Amnistía e indultos, siglos XIX y XX

Por: Aguilera, Mario

 

 

 

Revista Credencial Historia


MAYO 2001.

   
 

Amnistías e indultos, siglos XIX y XX.
Por: Mario Aguilera.

Tomado de: Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia). Mayo 2001. No. 137

 
 






 
 

La amnistía y el indulto han sido dos instrumentos jurídicos de uso corriente a lo largo de nuestra agitada historia republicana; sin ser completamente exhaustivos, podríamos señalar que se han expedido 63 indultos y 25 amnistías, desde 1820 hasta la actualidad (ver recuadro). Esas soluciones extremas, autorizadas reiteradamente en nuestras constituciones, han sido usadas para descriminalizar u olvidar el delito y la pena, en el caso de la amnistía, y para despenalizar o anular la pena, en el caso del indulto.

Las dos medidas se inscriben dentro de la iniciación y finalización de procesos de negociación entre el Estado y los grupos armados que pretenden la toma del poder del Estado. Por lo general, la amnistía se ha usado al iniciar los procesos de negociación, como una forma de reconocimiento del delincuente político y para facilitar la negociación. El indulto tiende a ser usado al finalizar los procesos de negociación, cuando el Estado ha superado la crisis y busca disminuir la enemistad y el encono de los derrotados.

Las amnistías e indultos han emanado en primer lugar de los grandes jefes de los conflictos armados o del poder ejecutivo, autorizado por normas extraordinarias. En nuestra historia de guerras y reconciliaciones han sobresalido por dictar el mayor número de indultos y amnistías los presidentes Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, y el vicepresidente José de Obaldía. Secundariamente, esos beneficios han sido expedidos por el Congreso y las Asambleas Legislativas del Estado o por Asambleas Constituyentes.

Las dos medidas se han otorgado con condiciones. Las más reiteradas han sido la entrega de armas y la obligación de presentarse a las autoridades en un plazo determinado. También hubo la tendencia a exceptuar de esos beneficios a los cabecillas de las acciones contra el Estado, como a las autoridades y militares que se pasaban a las filas del bando enemigo; sin embargo, esa excepción se levantaba al poco tiempo con la expedición de nuevas amnistías e indultos. Esa duplicación de medidas, sumada a la proclividad en expedir normas de cobertura regional, al ritmo de las victorias o de los procesos de negociación, tienen mucho que ver con el incremento numérico de tales beneficios, particularmente en lo que respecta al siglo XIX.

Los señalados beneficios han sido usados mayoritariamente para delitos políticos y en ocasiones muy significativas, como veremos luego, para delitos comunes. En principio se trataría de un tratamiento especial para aquellas conductas que persiguen un cambio en el orden político y que se inspiran en motivaciones nobles y altruistas. Sin embargo, conductas comunes han quedado cobijadas por estos instrumentos jurídicos debido a que el delito político, sobre todo en el último siglo, se ha presentado vinculado a tipos delictivos como el secuestro, la extorsión, el homicidio, etc. En ese sentido es ilustrativa la amnistía expedida el 19 de noviembre de 1982, que en forma amplia e incondicional extendió el beneficio a los delitos conexos con los políticos, excluyendo tan solo los casos de sevicia, barbarie y terrorismo. En otras ocasiones, en cambio, se han excluído de los delitos conexos a tipos penales como el secuestro, la extorsión y el homicidio; tal es el caso de los indultos y amnistías de los últimos años.

El delito político, como delito complejo en el que había que determinar el medio y el fin, ha quedado vaciado de contenido con la sentencia de la Corte Constitucional que, en 1997, derogó el artículo 127 del código penal que excluía de pena a "los hechos punibles cometidos en combate", siempre que no constituyeran actos de ferocidad y de barbarie. Con ese fallo, cobran autonomía los delitos cometidos en combate, se acaba con el estatus del rebelde violento y prácticamente se expulsa el delito político del ámbito jurídico. En adelante, le corresponde al Congreso o a los políticos definir el alcance de las negociaciones con los grupos insurgentes, las conductas sujetas a beneficios y los límites del perdón y el olvido.


AMNISTIA E INDULTO PARA DELITOS COMUNES

El indulto y la amnistía han cobijado a conductas comunes, no solamente cuando se trata de delitos conexos con los políticos; también registramos que esas figuras han sido aplicadas en forma autónoma y deliberada al delito común. Se han aplicado a delitos comunes graves, como el homicidio o el desfalco de las rentas públicas, y para delitos leves, como la injuria, la calumnia o la deserción. En ocasiones, las leyes o decretos con esos beneficios han sido expedidas con nombres propios, o sin ellos, pero a grupos de individuos identificables por hallarse en determinadas situaciones jurídicas.

Variados son también los motivos que indujeron a las autoridades a amnistiar o indultar a delincuentes comunes: una causa más corriente que lo que insinúa la lista de amnistías e indultos es la liberación de presos para servir en las guerras. A mediados de siglo XIX, la liberación de presos por ese móvil o por motivos enteramente políticos se tenía como una de las causas de la impunidad y por ello se criticaba a las asambleas legislativas de los Estados federales. Hubo también perdones fundamentados en la buena conducta de los delincuentes comunes, como en el caso de la liberación de presos en Panamá en 1850 o del perdón en 1908 al autor del "crimen del Aguacatal". Asi mismo se pueden apreciar indultos originados en la idea "resocializadora" de incorporar a la sociedad a los de reos, fugitivos o no, de delitos comunes castigados con penas leves, e incluso graves. Igualmente se aprecian actos de magnanimidad de las autoridades frente a los transgresores de sus medidas, como es el caso del perdón en 1857 a los que protestaron por la aplicación de la pena capital a Juan Niño.

