El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos

Por:

 

REVISTA COLOMBIA INTERNACIONAL 



( número 49/50) 
Esta es una publicación del Departamento de Ciencia Política - Facultad de Ciencias sociales
Universidad de Los Andes

 

 

El conflicto armado colombiano en los años noventa: Cambios en las estrategias y efectos económicos

 

Camilo Echandía Castilla *

 

INTRODUCCION

Este artículo muestra cómo la insurgencia en los años noventa logró variar su condición de guerrilla rural con influencia exclusiva en zonas periféricas, convirtiéndose en una organización que pretende consolidar su influencia en amplias zonas del territorio nacional, aplicando para ello una estrategia que articula circunstancias económicas, políticas y militares. La guerrilla de hoy ha cambiado su manera de buscar el poder, sus formas de accionar militarmente, de movilizar sectores sociales y de conseguir las finanzas para subsistir como organización armada. Así mismo, pudo extender su presencia a los centros político-administrativos más importantes del país y muestra elevada actividad en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, fronterizas y con importante actividad agropecuaria. La geografía de la presencia guerrillera refleja con claridad cómo avanza de manera cada vez más evidente hacia las zonas que le proporcionan ventajas estratégicas en la confrontación. Es importante tener presente que la prolongación del conflicto armado colombiano tiene como fundamento la autonomía adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financiero, reduciendo la importancia de obtener un mayor apoyo social y político, que es la necesidad inherente a toda guerrilla.

De otra parte, la incidencia de la violencia en la economía no ha llegado al máximo nivel, sino que en general la economía ha logrado avanzar, a pesar de este flagelo, proporcionando un buen ejemplo de como las situaciones de conflicto resultan siendo compatibles con signos positivos de la actividad económica, sin que el funcionamiento global del sistema llegue a verse afectado por estas situaciones. Esta aparente paradoja permite entender la tradicional ausencia de compromiso en los sectores urbanos que al percibir el conflicto armado como una molestia lejana y no como una fuerza perturbadora que amenazara sus intereses, son indiferentes a la búsqueda de salidas que impliquen concesiones de su parte. Ante la percepción generalizada, que se impone con fuerza hacia el final de la década del noventa, de que la inseguridad es el principal problema que enfrenta la economía colombiana, la subestimación estratégica sobre las implicaciones del conflicto pareciera estar cambiando, sin que sea aun clara su derivación hacia la construcción de los consensos que hagan viable la solución política del conflicto armado.

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO ARMADO

 

Hacia comienzos de la década del noventa, la actividad armada de la guerrilla se recrudece luego de la realización, en septiembre de 1990, de la quinta cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en la cual se acordó la ejecución de acciones contra las FF.AA. y la infraestructura económica del país. Las FF.AA. por su parte, en noviembre culminaron la primera etapa de la operación Centauro, emprendida a partir de marzo por la VII Brigada, con el objetivo de tomar los campamentos del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO); en diciembre se ejecutó la segunda fase de la Operación Centauro, por medio de la cual unidades de la IV División del Ejército ocuparon los campamentos del Secretariado Nacional de las FARC en la Uribe-Meta el día 9 de diciembre coincidiendo con la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente

En 1991, la guerrilla continuó con la ofensiva iniciada en septiembre de 1990, a la que se sumó la respuesta a la toma de los campamentos del Estado Mayor de las FARC en el Meta. En los dos primeros meses del año, la guerrilla intensificó su accionar a través de todos sus frentes, alcanzado niveles de beligerancia nunca antes registrados. En marzo, el ritmo de la actividad armada comenzó a descender. Este cambio se encuentra precedido por la decisión de las FARC y el ELN de aceptar el diálogo directo y expedito propuesto por el Gobierno Nacional en el mes de febrero. En el segundo semestre de 1991, se produce una segunda escalada de acciones de la Coordinadora Guerrillera, en el mes de julio, en momentos en que la Asamblea Nacional Constituyente proclamaba la nueva carta política.

