Centenario del golpe de Marroquín: entre la intransigencia y la conjura

Por: Marín Taborda, Iván

 

Revista Credencial Historia


JUNIO 2000.

     

31 de julio de 1900
Centenario del golpe de Marroquín
Entre la intransigencia y la conjura.

Por: Iván Marín Taborda.

Tomado de: Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia). Junio 2000. No. 126

 

José Manuel Marroquín.
Oleo de Coriolano Leudo, 1924.
66 x 54 cm.
Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Conjurados del 31 de julio de 1900: Guillermo Quintero Calderón, José Vicente Concha, Miguel Abadía Méndez, Carlos Martínez Silva, Jorge Moya Vásquez, Mariano Tobar, Francisco A. Gutiérrez, Luis Martínez Silva, Lisandro Leiva,
Gerardo Arrubla, Juan N. Méndez, Santiago de la Guardía, Federico Montoya, Genaro Moya Vásquez, Ricardo Durán T., Jorge Vélez, Jesús Peña Rojas,
Francisco Gaitán, Enrique Barreto, José M. Durana, José B. Ortega, Clímaco Silva, Eliseo Arbeláez, Jaime Córdoba, Antonio José Cadavid, Emiliano Isaza, Pedro Ignacio Barreto, José Joaquín Pérez, Guillermo Martínez Silva, Marcelino Posada y Luis Portocarrero.

Portada de "Manifiestos y protestas del Presidente de Colombia Sr. Sanclemente, y otros documentos relativos al crimen de alta traición consumado en Bogotá el 31 de julio de 1900". Nueva York: Imprenta de Eduardo Espinosa, 1901.
Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá.

La bandera del golpe isada en el Palacio de San Carlos,
Bogotá, agosto 1 de 1900.

Unidades de la guardia cívica, formada por el personal de correos y telégrafos, actúan durante el golpe del 31 de julio de 1900.

José Manuel Marroquín.
Fotografía en la Colección José Joaquín Herrera.
Biblioteca Luis Angel Arango.

La banda de guerra de un batallón de la capital regresa
del campo de entrenamiento el día del golpe.

   

 

 

En los últimos años del siglo XIX el término intransigente parece haber sido muy corriente. En un artículo publicado en 1897 sobre la vida política colombiana, el dirigente e intelectual conservador Carlos Martínez Silva lo mencionó y el presbítero Baltasar Veléz, inspirado en él, escribió Los intransigentes, una muy lucida disertación intelectual que fue bien recibida en algunos círculos políticos, pero también muy criticada por los sectores más recalcitrantes del conservatismo y de la Iglesia, que por medio del padre Vicente María Cornejo ensayó una refutación radical publicada en 1898.

Lo cierto es que dicho término recobró toda su dimensión y significado, pudiendo ser aplicado tanto a la situación que precedió y continuó con la guerra de los Mil Días, como a los personajes políticos que en ese momento hacían parte del gobierno, y a los dirigentes de las diferentes facciones del bipartidismo.

Aunque es necesario dejar en claro que fueron muchos los factores que contribuyeron y se conjugaron en el muy caldeado ambiente político de finales del XIX y comienzos del XX, la intransigencia sólo contribuyó a cerrar posibles salidas a la evidente crisis política y económica que el país vivía por entonces. Fue así como los belicistas liberales encontraron motivos suficientes para tomar las armas sin esperar las reformas impulsadas por sus copartidarios pacifistas y por los disidentes reformistas del conservatismo, los llamados históricos.

Las anheladas reformas políticas y económicas propuestas por estos tres sectores parecían imposibles de cumplir debido al comportamiento y la mentalidad intransigente de los nacionalistas en el poder. Aunque debemos reconocer que los nacionalistas tenían también sus razones, pues los antecedentes de guerra, rebelión y exclusión política de los cuales habían sido víctimas, y las condiciones en que había quedado el Estado y el país después del período del radicalismo liberal, hacían comprensible el celo excesivo de éstos por guardar los principios de la Regeneración y los mandatos de la Constitución del 86. Es evidente que lo anterior no hacía menos comprensible y poderosos los principios y los intereses que defendían las élites de los liberales y de algunos sectores del conservatismo como los históricos. Para cualquier analista actual, unas cuantas reformas habrían sido suficientes para detener lo inevitable, la guerra, el golpe del novecientos y el debilitamiento del por sí precario Estado colombiano. Todos estos elementos se conjugaron, según muchos coetáneos, para la posterior pérdida de Panamá. En síntesis, la intransigencia no era más que un acumulado político después de varias décadas de conflictos interpartidistas.

