestos, la investigación se ocupa "de la masacre en tanto que manifestación de una sociedad que está cruzada por múltiples conflictos" (pág. 21) o, más explícitamente, de la masacre como "expresión límite" en Colombia, que es "una construcción social violenta" (pág. 34 y sigs.). Para cumplir su objetivo, los autores deben adentrarse en el análisis de "los actores de la violencia en su vida cotidiana, en sus vivencias y en su particular perspectiva de vida" (pág. 21-22).

Previamente, han sacado en limpio aspectos tales como las fechas, magnitudes, localización, condiciones sociopolíticas de las víctimas, y de los victimarios, armas empleadas y circunstancias, de cada una de las 1.228 masacres registradas (unas 8.000 víctimas) y que abarcan el segundo volumen de la obra. Aun así, el primer volumen trae un apéndice con ocho gráficos estadísticos y 10 croquis departamentales, 3 nacionales, uno del valle de Aburrá y otro de la región de Urabá y Córdoba que, como los gráficos, no llevan paginación. Si aceptamos los estimativos de esta obra, podemos concluir que las víctimas de masacres cometidas entre 1980 y 1993 no llegan al 3% del total de los 270.000 homicidios ocurridos en el país en ese período y están bien por debajo de la cifra de muertos en accidentes de tránsito.

El estudio enfoca tres casos rurales, aunque se concentra en el primero y el último: a) La zona esmeraldífera de Boyacá, en particular la guerra librada entre los grupos Cozcuez y Borbur que, de 1984 a 1990 dejó 3.500 muertos. b) Los conflictos del Magdalena Medio, tanto los obrero-patronales en las industrias del petróleo y el cemento (Barrancabermeja y Puerto Nare) como los "territoriales" (FARC y ELN contra narcos y paramilitares que surgen en 1982) en lugares como Puerto Boyacá, Cimitarra o San Vicente de Chucurí. c) La región del Ariari, en el departamento del Meta, cuya poblamiento se remonta a los años 40 y es presentada como la convergencia territorial de tres tipos de colonización: la guerrillera, la institucional y la "intermitente y esporádica" que, paradójicamente, "es un fenómeno constante" (pág. 51) aunque establecen dos oleadas de colonos: la de 1948-1953, y la más reciente, en los años 80, que llega con la bonanza de la coca.

Puesto que el fenómeno se da con particular virulencia en la Comuna Oriental de Medellín y en Ciudad Bolívar de Bogotá, el estudio dedica varias secciones a su descripción y análisis.

Este trabajo comparte, con muchos de los citados en la bibliografía, una paciencia y tenacidad admirables por capturar los detalles de la tragedia, y su impacto social es innegable: nos obliga a desechar prejuicios, concepciones erradas y perspectivas facilistas de las violencias colombianas. Es comprensible que sus autores busquen traspasar los umbrales de lo empírico para arribar a explicaciones profundas sobre su causalidad y significado. Desde esta perspectiva, la sustancia de Enterrar y callar reside, a mi juicio, entre las páginas 24 y 108, que confirman la noción de la multiplicidad y variedad de manifestaciones del actual oleaje de violencias enraizadas en la primera Violencia, con mayúscula, aunque, desde los años 80, el narcotráfico le está dando un nuevo sentido. En este punto, los autores se ven precisados a recurrir a una metáfora mecánica, "la bola de nieve", para pasar inmediatamente a una metáfora biológica: el narcotráfico "ha servido como agente de contagio y ha contribuido a extender la violencia a lo largo y ancho del tejido social" (pág. 111).