Como se observa en el anexo estadístico, durante 1992 se registran los niveles mas elevados de actividad armada. Las acciones por iniciativa de las FARC se registran en mayor numero que las del ELN. Las característica más sobresalientes en el comportamiento de la violencia generada por la guerrilla fue la insistencia en los sabotajes del ELN y el incremento de los contactos armados entre las FF.AA. y las FARC. El ostensible crecimiento de los contactos armados durante 1992, evidencia la mayor presión ejercida por la Fuerza Pública sobre la guerrilla que se traduce en enfrentamientos. Durante 1993, los contactos armados propuestos por iniciativa de las FF.AA superaron en más de 40% las acciones ejecutadas por los grupos alzados en armas. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, se presentaron en los departamentos afectados en mayor grado por la acción de los grupos subversivos y donde actúan los frentes con mayor capacidad ofensiva. La guerrilla en el conjunto de 1994 incrementó el numero de acciones dirigidas contra la Fuerza Pública. Las emboscadas, los hostigamientos y los ataque contra instalaciones militares y de policía superaron en 1994 el numero de hechos registrados durante el año anterior. Así mismo, se incrementaron las acciones que afectan directamente a la población civil, secuestros y tomas a poblaciones.En la coyuntura de cambio de gobierno, en el mes de julio y la primera semana de agosto, la guerrilla desató una nueva escalada de acciones ofensivas con el propósito de "despedir al presidente Gaviria" y hacer demostraciones de fuerza ante el nuevo gobierno. A partir de la segunda semana de agosto el accionar armado de las FARC y el ELN (emboscadas, acciones de sabotaje, hostigamientos y tomas a poblaciones) comienza a disminuir y se coloca en un nivel muy bajo. La reducción de la violencia guerrillera se produce a partir del inicio del nuevo gobierno, coincidiendo con la presentación de la política de paz y las primeras manifestaciones de los grupos alzados en armas en el sentido de acoger la iniciativa para la paz expuesta por la administración Samper.

En los primeros meses de 1995 se produce la intensificación de los operativos de las FF.MM., en el departamento del Meta, particularmente en el municipio de Uribe. Muchas de las acciones que las FARC realizan en el mes de febrero parecen responder a los operativos militares en la zona propuesta como escenario de un primer encuentro entre el gobierno y la guerrilla para dar inicio a los diálogos de paz. El gobierno tras el fracaso en su iniciativa de paz y de que el dirigente conservador Alvaro Gómez Hurtado fuera asesinado, decide declarar el Estado de Conmoción Interior con el propósito de dictar medidas excepcionales encaminadas a combatir los factores de violencia en el país. En 1996 los paros y protestas contra la fumigación de cultivos ilícitos en las zonas cocaleras, fueron acompañados por una escalada de la actividad ofensiva de la guerrilla.

En 1997 la guerrilla escaló su actividad armada y paralelamente presionó la renuncia de un conjunto importante de candidatos a los Concejos y Alcaldías en 162 municipios en los meses previos a la realización de los comicios electorales del 26 de octubre. En Nariño y algunos municipios de la Montaña Antioqueña, la guerrilla saboteó las elecciones donde comenzaba a incursionar, con el propósito de ampliar su influencia a nivel local. En el sur de Bolívar, Bajo Cauca y Magdalena Medio de Antioquia y Meta, las amenazas de la guerrilla contra los candidatos se producen en las localidades donde los paramilitares le disputan el poder. Al presionar la renuncia de los candidatos la guerrilla procuró neutralizar el avance paramilitar e impedir que controlaran los gobiernos locales. En las zonas donde las FARC cuentan con una presencia histórica en el sur-oriente del país (Caquetá, Guaviare, Putumayo, Huila y Cauca), el sabotaje a las elecciones tuvo como fin hacer una demostración de poderío. De otra parte, el rápido avance paramilitar, se expresaba en el hecho de que en zonas presionadas en el pasado por la guerrilla (Urabá, Córdoba, Magdalena, Casanare y sur del Cesar), las elecciones de octubre se celebraron sin que los candidatos fueran intimidados por los alzados en armas. En estas zonas la intimidación corrió por cuenta de los paramilitares que como en el caso de Urabá, impidieron que se presentaran candidatos de partidos o movimientos de izquierda.

Los cambios sucedidos hacia finales de los años noventa en el conflicto interno, hacen preciso reconocer que no obstante el mayor alcance logrado por la guerrilla en el propósito de ampliar su poder a nivel local, el avance de los grupos paramilitares, se expresa, por una parte, en que el ELN ha perdido terreno en el norte del país, y por otra, en que las FARC han tenido que concentrar mayores esfuerzos en neutralizar la expansión de los grupos irregulares que se les oponen en el Magdalena Medio y en el oriente del país donde le disputan el control del poder local. Los grupos paramilitares, han asumido la doble tarea de impedir por una parte la expansión de las guerrillas y por otra la de penetrar las zonas donde estas organizaciones cuentan con las fuentes más estables de financiamiento. Ante esta nueva situación, las FARC demuestran mayor poderío en las zonas de presencia histórica, a través de acciones de gran contundencia militar como las que se registraron en los ataques contra objetivos militares entre 1996 y 1998 1 . Estas acciones evidencian la gran capacidad bélica, de financiamiento y de control sobre la población, todo lo cual tendría como fin último sostener sus posiciones en las zonas de presencia histórica, mientras en el resto del territorio realizan actividades militares con el propósito de dispersar los esfuerzos del Estado para combatirlas.