INTERESES Y FACCIONES

Aunque los antecedentes de la crisis política y económica que va a precipitar la guerra se remontan a mediados de los años noventa, todos los sectores políticos del bipartidismo fijaron sus esperanzas de cambio en las elecciones de 1898. Miguel Antonio Caro, quien se encontraba inhabilitado, aspiraba a consolidar su proyecto político inspirado en la Constitución del 86, para lo cual se ingenió una formula que le permitiera continuar influyendo en los destinos del país. Con este propósito impulsó la candidatura de Manuel Antonio Sanclemente y para la Vicepresidencia la de José Manuel Marroquín, buscando garantizar la continuidad de los nacionalistas en el poder.

Los conservadores históricos coincidían con los liberales pacifistas en la necesidad urgente de introducir reformas políticas y fiscales. En el otro extremo, los liberales belicistas estaban atentos al desarrollo de los acontecimientos políticos, sin abandonar sus preparativos para la guerra. Finalmente, el triunfo fue para los nacionalistas y, como de costumbre, se acusó al gobierno de recurrir al fraude electoral.

Por dificultades de salud, el anciano presidente de 84 años no se posesionó, asumiendo el poder el vicepresidente Marroquín. Este administró el gobierno durante algunas semanas con una actitud conciliatoria hacia sus opositores, introduciendo algunas de las reformas políticas que venían impulsando los históricos y los liberales pacifistas. Ante esta situación, los nacionalistas reclamaron urgentemente la presencia del presidente Sanclemente, quien asumió el poder en los primeros días de noviembre de 1898. De esta forma, se le puso fin a los ochenta días de la administración Marroquín, lo cual significó, además de una frustración para los sectores reformistas, un endurecimiento de la situación política.

Por su avanzada edad el presidente se vio precisado a trasladar su residencia y parte del gobierno, de la fría Bogotá a zonas más cálidas y propicias para su delicado estado de salud; inicialmente se trasladó a Anapoima, posteriormente a Tena y definitivamente se estableció en Villeta. Todos estos factores fueron aprovechados por la oposición y sus enemigos políticos.
A la inestabilidad política se sumó la recesión ocasionada por la caída de las exportaciones y los precios internacionales del café, que incidió de manera directa en las importaciones, lo cual a su vez afectó los ingresos de aduana, de los cuales derivaba el Estado la mayor parte de sus ingresos. De esta forma, el gobierno debió enfrentar una grave crisis fiscal que procuró atender reduciendo el número de efectivos del ejército, para lo cual alcanzó a licenciar en junio, antes del comienzo de la guerra civil, unos mil hombres.

En la copiosa correspondencia de los meses previos a la guerra, Sanclemente instruyó a su ministro de Hacienda Carlos Calderón para que realizara gestiones con el fin de conseguir empréstitos internos y/o externos. Allí expresa su preocupación por solucionar la escasez de circulante sin tener que recurrir a las emisiones de papel moneda, que sería la medida más expedita para conseguir recursos, pero también la que contaba con más enemigos, sobre todo por parte de los opositores al gobierno y de la elite económica.

El convulsionado ambiente político en el marco de la grave crisis económica y fiscal harían cada vez más difíciles las posibilidades de maniobra de la administración Sanclemente. Los sectores de oposición que buscaban una salida política a la crisis, cada vez más atentos a criticar cualquier decisión del gobierno, contribuían directa e indirectamente a fortalecer la posición de los liberales guerreristas. Una prueba de ello se dio en agosto de 1899 con el acuerdo número 3, en el cual los dirigentes históricos retiraron el apoyo de los conservadores al gobierno nacionalista, señalando tanto a la pasada administración de Miguel Antonio Caro como a la de Sanclemente del descalabro fiscal y económico del país y de la crisis política.

