Los canjes y la humanización de la guerra

Por: Aguilera, Mario

 

 

 

Revista Credencial Historia


MAYO 2001.

   
 

Los Canjes y la humanización de la guerra.
Por: Mario Aguilera.

Tomado de: Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia). Mayo 2001. No. 137

 
 


 
 

El canje de prisioneros no es en manera alguna un procedimiento inusual en la historia militar o guerrera de Colombia. En el siglo XIX hubo negociaciones de canje en las guerras de independencia y en las guerras civiles. Primero fueron producto de acuerdos y pactos de honor entre las jefaturas de las fuerzas enfrentadas, y luego este mecanismo fue consagrado en el Código Militar de la Unión de 1881, que reguló las tres últimas guerras decimonónicas, la de 1885, la de 1895 y la guerra de los Mil Días. En el presente texto, abordaremos en primer lugar el tema de los presos políticos mostrando que las guerras civiles no fueron del todo "guerras caballerosas", sino que hubo una fuerte tendencia al desconocimiento de las garantías de los prisioneros y en general de las reglas del derecho de gentes que pretendían la humanización de los conflictos. Seguidamente, mostraremos la aplicación del canje como una de las forma de humanización de la guerra, algunas veces en contravía de los criterios políticos y de la legislación existente.


LOS PRESOS POLITICOS

Una de las conductas más censurables de uno y otro partido en las guerras del siglo XIX fue el maltrato y los procedimientos contra los presos capturados en combate. Aunque algunas crónicas, sobre todo las escritas por generales, se han encargado de realzar la magnanimidad de los altos oficiales de las guerras, son tal vez más numerosos los testimonios que documentan las torturas, maltratos físicos y aplicación ilegal de la pena capital a los prisioneros. No estamos planteando que esas guerras fueran totalmente bárbaras y que no se hubieran hecho enormes esfuerzos por ajustarlas al derecho de gentes; lo que subrayamos es que hubo una coexistencia compleja de conductas atroces y humanitarias, tanto en las tropas rebeldes como en la gubernamentales.

La pena de muerte tuvo diversas expresiones frente a los capturados en combate; veamos las principales: La "ley de fuga", que hacía que después de los combates cualquiera pudiera seguir la dirección de los que se alejaban con solo escuchar los tiros que se originaban en las fugas inducidas de los prisioneros. Una segunda modalidad fue la "ley del talión", que era una simple represalia por acciones de las tropas enemigas. Ese procedimiento o ley de guerra, que en muchas ocasiones hizo víctimas entre los prisioneros de los bandos enfrentados, fue primero una práctica y luego se elevó a norma en el Código Militar de 1881, como una forma de violencia legítima cuando se consideraba que no había otro medio para obligar a que el enemigo no barbarizara la guerra o respetara el derecho de gentes. De la aplicación de la ley del talión, que fue corriente en todas las guerras, basta con citar el decreto del conservador Julio Arboleda del 28 de octubre de 1861, que en su artículo 4 expresaba: "Por cada prisionero y otro individuo inocente, a quien en lo sucesivo matare o hiciese matar el tirano (Tomás Cipriano Mosquera), de un modo franco y público, se pasará por las armas a uno de los suyos. Por cada individuo que hiciese asesinar de un modo alevoso y oculto, morirán dos o más de los suyos; por cada mujer inocente que alguien mate o haga matar el tirano Mosquera, morirán tres de sus partidarios; por cada infante que sus bárbaros degüellen, morirán cuatro de los suyos; y por cada población que él y sus tenientes incendien, se pasarán por nosotros diez o más de sus partidarios". Una tercera modalidad de pena capital, más cruel y excepcional, fue la muerte por inanición. Un caso concreto fue el que ocurrió en la guerra de 1860-1862, cuando en el Cauca los conservadores dejaron morir de hambre a varios presos y luego permitieron que sus cadáveres encadenados acompañaran por algunos días a los prisioneros que quedaban vivos.