Si bien es cierto que el número de acciones propias del conflicto armado se incrementó en 1999 con respecto al año anterior, es preciso reconocer que el proceso de paz iniciado con las FARC ha podido incidir en que el conflicto armado no se haya escalado en la proporción que muchos anunciaban. Sin embargo, este hecho no es resultado de un mensaje reciproco explícito en las conversaciones, sino más bien del cambio producido en las estrategias de los contendientes. En este sentido es importante destacar cómo las FARC, que se habían propuesto demostrar su enorme poderío militar a través de acciones dirigidas a atacar al ejército, ha cambiado su estrategia priorizando los ataques a las poblaciones para destruir los puestos de policía y debilitar la presencia estatal en los municipios donde busca ampliar su influencia. Paralelamente a este cambio de estrategia de la guerrilla, el Ejército ha variado la suya respondiendo a los ataques a las poblaciones a través de su fuerza aérea que ha logrado en varios casos frustrar los propósitos de la insurgencia y producir también un alto número de bajas.

A raíz de los fuertes golpes que las FF.AA propinaron a las FARC en el mes de julio de 1999, cuando ésta guerrilla decidió hacer sentir su desacuerdo en torno al papel de una instancia de verificación de las normas de comportamiento en la zona de distensión, se ha producido el replanteamiento táctico del grupo insurgente que lo ha llevado a cierta pasividad operativa. La desventaja aérea, claro bache de las FARC, le impide pasar a otro estado de la guerra. Los sucesos de Puerto Lleras y Hato Corozal pueden interpretarse como claras demostraciones de la enorme desventaja aérea que les causó a las FARC graves pérdidas y que se constituye en el principal factor a favor del Estado en el logro de la disminución del poderío militar de la guerrilla.

Se podría suponer que mientras compensan ciertas deficiencias, como la aérea, las FARC han optado por seleccionar sus objetivos, los cuales estarían centrados en atacar a la policía y a los grupos paramilitares, mientras que el Ejército es dejado de lado, limitándose a evaluar su capacidad de reacción. La policía es atacada mediante la toma de poblaciones, emboscada a patrullas y atentados individuales de manera sorpresiva en los cascos urbanos, limitando su poder de control y sus movimientos. Los grupos paramilitares, por su lado, son atacados a través de la confrontación directa, buscando el combate, y a través del desmantelamiento de sus redes o supuestas redes de apoyo.

 

 

INTENSIDAD DEL CONFLICTO ARMADO

 

 

La información estadística que se presenta en el anexo estadístico, permite apreciar el incremento del accionar de la insurgencia y poner al descubierto la mayor capacidad ofensiva con que cuenta en los años noventa. Las acciones propias de la confrontación, como los contactos armados y los hostigamientos, así como los sabotajes a la infraestructura económica, aumentaron ostensiblemente en el conjunto de acciones armadas, mientras que las acciones típicas de financiamiento (asaltos a poblaciones, entidades y vehículos de transporte) disminuyeron. Estos cambios expresan la mayor capacidad militar con que cuentan hoy los grupos guerrilleros, en buena medida por haber logrado diversificar las prácticas de financiamiento que hoy dependen en alto grado del secuestro, de la extorsión y de las contribuciones forzadas del narcotráfico 2 .

Las acciones propias de la confrontación armada: contactos, emboscadas, hostigamientos y ataques a las instalaciones militares, que entre 1985 y 1991 representaban el 53% entre 1992 y 1998 aumentan su participación al 67% de la actividad bélica. Se observa, también, que las acciones de sabotaje contra la infraestructura económica, petrolera, eléctrica y de comunicaciones no varían su participación con el 27% en ambos períodos. Los asaltos a entidades públicas y privadas, las acciones de piratería y los ataques a pequeñas poblaciones que contaban con una participación en el conjunto de acciones del 20%, en el período más reciente tan sólo representan el 6%.

La distribución de las acciones armadas, a nivel departamental, permite determinar la concentración de hechos de este tipo en las diferentes circunscripciones. De esta manera, en los últimos doce años el 75% de las acciones armadas se registra en once departamentos: Antioquia 21%; Santander 12%; Norte de Santander 6%; Cesar 6%; Arauca 6%; Meta 5%; Cundinamarca 5%; Cauca 4%, Bolívar 4%, Huila 3% y Tolima 3%. Por otra parte, Córdoba, Caldas y Risaralda experimentaron importantes reducciones en la intensidad del conflicto armado hasta 1992, como consecuencia de la desmovilización del EPL. A partir de 1993, la disminución en el accionar de la guerrilla se mantiene únicamente en Córdoba. En cambio, Risaralda y Caldas se encuentran afectados, en el presente, por la presencia activa de tres frentes de las FARC y un reducto disidente del EPL.

