EDICIÓN 41 - MAYO 1993

Motivo de agrias disputas entre liberales y conservadores a principio de siglo, de posiciones divergentes en el seno de un mismo partido, de disputas entre jerarcas de la Iglesia colombiana con la Santa Sede como sucedió en 1942 como consecuencia de la celebración de la Convención Maglione - Echandía que reformaba algunos aspectos del Concordato de 1887, de largos debates promovidos por eminentes ciudadanos procedentes de múltiples y variados sectores políticos durante las sesiones parlamentarias dedicadas al estudio del proyecto de ley aprobatoria del Concordato Palmas-Vázquez Carrizosa de 1973, las relaciones concordatarias con la Iglesia católica plantean, sin duda, una serie de interrogantes ante las cuales nadie puede quedar indiferente: efectos civiles del matrimonio católico, disolución del vínculo matrimonial por causales consagradas en el código canónico o en la ley colombiana, régimen canónico especial en zonas marginadas del país, libertades de culto y pensamiento, educación religiosa, y muchos otros temas que tocan aspectos relacionados con la vida cotidiana de las personas y sus derechos fundamentales.

Reforma concordataria de 1942

A pesar de los ambiciosos propósitos contenidos en la reforma presentada por el gobierno nacional ante la Santa Sede, la Convención de 1942 se limitó a modificar aquellos aspectos más controvertidos del Concordato de 1887. Para negociar su reforma, el gobierno nombró como embajador plenipotenciario ante el Vaticano al ex presidente Enrique Olaya Herrera, quien se hallaba en Roma cuando ocurrió la aprobación de la reforma constitucional de 1936, que provocó la protesta de la Santa Sede porque abrogaba las disposiciones en favor de la Iglesia y violaba el Concordato al consagrar las libertades de cultos y de conciencia. La muerte de Olaya Herrera sobrevino antes de comenzar su misión. En su reemplazo fue designado Darío Echandía, quien tuvo a su cargo llevar las negociaciones de reforma durante siete años, hasta su culminación con la firma del Convenio el 22 de abril de 1942.

Los propósitos contenidos en la reforma presentada por el gobierno ante la Santa Sede eran ambiciosos. En su memorándum de julio 5 de 1937, el embajador Echandía propuso una reforma total del Concordato vigente; sus aspectos fundamentales fueron los siguientes: Incompatibilidad de los artículos 12, 13 y 14 del Concordato de 1887 con el principio de libertad de enseñanza, tal como está consagrado en la Constitución de 1936 y, en su lugar, garantía de libertad de enseñanza a la Iglesia. Carácter facultativo del matrimonio civil aun para los católicos bautizados, sin necesidad de declaración previa de los contrayentes sobre su fe religiosa. Competencia de los tribunales civiles en las causas que afecten el vínculo del matrimonio y la separación de los cónyuges, así como en los que se refieren a la validez de los esponsales. Terminación por mutuo acuerdo de los Convenios sobre Misiones y sustitución de los mismos por un convenio sobre las siguientes bases: los territorios de misiones serán determinados por el gobierno, así como la nacionalidad de los misioneros; los vicarios y prefectos apostólicos deberán ser de nacionalidad colombiana y, cuando ello no fuere posible, dependerán de un arzobispo especial de misiones, de nacionalidad colombiana; las misiones estarán sujetas a la inspección del Estado y deberán rendir cuenta comprobada de los auxilios que reciben.

En su primera contrapropuesta, la Santa Sede manifestó que podría estudiar posibles reformas del Concordato, "siempre que se conserven sus disposiciones sustanciales y que las modificaciones tengan carácter de verdadera oportunidad y respeten la naturaleza de la Iglesia, su doctrina y su misión en una nación tan católica como Colombia", declaración que le restaba a la propuesta colombiana el carácter de reforma global que tenía. Las nuevas propuestas del gobierno nacional así como las observaciones de la Santa Sede, durante tan largo período de negociación, hicieron que la Convención de 1942 se limitara a modificar los puntos más controvertidos de la relación entre las dos potestades.

Así, la Convención de 1942 se limitó a modificar aquellos aspectos más controvertidos del Concordato de 1887, especialmente en lo relativo a cuatro aspectos principales: el procedimiento de consulta para la elección de arzobispos y obispos, los efectos civiles del matrimonio católico, la competencia de los jueces del Estado para las causas de separación de cuerpos de los matrimonios católicos, y el traspaso a las autoridades civiles de los cementerios que estaban a cargo de las autoridades eclesiásticas.

En cuanto al nombramiento de arzobispo y obispo diocesano, o de un coadjuntor cum iure successionis, la Santa Sede se comprometía a comunicar el nombramiento del candidato al presidente de la República, para cerciorarse de que éste no tenía objeciones de carácter político que oponer al nombramiento. Sin duda, los excesos de monseñor Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, aún eran recordados por las autoridades colombianas. La cláusula sobre los efectos civiles del matrimonio católico no modificó la ley 54 de 1924 (Ley Concha) ni permitía al bautizado elegir entre el matrimonio civil y la forma canónica. El excesivo reglamentarismo del registro civil de los matrimonios católicos no ocultaba la confirmación de la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos para las causas de nulidad matrimonial, las dispensas del matrimonio nato y no consumado, y el procedimiento relativo al privilegio paulino (autorización dada por san Pablo a quien se convierta al catolicismo de abandonar a su cónyuge que permanece en el paganismo, si éste no acepta su conversión).

El único cambio fundamental aparecía en el artículo 10 de la Convención, que decía: "La Santa Sede consiente que las causas de separación de cuerpos sean juzgadas por los jueces del Estado". Al respecto, la Santa Sede, en nota del 4 de abril de 1942, solicitó una garantía "para proceder, en la materia, a una reforma, que no dejará de provocar sorpresas en el clero y en los católicos de Colombia". El embajador Echandía, para salvar la Convención, se vio en la obligación de aclarar en nota del 6 de abril, que se aplicaran en tales juicios "no sólo las causales de separación previstas por las leyes del Estado, sino también aquellas de carácter puramente religioso contempladas en el Código de Derecho Canónico, como la apostasía de uno de los cónyuges, el peligro de perversión irreligiosa o moral del otro, o la educación católica de la prole"; a la luz de estas interpretaciones, la competencia de los jueces del Estado para la separación de cuerpos de cónyuges casados católicamente se convertía en una victoria pírrica. Finalmente, el traspaso de los cementerios a las autoridades civiles, tenía como propósito dar por terminada la controversia creada por la ley 92 de 1938, declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de marzo 18 de 1941, por ser violatoria del Concordato de 1887.

La Convención Maglione-Echandía fue violentamente criticada por el partido conservador, así como por la jerarquía eclesiástica colombiana, razón por la cual el gobierno se abstuvo de ratificarla, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso Nacional mediante la ley 50 de 1942. El fracaso de la Convención demostró que una reforma concordataria no puede llevarse a cabo bajo la dirección y responsabilidad del partido liberal sin contar con el respaldo del partido conservador, y menos sin la participación y apoyo de la jerarquía eclesiástica colombiana, lecciones que serían acatadas por las partes durante futuras negociaciones.

El Concordato de 1973

La Convención Maglione-Echandía de 1942 permitió sentar las bases esenciales para el Concordato de 1973, que culminó con el establecimiento de un nuevo régimen convencional para las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. Tal como lo señala Germán Cavelier en su obra "Las relaciones entre la Santa Sede y Colombia", la reforma que se llevó a cabo por medio del plebiscito de 1957 restableció en la Constitución el preámbulo de la de 1886, con la invocación a Dios y el reconocimiento de ser la religión católica la de la Nación, lo cual sirvió "para que la Nación en general y el partido conservador en particular aceptaran el contenido de la reforma de 1936 como parte de la Constitución que ya no quedaba sujeta a debate". Además, institucionalizado el Frente Nacional y dejada de lado la posibilidad de resucitar la Convención Maglione-Echandía, quedaron reunidas las condiciones para volver a proponer una reforma total del Concordato de 1887. Durante la administración de Carlos Lleras Restrepo, una vez realizados los primeros estudios preliminares bajo la dirección del canciller Germán Zea Hernández, al llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Alfonso López Michelsen manifestó "el viejo anhelo de actualizar el Concordato vigente", y nombró como embajador ante la Santa Sede al experto veterano en asuntos concordatarios, Darío Echandía. En abril de 1969, el embajador de Colombia ante la Santa Sede presentó un memorándum sobre la necesidad y conveniencia de introducir algunas reformas a la Convención de Misiones, firmada el 29 de enero de 1953 por el nuncio apostólico Antonio Samoré y por el ministro de Relaciones Exteriores Juan Uribe Holguín. Finalizó el período del presidente Lleras Restrepo sin que se iniciaran negociaciones.

