La Constitución de 1991 consagró derechos fundamentales, pero a su vez impulsó la apertura económica que favoreció la consolidación de conglomerados económicos nacionales. Después de su promulgación se produjo una cascada de protestas que tenían que ver con la falta de atención oportuna a múltiples necesidades de la población, debida al lento proceso de ajuste institucional, a las transformaciones estatales y al impacto generado por las reformas legislativas en aspectos laborales, cambiario, financiero, de comercio exterior y en los sistemas de salud, vivienda y educación. No sorprenden entonces que sean los servicios sociales los que ocupen, durante esta década, el primer lugar en las demandas de los pobladores urbanos, quitándole el lugar a las protestas por servicios públicos. Las peticiones por el respeto a la vida y por la protección de los derechos ya consagrados constitucionalmente, por el cese a la guerra y por la negociación del conflicto armado siguen ocupando el segundo lugar desde mediados del decenio anterior.

Contrario a todos los pronósticos, ni la reforma municipal del 86, de la que se dijo que no podría entenderse al margen del desenvolvimiento del conflicto social y político del país por haber sido una reivindicación de los movimientos sociales durante más de una década, ni la elección popular de alcaldes, considerada como emblema de la apertura democrática, ni el recrudecimiento de la guerra sucia y ni siquiera la Constitución del 91 lograron evitar la expresión pública y colectiva de demandas de la población urbana.