Ahora bien, si los prisioneros salvaban sus vidas, no era nada raro que soportaran malos tratos, hacinamiento e incluso torturas. Un testimonio de primera mano en la guerra de los Mil Días es el de Adolfo León Gómez, quien en su texto "Secretos del Panóptico" muestra que a comienzos del siglo XIX, en la propia capital del país, se aplicaban a los presos políticos, militares y civiles, diversos tipos de tormentos y que durante la guerra fueron mejor tratados los delincuente comunes que los políticos.

En las guerras, una de las posibilidades para obtener la libertad fue el pago de rescate. En efecto, tanto grupos regulares como irregulares incrementaron sus recursos valiéndose de ese mecanismo. En la guerra de 1876, por ejemplo, fueron apresados un miembro de la asamblea legislativa y un alcalde de una población del Estado de Cundinamarca, quienes obtuvieron su libertad mediante el pago de una crecida suma de dinero a la guerrilla conservadora.

A diferencia de las tropas regulares, las irregulares tuvieron menos interés en tomar prisioneros, dada su movilidad o la carencia de sitios adecuados para guardarlos. Cuenta Joaquín Posada Gutiérrez que en una de las primeras guerras civiles los guerrilleros del sur del país decían: "Que ellos, no teniendo paradero fijo ni edificios donde guardarlos, tenían la necesidad de matar los prisioneros". En la guerra de los Mil Días, cuando se hablaba que había que mandar el preso a "Europa" o "al otro lado del río", se entendía que había que asesinarlo.

LA PRACTICA DEL CANJE

Antes que se expidiera una normatividad o que se pensara en la necesidad de una regulación sobre las conductas y situaciones de la guerra, los canjes existieron como un esfuerzo para humanizar las guerras y se produjeron por el acuerdo o armisticio entre los contendientes. En la guerra de Independencia, un intento de canje muy conocido fue el que propuso Simón Bolívar al virrey Juan Sámano, el 9 de septiembre de 1819, unos días después de la batalla de Boyacá. En el texto, Bolívar se aparta de usar el derecho o la represalia o ley del talión, ofreciendo el canje en los siguientes términos: "El derecho de guerra nos autoriza para tomar justas represalias: nos autoriza para destruir a los destructores de nuestros prisioneros, y de nuestros pacíficos conciudadanos; pero yo, lejos de competir en maleficencia con nuestros enemigos, quiero colmarlos de generosidad por la centésima vez. Propongo un canje de prisioneros para liberar al general Barreiro, y a toda su oficialidad y soldados. Este canje se hará conforme a las reglas de la guerra entre las naciones civilizadas: individuo por individuo, grado por grado, empleo por empleo. La Angostura del Magdalena será el lugar señalado para efectuar este acto de humanidad y de justicia".

La propuesta de Bolívar, que buscaba ponerle fin a la "guerra a muerte" que se libraba entre patriotas y españoles, fue frustrada por la decisión del general Francisco de Paula Santander de fusilarlos, pese a la promesa inicial hecha al mismo Bolívar de respetar sus vidas y esperar la respuesta de Sámano. Santander tuvo varios motivos para optar por el fusilamiento de los 38 prisioneros, incluido el general realista José María Barreiro: argumentó que no existía un lugar "aislado y seguro" para mantener a los prisioneros, y que en la capital de la naciente república existía una situación de alarma y muchos temores por una nueva reacción realista. La ley de guerra que aplicó en esa oportunidad fue finalmente la del derecho a la represalia, pues en el ánimo de Santander pesó mucho que estuvieran vivas las heridas por los fusilamiento en los años anteriores de varios próceres de la independencia; explicaba Santander: "Fusilar 38 prisioneros tomados en una guerra regular, y cual se usa en los pueblos cultos, hubiera sido un suceso no inaudito pero sí escandaloso. Más fusilarlos en una guerra irregular en donde los enemigos no observan derecho alguno, en que violan hasta las consideraciones debidas a la humanidad, en que no nos tratan como a hombres sino como a bestias, es un acto de justicia y aun de necesidad. Si ellos nos degüellan cuando caemos en sus garras, ¿por qué no los podremos degollar nosotros si caen en nuestras manos?"

