Boletín Cultural y Bibliográfico , Número 20, Volumen XXVI, 1989

La catedral de los Llanos, dibujo de Riou (Tour du Munde, Librairie Hachette, 1877)

El complejo económico-administrativo de las antiguas haciendas jesuíticas del Casanare *

JOSE EDUARDO RUEDA ENCISO

Trabajo fotográfico: Mario Rivera , Clara Inés Duque

I  

EL COMPLEJO de las haciendas de la Compañía de Jesús en el Casanare tuvo su origen en la petición que en 1661 hizo el padre Jesuita Gaspar de Cugía, entonces viceprovincial de los ignacianos para el Nuevo Reino de Granada, ante el presidente de la Real Audiencia, don Dionisio Pérez Mantilla, para que se les otorgaran a los Hijos de Loyola “las tierras comprendidas desde el río Casanare, cogiendo el camino Real y atra­vesando las aguas que bajan de la Cordillera hasta dar con la quebrada Puna Puna en el sitio de Tocoragua, jurisdicción de Tame” (1) , las cuales, aparentemente, eran baldías y sin población alguna de indígenas. Hicieron los ignacianos tal petición con el fin de que los misioneros de la comunidad tuvieran “algún alivio así para criar algún ganado y fundar un hato como para que hagan algunas labranzas para su sustento y de los que las asisten” (2) .  

Desde un principio, el presidente Pérez Mantilla estuvo de acuerdo con ceder lo solicitado, pero, con el fin de cumplir los trámites estipulados por la corona para tales casos, ordenó el 13 de octubre de 1661 a don Juan Sánchez Chamorro, corregidor del partido de los Llanos, que, junto con el jesuita Ignacio Cano, superior de las misiones de los llanos y vicario del pueblo de Pauto, y con el concepto de tres “prácticos”, verificaran las tierras y estancias que contenía el terreno solicitado. La respectiva diligencia se llevó a cabo el 20 de diciembre de 1661, y en ella, además de los nombrados, participaron los indígenas giraras del pueblo de lame y algunos indígenas tunebos, así como los pocos vecinos españoles residentes en esos parajes. lodos, sin excepción, declararon “que estaban gustosos por el bien y conveniencia que se les seguía de que dichos Padres asistiesen en los llanos por tener en ellos el remedio de sus almas, enseñanza de sus hijos, su amparo y otras conveniencias” (3) . 

A su vez, los “prácticos” Diego Marín, Diego Martínez Galeano y Felipe Xavier pudieron establecer que, en total, el globo solicitado tenía cuatro leguas de un lindero a otro (22.287,96 metros), y como eran “tierras vacas y sin habitación de ningún vecino y en muchas partes infructíferas y que por el riesgo de los indios de guerra ninguno hasta hoy se ha atrevido a pedir ni poblar dichas tierras dijeron que tasaban y tasaron cada estancia en doze patacones que sería su justo valor por las razones referidas” (4)    

Con base en estas diligencias, el recién nombrado presidente del Nuevo Reino de Granada, don Diego de Egües Beaumont, decretó el 11 de febrero de 1662 que se les hacia “merced a los Padres de la Compañía de Jesús que se ejercitan en las misiones de los llanos de las tierras que piden para tener ganados de que sustentarse y hacer las sementeras necesarias, atento a no tener perjuicio los indios y ser por el servicio de nuestro señor y Majestad y Rey” (5) .    

Fue esta donación la base de la principal hacienda de los jesuitas en los llanos de Casanare: la de Caribabare, así como de las otras dos haciendas de los ignacianos en la región: la de Tocaría, conformada en 1679, y la de Cravo, creada con posterioridad. Y decimos que fue la base, pues parece que la hacienda de Caribabare se fue extendiendo poco a poco, a tal punto que en octubre de 1767, con motivo de la expulsión de la Compañía las de colonias y territorios de España, y al pasar las propiedades de los hijos de Loyola a manos de la administración de la Junta de Temporalidades, el entonces gobernador de los Llanos, don Francisco Domínguez de Tejada, declaró que los linderos de la hacienda se confundían con los del pueblo de Tame (Temporalidades, tomo V). Esa situación de imprecisión de los linderos sólo pudo ser definida en 1793, cuando, con el fin de inventariar la hacienda para ser rematada, se pudo establecer que Caribabare poseía dos hatos principales: el de la Yegüera, o hato Corozal, con sus agregados de Cordero y Tocoragua, y el de Tunapuna, subdividido éste en La Raya, San Antonio, Tunapuna y Saparay. En total, el globo tenía 447.700 hectáreas (Richmond, tomo 841) y en su mayor parte estaba ubicado en la actual intendencia del Arauca. Dicha extensión nos permite afirmar que Caribabare era una de las propiedades más grandes, si no la mayor, que tuvieron los jesuitas en América.  

