Una inestabilidad en busca de su autor

En busca de la estabilidad perdida
Francisco Leal Buitrago (compilador)
Tercer Mundo Editores, en coedición con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y con Colciencias, Santafé de Bogotá, 1995, 331 págs.

El libro que se reseña en estas columnas es la compilación de ocho ensayos basados en otras tantas conferencias que igual número de expositores pronunciaron en el seminario "Buen gobierno para el desarrollo humano", realizado en agosto de 1994 por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Se presenta como un aporte al conocimiento del problema sociopolítico partiendo del análisis del comportamiento de actores institucionales destacados y sus repercusiones en el desarrollo económico, cultural y social de los colombianos.

El trabajo se ubica dentro del campo de la sociología política y analiza diversos aspectos de nuestra sociedad contemporánea, con el propósito más o menos explícito de subrayar las insuficiencias, defectos, peligros y bondades de la normatividad constitucional promulgada en 1991, sin proponer intenciones reformadoras subyacentes en los análisis críticos. Esto confirma su presentación general como un aporte al conocimiento del problema social a través de concepciones oficiales que parten del comportamiento de actores destacados y decisivos en la transición de una constitución a otra. Pertenecen los autores a una clase especial de estudiosos que toman mayor conciencia sobre los elementos de cambio y de conflicto en la vida nacional; es evidente su interés por los aspectos históricos y comparativos, y comparten su atención hacia problemas sociales de variables complejas, como son los desequilibrios económicos y la violencia.

Francisco Leal Buitrago, sociólogo, autor de las notas de la presentación y compilador de la obra, apoya el primer ensayo en su trabajo "El Estado colombiano: ¿crisis de modernización o modernización incompleta?". Abarca las ideas y acciones políticas predominantes en Colombia desde el Frente Nacional, soslayando antecedentes, hasta los inicios del gobierno de Ernesto Samper: este marco histórico y conceptual también envuelve, en la práctica, a los siete ensayos que, con el que nos ocupa, integran los capítulos del libro. Plantea, el autor, las condiciones de estabilidad política y económica que convivieron siempre con una marcada violencia, equilibrio paradójico que se ha visto alterado al avanzar el último cuarto del siglo. De la búsqueda de razones y juicios que nos permitan recuperar esas condiciones de equilibrio eliminando los factores de violencia, parece derivarse el título del libro.

El segundo capítulo es una crítica al sistema de partidos en Colombia que Pierre Gilhodès —miembro del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia— hace situándose desde los años treinta. Tras caracterizarlos estructuralmente, se detiene en sus ideologías, programas y relaciones con la sociedad, exponiendo algunas hipótesis sobre el futuro de esos partidos y conclusiones de lo que han representado en los últimos cinco años —anteriores a 1995—, desde el punto de vista de la modernización política.

El capítulo III, titulado "El Congreso en la nueva realidad: ¿modernización o retroceso?", se inicia con un diagnóstico de los aspectos negativos que dieron al Congreso colombiano un marcado desprestigio en al ámbito social y político del país, circunstancia que obligó a la Asamblea Nacional Constituyente a abocar su reforma sustancial como una de sus principales tareas, siendo prioritario recuperar su independencia y poder político frente a las otras ramas del poder público. Analizando brevemente las principales reformas que se introdujeron, Elisabeth Ungar Bleir, con la colaboración de la también politóloga Inés Elvira Andrade, estudia el tránsito del Congreso posconstituyente, donde se hizo evidente la reticencia de los parlamentarios a ejercer cabalmente las funciones de control político a través de la inoperabilidad práctica de las comisiones de ética de Senado y Cámara, sufriéndose un enorme retroceso cuando reglamentaron la pérdida de la investidura, al incluir figuras para dificultar su aplicabilidad; prevaleció así la solidaridad de cuerpo por sobre los propósitos moralizadores de la institución. Al final se concluye que, a pesar de todo esto, algo se ha avanzado, pero se requiere aún de la modernización de los partidos y del fortalecimiento del Congreso incrementando su independencia del ejecutivo y de los intereses de ciertos grupos.

Estructuralmente es incuestionable que la justicia es elemental para el sostenimiento integrado de cualquier sistema político. Esta institución es abordada por el doctor Víctor Manuel Moncayo C., profesor de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, quien intenta ubicarla como campo de la institucionalidad estatal dentro del proceso de transformaciones sociales que se hacen necesarias para poder acceder al ritmo de la época contemporánea. En este sentido, no es claro el mecanismo de transformación que se puede operar en esta rama, pues su escenario se entrecruza con planos difíciles de encuadrar en esa institucionalidad estatal, resistentes al cambio, los cuales urgen complejas transformaciones de fondo difíciles de operar con leyes, caso de la violencia, que se enreda con la justicia en una operación dialéctica movida dentro de una crisis profunda. Pasando rápidamente por las características de nuevos rasgos del sistema de justicia, como la autonomía administrativa, se analizan, también, un retroceso en su tradición de independencia al dejar el nombramiento de sus miembros más representativos sujeto a un complejo sistema de elección por ternas y candidatos dependientes del señalamiento del ejecutivo, la institucionalización de un sistema de enjuiciamiento inquisitivo —que reemplazó al acusatorio—, para terminar destacando un notable empujón dentro de lo que son los asuntos operativos de la justicia a través de su sistematización. Considero este ensayo como el más dinámico, por tomar en cuenta factores determinantes claves para la comprensión del problema, y hago resaltar sus conclusiones, las cuales son muchas, pero se intenta sintetizarlas en la afirmación del autor según la cual es el mismo proceso histórico representado en una superación de la violencia, lo que realmente llevará la justicia a órdenes de mayor desarrollo y eficiencia (pág. 155).