La concisión narrativa de los casos de "masacres rurales", de por sí tan abigarradas, es ejemplar. Virtud que se debilita al llegar al estudio de las masacres urbanas. Aquí, es evidente que los autores no quisieron apoyarse en la criminología, ni acudir a los bien conocidos estudios de la violencia en Cali y su entorno, emprendidos por el Grupo de Investigación sobre Violencia Urbana y Conflicto del CIDSE de la Universidad del Valle que, quizás, les hubiesen permitido emprender una crítica más adecuada de las fuentes cuantitativas, de las tipologías y modalidades, de los "campos y escenarios" y, en última instancia, les hubiesen servido para descifrar las orientaciones "societales" (a través de la noción de "conflicto") vertidas aparentemente en conductas adolescentes y juveniles, manipuladas por adultos organizados en instituciones (como la policía o el ejército) o en mafias, cuyas líneas de separación con los institutos armados del Estado colombiano son formalismos, si pensamos en sus líneas de contacto y complicidad.

La moderna criminología puede dar cuenta con más solvencia de la aquí lograda, de muchas de las modalidades descritas como, por ejemplo, de este diálogo de los investigadores con un testigo de una masacre en Ciudad Bolívar: "¿Por qué cree que los mataron? Por placer. Los mataron por placer" (pág. 94).

¿Por qué este paciente y honrado esfuerzo por reconstruir con los materiales más básicos, se ve interrumpido por la impaciencia de saltar a la teoría con mayúsculas? Las hipótesis de Enterrar y callar, armadas sobre las nociones weberianas de acción social y tipo ideal (pág. 34 y sigs.) pueden ser enteramente pertinentes, y me declaro incompetente para emitir un juicio al respecto. Me parecen, sin embargo, que se emplean rígidamente, y llevan a un esquema plano y unilineal: "masacres orientadas política, societal y económicamente"... Pero mi mayor reparo se refiere a que los autores, no siendo del todo consecuentes con este marco teórico-metodológico, deciden incursionar abruptamente en el ámbito de "la sociedad civil".

Al comienzo del estudio conceden atributos (positivos) a "la sociedad civil" (pág. 29) pero al final nos sorprenden: "La capacidad explicativa que la dicotomía Estado-sociedad civil ha tenido sobre el fenómeno de la violencia en Colombia, llega a sus límites y no solamente por las limitaciones teóricas del modelo; el fenómeno como tal, aunado al inmenso cúmulo de evidencias empíricas, ha sido rebasado. Por tanto, es preciso enfocar el problema de la violencia, y su modalidad límite, que es la masacre, desde el esquema de la acción social, con el fin de dar relieve al aspecto subjetivo del fenómeno" (pág. 110).

Aquí el problema es de partida doble. De una parte, Uribe y Vásquez, al igual que sus patrocinadores, reclaman una especie de mandato ético de "la sociedad civil", noción más bien extraña al análisis weberiano, que no definen y mantienen en toda su espléndida polisemia. ¿De qué estamos hablando? ¿De la sociedad individualista lockeana con su requerimiento de propiedad privada como derecho natural, y de un Estado para que pueda existir sobre la faz de la tierra una justicia imparcial? O, al estilo del siglo XVIII, ¿hablamos de la dicotomía sociedad civil "sin dominación política"/sociedad civil "con dominación política", y que, en la versión marxista gramsciana del siglo XX es la que se integra por la "hegemonía" más que por la "dominación", entendiendo dominación como el resultado de la lucha de clases, estructural y superestructural, de Marx y Engels?

Por otra parte, y antes de arrojar a la papelera el "modelo Estado-sociedad civil", habría que preguntarse si el gran problema colombiano no es precisamente la inexistencia de una sociedad civil. La brecha abierta entre el ideal de construir una sociedad civil y la historia de esa "construcción violenta" que resultaría ser Colombia, puede ayudar a plantear esa aparente "despolitización del uso de la fuerza" (que trae el narcotráfico), y para la cual esta obra no ofrece una explicación convincente.

El asunto rebasa el debate académico. Sin contextualizar estas violencias, desgajadas de una tradición política de raíces coloniales, será muy difícil reorientar la acción social de los colombianos hacia la construcción de la sociedad civil requerida para ser miembros de la sociedad internacional del siglo XXI.

MARCO PALACIOS