Sin embargo, es importante anotar que desde el mismo arribo de Sanclemente al poder, ya se conocían los preparativos de una inminente revolución y es obvio que el gobierno debía saberlo. Con o sin reformas, para los liberales belicistas la guerra se había convertido en un imperativo, por lo cual sólo esperaban el momento propicio para dar comienzo a las acciones. El 18 de octubre de 1899 se inició la guerra, aunque su desarrollo demostró que aún no estaban suficientemente preparados,

El estallido de la guerra no sólo fue la culminación del agitado panorama político del año 99, sino un reacomodamiento de los diferentes sectores políticos; como bien lo sostiene el historiador norteamericano Charles Bergquist, "cuando estalló la guerra [...] muchos grupos de la clase alta colombiana no se sintieron muy descontentos con el rumbo que tomaban los acontecimientos. Algunos nacionalistas indudablemente recibieron con buenos ojos la guerra, que permitía librarse de la camisa de fuerza fiscal impuesta al gobierno por la ilegalidad de las emisiones de papel moneda en tiempos de paz. También debieron los nacionalistas considerar la guerra como un medio para reunificar bajo su dirección el partido conservador sin tener que hacer concesiones a los conservadores históricos. Para éstos, por su parte, el estallido de la revuelta liberal concedía la razón a sus predicciones respecto a las consecuencias de la política intransigente de los nacionalistas [...] Pero pronto se vieron forzados los conservadores históricos a modificar sus planes a medida que las masas del partido iban desconociendo las consignas de sus jefes y se precipitaban a apoyar al gobierno en la batalla contra sus eternos enemigos, los liberales".

El desarrollo de los acontecimientos rápidamente iba desbordando los cálculos de los sectores involucrados en la conflagración. El gobierno se vio fortalecido en su posición por el apoyo de los nacionalistas y de gran parte de las masas del partido conservador; pero también recibió el apoyo de algunas figuras importantes de los históricos, los cuales elaboraron un manifiesto enviado al gobierno el 11 de noviembre, a los pocos días de iniciada la guerra. Este respaldo le permitió a los históricos ir ganando puestos al interior del gobierno y del ejército. De otra parte, los liberales pacifistas perdieron espacio frente a los belicistas que captaron gran parte de la adhesión de sus correligionarios. Sin embargo, cada facción estaba tan empeñada en sus razones políticas que no era fácil encontrar una salida distinta a la guerra.

ANTECEDENTES DE UNA CONJURA

A pesar de la complejidad de la crisis y de todos los problemas de los cuales era acusado el gobierno --inclusive de la fragilidad del régimen--, la administración de Sanclemente enfrentó dos de las más importantes y cruentas batallas de la guerra de los Mil Días. La de Peralonso a mediados de diciembre de 1899, en la cual los liberales salieron triunfantes, después de lo cual se apresuraron a enviarle al gobierno una propuesta de paz que el presidente rechazó. Y en mayo de 1900 la de Palonegro, en donde fuerzas del gobierno derrotaron en forma decisiva a los liberales; como sostiene Bergquist, "...el ejercito liberal no se recobró jamás de Palonegro".

Los desafueros de la guerra alarmaron a algunos sectores de la élite que empezaron a contemplar posibles salidas de carácter extralegal para poner fin a la confrontación. De esta forma, los históricos inician en el mes de mayo una serie de contactos que permitieran el retorno del vicepresidente, quien durante su breve gobierno había demostrado ser más proclive a las reformas y muy seguramente a pactar la paz. Con este fin, se intensifica la campaña de desprestigio del presidente. La verdad es que la administración Sanclemente nunca tuvo una imagen positiva, lo que facilitó que sus enemigos políticos argumentaran la incapacidad del mandatario para dirigir el país, basándose en su situación de salud y en su longevidad.

En varios círculos políticos se difundieron rumores sobre la condición senil del presidente, a lo cual se sumaron las acusaciones de total desgobierno. Para demostrarlo argumentaban que el gobierno estaba dividido entre Villeta y Bogotá, y que varios altos funcionarios poseían sellos facsimilares con la firma del presidente, lo cual se prestaba para cometer abusos y actos de corrupción. Además, se decía que quien verdaderamente mandaba era su ministro de Gobierno, Rafael María Palacio. Estas acusaciones, aunque exageradas, pues no reconocían los esfuerzos de Sanclemente para enfrentar la crisis y conducir la guerra, fueron minando su administración (ver Credencial Historia Nº 6, p. 14).