En el resto del país se produce un aumento sostenido en la intensidad del conflicto armado. Los departamentos donde se observan los más altos incrementos en la intensidad del conflicto son: Guajira, Chocó, Bolívar, Magdalena, Sucre, Quindío, Tolima, Putumayo, Meta, Arauca y Casanare. En todos estos departamentos se ha observado un fuerte avance de los grupos guerrilleros en los últimos años. Las FARC y el ELN han incrementado su presencia en La Guajira, y Casanare. Así mismo, las FARC registraron, luego de las operaciones de las FF.AA. contra los campamentos del secretariado en Uribe (Meta), un fuerte aumento de su presencia en el centro del país. Otros departamentos donde la intensidad del conflicto armado también ha aumentado en los últimos años son: Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Quindío y Valle.

La geografía del conflicto armado que se presenta en el mapa 1, también evidencia que el mayor poderío militar de las organizaciones alzadas en armas continúa estando y se manifiesta con mayor intensidad en las zonas donde se implantaron los primeros núcleos guerrilleros (Urabá, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, Sarare y el sur-oriente). Las zonas más afectadas por la elevada intensidad del conflicto en el presente son como en el pasado ante todo rurales.

La expansión reciente de la guerrilla hacia zonas urbanas y con mayor potencial económico, no se encuentra acompañada de la capacidad de realizar en forma sostenida acciones ofensivas, inclinándose más hacia la obtención de recursos para el financiamiento de las organizaciones alzadas en armas 3 . La presencia en municipios cercanos a los grandes centros urbanos del país, confronta por otra parte la tesis generalizada de que la guerrilla crece por inasistencia estatal en áreas alejadas del centro del país. Muestra, más bien, que la insurgencia ha cambiado su dinámica de crecimiento, alejándose de las reivindicaciones campesinas y relacionándose ahora con el proceso de urbanización que experimenta el país 4 .

 

 

LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA

 

 

La expansión territorial de los actores del conflicto interno en los años noventa se expresa de otra parte en el incremento del recurso al terror (Lair, 1999). A través de la intimidación, guerrillas y paramilitares interfieren los procesos de elección de los gobernantes locales, determinan a quienes deben favorecer los nombramientos, los contratos, las inversiones físicas y los programas sociales. Las presiones, ante el escaso poder de convocatoria, se manifiestan en asesinatos, secuestros y amenazas que recaen en dirigentes políticos, candidatos y funcionarios.

A nivel local, las organizaciones guerrilleras y paramilitares actúan como redes de poder, que manejan instrumentos de fuerza y son capaces de imponer su control sobre la población a través de la intimidación reemplazando los lazos de solidaridad colectiva por la desconfianza mutua que se manifiesta en la ley del silencio y en la incomunicación a partir de lo cual es imposible construir comunidad y propiciar el desarrollo. La violencia que genera la competencia entre los actores armados ilegales se explica por el desmembramiento de las redes adversarias como condición necesaria para subvertir y construir posiciones de poder (Suárez, 1999).

La reciente irrupción de los paramilitares en la región del Catatumbo (Norte de Santander), sembrando el terror a través de la realización de masacres -como las que se registran en la localidad de La Gabarra a partir de mayo de 1999-, revela su propósito de golpear las redes de apoyo de la guerrilla en el nororiente colombiano donde estas organizaciones cuentan con fuentes de financiamiento muy sólidas 5 . Con este comportamiento, los paramilitares pretenden disputarle a la insurgencia los enormes recursos económicos derivados de la actividad petrolera que han constituido el factor decisivo en su recuperación y la estabilidad en los flujos de recursos económicos hacia zonas donde operan estructuras armadas con menores posibilidades de financiamiento.

Por su parte las FARC, ha venido aplicando en Urabá una estrategia similar a la utilizada por los paramilitares, pues en las incursiones puede dar muerte a personas consideradas redes de apoyo, como ha sucedido en Juan José, Batatas, Pueblo Bello y recientemente en Valencia en Córdoba. Las FARC han recurrido al terror para ampliar los corredores de acceso y penetrar el eje de los paramilitares en el Nudo de Paramillo y la Serranía de Abibe en Córdoba.

El comportamiento de los actores organizados de violencia, determina que el homicidio en Colombia haya tenido una "difusión contagiosa" (Cohen and Tita, 1999) en el sentido en que la presencia de estructuras organizadas que recurren a la violencia generan una dinámica de las que son víctimas tanto miembros de organizaciones rivales como no miembros. Los homicidios causados por una organización generan una espiral de acciones violentas que se extienden en el tiempo mas allá de los actores inicialmente implicados y que tienden posteriormente a persistir.

En el mapa 2 se presentan las trescientas cinco poblaciones que superaron la tasa promedio nacional entre 1996 y 1998; 80% se localizan en diez departamentos: Antioquia (80), Cundinamarca (31), Valle (28), Boyacá (21), Santander (18), Meta (17), Caquetá (14), Caldas (13), Risaralda (12) y Quindio (10). Así mismo, 93% de los municipios con índices críticos de homicidio pertenecen a la estructura rural y 7% a la urbana. Las zonas rurales más afectadas por la violencia homicida son aquellas donde priman el campesinado medio cafetero (72% de los municipios de este tipo registran tasas superiores al promedio nacional) y la colonización de frontera (56% de los municipios registran tasas superiores al promedio nacional).

