Los radicales

Por: Jaramillo Uribe, Jaime, 1916-

 
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   Santiago Pérez y   Manuel Ancízar
Miniaturas de Víctor Moscoso. Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá.


   
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Manuel Murillo Toro. Oleo de J.E. Montoya, 1884.
Academia Boyacense de Historia.


   Con el nombre de radicales ha pasado a nuestra historia del siglo XIX una generación de políticos, periodistas y escritores que gobernó al país durante un período aproximado de veinticinco años, que corren entre la promulgación de la Constitución de 1863 y el fin del segundo período presidencial de Rafael Núñez, que se cierra con la entrada en vigencia de la Constitución de 1886.

  Hasta 1880 no había en el país sino liberales y conservadores. A partir de esta fecha el partido liberal, gobernante, se divide en dos grupos, uno encabezado por Núñez, partidario de hacer sustanciales reformas a la Constitución de 1863 y de darle un nuevo giro a ciertos aspectos de la política como las relaciones con la Iglesia, buscando para ello la colaboración de la opinión conservadora. Otro, el sector gobernante, que aceptando la posibilidad de hacer reformas a la Constitución defendía la gestión política y la obra de gobierno realizada por los liberales. Al primer grupo, al de Núñez, se le llamó «independiente». A los que estaban en el gobierno, alguien, no se sabe quién, les dio el nombre de «radicales».

  Los presidentes que tuvo Colombia durante el período mencionado duraban en el ejercicio del poder dos años, circunstancia que, por una parte, permitía la posibilidad de ver en la presidencia de la República caras nuevas y, por otra, no permitía que los presidentes desarrollaran una obra coherente que dejara una huella notable de su gestión presidencial. Pero, a pesar de este aspecto, el período radical tiene unas características muy propias y homogéneas, notables para quien analice la obra de sus gobiernos en el terreno de la política, la economía o la educación y la cultura.

 


Aquileo Parra. Oleo de Francisco A. Cano. Congreso Nacional.


 

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Salvador Camacho Roldan. Oleo de Duque R. SAC., Bogotá.


 

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Eustorgio Salgar. Anónimo. Museo Nacional.


 

 

  Para comenzar, enumeremos los nombres de algunas de sus más destacadas figuras: Manuel Murillo Toro, tolimense, periodista, político, dos veces presidente de la República, muy influyente como gobernante y como publicista en la orientación de la política económica, campo en el cual en muchas oportunidades se apartó de las ideas dominantes en el período y sostenidas por otros miembros de su grupo. Miguel Samper, empresario, banquero y escritor sobre temas económicos y sociales, fue quizás la figura más influyente en materias económicas. Salvador Camacho Roldan, periodista, profesor universitario, hombre de empresa y ocasionalmente político, varias veces ministro y miembro de las directivas del partido. Manuel Ancizar, educador, publicista, autor de libros de economía y filosofía, uno de los primeros rectores de la Universidad Nacional, al ser reorganizada ésta en 1867 bajo el gobierno del general Santos Acosta. Aquileo Parra, hombre de empresas comerciales y político activo en su región, Santander. Santiago Pérez, jurista, educador y periodista. Aníbal Galindo, periodista, parlamentario y escritor muy influyente en materias económicas.

 

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Diego Mendoza Pérez. Oleo de Marco Salas, 1951. Externado de Colombia.




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Nicolás Pinzón. Oleo de Francisco A. Cano, 1924. Externado de Colombia.


 

  El anterior fue el grupo que podríamos considerar como de intelectuales, los ideólogos y los orientadores de la opinión pública. A su lado deben mencionarse los nombres de políticos y altos funcionarios que como presidentes de la nación, ministros o presidentes de los estados federales contribuyeron a modelar las orientaciones políticas del período. En este sector había, por una parte, el grupo que podríamos llamar militar, compuesto por figuras que habiendo hecho estudios universitarios -generalmente abogados- adquirieron títulos castrenses en nuestras guerras civiles del siglo XIX, particularmente en la de 1859-1862 de la cual salieron victoriosos los liberales, guerra que culminó con la promulgación de la Constitución de 1863, llamada de Rionegro por el nombre de la ciudad antioqueña donde se reunió la respectiva asamblea constituyente. Hay que decir, de paso, que en esta Constitución se contiene el conjunto de ideas políticas que pusieron en práctica los llamados gobiernos radicales del período que nos ocupa. En este grupo de los militares podríamos colocar a los generales Santos Acosta, Eustorgio Salgar y Julián Trujillo, los tres presidentes de la República en los períodos de 1867-68, 1870-1872 y 1878-80, respectivamente.

