Desde los inicios del siglo XX Brasil, que controlaba un 80% de la producción mundial del grano, comenzó a regular el mercado cafetero en forma unilateral. Desde 1902, estableció la primeras restricciones a nuevas siembras de café. Esta política fue sucedida por las denominadas “valorizaciones”, emprendidas por el estado de Sáo Paulo en 1905 y 1917 y posteriormente por el gobierno federal en 1921. Desde fines de 1924 estas intervenciones esporádicas dieron paso a una política más estable por parte del estado de Sáo Paulo, que se denominó de “defensa permanente”.
Las grandes siembras que se llevaron a cabo a nivel mundial en los años veintes, combinadas con la Gran Depresión que se inició en 1929, generaron uno de los problemas de sobreproducción más críticos de la historia cafetera mundial. La magnitud del problema se puede medir a través de las siguientes cifras brasileñas: su producción entre los años cafeteros 1929/30 y 1933/34 fue de 119.2 millones de sacos, de los cuales se vendieron sólo 76.7; de esta manera quedó un exceso de 42.5 millones de sacos, al cual hay que agregar 10.3 de inventarios acumulados a mediados de 1929. La magnitud del problema llevó, por lo tanto, al gobierno brasileño a destruir físicamente el café —arrojándolo al mar o quemándolo— a partir de 1931. Además, lo condujo a buscar un acuerdo con Colombia, que para entonces era ya el segundo productor del grano.
En mayo de 1931, por iniciativa del Brasil, se reunió un congreso internacional en Sáo Paulo para discutir la posibilidad del acuerdo. Colombia no envió inicialmente un representante. No obstante, a solicitud de los asistentes, Mariano Ospina Pérez, entonces gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, participó más tarde en las deliberaciones. No se logró convenio de ninguna naturaleza, incluso porque existía escepticismo sobre el éxito de un acuerdo internacional en varios sectores brasileños.
 

Dos años más tarde Brasil presentó en la Conferencia Monetaria y Económica de Londres una propuesta en el mismo sentido. En este caso, tuvo recepción favorable por parte del delegado colombiano Alfonso López Pumarejo, quien no sólo veía razones económicas para un acuerdo internacional, sino también un motivo político: el apoyo brasileño a los puntos de vista colombianos en el conflicto fronterizo con el Perú. La oposición de la Federación Nacional de Cafeteros a un acuerdo fue, sin embargo, frontal. En carta dirigida a López el 15 de noviembre de 1933, Ospina Pérez se opuso a cualquier restricción a la producción o a las exportaciones cafeteras de Colombia. Los argumentos esenciales eran tres: 1º el consumo mundial se estaba desplazando hacia los cafés suaves, lo que permitía a Colombia seguir exportando toda su producción a un precio superior al de los granos del Brasil; 2º el carácter democrático de la producción cafetera colombiana, que era necesario fomentar en un momento de recrudecimiento de los conflictos agrarios; y 3º la gran capacidad de resistencia de la producción campesina ante una eventual guerra de precios, asociada al hecho de que en las pequeñas parcelas se producía la mayor parte de los alimentos que los productores consumían.
 

Cabe anotar, por otra parte, que aunque la Federación se había opuesto a un acuerdo internacional, venía interviniendo en el mercado interno del grano desde fines de 1929, cuando se aceleró la apertura de los primeros Almacenes Generales de Depósito. No obstante, esta intervención fue muy limitada en la primera mitad de la década de los treinta, no sólo por el escaso desarrollo de los Almacenes, sino además por política expresa del gremio y por la oposición de la Asociación Nacional de Exportadores de Café.
 

EL PACTO COLOMBO-BRASILEÑO DE 1936

Con la llegada a la presidencia de la República de López Pumarejo, el balance de fuerzas en el país se inclinó temporalmente hacia un acuerdo internacional. A pesar de la oposición de un sector importante, en el VII Congreso Nacional de Cafeteros, reunido en Bogotá a fines de 1935, López logró imponer un cambio en la composición del Comité Nacional de Cafeteros, que le daba al gobierno una representación paritaria, y al presidente de la República la capacidad de dirimir los conflictos que surgieran entre los representantes privados y del gobierno. Además, el presidente de la República quedó investido con la facultad de elegir el presidente de la Federación de una terna presentada por el Congreso Cafetero. En esa forma, nombró a Alejandro López, un economista antioqueño que había redactado la plataforma liberal de 1934.
Bajo la gerencia de Alejandro López, la Federación auspició la Primera Conferencia Panamericana en Bogotá, en octubre de 1936. En dicha conferencia se llegó a un acuerdo de principio entre Brasil y Colombia. Las conversaciones continuaron en Nueva York, y el 3 de diciembre se firmó un pacto secreto, según el cual los precios mínimos en Nueva York serían de 10.5 centavos la libra para el Santos 4, de 12 centavos para el Manizales, y se mantendría una diferencia mínima entre uno y otro de 1.5 centavos.
 

Aún antes de protocolizarse este acuerdo, la Federación comenzó a intervenir el mercado interno en gran escala y entre octubre de 1936 y abril de 1937 compró 353.757 sacos, equivalentes a un 8% de la producción del país, comprometiendo cerca de $6 millones en la operación. El precio interno en Girardot mejoró en un 17% entre octubre de 1936 y enero de 1937, y se mantuvo a niveles altos durante los tres primeros meses de 1937.
 

A primera vista, el éxito de esta política era innegable. La intervención encontró, sin embargo, grandes obstáculos, que condujeron finalmente a su fracaso. El primero, y sin duda el más importante, fue la baja capacidad financiera de la Federación. Dicha entidad dependía básicamente del impuesto de exportación de café, establecido en 1927, y de su participación en el impuesto de giros, que le reportaban unos $ 900.000 anuales. Alejandro López esperaba encontrar el apoyo del Banco de la República, no sólo a través de créditos directos —el primero de los cuales, por $ 500.000, se otorgó a la Federación en noviembre de 1936— sino, especialmente, del redescuento de bonos de prenda agraria emitidos por los Almacenes Generales de Depósito. Sin embargo, la junta directiva del banco comenzó a oponerse crecientemente a las operaciones con la Federación por considerarlas inflacionarias. El gobierno presentó entonces un proyecto de ley que elevaba el impuesto de exportación y entregaba a la Federación, a partir de 1938, la totalidad del impuesto de giros, ligeramente reducido.