Los municipios de campesinado medio cafetero que se habían caracterizado por el predominio de un campesinado medio estable y acomodado dedicado a las actividades de producción de café, con la crisis albergan un sector endeudado y desesperado. La cosecha cafetera en estas zonas produce una alta inmigración de trabajadores de regiones pobres ocasionando alta densidad poblacional que no encuentra pleno empleo, acentúa la delincuencia, genera expresiones de justicia privada y es explotada por grupos guerrilleros que encuentran apoyo en los desempleados. Adicionalmente, la expansión más fuerte de los grupos guerrilleros se ha registrado en los últimos años sobre los municipios del eje cafetero, buscando aumentar su presencia en esta zona estratégica por cuanto de manera obligada pasan por aquí los intercambios comerciales entre Medellín, Cali y Bogotá. Por otra parte, en la zona occidental de las cordilleras en los departamentos de Quindio y Risaralda, la violencia tiene también una estrecha conexión con las actividades de narcotráfico en el norte del Valle, que desde aquí coordina el acopio y la exportación de cocaína y heroína producida en el sur del país. Así mismo, el narcotráfico ha registrado un fuerte proceso de compra de tierras, amparado en organizaciones armadas muy violentas.

En las zonas de colonización de frontera se registran procesos activos de colonización, desarrollados por movimientos migratorios generados por la violencia y la descomposición campesina en la región andina. La carencia de infraestructura vial y de servicios, la poca disponibilidad de suelos para la actividad agrícola, la baja productividad, la nula integración a los mercados nacionales o regionales, unida a la precaria presencia del Estado, dificultan la vinculación del colono a la tierra, conformándose así una economía parcelaria itinerante, que a la vez que ensancha la frontera agrícola favorece el establecimiento de cultivos ilícitos. Las regiones corresponden a las de mayor intensidad del conflicto armado; el piedemonte Llanero y zonas de Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta y Casanare. En estas poblaciones rurales los altos índices de violencia se explican en buena medida por la presencia de la guerrilla y/o los paramilitares que recurren al homicidio para sembrar el terror, imponer su influencia y ganar privilegios a nivel local.

Adicionalmente, el mapa 2 permite inferir que los altos niveles de pobreza no se relacionan en forma automática con la violencia, como tantas veces se ha argumentado en los enfoques que buscan sus causas en las "condiciones objetivas". Las áreas más violentas en general están asociadas a la existencia de una estructura social heterogénea con organizaciones armadas enfrentadas en torno a fuertes intereses. Sin duda, la violencia coincide también con profundos desequilibrios sociales propios de regiones con economías dinámicas que atraen migrantes y donde la distribución del ingreso es inequitativa. En estas regiones no se ha podido establecer firmemente una base jurídica e institucional que dicte con claridad las reglas del juego y permita neutralizar la acción violenta de los diferentes actores en competencia. De otro lado, los reducidos niveles de violencia en general son más frecuentes en los municipios más atrasados y con menor actividad económica.

Desde otra perspectiva, el mapa 3 muestra que el 70 % de los municipios que registraron elevado índice de homicidio entre 1996 y 1998, se encuentran en zonas afectadas por el conflicto armado y que en muchas de estas localidades se registra también una elevada concentración de muertes causadas por los actores organizados de la violencia. La convergencia geográfica de éstos fenómenos permite insistir en que los altos índices de muertes en Colombia tienen una relación muy estrecha con el conflicto armado y la presencia de actores violentos que, como se ya se dijo, generan una dinámica de la que son víctimas tanto miembros de organizaciones rivales como no miembros. De tal suerte, se encuentran, municipios con tasas que superan -en el doble o más- la media nacional y donde las muertes se originan en las organizaciones de justicia privada en el norte del Valle, el Eje Cafetero, la Montaña Antioqueña y la región del occidente de Boyacá; mientras que en el piedemonte de la Cordillera Oriental (municipios dispersos de Casanare, Arauca, Meta, Caquetá, Guaviare y parte de Putumayo), el Urabá, y el Magdalena Medio (municipios de Bolívar, Cesar, Antioquia y Santander) la violencia es atribuible a los actores del conflicto armado.