En la guerra civiles, en cambio, los acuerdos entre los enemigos tuvieron mayor éxito y las negociaciones llevaron en ocasiones al canje de prisioneros. En la contienda de 1876-1877, en la que los conservadores se levantaron contra los liberales, se presentó un interesante proceso de negociación en medio de la guerra, que involucró el uso de la tregua y el canje. Ese proceso fue liderado del lado gobiernista por el general Santos Acosta, director del ejército del occidente, y del lado insurgente, por el doctor Marceliano Vélez, jefe de los ejércitos de Antioquia y Tolima. Entre ellos se acordó inicialmente un cese al fuego por tres días para recoger los heridos y los muertos de la batalla de La Garrapata (20-22 de noviembre de 1876). Luego de la visita de Vélez al campamento de Acosta, se firmó otra tregua, el 26 de noviembre, para discutir durante dieciseis días un tratado definitivo de paz. Esa tregua permitió el traslado a lugares determinados previamente de los campamentos de ambos contendientes, el establecimiento de una línea divisoria entre los mismos, la prohibición para cada uno de ayudar a sus parciales en otros lugares y la fijación durante el armisticio de una zona neutral que comprendía la población de Santa Ana y el camino que de esa población conducía a Manizales. Los dos ejércitos canjearon los presos que había arrojado la batalla de La Garrapata, e incluso hubo el intento de otro canje entre presos de Bogotá y los que estaban en poder de los conservadores. Ese último canje contó con la aprobación del gobierno de la capital, que liberó a seis prisioneros conservadores por otros liberales, pero en el camino de regreso a su campamentos los conservadores fueron otra vez detenidos y reducidos a prisión. El asunto fue denunciado por los miembros de ese partido como una falta contra el honor, "una mancha a la reputación" y un acto indigno de "hombres civilizados".

EL CANJE EN LA DOCTRINA Y LOS CODIGOS MILITARES

Tratadistas y estudiosos del derecho internacional público plantearon la aplicabilidad de algunas de las normas del derecho internacional que regían las guerras entre estados, las guerras civiles o los conflictos internos. Uno de los más connotados tratadistas en esa área del derecho, el peruano Carlos Wiesse, en su texto "Reglas de derecho internacional aplicables a las guerras civiles" (1893), indicaba que los presos podían ser tratados como prisioneros de guerra y en consecuencia podían ser canjeados o puestos en libertad.

Ese criterio fue compartido por la legislación colombiana y se aplicó en nuestros conflictos internos, tal como veremos más adelante. El texto legal más significativo en el esfuerzo de regularizar las guerras del siglo XIX fue sin duda el Código Militar o ley 35 del 20 de mayo de 1881. El mismo fue expedido en el período federal por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia, en un contexto bastante prolífico en promulgación de normas, pues también se expidieron los códigos civil, fiscal, comercial y penal.

El código de 1881, que estuvo vigente hasta 1936, desarrollaba los mandatos de la Constitución de 1863 en lo concerniente a la necesidad de aplicar el derecho de gentes, consagrado en su artículo 91. En su libro IV, el Código introdujo el derecho de gentes en cuanto a la regulación de los medios para hacer la guerra, las formas de suspensión y terminación del conflicto, el tratamiento de enfermos, rehenes y prisioneros, y el procedimiento para el canje. Se pretendía con ello regular las situaciones de las guerras civiles y se aspiraba, al decir de Eliseo Payán, secretario de Guerra y Marina, a que en "nuestras frecuentes guerras civiles no volvieran a presentarse hechos atroces y de barbarie, como en otros tiempos".

El canje se definía como un procedimiento que solía ocurrir "entre beligerantes" y que debía de ejecutarse y negociarse de buena fe. El concepto de beligerancia, tan debatido en el siglo XIX, sobre todo alrededor de nuestras guerras civiles, implicaba en líneas generales tres requisitos para el grupo insurgente: demostrar una organización política de facto; dominar una parte del territorio; y ejercer actos de verdadera soberanía. Con todo y tener un grupo rebelde tales requisitos, era indispensable que se hiciera el acto de reconocimiento de beligerancia por parte del gobierno contra el cual se luchaba. El reconocimiento por el estado de la beligerancia a un grupo insurgente se traducía en la humanización del conflicto, en tanto que ello otorgaba el tratamiento de delincuentes políticos a los insurgentes y el ajuste de la guerra a las reglas del "derecho de gentes", cuya aplicación -como se decía en la época- distinguía a las "naciones civilizadas y cristianas".