  Hubo finalmente otro grupo de intelectuales que, como escritores, periodistas o profesores universitarios, influyeron en las orientaciones de la educación y la cultura. Entre ellos deben mencionarse Juan Manuel Rudas, educador y periodista, divulgador de la filosofía positivista; Francisco Eustaquio Alvarez, popularmente llamado el Macho, jurista, profesor universitario, defensor de las ideas filosóficas sensualistas del filósofo francés Antoine Destutt de Tracy, y José María Rojas Garrido, abogado, famoso por su elocuencia parlamentaria. Además, ¿por qué no? hay que mencionar el nombre de Rafael Núñez, que habiendo pertenecido al partido liberal desde 1850, se apartó de sus orientaciones a partir de 1878, convirtiéndose en la oveja negra del partido, en su más agresivo crítico y en su mayor adversario político, hasta el punto de ser considerado por los radicales como el prototipo del traidor político. El grupo radical estaba compuesto por hombres nacidos con posterioridad a la Independencia nacional, es decir, en la década de 1820 a 1830, lo que indica que tenía hacia 1850, época en que se inicia su militancia política, entre 20 y 30 años de edad. Curiosamente, su formación profesional e intelectual se hizo en establecimientos educativos influidos por los gobiernos conservadores anteriores a 1850.

 

 

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Santos Acosta José María Samper

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Miguel Samper          Aníbal Galindo


  La obra de los gobiernos radicales ha sido estudiada, analizada y juzgada por historiadores colombianos y extranjeros. Sus juicios han sido, unos positivos, otros negativos. Entre los historiadores colombianos que han dado un juicio negativo, podemos tomar como modelo a Indalecio Lievano Aguirre, en su biografía de Rafael Núñez y en otros escritos. Entre los extranjeros que se han ocupado del tema, se puede mencionar a William P. McGreevey en Historia económica de Colombia (1968). La defensa de la gestión política y en general de las realizaciones de los gobiernos radicales ha sido adelantada por algunos escritores como Laureano García Ortiz, Eduardo Rodríguez Piñeres y Antonio Pérez Aguirre, y recientemente por Gerardo Molina en su bien conocida obra Las ideas liberales en Colombia. Más recientemente Procultura ha publicado el excelente libro de la historiadora norteamericana Helen Delapar, El partido liberal en la política colombiana 1863-1899, que es, si no una defensa, sí una narración imparcial y objetiva, hasta donde puede serlo una obra de historia.

  Para apreciar la obra realizada por los radicales desde el gobierno y el conjunto de ideas que caracterizaron a esa generación política, conviene plantearse un esquema de los principales problemas que afrontaba el país en la segunda mitad del siglo pasado. Sobre ellos debían pronunciarse los partidos políticos y las corrientes de opinión. Tales problemas podrían reducirse a tres: 1°. Organizar el Estado sobre la base del modelo republicano y democrático; 2°. Dar forma a la economía nacional y promover el desarrollo económico para salir de la pobreza y entrar en la comente de la civilización, según lo decían muchos publicistas de la época, particularmente los de filiación liberal; 3°. Crear un sistema educativo capaz de incorporar al país en el movimiento cultural, científico y tecnológico del mundo moderno.