Pese al enorme desconocimiento sobre los autores de las muertes en el país, las autoridades y los estudiosos han aceptado que las violencias que están cobrando el mayor número de víctimas sobrepasan a las que generan las guerrillas, los grupos de autodefensa, las organizaciones de justicia priva al serviciodel narcotráfico 6 . Como se ha visto, en las localidades urbanas y rurales aludidas, la presencia de los actores violentos se asocia estrechamente con las altas tasas de homicidios indiscriminados; a la vez, también son altos los homicidios selectivos. Adicionalmente, como lo señala un estudio reciente (Cubides,Olaya y Ortiz 1998), en las zonas rurales de colonización y los barrios periféricos de las ciudades en acelerada expansión se observan como factores comunes una sociedad débil, aunque dinámica y un Estado incapaz de constituirse en mediador de los conflictos, función que terminan desempeñando las organizaciones armadas ilegales que se imponen a través de la violencia. Lo razonable, entonces, es reconocer, como afirma el sociólogo Daniel Pécaut (1997), que en la violencia actual los fenómenos interactúan y se relacionan de manera que resulta totalmente inapropiado continuar trazando límites claros entre la violencia política y aquella que no lo es, y menos aún seguir insistiendo en la supuesta irrelevancia de la violencia originada en los actores del conflicto armado.

 

 

EFECTOS ECONOMICOS DEL CONFLICTO ARMADO

 

 

Los cambios sucedidos durante los años noventa ponen de presente el enorme poderío militar alcanzado por la guerrilla, sustentado en el hecho de que ha encontrado fuentes de recursos económicos muy importantes que a su vez determinan su perspectiva del presente, donde las fuentes de ingresos para la guerra parecieraninagotables 7 . Para el caso colombiano es importante tener en cuenta que la prolongación del conflicto armado tiene como fundamento la autonomía adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financiero, haciendo que tenga menor importancia la búsqueda de un mayor apoyo social y político, que es la necesidad inherente a toda guerrilla.

Ha sido justamente en el saqueo de recursos donde las prácticas de la guerrilla y de la delincuencia común se han confundido incrementando la inseguridad. Por su parte la sociedad colombiana, como lo señala un trabajo reciente (Castillo y Salazar, 1996), ha acabado acomodándose a la convivencia con la inseguridad desarrollando una elevada "disposición a pagar" que acrecienta la capacidad de los grupos alzados en armas con considerables consecuencias institucionales. Es obvio que ni desde el punto de vista social ni del individual, se trata de una estrategia óptima (la de pagar); sin embargo, en la actual situación colombiana los agentes afectados por la amenaza permanente contra sus vida y su patrimonio, una estrategia como la de pagar rescates y extorsiones llega a ser la mejor alternativa privada disponible debido a la concurrencia de varios factores, pero principalmente al hecho de que los agentes que deciden pagar tienen una certidumbre muy alta (fruto del aprendizaje) respecto a que la superación del conflicto armado por la vía política negociada es lejana y a la incapacidad del Estado para proteger sus bienes y su patrimonio de la amenaza guerrillera. El resultado de la generalización de la negociación privada con el agente directo de la violencia lleva a que éste incremente su poder económico, sus ganancias territoriales y su capacidad de control sobre la población civil. De tal suerte, la negociación que hace mucho tiempo el Estado viene buscando para superar el conflicto, es sobrepasada en la práctica por la negociación económica privada entre los agentes de altos ingresos y los alzados en armas.

Si bien las estimaciones económicas sobre las fuentes de financiamiento de la guerrilla constituyen sin lugar a duda un costo directo para la economía nacional, los costos económicos indirectos del conflicto armado pueden ser mucho más elevados como lo muestra un estudio reciente (Bejarano, 1997). En efecto, el impacto de la inseguridad y de la violencia en el sector agropecuario, que ha sido tradicionalmente el mas afectado por la guerrilla, son sobretodo indirectos y afectan negativamente la administración, la gestión, la inversión y el precio de la tierra en sub-sectores como la ganadería y la agricultura comercial. El impacto sobre el conjunto del sector se estima para 1995 en 32.69% del PIB agropecuario.

La evidente sub-estimación estratégica sobre las implicaciones del conflicto que ha prevalecido en el país, tiene derivaciones de singular importancia cuando se considera el margen de concesiones posibles en una solución política negociada del conflicto armado colombiano. En este sentido una reciente encuesta realizada a altos ejecutivos de las grandes empresas del país revela que la clase dirigente colombiana desea con vehemencia la paz, cree que es preferible financiarla en lugar de la guerra, pero no está dispuesta a ceder parte de su ingreso para lograrla, y menos a hacer grandes concesiones a los alzados en armas. (El Tiempo, 1999a)

En cualquier caso los efectos económicos circunscritos a una alcance sectorial rural y a las actividades agropecuarias, a algunas regiones rurales con muy pocos alcances globales y sobre todo sin consecuencias económicas importantes ni para las actividades urbanas, ni para la seguridad en las ciudades, no debiera llevar en todo caso a subestimar el potencial de transformación y escalamiento del conflicto hacia las áreas urbanas, en una trayectoria que por lo demás se ha experimentado en otros conflictos en otras áreas del mundo (Collier, 2000).