Por ello, el ministro de Relaciones Exteriores de la administración Pastrana, Alfredo Vázquez Carrizosa, consultó la opinión del embajador Echandía, quien sugirió que se solicitara nuevamente la reforma del Convenio de Misiones de 1953, así como la reforma de la Ley Concha. En su mensaje al Congreso, el 20 de julio de 1971, el presidente Pastrana manifestó: "El gobierno estima que ha llegado el momento de iniciar, dentro de la completa armonía de las dos potestades, las negociaciones tendientes a la reforma del Concordato vigente con la Santa Sede". Se constituyó una Comisión de estudio para la reforma del Concordato en Colombia, integrada por Antonio Rocha y Aurelio Caicedo Ayerbe, como consejeros especiales del gobierno, y por los monseñores José de Jesús Pimiento, Darío Castrillón y el padre Jorge Ardila, como consejeros del negociador designado por la Santa Sede, quienes después de 44 sesiones de trabajo presentaron en diciembre de 1972 un proyecto de Concordato a consideración de las partes. El 12 de julio de 1973 fue firmado en Bogotá el nuevo Concordato por el nuncio apostólico, monseñor Angelo Palmas, y por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Alfredo Vázquez Carrizosa. El Congreso impartió su aprobación mediante la ley 20 de 1974, y el tratado entró en vigor el 1 de julio de 1975, al canjearse los instrumentos de ratificación en la Ciudad del Vaticano.

Los aspectos que habían sido tratados en la Convención de 1942, fueron evacuados y aprobados rápidamente por la Comisión de estudio para la reforma del Concordato. Los efectos civiles del matrimonio católico fueron reconocidos mediante una redacción muy sobria en el artículo 7: "El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico". En cuanto al procedimiento del registro civil, quedaron eliminados los excesivos formulismos que figuraban en el texto anterior. Al derogarse el Concordato de 1887, y más especialmente el retrógrado artículo 17, así como la apostasía consagrada en la Ley Concha, el régimen matrimonial debe entenderse con el carácter opcional con que figuraba en el memorándum del embajador Echandía presentado a la Santa Sede el 5 de julio de 1937: un bautizado puede casarse por lo católico o por lo civil, sin tener que apostatar previamente. Para las causas relativas a la nulidad o a la disolución de los matrimonios canónicos, el Concordato de 1973 se mantiene dentro de los términos del artículo 9 de la Convención Maglione-Echandía, con lo cual se excluye la posibilidad de un divorcio civil del matrimonio católico. En cuanto a las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos, esta vez las partes contratantes convienen en que sean tramitados por los jueces del Estado, es decir que en el Concordato de 1973 se acepta plenamente este punto que había sido impuesto por el gobierno en 1942, así su alcance hubiera quedado anulado por la garantía exigida por la Santa Sede en ese momento. Para el nombramiento de arzobispos y obispos se mantiene la consulta al presidente de la República sobre sus "objeciones de carácter civil o político". El artículo 27 garantiza a la Iglesia "el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público", sin que por ello vuelvan a presentarse las controversias anteriores.

La Convención Maglione-Echandía facilitó el establecimiento de un nuevo régimen convencional para las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. Al despejar el camino en lo referente a los puntos de mayor controversia entre las dos potestades, la Convención de 1942 facilitó el establecimiento de un nuevo régimen concordatario de carácter general en los siguientes aspectos: El Concordato de 1973 garantiza "a la Iglesia católica y a quienes a ella pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las demás confesiones y de sus miembros, lo mismo que de todo ciudadano" (Artículo 1). La libertad de fundar, organizar y dirigir, bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica, centros de educación en cualquier nivel, especialidad y rama, se entiende sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Estado desde la reforma constitucional de 1936. La autonomía de la Iglesia católica para establecer, organizar y dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de religiosos, ya consagrada en la legislación vigente, fue reiterada en el artículo 10 del Concordato de 1973, y también se fundamenta en la filosofía que sustentó la Convención Maglione-Echandía. Lo referente a misiones, que no había quedado en la Convención de 1942, pero sí figuraba entre las propuestas de Echandía de 1973, aparece expresamente consagrado en el Concordato Palmas-Vázquez Carrizosa: desaparece el concepto político territorial de misiones que tanto se había criticado desde 1887 y, para evitar que las poblaciones quedasen desamparadas, la Iglesia se compromete a diseñar "un régimen canónico especial" para esas zonas marginadas. Desde ese punto de vista, podemos apreciar que los planteamientos del gobierno para llegar al acuerdo Maglione-Echandía fueron utilizados posteriormente dentro del contexto de la negociación Palmas-Vázquez Carrizosa.

Para concluir, vale la pena recordar unas palabras de monseñor Angelo Palmas, pronunciadas en el momento de la firma del Tratado, que ilustran los verdaderos propósitos de los acuerdos entre ambas potestades: "La Iglesia y el Estado, al estipular este Concordato, han querido manifestar, no una voluntad de dominio, sino el sincero deseo de auténtico servicio al bien de la persona humana y la comunidad, consideradas así sus exigencias temporales y eternas a la luz de las nuevas circunstancias que son propias de nuestro tiempo".