 

 

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 Juan Manuel Rudas   Dámaso Zapata
   


  A los anteriores retos políticos los radicales respondieron con dos reformas constitucionales (1853 y 1863) y con una política general que lleva el sello del liberalismo clásico del siglo XIX, cuyas ideas podríamos sintetizar así: en cuanto a organización del Estado, gobierno republicano con poderes ejecutivo, legislativo y judicial separados y autónomos; elección de autoridades por medio del voto de los ciudadanos; derechos individuales y garantías sociales tales como libertad de prensa y opinión, libertad económica, derecho de propiedad, protección frente a posibles abusos de las autoridades, en fin, libertad de cultos religiosos. Liberar las potencialidades del hombre era la consigna. Los pensadores liberales estaban convencidos de que los instrumentos del progreso en todos los sentidos eran la libertad de pensamiento, de competencia y de crítica.

 

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José María Rojas Garrido


  Guiados por estos ideales los radicales trataron de desarrollar sus planes de gobierno. Ellos les sirvieron de guías en sus proyectos políticos, económicos y educativos. Temas que en la época dieron lugar a largas y duras polémicas como el de federalismo versus centralismo -es decir, la cuestión de si en la organización del Estado debería dársele más fuerza al gobierno central y al presidente de la República, o a los gobiernos regionales representados por los gobernadores-, no hacían parte de la doctrina liberal en sentido dogmático, pero la posición federalista fue acogida con gran fervor por los radicales que introdujeron sus tesis en la Constitución más radicalmente federalista que ha tenido el país en toda su historia, la Constitución de 1863, cuyo texto es tal vez el documento que expresa mejor el pensamiento del grupo radical.

  En materias económicas, los radicales defendieron en la teoría y aplicaron en la práctica la política del libre cambio. En nuestra situación histórica eso quería decir eliminar ciertas prácticas monopolistas que la organización económica y fiscal de la República había heredado de la época colonial, tales como los estancos del aguardiente y del tabaco, que daban al gobierno la facultad exclusiva de señalar las zonas de producción y el monopolio de la venta de dichos artículos. Su eliminación y su reemplazo por una política de libertad de cultivo y comercialización, era una vieja aspiración de comerciantes y gentes de capital desde la época final de la dominación española. Recuérdese que ella fue una de las principales peticiones de los Comuneros de 1781. Tal política quería decir también supresión de algunos impuestos, como los que pesaban sobre la agricultura y la minería, los llamados diezmos y quintos y, finalmente, rebaja de los derechos de aduana para las importaciones y exportaciones a fin de intensificar el comercio internacional. En una palabra, limitar al mínimo la actividad del Estado en materias económicas, sobre todo evitar que pudiera convertirse en Estado empresario. Algo semejante a lo que está pidiendo, cien años después, el llamado neoliberalismo.

  Al tercer gran problema que contemplaba nuestro país en el momento, la introducción de la ciencia y la tecnología modernas y la ampliación y mejoramiento del sistema general educativo, los radicales contestaron con la recreación de la Universidad Nacional -decimos recreación porque en realidad la vieja universidad del general Santander no había desaparecido totalmente, a pesar de la política romántica de los liberales del 50 que la redujo a sus mínimas funciones- y con la reforma educativa de 1870, que creó escuelas normales para la formación de maestros y estableció la escuela primaria obligatoria, gratuita y neutral en su orientación religiosa. Con la reorganización de la Universidad Nacional y la fundación de algunas escuelas técnicas como la Escuela de Minas de Medellín, el país comenzó a formar su primera élite técnica y empresarial y a incorporar en la enseñanza superior las modernas ciencias naturales -medicina, biología, química, física, matemática, etc.- meta que había comenzado a forjarse desde fines de la colonia con la Expedición Botánica de José Celestino Mutis, pero que no había encontrado un desarrollo real hasta que se puso en marcha la reforma educativa de los gobiernos radicales.