Una visión nueva, en cuanto a los efectos del conflicto armado en el sistema global pareciera desprenderse de los resultados de la encuesta de opinión industrial realizada por la ANDI el mes de abril de 1999, donde el 25% de los empresarios considera que los problemas de la economía se relacionan con la inseguridad, 23% con los altos niveles de tributación, 9% con las dificultades del sector financiero, 7% con la incertidumbre que se respira en el país y 36% cree que la combinación de todos estos factores hace que no exista ningún aspecto favorable que los induzca a invertir. (El Tiempo, 1999b)

Ante la percepción, que se impone con fuerza, de que la inseguridad es el principal problema que enfrenta la economía colombiana, la tradicional subestimación estratégica sobre las implicaciones del conflicto pareciera estar cambiando. Es apenas lógico suponer que la visión negativa de los agentes económicos ante los hechos de violencia protagonizados recientemente por el ELN, que ahora recurre al secuestro masivo de ciudadanos en las áreas urbanas, haya aumentado. Lo que plantea una verdadera incógnita es si la sociedad ante esta situación, insistirá en la racionalidad privada que le ha permitido convivir con la violencia o se decidirá por la construcción de los consensos que hagan viable la solución política de los conflictos.

 

CONCLUSIONES

 

Se ha visto cómo pese a haber diversificado su presencia que ya no es exclusivamente rural y marginal, las FARC mantienen un elevado grado de concentración de la actividad armada en las zonas periféricas que les han permitido contar con una base de financiamiento estable. Las estructuras de frentes con presencia en zonas de cultivos ilícitos, enclaves agrícolas y explotación petrolera y minera, son las que cuentan con mayor capacidad de acción armada. Las FARC entre 1996 y 1998 demuestran mayor poderío en las zonas con presencia histórica, a través de acciones de gran contundencia militar que tienen como fin último sostener sus posiciones mientras en el resto del territorio realizan actividades militares con el propósito de dispersar los esfuerzos del Estado para combatirlas. La prevalencia que ha dado las FARC al ataque de las instalaciones de policía a partir de 1997, se ha convertido en todo un propósito estratégico. En efecto, este comportamiento, está inscrito dentro del desarrollo de planes de guerra dispuestos a lograr el control de zonas específicas cada vez más amplias que se constituirían en núcleos de expansión de control militar y político.

Los hechos más sobresalientes del conflicto armado hacia finales de la década pasada también se encuentran relacionados con el Ejército de Liberación Nacional. La violenta incursión paramilitar en Norte de Santander, se enmarca en la lógica de la organización comandada por Carlos Castaño, que se ha propuesto debilitar militarmente al ELN, a través de la penetración de sus zonas de influencia que como el sur de Bolívar tienen un elevado valor estratégico en la confrontación armada. En este sentido, la ofensiva que tiene como epicentro al Catatumbo, busca afectar la más importante estructura militar con que cuenta el ELN. Las autodefensas pretenden disputarle al ELN los enormes recursos económicos derivados de la actividad petrolera que han constituido el factor decisivo en su recuperación y la estabilidad de los flujos de recursos económicos hacia zonas donde operan estructuras armadas con bases de financiamiento menos estables.

Los grupos de autodefensa parecen estar decididos a ganar el status de parte en la solución del conflicto lo que, según sus cálculos, tarde o temprano debería derivar en status político. Las masacres, la presión sobre el ELN, hecha pública y reivindicada de manera insistente, las continuas entrevistas a los medios y la magnificación de sus acciones, hacen parte de esa estrategia, lo que permite prever que en momentos álgidos del proceso de paz la violencia de estos grupos va a arreciar, para demostrar que sin ellos no habría paz.

La violencia asociada a los actores del conflicto armado se ha elevado en la medida en que se impone la estrategia que se expresa en la reducción de los enfrentamientos entre los aparatos armados mientras se incrementan los asesinatos de civiles que son percibidos por las partes en conflicto como apoyos del adversario. Hacia el inmediato futuro la respuesta de la guerrilla a la mayor acción de las autodefensas, se circunscribiría involucrando más a la población civil, aumentando los enfrentamientos, desplazando a la policía, en una dinámica en la que el desplazamiento será la constante, pues las respuestas de los actores se centrarán en población. Esta característica del conflicto colombiano en la actualidad, desvirtúa las interpretaciones corrientes que prevén su transformación en una guerra civil, planteando más bien una guerra que cada vez con mayor fuerza se dirige contra la población civil.

