La Presidencia en los 9 Estados soberanos de Colombia: el poder ejecutivo en el sistema federal, 1853-1885

Por: Aguilera Peña, Mario


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Mapa de los nueve Estados Soberanos de Colombia, según el mapa de la República de Colombia levantado por Agustín Codazzi, publicado en París en 1890 (Ver Credencial Historia N° 25, pág. 12)


   

El advenimiento del sistema político federal se produjo a partir de la Constitución de 1853, considerada como pro-federal o centro-federal por su reconocimiento a la autonomía de las provincias, que se multiplicaron hasta llegar a 35 en la administración de Manuel María Mallarino (1855-1857), proclamando cada una su propia constitución provincial.

La coexistencia del régimen centralista con prerrogativas federales prepararon el terreno para el surgimiento de los Estados Federales, a lo cual se llegó por simples leyes aprobadas por el Congreso en tres debates, luego del acto reformatorio que creó a Panamá como primer estado federal el 27 de febrero de 1855. Obedeció al intenso tránsito en el istmo y a la necesidad de garantizar la soberanía granadina en aquella región. La medida, sancionada con premura por el vicepresidente de la Nueva Granada, el panameño José de Obaldía, contó con cierta oposición, porque ya se albergaban temores de una futura pérdida del Istmo. El 11 de junio de 1856 se crearía el Estado de Antioquia, poteriormente el 13 de mayo de 1857 el de Santander y, ante las presiones de las regiones que no gozaban de ese privilegio, se promulgaría la ley de 15 de junio de 1857 que dio nacimiento a los estados de Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. Esos ocho Estados conformaron, con la Constitución de 1858, la Confederación Granadina, delegando al poder central algunos asuntos de interés general para que fueran ejercidos por el presidente de la Confederación, el congreso y el poder judicial. Entre los temas que competían al gobierno general figuraban las relaciones exteriores de la Confederación, la defensa exterior, el mantenimiento del orden en el interior de la república cuando existieran altercados entre dos o más estados, el crédito público, el sostenimiento de una fuerza pública al servicio de la Confederación, la administración de rentas de la Confederación, la legislación marítima y el comercio exterior, y la determinación del pabellón de armas. Los asuntos que no fueron atribuidos expresamente al gobierno central pertenecerían al manejo de los estados federales.

El 12 de abril de 1861, unos meses antes de concluir la guerra iniciada a mediados del año anterior, el general Tomás Cipriano de Mosquera creó un noveno estado territorial, el del Tolima, segregado del de Cundinamarca. Con esas nueve entidades se formarían los Estados Unidos de Colombia, cuya unión y confederación se protocolizaría con la Carta de Rionegro, del 8 de mayo de 1863, que regiría por veintitrés años. Esa Constitución, que otorgó soberanía a los estados, reservó para el gobierno central similares materias a las contempladas en la Constitución del 58, pero acentuó los rasgos federales propiciando la autonomía de la legislación, la variedad de códigos y la diversidad de estatutos electorales.

 

El poder ejecutivo federal

Bajo el imperio de las constituciones de 1858 y 1863, al ejecutivo central se le denominó Presidente de la Confederación o Presidente de los Estados Unidos de Colombia. Los mandatarios se posesionaban el 1 de abril, pero mientras el presidente de la Confederación era elegido por el voto directo de los ciudadanos para períodos de cuatro años, el presidente de la Unión se elegía con el voto de los Estados para un período de dos años. Paralelamente, en cada uno de los Estados federales existió la figura del primer magistrado, nombrado generalmente como presidente y en ocasiones como gobernador, particularmente durante la vigencia de la Constitución de 1858. Posteriormente algunas constituciones continuaron utilizando el segundo apelativo, como es el caso del Estado de Cundinamarca en su Constitución de 1870. La Constitución del Magdalena de 1857 adoptó un nombre muy singular para llamar a la persona que desempeñaba el poder ejecutivo: «Jefe Superior».

Por lo general, los presidentes seccionales fueron electos por el voto directo y secreto de los ciudadanos. El período de gobierno varió entre dos años, como en el Estado de Santander en su Constitución de 1857 o como en el Cauca en 1863, y cuatro años, como en el Estado Panamá en su Carta de 1868 o en el de Antioquia en 1863. Hubo diversidad en la fechas en que se debía iniciar el mandato: en la Carta constitucional de Bolívar de 1857 se ordenaba la posesión del primer mandatario el 1 de noviembre, pero posteriormente se dispuso que fuera el 1 de mayo; en el Cauca el 1 de agosto, bajo la vigencia de su Constitución de 1872; en 1862 se ordenaba en Panamá que fuera el 1 de octubre y en Cundinamarca se estrenaba presidente el 1 de enero según lo determinó la Carta política de 1862. Fue corriente la prohibición de reelección para el período siguiente.