En efecto, por ejemplo, en México y según el cuadro que el profesor Hermes Tovar incluye en su estudio sobre la empresa agraria jesuítica en ese país, de una muestra de 45 haciendas que sumaban 1’100.874 hectáreas, sólo existían tres haciendas con más de 100.000 hectáreas: Gavia (179.826 hectáreas), dependiente del colegio de la ciudad de Tepoztlán (noviciado de San Javier) y perteneciente al obispado de la ciudad de México; Tetillas (170.323 hectáreas), satélite del colegio de la ciudad de Zacatecas (Colegio San Luis Gonzaga) y subordinada del obispado de la ciudad de Guadalajara, y Cabras (111.413 hectáreas), sujeta al Colegio de San Luis de la Paz y a la jurisdicción del obispado de Valladolid (Tovar, 1975). Por lo tanto, el fenómeno de la hacienda de Caribabare es bien significativo, pues ella sola contaba con el 40,66% del total registrado para México.  

Ahora bien, vale decir aquí que la indeterminación en los linderos no sólo fue característica de Caribabare. Por ejemplo, la hacienda de Cravo tampoco tenía bien determinados sus confines, puesto que, según testimonio dado en junio de 1770 por el gobernador Domínguez de Tejada, “las tierras de la hacienda no se sabe cuáles son, ni hasta dónde alcanzan, pues como vacías las de aquellas partes se extienden el ganado y bestias cuanto quieren, porque son del Rey nuestro señor y las poseyeron los extrañados sin más título que su voluntad, [...] pero desde luego, se pueden considerar dentro de los linderos de los caños de Guirripa, Marimare y de la Miel, río de Meta por un lado, y el de Cravo por el medio, en cuyo gran globo de tierras, se ignora las estancias que había” (6) .  

De todas formas, los padres de la Compañía de Jesús fueron los mayores propietarios de tierras en los llanos. Este fenómeno es hasta cierto punto entendible, pues la región de los Llanos, por sus particulares condiciones, tanto humanas como físicas (la mayor parte de los grupos indígenas, especialmente los guahíbos, en estado nómada; suelos pobres, inundables en invierno y resecos en verano, en su mayoría baldíos y cubiertos de pastos), así lo permitía (Rueda, 1987 A).  

Las haciendas de Caribabare, Cravo y Tocaría quedaban continuas y, debido a su imprecisa delimitación territorial, el ganado de las tres permanecía en un constante “vagabundear” entre una y otra hacienda. A nuestra manera de ver, esa indeterminación fue manejada por los jesuitas para controlar sus haciendas, ya que, por ejemplo, durante los cuatro meses de verano los ganados de las haciendas de Cravo y Tocaría no respetaban lindero alguno y, de acuerdo con el clima imperante, buscaban, conjuntamente, ora en Cravo, ora en Tocaría, pastos y aguas para alimentarse y beber. En invierno, la situación cambiaba y los terrenos de una y otra hacienda se reducían, pues el ganado, generalmente revuelto, buscaba terrenos que no se inundaran (Rueda, 1987 C). Sin embargo, en ese ir venir, mucho ganado se hacía cimarrón, situación que tampoco iba en contra del interés de denominación territorial de los jesuitas. Pues, ¿qué mejor cuidandero que una buena recua de ganado bravo?  

Al igual que Caribabare, Tocaría estaba subdividida en hatos y contaba con cuatro: uno que le daba el nombre a la hacienda y tres más llamados Igarcitas, Los Cauchos y El Desecho. Por causas que mencionaremos más adelante, no ha sido posible establecer las partes de la hacienda de Cravo; sabemos, eso si, que había sitios especiales en los cuales se verificaban los rodeos: Caragataba, Pueblo Viejo, Las Sabanas, Guida, Borral, Marimaro y principal de Cravo (Temporalidades, tomo VI).  

