Boletín Cultural y Bibliográfico , Número 20, Volumen XXVI, 1989

III  

La base laboral de las haciendas la conformaban, por un lado, los indígenas que se hallaban reducidos o que vivían en las misiones y pueblos constituidos por los jesuitas, y por otro, concertados, esto es, indígenas ya aculturados que no se encontraban reducidos, y que cumplían funciones parecidas a las de los peones. También, aunque esto no era muy frecuente, había concertados mestizos y blancos “pobres”. 

En algunas ocasiones los concertados ejercían cargos de cierta responsabili­dad: mayordomo, asistente de administración, caporales. Los contratos se pactaban por un año, no renovable, y generalmente se iniciaban y terminaban en dos fechas: el 31 de julio o el 31 de agosto (Temporalidades, tomo V). En el momento de la expulsión, en 1767, en las haciendas de Caribabare y Cravo había un total de 38 concertados, a los cuales se les pagaban salarios de entre 15 y 25 pesos anuales, más la alimentación. El costo total de estos 38 hombres ascendía a 667 pesos, un real y 16 maravedíes (Temporalidades, tomos V y VI). Cuando los concertados eran indígenas, el procurador de cada hacienda los solicitaba a los pueblos de indios que tenían los jesuitas en la región llanera; como generalmente eran indígenas tributarios, recibían un trato especial, ya que la hacienda tenía que pagar por ellos las demoras o tributos que debían cancelar a la corona, descontándosela del valor de su concierto.  

La otra fuerza laboral era la de los esclavos negros, pues en las haciendas de Caribabare y Tocaría había, en el momento de la expulsión, 57 esclavos. La base inicial de esa cuadrilla fue el pago de una vieja deuda contraída por la hacienda de Lengupá con la procuraduría de misiones del Casanare. A este número original de esclavos, que no sabemos cuántos fueron, se sumaron otros que compraron los jesuitas. 

A diferencia de otras zonas de la Nueva Granada, especialmente las mineras, en los llanos, y en las haciendas de los ignacianos, la mano de obra esclava no fue una mercancía que gozara de muy buen prestigio, dado que, hasta cierto punto, era improductiva y poco rentable, ya que “en dichos hatos, sus vaquerías y demás quehaceres, no trabaja el hombre capaz de ello, la mujer y los hijos viven en el mayor ocio, pues no sucede aquí por ser incompatible, lo que en las minas, cacahuales y trapiches donde igualmente son todos respectivamente de provecho y les reparo en tareas con la devida proporción. Este hombre esclavo capaz de trabajar en el hato, se le ha de dar, o contemplar mujer, y que ésta también sea esclava, porque libre de ningún modo convendría, y de esta suerte se debe regular que valen ambos por lo menos 500 pesos, cuyo rédito anual asciende a 25. A estos, agregado lo que se consume en vestirlos aun sin contar con los hijos que sucesivamente van teniendo, y a quienes es preciso atenderlos del todo puede importar 35 pesos, y sin dificultad importa y sube de este costo” (8).   

Debido a la poca efectividad y rentabilidad en el manejo del ganado, los padres de la Compañía habían dedicado los negros esclavos a otros trabajos: al cultivo de caña de azúcar y a las labores propias del trapiche y el alambique. El aguardiente resultante del consiguiente proceso de manufactura era destinado, en primera instancia, a proveer las misiones y pueblos de los jesuitas, así como a los demás pueblos y ciudades del llano. Así mismo, algunos esclavos se convertían en “de confianza” y llegaban a ocupar los cargos de mayordomos y caporales en las haciendas y hatos. 

Además de estos servidores, las haciendas tenían escoltas o grupos de soldados destinados a la protección de las haciendas, pueblos y misiones, así como al control y vigilancia de los esclavos e indígenas reducidos.

En el momento de la expulsión, la hacienda de Caribabare contaba con sólo siete soldados de un total de doce a ella asignados, a cada uno de los cuales se le pagaba un salario anual de cien pesos más lo de comer, y estaban al mando del cabo don Manuel Güemez de Horcasitas. Por su parte, la escolta de Cravo tenía un costo total anual de quinientos pesos oro.  

IV  

La hacienda de Caribabare, además de ser la sede de la procuraduría de las misiones del Casanare, fue el centro de la actividad económica de los ignacianos en la región. Su ubicación era realmente estratégica, pues quedaba entre los pueblos de Pauto, San Salvador del Puerto y Tame. Desde ella era factible ir a Santafé de Bogotá por Chita o por Labranzagrande, así como a las misiones del Meta y a las haciendas de Cravo y Tocaría. Allí quedaba situado el almacén general de las misiones del Casanare y el Meta, sitio en el cual los hijos de Loyola se proveían de lo necesario para sus misiones y tiendas y en donde debían comprar el ganado con el cual se formaban los hatos de las reducciones, pues era obligación que todo miembro de la comunidad jesuita se autoabasteciera, pero por ningún motivo el misionero o cura podía disponer del hato creado, ya que eran hatos comunales destinados al sostenimiento de los pueblos o de las misiones. 

Tanto Caribabare como Cravo y Tocaría eran haciendas fundamentalmente ganaderas, pero existía cierta especialización: las dos primeras se dedicaban esencialmente a la cría de ganado vacuno, la tercera a la de yeguas, caballos y mulas destinados a abastecer el inmediato mercado de Barinas. Con tal especialización en la cría de ganados mayores, los jesuitas podían, por un lado, cubrir las necesidades de sus misiones y con la de caballos y mulas, sobre todo, podían atender el servicio de las comunicaciones, los abastecimientos y los transportes. Por otro, podían establecer un mejor control sobre los mercados locales y crear un sistema intrahacendario de abastecimientos. 

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(8)    A.H.N.C., Fondo Temporalidades, t. V, f. 648 y (1770). (Regresar a 8)