En la organización del golpe participaron 31 históricos entre civiles y militares, pues algunos de ellos habían logrado ingresar al ejército y al gobierno. A mediados del año de 1900 se iniciaron conversaciones, primero con Marroquín para ofrecerle el gobierno, lo cual aceptó, facilitando la viabilidad del golpe. Después, se realizaron contactos con el más importante dirigente liberal pacifista, Aquileo Parra, con quien se llegó a acuerdos para detener la guerra y firmar un generoso proceso de paz y a la vez impulsar reformas políticas con la participación de los liberales.

El siguiente paso fue la propia organización del golpe. El ministro de Guerra, Manuel Casabianca, lo facilitó indirectamente al nombrar como comandante de las fuerzas de Sumapaz al general Jorge Moya Vásquez, uno de los 31 históricos del complot. El general Moya, con una fuerza de mil hombres, se desplazó desde Soacha amenazando marchar sobre Villeta y, efectivamente, tomó camino hacia Bogotá, a donde llegó en las horas de la tarde del 31 de julio. Pero la actitud indecisa de gran parte de los oficiales del ejército y la ausencia de Marroquín hicieron dudar a Moya del desenlace de la situación y renunció ante el general Casabianca.

Sin embargo éste, aunque sin apoyar el intento de golpe, permitió que la situación continuara su curso, lo cual creó tensión entre las diferentes guarniciones presentes en la capital, que debieron negociar. Finalmente entró a terciar el nefasto comandante de la policía, el general Aristides Fernández --el más sanguinario y radical de los conservadores-- famoso por la persecución y represión de liberales. Este garantizó el éxito del movimiento al desplazar una gran fuerza que instala en la plaza de San Agustín, concluyendo de esta forma la actitud temerosa y dubitativa de los golpistas. Como reconocimiento, el nuevo presidente hará de Fernández uno de los personajes más influyentes de su gobierno. Más tarde apareció Marroquín para consolidar el golpe y a las 11 de la noche, 21 salvas de cañón anunciaron la posesión del vicepresidente como nuevo jefe del poder ejecutivo.

Mientras tanto, en Villeta aún no se tenía noticia de lo sucedido. El 2 de agosto una fuerza de 300 hombres, movilizada desde Facatativa al mando del general Eliseo Arbeláez, se dirige a Villeta. La guarnición que protegía al presidente estaba compuesta por unos 500 hombres, pero las órdenes emitidas desde Bogotá permiten que las fuerzas se unan a los golpistas, sin encontrar resistencia ni disparar un solo tiro. El 3 de agosto el general Arbeláez manifiesta al "Dr. Sanclemente que el Excmo. Sr. Vicepresidente de la República se había encargado en Bogotá del poder ejecutivo...."

Desde el momento de su posesión, Marroquín dejó sentado que él no sería "instrumento" de ningún sector político y, aunque reconoció que el golpe se había dado gracias a las gestiones de los históricos, desde el comienzo dejó muy en claro que no se dejaría "manipular" por nadie y que era él quien mandaba.

De esta forma, continuó la guerra por dos años y medio, y los anhelos de reformas y de cambios políticos de los históricos y de los liberales pacifistas se vieron aplazados indefinidamente. Lo mismo sucedió con la posibilidad de firmar una paz honrosa para los liberales belicistas. En otras palabras, continuó en firme la intransigencia en la política y en los espíritus de todos los comprometidos en el conflicto.

Así, la llegada de Marroquín no podía ser más decepcionante, pues el golpe significó la continuidad del régimen nacionalista. En este sentido, el golpe no sólo terminó siendo absurdo, sino que fue un profundo fracaso político para todos los sectores comprometidos en él. Según el historiador Luis Martínez Delgado, un grupo de conservadores arrepentidos intentó en dos oportunidades restablecer al presidente Sanclemente. En una de ellas se contó con el apoyo del ministro de Guerra de entonces, Pedro Nel Ospina, pero ambas fracasaron.

En los cuatro años que faltaban del período de gobierno, Marroquín debió enfrentar dos hechos contundentes: la prolongación de la guerra con toda su capacidad destructiva y con sus expresiones de terror, esta vez en forma de guerra de guerrillas, y un hecho aún peor, el desmembramiento del territorio nacional. En 1903, un año después de firmada la paz, Panamá dejaría de hacer parte de Colombia

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