En el caso del canje, su uso espontáneo apareció primero que las normas. Pero una vez promulgado el mencionado texto legal de 1881, se generó un gran debate debido a que el código planteaba que sólo procedía el canje cuando se hubiera reconocido la beligerancia al grupo insurgente. Tal punto produjo dos posiciones: los que se apegaron a la letra del código para negar la posibilidad del canje, en los casos en que no existiera el reconocimiento de beligerancia; y los que hicieron canjes tratando de humanizar el conflicto sin que se hubiera declarado la calidad de beligerante a las fuerzas rebeldes. En el primer grupo estuvo el presidente Manuel Antonio Sanclemente, un antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia que, como presidente de la República, se distinguió por su generosidad para conceder indultos a asesinos comunes, usando esa prerrogativa en tiempos de la vigencia de la pena capital, pero que negó una propuesta de canje de prisioneros planteada por Rafael Uribe Uribe, contribuyendo a limitar de esta manera los esfuerzos de algunos de los contendientes para humanizar la guerra de los Mil Días, una de las más sangrientas de toda la historia guerrera de Colombia. Sanclemente no aprobó el canje de prisioneros a comienzos de 1900, porque negaba la existencia de una guerra civil en el país, pues consideraba que el grupo de insurrectos carecía de motivos para haber "apelado a las vías de hecho para adueñarse del poder". Por ello sostenía que tales insurrectos carecían de "derecho para mantener en prisión a individuos aprehendidos por la fuerza a tiempo que cumplían con el sagrado deber de defender la Legitimidad y las instituciones patrias, mientras que los cogidos con las armas en la mano por el Ejército Nacional, son rebeldes dignos de castigo de conformidad con lo dispuesto por el código penal".
La segunda posición fue la de los que practicaron el canje sin tener en cuenta la calidad de beligerante del insurgente, lo cual puede apreciarse en la misma guerra civil de los Mil Días --en los casos que más adelante presentamos--. Tal cosa se hizo posible una vez se produjo el golpe de estado contra Sanclemente, que llevó al poder al vicepresidente José Manuel Marroquín, quien tampoco reconoció la calidad de beligerancia a los rebeldes, pero en cambio otorgó más autonomía a los generales que defendían el orden conservador.

EL CANJE EN LA ULTIMA GUERRA CIVIL

En la guerra de los Mil Días, en la que fueron notorios los actos de barbarie contra prisioneros y no combatientes, se manifestaron importantes esfuerzos por regular la guerra y ajustarla a los preceptos del derecho de gentes. Una de esas expresiones fue el canje de prisioneros del 27 de diciembre de 1901, propuesto por el general Benjamín Herrera, uno de los más destacados jefes de las tropas revolucionarias, en su calidad de "director de la guerra en el Cauca y en Panamá", al general conservador Carlos Albán, que en ese momento ostentaba el cargo de jefe civil y militar de Panamá y comandante general de las fuerzas marítimas del gobierno en el Atlántico y en el Pacífico. El canje, que se planteó para dar ejemplo y para refrenar la barbarie que se estaba apoderando de los campos de batalla, se realizó con prisioneros de guerra tomados en Tumaco y Barbacoas, y se llevó a cabo el 17 de enero de 1902, un poco antes de la medianoche, frente a las costas de Panamá. Los sesenta prisioneros oficiales de diversas graduaciones, de bando y bando, fueron despedidos con refrigerios y arengas por sus respectivos comandantes. En una de esas arengas, Carlos Albán los invitó a llevar a sus campamentos "ideas pacíficas, conciliadoras, en nombre de nuestras madres y en beneficio de la patria". Posteriormente, fueron trasladados en dos pequeños barcos que se hicieron señales para reconocerse; el intercambio se realizó en botes de a diez en diez, y una vez terminada la operación, las sirenas de ambos barcos intercambiaron señales de despedida.