USO SIMULTANEO PARA DELITOS POLITICOS Y COMUNES

Del cuadro también se desprende una conclusión muy importante: en momentos claves de la vida política del país, las dos figuras se usan simultáneamente, tanto para delitos políticos como comunes. Esa coincidencia parece surgir en la conclusión de procesos de guerra o de violencia y como preámbulo o finalización de importantes eventos constitucionales que le han cambiado el rumbo al país. En 1820 y 1821, hubo perdón y olvido para delitos políticos y comunes, enseguida del triunfo definitivo de los ejércitos patriotas sobre los realistas; actos jurídicos que se enmarcan en los congresos fundadores de la República de Colombia y de la Gran Colombia. Luego, en la antesala de la convención de Rionegro que expidió la Constitución de 1863, y como un acto de olvido previo a esa "gran convención", se desocuparon las cárceles del país al otorgarse la amnistía y el indulto general. Al despuntar el siglo XX, en 1908, en un clima de acuerdo entre los partidos y con el deseo de olvidar las guerras y perpetuar la paz, la Asamblea Constituyente y Legislativa declaró prescrita la pena para los militares que al servicio del gobierno o de la "revolución" hubieran incurrido en delitos políticos y comunes tanto en última guerra civil como en todas las anteriores. Posteriormente, en 1954, luego de las fases más críticas de la violencia bipartidista, y al comenzar el Frente Nacional, en 1958, se expidieron sendos decretos con beneficios para los delincuentes políticos, que terminaron aplicándose indiscriminadamente a otras conductas consignadas en el código penal, dada la forma en que se definió al delito político como aquel "cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno, o que pueda explicarse por extralimitación en el apoyo o adhesión a éste, o por aversión o sectarismos políticos".

EXCLUSION DE LOS DELITOS COMUNES

La tendencia a excluir los delitos comunes de los beneficios extraordinarios de amnistía e indulto, como de los diversos procesos de negociación de la paz, ha permitido generar condiciones favorables para avanzar en la idea de la humanización de los conflictos y ha contribuido de alguna manera a que los alzados y los defensores del orden apelaran al juzgamiento en consejos de guerra de los que delinquieran en el curso de las acciones armadas, así fuera a veces para tratar de limpiar la mala imagen generada por reiterados comportamientos al margen del derecho humanitario.

Con todo, la exclusión de los delitos comunes de los acuerdos de paz no siempre ha significado la apertura de investigaciones penales o la imposición de penas después de un objetivo proceso judicial o el cumplimiento de las mismas en los establecimientos carcelarios. En primer lugar, porque a lo largo de la historia colombiana han existido diversas manifestaciones de politización de la justicia, en el sentido de que algunos gobiernos no estuvieron muy interesados en juzgar las actuaciones de las tropas que habían salido en su defensa. Un caso muy publicitado en el siglo XIX ocurrió luego de la guerra de 1876, cuando a pesar de las prevenciones y de las críticas del partido conservador, fue exonerado de todo cargo el general David Peña, acusado de pillaje y de otros actos de barbarie contra civiles la noche del 24 de diciembre de 1876. Más recientemente, en el siglo XX, la justicia penal militar, es decir la justicia aplicada a los militares, fue reiteradamente acusada por generar impunidad, situación que se ha tratado de corregir con la ley 522 de 1999 que contempla la limitación al fuero militar, la restricción de la "obediencia debida" como factor eximente de la responsabilidad para el subalterno, y la exclusión de los delitos de lesa humanidad del fuero militar. De otra parte, hay que tener en cuenta que la comisión de delitos comunes por miembros de los grupos guerrilleros, en el curso del actual conflicto, tienden a quedar en la impunidad debido a que los códigos o los procedimientos penales internos de las organizaciones insurgentes son proclives a respetar jerarquías militares, muestran incongruencias entre sus normas y son demasiado indulgentes en la aplicación de penas. En este sentido, son reveladores los casos de la masacre de Machuca ejecutada por el ELN o el asesinato de los indigenistas norteamericanos perpetrado por las FARC.

En segundo lugar, sobre todo en el siglo XIX, hubo delitos comunes que pudieron ser justificados por el "derecho a la represalia" (permitido en el código militar) o porque fueron presentados como indispensables o conducentes para lograr derrotar al enemigo o para controlar la insubordinación de la tropa. En el marco de las leyes de la guerra de ese siglo, señalaba el conservador Carlos Holguín, en su informe de 1888 como ministro de Gobierno, que no era nada fácil establecer en los casos concretos la claridad jurídica para determinar la diferencia entre la delincuencia política y la común. Argumentaba que, a veces, criterios como los de determinar la intención de los autores de los hechos, la necesidad legítima de su actuación, la relación entre el hecho que se ejecuta y el fin militar que se hubiera perseguido, resultaban insuficientes para resolver un caso concreto, por lo que la definición quedaba al arbitrio del juzgador, que en teoría debía actuar con imparcialidad y sin dejarse influenciar por la "pasión política".

En tercer lugar, los procesados y sentenciados por delitos comunes, tanto en el siglo XIX como en buena parte del XX, pudieron obtener su libertad debido a los indultos y amnistías que sobrevenían en los años siguientes a la finalización de las guerras civiles y otros conflictos internos. Los indultos fueron al parecer más notorios durante el federalismo, cuando las asambleas legislativas tuvieron la potestad de otorgarlos, lo cual pudo abonar los resquemores o las motivaciones individuales que salían a flote en cada revuelta política.

Título: Amnistía e indultos, siglos XIX y XX
Lugar: Colombia


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