El término del mándalo podía ser interrumpido por la separación voluntaria del cargo, por ejemplo en el caso de ser nombrado en un cargo de la Confederación; por decisión de autoridades, como ocurrió en el Magdalena en 1866, cuando el presidente del Estado Joaquín M. Vengoechea debió abandonar el cargo acusado ante la Corte Suprema del Estado de intervenir en asuntos de la aduana de Santa Marta; su sucesor, el primer designado Tomás Emilio Abello, que se posesionó el 10 de septiembre de 1866, corrió igual suerte y fue suspendido de su empleo por el mismo motivo durante diecinueve meses, por sentencia del 21 de febrero de 1867, la cual se hizo efectiva a mediados de abril de ese año. El mandato presidencial también se interrumpía por designio mayoritario de la Asamblea, como estaba previsto en la Carta política de Santander de 1857, o excepcionalmente por la guerra, como en el Cauca, bajo la Constitución de 1863, la cual mandaba que el titular debía dirigir las operaciones militares mientras que el primer designado quedaba a cargo del gobierno civil. En casi todos los estados hubo hasta tres designados; el caso extremo se dio en Antioquia y Panamá donde se nombraban cinco sustitutos para remplazar al primer magistrado.

En varias Constituciones federales se definió al presidente como el jefe de la administración pública. La mayoría de estas Cartas políticas coincidieron en otorgarles, entre otras funciones, el nombramiento y la remoción de empleados públicos, la negociación de contratos y empréstitos, la dirección de las milicias durante la guerra, la vigilancia en la administración de justicia y en las jornadas electorales, la concesión de indultos, la presentación de informes a las asambleas y la entrega de criminales requeridos por otros Estados. En contraste con estas atribuciones y deberes, se destaca que en Santander hubo la tendencia de limitar al máximo los poderes del ejecutivo, reduciéndolo a un simple «agente» o comisionado de la Asamblea del Estado, corporación en la que residía todo el poder político.

 

El poder regional

El surgimiento del federalismo se explica por la fortaleza de las élites regionales y la poca capacidad que había tenido el gobierno central para imponer y mantener su hegemonía política. Su entronizamiento como forma política se relaciona con un proceso de fragmentación regional que existía desde la colonia y a la formación de fuertes poderes localistas que hicieron difícil el predominio de proyectos políticos que tendieran hacia la unificación nacional.

 

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Carroza alegórica de los nueve Estados de la Unión. Archivo de la Fotografía en Colombia,
Museo de Arte Moderno, Bogotá.


El federalismo posibilitó la formación de clientelas partidistas y la consolidación de oligarquías regionales, algunas muy inestables por su vinculación a una economía exportadora sometida a las variaciones del mercado externo. El federalismo se desgastó en una permanente inestabilidad política manifestada en levantamientos, golpes de estado regionales, más de veinte guerras civiles locales y tres guerras civiles nacionales. Entre los golpes de estado se destaca el ejecutado en octubre 1868 por el presidente de la Unión, el liberal radical Santos Gutiérrez, contra el gobernador del Estado de Cundinamarca, el conservador Ignacio Gutiérrez, en una clara violación de la norma constitucional que prohibía la intromisión de gobierno central en los asuntos internos de los Estados. En otro episodio, fue el presidente de un Estado el que asumió el mando de la Confederación: este hecho fue precipitado por el cierre del Congreso, el 29 de abril de 1867, por el presidente de la Unión, general Tomás Cipriano de Mosquera, para adelantarse a un debate en su contra; ante ello, el presidente del Estado del Magdalena, general Joaquín Riascos, asumió desde el 12 de mayo el ejercicio del poder ejecutivo federal en Santa Marta, cargo que ejerció hasta el 28 de junio de ese año, cuando tuvo conocimiento de la posesión del segundo designado a la Presidencia de la República, el general Santos Acosta. La ley 15 de mayo de 1868 dio legalidad al ejercicio presidencial del general Riascos, temporalmente paralelo y simultáneo al del otro presidente, el general Acosta.

  

 

Título: La Presidencia en los 9 Estados soberanos de Colombia: el poder ejecutivo en el sistema federal, 1853-1885
Tiempo: 1853-1885
Lugar: Colombia


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