II  

Las haciendas jesuíticas del Casanare dependían del Colegio Máximo de Santafé de Bogotá. La base de tal subordinación estaba determinada, principalmente, por La Tienda, que el centro educativo tenía y de la cual salía todo género de mercancías, lo que permitió una constante comunicación e hizo posible un flujo continuo de mercaderías entre la capital y los predios llaneros, los cuales devolvían fundamentalmente ganados en pie y cueros. La agrupación de pueblos: Pauto o Manaré, San Salvador del Puerto, Tame, Patute, Macaguane y Betoyes, estaban situados en el partido de Casanare, y en 1760 contaban con 5.420 indígenas reducidos (Alvaro, 1891); de haciendas: Caribabare, Cravo, Tocaría y Apiay (en el Meta), y de misiones: Surimena, Macuco, Casimena y Jiramena, establecidas en el curso medio del río Mcta, y con un total de 2.200 indígenas reducidos (Alvarado, 1891), constituía un complejo económico-administrativo, cuyo centro se hallaba localizado en la hacienda de Caribabare, pues allí estaba establecido el procurador general de las haciendas y misiones de los llanos, el cual, al igual que procuradores de otras regiones, tenía plena autonomía para actuar y decidir respecto al manejo de la economía y administración de las haciendas y misiones a él encargadas y de cuidar que los ingresos aumentaran en vez de disminuir. Por lo tanto, tenía la obligación de llevar y controlar los libros de contabilidad de las haciendas y de presentarlos cada vez que fuera necesario, en primera instancia, al rector del Colegio Máximo de Santafé, o, si las circunstancias lo ameritaban, al provincial de la Nueva Granada. Si se le llegaba a comprobar algún mal manejo o falla que fuera en contra de su procuraduría, del Colegio Máximo, de la provincia o, en fin, de la comunidad, era destituido inmediatamente de su cargo (Morner, 1968; Colmenares, 1969, 1984; Rueda, 1987, A.C.).    

En el momento de la expulsión, en 1767, el procurador de la hacienda de Caribabare era el jesuita Manuel Alvarez, de quien dependían trece hijos de Loyola, asignados cada uno a los seis pueblos de indios del partido del Casanare, a las tres haciendas restantes y a las cuatro misiones del Meta. Cumpliendo con distintas y muy especializadas funciones, pues, desde un principio, los ignacianos habían tenido una máxima: destinar a la persona a las funciones por las que, según su genio y capacidad, podía responder (Rueda, 1987 A). Es así como “unos atendían al ministerio de la palabra y otros a la administración y manejo de los intereses que debían sostener las misiones” (7) .  

Como hemos dicho, la agrupación de las haciendas del llano conformaba un complejo económico-administrativo cuyo centro estaba situado en Caribabare. Pero cada hacienda constituía en sí misma una entidad formada por la tierra, el ganado vacuno, las recuas de yeguas destinadas a producir las bestias necesarias para el manejo de las haciendas, las herramientas de labranza, carpintería y herrería, así como la mano de obra, elementos que estaban orientados al autoabastecimiento de cada unidad.

Tanto la hacienda de Tocaría como la de Cravo contaban con sus respectivos procuradores, pero cada uno tenía un grado de independencia diferente respecto al principal de Caribabare. El procurador de Tocaría dependía más directamente del de Caribabare; tanto es así que, en el momento de la expatriación, los libros de contabilidad de esa hacienda se encontraban en la de Caribabare.  

Por su parte, Cravo disfrutaba de mayor independencia, pues era la sede de la procuraduría de las Misiones del Meta. En ella se pagaba la parte de la escolta de Guayana asignada a controlar las mencionadas reducciones, y en su tienda los misioneros de ésas debían comprar los ganados de los hatos misionales. Sin embargo, en ciertas ocasiones Tocaría auxiliaba a Cravo, y viceversa, con determinados bienes y suministros (cacao, panela, azúcar, lienzos y telas, sombreros, camisetas, etc.), los cuales debían ser reintegrados oportunamente (Temporalidades, tomo X).  

Además de su respectivo procurador, cada hacienda tenía un mayordomo principal, y en cada hato o subdivisión había un caporal ,o mayordomo auxiliar, el cual dependía del administrador general de la hacienda, a quien recurría para obtener dinero y abastos, recibir órdenes y entregar cuentas.  

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(*)  El presente artículo forma parte de la investigación Poblamiento y diversificación social en los llanos de Casanare y Meta entre ¡767-1830, proyecto financiado por la Fundación para la Promoción de la Investigación y ¡a Tecnología, Banco de la República. (Regresar a *)

(1) A.H.N.C., Fondo Rich­mond,t.844,pág. l,(l661). (Regresar a 1) 

(2) Ibíd.  (Regresar a 2)

(3) A.H.N.C., Fondo Richmond, t. 844, pág. 2, (1661).  (Regresar a 3)

(4) A.H.N.C., Fondo Richmond, t. 844, pág. 3, (1661). (Regresar a 4)

(5)  A.H.N.C., Fondo Rietimond, t. 844, pág. 3, (1661). (Regresar a 5)

( 6 )   A.H.N.C., Fondo Temporalidades, t. XII, f. 421 V.T. (1794). (Regresar a 6)

( 7 )   José María Groot, Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada, Bogotá. 1889-1983, t. II,
pág. 110. (Regresar a 7)