El capítulo V sitúa a los militares como factor decisivo en la definición de la institucionalidad colombiana. El contenido de esta materia es desarrollado por Eduardo Pizarro Leongómez, politólogo, bajo el título de "La reforma militar en un contexto de democratización política". Concluye, entre otras cosas, que la constituyente no tocó al ejército; una voluntad real de paz tendría que haber incorporado cambios sustanciales en un ejército concebido, en la actualidad, para enfrentar a su enemigo interno. El ejército de la guerra debería dar paso a una fuerza persuasiva de paz, supuesto en el que algo similar debe afectar los principios represivos que en revólveres, cachiporras y esposas tienen un claro símbolo del criterio que hoy orienta el proceder policial.

Las relaciones Iglesia-Estado y la influencia que en ellas tiene la nueva Carta Constitucional son estudiadas por el sacerdote jesuita Fernán E. González, politólogo e historiador, basándose en los documentos de la Conferencia Episcopal Colombiana. Es reiterada la referencia al tratamiento que reclama la Iglesia del respaldo legal que le brindaba la Constitución de 1886. Al sentirse disminuida en sus prerrogativas, la Iglesia asume un nuevo papel que implica un cambio en su estrategia de relación con una comunidad cada vez más pluralista, individualista y civil.

El historiador Mauricio Archila Neira estudia la evolución reciente de los movimientos sociales obrero (sindical), campesino, cívico e indígena, analizando someramente su contexto histórico y sus tendencias actuales, para elaborar algunas hipótesis sobre su comportamiento, aunque parten de procesos que aún es prematuro evaluar para resolver cuestiones como la dinamización de los aspectos progresistas de la Constitución de 1991.

El último capítulo recoge un ensayo de Libardo Sarmiento Anzola, economista y filósofo, en el que trata sobre las reformas y el desarrollo social en los años noventa. Se ilustra al lector con cuadros estadísticos, v. gr., sobre el ingreso per cápita en América Latina —1993—, donde aparecemos ocupando los renglones más bajos, índices de violencia con variables de ascenso continuo, casi perpendicular, y otros cuadros más complicados en estadística matemática que ilustran el comportamiento del gasto social, la producción, la equidad, la inflación y la pobreza. Remontando antecedentes a los años treinta, se concluye el trabajo con un pronóstico optimista para el gobierno de Ernesto Samper, basado en la confluencia de factores positivos de oportunidades en el contexto económico (crecimiento sostenido, pacto social, etc.) que se deben enfrentar con las amenazas tradicionales del gasto público y las actividades especulativas del sector financiero, además de factores políticos que no suelen ser predecibles. El tiempo dirá lo que será.

Intentando un análisis general de ensayos sobre temas tan amplios y susceptibles de discusión —como son los brevemente expuestos— y con la dificultad que implica evaluar procesos aún prematuros, se nota que los ensayistas se alejan de la dinamización de los proyectos teóricos de la Constitución. Todo parece observarse ocultando un problema que, de por sí, prefiere mantenerse en la sombra; se analiza el proceso gubernamental a través de sus protagonistas, personajes y organizaciones políticas, mas no se enfoca desde la distribución y concentración del ejercicio del poder, ni se trata el asunto de si —a través de la Constitución como dispositivo institucional— se puede dirigir y controlar su dinámica, que es, para algunos, la naturaleza de nuestras miserias. Es cierto que, teóricamente, la Constitución es el instrumento más importante para el control del poder del Estado; pero: ¿es el Estado el poder? Se habla de instituciones en su inscripción dentro del proceso histórico tradicional de los acontecimientos y no con ese trasfondo que no puede ser visto por estar más allá de realidades obviamente desconocidas. No se toma en cuenta un hecho que, en tiempos recientes, ha cambiado de manera decisiva la significación de la constitución escrita: si en principio un documento constitucional formal servía para limitar el ejercicio del poder político en interés de la libertad de los destinatarios del mismo, la existencia hoy de una Carta no implica, en absoluto, una garantía de distribución y, por lo tanto, de limitación del poder. En busca de la estabilidad perdida puede aproximar al lector al aparato crítico que aquí se plantea: dicen los politólogos y analistas constitucionales que, cada vez con más frecuencia, la técnica de la constitución es usada conscientemente para camuflar regímenes autoritarios y totalitarios, siendo, en muchos casos, no más que un cómodo disfraz para la instalación de una concentración del poder en las manos de un detentador absolutista, quedando privada de su intrínseco telos: institucionalizar la distribución del ejercicio del poder político.

Las anteriores opiniones no le restan mérito a un trabajo cuyos planteamientos enriquecen sustancialmente el conocimiento de nuestra realidad para la posterior comprensión y diagnóstico de las inestabilidades y desequilibrios sociales que, de tumbo en tumbo, han marcado la historia del país.

HERNÁN ADOLFO GALÁN CASANOVA