  Tal fue, en resumen, la obra del gobierno de la brillante generación que ha pasado a nuestra historia con la denominación de «los radicales». Ahora bien, como lo insinuamos al comienzo de este artículo, tal obra ha sido evaluada en muy diversas formas por los historiadores. Los que insisten en aspectos para ellos negativos, afirman que sus reformas políticas y constitucionales, al otorgar a los ciudadanos extremados derechos políticos como el sufragio universal o libertades como la libertad de prensa y pensamiento, o al instaurar el federalismo como forma de organización del Estado, el país fue puesto al borde permanente de la anarquía. De su reforma económica se afirma que fue perjudicial porque, al establecer la libertad completa de mercado y, sobre todo, de rebajar las tarifas de importación, se arruinaron las incipientes manufacturas nacionales, que se supone eran el germen de una industria nacional. Llevada al extremo esta opinión, como lo hizo el economista norteamericano McGreevey, con dicha política el país se ensombreció. Para los críticos de su reforma educativa, ésta condujo a un enfrentamiento con la opinión mayoritariamente católica de la nación y a un deterioro de las relaciones con la Iglesia, que agravó la situación conflictiva de la época. Estas críticas, no está por demás decirlo, son las mismas que hacían en su momento los sectores conservadores del país, representados por las figuras de Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez.

 

   

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Periódicos radicales



  A sus críticos, los defensores de las reformas radicales han respondido que ya era tiempo de sacar al país del atraso social, político y económico en que lo había dejado la dominación colonial española e introducirlo, corriendo todos los riesgos posibles, en las orientaciones del mundo moderno. En el campo de las reformas materiales, afirman, se diseñó el primer plan de desarrollo de los transportes nacionales; se inició la construcción de ferrocarriles y se estableció la navegación a vapor en el río Magdalena, un proyecto iniciado por Bolívar y Santander desde la época de la Independencia, pero que no había logrado hacerse una realidad. Siguiendo la misma línea de cambios se estableció el telégrafo y se inició la construcción de plantas para el alumbrado eléctrico en Bogotá y en otras ciudades del país. En el plano político se otorgaron a los ciudadanos los derechos y garantías que se les concedían en los países civilizados, y que por lo demás habían sido concedidos con diferentes matices por todas las constituciones que el país tuvo una vez conquistada su independencia de .España, derechos que, al menos teóricamente, con excepción quizás del extremado federalismo, ninguno conducía necesariamente a la anarquía. De las reformas económicas afirman que el país no tenía alternativas diferentes al libre cambio estimulando la iniciativa privada y la exportación de lo único que se podía exportar en ese momento, a saber, materias primas como tabaco, quina, algodón, añil o café, única manera de incorporar el país al mercado internacional y de obtener los recursos para adquirir los elementos tecnológicos que se requerían para impulsar el desarrollo económico. Esa era, por otra parte, la política económica acogida por los sectores conservadores opuestos a la política de los radicales. Otra alternativa no parecía posible ni realista.

  Como ocurre en general con todos los períodos de nuestra historia, sobre este de los gobiernos radicales de nuestro siglo XIX hay todavía muchos aspectos por aclarar y enjuiciar debidamente. Lo que es indudable, es que los radicales hicieron un gran esfuerzo por incorporar el país al mundo moderno o, como decían ellos mismos, por hacerlo partícipe de los progresos materiales y culturales de su época.

                                                                                                          

BIBLIOGRAFIA

MOLINA, GERARDO. Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914. Bogotá. Tercer Mundo, 1971. Reed.: Tercer Mundo, 1987.

LIEVANO AGUIRRE, INDALECIO. Núñez. Bogotá, Librería Siglo XXI. 1946. Reed.: El Ancora, 1985. El proceso de Mosquera ante el Senado. Bogotá. Librería Colombiana, 1966. Reed.: Tercer Mundo,1987.

PEREZ AGUIRRE, ANTONIO. Los radicales. Bogotá. Ed. Cromos, 1941.

RODRIGUEZ PIÑERES, EDUARDO. El Olimpo Radical. Bogotá. Librería Voluntad, 1950.

DELPAR, HELEN. Rojos contra Azules. El partido liberal en la política colombiana, 1863-1899. Bogotá. Procultura, 1994.

A la anterior bibliografía. Credencial Historia agrega:

JARAMILLO URIBE, JAIME. El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Bogotá, Temis, 1956; 3a. ed.: 1982.

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