El último canje de todas la guerras civiles del siglo XIX no se realizó, debido a que la guerra de los Mil Días terminó mientras se gestionaba. Dicho canje fue pactado luego del segundo triunfo de los revolucionarios en Aguadulce, en nuestro antiguo departamento de Panamá, el 27 de agosto de 1902. La llamada capitulación de Aguadulce, en la que se anuncia el canje de prisioneros, es una de la capitulaciones regionales más impactantes debido a su lenguaje caballeroso y al respeto y consideración con que se trata a los vencidos, en este caso miembros de las fuerzas gubernamentales. En la capitulación, la tropa vencida fue exonerada del acostumbrado acto de rendición, como demostración de respeto a la misma; al general del ejército vencido se le dio la posibilidad de conservar su espada "como homenaje al mérito de un defensa por muchos títulos heroica"; a los mandos superiores de las tropas vencidas se les dio una ciudad del Istmo por cárcel; y a toda la tropa prisionera se le manifestó que con aflicción los vencedores se veían forzados a no otorgarles la libertad, debido a que ellos eran el "rescate doloroso pero obligado, de miles de copartidarios que se hallan en poder del enemigo que combaten".

EL CANJE DE NUEVO A LA ORDEN DEL DIA

El canje de prisioneros se ha convertido en un asunto prioritario en el actual proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que mantienen en su poder a 528 soldados y policías. En más de dos años de infructuosos debate y en un contexto muy diferente, se han revivido las viejas polémicas de las guerras civiles: la posibilidad o no de aplicar por analogía normas usadas en los conflictos internacionales a los conflictos internos; el asunto del reconocimiento de beligerancia como causa o efecto del intercambio de guerrilleros y soldados; y el calificativo que se le debe dar tanto a la acción de la guerrilla de mantener en su poder a miembros de la fuerza pública, como a la acción de intercambiarlos por los guerrilleros detenidos en las cárceles del Estado. Las perspectivas de solución parecen ubicarse entre la expedición de una ley de canje o el llamado intercambio humanitario. En una u otra solución, lo deseable sería que se haga en el marco de un convenio más general de humanización del conflicto. Por supuesto que, cualquiera que sea la salida al problema, están claros dos puntos: el primero, que habrá un quebrantamiento al orden jurídico y que la solución se halla en el ámbito de la política; y el segundo, que no sería la primera vez que ello ocurre en relación con las guerras y las violencias que ha vivido el país. La lección de las guerra del siglo XIX, y sobre todo la de algunos generales (gobiernistas e insurgentes) de la guerra de los Mil Días, parece estar en pie: o se hace un esfuerzo por vencer los obstáculos "sacros" y "profanos" para llegar a acuerdos humanitarios, o se deja que prospere la ferocidad de la guerra, el dolor de las víctimas y la deslegitimación política de los actores involucrados en el conflicto.


Recuadro


Procedimiento para los canjes
Código Militar de 1881


Artículo 1191: Salvo estipulación en contrario, los canjes de prisioneros se efectúan hombre por hombre, grado por grado, herido por herido, por rango de antigüedad en la cautividad sin hacer diferencia de arma. Las más de las veces se estipula que los prisioneros canjeados no tomen servicio, sea durante la guerra o por un tiempo bien determinado.

Artículo 1192: En los carteles de canje debe observarse generalmente exacta reciprocidad. Sin embargo, a falta de prisioneros respectivos de un mismo grado, se puede convenir en canjear prisioneros de un rango superior por un número mayor de prisioneros de grado inferior; pero en tal caso, debe someterse el cartel a la aprobación del comandante en jefe [...]

Artículo 1195: El honor obliga al prisionero de guerra a declarar su verdadero grado a aquel por quien fuere capturado, no siéndole permitido atribuirse un grado o rango inferior con el fin de procurar un canje más ventajoso a su gobierno, ni un rango superior, con el fin de procurarse así mismo un tratamiento mejor.

 

 

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