Todo lo que se ha dicho permite prever que hacia el futuro la insurgencia, sin importar los elevados costos políticos que le signifique ampliar su base de financiamiento afectando sectores cada vez más amplios de la población —incluso en el área urbana— se propone aumentar aún más su capacidad militar al punto que le permita demandar una mayor participación en el poder. La derivación de lo anterior en el logro de la paz es que un acuerdo verdaderamente atractivo para la guerrilla sólo puede producirse en la medida en que su enorme poder de acción militar se transforme en cantidades equivalentes de poder legítimo. La construcción de las vías para lograr dicho acuerdo es el reto que se le plantea al conjunto de la sociedad colombiana.

 

Anexo estadístico

 

 

BIBLIOGRAFICAS

 

"Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996". Archivos de Macroeconomía. No.76, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 1998.

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citas

* Profesor Titular de la Universidad Externado de Colombia e Investigador del CEDE de la Universidad de los Andes, Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia (Paz Pública)
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1. El 30 de agosto de 1996 en el departamento de Putumayo fue atacada la base de Las Delicias, en desarrollo de la acción se produjeron 28 bajas del ejército y 60 más fueron secuestrados. Posteriormente el 7 de septiembre de 1996 la base militar de La Carpa en el departamento de Guaviare fue atacada, produciéndose la muerte de 30 soldados. El 21 de diciembre de 1996 la ofensiva se dirigió contra la base militar de Patascoy en el departamento de Nariño. En 1998 los ataque continuaron, el 3 de marzo la Brigada Móvil No. 3 del ejército fue atacada el caño El Billar en el departamento del Caquetá; en desarrollo de los combates se produjo la muerte de 63 militares y el secuestro de 43 más. El 3 de agosto de ese año, la guerrilla atacó la base de la policía en Miraflores Guaviare y Uribe y del ejército en Pavarandó en el Urabá ; entre civiles y uniformados murieron cerca de 100 personas y 133 miembros de la fuerza pública fueron secuestrados. Finalmente, en noviembre, en momentos previos a la creación de la zona de distensión en el suroriente colombiano, para adelantar las conversaciones de paz entre el Gobierno de presidente Pastrana y las Farc, ésta guerrilla tomó por asalto a Mitú, capital del departamento de Vaupés. 
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2. No es exacto tomar el narcotráfico como fuente de financiamiento de la guerrilla, sino mas bien las contribuciones forzadas del narcotráfico. En efecto, la guerrilla no parece disponer de redes de importación de insumos para el procesamiento, ni de exportación de producto terminado, ni maneja una amplia infraestructura de laboratorios para la producción de alcaloides, ni un sistema de lavado de dinero. En síntesis es un actor externo al narcotráfico, que cobra un impuesto a los agentes encargados de la producción y el tráfico de drogas.
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3 . Ver el tratamiento detallado de las estrategias de expansión en: (Echandía, 1999) y en Reconocer la guerra para construir la paz
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4. El análisis de éste proceso en el caso de Cundinamarca lo realiza (Peña, 1998)
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5. Las finanzas de la guerrilla y en particular del ELN en esta zona, no dependen de manera exclusiva de la actividad petrolera, es sabido que La Gabarra constituye un importante centro de procesamiento de la coca producida en el Catatumbo, circunstancia que podría ser aprovechada por la insurgencia para derivar ingresos a cambio de la prestación de "seguridad" a las actividades ilícitas que allí se llevan a cabo. Así mismo, la guerrilla se beneficia en esta zona de las actividades de contrabando que se realizan en la frontera con Venezuela y que de otra parte le permiten tener acceso al mercado negro de armas, municiones y explosivos.
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6. El casi total desconocimiento acerca de los responsables de las muertes violentas en el país se encuentra asociado a las deficiencias del sistema de justicia, que deja sin investigar dos terceras partes de los casos que se registran y se inclina por aquellos que tengan, de partida, un incriminado conocido. Ante esta situación, es de suponer que las muertes producidas por la violencia organizada serán dejadas de lado, por cuanto su esclarecimiento requiere mayor esfuerzo investigativo así como enfrentarse al poder de intimidación con que cuenta este tipo de violencia. En este aspecto, los datos de Medicina Legal analizados por Rubio (1999) también muestran que el conocimiento acerca de las circunstancias de los homicidios es inversamente proporcional a la violencia. Por ejemplo, se observa cómo el incremento de la violencia se da acompañado de un mayor misterio alrededor del fenómeno. Es así como en los sitios más pacíficos del país se conocen las causas en un 61% de los homicidios, mientras que en los más violentos las causas se saben sólo en el 33% de los casos.
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7. Los estudios recientes sobre las guerras civiles más importantes de las últimas décadas en el mundo, indican que -como en Colombia- todas han estado acompañadas de bonanzas en productos agrícolas, mineros o ilegales, que han permitido a los grupos insurgentes extraer rentas y adquirir autonomía en el campo financiero, condición que fundamenta la existencia de los conflictos, haciendo que los determinantes objetivos pierdan poder explicativo. (Collier, 2000). 

 


 

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