En el decenio de los veinte el cronista Luis Tejada, cuyos cien años de nacimiento celebramos ahora, describía el desgarrador panorama social del país así: "...En nuestras fábricas, talleres y empresas de toda clase, el trabajador no goza ni de las más ínfimas garantías humanitarias ni siquiera de esas elementales condiciones higiénicas que deberían existir, no como concesiones en el contrato del trabajo, sino como medidas generales de salud pública [...] Un estado social análogo al nuestro no se encuentra ya fácilmente dentro de los límites del mundo civilizado [...] y es probable que en ningún lugar de la tierra se pueda encontrar hoy un tipo de hombre esclavizado y subyugado en la forma en que lo es actualmente nuestro proletario campesino..."

El escritor apuntaba a un problema real del país a comienzos de siglo, no sin cierta dosis de exageración literaria: la ausencia de un marco institucional que protegiera al trabajador urbano o rural y regulara el conflicto social que su injusta condición provocaba. Tejada no vivió lo suficiente para ver los cambios ocurridos en el país a propósito de sus denuncias, cambios descritos con elocuencia por los tres ensayos incluidos en esta edición de Credencial Historia.

A lo largo de este siglo han proliferado las organizaciones populares en el campo y la ciudad, pero no siempre con la permanencia, cohesión y cobertura deseada. El panorama organizacional colombiano es rico en experiencias, unas impulsadas desde arriba y otras surgidas por la iniciativa de los de abajo. El sector laboral es tal vez el que más incidencia ha tenido en los grandes giros de nuestra historia, pero su papel deja qué desear. No ha sido invitado de piedra, pero tampoco ha logrado imprimir un sello propio a los acontecimientos en los cuales ha participado activamente. Hoy su destino, como en general el de las organizaciones populares, es incierto. Más allá del mundo laboral, el más institucionalizado en la historia nacional, innumerables colombianos y colombianas acuden crecientemente a las diversas formas de protesta, pues no parecen contar con otro medio de expresión. Sus reivindicaciones abarcan una amplia gama que cubre desde la exigencia de acceso a bienes y servicios básicos para garantizar una existencia digna, hasta la defensa de la vida y los derechos humanos, pasando por la demanda de participación en la gestión pública y de control efectivo de los funcionarios estatales. Ni las promesas de la descentralización de los años ochenta ni la nueva Constitución de 1991 han logrado resolver los problemas acuciantes para una mayoría de nacionales.

De los años veinte para acá, sin duda ha habido cambios que, sin embargo, no han modificado el denunciado desequilibrio social. El país se ha modernizado, es cierto, pero a medias. La sociedad colombiana se ha secularizado; las conciencias ya no se manejan desde los púlpitos, pero surgen nuevos poderes que manipulan a su antojo la opinión pública. Hay mayor alfabetismo y más población calificada, pero ésta no siempre encuentra el empleo apropiado. Tal vez hoy pocos jornaleros vayan descalzos a recoger la cosecha y muchos hogares reciban la señal de televisión, pero esta situación dista de ser satisfactoria en términos de necesidades básicas. La línea de pobreza absoluta, lejos de disminuir, aumenta en tiempos recientes.

Es cierto que en un siglo Colombia ha construido una notoria legislación sobre el mundo del trabajo; al fin y al cabo somos un país de leyes —que poco se cumplen—. Hay disposiciones legales que regulan los contratos de trabajo y los conflictos, pero los primeros no cubren el amplio sector informal y los segundos siguen siendo vistos como algo "exótico" a nuestra realidad. El Estado, precariamente construido a partir de alianzas regionales, no hace presencia efectiva en todo el territorio nacional. Y en las partes en que lo hace no realiza una acción coherente y duradera que redunde en profundas reformas sociales. Los partidos políticos de derecha e izquierda están enfrascados en una lucha por mantenerse en el poder o por tomárselo. Así se modernicen formalmente, siguen descuidando su función principal que es mediar entre las demandas sociales y el Estado.

El panorama nacional se ensombrece con la persistencia de la violencia. Ella dejó de ser el arma de confrontación partidista o incluso de reivindicación social para convertirse en un instrumento degradado para resolver, o mejor agravar, los conflictos de todo tipo. En ese fuego cruzado que no distingue entre pobres y ricos, hombres y mujeres, niños y ancianos, han muerto valiosas generaciones de colombianos. Las secuelas de esa violencia fragmentada impactan, por supuesto, a las organizaciones populares. Muchas vidas de líderes han sido segadas, sus familias rotas y las comunidades que se han logrado salvar de la orgía de violencia huyen a los centros urbanos cercanos, para descubrir que tampoco allí existe la anhelada paz.

Los actores sociales también han cambiado en este siglo. Ya no se observa la sumisión denunciada por Tejada, pero los actores sociales siguen siendo débiles. No es la ausencia de organizaciones fuertes y de gran cobertura lo único que los aqueja. La exclusión social y política que han sufrido en el pasado los hace más propensos a la confrontación cerrada que a la construcción de propuestas para la negociación. En ello ha sido dramática la crisis de pensamiento que guíe su actividad más allá de objetivos inmediatos, para no redundar en el nocivo impacto de la violencia física en sus filas. Como si fuera poco, sus protestas muchas veces son instrumentalizadas por los actores armados o son crudamente reprimidas por el Estado. Por donde se le mire la acción social colectiva termina siendo criminalizada.

A pesar de estas adversidades, los actores sociales siguen luchando en los marcos que les es permitido y se preocupan por establecer alianzas con quien pueda contribuir a mejorar su condición. Las mismas élites políticas y económicas han captado la gravedad del momento y han aceptado, a veces sólo de palabra, la necesidad de un nuevo pacto social. Ese fue el espíritu de la Constitución del 91, que aún está por hacerse realidad.

La lección que extraemos de esta historia se puede resumir en una breve frase: la democracia colombiana está por construirse. Para adelantar esta ardua tarea se requiere un Estado que además de controlar efectivamente el territorio, construya consenso; unos partidos políticos que representen realmente a sus electores; y, no menos importante, unos actores sociales fuertes con suficiente imaginación política para proponer transformaciones no ya maximalistas, sino pequeñas, pero más duraderas. Todo ello debe redundar en la creación de amplios escenarios públicos que permitan no sólo la expresión de las demandas sino la resolución civilizada de los conflictos. Es lo que algunos analistas consideran una sana repolitización de la vida cotidiana. Así se hará posible el sueño que Tejeda tenía poco antes de su muerte: "Creo que mis hijos verán y gozarán un sol más justo y una tierra más benévola, en que su vida pobre y maldita ha sido redimida para siempre". Sólo que ahora ese sueño podrá ser realidad no por obra de un gran salvador como lo imaginó el escritor, sino como fruto de la actividad de muchos hombres y mujeres cuyas historias se describen en las siguientes páginas.

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA